Y al final, Alito se quedó solito (La Jornada, Contraportada)
QUE NADIE se vaya con la finta: la salida de Sebastián Ramírez como vocero de Claudia Sheinbaum no es por la contratación de Antoni Gutiérrez-Rubí. En realidad es un movimiento electoral de la jefa de Gobierno de cara al 2024.
EL AHORA ex funcionario renunció porque Sheinbaum lo va a imponer como dirigente de Morena en la Ciudad de México. Si bien Ramírez no tiene una experiencia de operación política importante, forma parte de un grupito de jóvenes morenistas que han encontrado en el marketing digital una auténtica mina de oro. Son de los que creen que ganando la discusión en las redes sociales se ganan las elecciones.
LUEGO del descalabro que se llevó Morena el año pasado en la capital, a Sheinbaum le urge encontrar la fórmula para volver a echar a andar la aplanadora, pues su gestión ha perdido muchos de los votos que ganó en 2018 AMLO.
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NO ESTÁ CLARO si Ricardo Sheffield trae pleito personal con Aeroméxico o si está atacando a la aerolínea por instrucciones de alguien. Pero lo que es un hecho es que al procurador del Consumidor se le va el avión en lo que se refiere al debido proceso.
Y ES QUE, en su andanada contra la empresa, Sheffield ha dicho que “cree”, “supone” o “imagina” que Aeroméxico hace “chanchullo” en la manera en que mide la puntualidad de sus vuelos. Lo más grave es que un funcionario federal anda diciendo muy quitado de la pena que Aeroméxico ¡inventa sus cifras!
¿SE DARÁ cuenta del daño que le puede hacer a una empresa que cotiza en bolsa por acusarla sin pruebas de falsificar información? A veces a los morenistas se les olvida que son gobierno y no activistas.
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EL DEBATE que viene sobre la prisión preventiva, sin duda, será una de las batallas más trascendentales de la Suprema Corte de Justicia. Lo que debía ser una herramienta del Ministerio Público terminó convirtiéndose en la macana del Poder Ejecutivo.
EL USO que ha dado la 4T a la prisión preventiva pervirtió el recurso de tal forma que es usado para llenar cárceles y amenazar a opositores, pero no para mejorar el sistema de justicia. Y eso lo dicen ministros, juristas, expertos, académicos y, sobre todo, víctimas de este abuso del poder. No se trata sólo de personajes de alto perfil político o delincuentes de cuello blanco, sino personas que podrían haber seguido sus procesos en libertad, pero sin haber sido declaradas culpables siguen tras las rejas.
ADEMÁS, el abuso de la prisión preventiva ha propiciado la mediocridad del Ministerio Público, dado que no tiene que demostrar con evidencias y pruebas sus acusaciones. Y justamente la reforma penal lo que buscaba era, entre otras cosas, contar con fiscales que realmente investigaran y no sólo que consignaran. (Fray Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 8)
Se desmarca Elba Esther de su yerno
Donde las cosas no van bien es en el clan de la maestra Elba Esther Gordillo. Nos aseguran que hay un fuerte distanciamiento entre doña Elba y su yerno, Fernando González Sánchez, quien ayer anunció que pone el Movimiento Nacional Progresista, que él lidera y que asegura posee un músculo de 15 mil simpatizantes, al servicio de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para apoyarla en su carrera rumbo a la Presidencia de la República. Nos dicen cercanos a la profesora Gordillo que ella se ha desmarcado de González Sánchez, les parece irónico que él ofrezca apoyo a doña Claudia cuando no tuvo la capacidad de movilización para mantener el registro de su partido, Redes Sociales Progresistas, hoy convertido solo en un movimiento.
¿Preparan destape de corcholata oficial para Veracruz?
Nos comentan que el gobierno de Veracruz se alista para echar la casa por la ventana en dos semanas. Con bombo y platillo se ha comenzado a anunciar la realización del Congreso de Energía 2022, foro a celebrarse del 7 al 9 de septiembre próximos. En el acto se espera la participación de las voces más importantes del sector público privado y académico en la materia. Nos hacen ver que el congreso será presidido por el gobernador, Cuitláhuac García, quien estará acompañado por la secretaria de Energía, Rocío Nahle. Con lo adelantados que están los tiempos políticos, hay quien considera que este acto está pensado y diseñado para el lucimiento de una corcholata a la que le urge destaparse para la gubernatura de la entidad.
Osorio no puede ver a Alito
El coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, no puede ver al presidente de su partido, Alejandro Moreno. Y no, no se trata de una figura, sino que efectivamente no quiere verlo. Ayer, la coordinación del PRI distribuyó imágenes de la reunión plenaria que los senadores del partido tricolor realizaron de manera muy discreta y sin convocar a la prensa en Mérida, Yucatán, y en ellas, nunca aparece Osorio Chong cuando “Alito” Moreno estuvo presente y dio su mensaje a la bancada. De todos es conocida la postura del exsecretario de Gobernación sobre la urgencia de que Moreno renuncie al cargo de presidente del tricolor, y tal parece que no lo puede ver ni en plenaria.
