¿Por qué lo hicieron? Porque podían hacerlo. (La Jornada, Contraportada)
HAY QUIENES se preguntan hasta cuándo Alejandro Gertz Manero dejará de utilizar la FGR para sus fines personales. A nadie se le olvida cómo el fiscal torció el debido proceso sólo por llevar a cabo una venganza personal en contra de su ex cuñada.
AQUEL CASO fue paradigmático, no sólo porque se exhibió el abuso de poder del titular de la FGR, sino porque ninguna autoridad hizo nada por detenerlo. El presidente de la República hasta se hizo cómplice al decir que Gertz Manero no había cometido ¡delitos graves!
AL PROCESO contra la familia de su hermano se sumaron, por ejemplo, los atropellos contra científicos del Conacyt y ahora la intención de embarrar a Omar García Harfuch en la supuesta trama de la masacre de los normalistas de Ayotzinapa.
PARA NADIE es secreto que el actual titular de la policía de la Ciudad de México es uno de los más fuertes contendientes para sustituir al propio Gertz Manero al frente de la FGR. De ahí que hasta en la propia Fiscalía dicen que el querer involucrar a García Harfuch en la invención de la “verdad histórica”, es una manera del fiscal de ponerle piedritas y piedrotas en el camino.
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MIENTRAS en México sigue sin saberse qué dirá Andrés Manuel López Obrador sobre el T-MEC, en su tan anunciado mensaje del 16 de septiembre, en Washington ya empiezan a tomar providencias. El Departamento de Estado prepara una sorpresiva visita de Antony Blinken.
POR AHORA se supone que es “top secret”, pero el canciller norteamericano llegaría por ahí del 12 de septiembre, justo unos días antes de la prometida bravata presidencial frente al pueblo sabio contra los reclamos comerciales de Estados Unidos y Canadá.
SE DA por sentado que Blinken tratará con el presidente López Obrador el delicado tema de las violaciones mexicanas al T-MEC, en el sector energético. Además, curiosamente, el funcionario norteamericano también visitará la ciudad de Monterrey, fundamental para tomarle el pulso a los empresarios.
A LO MEJOR Blinken viene, justamente, a asegurarse de que AMLO no salga con alguna barbaridad, como la de querer romper el tratado de libre comercio.
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¡AY, OJÓN! En lugar de poner a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard y a Adán Augusto López debajo del “ojo de Dios”, a los tres tapados presidenciales habría que ponerlos bajo el ojo de la fiscalización electoral del INE. ¡Ah, cómo están gastando dinero en su larguísima precampaña! Por lo pronto, más de uno se pregunta de dónde saldrá el dinero para que la jefa de Gobierno integre a su equipo a Antoni Gutiérrez-Rubí, quien fuera estratega del ahora presidente colombiano, Gustavo Petro. Ni modo de pensar que la morenista usará el dinero de todos los capitalinos para su promoción personal, pues esas cosas ya no pasan en México. ¿O sí? (Fray Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 10)
Silla pareja para las tres corcholatas presidenciales
Piso parejo o, mejor dicho, silla pareja, recibieron ayer por parte del Presidente la aspirante y los aspirantes a la candidatura presidencial morenista, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López. Durante la ceremonia de reinauguración del Recinto Parlamentario de Palacio Nacional, tanto la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, como el canciller y el secretario de Gobernación ocuparon un lugar en el presídium. En el lugar de honor fueron colocadas siete sillas en dos hileras. En la primera estuvieron el presidente Andrés Manuel López Obrador, su esposa, Beatriz Gutiérrez, y la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero. Justo atrás de ellos, fueron sentadas las tres “corcholatas” presidenciables y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez. La senadora Sánchez Cordero fue la única oradora. Nos hacen ver que en el caso de doña Claudia, su presencia podría estar justificada ya que es la mandataria de la entidad en la que se encuentra el recinto; el secretario de Gobernación porque es el enlace con el Poder Legislativo y el canciller, quizá para no dejarlo en galería con el resto de los secretarios de Estado que fueron invitados y evitar que hubiera quejas de falta de piso parejo. Así que, sillas parejas para que no haya enojos.
Morena va por servicio militar obligatorio para mujeres
Nos adelantan que la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados alista esta semana la aprobación de una iniciativa para hacer obligatorio el servicio militar a mujeres. Nos cuentan que el órgano legislativo busca modificar la Ley del Servicio Militar para incluir a las mujeres en esta actividad. Nos explican que en el documento que será discutido se argumenta que esta medida busca fortalecer la inclusión, la equidad de género y los derechos de las mujeres. La iniciativa fue presentada por la diputada de Morena, Laura Imelda Pérez. Nos dicen que es casi un hecho que el proyecto sea aprobado en la comisión y que, en septiembre, que inicia el periodo ordinario, sea llevado al pleno.
Acusan violencia de género contra Delfina Gómez
Nos comentan que Morena presentará una queja por lo que considera violencia política de género contra la profesora Delfina Gómez, a raíz de su designación como coordinadora del Comité de Defensa de la Cuarta Transformación en el Estado de México, y su eventual postulación como candidata a gobernadora. Morena sostiene que la maestra ha sido víctima de una campaña en redes sociales en las que ha sido calificada como una “delincuente electoral”. Nos comentan que además del tema de género, lo que el partido busca es que se dicten medidas cautelares, y que doña Delfina libre las críticas en las benditas redes rumbo al proceso electoral de 2023.
