La seguridad se torna de nuevo en un punto menos de contención, políticamente complicado en la relación entre Estados Unidos y México.
El punto es que lo que en EU parece un problema serio que puede afectar su seguridad nacional y su economía, en México aparece como un pretexto político intervencionista, que se agrega a los diferendos comerciales y temas como la migración.
Hay acuerdos bilaterales que son seguidos más o menos puntualmente, como los contactos entre las Fuerzas Armadas. A niveles menores, hay una disminuida presencia de la Agencia Antidrogas (DEA) y a veces los contactos y la colaboración se desarrollan extraoficialmente o caso por caso si se considera necesario, sobre todo, en lo que respecta al narcotráfico.
Y de hecho hay convenios, acuerdos como el Bicentenario, que crean vínculos, pero tras los acontecimientos de la semana pasada y la pertinaz impresión en EU de que la inseguridad en México es creciente, le dan un carácter de urgente.
“La seguridad y la prosperidad de Estados Unidos están ligadas a México por vínculos de geografía, comercio y familia”, afirma R. Evan Ellis, catedrático del Colegio de Guerra del Ejército estadounidense, para quien los factores delictivos que socavan la sociedad, las instituciones y la economía de México, pueden constituirse en un serio problema para EU.
El punto es que el enorme comercio bilateral, la cercanía geográfica y la integración reflejada en más de 35 millones de estadounidenses de origen mexicano ponen de relieve la integración entre los dos países.
El embajador de EU en México, Ken Salazar, lo puso de otra forma, pero igualmente claro. “Hay otros temas de inquietud que son difíciles, incluso el T-MEC y la consulta, porque esas cosas se pueden resolver y se van a resolver. Pero si no obtenemos resultados en seguridad, todo sigue temblando”, dijo. “En realidad, es tiempo para resultados en la seguridad”, agregó.
Algunos analistas estadounidenses afirman que México enfrenta una “insurgencia delincuencial”, en la que grupos organizados tratan de ejercer el poder real sobre regiones en las que les interesa mantener control para sus actividades.
El punto político es importante, sobre en vísperas de un nuevo ciclo electoral estadounidense, esta vez enfocado en la renovación del Congreso, hay presiones visibles en torno a los problemas de muerte por drogas sintéticas. Y México es considerado como una de las principales fuentes de fentanilo.
Hasta ahora, los diferendos son manejables, pero la retórica política estadounidense, sobre todo en el bando republicano, puede provocar preocupaciones e histerias.
Después de todo, un Presidente republicano, Donald Trump, sugirió “ayudar” militarmente a México para enfrentar la inseguridad y los cárteles. Otros, a comenzar por el mismo Trump, han propuesto la fortificación de la frontera común. La pelota está en el aire… (José Carreño Figueras El Heraldo de México, Orbe, p.31)
Jamás una entidad federativa ha tenido una elección tan grande. El próximo año más de 12 millones de mexiquenses estarán convocados a elegir gubernatura.
Pero en lo que pocos han reparado es que esa comunidad política habita dentro y fuera del país. Particularmente desde el año 2015, el Estado de México se ha convertido en una de las entidades más expulsoras de personas. La Constitución local reconoce el derecho de sus oriundos a votar desde el extranjero.
Ahí uno de los retos más importantes en el año 2023. Las reglas electorales mexicanas han inhibido la participación de quienes viven fuera del país. Tenemos una nueva oportunidad para revertir esa situación.
Ante ese desafío, celebro que en los comicios de Coahuila y Estado de México se vaya a poner en marcha una nueva modalidad de votación. El viejo anhelo de que la ciudadanía migrante pueda votar en sedes consulares se pilotará en Los Ángeles, Dallas, Chicago y Montreal.
Ser el primero requiere cuidar todos los detalles. Por ello, la semana pasada participé en un diálogo entre las autoridades electorales nacionales y locales (Coahuila y Estado de México), académicos, organizaciones de migrantes y activistas. Juntos pensamos cómo evitar las posibles vulnerabilidades del modelo de voto presencial que se instrumentará en el extranjero.
Esta nueva modalidad se suma a dos que nuestro país ha implementado con éxito. En 2023, quienes residan en el extranjero y tengan Credencial para Votar de Coahuila o el Estado de México podrán votar por correo, por internet, o bien por la novedosa opción presencial.
De hecho, las mesas de votación instaladas en los consulados no ocuparán boletas en papel, sino que aprovecharán la tecnología del voto por internet.
Hay buena disposición de los mexiquenses en el extranjero; 117 mil ya solicitaron una credencial para votar foránea. Sin embargo, únicamente 26 mil credenciales han sido entregadas en el domicilio del votante y posteriormente activadas.