Rechaza presidenta del Senado uso de tómbola para sucederla
En la batalla que libran radicales contra conservadores de Morena por quedarse con la presidencia del Senado, nos dicen que la actual presidenta de este órgano legislativo, la morenista Olga Sánchez Cordero, ha preferido mantenerse al margen del fuego amigo entre los aspirantes de las dos facciones de su partido que pelean por esa posición. “No tengo candidatos”, nos dicen que repite doña Olga cuando alguien le pregunta a quién apoya para que la sustituya. También ha dejado claro que el método de selección debe ser por votación y no por medio de la tómbola que propone el senador Gabriel García, uno de los aspirantes con menos posibilidades. “Yo votaré por quien genere consenso, pues se tienen que valorar los perfiles y no dejarlo a la suerte”, señala la ministra en retiro. Ya se verá si no es necesario que el nombre de quien ocupe esa relevante posición en el Poder Legislativo acabe saliendo voceado por un niño “gritón” de la Lotería Nacional. (El Universal, Nación, p. 2)
Que como continúa el jaloneo en la bancada morenista en el Senado para elegir al nuevo presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta Mier está “valorando” en aras de la unidad la posibilidad de no postularse y de hecho llamó la atención que el monrealista asistió al informe de actividades de su contrincante en esta competencia, José Narro Céspedes, mientras que el líder de la bancada, Ricardo Monreal, insiste en que ha sido una negociación complicada tanto con la mayoría como con el llamado bloque de contención.
Que por cierto, después de su fallida incursión a Palacio Nacional la semana pasada, José Narro Céspedes por fin consiguió anteayer entrar a ver a Andrés Manuel López Obrador en busca, aunque intentó maquillar sus planes, de conseguir la bendición para que lo respalde en sus intenciones de ser el relevo de Olga Sánchez Cordero en el Senado, si bien ayer de nuevo surgió la versión de que un candidato más neutral, como Higinio Martínez, puede desenredar el tema.
Que el esperado choque entre los diputados de Morena y el presidente del INE, Lorenzo Córdova, durante el parlamento abierto sobre la reforma electoral se quedó en un intercambio de opiniones y hasta de algunas bromas, aunque al abordar el tema del presupuesto del organismo para el año entrante mantuvieron posiciones irreconciliables, pues los legisladores de la mayoría insistieron en cuestionar el gasto del árbitro electoral y justificaron los recortes de año con año, mientras que el funcionario les recordó que al menos una cuarta parte de los recursos solicitados es para los partidos.
Que hablando de diferencias en la Cámara, la oposición acusó de desacato al fiscal de Campeche, Renato Sales, quien compareció por escrito ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior por el “robo” de un equipo de espionaje durante su gestión como titular de la Comisión Nacional de Seguridad, y exigió sancionarlo con la inhabilitación. El funcionario alegó en papel y video que la comisión no está facultada para requerirlo. (Milenio Diario, Al frente, p. 2)
Le falla al ‘brother’ de Alito
Resulta que el “brother” de Alito le falló. En la polémica cancelación de la comparecencia ayer del fiscal de Campeche, Renato Sales Heredia, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, dijo que “no hay nada, todo fue ilegal, el acuerdo se tomó en una sesión sin quórum”. Lo que pasa –dijo– es que “el amigo, el “brother” de Alito, Pablo Angulo, presidente de la Comisión de Vigilancia, quiso quedar bien con su exjefe, quien le ha tutelado toda su carrera política”. Estimó que “en honor a esa amistad que tienen, a ese cariño y aprecio recurrió a esta práctica… pero le falló”.
Apodo con tinte cubano
El presidente López Obrador señaló que, aunque la oposición lo use de forma despectiva, para él el término corcholata no tiene ese sentido, pues más bien lo copió de uno de sus tótems, Leandro Rovirosa, exgobernador de Tabasco y secretario de Estado, y quien precisamente sacó el término porque en una ocasión Raúl Castro, entonces presidente de Cuba, lo denominó “el destapador”, así que el apodo de la 4T tiene un toque cubano.
Firmas contra la impunidad
Este miércoles se entregarán más de 33 mil firmas de apoyo, reunidas a través de la plataforma Actívate, para exigir justicia tras el asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en la comunidad de Cerocahui, municipio de Urique, Chihuahua, el pasado 20 de junio. La queja principal es porque, a dos meses del triple crimen, el responsable, José Noriel Portillo Gil, el Chueco, sigue libre. Las firmas se entregarán este mediodía en la sede de la Secretaría de Gobernación y en la Fiscalía General de la República.
El matiz del canciller
“Probablemente Hugo a lo que se esté refiriendo es a que no se cumplió el objetivo más allá (de) México”. Con esta declaración, el canciller Marcelo Ebrard le corrigió la plana al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, después de que criticó al mecanismo Covax. Según el secretario de Relaciones Exteriores y aspirante presidencial, el gobierno mexicano ya llegó a un acuerdo con el que el país va a recibir 10 millones de dosis pediátricas anti-Covid.
Qué coincidencia…
El ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, le hizo segunda a López Obrador al criticar que “se sigue arrastrando una justicia profundamente injusta”, ya que hay muchas personas que siguen en prisión sin tener una sentencia. Según Zaldívar, este no es problema de los juzgadores, sino de fiscales, peritos y policías en todos los niveles de gobierno. En ese sentido, pidió a todas las instituciones trabajar en conjunto para defender a los más pobres del país.
Osorio, en la “mirilla” del tricolor
Trascendió ayer en las solitarias oficinas del CEN del PRI de Insurgentes Norte, que indignó al equipo de Alito Moreno la “grosería” del coordinador de los senadores, Miguel Ángel Osorio Chong, al presidente del partido en Mérida. Dijeron que fue una “grave descortesía” que “afecta la imagen del partido”, haber abandonado el salón donde se realizaban los trabajos de la reunión plenaria justo cuando arribó el dirigente. Los más cercanos al grupo de la dirigencia aseguran que “Osorio ya está apuntado con la mirilla, se va a buscar la forma de relevarlo de la coordinación”.
