Congelan comparecencia del titular de Migración
Nos cuentan que una vez que se enfrió el tema de los migrantes fallecidos en un tráiler en Texas y las redes de ese tipo de bandas de traficantes con autoridades mexicanas, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el oficialismo aprovechó para “congelar” las propuestas de la oposición para que comparezca el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, quien durante la gira de trabajo que el Presidente realizó a Estados Unidos, fue captado en Washington dentro de una tienda de lujo , de la misma cadena a la que acudía a hacer algunas compras la maestra Elba Esther Gordillo. (El Universal, Nación, p. 2)
Déjenlo hacer. Demasiado ruido mete Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, en sus justificados reclamos cada vez que pasa por el aeropuerto y las autoridades migratorias y federales pretenden detenerlo, cuando sólo lo amagan. Van dos veces en las últimas semanas. Moreno ventila el acoso en redes sociales y pronto se hace viral. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que haya hostigamiento en su contra. “Nosotros no vamos a reprimir a nadie, eso quiero dejarlo con mucha claridad, que todo mundo se exprese, se manifieste, éste es un santuario de libertades”. Bastante trabajo tiene por delante el líder priista. No merece el acoso. (Excélsior, Nacional, p. 13)
En la trata de personas estamos todos: los victimarios y las víctimas, los que venden y los que compran, las autoridades a las que compete prevenirla y combatirla, las que cumplen y las que no, las personas que luchan por visibilizar el delito y denunciarlo, y los que contribuimos pasivamente, con nuestra indiferencia, a que todo esto suceda.
Y lo que sucede es de una gravedad extrema: el tratante priva de su libertad, por la fuerza o mediante engaños, a una niña, una mujer, un adolescente, un hombre, y vende a esa persona porque para él es mercancía. El mismo u otro tratante explota a la víctima, la esclaviza. Dispone de su cuerpo o de su fuerza de trabajo a gol pe de amenazas, violencia, sometimiento brutal y permanente.
La víctima no podrá ir a donde quiera porque estará retenida mientras viva o mientras se pueda lucrar con ella. Después será desechada, con todas las secuelas físicas, mentales y emocionales del infierno al que ha sido sometida.
La mayoría de las víctimas de trata son niñas o mujeres, a las que se explota sexualmente. En muchos casos, son mujeres y niñas que se reportan como desaparecidas, que una hora antes tenían una vida y no se veían ni remotamente en una circunstancia de esclavitud, humillación y asfixia. A veces sabemos de su desaparición por las redes sociales, y luego el silencio. Una niña o una mujer convertida en mercancía mediante un sufrimiento atroz, y una familia rota para siempre.
Hace falta decirlo para que nos duela, para que no nos vacunemos contra la indignación, para evitar que creamos que esas son cosas que pasan o que les pasan a los que se lo buscan. Para que despertemos de nuestra indiferencia.
Aunque lastime, hay que imaginar qué sentiríamos si le sucediera a una niña o una mujer de nuestro entorno familiar, y que imaginemos el abismo, la caída sin fondo de un crimen así. Porque si no sentimos, no comprendemos ni ayudamos ni exigimos.
Ejercida por maleantes sin escrúpulos y alentada por la impunidad, pero también por la indiferencia, la trata ha crecido en México 35 por ciento de 2015 a 2021, de acuerdo con la organización Hispanics in Philanthropy, que estudia los principales flagelos de América Latina. Se habla de 2 mil 800 casos en ese periodo, pero el número registra solo lo que se denuncia. Todos sabemos que la cifra no conocida es inmensa.
México tiene menciones para la indignación y la vergüenza: el tercer lugar mundial en trata de personas con fines de explotación sexual, solo después de Tailandia y Camboya, según la organización internacional A21; y el primer lugar en contenidos y distribución de pornografía infantil, de acuerdo con la OCDE.
Otras víctimas de trata son hombres jóvenes y adultos a los que se somete a trabajo forzado, particularmente en campo, minería y construcción, en tanto que crecen los casos de reclutamiento de niños y adolescentes por parte del crimen organizado, quienes son utilizados como vigilantes, recaderos, transportadores de droga, y sí, también como sicarios. Todo en la trata es infierno.