La ruta de trabajo es clara: hay que promover el trámite de credenciales, su activación y la inscripción al listado nominal de electores residentes en el extranjero. El tiempo apremia, pues la inscripción es el 1 de septiembre.
Además, hay que hacer una intensa campaña de comunicación focalizada sobre las y los ciudadanos mexiquenses, ya sea que residan en Estados Unidos o en algún otro lugar del mundo. Hay que promover al voto como una prerrogativa ciudadana y encontrar las opciones para que quienes quieran hacerlo puedan emitir un voto informado.
Esto último cobra vigencia a la luz de un dispositivo –anacrónico pero vigente– que prohíbe la realización de campañas fuera del país.
En el Instituto Electoral del Estado de México tenemos clara la deuda histórica que tenemos con los migrantes. Por ello, asumimos el voto extraterritorial con responsabilidad.
El sufragio mexiquense debe ser libre, seguro y confiable, lo mismo en Nezahualcóyotl, Ecatepec, Toluca o cualquier otro lugar del mundo. (Amalia Pulido El Heraldo de México, Opinión, p.8)
Ante la ausencia de políticas públicas integrales para su atención, el cobro por derecho de piso y otras modalidades de extorsión se han incrementado de manera permanente durante la última década, hasta ubicarse en los primeros lugares de incidencia delictiva en el país.
Durante los últimos años se han recogido incontables testimonios que dan cuenta de los chantajes, amenazas, despojos, pagos de rentas forzosas y explotación que padecen taxistas, tianguistas, transportistas, vendedores ambulantes, albañiles; establecimientos comerciales de los más variados giros y tamaños; medianos y grandes empresarios, industriales y grandes agricultores que, de acuerdo con datos dados a conocer en 2020 por el Consejo Nacional de Seguridad Privada, producen ganancias de hasta 12 mil millones de pesos anuales a los delincuentes.
Situación que afecta los ingresos de miles de trabajadores y el desempeño económico de amplios sectores estratégicos en el país; inhiben las inversiones, reducen la generación de empleos y encarecen los precios de los productos que abastecen los mercados locales y el nacional.
Las evidencias comprueban que el crimen organizado tiene una gran participación en esta modalidad delictiva, al contar con amplias estructuras operativas y contar con presencia territorial en un importante número de municipios del país, pero no toda es de su dominio. A ella se suman organizaciones locales que se desprendieron de los grandes grupos delictivos, extorsionadores extranjeros avecindados en el país, como los conocidos goteros colombianos, y delincuentes en prisión que actúan desde los centros de reclusión.
Haciendo evidente que este problema demanda estrategias de solución urgentes. Algunas de esas soluciones ya se han ensayado, produciendo resultados esperanzadores, como es:
El uso de la app contra extorsiones telefónicas, utilizada en la CDMX, Tampico y Quintana Roo, para bloquear números desde los cuales se ha intentado o consumado este delito.
La integración de una base nacional de números telefónicos para rastrear, identificar y neutralizar los aparatos que se utilizan para extorsionar e identificar las cuentas bancarias usadas para cobrar los fraudes;
No obstante los esfuerzos desplegados, dichos delitos siguen incrementándose y dejan en claro que falta mucho por hacer para lograr que se erradiquen de la realidad nacional.
Por lo que debemos apostar por promover la creación de un modelo nacional de combate a este ilícito, coordinado por el gobierno federal y con la participación de todos los estados, a partir de la recuperación de experiencias exitosas que han probado su eficacia, como en su momento se realizó con la creación de la Coordinación Nacional Antisecuestro y la instalación, a nivel nacional, de las Unidades Especializadas contra el Secuestro.
Al igual que algunas organizaciones amigas, México SOS participó la instrumentación de dicha estrategia, comprobando que con el trabajo corresponsable de las organizaciones de la sociedad civil y los tres órdenes de gobierno, es posible enfrentar los delitos de alto impacto que aquejan al país.
Por tal motivo, nos sumamos a la iniciativa presentada por el secretario de Gobernación, en junio pasado, para la creación de la comisión antiextorsión y ponemos a disposición nuestra experiencia como organización para impulsar un diálogo amplio con las organizaciones de la sociedad civil que contribuya a la concreción de dicha iniciativa y erradicar, en el corto plazo, este cáncer que afecta a nuestra sociedad. (El Sol de México, Análisis, p.13)
BOGOTÁ, Col.- Militarizar el país y abrir los brazos a los grandes cárteles del narcotráfico, fue la manera en que Venezuela pasó de ser una democracia ejemplar a un narco-Estado miserable.
El amasiato entre poder político, poder militar y cárteles de las drogas hace que un inepto en la Presidencia sea imbatible.
