¿Y será que por un millón el espejito le seguirá diciendo: ‘‘sí, tú eres el más democrático’’? (La Jornada, Contraportada)
QUE Alejandro “Alito” Moreno está desesperado por arreglarse con la 4T, es evidente. Lo que no se entiende es por qué en ese camino de sumisión lo siguen Rubén Moreira y el resto de la dirigencia del PRI.
POR SALVAR el pellejo del campechano, los priistas están a punto de dinamitar la alianza opositora hacia las elecciones presidenciales de 2024 y, antes, los cruciales comicios en el Estado de México. ¿Ese es el precio que le puso Morena? El sospechosismo es inevitable al ver cómo se alinean las decisiones, que no las coincidencias.
POR UN LADO surge de la nada una iniciativa priista que le salvaría la cara a la Guardia Nacional, evitando el fracaso de la reforma presidencial en el Senado. En ese sentido, Andrés Manuel López Obrador pasa de criticar a la oposición a apoyar la propuesta del PRI. Y como cereza del pastel de las concertacesiones, Layda Sansores cancela su show semanal para exhibir los audios de “Alito”.
HAY UN SECTOR del priismo -con Miguel Osorio Chong a la cabeza- que ya pintó su raya de las negociaciones en lo oscurito de su dirigente nacional. Pero, inexplicablemente, en San Lázaro le siguen siendo fieles al cada vez más chamuscado Alejandro Moreno.
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DEBATE INTENSO e interesante el que se vio en estos dos días en la Suprema Corte sobre la prisión preventiva oficiosa. El centro de la discusión era un asunto de mucho fondo: ¿un artículo de la Constitución puede ser al mismo tiempo inconstitucional?
HUBO argumentos contundentes. El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena señaló que la prisión preventiva oficiosa atropella y hace inviables derechos fundamentales como la presunción de inocencia.
POR SUPUESTO habrá críticas a la resolución, pero a fin de cuentas, ministras y ministros intentaron cubrir el hueco que ha dejado el Poder Legislativo y los abusos en que ha incurrido el Ejecutivo. El problema sigue siendo que la prisión preventiva oficiosa es el recurso favorito de Fiscalías, que tanto en los estados como a nivel federal no saben o no pueden armar el expediente de un caso; y de autoridades que la usan como garrote o amenaza.
Y ESTO, desgraciadamente, aplica para gobiernos de Morena, PAN y PRI. El Presidente repite y repite: “No somos iguales“, pero en el tema de la prisión preventiva la realidad tiene otros datos.
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ESTE CAPÍTULO de la política nacional se podría llamar “La paradoja con botas”. Como opositor, Andrés Manuel López Obrador criticó que las Fuerzas Armadas participaran en labores de seguridad pública y prometió que él regresaría el Ejército a los cuarteles. Y ahora, como Presidente, el mismo AMLO defiende la militarización de su gobierno y reconoce que ya cambió de opinión porque la inseguridad está durísima. Entonces, ¿Felipe Calderón tenía razón? Es pregunta que nadie en la 4T sabe cómo responder sin hacerse bolas ni echar maromas. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 8)
Los motivos de Alito
Dentro del PRI nos aseguran que su líder nacional, Alejandro Moreno, sí busca librar su proceso de desafuero, y posibles acusaciones penales, que desde el gobierno federal le han hecho saber que vendrían, a cambio de que se apruebe la reforma que permite alargar la presencia de militares en las calles. Ayer, don Alejandro tuvo un encuentro con los integrantes de su bancada en San Lázaro en el que les pidió unidad y que defiendan la presentación de la iniciativa de Yolanda de la Torre con el argumento de que la ampliación del plazo hasta 2028 de los militares en labores de seguridad pública es para garantizar la seguridad de las familias mexicanas. Incluso, nos cuentan, que el líder de los diputados del PRI, Rubén Moreira, tuvo un encuentro con sus homólogos del PAN y del PRD, Jorge Romero y Luis Espinosa Cházaro, respectivamente, en el que les pidió su comprensión para que la alianza se mantenga. PAN y PRD solo tienen dos caminos, nos dicen, ser “comprensivos” con “Alito” Moreno, o dar por terminada la alianza legislativa y electoral con el PRI.