Coyuntura judicial
Ahora que los casos de conocidos políticos que entran o salen de prisión preventiva (Jesús Murillo y Rosario Robles) están en los reflectores, se ha traído a colación la pertinencia de mantener vigente esta medida cautelar, pese a los cuestionamientos de especialistas. En este contexto, el ministro Luis María Aguilar tuvo a bien someter a análisis de la Corte un proyecto que invalidaría artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley de Seguridad Nacional, relativos a la prisión preventiva oficiosa, por considerarlos inconstitucionales. La medida, en teoría, impediría violaciones a derechos humanos y al principio de presunción de inocencia. (Confidencial, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 33)
Rosa Icela lidera el grupo
A la cabeza del grupo de trabajo que el presidente López Obrador creó para reformar al ISSSTE, quedó la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez. Pero no es todo, pues también la funcionaria tiene la nueva encomienda de atender el equipo para liberación de presos en grado de vulnerabilidad, sin contar con que está en marcha la reestructuración de la dependencia que encabeza, que incluye el tema de justicia que antes estaba en la Secretaría de Gobernación. Eficiencia, le llaman.
Sheinbaum realiza enroque
Movimiento estratégico realizó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, al impulsar a Sebastián Ramírez como dirigente de Morena en la CDMX, lo cual se concretará a finales de mes. En tanto, en la coordinación de Comunicación Social, que Ramírez deja vacante, queda Paulina Silva, una joven con amplia trayectoria en medios de comunicación y gobierno.
Plenaria, con corcholatas
Es un hecho que en la, plenaria de los diputados federales de Morena, habrá desfile de corcholatas. Asistirán Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, quien por cierto inaugura la reunión. También irán Rosa Icela Rodríguez, Tatiana Clouthier, Rogelio Ramírez de la O, Germán Martínez Santoyo y, por supuesto, el dirigente Mario Delgado.
Se lleva a la bancada a Puebla
Por cierto, nos cuentan que tras la plenaria de los diputados morenistas, su líder parlamentario, Ignacio Mier, se va rumbo a Puebla, donde el sábado rendirá su informe de labores. No va sólo: la mayor parte de la bancada se va con él para estar presente en su evento, en el que también, nos explican, lo arropará en su aspiración de ser candidato de Morena a gobernador del estado.
El yerno quiere mujer candidata
Luego de la activa semana que tuvo la maestra Elba Esther Gordillo, su yerno Fernando González anunció que las Redes Sociales Progresistas, partido que perdió el registro, se transforma en el Movimiento Nacional Progresista. Su idea es apoyar “sin recato alguno, la continuidad de la revolución social que inició en 2018”. Y respaldarán a una mujer como candidata presidencial. (El Heraldo de México, La Dos, p. 2)
Truena la bancada
Y el que tiene que actuar, y pronto, nos comentan, es el líder de la bancada del PRI en el Senado Miguel Osorio Chong. Y es que durante un encuentro de los integrantes de la fracción parlamentaria tricolor en el Senado, a la llegada del líder nacional de su partido, Alito Moreno la bancada se partió. De 13 legisladores que conforman la bancada, ocho participaron en el encuentro con su dirigente en Mérida: Beatriz Paredes, Mario Zamora, Claudia Anaya, Carlos Aceves, Manuel Añorve, Jorge Carlos Ramírez Marín, Verónica Martínez y Ángel García. Pero resulta que quienes de plano, según se aprecia, no lo quieren ver ni en pintura, son: precisamente Osorio Chong, líder de la bancada, y quienes piensan igual que él, como Claudia Ruiz Massieu, Sylvana Beltrones, Nuvia Mayorga y Eruviel Ávila, que ayer prefirieron salir a caminar al Paseo Montejo. Uf.
Hasta un amparo
Y resulta que quien hasta un amparo buscó tramitar para no comparecer ante la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados fue el fiscal de Campeche, Renato Sales. Con eso, nos comentan, legisladores principalmente del PRI, se quedaron con las ganas de escuchar lo que pudiera explicar sobre el robo de equipo de espionaje cuando el ahora funcionario campechano fue Comisionado Nacional de Seguridad, institución en la cual la Auditoría presume un daño por más de 800 mdp. El citatorio, nos recuerdan, se lo habían recetado a Sales en medio del choque que mantiene Morena contra el líder del PRI, Alejandro Moreno. En los argumentos de su amparo, nos comentan, Sales cuestionó la procedencia del citatorio, pero no se lo aceptaron. Ahora los legisladores plantados declararon el incumplimiento del fiscal, y alistar escalar el choque. Agárrense.
Ceses de ¿telenovela?
Y fueron dos exfuncionarios del Gobierno de Tabasco quienes, tras expresar su apoyo a las aspiraciones de la Jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum fueron dados de baja. Se trata de Sheila Cadena Nieto, hasta ayer secretaria de Desarrollo Energético, y Francisco Sánchez Ramos, ahora excoordinador estatal para la Regulación de la Tenencia de la Tierra. El pecado de ambos habría sido expresar el pasado domingo en sus redes sociales su apoyo a Sheinbaun, un día en el que hicieron lo propio la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y el hermano del Presidente, José Ramiro López Obrador. Dicen los que saben que la decisión tajante del gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, de cesar a ambos colaboradores, fue para dejar claro que no se puede andar expresando apoyos a destiempo y desde posiciones de poder o que el corazoncito de todos en su administración late por otras personas. Como sea, el mandatario estatal pidió que su decisión de echarlos no sirva para “hacer telenovelas”. Uf.
Efectos de un buen operativo
Nos recomiendan echarle un ojo a las cifras que ayer dio a conocer el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México sobre el tema de los montadeudas. Y es que los números revelan el éxito del operativo realizado el miércoles de la semana pasada por la SSC para desmantelar una red dedicada a extorsionar telefónicamente mediante préstamos ilegales. A raíz del operativo, los reportes se incrementaron en 54 por ciento, al pasar de 48 a 74 cada día en promedio. Lo anterior quiere decir que la acción de la autoridad contra los call centers irregulares animó a los ciudadanos a reportar los abusos de que han sido objeto por parte de las mafias dedicadas a esta actividad. Acciones contundentes como la de la semana pasada ayudan a que se recupere la confianza en las instituciones, nos dicen.