Escribo esto a propósito del debate que hay en México acerca de militarizar la Guardia Nacional y los múltiples encargos dados a las Fuerzas Armadas, que no rinden cuentas a nadie por el velo de la “seguridad nacional”.
México no es un narco-Estado, pero si se avanza en la militarización del país, acompañada de cuatismo con el narco, nuestro destino será el de los venezolanos.
Cárteles de las drogas y Fuerzas Armadas al servicio de un proyecto político es la fórmula del veneno.
En Venezuela, el chavismo no va a entregar nunca el poder, así pierda 10 veces seguidas las elecciones.
Si cae el poder en manos de la oposición, todos los integrantes de ese complejo político-militar-criminal que gobierna Venezuela estarán en riesgo de ir a la cárcel.
Peor aún: serían extraditados porque tienen orden internacional de captura, por narcotráfico.
Tras la pérdida del poder, lo que viene para ellos es la extradición.
Venezuela pasó a ser narco-Estado desde que se dio a las Fuerzas Armadas el papel de proteger los cargamentos de drogas que llegan de Colombia, y que gerentes de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación sacan del país gobernado por Maduro, vía aérea, hacia México.
Los protectores del traslado de drogas por el territorio venezolano son los militares, por lo que ganan fortunas, y para sobrevivir sólo tienen que impedir que gane la oposición.
Esa fue la clave del éxito chavista, para desgracia de los venezolanos de bien: militarizar, militarizar, militarizar, y poner a las Fuerzas Armadas al servicio de los narcos colombianos y de sus capataces mexicanos.
A los generales y altos oficiales de Venezuela se les conoce popularmente como “el cártel de los soles”, por sus insignias castrenses, pero en realidad no operan con la estructura de un cártel.
El “cártel de los soles” es un revoltijo de autoridades del partido gobernante, Ejército, Marina, policías (militarizadas), servicios de inteligencia, comandos creados por el chavismo “para cuidar al pueblo”.
Sus cabezas son Diosdado Cabello –político y militar en retiro, compañero de Chávez en el intento de golpe de Estado–, el general Dimir Padrino –ministro de Defensa– y uno de los hombres más ricos del chavismo, exministro del Interior, exgobernador, Tareck el Aisam.
Todos ellos tienen orden de aprehensión en Estados Unidos, igual que el presidente Maduro.
Los militares venezolanos no necesitan ensuciarse las manos con el trasiego de la droga ni con embarcarla: sólo deben dejar hacer. También los gobernadores (del partido gobernante) tienen su rol y su tajada.
Quienes introducen la droga a Venezuela son las guerrillas colombianas, disidencias de las FARC y ELN. Disidencias, porque no se acogieron a los acuerdos de paz con el gobierno de Colombia y volvieron “al monte” a matar y a traficar con drogas en nombre del pueblo, de Marx, de Lenin y de la sociedad sin clases.
Son grupos criminales binacionales. Una de las disidencias de las FARC, por ejemplo, tiene en Venezuela mil 900 hombres armados –según informes de militares colombianos–, que son protegidos por el régimen de Nicolás Maduro, en nombre de la patria grande de Bolívar.
Y el otro grupo disidente –que nunca quiso paz– tiene unos 5 mil guerrilleros en armas dentro de Colombia y en Venezuela.
Todos ellos, más el ELN (Ejército de Liberación Nacional), operan en Venezuela con la protección del “cártel de los soles”.
Los estados venezolanos que reciben el mayor volumen de cocaína para transportar a México, son los de Táchira y Zulia.
Ambos están a tiro de piedra del Catatumbo colombiano, una de las regiones con mayor producción de coca y su derivado.
Táchira (Venezuela) es gobernado por Fredy Bernal, exjefe de la Policía Nacional y alto mando en los servicios de inteligencia de su país, que tiene los amarres con los líderes de las narcoguerrillas colombianas.
Y el estado de Zulia no sólo es importante por su inmensa riqueza petrolera, sino por ser caribeño: está inundado de pistas clandestinas desde donde salen los aviones con droga hacia México.
Los embarques son supervisados por gerentes de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Gerentes, porque esos grupos criminales no han mandado a Colombia y a Venezuela a sus sicarios, sino a especialistas que cuidan la calidad del producto y el transporte.
Al militarizar Venezuela y abrir los brazos a las narcoguerrillas colombianas y a los grandes carteles mexicanos, todo el andamiaje de poder en ese país gana dinero.
Y si sueltan el poder, o se traicionan entre ellos, pierden la libertad.