Layda Sansores perderá rating
Quién dice que en la política no hay coincidencias. Mientras en el PRI se propone una reforma constitucional para ampliar hasta 2028 la presencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, casualmente decidió meter freno a la campaña que por semanas ha mantenido en contra del presidente del PRI, Alejandro Moreno, en la que ha revelado conversaciones del priista obtenidas ilegalmente. De plano, doña Layda anunció en su Twitter que después de una “larga reunión con el abogado, hemos decidido no tocar el tema Alejandro Moreno” en el Martes del Jaguar. Vaya sacrificio de la gobernadora, pues esa sección es la que le generaba rating a su programa semanal. Nos hacen ver que, ahora, doña Layda tendrá que ensayar más números de baile, como el que presentó en su informe de gobierno, para compensar y no perder audiencia. Bien vale sacrificar rating por una reforma, nos dicen.
¿A qué regresa la maestra Delfina al Senado?
Nos cuentan que sorprendió a extraños, no a los morenistas, el retorno de la maestra Delfina Gómez al Senado. La virtual candidata al gobierno mexiquense podrá cobrar siete meses de dieta, tendrá fuero y estará muy cerca del senador Higinio Martínez, quien también buscaba la candidatura y que, hoy por hoy, tiene en sus manos la estructura del partido en el Edomex, que requiere la profesora para llegar a la gubernatura. Nos hacen ver que la relación entre senadora y el senador no pasa por su mejor momento y que quizá, estando cerca de don Higinio, doña Delfina logre recomponerla y lograr el apoyo de él. Además, tendrá la tribuna senatorial para hacer precampaña sin que el Instituto Nacional Electoral la pueda frenar. Es ganar-ganar dicen los oficialistas.
Se le incendia el Poli a su director
Nos cuentan que el director del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval, ahora sí está muy preocupado porque se le está incendiando la casa. Nos hacen ver que el caso de las movilizaciones y paros que cada día crecen en el IPN, incluso podría derivar en la salida de don Arturo antes de que concluya su periodo, en 2023. Nos dicen que no son pocas las voces dentro del propio gobierno de la autollamada Cuarta Transformación, que dicen que el director Reyes dejó crecer tanto las demandas de los estudiantes, que ahora el problema se ha vuelto muy complejo de resolver, y, aseguran, que ahora las autoridades politécnicas no saben por dónde empezar a apagar el fuego. (El Universal, Nación, p. 2)
Que no fueron los diputados de Morena, encabezados por Ignacio Mier, sino la bancada verde, liderada por Carlos Puente, la que hizo suya y presentó como iniciativa de ley la petición del canciller Marcelo Ebrard para tipificar el tráfico de armas como delito grave y aumentar de tres a 12 años de prisión la pena correspondiente. No pasa desapercibido que esa bancada recibió con gritos de “¡Presidente!” al canciller la semana pasada, durante las plenarias, por lo que ya son dos veces que muestran sus cartas.
Que hablando del canciller, ayer decía que tiene que haber “urbanidad y cercanía” entre las corcholatas, que él asume como un término “chistoso”, justo en momentos en que sus compañeros de partido, Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal, tuvieron un zipizape cuando el zacatecano acusó a la jefa de Gobierno de grillarlo con el Presidente para “liquidarlo políticamente”, lo que no mereció respuesta de la aludida más allá de la clásica: “no voy a caer en provocaciones”. El senador, por cierto, negó todo coqueteo con la oposición para pensar en alguna candidatura y dijo que la carta que les envió, para agradecerles el voto en el relevo cameral la semana pasada, fue pura cortesía.
Que mientras el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, tiene en vilo a la alianza opositora Va por México, pero mágicamente se quitó de encima a su paisana Layda Sansores, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, va a aprovechar la recta final de su mandato y su cargo de presidente de la Conago para visitar todos los estados, porque además de que ya levantó la mano para ser candidato presidencial en 2024, no le hará gestos a liderar el tricolor “en caso de ser necesario”.
