Determinación. Entre diciembre de 2018 y lo que va de 2002, México interceptó a 77 mil 498 migrantes extranjeros que estaban en manos de redes de traficantes, informó la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz. En ese lapso, se han iniciado 4 mil 707 carpetas de investigación por delitos relacionados al tráfico de personas. Es en este contexto que la Fiscalía propuso una serie de reformas a la Ley de Migración. Y es que, aunque hay repercusiones concretas en lo referente al delito de trata, Gertz enfatizó que se requieren acciones legislativas para tener mejores resultados. Que por el flujo migratorio la FGR prepare una reforma federal para prevenir tráfico ilegal de personas habla de la calidad y altura de la institución. (Excélsior, Nacional, p. 13)
Comentábamos la semana pasada que en vista del gran crecimiento que durante los últimos años han mostrado las remesas que envían los migrantes mexicanos, se podría sospechar que las remesas son utilizadas como un vehículo para lavar dinero.
Algunos han argumentado, sin bases estadísticas sólidas, que una evidencia de lavado es que las remesas recibidas por los hogares receptores son demasiado elevadas y por tanto poco creíbles. No obstante, datos duros calculados por el CEMLA indican que hay 11.1 millones de adultos receptores de remesas y 4.9 millones de hogares que las reciben. Efectuando unos cálculos y usando encuestas, el CEMLA obtiene que, en promedio, la remesa mensual por adulto receptor es de 337 dólares mensuales y de 763 dólares al mes por hogar receptor.
Que un hogar reciba en promedio 763 dólares mensuales de parte de prácticamente dos adultos, luce razonable en relación con el ingreso que percibe un mexicano inmigrante en una ocupación de tiempo completo. Por ejemplo, citando otra vez al CEMLA, en 2021 un trabajador mexicano inmigrante ocupado ganó 46,335 dólares anuales, lo que corresponde a un ingreso de 3,861 dólares mensuales. Ello implica que la remesa mensual de 337 dólares es el 8.7% del ingreso mensual. Comparado internacionalmente, es un monto inferior a la proporción del ingreso que mandan a sus países los inmigrantes de El Salvador, Filipinas, Costa Rica, Honduras y Guatemala. Por ejemplo, el porcentaje enviado por los migrantes de Honduras se ubica en cerca de 30% y entre 35 y 40% el de los guatemaltecos. En esos países la red de apoyo familiar es muy fuerte simplemente porque sus familiares requieren mayores recursos para subsistir. Así, para remitentes mexicanos, ese monto bajo no hace sospechar de operaciones de lavado.
El extraordinario crecimiento de las remesas hacia México en los últimos años se explica porque ante la recesión del 2020 y la crisis, los migrantes se solidarizaron con sus parientes en México, brindándoles apoyo a muchos que perdieron su empleo o que sufrieron caídas en sus ingresos. Pero éste es un logro de la política contracíclica del gobierno de Estados Unidos que apoyó a los hogares (incluidos los migrantes) en 2021 con cheques en montos cuantiosos, y a que la economía se recuperó rápidamente con lo que muchos migrantes recuperaron sus empleos.
Así, es poco probable que a gran escala los cárteles utilicen a las remesas para lavar dólares. Expertos en medición de balanza de pagos calculan que las operaciones irregulares de remesas podrían corresponder a menos de 1% del total. Lo que no se puede descartar es que haya remesas de procedencia ilícita del narcomenudeo, pero es difícil de detectar, porque el ingreso de un narcomenudista es el “sueldo” que obtiene del mayorista, y parte de ese dinero fácilmente lo puede mandar sistemáticamente como remesa a México. ¿Cuánto hay de eso? Difícil saberlo. Se concluye que no se puede descartar la utilización de remesas para lavar dinero, pero en todo caso, correspondería a un monto insignificante en relación con el total de remesas que este año podrían alcanzar casi 60,000 millones de dólares. (Federico Rubli Kaiser, El Economista, El Foro, p. 46)
Aunque muchas veces pasa desapercibida, Guatemala es un país muy importante para la seguridad internacional tanto de México, como de Estados Unidos. Su territorio es un sifón para las redes criminales de migración ilegal, tráfico humano y narcotráfico.
Su complicada geografía, la convierten en el punto ideal para el control de los flagelos antes mencionados, pero sus fuerzas de seguridad se encuentran severamente limitadas por una austeridad draconiana que deriva de la firma de los Acuerdos de Paz de hace más de 25 años.
Esas negociaciones de paz, de 1996, que dieron fin a 36 años de conflicto interno incluyeron limitantes drásticas para sus Fuerzas Armadas.
El Ejército de Guatemala redujo su pie de fuerza en más de dos terceras partes, pasando de 46 mil en 1996, a sólo 15 mil para 2004.
La idea era reducir el tamaño del Ejército guatemalteco, pero equiparlo, modernizarlo y profesionalizarlo, para que llevara a cabo mejor sus funciones de defensa del territorio…
Pero esto no sucedió.
Como parte de los acuerdos, el presupuesto militar guatemalteco también se redujo en dos terceras partes, pasando de 0.99 por ciento de su PIB en 1995 a 0.33 por ciento.
Para comparar, a nivel mundial, el promedio de inversión en las fuerzas militares es de dos por ciento, en América Latina es de 1.2 por ciento y en México es 0.5 por ciento. El del gobierno de Guatemala es uno de los más bajos del mundo.
Como resultado ha perdido una gran cantidad de capacidades: su fuerza aérea no cuenta con los aviones y helicópteros necesarios para llevar a cabo las misiones de apoyo aéreo, transporte y vigilancia; su marina requiere el incremento significativo de buques –tanto en calidad como cantidad– para poder patrullar su zona económica exclusiva y sus fuerzas de tierra carecen de vehículos y comunicaciones adecuados.
Para remediar algunas de estas limitantes, durante la última década, Guatemala forjó convenios –algunos formales y otros no escritos– con sus vecinos más grandes, principalmente México y Colombia, obteniendo cooperación militar, desde entrenamiento e intercambio de información, hasta la vigilancia de su espacio aéreo.
No es secreto que los radares y medios del Sistema Integral de Vigilancia Aérea de México tienen la capacidad de proveer cobertura sobre el espacio aéreo guatemalteco y lo han hecho.
Mientras que con Colombia se estableció un esquema de cooperación que incluía entrenamiento e intercambio de información.
La cooperación militar está cimentada por 1) la necesidad operativa y 2) la voluntad política.
La última es altamente susceptible a los cambios ideológicos y en este momento, el gobierno de Guatemala se encuentra ideológicamente aislado, tanto de México como (ahora) de Colombia.
Recibir abrazos y no balazos ha permitido a los carteles mexicanos crecer de manera sustancial en la región, incluyendo una penetración significativa en Guatemala.
Las medidas del nuevo presidente Gustavo Petro en Colombia prometen una profunda transformación de sus fuerzas militares hacia un “Ejército de Paz” con lo que se espera una reestructura de cooperación con Guatemala.
Estas drásticas reducciones en capacidad son aplaudidas por organizaciones no gubernamentales como un éxito en las políticas posconflicto.
Pero más de 25 años después, las limitantes constituyen un peligro latente, no sólo para la seguridad de Guatemala, sino para toda la región. (Íñigo Guevara Moyano, El Heraldo de México, Orbe, p. 29)