Las disculpas de Ferrer
La tercera fue la vencida y, este lunes, el titular del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer, finalmente se hizo presente en la Cámara de Diputados. El funcionario federal comenzó su discurso pidiendo una disculpa y recordó que la última vez que plantó a los legisladores “fue porque tuve una reunión con el Presidente”. Así, tal parece que entre el Legislativo y don Juan se han comenzado a limar asperezas. Ahora falta que realmente compruebe que no hubo corrupción en la adquisición de ventiladores y cubrebocas durante la pandemia, cosa a la que se comprometió. (El Universal, Nación, p. 2)
Ofrecen ‘todo el respeto’ a Lorenzo
El presidente del INE “no es santo de la devoción de Morena porque no es ningún santo”, se quejó el jefe de la bancada guinda en San Lázaro, Ignacio Mier. Hoy lo recibirán los diputados de la 4T y el morenista le ofreció “todo el respeto”. “Nos cae bien, es un hombre inteligente, articulado y con el que se puede platicar; lo que no nos gustan son sus actitudes”, deslizó ayer en los pasillos del Palacio Legislativo. Y remató: “Tiene una falta de consistencia con el cargo que le consiguieron, porque fue conforme al régimen de cuotas y de cuates”.
Monreal, de nuevo excluido
Los morenistas contrarios a sus aspiraciones podrán decir que se trataba de un acto del Ejecutivo y por eso no se invitó a Ricardo Monreal. Pero lo cierto es que a la reinauguración, ayer, del Recinto Parlamentario de Palacio Nacional acudieron las corcholatas del gabinete, comenzando claro por Claudia Sheinbaum, así como Marcelo Ebrard y Adán Augusto López. Todos ahí debajo del “ojo de Dios”, elemento simbólico ubicado al centro del techo, que representa “la vigilancia divina” de las leyes. A quien sí invitaron fue a Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado y única oradora en el acto. Corcholata o no, se vio rara la ausencia del presidente de la Jucopo en una ceremonia sobre el parlamento. ¿Y el piso parejo?
MC, con el PRI “amigo” o con el PRI-Mor
Difícil dilema ha tenido que enfrentar Movimiento Ciudadano en San Lázaro. Primero acusó al PRI de recurrir al llamado “PRI-Mor” para, en complicidad con Morena, dejarlos fuera de la Permanente. Pero cuando Va por México decidió apoyar la orden del Tribunal Electoral de darle un espacio a los naranjas, MC agradeció la decisión del “PRI amigo y congruente”. Ayer que la Corte echó abajo la reforma aprobada para que el tribunal “no interviniera” en las decisiones del Congreso, MC volvió a la carga. “Estamos dando la batalla contra el PRI-Mor” y “la Corte nos da la razón”, “lo que aprobaron es inconstitucional”, criticó el jefe naranja, Jorge Álvarez Máynez.
Respuesta estilo Adán
Entre que no quiere declarar y que se le va la lengua, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, rechazó pronunciarse por el avance en la indagatoria de los 43, pues en Bucareli “no somos agencia investigadora”. Esto, pese a que el subsecretario de Derechos Humanos de Segob, Alejandro Encinas, presidió la indagatoria de la comisión para la verdad en el caso, creada por decreto presidencial.
Tiro por la culata
El Presidente ha de haber pegado coraje durante su conferencia. Resulta que cuando hacía referencia a un tuit de la “diputada conservadora” América Rangel, del PAN, en el que llama “bestias” a delincuentes, pues –dice– no tienen derechos humanos, el mandatario pidió que le pusieran ese post en pantalla, pero su equipo cometió un error y en su lugar puso un video de la senadora –también panista– Kenia López Rabadán, donde se lanza fuertemente contra la militarización y lo acusa de obsesionarse con el “poder” y el “dinero”. López Obrador se limitó a decir “zafo” y de inmediato pidió que pusieran el tuit correcto. Kenia aprovechó para agradecer la promoción en la mañanera.
Los focos en Narro
Atentos en lo que hoy dará a conocer José Narro Céspedes en su informe de actividades en la antigua sede del Senado, en la Casona de Xicoténcatl, porque si el senador aplica el principio cuatroteísta de no mentir y no traicionar, tendrá que responder sobre qué pasó con los marinos Óscar Manuel González Andrade y Victoriano Zurita, quienes llevan 170 días desaparecidos, luego de que su amiga la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, se los enviara en marzo a la Ciudad de México, como él los había pedido por escrito, para que le sirvieran de escolta personal. Y es que a la fecha, por más que los familiares de los agentes se lo han exigido, Narro no ha dado respuesta puntual que pueda ayudar en la investigación y búsqueda, por lo que se espera que hoy lo haga. (Confidencial, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 29)
Que el legislador y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, amaga con presentarse este martes en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados y encarar al fiscal de Campeche, Renato Sales, quien fue citado a comparecer hoy por el “robo” de un equipo de espionaje durante su paso por la Comisión Nacional de Seguridad, después de que la semana pasada solicitó el desafuero de Alito como presunto responsable de enriquecimiento ilícito. Sin embargo, hasta anoche el titular del Ministerio Público campechano no había confirmado su asistencia al Palacio de San Lázaro.
Que arropado con sus tres corcholatas favoritas, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el trabajo de la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, única oradora en la reinauguración del Recinto Parlamentario de Palacio Nacional, espacio en el que otrora no podían entrar mujeres. Muy serios y formales, Claudia Sheinbaum a la diestra y Marcelo Ebrard a la izquierda del mandatario atestiguaron el acto en el que también alcanzó sitio en el escenario principal Adán Augusto López.
Que para subrayar su compromiso público de que ella está pensando en cumplir con su encomienda a cargo de la capital y de manera alguna anda en campaña hacia 2024, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, incluyó en su equipo de comunicación al consultor catalán Antoni Gutiérrez-Rubí, que para más señas fue el estratega de la reciente victoria de Gustavo Petro en la elección presidencial de Colombia y ha asesorado antes, mediante su empresa Ideograma, a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, actuales uno y dos del poder en Argentina.