Discusión relevante en la SCJN
Asunto relevante, nos comentan, el que el próximo jueves discutirá la Corte: la convencionalidad o no de la prisión preventiva oficiosa. Por lo pronto, la propuesta de quien será ministro ponente en el tema, Luis María Aguilar, va en el sentido de declarar inconstitucional esa medida, pues implica efectos perjudiciales tanto para quienes se aplica, como para el propio sistema de justicia. Lo anterior porque, se detalla, la prisión preventiva contraviene la presunción de inocencia y el principio de proporcionalidad, e implica la aplicación de penas anticipadas, desproporcionadas y arbitrarias que vulneran los derechos fundamentales. Para que el proyecto sea avalado es necesario que ocho ministros se expresen por la inconstitucionalidad. Hasta junio de este año, en México había 226 mil 916 personas en prisión, de las cuales 92 mil 595 se encontraban sin sentencia. En ese dato habría un cambio inmediato, nos hacen ver.
Mejor que no sea ejemplo
Y fue el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, quien participó en la entrega del Premio Estatal de la Juventud, en el cual buscó, nos comentan, dar un mensaje inspirador: que nunca pensó ser presidente municipal ni gobernador, pero Dios lo puso en ese camino para ayudar. “Yo les digo a los jóvenes hoy por hoy no se rindan, luchen, trácense metas; esfuércense, disciplina y preparación y cuando lleguen al éxito sean las mismas personas con humildad ante todo”, dijo a los jóvenes antes de pedirles que le echen ganas y luchen por sus objetivos. “Lo que ustedes quieran ser, háganlo y vuelvo a repetir, si yo llegué, ustedes también pueden”. La entidad que gobierna Blanco es la sexta más violenta del país y el exfutbolista se encuentra entre los 10 mandatarios peor evaluados del país. (La Razón, La dos, p. 2)
Hasta hace un par de meses, la ortodoxia política anunciaba que los republicanos harían trizas a los demócratas en las elecciones legislativas de noviembre próximo en Estados Unidos.
Las expectativas eran de hasta 35 o 40 asientos en la Cámara baja y cinco, o así, en la de senadores.
Pero de pronto llegó Donald Trump y la decisión de la mayoría conservadora en la Suprema Corte de Justicia para eliminar el precedente legal que protegía el derecho al aborto.
En la tradición política estadounidense, las elecciones legislativas que ocurren a la mitad de un periodo presidencial son vistas como un referendo sobre el gobierno en ejercicio y suelen rendir un juicio negativo, reflejado en la pérdida de asientos en las dos cámaras del Congreso.
Este año, sin embargo, los comicios para la renovación de las 435 curules en la Cámara baja y –esta vez– 35 escaños en el Senado, pueden ser alterados, tanto por el predominio de Trump en el Partido Republicano, como por los percibidos excesos de gobiernos estatales de esa filiación para limitar o de plano prohibir el derecho al aborto.
De entrada, la continua y central presencia de Trump en las noticias, tanto por sus problemas legales, como por su influencia en la selección de candidatos republicanos al Congreso, puede ciertamente galvanizar a sus seguidores.
Pero su figura en la atención pública es un arma de dos filos para los republicanos, porque igual puede provocar una reacción contraria y excitar a la izquierda y los demócratas en su contra.
El reciente cateo de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) en la residencia de Trump, en Mar-a-Lago, acentuó en principio su imagen de víctima del sistema, aunque también podría poner un impedimento legal a su intención de buscar de nuevo la Presidencia en 2024.
El domingo, una encuesta de NBC News mostró que gracias a lo que presentó como “invasión” de su casa, el magnate reforzó su control sobre los republicanos y su posición frente a sus presuntos rivales por la candidatura presidencial de ese partido, como los gobernadores de Florida, Ron DeSantis, y de Texas, Greg Abbott, o el exvicepresidente Mike Pence.
En lo que se refiere directamente a la elección legislativa, la mayoría de los aspirantes favorecidos por Trump no sólo apoyan la idea de que hubo fraude en las elecciones de 2020, sino favorecen posiciones sociales extremas, del derecho a portar armas a la prohibición de la interrupción del embarazo.
No obstante, el aborto es una piedra de toque en lo que se refiere a los derechos de las mujeres, y puede convertirse en un poderoso lema electoral.
Por el momento, al menos esos debates, superan de lejos a lo que los republicanos esperaban fueran los temas electorales: la situación de la economía, las acciones del gobierno en torno a la pandemia de COVID-19 o el accidentado retiro de tropas de Afganistán y los problemas de control migratorio.
Y Trump y el aborto son su problema. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Orbe, p. 27)
Hasta las guerras tienen normas en el mundo para limitar los conflictos armados mediante tratados internacionales, pero en México los frentes políticos en movimiento rompieron todos los valores entendidos y pactos escritos y no hay quien los pare en la feroz disputa por el poder.
Ahora sintió la refriega Renato Sales, quien en días pasados usó todo el power que le da la Fiscalía de Campeche para ir por la cabeza de Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, quien aunque toda su vida se ha dedicado a la política se hizo de una riqueza inexplicable, que no corresponde a su salario devengado en más de 25 años de trabajo público.
El fiscal que allanó la mansión de Moreno en Campeche para comprobar los materiales del baño y quien fue captado bailando El rugido del Jaguar, canción para acompañar al sexenio de Sansores, por qué no ahora está siendo puesto contra la trinchera al revivir el presidente del PRI unas cuentas pendientes que se congelaron después de que a Sales le torcieron la mano para alinearse a la 4T.