Que Grupo MILENIO tiene el gusto de anunciar la llegada a su barra de opinión de la politóloga Blanca Heredia, quien a partir de este miércoles publica la columna Otra mirada. Profesora e investigadora del CIDE, es doctora en ciencia política por la Universidad de Columbia e internacionalista por El Colegio de México. ¡Bienvenida, Blanca! (Milenio Diario, Al frente, p. 2)
‘Revive el Primor’
‘Revive el Primor’… Esa ha sido la interpretación recurrente luego de que López Obrador le compró su propuesta al PRI de ampliar la presencia militar en labores de seguridad hasta 2028. Una iniciativa que vino ‘como anillo al dedo’ al mandatario, ante las complicaciones que enfrentaría en el Senado su plan de pasar la Guardia bajo control de Sedena. La idea del Primor revivido creció cuando AMLO sugirió al priismo ‘divorciarse’ del conservadurismo y, más aún, cuando la góber campechana, Layda Sansores, anunció que dejará de tirar metralla contra Alito Moreno en sus Martes del Jaguar.
La “sorpresa” de Moreira
Nos comentaron en el PRI que nadie debe decirse sorprendido en Va por México con la iniciativa del tricolor sobre mantener al Ejército cuatro años más en tareas de seguridad. Recordaron que fue el propio coordinador, Rubén Moreira, quien, el 17 de agosto, en la reunión plenaria de su bancada en Coahuila, anticipó: “Habrá sorpresas en materia presupuestal y en seguridad para los estados y municipios”. En ese sentido, trascendió que en realidad la autoría de la iniciativa que tanto gustó al Presidente es del propio Moreira y no de Yolanda de la Torre.
Enrarecer el ambiente
Y a propósito del activismo de Rubén Moreira, el propio diputado priista reconoció que la iniciativa de la Guardia no se platicó con anterioridad ni se informó al PAN ni al PRD. Fue lo que “indignó a varios legisladores” de Acción Nacional –nos dicen– que hasta le reclamaron a su dirigente nacional, Marko Cortés. Incluso, el propio presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, dijo serio en pasillos de San Lázaro que este hecho “claro que está afectando” el ambiente.
Retorno al Senado… y a la dieta
Con la novedad de que en el Senado ayer llegó la solicitud de Delfina Gómez, exsecretaria de Educación, para volver a ocupar su escaño. Es decir que la corcholata mexiquense retomará sus actividades legislativas mientras empieza a hacer campaña a la gubernatura del Estado de México. ¿Pues no es justo para dedicarse de lleno al proselitismo que dejó la SEP? ¿O será acaso que vuelve a la Cámara alta sólo para cobrar su dieta? Veremos cuántas iniciativas presenta en los próximos días
Llamado a misa
Si bien se prevé que la Corte no va a optar por inaplicar el texto constitucional que establece la prisión preventiva oficiosa, ya que siete ministros se mostraron en contra de ello, 10 de los 11 dieron motivos claros para que esta medida deje de existir, por ser violatoria de derechos humanos. El punto es que, según lo planteado, le tocará al Legislativo eliminar esta figura. Considerando el control que tiene el Ejecutivo sobre el Congreso, el exhorto de los ministros será como un llamado a misa.
Frío encuentro
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se reunió con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. No es raro que el diplomático tenga encuentros con mandatarios. Sin embargo, es común que mister Ken comparta los temas que se trataron, mientras que con Sheinbaum se limitó a decir que se discutieron “los fuertes lazos entre la CDMX y Estados Unidos”. Más raro todavía es que no haya compartido fotos dándole un recorrido por su casa a la jefa, como ha hecho con tantos otros funcionarios. Sólo compartió una imagen frente al escudo de la embajada y las banderas de las dos naciones.
Se calienta el Poli
Las cosas se están calentando en el IPN con una nueva protesta de alumnos, que, en esta ocasión, cerraron Periférico Sur durante cinco horas. Según los estudiantes, el Poli no está dando suficientes recursos a la Escuela Superior de Comercio y Administración, por lo que decidieron salir a las calles. Esto se suma al paro al que fueron tres escuelas del instituto a finales de agosto, denunciando corrupción en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Algo está raro dentro del antiguo instituto. (Confidencial, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 33)
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, busca restaurar la relación con la bancada de Morena en el Senado, particularmente con su coordinador Ricardo Monreal, luego del vacío que le hicieron varios secretarios de estado en la reunión plenaria de la semana pasada. El funcionario se reúne este miércoles con la fracción morenista para revisar la agenda legislativa de la 4T. Será en el auditorio Octavio Paz del recinto legislativo, y también asisten las bancadas del PT, PES y PVEM.
La jurista hace historia
Por primera vez en la historia, se eligió a una mujer como directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La jurista Mónica González fue designada por la Junta de Gobierno, lo cual fue celebrado por organizaciones civiles y de defensa de los derechos humanos. Hay quienes la ven como carta fuerte para la sucesión en la Rectoría, en 2023.