Que hablando de suspirantes, ante transportistas Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, se comprometió a impulsar una agenda legislativa para atacar al crimen organizado después de reconocer que varias carreteras están tomadas por las bandas. “Los transportistas sufren amenazas y extorsiones, ya es inadmisible”, afirmó. (Milenio Diario, Al frente, p. 2)
Política energética, a debate
Inician las consultas para encontrar una solución a la controversia que, en el marco del T-MEC, provocó la política energética mexicana. La actual secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, informó que hoy se realiza el primer encuentro con representantes de Estados Unidos y Canadá, en un proceso que en su primera fase, tendrá una duración de hasta 75 días. Y, su desahogo, dependerá de la capacidad de las partes en “conflicto” antes de ir a un litigio formal.
Protección bajo arresto
Mientras se define su situación jurídica, el ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, busca la protección de la justicia federal mediante un amparo. Por lo pronto, un juez le otorgó una suspensión para que no esté incomunicado y se garantice su integridad física, debido a los problemas de salud que padece, a sus 74 años.
Día ajetreado en San Lázaro
Primero con la participación del presidente del INE, Lorenzo Córdova, en el parlamento abierto de la reforma electoral, organizado por Morena, y luego comparecerá el fiscal de Campeche, Renato Sales, ante la Comisión de Vigilancia de la ASF, para la explicar la desaparición de un sistema de espionaje usado en su gestión en la Comisión Nacional de Seguridad.
¡Síganme los buenos!
Importante, el reconocimiento que hizo ayer la actual Jefa de Gobierno en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a la gestión de Adrián Rubalcava como alcalde de Cuajimalpa. De hecho, por ser la demarcación más segura de la capital del país, y eso, nos dicen, habla de un verdadero trabajo de coordinación que, en una de esas, podría seguir más allá de 2024.
Golpe coordinado
Gracias al trabajo de la Secretaría de Seguridad, de Rosa Icela Rodríguez; la Guardia Nacional, de Luis Rodríguez Bucio; y la Sedena, de Luis C. Sandoval; así como de la Fiscalía de Guanajuato, se detuvo al autor material del asesinato de Guillermo Mendoza, hijo del alcalde de Celaya, Javier Mendoza, con lo que queda demostrado que, cuando se quiere, se puede. (El Heraldo de México, La dos, p. 2)
“GIEI no ha señalado a responsables”
Más de una ceja se levantó ayer tras conocerse el comunicado que difundió el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, mejor conocido como GIEI, en el cual expresa que no conocía el informe que presentó la Comisión gubernamental para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa. Y no sólo eso, sino que advierte que tampoco tuvo acceso a algunas de sus partes relevantes como algunas capturas de pantalla y conversaciones telefónicas. En su pronunciamiento, Ángela Buitrago, Claudia Paz y Francisco Cox señalan también, lo cual generó inquietud, que el GIEI “no ha señalado presuntos responsables”. Y es que de la lectura del posicionamiento se desprende que en la presentación del informe y las acciones de judicialización posteriores, los expertos, que han estado próximos a los padres de los 43, no van por las mismas rutas.
“Corcholatas” en Palacio
Así que ayer tres importantes “corcholatas” presidenciales coincidieron en Palacio Nacional. No es que se hayan ido a dar una vuelta para reconocer el terreno por si un día les toca despachar ahí —o a lo mejor sí—, sino que acudieron como invitados especiales a la reinauguración del Recinto Parlamentario del lugar. Aparentemente no hubo trato especial para alguno de los tres: el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; el de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Pero quienes leen entre líneas nos recomiendan checar en las fotos cuál de las “corcholatas” fue colocada en medio. Porque, aseguran, en política nada es fortuito. Y mucho menos la asignación de lugares en las ceremonias.
¿Sandra Cuevas se vacuna?
Ahora sí que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, reaccionó ayer a algo que todavía no ocurre. Pidió a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, “trabajar de la mano” en beneficio de la ciudadanía “en lugar de estar exhibiendo a las alcaldías”. Y es que el próximo lunes está previsto el arranque de la sección “Quién es quién”, durante la cual serán ventiladas las demarcaciones que no cumplan con las demandas ciudadanas. Algo debe presentir la titular de Cuauhtémoc como para salir a dar ayer una conferencia de prensa vespertina, sin previo aviso, sólo para quejarse de lo que aún no ocurre. ¿Algún pajarito le habrá revelado que con ella empezará el balconeo? Lo cierto es que ese llamado a trabajar “de la mano” se le olvidó muy pronto, pues terminó la conferencia despotricando contra el gobierno central. Uf.
En busca de cobijo naranja
Este lunes, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, reiteró la “invitación” para que Movimiento Ciudadano se sume a la alianza Va por México. Sí, la que últimamente se ha visto impactada por los señalamientos hacia el líder tricolor. Nos cuentan que de esa forma busca que se fortalezca el bloque opositor, de cara a los comicios del 2023 y 2024. Mediante redes sociales, el priista se dijo seguro de que la dirigencia y militancia emecista “pondrán todo su compromiso para privilegiar el presente y el futuro de un país tan grande como nuestro querido México”. Hay quienes se preguntan si el movimiento naranja se sumará a lo que algunos han comenzado a llamar “el salpicadero”. Uf.
Ya quiere sus “corcholatas”
Al que parece que le urge tener sus propias “corcholatas” ya oficialmente declaradas es al dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, que sigue y sigue repitiendo nombres de figuras de su partido ansioso de que le pudieran decir que sí van para que puedan empezar a “moverse”. Ayer, el dirigente albiazul, nos comentan, buscó acicatear nuevamente a quienes ve como buenas opciones, aunque muchos estén cuidando los tiempos para no convertirse en la diana de los dardos políticos. El caso es que Cortés, quizá por andar en Mérida, empezó por el yucateco Mauricio Vila. “Es una gran opción y en el PAN tenemos muy buenas opciones para la Presidencia de la República, en donde nada más falta que Vila diga ‘voy’ y se empiece a mover”. El panista agregó después aMauricio Kuri, a Maru Campos, a Lilly Téllez, a Santiago Creel y a Ricardo Anaya. A ver quién, como están las cosas, se anima a darle el anticipado “voy”, nos comentan.