Rápido la historia se cuenta así: fue el último jefe de la Comisión Nacional de Seguridad en la segunda mitad del gobierno de Peña Nieto y criticó la “destrucción” de la Policía Federal para constituir la Guardia Nacional, pero Sales bajó la voz cuando recibió el mensaje del nuevo gobierno sobre el inicio de una investigación en puerta por el robo en 2015 de un equipo para espiar y parece que le sacaron provecho al equipo de tecnología.
La denuncia en su contra parte de las pruebas presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por un desvío de 807 millones de pesos en la compra de un software realizado por la extinta Policía Federal Preventiva y cuando él estuvo al frente de la Comisión Nacional de Seguridad.
Moreno había asegurado en mayo que todos los audios donde se le muestra de cuerpo entero se obtuvieron y manipularon con un sistema de espionaje, que jamás se entregó a la PFP y que “se robó” Renato Sales Heredia, por lo que con los mismos indicios que sirvieron en su momento al lopezobradorismo para someter al hoy fiscal de Campeche, ahora el PRI usa todo el poder que la da la presidencia de la Comisión de Vigilancia de la ASF, misma que por cierto era de Movimiento Ciudadano, pero que en la etapa del PRIMOR aceptó Morena cederla en su exaliado tricolor.
En uso de todas sus facultades como presidente, Pablo Angulo, incondicional de Moreno, citó a comparecer a Sales para que rinda cuentas del desvío de 800 millones y el destino del aparato de espionaje. El fiscal de Campeche se puso nervioso, se amparó, un juez le negó la solicitud y ayer decidió mandar un escrito como comparecencia que no sirve de nada, una figura no contemplada en la Ley del Congreso, por lo que ahora el PRI va por la inhabilitación de Renato Sales.
UPPERCUT: Una cosa queda clara en medio de la guerra Alito vs Sales: La ASF de David Colmenares se convirtió en un florero (o de qué sirven las auditorías); que se sigue usando la justicia como moneda de cambio y que al igual que el narcotráfico, cuando los grupos rompieron los pactos de familia, hoy la clase política atiza con el uso faccioso de las instituciones. ¡Pobre adversario que no tenga nada de eso a su alcance! (Alejandro Sánchez, El Heraldo de México, País, p. 9)
Cuatro de cada 10 personas que están en prisión son, para la Constitución, inocentes. No se les ha dictado una sentencia condenatoria.
La mayoría está ahí por esa figura condenada por organismos internacionales y tratados de los que México es parte: la prisión preventiva oficiosa. Ese ha sido el truco de la procuración de justicia mexicana para castigar sin sentenciar, para joder sin enjuiciar, para investigar después de encarcelar. Para torturar y chantajear.
No es nuevo, por supuesto. Cuando llegó el nuevo sistema de justicia hace unos años escuchamos a procuradores y gobernantes hablar de la “puerta giratoria” con tal de aumentar el catálogo de delitos que ponen a la gente en prisión años, muchos años, sin ser juzgada. Todos los estudios señalan, por ejemplo, que esa modalidad afecta siempre a los más pobres, impedidos de tener abogados que utilicen las vías del sistema con eficacia para impedir la arbitrariedad.
Pero nunca se había aumentado el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa como en este sexenio. Ha sido una petición del Presidente cumplida por sus legisladores.
La razón es porque, como tantas cosas con Andrés Manuel López Obrador, sirve a su narrativa expresada cada mañana. Lo hemos escuchado varias docenas de veces —creo que no me equivoco en el número— presumir cómo solo con él en Palacio Nacional la corrupción y otros delitos ya son “delito grave”. Lo que quiere decir siempre que habla de eso es de la prisión preventiva oficiosa. Es decir, encarcelemos y luego averiguamos.
La Suprema Corte discutirá los próximos días dos proyectos que por diferentes vías terminarían con la prisión preventiva oficiosa. Uno del ministro Luis María Aguilar y el segundo de la ministra Norma Piña. Sabemos que el ministro presidente, Arturo Zaldívar, y un par más también consideran la modalidad una aberración. Pero se necesitan ocho votos.
Terminar la oficiosa no terminaría la prisión preventiva, nada más que ahora las fiscalías tendrán que argumentar por qué necesitamos tener a alguien en prisión mientras es juzgado, es decir, mientras se le presume inocente. Y se tienen varias modalidades para que el acusado no huya. Hay que chambear y usarlas. (Carlos Puig, Milenio Diario, Al frente, p. 2)
Ayer hubo quienes se escandalizaron porque reiteré que la oposición hará que el candidato de López Obrador gane las elecciones presidenciales de 2024.
Esto lo he sostenido desde que esa oposición decidió convertirse en aliada electoral de la 4T, incapaz que ha sido de construir un candidato y formar un frente único que sería la única forma de competir.
Pero no. Sigue anclada en sus pequeñeces y pugnas internas, anteponiendo su subsistencia y acceso al financiamiento público, a levantar un proyecto de Estado.
¿Cómo entender, si no, que a un año de que inicie el periodo electoral, cuando en el oficialismo llevan promoviendo a cuatro precandidatos, Adán Augusto López Hernández y Claudia Sheinbaum, a otro nivel Marcelo Ebrard, y por la libre Ricardo Monreal, siendo el propio López Obrador el jefe de este proceso, los dirigentes de la oposición se limiten a flotar para elaborar las listas de candidatos a legisladores federales y locales, nueve gobernadores y unos mil 500 alcaldes?
Porque saben que ese es su alcance, algunos plurinominales, quizá algún gobernador, que no dan para competir por la Presidencia de la República, y por eso se han reducido a garantizar su subsistencia.
Ayer al presentar el libro de Luis Estrada, El imperio de los otros datos, en el privilegiado espacio del salón de la Comisión Permanente del Senado de la República, simplemente reiteré lo que he dicho y escrito.