El alcalde que sabe demasiado
Ahora que se revivió el caso Iguala, nos dicen, hay un personaje que sabe mucho sobre el tema, pero poco se la ha mencionado. Se trata de Enrique Galindo, quien fue comisionado de la Policía Federal cuando ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Actualmente es alcalde de San Luis Potosí y en los expedientes aparece varias veces su nombre.
Doblete de Delfina
Empezó a mover sus piezas la virtual candidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez. De entrada, notificó al Senado que retoma su escaño a partir de hoy. Eso significa que su suplente, Martha Guerrero, queda totalmente libre para dedicarse de lleno a la presidencia de Morena la entidad mexiquense, cargo para el que fue electa.
Casi casi ex aliados
En una Torre de Babel se convirtió Va por México. La iniciativa priista para extender a 2028 la presencia del Ejército en las calles enfureció al dirigente del PAN, Marko Cortés, quien amagó con romper la coalición. Su homólogo del PRI, Alejandro Moreno, advirtió que su partido no admite ultimátums; y el líder del PRD, Jesús Zambrano, alertó que sí está en riesgo la alianza rumbo a 2023 y 2024. (El Heraldo de México, La dos, p. 2)
Mas allá de las grillas
Quien a pesar de las grillas y el fuego amigo sigue dando resultados y no se distrae es Omar García Harfuch, nos hacen ver. Y es que ayer ocurrió una nueva acción relevante de la policía de la CDMX, luego de que un par de sujetos robara alrededor de 150 mil pesos a un hombre que acudió a una casa de cambio del aeropuerto. La intervención de la policía se dio gracias a un cerco virtual que, con el apoyo de los centros de comando y control, se estableció sobre los presuntos delincuentes cuando intentaban escapar en una moto por Río San Joaquín y Marina Nacional. La persecución, casi de película, terminó en la calle Lago de Chalco, donde derrapó la motocicleta. En ese lugar, en una revisión, los uniformados les encontraron fajos de billetes de 500 pesos y dos teléfonos celulares de la víctima. Acciones como esa, que potencian las capacidades policiacas e impiden la impunidad son buenas noticias para los capitalinos.
Claudia y Ken
Quien se encuentra en una tarea incesante de aproximaciones y encuentros con personajes clave de la política y la diplomacia es la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. De lo anterior, nos comentan, volvió a quedar ayer registro en la fotografía que difundió en las benditas redes el embajador de México en Estados Unidos, Ken Salazar, quien ayer recibió a la funcionaria capitalina en la embajada americana. “Tuve el honor de reunirme con Claudia Sheinbaum para dialogar sobre los fuertes lazos entre la Ciudad de México y Estados Unidos”, señaló Salazar en un tuit que notoriamente permite el protagonismo de la imagen. Sheinbaum por su parte, a quien muchos ven como la corcholata más adelantada rumbo al 2024, le respondió con una expresión de agradecimiento “por la amigable y productiva reunión”.
Aumento en Tlaxcala
Y hablando de buenas noticias, a quienes tocó un aumento salarial de cinco por ciento, fue a los trabajadores del gobierno de Tlaxcala, entidad donde gobierna la morenista Lorena Cuéllar. La decisión, nos comentan, se tomó a pesar de la existencia de un diferendo sindical. “Estaremos en espera de la determinación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para conocer la representatividad legal de los trabajadores y con ello regularizar la relación laboral”, señaló la mandataria, tras reiterar su reconocimiento al esfuerzo y compromiso del gremio de trabajadores del Poder Ejecutivo estatal. Por lo pronto, nos comentan, ya es un hecho que el aumento anunciado ayer aplicará con retroactividad del mes de enero al de agosto. Ahí el dato.
Alianza, en terapia intensiva
El debate sobre la Guardia Nacional está a punto de lograr lo que no pudo la Reforma Eléctrica: hacer tambalear a la Alianza por México. Y es que las declaraciones de ayer de los dirigentes nacionales del PRI y del PAN, Alejandro Moreno y Marko Cortés, reflejan una alianza herida de muerte. La manzana de la discordia es la iniciativa presentada por la diputada priista Yolanda de la Torre para extender la presencia de los militares en las calles. Cortés lanzó un ultimátum para el retiro de la propuesta, que Alito no aceptó. Y no falta el mal pensado que cree que la famosa iniciativa no es otra cosa que la vacuna que el dirigente priista encontró para no ser desaforado. Nos hacen ver que el asunto es bastante grave, pues un rompimiento de la alianza opositora dejaría al PRI en libertad de apoyar a Morena en las reformas a la Constitución de trascendencia, como la electoral, con todo lo que ello implica. Uf.