Morena vs. INE, la andanada que viene
Con todo y que la Suprema Corte advirtió a la Cámara de Diputados que ya no puede recortar el presupuesto del INE, a menos que esté plenamente justificado el cambio, Morena ya sentenció al órgano electoral que no le va a “temblar la mano” para “corregirle la plana”. Por lo menos así lo adelantó el diputado del guinda Mario Llergo, quien en su calidad de representante morenista ante el Consejo General, adelantó que el presupuesto por 14 mil 437 millones de pesos que prevé el instituto para el 2023 no lo aprobará la mayoría legislativa en San Lázaro, ni mucho menos con los cuatro mil 25 millones de presupuesto precautorio para la consulta popular. Pese a que los consejeros se cansaron de explicar que los recursos planteados tienen un buen sustento, en opinión del legislador morenista, el presupuesto enviado por el INE sólo demuestra que quieren seguir disfrutando de “privilegios”. Así que viene otro capítulo de la andanada que ya conocemos, nos hacen ver. (La Razón, La dos, p. 2)
Una delegación de congresistas estadounidenses viaja a México para encontrarse en el Senado con el embajador de Washington en nuestro país, Ken Salazar, y legisladores nacionales de todos los partidos. La reunión ocurre en medio de la mayor tensión en las relaciones bilaterales de los últimos años a raíz de las diferencias por el T-MEC y por la inseguridad en la República Mexicana.
El encuentro se llevará el jueves, donde la agenda de los congresistas gringos se redacta en el marco de la carta enviada a Joe Biden para que el presidente de los Estados Unidos colabore con el gobierno mexicano para lograr justicia, en el asesinato de los sacerdotes jesuitas, ocurrido hace más de un mes en Chihuahua, así como para que se busquen soluciones conjuntas para frenar “la violencia incesante”.
Le solicitaron a Biden acciones más allá del Marco Bicentenario México-EU, entre ellas repudiar la militarización impulsada por López Obrador. “Instamos a su administración a profundizar la cooperación con el gobierno mexicano y los grupos de la sociedad civil para erradicar la corrupción, aumentar la capacidad de investigación de las fuerzas del orden público y fortalecer la independencia de los fiscales y jueces mexicanos. También lo alentamos a rechazar el enfoque militarizado del presidente López Obrador”, fue la carta de los congresistas.
Acá en el Senado, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, ha establecido contacto con cada uno de los coordinadores de los diferentes partidos que integran la actual Legislatura. Se busca cabildear una sola agenda de trabajo de parte de los legisladores mexicanos para ponerla en la mesa, donde del lado de los estadounidenses (se espera una delegación de no más de seis integrantes) harán lo propio para buscar una sola ruta con el propósito de atender las necesidades de ambas partes.
Cuitláhuac enturbió caso de asesinato. Se confirmó ayer que está muerta la mujer de 31 años de nombre Viridiana Moreno de quien el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, aseguró que no estaba desaparecida como lo denunciaron familiares, el pasado mes de mayo después de salir a buscar trabajo y no volver a casa. “Ya lo atendí (el caso); no está desaparecida, está resguardada”, lo dijo el 25 mayo pasado, tan sólo cuatro días después de presentarse la denuncia de que la joven salió a buscar trabajo y no regresó a casa. Apenas en un comunicado de dos párrafos, la Fiscalía General del Estado informó que, el segundo peritaje, confirma que los restos encontrados en Chachalacas son de Viridiana, por lo que el mandatario está obligado a explicar qué hay detrás de la historia de la joven que salió a buscar trabajo, debido a que la fecha en que fue descubierto el cuerpo cercenado de Viridiana Moreno, éstos fueron presentados a la familia días después, por lo que la declaración del gobernador sólo generó confusión en el caso, sin que hasta el momento de la presentación de los segundos estudios científicos sepan realmente qué sucedió y cómo fue el asesinato.
Uppercut: Dejan narcomensaje en cuerpo de mujer a alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, tras pedir “cobro de facturas a quienes no pagaron y ahora ella contesta: “Mi vida y la de los tijuanenses está en manos de Carpio” para que los capture, en referencia al fiscal Ricardo Iván Carpio. (Alejandro Sánchez, El Heraldo de México, País, p. 8)
Imaginen a 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 ,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 36,37,38,39,40,41,42,43 jóvenes vigorosos siendo atacados, sometidos, ultimados y desaparecidos en unas horas; del ocaso del 26 de septiembre al amanecer del 27.
¡43 personas! Ningún rastro. Ocho años. Polvo y huesos analizados. Fosas abiertas. Pocos restos identificados. ¿Qué fuerza destructora es capaz de ello? ¿Quiénes tienen esa posibilidad de acción atroz y violenta? Alejandro Encinas recalcó que se trató de un crimen de Estado que involucra a autoridades municipales, estatales y federales, tanto civiles como militares.
La aprehensión del ex procurador Jesús Murillo Karam tiene que ver con el montaje y la colusión, pero ¿de dónde salió la orden fatal en contra de los alumnos de la normal de Ayotzinapa?
¿A quiénes protegieron altos funcionarios? ¿Por qué Peña mantuvo hasta el final que todos los estudiantes terminaron en el basurero de Cocula?
¿Por qué el general Salvador Cienfuegos obstruyó labores y negó que el Ejército estuviera implicado?
¿Cuál fue el papel de políticos que ocuparon posiciones de seguridad en Guerrero y ahora tienen cargos importantes en la 4T? Ojalá que no tengan nada que ver, pero ¿están libres de pesquisas el actual encargado de la seguridad capitalina, García Harfuch, y el secretario de Marina, Rafael Ojeda?
¿Esta administración puede hablar de crimen de Estado y no investigar a la cabeza civil y a la militar del Ejecutivo federal?