Pero parece que eso alteró a quienes quieren hacer de la opinión un monopolio personal intransferible, como si eso, lo del poder, fuera lo mío y no lo suyo.
Por lo demás, insisto: si no presentan una alianza con un gran candidato, le darán la Presidencia a Morena. (Joaquín López Dóriga, Milenio Diario, Al frente, p. 3)
Desde hace varias semanas he comentado aquí que la oposición se estaba equivocando con la estrategia de dejar solo al oficialismo en la pista de la carrera presidencial de 2024 bajo la lógica de que no había que “hacer el juego” a Andrés Manuel López Obrador, quien ha adelantado la competencia de la sucesión como no lo había hecho presidente alguno.
En corto, algunos panistas, priistas y perredistas me han confesado que temen que se hagan públicos los perfiles de los aspirantes, porque el gobierno se esmeraría en cortarles la cabeza antes de que despunten en las encuestas.
Esa visión siempre me ha parecido un error por dos razones: primero, porque una candidatura presidencial requiere de un alto nivel de conocimiento entre los ciudadanos; segundo, porque cualquiera que quiera representar a la oposición en la boleta electoral será blanco tarde o temprano de ataques por parte del oficialismo.
Quizá porque esperar el “mejor momento” no tiene sentido alguno cuando las corcholatas llevan un año o más haciendo campaña, distintas figuras de la oposición han comenzado a manifestar su intención de competir en la elección de 2024.
Por cierto, ayer el presidente López Obrador se sintió obligado a explicar por qué llama corcholatas a quienes, según él, tienen posibilidades de sucederlo dentro de dos años. El mandatario dijo que la expresión —“que nuestros adversarios usan de manera despectiva”— se la copió a su paisano Leandro Rovirosa Wade, quien, como miembro del gabinete del presidente Luis Echeverría, hizo pública, en abril de 1975, una lista de posibles sucesores. Eso contó, como si la anécdota, de los tiempos del PRI autoritario, volviera más amable el apodo.
Desde luego, la enorme mayoría de los opositores que se han autodestapado no llegará al final de la carrera. Sin embargo, su anuncio contribuye a crear una discusión donde hasta ahora sólo ha habido monólogo, porque las corcholatas se han limitado a manifestar su lealtad al Presidente, sin atreverse a expresar ya no digamos desacuerdos con la forma de gobernar de López Obrador —eso no lo harán nunca, porque la independencia de criterio equivale a perder la candidatura—, sino incluso ideas propias. (Pascal Beltrán del Río, Excélsior, Nacional, p. 2)
El panista Mauricio Vila, 42 años, no sólo es el gobernador mejor calificado en la mayoría de las encuestas. Es un panista muy sui generis. Habla bien del presidente López Obrador y se declara agradecido con él. Marko Cortés, jefe nacional de ese partido, dice que es una de las mejores cartas que tiene el PAN para la elección presidencial. “Nada más falta que diga ‘voy’ y se empiece a mover”, declaró en una gira de trabajo por Yucatán. Hablamos la noche del lunes con el gobernador de Yucatán. Lo primero que nos llamó la atención fueron los buenos términos que utilizó al referirse al Presidente de la República, algo muy inusual en un opositor.
Tiene motivos para estar agradecido. El Tren Maya es uno. Vila está convencido de que la obra ofrece la oportunidad de jalar hacia su estado a una parte de los millones de turistas que visitan Cancún, Tulum o Playa del Carmen. Hay más: dos centrales termoeléctricas en vías de construcción, la ampliación de Puerto Progreso, la llegada de más gas natural, el Gran Parque La Plancha, el proyecto del nuevo transporte público en Mérida. “Yo le agradezco mucho al Presidente porque creo que ha tratado a Yucatán muy justamente. Siempre nos ha escuchado, siempre hemos tenido la oportunidad de dialogar con él, de explicarle nuestra situación.
“Eso nos ha permitido tener proyectos muy importantes que trabajamos de la mano del gobierno federal. Esa buena relación, fruto del diálogo, ha sido con mucho respeto”. El Presidente visita Yucatán por lo menos una vez por mes para supervisar el proyecto del Tren Maya. “Ha sido justo con Yucatán y, en ese sentido, hay un agradecimiento con él”, reitera.
Según Vila, el Tren Maya tiene el apoyo de un 84% de la población, no sólo de su estado, sino de Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo.
A lo largo de la charla, que se prolongó hora y media, el mandatario se muestra como un hombre comprometido y aterrizado. Le preguntamos sobre sus aspiraciones presidenciales.
“Es temprano todavía para estar viendo esto, sobre todo cuando se tiene la responsabilidad de ser gobernador de un estado”, responde.
Y da razones: “En Yucatán tenemos muchos proyectos pendientes que queremos terminar. Lo más importante es que hoy no se trata de quién quiere, sino de quién puede. Pero también se trata de quién tiene resultados. Creo que, si hoy se habla de la posibilidad, es porque Yucatán tiene resultados. Hay que esperar un poco más, seguir dando resultados, seguir concretando proyectos en el estado y, en su momento, por supuesto que estoy dispuesto a aportar mi granito para que la alianza o el PAN, en su caso, pueda ganar la Presidencia de la República.
