Una de las prioridades en materia de política exterior del gobierno de México es la movilidad laboral y la protección de las personas migrantes. Como ha instruido el presidente López Obrador, es necesario poner en marcha un plan atrevido e innovador que atienda dos áreas de manera simultánea: la migración irregular y los obstáculos económicos que actualmente enfrentamos como región. Una migración ordenada atiende los dos temas al mismo tiempo.
El secretario Marcelo Ebrard también ha señalado el problema de fondo: como región debemos dejar atrás una visión excluyente, opuesta a las y los migrantes, que, además, mejore las condiciones laborales y económicas de la región. Con mayor movilidad regional, los mercados laborales de Centro y Norteamérica funcionarían de mejor manera, lo cual significaría la producción de bienes y servicios a menores costos para los consumidores y también para las empresas. Ordenar la migración tiene consecuencias positivas también para disminuir las presiones inflacionarias actuales, así como para dinamizar las actividades económicas bajo un panorama de crecimiento limitado.
¿Por qué entonces no hay mayores oportunidades para una migración ordenada, segura y regular en la región? La respuesta no es trivial. Por un lado, muchos de los tipos de visas que otorga Estados Unidos, como la visa H2-B, están limitados por su legislación nacional. No obstante, hemos avanzado constantemente hacia un horizonte con mayor movilidad laboral y también para hacer frente a los retos que conlleva la migración irregular en la región. En ese sentido, esta semana sesionan los nuevos grupos bilaterales México-Estados Unidos de movilidad laboral y también de protección a menores en situación de movilidad.
Se trata, en ambos casos, de un esfuerzo del gobierno de México y que incluye a la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración y la Unidad de Política Migratoria, así como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Sistema Nacional de Empleo y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), entre otros. Además, trabajamos de manera coordinada con agencias de las Naciones Unidas, como la Acnur, Unicef y la OIM. Sus aportaciones son centrales para avanzar tanto en medidas de movilidad laboral como de protección a niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad.
El grupo de trabajo de movilidad laboral tiene dos objetivos centrales. Por un lado, buscamos ampliar el número y tipo de visados que se otorgan a ciudadanos mexicanos, y también del norte de Centroamérica. Con el actual entramado jurídico buscamos aprovechar al máximo los mecanismos actualmente disponibles, facilitar los trámites y vincular a trabajadores con distintas industrias. Por otro lado, trabajamos con el gobierno de Estados Unidos para fortalecer la aplicación de los derechos laborales de las y los trabajadores mexicanos. Buscamos hacer valer sus derechos, así como colaborar y supervisar de manera más estrecha al sector privado para que la migración ordenada sea también respetuosa de los derechos laborales.
Por su parte, el grupo de trabajo sobre protección a menores en situación de movilidad busca poner en marcha un protocolo binacional para mejorar la atención que recibe este grupo vulnerable, tanto por parte de autoridades mexicanas como estadunidenses. Una atención especial para las niñas, niños y adolescentes, sin importar su nacionalidad y que vele por su interés superior, es el objetivo que guía el trabajo conjunto entre ambos países. En ambos casos, trabajamos permanentemente para una migración ordenada, segura, regular y más humana, tanto en México como en Estados Unidos.
Además de la agenda de movilidad y la amplia gama de temas de cooperación bilateral y trilateral con EU y Canadá, la cancillería seguirá apoyando los diálogos con nuestros socios norteamericanos en materia de energía, que encabezan, por un lado, la Secretaría de Economía y, por otro, las distintas áreas del sector energético de nuestro país. Estoy seguro de que, sobre la base del respeto a nuestra soberanía, se encontrarán soluciones que permitan continuar plenamente con el intercambio y la integración comercial en el marco del T-MEC. (Roberto Velasco, Excélsior, Nacional, p. 14)
Dinero e impulso desde Estados Unidos // Financiar contra Tren Maya // Solalinde señala narcoclero // 4T no llegó a Migración
Alejandro Solalinde, sacerdote católico que es director del albergue para migrantes Hermanos en el Camino, considera que, ante los sostenidos hechos de violencia criminal en el país, la Iglesia ha preferido hacer una labor pastoral clientelar, sacramentalista, incluso en algunos casos metida en relaciones indebidas con políticos corruptos y personajes del crimen organizado, una especie de narcoclero.