¿Cienfuegos no supo? ¿Tampoco Peña? La justicia a modo y el encubrimiento perpetúan la crisis humanitaria. El caso Iguala describe la maquinaria sangrienta, corrupta, impune que opera en México, la cual, hoy por hoy, sigue intacta. (Elisa Alanís, Milenio Diario, Al frente, p. 2)
Ayer lunes, en el inicio de semana, el presidente López Obrador debió sentir algo parecido a lo que yo registré cuando Jesús Ramírez le pasó el resumen de las primeras planas, notas principales que niegan el discurso oficial de que vamos muy bien, ¡re-que-te-bien!
MILENIO: Automotrices culpan a Aduanas de pérdidas con las nuevas reglas. El Universal: Ganan líneas de bajo costo de EU en México por degradación aérea. El gobierno no invierte para recuperar la categoría uno.
Excélsior: Necesitan empleos 14.5 millones de mexicanos. El déficit de trabajo se mantiene arriba del nivel prepandemia Reforma: Admite Birmex fracaso. Falla en repartir medicinas. Lo justifica por la complejidad y falta de recursos.
La Jornada en su cintillo: Temporal en Sonora incomunica varias regiones. Él había estado el día anterior en ese estado y no hubo una palabra, ni una visita ni una alusión al desastre.
El Heraldo: Disminuye flujo de agua compartida en la frontera La Crónica: Perdieron Seguro Popular y ahora gastan más en mantener su salud.
El Sol de México: Kilo de tortilla hasta en 30 pesos.
24 Horas: Exige IP parar y no minimizar la violencia.
Y así.
Por supuesto que desdeñó la información, pero le fue más leve que a mí que tuve que cargar, también en las primeras planas, con la tercera derrota consecutiva de los Pumas, ahora 5-1 y en CU, lo que ya fue demasiado.
Y yo, a diferencia suya, para el caso, sin sus otros datos, que deben ayudar a sobrellevar la realidad que uno quiere negar. ¡Caraxo! que diría Gil Gamés. (Joaquín López Dóriga, Milenio Diario, Al frente, p. 3)
La noche del 26 de septiembre de 2014, el gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre, realizó dos llamadas telefónicas clave con el mismo mensaje: se había desatado la violencia contra normalistas de Ayotzinapa en las calles de Iguala. Una llamada fue al subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, y la otra al general Alejandro Saavedra Hernández, comandante de la 35ª Zona Militar. El general le dijo que preguntaría lo que estaba sucediendo; el subsecretario tomó nota. Esa misma noche, que era viernes, Miranda le dijo al subsecretario Andrés Chao, que estuviera atento al día siguiente en la prensa, porque “algo” había pasado en Iguala y quería ver qué impacto tenía en la opinión pública.
El sábado 27 no hubo mayor información, salvo en la prensa de Guerrero, pero el domingo era el titular principal en varios diarios de la Ciudad de México. Ese mismo día el presidente Enrique Peña Nieto convocó a una reunión en Los Pinos para revisar lo que había sucedido en Iguala. El procurador Jesús Murillo Karam afirmó que había sido un problema “entre narcotraficantes”, lo que fue aceptado acríticamente por los presentes, que también consideraron que era mejor no decir nada públicamente porque pensaban que podían aparecer algunos de los normalistas que se reportaban como desaparecidos.
El lunes 28, en una evaluación interna del equipo presidencial, se concluyó que el tema era local, por lo que debía ser resuelto a nivel municipal y estatal. El que fueran normalistas de Ayotzinapa los involucrados permeó como prejuicio contra los jóvenes. “Todos son delincuentes”, respondió un alto funcionario en Los Pinos cuando se le preguntó por qué no estaba interviniendo en el caso. No comprendían que el solo hecho de que fueran de Ayotzinapa tenía una carga política donde no eran percibidos como victimarios, sino como víctimas.
El gabinete de Peña Nieto estaba empapado en soberbia. Descalificaban críticas y cuestionaban los argumentos en la prensa política. En la primera semana de la desaparición se planteó al presidente la idea de presionar al gobernador para que se separara del cargo, pero fue desechada. “¿Qué se ganaría?”, se autopreguntó un funcionario consultado. “Nada”. Cuando sucedió, ya no tuvo impacto alguno.
Su prepotencia los hizo minimizar dos conflictos que pudieron servirles para no repetir los errores. Uno fue la masacre de Aguas Blancas, en Guerrero, en 1995, donde fueron asesinados 17 campesinos, y que pese a que rápidamente intervino el gobernador Rubén Figueroa, las cosas se aplacaron sólo con su renuncia 10 días después. El otro fue la matanza de Acteal, en 1997, donde un grupo paramilitar vinculado al gobierno estatal asesinó a 45 indígenas tzotziles, lo que provocó la caída del secretario de Gobernación, Emilio Chuayfett.
El gobierno se había mantenido al margen, pero la presión pública crecía rápidamente. El 5 de octubre, nueve días después de la noche trágica, la PGR atrajo el caso. Recibió de la fiscalía de Guerrero toda su investigación, y los cortó de las averiguaciones. Incluso, el jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, pretendió detener al fiscal Iñaki Blanco, a quien privó de su libertad varias horas. En esos días comenzó a construirse la desgracia política de Murillo Karam y Zerón, miembros de un gobierno insensible y displicente que incluso pudo haber evitado el crimen de los normalistas, pero no hicieron nada para ello.
Durante meses, en la mesa de seguridad en Guerrero, que encabezaba el Cisen, se documentaron los crímenes de Guerreros Unidos –los asesinos de los normalistas– y su vinculación con el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, hermana de los fundadores de ese grupo criminal. Abarca, probó Blanco, estaba vinculado con el asesinato del dirigente agrario Arturo Hernández Cardona, líder de la organización Unidad Popular, en 2013. Blanco pidió repetidamente a la PGR que atrajera el caso meses antes de la desaparición de los normalistas, pero lo ignoraron.