“De mi parte es temprano, creo que el partido tiene que seguir corriendo sus procesos. Tiene que ser un candidato que embone bien con la ciudadanía, que lo vean bien el PRI y el PRD, que lo vea bien el PAN. Lo que hoy debemos de hacer todos los que estamos en la alianza es poner nuestras canicas para que ésta crezca y que, cuando haya una candidata o candidato, tengamos más posibilidades de éxito. Si en algún momento resultara que Vila tiene posibilidades, por supuesto que exploraríamos la posibilidad. Pero un tema de que diga yo ya estoy listo y vámonos, no. Tenemos la responsabilidad de dar resultados a los yucatecos; seguir mejorando sus vidas, sobre todo después de los años tan difíciles que hemos vivido con la pandemia. Uno no puede ser gobernador y andar haciendo campaña por todo el país, porque en ese momento estás desatendiendo las necesidades de tu estado”, remató el mandatario. (Francisco Garfias, Excélsior, Nacional, p. 4)
Ayer el presidente López Obrador hizo en la mañanera un largo relato de anécdotas políticas del periodo que más le gusta, el de los años 70, la sucesión de Luis Echeverría, la historia de las corcholatas, del gobernador Rovirosa Wade, que le dio su primer trabajo en el estado. Más allá de que aquellos son tiempos muy lejanos, lo cierto es que mucho de lo que paradójicamente contaba el Presidente para tratar de diferenciar el actual proceso de sucesión de aquél de los años 70, lo que hacía era asemejarlo. Como ocurría entonces, los tiempos de la sucesión adelantada que ha iniciado el propio presidente López Obrador están marcando la toma de decisiones y han recrudecido los golpes bajo la mesa y las decisiones de muchas áreas de gobierno.
El conflicto interno ya está arraigado en el gobierno. El informe de la llamada Comisión de la verdad del caso Ayotzinapa puede haber tenido, con todas sus insuficiencias y su poca verosimilitud, muchas otras intenciones, pero es un engranaje más de este proceso. La insistencia de meter en el tema Ayotzinapa al secretario de Seguridad capitalino, Omar García Harfuch, cuya labor es uno de los puntos más fuertes de la precandidatura de Claudia Sheinbaum, no puede explicarse de otra forma. García Harfuch no participó del caso Ayotzinapa, en ese entonces estaba en Michoacán, pero el subsecretario Encinas, que depende del secretario de Gobernación y precandidato Adán Augusto López, y el fiscal Gertz Manero insisten en involucrarlo. Claudia tuvo que salir a hacer una defensa explícita de su secretario de Seguridad porque, tanto en la investigación como en redes, desde ámbitos del propio oficialismo, atacando a García Harfuch se golpeaba a Sheinbaum.
A eso se le debe sumar que la relación del secretario de Seguridad con quien libra las órdenes de aprehensión, el fiscal Gertz Manero, es sencillamente mala, desde que Omar fue el jefe de la Policía de Investigación, al inicio de esta administración, de donde se fue a trabajar con Claudia, luego de fuertes desencuentros con el fiscal, quien tampoco tiene una buena relación ni con Claudia ni con la fiscal capitalina, Ernestina Godoy. Por cierto, ayer se informó que dos funcionarios del gobierno de Tabasco, la secretaria de Desarrollo Energético y el coordinador de Regularización de la Tenencia de la Tierra, fueron separados de sus cargos porque expresaron públicamente su apoyo a Sheinbaum. (Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, Nacional, p. 10)
Un alto funcionario civil del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador fue lacónico. “Les llegó la realidad”, dijo, refiriéndose a 20 mandos militares y tropas en Guerrero, durante la desaparición y secuela del crimen de los 43 normalistas de Ayotzinapa, a quienes les giraron órdenes de aprehensión. La notificación que hizo la Fiscalía General de la República a la Secretaría de la Defensa Nacional requiriendo a esos elementos fue seguida de la afirmación, temprano, del Presidente de que no encubriría a las Fuerzas Armadas, porque ello no iba en su beneficio, sino las manchaba. En Lomas de Sotelo, trascendió, no lo vieron tan filosóficamente. “Están que trinan”, describió el funcionario.
Debían de haberlo visto venir. Primero, con los señalamientos directos a mandos militares y tropa en el informe preliminar que dio a conocer la semana pasada la comisión presidencial. Segundo, con la actitud del Presidente en la mañanera del lunes, donde él mismo buscó a la muy buena reportera de Proceso, Dalila Escobar, para que fuera ella quien le hiciera las preguntas duras que le permitirían fijar su posición sobre las Fuerzas Armadas. López Obrador les ha dado zanahorias, pero ahora llegó el turno del garrote. Regresaron súbitamente a la postura histórica de López Obrador contra el Ejército. Se puede decir, bienvenidos a la realidad.
El informe dado a conocer el jueves por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, en Palacio Nacional, no tiene aspectos novedosos a lo que presentó el exprocurador Jesús Murillo Karam, cuando declaró “la verdad histórica” –que es un término jurídico–, y menos aun en la exhaustiva investigación de la vieja Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sin embargo, tiene una fuerte contaminación del lenguaje político que llevó a declarar a Encinas –sin que figure en el documento– que fue un “crimen de Estado”, y un énfasis en cargarle la mano al Ejército, y señalar a mandos militares de omisión.
Encinas fue congruente con lo que siempre ha pensado, que el Ejército jugó un papel central en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. En la presentación del informe, no obstante, ignoró la recomendación que le hizo López Obrador cuando le dio luz verde a la difusión del documento, para que se abstuviera de poner en duda la honestidad del Ejército. Encinas sólo hizo un matiz cuando mencionó “aquella Secretaría de la Defensa”, como si la actual estuviera construida sobre bases nuevas.
Fuentes federales señalaron que el secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, se molestó con las declaraciones de Encinas, que también provocaron el enojo del Presidente, quien, sin embargo, no habló con él por la premura de su viaje al norte del país. Se esperaba que lo llamaría a cuentas esta semana, pero, muy propio de López Obrador, optó por acelerar la marcha y afirmar el lunes que su gobierno no iba a cuidar el prestigio de las Fuerzas Armadas, porque éste se lograba actuando con rectitud y sin ocultar nada. López Obrador trató de separar a la institución de las personas, pero la narrativa de que fue el Estado el responsable del crimen dejó en el centro de la imputación política a los militares.