Hay mujeres obligadas a trabajar en servicio doméstico, niños pequeñísimos forzados a mendigar para otros. Abundan también entre las víctimas de trata personas con alguna discapacidad, miembros de la comunidad LGBTQI+, madres solteras, indígenas, migrantes.
Ninguno de ellos y ellas imaginó estar en una condición de esclavitud, añorar a su familia con impotente desesperación, padecer un trato infamante, brutal, llorar por horas, pensar en el suicidio, agotar todos los días la ilusión de la fuga, sentirse culpable y sobrevivir apenas. Todo es infierno en la trata. No hay forma de ser indiferente a esta barbarie. (Mauricio Farah, Milenio Diario, Política, p. 14)
No sé si autocontención sea la mejor palabra para describir la prudencia con la que Andrés Manuel López Obrador ha asumido las complejas relaciones de México con Estados Unidos. El Presidente se ha cuidado de no recurrir al recurso fácil de encender el nacionalismo apelando al desafecto que genera el poderoso vecino. Por el contrario, en materia de relaciones comerciales, inversión extranjera, migración, frontera o maquila, el mandatario muestra una actitud práctica, desprovista de la carga ideológica que pone en juego en otros frentes.
La excepción a este espíritu conciliador es la DEA, frente a la cual no esconde su repulsa.
El recelo de López Obrador podría estar más que justificado a la luz de la información que arroja el libro Cien años de espías y drogas: la historia de los agentes antinarcóticos de Estados Unidos en México (Edit. Debate), de Carlos A. Pérez Ricart. Sin maniqueísmos ni satanizaciones, este joven profesor del CIDE, con doctorado en la Universidad Libre de Berlín y ex docente de Oxford, analiza y documenta las experiencias de los agentes de la DEA, a ratos esforzadas y valiosas, a ratos francamente violatorias de las leyes, al incurrir en secuestros, acusaciones fabricadas e, incluso, ejecuciones sumarias.
Imposible saber cuánta de esta información estaba en posesión de López Obrador, pero no hay duda de que el Presidente habría conocido de cerca el infamante comportamiento de la DEA en el caso de Manuel Bartlett y Enrique Camarena, al que el libro dedica un detallado relato.
Por razones que tendrían que ver más con la política que con la investigación policiaca, la DEA estaba interesada en demostrar que la incapacidad para reducir el poder de los cárteles mexicanos no procedía de alguna supuesta ineficiencia, sino del involucramiento de las más altas esferas de nuestro gobierno en la protección de los narcos. La indignación que produjo en la opinión pública estadunidense la tortura y ejecución de su agente Enrique Camarena, en 1985, ofreció una oportunidad inmejorable para demostrar su tesis. Pérez Ricart documenta paso a paso la manera en que un superior de la DEA montó la Operación Leyenda. “Berrellez y su equipo hicieron surgir a varios testigos que declararían exactamente lo que el agente, la DEA y parte del gobierno de Estados Unidos querían escuchar: detrás del asesinato de Camarena estaba la plana mayor del gobierno de México”.
Operación Leyenda se había convertido en una investigación contra México: “mientras más fuertes fueran los señalamientos, mejor. Mientras más arriba apuntaran los testigos protegidos, mejor. La verdad era lo de menos”. Más de cien personas, la mayoría ex policías corruptos y narcos, testificaron bajo el aliciente de obtener tratos preferenciales y recompensas económicas a cambio de algo que pudiera incriminar a altos funcionarios. La operación “reclutó y produjo a los principales testigos que inculparon a personajes como el ex procurador En rique Álvarez del Castillo, el general Juan Arévalo Gardoqui, el secretario de Gobernación Manuel Bartlett y otros”.
Uno de los tres testigos claves, Héctor Cervantes, afirmó que el día en que Camarena fue torturado estuvieron presentes en la casa donde tenían al agente, al menos los siguientes personajes: Javier García Paniagua, Manuel Ibarra, Miguel Aldana Suárez, Manuel Bartlett y Rubén Zuno Arce.