Marcelo y Lía
Nos cuentan que para muchos no pasó inadvertido el encuentro que sostuvieron ayer el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón. Se trató de un evento protocolario, como lo fue la inauguración de la Oficina de Pasaportes Zona Poniente Álvaro Obregón-Cuajimalpa. El hecho de compartir los reflectores habla de una gran vocación institucional de ambos funcionarios, emanados de partidos distintos. Pero como no queriendo la cosa, hubo un matiz político, cuando Lía afirmó que “las alianzas valen la pena si dan buenos resultados”. Algunos pensaron que se refería al apoyo que la Cancillería logró de la Iniciativa Privada para la apertura de esa oficina, pero hubo otros que pusieron a trabajar su imaginación. ¿De qué tipo de alianza hablaba la alcaldesa? El evento y las declaraciones de Lía dejaron pensando a más de uno.
Los dos puntos centrales
En el debate sobre la prisión preventiva oficiosa en la Corte, uno de los posicionamientos más claros y mejor estructurados fue el de la ministra Margarita Ríos-Farjat. “Para que una sociedad democrática se preserve a sí misma es indispensable que existan valores inatacables. La Constitución es el más importante… Nos corresponde interpretar de la manera más responsable y armoniosa ese pacto, no desbaratarlo. Considero, muy respetuosamente, que eso instauraría de facto un gobierno de jueces”, señaló. Pero también cuestionó el uso extendido y generalizado de la prisión preventiva oficiosa que “impide ponderar su necesidad caso por caso y la convierte en un instrumento engañoso para medir el éxito de una política de seguridad o de procuración de justicia”. La conjunción de ambos puntos habrá de ser el eje de lo que resuelva el máximo tribunal. Vale la pena la lectura íntegra del posicionamiento. (La Razón, La dos, p. 2)
Esta mañana, en su conferencia de prensa programada a las 11:00 horas, Alejandro Moreno va a anunciar el proyecto, obtenido anoche por esta columna, para legalizar la permanencia del Ejército en las calles. El documento en las manos del presidente nacional del PRI será el trofeo de Morena y de Nacho Mier, tras someterlo para que el priismo haga el trabajo legislativo. Tristemente, en Yolanda de la Torre, Moreno encontró a la misionera más débil para sacrificar con tal de salvarse.
Moreno afirmó hace un mes que primero muerto antes que arrodillarse ante el gobierno federal, pero se acobardó y disparó en contra de la coalición Va por México antes de pisar la cárcel acusado de enriquecimiento ilícito por Layda Sansores. La gobernadora de Campeche, que tiene en su poder más delitos descritos de viva voz del líder priista, ayer concedió una tregua, y le tiró una flor para frenar, por ahora, la divulgación.
La propuesta de Yolanda de la Torre modifica el texto vigente al cambiarlo de cinco a nueve años: “Durante los nueve años siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”. (Alejandro Sánchez, El Heraldo de México, País, p. 7)
El 19 de noviembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador, ya como presidente electo, tomaría posesión en 13 días, asistió a Tercer Grado de Noticieros Televisa, tras presentar su propuesta de Guardia Nacional con perfil militar.
A mi turno le pregunté qué le había informado el gobierno saliente que le hizo cambiar lo que había dicho siempre, de que al llegar a la Presidencia regresaría al Ejército a los cuarteles, y se fue por el negacionismo.
—¡No, no, no y no! —me contestó. Y te invito a que me lo pruebes. Nunca he dicho eso.
—¿Que nunca ha dicho que el Ejército regresará a los cuarteles? —insistí.
—Me lo vas a encontrar —dijo condescendiente.
A lo mejor uno, pero no. No. No lo van a encontrar.
—¿Nunca lo ha dicho?
—No. Por eso me lo puedes probar. O sea, puede ser que lo haya dicho en alguna ocasión, una o dos veces, pero he sido muy cuidadoso en eso. Pero no. No lo he dicho.