¿Por qué la jerarquía eclesiástica, el episcopado, no ha ayudado a formar, a educar desde niños?, se preguntó Solalinde y se respondió: porque ha adoctrinado, en lugar de evangelizar; porque en algunos casos se alió con esos poderes delictivos y recibió dinero de ellos, ante obispos omisos o complacientes.
Puso como ejemplo que Federico Vega de la Madrid (Kiko), gobernador panista de 2013 a 2019, en una ocasión entregó 6 millones de pesos a cada uno de los obispos de la diócesis de Tijuana, para sus chuchulucos, sin necesidad de comprobar cómo se utilizaría tal dinero. Y, en Guanajuato, parte del clero recibió apoyos económicos del PAN, en medio de la tragedia generada por el crimen organizado, con un fiscal carnal intocado. Todo con la bendición de no pocos padrecitos y obispos (https://bit.ly/3z9Gsjp).
Notable, en esa entrevista a Solalinde, la referencia a las extorsiones de migrantes en el país, especialmente en Tamaulipas: la Cuarta Transformación no ha llegado al Instituto Nacional de Migración; ahora el tráfico de personas está en el sur y la extorsión en el norte. Afirma el sacerdote que líneas camioneras fungen como virtuales agencias de migración, negando la venta de boletos para transporte foráneo a migrantes, aunque tengan identificación e incluso visas humanitarias, si no muestran el pasaporte, en abierta violación de los derechos humanos.
Y, mientras el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, confirma que Va por México (PAN, PRD y el tricolor) no aprobará en San Lázaro la iniciativa presidencial de reforma electoral, aunque sí participarán en los foros del parlamento abierto sobre la materia, ¡hasta mañana! (Julio Hernández López, La Jornada, Política, p. 8)
Cuando se piensa en la “comunidad” o la identidad nacional, las políticas migratorias se pueden leer como indicadores del estado de la “salud” y la ética pública de una sociedad. En un contexto donde mucho se habla de “nacionalismo” y “seguridad nacional”, las tendencias represivas ante la migración in-documentada, manifiestas en la frontera México y Estados Unidos, nos remiten a sociedades permeadas de racismo y sistemas políticos amenazados por una lógica fascista.
El fascismo, escribe Jason Stanley en “How Fascism Works” (2018), funciona a partir de la distinción “nosotros” / “ellos”, convertida en “nosotros” vs. “ellos”, como lógica básica de un sistema de pensamiento que manipula el pasado, recurre a la propaganda, instituye jerarquías arbitrarias (entre blancos y negros, hombres y mujeres, ciudadanos y “no ciudadanos”), instrumenta “ la ley y el orden” y construye a su medida realidades imaginarias. Con referencias actuales a Estados Unidos, Hungría y otros países, el autor advierte acerca de la deriva autoritaria que amenaza la supervivencia de la democracia, incluso en Estados Unidos, (cuya imagen democrática minó gravemente el intento de golpe del 6 de enero de 2021).
Aunque esta caracterización del fascismo no es del todo novedosa, el énfasis del autor en la lógica de la exclusión sugiere la necesidad de analizar sus variantes para evaluar el ascenso de la proclividad autoritaria en la sociedad y las inclinaciones fascistas de gobiernos y grupos de interés. Sin caer en clasificaciones apresuradas o rígidas, es útil considerar desde esta óptica algunos rasgos de la política migratoria actual en Estados Unidos y México que confirman el arraigo de visiones ultraconservadoras en EU y, en mi opinión, el potencial corrosivo del discurso oficial excluyente en México.
El cambio de gobierno en EU no ha significado una nueva política migratoria, aunque haya cambiado su discurso: si bien el 30 de junio la Suprema Corte de ese país confirmó la facultad del gobierno federal para eliminar el programa Quédate en México, el 21 de julio, esa misma Corte le negó la facultad de establecer prioridades en la contención de la inmigración in-documentada. Además de impedir un mejor uso de los recursos federales, este fallo corrobora la política de la crueldad que se agudizó bajo el gobierno de Trump y que, según un análisis del National Inmigrant Justice Center, se instrumentó desde los años 90 y floreció bajo Obama con la política de separación de las familias – que el gobierno de Biden busca revertir.