Manuel Bartlett, entonces secretario de Gobernación, demostró que en las 36 horas en las que Camarena estuvo secuestrado y torturado, antes de ser asesinado, sostuvo actividades públicas documentadas que le habrían imposibilitado estar en Guadalajara. Este personaje, Cervantes, años más tarde se retractaría ante notario aduciendo haber sido presionado para inventar su declaración y se quejó de no haber recibido la tota lidad del dinero prometido.
En un artículo publicado por Pérez Ricart esta semana en Sinembargo.mx, el autor concluye: “Una vez descartadas las declaraciones de los testigos protegidos y desenmascarados los incentivos perversos que los guiaban, la evidencia contra Bartlett se desvanece. No hay ninguna otra pista verosímil que lo vincule con el secuestro de Camarena. Seguir con ese debate no solo es absurdo e irresponsable, también es hacerle el caldo gordo a la narrativa de la DEA y a su uso histórico del chantaje como práctica política”.
En esta atinada conclusión de Pérez Ricart hay algo que se escapa. La leyenda negra en contra de Bartlett no solo le hace el caldo gordo a la DEA, también a los muchos intereses económicos afectados por la política energética de la 4T. Cabría preguntarse las razones de AMLO para optar por un personaje de imagen tan polémica para conducir una dependencia que habría de convertirse en campo de batalla de la opinión pública. Y, en efecto, los críticos no han ahorrado epítetos y escándalos en torno al titular de la CFE, incluso de naturaleza familiar, con la intención de deslegitimar las políticas asumidas por el gobierno en materia de electricidad.
Supongo que el Presidente prefirió correr ese riesgo, a cambio de tener un hombre al que sabía irreductible frente a las presiones de los poderosos intereses económicos, alguien además con absoluta convicción en lo que hacía.
Recordemos que como legislador Bartlett se especializó en temas energéticos y encabezó la oposición en contra de las reformas de Enrique Peña Nieto en la materia. Muy probablemente fue Bartlett quien relató en detalle al candidato respecto los negocios y tropelías que se estaban realizando a la sombra de tales reformas.
Manuel Bartlett es un personaje sui géneris. Puede acusársele de ser adicto al poder, pero no a la riqueza. Contra lo que se ha inventado, no es un hombre de gran fortuna considerando los puestos que ha desempeñado. Las propiedades que se le atribuyen pertenecen en su gran mayoría a su pareja sentimental, una exitosa mujer de negocios de Puebla, al margen de las actividades del funcionario.
Es decir, la del dinero es ella. Y lo mismo podría decirse del negocio al que se ha dedicado desde hace varios lustros el hijo de Bartlett, abastecimiento de equipos médicos, la mayor parte orientados al sector privado y sin relación con las ocupaciones del padre.
Pérez Ricart terminaba su artículo de manera categórica: “Yo no sé si Bartlett es culpable o inocente de otras cosas; esa es harina de otro costal. En el caso Camarena y Bartlett no hay evidencia; hay puros chismes” Coincidiría y además añadiría que lo mismo es válido en el caso de los supuestos enriquecimientos del funcionario a los que se ha recurrido para debilitarlo. Lo que sí hay es un tozudo intento de cambiar la política energética vigente, tarea en la que están empeñados él y el Presidente. Este tendría que ser el verdadero campo de debate, no las leyendas negras que han tratado de colgarle por motivos aviesos. (Jorge Zepeda Patterson, Milenio Diario, Política, p. 12)
Estados Unidos y Canadá demandaron consultas de resolución de disputas sobre la política energética mexicana a raíz de las medidas que ha tomado López Obrador para privilegiar a la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. Aunque los argumentos técnicos de la disputa favorecen a nuestros socios comerciales y perder un pleito legal le generarán miles de millones de dólares en costos al país, el Presidente tiene algunas cartas bajo la manga que le pueden ayudar a mitigar el daño. Más le vale no abusar de su posición. (…)
Ahora bien, que EU y Canadá tengan las de ganar en la disputa técnica no significa que López Obrador tenga una mala posición de negociación. Tiene algunas cartas a su favor.