Abarca, como los alcaldes de varios municipios en Tierra Caliente, estaba vinculado a Guerreros Unidos o a sus rivales, Los Rojos, las bandas criminales a las que se refirió Murillo Karam en Los Pinos. No se sabrá qué hubiera pasado de haberse actuado en ese momento, pero la red de protección institucional se habría alterado. Tampoco se sabrá qué habría pasado si el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, no hubiera pedido aplazamientos para los controles de confianza de los policías municipales, porque, de haberse hecho, la mayoría de los involucrados en el crimen jamás lo hubiera aprobado.
¿Por qué no se actuó sobre los informes en la mesa de seguridad en Guerrero? ¿Por qué no cortaron las manzanas podridas dentro de la Policía Federal y el Batallón 27º de Infantería que fueron identificadas en ella? Las preguntas no tienen respuesta, como el porqué las llamadas telefónicas del gobernador no tuvieron un seguimiento. El Batallón 27º de Infantería sabía qué estaba pasando porque tenía personal en el C4 de Iguala. ¿Qué le informaron al general Hernández Saavedra? El subsecretario Miranda tampoco hizo nada. De haber enviado a los drones a sobrevolar Iguala, habría podido tener el gobierno un seguimiento de los normalistas, lo que quizás hubiera evitado el crimen o, en el peor de los casos, saber si y dónde, los habían matado.
Todo fue una cadena de omisiones, como apunta el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y negligencias. Pero, por la información que trascendió en esos días de Los Pinos, no fue una conspiración para encubrir –aunque sí hubo esmero en cuidar al Ejército–, sino la prueba de un gobierno profundamente incompetente. En junio de 2018 se publicó en este espacio:
“La falta de oficio político fue la entrada a esta pesadilla político-jurídica que acompañará a Peña Nieto aun después de concluir su presidencia. La paradoja es que… se lo ganó a pulso… Quien tiene que rendir cuentas ante la historia y, eventualmente, ante la justicia es Peña Nieto, a quien un crimen municipal se le volvió de Estado”. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 32)
El presidente hubiera preferido que ya no se hablara de dos grandes escándalos de su sexenio. Pero en los últimos días, los casos de su hermano Pío y de la Casa Gris de su hijo José Ramón han vuelto al escenario central. Y han vuelto de una manera en que vuelven a exhibir a un presidente culpable y a un presidente autoritario.
Pío López Obrador, al enfrentar su caso judicial por aparecer en video recibiendo clandestinamente sobres amarillos con dinero en efectivo, pidió que compareciera su hermano Andrés Manuel. Tiene toda la lógica: en el video, Pío deja claro que el dinero es para la campaña de su hermano y que su hermano sabe de todo. Así que para seguir la ruta del dinero hay que preguntarle al destinatario final de los recursos: Andrés Manuel López Obrador.
Pero la Fiscalía General de la República decidió no citar a declarar al presidente. Determinó que el presidente puede declarar por voluntad propia, pero no será citado. Nadie esperaba otra cosa: lo de la Fiscalía “autónoma” es un apodo; el fiscal fue puesto ahí por el presidente para protegerlo, y a cambio, el presidente protege al fiscal.
Que Pío haya solicitado la comparecencia de su hermano y que la Fiscalía haya optado por encubrir al presidente exhiben que Andrés Manuel López Obrador no puede explicar de qué vivió tantos años sin trabajar: es obvio que en los 13 años que pasaron entre que dejó de ser jefe de Gobierno y empezó a ser presidente, el dinero le llegaba en efectivo en sobres amarillos. Dinero sucio. Así fue desde tiempos de Bejarano —quedó también registrado en video— y así siguió siendo en tiempos de Pío.
El presidente tampoco ha podido explicar cómo le hace su hijo José Ramón para vivir como millonario sin trabajar. Ni los conflictos de interés que circundan su vida de magnate en Houston. Cuando en mi programa de Latinus revelamos la Casa Gris, López Obrador emprendió una embestida en mi contra. No le importó violar la ley. Estaba decidido a la venganza. Así lo confesó: no estaríamos hablando de Loret si él no hubiera publicado estos reportajes, dijo.
Hace unos días, el Inai resolvió que el presidente AMLO debía ser sancionado por revelar datos personales míos. ¿Cuál será la sanción? La que determine el Órgano Interno de Control de la Presidencia. O sea, ninguna: el presidente no se sancionará a sí mismo. Pero la decisión del Inai deja a López Obrador exhibido en su apetito de venganza contra un periodista, incapaz de contestar lo que el reportaje cuestiona, y profundamente autoritario.
SACIAMORBOS
¿Será que otro importantísimo miembro de la “primera familia” tuvo mucho que ver con el aterrizaje del helicóptero de la Marina en pleno campo de beisbol para abrir el partido de los Olmecas de Tabasco con la mascota del equipo a bordo? (Carlos Loret de Mola, El Universal, Nación, p. 5)
El fin de semana la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, fue objeto de varias expresiones abiertas de respaldo a su candidatura presidencial por parte de personajes y grupos de Morena y de la 4T que, reviviendo la vieja práctica de la cargada priista, le expresaron públicamente su apoyo para que sea la candidata de Morena a la Presidencia de la República en 2024. Lo mismo el hermano del presidente, José Ramiro López, que el director del Fonatur, Javier May, y la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, organizaron eventos políticos para pronunciarse a favor de la doctora que recorre el país los fines de semana promoviendo su imagen y su proyecto político.
El sábado, por ejemplo, llegó a Oaxaca con el pretexto de dar una “Conferencia sobre la Crisis del Agua”, invitada por la Universidad Autónoma de Oaxaca. La visita sirvió para que se dejara ver en el mercado público desayunando junto al gobernador electo, el morenista Salomón Jara, y para luego visitar en Palacio de Gobierno al actual gobernador, el priista Alejandro Murat, quien también le dio la bienvenida y subió fotos con ella a sus redes sociales.