Como han documentado ésta y otras organizaciones pro-migrantes, el uso de la crueldad como instrumento para des-alentar la migración ha demostrado su inutilidad: ni la separación de las familias, ni el encierro en campos de concentración en Arizona o Texas, ni la imposición del “Quédate en México” han reducido el número de personas que intentan cruzar la frontera para pedir asilo o buscar una vida mejor en ese país.
Del otro lado de la frontera, tampoco ha tenido efectos disuasivos la política de la crueldad “a la mexicana”, instrumentada por el INM y la GN (como hemos visto) o derivada del Estado omiso que ha dejado a merced del crimen organizado, y de autoridades corruptas, a personas migrantes nacionales y extranjeras e incluso a sobrevivientes de desplazamiento forzado que huyen de un cúmulo de violencias en sus lugares de origen y van a la frontera norte con la esperanza de encontrar asilo (y seguridad) en EU.
Al no reconocer el derecho a migrar y, sobre todo, no garantizarlo en los hechos, los gobiernos de Estados Unidos y México no sólo responden a objetivos de “seguridad nacional”, “principios nacionalistas” o “geopolítica”, los guía también una visión del mundo permeada de racismo/clasismo que, incluso en la retórica populista mexicana, les resulta “útil”: mantener y normalizar la exclusión del “Otro” (extranjero, inferior, desechable) permite reforzar la identidad de un “nosotros” al que se manipula con fines políticos. (Lucía Melgar, El Economista, Arte, Ideas y Gente, p. 44)
Inteligencia detecta infiltración de Maras en flujos migratorios
La inteligencia mexicana, nos aseguran, ha encendido las alertas tras detectar la presencia de grupos de Maras relacionados con los recientes flujos migratorios provenientes de Centroamérica. Dentro del gabinete de seguridad se sigue con atención el tema, pues estas bandas tienen tentáculos en muy diversas actividades criminales que van desde el tráfico de personas, hasta el narcotráfico. Aseguran que debido al combate que algunos gobiernos, como el de El Salvador, están dando a estas organizaciones y debido a reacomodos internos, existe el riesgo de que busquen asentarse en territorio mexicano para operar sus actividades delincuenciales. La alerta está activada, nos dicen. (El Universal, Nación, p. 2)
La reciente visita del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a Washington se enmarca en un contexto de gran incertidumbre económica en ambos países, que, forzosamente, lleva a una situación de diálogo, con el propósito de encontrar soluciones comunes a los retos actuales. Aunque EU se mantiene como el principal socio comercial de México, la pandemia, la invasión en Ucrania y el clima de incertidumbre interna, han desincentivado las inversiones en el país y esto conlleva enormes implicaciones para la economía nacional.
AMLO se presentó frente a su homólogo Joe Biden con una serie de propuestas centradas en cinco puntos fundamentales: 1) incrementar el suministro de gasolina en las ciudades mexicanas que hacen frontera con Estados Unidos, para asegurar el abastecimiento de automovilistas estadounidenses; 2) poner a disposición del gobierno de EU la línea de gasoductos para el transporte de gas en las ciudades fronterizas en el país vecino; 3) eliminar aranceles en alimentos para reducir sus precios; 4) desarrollar un plan de inversión que permita fortalecer el mercado de ambos países y; 5) aceptar la migración de ciertos perfiles de mexicanos y centroamericanos para abastecer las necesidades de mano de obra de EU.
En su respuesta, Biden admitió el valor de la relación bilateral, aunque manifestó la necesidad de mantener paciencia en cuanto a las acciones para mitigar los desafíos de la situación actual. Cabe señalar que se encontró un mayor acercamiento al diálogo sobre temas migratorios que en el pasado, pues el Presidente estadounidense reconoció la importancia de la mano de obra migrante en el entorno económico. En el mismo contexto, la vicepresidenta Kamala Harris confirmó la existencia de una relación especial entre ambos países, así como la amistad presente entre las dos naciones.
En la misma visita, AMLO se reunió con empresarios de los dos Estados para discutir posibilidades de inversión y desarrollo. De ahí se derivó el señalamiento de mejorar la imagen de incertidumbre que ha desincentivado a la Iniciativa Privada en los últimos años para invertir.