—En los discursos públicos —terció Leopoldo Gómez.
—No. Tampoco. —Y me retó. A ver, pruébalo —a lo que le dije que no me daba tiempo, el programa estaba por terminar— No —insistió— en alguno de tus programas.
Pero fueron las benditas redes, que llama, las que se encargaron de documentarlo. A los pocos minutos inundaban el ciberespacio con sus declaraciones reiterando la vuelta de los militares a los cuarteles, que aquella noche negaba.
Ayer en la mañanera, casi cuatro años después, reconoció que sí había pensado regresar el Ejército a los cuarteles, como sostuvo toda su vida de opositor, pero que por los niveles de violencia cambió de opinión que sí, es de sabios, dice la regla que como tal, siempre tiene una excepción. (Joaquín López Dóriga, Milenio Diario, Al frente, p. 3)
La derecha conservadora se une en torno a dogmas de fe que comparten solo las y los elegidos; dogmas que les hacen sentirse únicos a la vez que iguales entre sí.
Dogmas en torno a los cuales organizan su comunidad y que son la fuente del odio y el miedo que sienten contra aquellos, “los otros”, que no profesamos su misma fe.
Lo inmutable, lo monolítico es lo suyo.
Todo cambio es pecado, y quien, cuando las circunstancias cambian, se atreve a mudar de opinión, un hereje.
Yo me sacudí todos los dogmas hace muchos años. No pude con la religión ni tampoco con aquellos que asumían el marxismo -que es para mí una herramienta de transformación del mundo- como otra fe a la cual se sometían.
Principios y convicciones que, la realidad y la razón nutren, rigen mi vida. También el corazón pone su parte; la compasión, el amor, el coraje. Intento asumir mis errores y -cuando es necesario- cambio de opinión.
Yo me opuse a la guerra de Felipe Calderón.
Esta cruzada, dije, la ordenó Washington y la libra un usurpador que pretende, a sangre y fuego, obtener una legitimidad de la que carece.
Desde el inicio de las operaciones advertí qué, el despliegue masivo de fuerzas, antes de frenar al narco, habría de empoderarlo.
Señalé qué, moviéndose como elefante en cristalería, el ejército no solo sería ineficiente, sino que pondría, además, a la población civil entre dos fuegos.
Dije también que la presión excesiva sobre los mandos los llevaría a convertir a la tropa en una fuerza tan criminal como aquella a la que decían combatir.
Esta guerra, qué, de antemano está perdida, insistí, abrirá heridas profundas y su herencia de violencia, afectará a varias generaciones de mexicanas y mexicanos.
Yo, que tantos años viví la guerra, quería a mi patria libre de esa calamidad. Fracasé. Como “es un monstruo grande y pisa fuerte” terminó devorándolo todo.
Contra la militarización, entendida como el despliegue de fuerzas de combate alce la voz. También contra las atroces y constantes violaciones a los derechos humanos perpetradas por soldados y marinos.
Y vino Enrique Peña Nieto y seguí en lo mismo; los militares, insistí, deben volver a sus cuarteles; no sin que antes, claro, sean llevados ante un juez, aquellos que participaron o fueron omisos y negligentes, en Ayotzinapa.
Fue este Crimen de Estado el último del viejo régimen.
“Los tiempos han cambiado y es otra nuestra realidad -escribió en 2017 Andrés Manuel López Obrador- no se debe desaprovechar personal, experiencia e instalaciones de las Fuerzas Armadas, para garantizar a los mexicanos el derecho a vivir sin miedo”
¿Y entonces?
¿Usar al ejército?
¿A ese brazo represor del viejo régimen al que veíamos como enemigo quienes estábamos con la izquierda?
¿Al que hizo la guerra que no era contra la droga sino por la droga como dice Gustavo Petro?
Ejército que no combate se corrompe; ejército que combate se corrompe peor, pensé entonces.
Si cambia mando, misión, doctrina, composición de la fuerza, orden de batalla de un ejército -sobre todo de uno nacido de una revolución social como el mexicano- puede transformarse también a una institución que no ha sido vencida y en la que, como me dijo un día López Obrador, “hay más generales como Ángeles que como Huerta”.
¿Para qué entonces encerrarlo en sus cuarteles?
¿Por qué ante el colapso de las policías -cooptadas casi todas por el crimen organizado- no ponerlo a cargo de la Guardia Nacional?