Es claro y evidente a estas alturas que la jefa de Gobierno tiene muy claro cuáles son sus fortalezas y debilidades y trabaja en ambas. Por un lado, fortaleciendo su presencia al interior de la 4T y del morenismo, promoviendo este tipo de expresiones públicas que buscan generar una percepción de que ella es la candidata del presidente y la opción de la militancia, aunque para ello se fomenten prácticas del viejo régimen como la “cargada” o la “bufalada” que solían azuzar los aspirantes presidenciales del viejo sistema.
Y por el otro lado, con sus recorridos por todo el país ya sea entre semana en supuestas actividades oficiales, o durante el fin de semana con cualquier pretexto para aparecerse en los estados de la República, Sheinbaum busca vencer su mayor debilidad que es la falta de presencia y conocimiento a nivel nacional. Y como ella, a diferencia de sus dos contrincantes Marcelo Ebrard y Adán Augusto, no tiene un cargo federal que le permita recorrer el país con sus temas públicos, ha decidido dejar de cuidar las formas y, bajar la cortina desde el viernes por la tarde para dedicar su fin de semana a la promoción de su imagen a nivel nacional.
Pero como el tiempo apremia y la contienda se ve cada vez más cerrada, la jefa capitalina ha decidido meter el acelerador y apurar la construcción de su imagen de presidenciable a nivel nacional. Para eso, nos dicen fuentes de su equipo, contrató los servicios del consultor catalán Antoni Gutiérrez-Rubí, quien viene justo de trabajar para la campaña presidencial de Gustavo Petro y fue pieza clave en el triunfo del nuevo presidente de Colombia.
Aunque nadie en el entorno de la jefa de Gobierno informa sobre los costos de los servicios del conocido asesor español ni cómo se cubrirán sus costosos honorarios —que según especialistas en comunicación política pueden alcanzar cifras de más del millón de dólares—, Antoni ha comenzado a trabajar con Sheinbaum para tratar de posicionarla a nivel nacional y lo hace con el estilo que lo convirtió en uno de los analistas y consultores más buscados por la izquierda latinoamericana.
“Si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”, suele repetir Gutiérrez-Rubí a sus “asesorados” como suele llamar a los políticos que le contratan para tratar de levantar su imagen, resolver crisis o ganar elecciones. Ha trabajado en varios países de Latinoamérica, aunque se mueve más en España, y antes de asesorar a Petro, también trabajó como el consultor de cabecera de Cristina Fernández de Kirchner en su campaña por el Senado en 2017. Justo ayer, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron en Buenos Aires una pena de prisión de 12 años para la vicepresidenta de Argentina, que es la pena máxima para quienes son acusados de ser “jefes de una asociación delictuosa”.
Los dos fiscales, en presencia de la expresidenta de Argentina, concluyeron que “fue jefa de la asociación ilícita, es decir aquella ‘organización criminal’ que se dedicó a la sustracción de fondos públicos para beneficiar a quien era su socio comercial”, dijeron tras documentar el otorgamiento de hasta 51 contratos amañados a Grupo Austral, del empresario Lázaro Báez, cuyos ingresos crecieron en 12,000% entre 2004 y 2015, época en la que la sustracción de dinero público beneficiaba al matrimonio Kirchner, con quien Báez celebró hasta 18 acuerdos comerciales en el ámbito privado para transferirles los recursos sustraídos en obras de vialidad y movilidad.
Aunque Antoni Gutiérrez-Rubí ha dicho que mantiene comunicación con Cristina Fernández e incluso asesora al actual presidente Argentino, Alberto Fernández, además de su reciente éxito con el ahora presidente Petro de Colombia, habrá que ver si su trabajo y asesoramiento ayudan a Claudia Sheinbaum a vencer la que hasta ahora sigue siendo su principal debilidad; pero lo que es un hecho es que, entre expresiones de “cargada” en Morena, giras abiertas de proselitismo, publicidad que tapiza calles y avenidas de ciudades en toda la República, la jefa de Gobierno parece decidida a jugarse su resto y a convertirse en la candidata heredera del movimiento de López Obrador. Habrá que ver qué dicen al respecto sus corcholatas contrincantes. (Salvador García Soto, El Universal, Nación, p. 10)
Arsenal // Truena Cabeza de vaca contra el “sicario” Nieto
El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, termina su mandato el próximo 30 de septiembre. Se queda sin fuero, como cualquier ciudadano, pero se declara tranquilo. “Los preocupados —revira— deben ser los de Morena. Están señalados de haber recibido dinero del crimen organizado con el tema del señor Sergio Carmona, asesinado en San Pedro Garza García en noviembre de 2021.
“Carmona financió sus campañas. Los dotó de vehículos blindados. Pagó a empresas para que los movieran. Hay bitácoras de vuelo que involucran no sólo a Américo Villarreal, sino a Mario Delgado. El hermano del señor Carmona está en Estados Unidos y es testigo protegido”, subraya.
* La FGR acusó a García Cabeza de Vaca de lavado de dinero y delincuencia organizada. La mayoría de Morena en San Lázaro lo desaforó, pero la Suprema Corte de Justicia dio marcha atrás y dejó claro que son los congresos locales los que tienen la última palabra en caso gobernadores, alcaldes y diputados locales. La Corte invalidó también la orden de aprehensión que un juez libró en contra de García Cabeza de Vaca y le conservó el fuero, pero esa inmunidad cesa con el término de su periodo, en un mes nueve días. (Francisco Garfias, Excélsior, Nacional, p. 4)
La respuesta más certera desde el ámbito oficial a la inverosímil investigación sobre el caso Ayotzinapa que encabezó el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, la dio el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, quien en Twitter sostuvo que rechazaba “la versión absurda de haber participado en una reunión para fraguar la verdad histórica; ojalá quienes llevan las investigaciones detengan a quien hizo daño a los jóvenes, en lugar de arruinar vidas y reputaciones de los que sí hacemos algo por nuestro país todos los días”.