No hay manera de sacarlos, aunque este año tengan (prospectivas 2022 del FMI) una inflación de 500 por ciento y sea el país más peligroso de América Latina (Mapa ABC internacional de la criminalidad).
Tampoco hay posibilidad de alternancia en el poder ni de respeto a los derechos humanos.
Ese es un narco-Estado, que nació de la militarización, permisividad con el narco y la obsesión de perpetuarse en el poder. (Pablo Hiriart, El Financiero, Nacional,p.38)
Uno de los problemas más graves y dolorosos que aquejan a nuestro país es el de las desapariciones en el contexto de la violencia que vivimos. De acuerdo con la versión pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, desde 1964 a la fecha existen 103,608 personas desaparecidas y no localizadas, de las que 97% corresponden a casos ocurridos después de 2006. Sólo en 35 casos se ha sentenciado a los perpetradores, y Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Nuevo León y Veracruz, son los estados de mayor ocurrencia. Según la Comisión Nacional de Búsqueda, tan sólo en lo que va de 2022, existen cerca de 10,500 personas desaparecidas. Estas cifras, sin embargo, no consideran todas aquellas desapariciones que no se denuncian por miedo o falta de confianza en la autoridad, por lo que el total de personas cuya suerte y destino se ignora puede ser mucho mayor.
Más allá de los números, se trata de historias de vida y familiares que quedan trastocadas y sumidas en el dolor. Madres, familiares y cercanos buscando a sus seres queridos con desesperación, tristeza e impotencia porque en muchas ocasiones lo hacen, sin la respuesta oportuna ni el acompañamiento adecuado por parte de las autoridades.
Si bien existen muchos casos en los que no se puede probar la participación directa del Estado mexicano en la desaparición y que en la mayoría de los casos quienes los que cometen el delito son actores criminales no estatales, surge la responsabilidad de los Estados, son responsables no solo de la participación directa sino también por numerosas omisiones en los casos de desaparición en su obligación de garantizar seguridad a los ciudadanos, de perseguir los delitos y sentenciar a los culpables.
En este contexto, la decisión de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del pasado 10 de agosto es relevante, al confirmar el amparo (51/2020) en calidad de víctimas indirectas, a familiares de Edmundo Reyes y Gabriel Cruz, quienes fueron detenidos por militares y policías locales en el centro de la ciudad de Oaxaca en mayo de 2007. Asimismo, el alto tribunal confirmó la sentencia dictada en mayo de 2019 por una jueza federal que señaló a la Secretaría de la Defensa Nacional y las policías del Estado y del municipio de Oaxaca implicadas como responsables de la desaparición forzada de estas personas.
La Corte sostuvo que la desaparición forzada es una de las violaciones más graves a los derechos humanos, sometiendo a los familiares de la persona a actos equiparables a tortura y tratos crueles e inhumanos, al desconocer el paradero y destino de sus familiares. También destacó que es una de las más graves violaciones a los derechos humanos al vulnerar, entre otros, los derechos de libertad, integridad personal, identidad, vida y reconocimiento de la personalidad jurídica.
Los puntos más importantes a destacar de esta decisión según la ONU-DH, instancia que saludó esta acción de la Corte, son el reconocimiento de la gravedad e impactos directos e indirectos de los actos de desaparición forzada, así como la urgente necesidad de generar políticas, acciones y mecanismos adecuados en contra de este delito. La SCJN, asimismo, reiteró el reconocimiento del derecho de las personas desaparecidas a ser buscadas y subrayó el derecho a la verdad y a la reparación integral del daño. En lo referente a la impartición de justicia en materia de amparo, precisa los criterios de actuación con base en el establecimiento de un estándar de prueba atenuado que le permita analizar indicios y pruebas indirectas y testimoniales en la definición de las desapariciones forzadas. Esta resolución, contribuye a generar un criterio uniforme con respecto a las obligaciones nacionales e internacionales del Estado mexicano en materia de desaparición forzada de personas, así como con las facultades de las personas juzgadoras de amparo.
Finalmente, es fundamental que las instancias encargadas de la atención a víctimas de desaparición forzada y responsables de la impartición de justicia, adopten y cumplan de manera diligente con lo mandatado por la Suprema Corte. Asimismo, se deben fortalecer los recursos para realizar las investigaciones y búsquedas necesarias, al tiempo de implementar las recomendaciones del Comité contra las Desapariciones Forzadas y los aspectos de la Ley General de desapariciones en la materia, incluyendo la creación del Banco Nacional de Datos Forenses y el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense. Las miles de familias afectadas por este flagelo deben estar al centro de las acciones y políticas para contribuir en el acceso a la justicia, verdad y reparación que tanto urgen en nuestro país. (Eunice Rendón El Heraldo de México, Opinión, p.2)