Dentro de las sanciones que pueden imponer a México en caso de perder un litigio están tarifas a productos de exportación a América del Norte. El problema es que hacerlo también generará costos para EU y Canadá al encarecer el precio de productos importados. Esto es lo último que quieren en esta época de alta inflación. Es cierto, pueden compensar con productos chinos, pero dado el contexto geopolítico actual, no creo que quieran empoderar más a China. Además, un litigio con México representará una distracción adicional cuando ya tienen suficientes con la invasión a Ucrania, las tensiones con China y la inflación.
Por si fuera poco, López Obrador tiene su carta más fuerte: el control de la migración. Si decide no cooperar con EU y deja pasar a todos los migrantes que se dirigen a nuestro vecino, le causará un enorme dolor de cabeza a Biden.
López Obrador está envalentonado. Como gran político, ya encontró la forma de sacar provecho al altercado con EU y Canadá posicionándose como defensor de la soberanía. (Julio Serrano Espinosa, Milenio Diario, Negocios, p. 24)
En el Ejército mexicano se dice que aquel general de división que es nombrado comandante de la séptima región militar en la frontera sur, se sacó algo más que la rifa del tigre. La región abarca cinco zonas militares distribuidas entre Chiapas y Tabasco, y la suma de lo que ahí ocurre es una síntesis en constante movimiento de los problemas que después afectarán a todo el país. Al menos así ha sido en los últimos años.
La violencia armada, como la que se vive en puntos de ingreso no oficial como Chimic con Guatemala, en frontera Comalapa; la proliferación de armas por el tráfico en distintos puntos desde Tenosique a Tonalá; y la “bomba” que explotó este sexenio con la crisis migratoria, son tres temas que afectan la seguridad nacional por sus implicaciones transfronterizas y los efectos para el orden interno.
Por la comandancia de región ubicada en Tuxtla Gutiérrez han pasado en lo que va del sexenio tres distintos titulares, pero pocos con el perfil del actual responsable, el general Armando Montaño Ponce, un oficial de infantería experto en seguridad nacional con experiencia de mando de tropas en zonas complejas de la geografìa nacional.
Los análisis y la información que se generan en dos de las comandancias de zona, la 38 en Tenosique y la 36 en Tapachula, advirtieron desde hace tiempo que el problema migratorio escalaría a otro nivel. Los antiguos “coyotes” o “polleros” se han transformado hoy en algo parecido a una “franquicia”, que paga por utilizar las vías bajo control de organizaciones transnacionales de tráfico de drogas.
Estas organizaciones asoman como fantasmas solo cuando ocurren tragedias, como la sucedida en junio con el caso de los 53 inmigrantes indocumentados fallecidos por asfixia en un trailer hallado cerca de San Antonio, Texas. Un dato que aportan fuentes militares y que corroboraron funcionarios civiles, es que no existen cabecillas de organizaciones de tráfico de migrantes que enfrenten juicios en prisión por este delito. Mientras las cúpulas y sus redes se mantienen intactas, son las piezas del escalafón menor las que salen a reflector cuando son detenidos.
Patrick Lechleinter, director adjunto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense, dijo en una comparecencia en el congreso estadounidense que a partir del año 2019 el contrabando de migrantes ilegales empezó a cambiar por la incursión de organizaciones de tráfico de drogas que vieron en esta actividad una nueva fuente de ingresos al utilizar territorios bajo su dominio.
Un reportaje publicado a principio de semana en The New York Times, registró también cómo un grupo de migrantes centroamericanos que cruzaron por Tamaulipas a Texas llevaban brazaletes azules con un delfín, logotipo del Cártel del Golfo, con la palabra “entregas”, señal de que “tenían planes de entregarse a las autoridades estadounidenses y pedir asilo”. Una vez abandonado territorio mexicano ya no era asunto del CDG.
El mes pasado El Sol de México publicó cómo instalaciones migratorias y albergues en Tapachula eran insuficientes para los más de 60 mil migrantes que buscan visa humanitaria para atravesar el país. Mientras las calles de esta ciudad cada vez son más visibles los Maras, pandilleros centroamericanos al frente de la transformación invisible. (Juan Veledíaz, El Sol de México, República, p. 6)