Tiene toda la razón: la Comisión investigadora se sacó de la manga una investigación política que no castiga a quienes han hecho daño a los jóvenes y parece empeñada en arruinar vida y reputación de quienes sí han combatido a los criminales. Que Claudia Sheinbaum le haya dado todo el respaldo a su secretario de Seguridad es una demostración, además, de los conflictos internos y las divisiones sucesorias que comienzan a vislumbrarse en el equipo gubernamental, proceso al que no es ajena esta investigación con resultados tan controvertidos y conclusiones tan desaseadas.
El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que unos días atrás había dicho que no apoyaba la incorporación de la Guardia Nacional a la Defensa, aceptó que los jóvenes desaparecidos en 2014 están muertos, anunció un crimen de Estado que no pudo comprobar y decenas de órdenes de aprehensión contra políticos, policías y militares que supuestamente participaron en esos hechos, sin estar respaldas por hechos.
La primera detención fue la de Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República, acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia. Dos de esos delitos, el de tortura y desaparición forzada, no estaban legislados cuando se dieron los hechos. No puede ser procesado por ellos.
Segundo, no hay testimonio alguno que muestre o indique que Murillo ordenó o participó en torturas, menos aún que ordenó la desaparición forzada de alguien. La PGR atrajo el caso varios días después de que sucedieron los hechos.
Se habla de una reunión en la que se concertó, según un exfuncionario que trabajó con Tomás Zerón y que se convirtió en testigo protegido de la actual FGR, la llamada verdad histórica. No hay una sola prueba que respalde esos dichos. Uno de los supuestos participantes, García Harfuch, incluso estaba en tareas oficiales en Michoacán en esas fechas. Esas reuniones eran tan periódicas entonces como lo son ahora. Asegurar que allí se fraguó un complot es ridículo. (Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, Nacional, p. 8)
Hace ocho años, cuando, según el gobierno de López Obrador, la Procuraduría General de la República (PGR) llevó a cabo una operación para encubrir la verdad sobre la ejecución y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el procurador todavía dependía jerárquicamente del Presidente. Jesús Murillo Karam tenía jefe. Se llamaba Enrique Peña Nieto.
Hoy, Murillo está detenido por los delitos de tortura, desaparición forzada y obstrucción en la administración de la justicia. La pregunta es qué tanto sabía Peña de la acción concertada del Estado para mentir e, incluso, si dio la orden de que se llevara a cabo dicha operación a fin de terminar con el enorme escándalo que se estaba generando en la opinión pública nacional.
Ayer, el Presidente exhibió un video donde aparece el fiscal general de la República explicándoles el caso a los padres de las víctimas. Dice Alejandro Gertz Manero:
“Frente a la magnitud de los delitos cometidos el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala, el Ejecutivo federal en ese momento intentó soslayar la responsabilidad del Estado mexicano ante un crimen desmesurado y brutal, y trató de adjudicarle la culpabilidad total de los hechos a las autoridades del estado de Guerrero y a sus policías municipales, que eran parcialmente responsables…”.
Si, como asegura Gertz, el Ejecutivo federal fue el responsable, naturalmente uno se pregunta cuál fue la participación del jefe de este poder, es decir, Peña. Ayer se lo preguntaron a AMLO. El Presidente, sin embargo, se salió por las ramas. Dijo que, de acuerdo a las propias declaraciones de Murillo en ese momento, la responsabilidad de la investigación ficticia la asumieron el procurador y el jefe de la Policía Ministerial, Tomás Zerón. (Leo Zuckermann, Excélsior, Nacional, 9)
A Jesús Murillo Karam se le acusa de tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de la justicia. Se le decretó “prisión preventiva justificada”, por lo que se le ha empezado a castigar con cárcel antes de ser juzgado. La audiencia de vinculación a proceso apenas tendrá lugar este 24 de agosto. “Se derrotó la presunción de inocencia”, comentó Murillo, lo cual provocó el enojo del juez.
Podemos suponer que este miércoles la Fiscalía General presentará pruebas para mostrar que Murillo ordenó o permitió las torturas que supuestamente se aplicaron a los detenidos del caso Iguala. La tortura es un delito y, si realmente se cometió, los responsables deben ser castigados. El que un agente torture, sin embargo, no significa necesariamente que sus superiores estén enterados o lo hayan ordenado. Esto habrá que probarlo.
Acusar al ex procurador de “desaparición forzada” equivale a decir que participó en el secuestro de los normalistas o lo ordenó. Esto no solo es inverosímil, sino que hasta la fecha no hemos visto ya no digamos pruebas sino siquiera indicios.
La acusación por delitos contra la administración de justicia parece derivar de la llamada “verdad histórica” que presentó para explicar lo ocurrido en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. El informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa afirma que la verdad histórica fue “una acción concertada desde el aparato organizado del poder”. Los “enlaces operativos para desarrollar la investigación” incluyeron, entre otros, al almirante Marco Antonio Ortega Siu, jefe de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina, al almirante Eduardo Redondeo Arámburo, jefe de la Unidad de Inteligencia, y a Omar García Harfuch, entonces comisario de la Policía Federal en Guerrero y hoy secretario de Seguridad de la Ciudad de México.
El informe dice que la verdad histórica “fue adoptada durante una de las reuniones del gabinete realizada en la Oficina del Presidente de la República. En esta, prevalecen contradicciones, rupturas argumentativas y vacíos narrativos que acreditan abuso de poder, que derivó en el entorpecimiento en los procesos de búsqueda y de las investigaciones, generando vicios y deficiencias que obstaculizaron el acceso a la verdad y la justicia”. No señala cuándo se realizó la reunión ni quiénes asistieron, pero la Fiscalía sí dice que uno de los participantes fue García Harfuch, a lo que este respondió en Twitter: “Rechazo la versión absurda de haber participado en una reunión para ‘fraguar la verdad histórica'”. (Sergio Sarmiento, Reforma, Opinión, p. 10)