En la narrativa del informe se menciona directamente al entonces comandante de la 35ª Zona Militar en Chilpancingo, el general Alejandro Saavedra Hernández, quien aparece como “enlace operativo” para desarrollar la investigación que, líneas antes, en la crítica a la “verdad histórica”, la detalla como “una acción concertada desde el aparato organizado del poder”. No está claro si una de las órdenes de aprehensión es contra él, pero sí a mandos del 27º Batallón de Infantería en Iguala cuando se cometió el crimen, y del 41º Batallón de Infantería en Teloloapan, creado en octubre de 2018 para reforzar la seguridad en los municipios de la región norte y Tierra Caliente de Guerrero. Lo que sí está claro es que procederán contra generales en activo. Hernández Saavedra es general divisionario y director del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, y el entonces jefe del 27º Batallón, José Rodríguez Pérez, es general brigadier y jefe de Operaciones de la Secretaría de la Defensa.
El informe tiene señalamientos que parten más de conjeturas de los presuntos criminales –muchos de ellos hoy libres– que de una investigación, como el que un número indeterminado de cuerpos de los normalistas fuera enterrado en un lugar no identificado, y que días después un “ingeniero de Chilpancingo” fuera “secuestrado” para desenterrarlos y llevarlos a varios destinos, entre ellos, al cuartel en Iguala. El contenido arroja dudas no resueltas.
Otro botón de muestra tiene que ver con el teniente de Infantería en el 27º Batallón, Francisco Macías Barbosa, cuestionado en el informe por negligencia y violaciones al Protocolo para Militares Desaparecidos. Lo identifican como el jefe inmediato superior de Julio César López Palotzin, un agente infiltrado en la Normal de Ayotzinapa, que le envió su último reporte más de 12 horas antes de la desaparición. La comisión presidencial afirma que lo abandonaron a su suerte al no implementar “medidas contundentes” para coadyuvar a su búsqueda.
No aclara el informe por qué el militar infiltrado en la normal, que se encuentra a 20 minutos de Chilpancingo, reportaba al Batallón en Iguala y no a la 35ª Zona Militar o a la Sección II de Inteligencia en la Secretaría de la Defensa. Tampoco precisa por qué, cuando supieron de la violencia contra los normalistas, tendrían que haber activado de inmediato los protocolos de búsqueda, sin dar el tiempo establecido para proceder. Más allá de las inconsistencias y preguntas no respondidas en el documento, la forma como lo presentó Encinas pintó a los militares como omisos, negligentes y cómplices de haber participado en un crimen.
Encinas crucificó al Ejército ante la opinión pública, actuando en sincronía con el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, quien obtuvo órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares. Las Fuerzas Armadas verán ahora el verdadero talante de López Obrador contra el Ejército. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 36)
La educación en México vive un periodo de oscurantismo medieval en su pensamiento, propaganda dictatorial en sus programas y torpe sequía en su presupuesto. Que no se lea a la ligera: una generación de estudiantes está en altísimo riesgo a consecuencia de las estrategias improvisadas y las acciones desvinculadas que han lastimado la preparación de los estudiantes.
Lo de menos es el escándalo de quién encabeza la SEP, que empezó siendo el pago de cuota empresarial, se volvió trampolín político de una delincuente electoral y ahora es el premio a la lealtad mediocre de quien tiene como único mérito acumular 20 años de cercanía con López Obrador. Así de fácil se gana despachar en el escritorio de Vasconcelos.
Lo grave es lo incómodo que se siente el Presidente con la libertad de cátedra y el pensamiento crítico. Ha detonado conflictos con las universidades públicas y privadas. Desde Palacio Nacional se impulsan libros de texto ideologizados —diseñados como panfleto anticapitalista—, en vez de contenidos de calidad; se prometen programas cargados de valores extraídos de las retóricas dictatoriales de Cuba, Venezuela y Nicaragua; se coquetea con el esoterismo mientras se arrincona la tecnología; y se ordenan evaluaciones “flexibles” para que todos los estudiantes y profesores aprueben.
El desprecio de este gobierno por construir un proyecto educativo no se ha quedado solo en la falta de capacidad para poner en marcha políticas efectivas. A la fecha, la SEP es culpable de un subejercicio de 25 mil millones de pesos que representan casi el 13% del presupuesto total de la dependencia para el periodo enero-julio. Como si la educación no requiriera recursos urgentemente tras el rezago que implicó la pandemia. Nadie sabe qué pasó con ese dinero, ni qué pasará.
Desaparecieron las escuelas de tiempo completo que beneficiaban a los más pobres. El programa de educación indígena también se fue. Aniquilaron el presupuesto para estudiantes con discapacidad. Acabaron con los programas de atención a la población escolar migrante, de convivencia escolar, de desarrollo de aprendizajes significativos de Educación Básica, de formación y certificación para el trabajo, de excelencia educativa, de carreras docentes. También se fueron el programa de expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior y Superior, el de evaluaciones confiables de calidad educativa, el de reconstrucción y el de formación de recursos humanos basados en competencias. Hay recorte y subejercicio de 95% en el programa de desarrollo profesional docente, y el recorte a las escuelas normales las ha dejado casi inoperantes.
Ah, pero la refinería ya costó el doble y no refina, el Tren Maya ya costó 50% más y nadie entiende para qué sirve, y el aeropuertito Felipe Ángeles también salió más caro y nadie lo quiere usar. Esas son las prioridades del Presidente. La educación no está entre ellas.
¿Qué es el sistema educativo obradorista? Una herramienta para el adoctrinamiento político de las juventudes. ¿Qué es la política educativa obradorista? Un modelo de transferencias de dinero a padres y alumnos para volverlos electoralmente útiles. (Carlos Loret de Mola, El Universal, Nación, p. 5)