La relación bilateral es tradicionalmente compleja, debido a la gran cantidad de temas comunes y a la enorme asimetría que se distingue entre los Estados. Después de la ausencia de México en la Cumbre de las Américas, era necesario hallar un espacio de diálogo y acercamiento entre los mandatarios y, aunque los resultados aún no se traducen en acciones concretas que se implementarán en el plazo inmediato, se reconoce que este acercamiento impulsa la relación hacia un mayor diálogo. (Almendra Ortiz de Zárate Béjar, El Heraldo de México, Orbe, p. 29)
(…) Por lo general Andrés Manuel López Obrador ha sido particularmente cuidadoso en no involucrar el discurso nacionalista en las relaciones con Estados Unidos.
En materia migratoria, comercial, fronteriza, acuerdos de intercambio de aguas, remesas, entre otros frentes, el Presidente ha exhibido una actitud sumamente responsable, práctica y realista.
Salvo aquello en lo que interviene la DEA, a la que parece guardarle agravios, AMLO ha mostrado una y otra vez una enorme autocontención. Y allí está la hábil relación que supo tejer con Donald Trump, pese a las muchas oportunidades que tuvo para convertir las provocaciones del neoyorquino en un formidable combustible para alimentar un furibundo y rentable nacionalismo.
Trasladar al Zócalo y al día de la conmemoración de la Independencia una desavenencia entre las dos naciones, y comenzar hablar de intenciones imperialistas lo que en este momento no pasa de una gestión contemplada por los acuerdos internacionales, constituye un cambio de estrategia significativo. ¿Por qué lo hace el Presidente?
Podría simplemente ser un acuse de recibo de lo que López Obrador considera que va más allá de una mera desavenencia empresarial. En la misma mañanera en la que anunció lo del 16 de septiembre se quejó de que el fondo de la querella no era económico sino político, al ser instigado por el Departamento de Estado, aún cuando en lo formal fuese conducido por la oficina de comercio. A su juicio, los intereses locales e internacionales contrarios a su política energética, encaminada a la autosuficiencia y a devolver al Estado un papel protagónico, están aprovechando un recurso del T-MEC para hostilizar e impedir los cambios que su gobierno propone. Podría no estar equivocado. (…)
En otras palabras, si México recibe alguna sanción será el resultado del avasallamiento intervencionista, opuesto al interés nacional, y no producto de un error o una violación del gobierno a los tratados internacionales. Mantener la dignidad frente al abuso y no claudicar en la misión de perseguir la autosuficiencia energética, justificarían asumir cualquier sanción, por injusta que parezca.
No significa que eso es lo que vaya a suceder. Dependerá de la evolución de las negociaciones mismas, y eso aún no está claro. López Obrador tiene todavía las dos vías abiertas, la política y la institucional, y correrán en paralelo. (…) (Jorge Zepeda Patterson, Milenio Diario, Política, p. 12)
(…) El mandatario mexicano ha hecho suya la narrativa de la dictadura cubana, que culpa de todos los males y carencias de la población al embargo que llaman bloqueo. El enemigo externo usado para exonerarse de los fracasos y exacerbar el nacionalismo que da licencia a la arbitrariedad. El objetivo último es mantener el timón, aunque se hunda el barco.
Cuando Donald Trump amenazó con imponer aranceles ilegales, López Obrador se apresuró a aceptar todas sus condiciones, las cuales no habían sido acordadas en ningún lado. Le impusieron a México una política antiinmigrante que no decidió soberanamente. En cambio, el T-MEC fue negociado con la presencia de un representante suyo y ratificado por el Senado que controla su partido, el cual incluye los mecanismos de solución de controversias que se están aplicando.
Lo que conviene a México es el cumplimiento del tratado para poder exigir lo mismo a nuestros poderosos socios. Además, con ello se promovería la transición energética con sus beneficios ambientales, se incentivaría la inversión, se reducirían costos a los consumidores y se prevendrían apagones. Fortalecer con ventajas discriminatorias a monopolios estatales onerosos e ineficientes sólo beneficia al grupo en el poder. Recurrir al patrioterismo ramplón para justificar violaciones al T-MEC y a la Constitución acabaría por sumir al país en la crisis. No se debería jugar con eso. (Fernando Belaunzarán, Excélsior, Nacional, p. 10)
Alito y sus diputadas… hasta la OEA
Acompañado de un grupo de diputadas y diputados federales, el dirigente priista, Alejandro Moreno, insistió en su discurso y denunció en la OEA que en México se “atropellan” sus derechos. Ante el secretario general, Luis Almagro –amigo de AMLO–, se quejó de que sigue siendo un “perseguido político”. En medio de fuertes burlas y críticas en redes sociales por “insistir en defender su pellejo, más que al partido o a la oposición”, también acudió con congresistas norteamericanos y hasta con migrantes en busca de apoyo. (Confidencial, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 31)
Uno de los mayores flagelos que podemos vivir como sociedad es la trata de personas que irrumpe, desde la obligación de un Estado de prevenir, perseguir y sancionar este tipo de delitos, hasta el desmembramiento del núcleo fundamental y básico de una nación: la familia.
Este cáncer de toda sociedad, más allá de ser un delito y una violación a los derechos humanos, significa la ruptura y desarticulación de la sociedad, por la incursión de un mercado delictivo que, en muchas ocasiones forma parte de los terribles tentáculos del narcotráfico que es otra grave enfermedad que debemos extirpar y que genera ganancias ilícitas de miles de millones de pesos anualmente, por lo que las personas tratantes utilizan diversos mecanismos para el movimiento de recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con datos del Secretariado del Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública (SENSP), de enero a junio del año en curso se han abierto 331 carpetas de investigación del fuero común por este delito; en todo 2020 se abrieron un total de 551 carpetas, esto es, en 6 meses de este año, se contabilizan ya el 60.1% del total registrado el año pasado.
La incidencia delictiva de la trata de personas en el fuero común por entidad federativa de 2015 a 2021 (al mes de junio) tenemos, según cifras del SENSP, que la Ciudad de México registra los mayores índices con 523 carpetas, seguido del Estado de México con 420, Chiapas con 264 y Puebla con 96, por referir solo a los punteros de las 32 entidades federativas de México. No hay estado que no tenga, en este periodo, al menos 2 carpetas abiertas por este delito.
La trata de personas en un delito trasnacional que afecta a miles de personas que, de acuerdo con el Reporte Global sobre Trata de Personas 2020 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, las mujeres siguen siendo las principales víctimas de este delito que deriva en la comisión de otros delitos como los de explotación laboral, trabajo forzado en temas delictivos con fines de explotación sexual, de esclavitud, tráfico de órganos y otras prácticas que desdibujan completamente el tejido social.
Por ello, y en atención a la realización de la Cumbre Internacional de la Lucha contra la Trata de Personas celebrada en Washington, D. C., los días 25 y 26 de julio, con el fin de generar un intercambio mundial de buenas prácticas, por parte de diversas autoridades, en el marco de los 10 años de la promulgación de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, presenté algunas acciones que, primero durante el periodo en que formé parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y después desde el Instituto Nacional Electoral (INE) del que ahora formo parte, se llevaron a cabo.
Desde la UIF se generaron espacios importantes para la investigación de este y otros delitos con acciones específicas entre las que resalto la generación de reportes de operaciones inusuales relacionados con la trata de personas; bloqueo y congelamiento de cuentas vinculadas a tratantes; presentación de las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República; conformación de tipologías sobre patrones que siguen las personas tratantes para introducir dinero ilícito al Sistema Financiero; desarrollar esquemas de actuación de las redes de trata de personas, entre otras.
Por su parte, desde el INE se llevan a cabo programas que coadyuvan, en múltiples formas a la detección de registros inconsistentes que posiblemente estén vinculados con la trata de personas como los siguientes:
Por otro lado, el INE ha celebrado casi en la mitad de las entidades federativas del país, convenios para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas a través de las huellas dactilares de cadáveres con los datos biométricos registrados en el padrón electoral, esperando que, de forma gradual, este tipo de convenios se materialicen en todo el país.
Finalmente, debo referir que un grave problema de la trata de personas es verlo como un asunto con perspectiva meramente criminal, cuando su enfoque debe ampliarse a aspectos relacionados con la vulnerabilidad de diversos grupos sociales, así como con perspectiva de género, toda vez que, de acuerdo con el Informe de Actividades 2021 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (que abarca de junio de 2012 a julio de 2017), se identificaron 5,245 víctimas de delitos en la materia, de donde el 85% correspondió a niñas y el 15% a niños y hombres.
Esta Cumbre Internacional fue un marco de referencia para la detección de múltiples acciones que como servidoras y servidores públicos podemos llevar a cabo desde cualquier trinchera en donde nos encontremos, con la finalidad de servir y apoyar un auténtico Estado de Derecho en una sociedad democrática. (Carla Humphrey, El Universal, Opinión, p. 16)