¿Por qué no dedicar a las mujeres y hombres que lo integran a trabajar por México, a construir la paz?
No se militariza al país -y por esto es que yo sí cambié de opinión- cuando se pone al ejército al servicio del pueblo. (Epigmenio Ibarra, Milenio Diario, Política, p. 11)
Hasta el 15 de julio pasado, el presidente López Obrador había mencionado a Felipe Calderón más de 800 veces. Desde que comenzó su mandato, hasta la fecha arriba citada, solo en unas 90 “mañaneras” el nombre de Calderón no salió a relucir.
López Obrador hizo de Calderón su némesis. Aunque alguna vez confesó que lo había perdonado por “robarle” la Presidencia en 2006, en realidad no logró olvidarlo. Según el conteo de SPIN, ha mencionado más veces al expresidente panista que a su héroe de cabecera, Benito Juárez, con quien sueña en convertirse y a cuyo lado aspira a ocupar un sitio de honor en esa forma de la eternidad que es la Historia.
Ha mencionado a Calderón incluso más veces que a Francisco I. Madero, a cuyo lado suele colocarse en la lista, elaborada por él mismo, de los presidentes “más atacados” de México.
Calderón, Calderón, Calderón. López Obrador construyó su campaña cuestionando la estrategia calderonista en el combate al tráfico de drogas. “Comandante Borolas”, lo llamó con sorna, al referirse a la forma en la que el expresidente había portado el uniforme militar. López Obrador hizo de Calderón un meme.
Lo acusó de intentar resolver el problema de la violencia sacando al Ejército de los cuarteles. “Soldadito de chocolate”, lo llamó.
Ha circulado ampliamente el video, grabado en abril de 2010, en el que el López Obrador de entonces rechazó que el Ejército supliera “las incapacidades de los gobiernos civiles”. Doce años después, aquel mensaje se ha convertido en una joya:
López Obrador decía que todavía hoy Juárez seguía gobernando con el ejemplo, y que una de sus mayores enseñanzas, y al mismo tiempo una de las menos conocidas, era que al terminar la guerra de Reforma consistió en ordenar que los militares entregaran de nuevo el poder a los civiles.
“El presidente Juárez sabía que no podíamos apostar a una república militar, sino a una república civilista. Esta es una enseñanza mayor. Nos debe servir para entender que no es con el Ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y violencia”, dijo.
AMLO criticó en ese video que en el gabinete de seguridad estuvieran el secretario de la Defensa y el secretario de Marina, y no el de Desarrollo Económico, el de Salud, el de Educación. Lean estas líneas de brillante civilismo:
“No podemos aceptar un gobierno militarista, esto no le conviene ni siquiera a la misma institución militar… en estos tres años se ha deteriorado mucho la imagen del Ejército porque los han lanzado a la calle, a una aventura, toda una estrategia fallida… Podemos tener un soldado en cada esquina, pero si no hay empleo va a seguir habiendo inseguridad y va a seguir habiendo violencia…”.
Concluía López Obrador:
“Que no se utilice al Ejército para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles… que regresen los soldados a los cuarteles, este es un asunto que se tiene que resolver de otra manera”.
AMLO sostuvo aquel discurso hasta llegar arrolladoramente a la Presidencia en 2018. Una y otra vez repitió que había recorrido el país municipio por municipio, y que conocía como nadie la problemática, las necesidades del pueblo de México.
Tenía razón en rechazar la militarización del país: el Ejército llevaba dos sexenios en las calles y México seguía devastado por la violencia: 120 mil muertos en el sexenio de Calderón; 156 mil durante la administración de Peña.
Esa cifra inédita de muertos, más de 270 mil, ¿no era la prueba palpable de que la estrategia de tener al Ejército en las calles había fracasado estrepitosamente?
Calderón alegó que recurrió al Ejército para tratar de remediar la crítica situación que heredó de las administraciones anteriores: un país con territorios enteros tomados por el narco. Hoy se ha visto que fue una decisión funesta: no redujo el tráfico de drogas, solo logró que los cárteles se pulverizaran en nuevas y más violentas organizaciones y se incrementaron como nunca antes las cifras de la violencia.
Hoy sabemos que a pesar de haber afirmado que conocía el país como ningún otro, López Obrador no tenía idea del México que iba a gobernar, ni mucho menos de la manera en la que podría “serenarlo”: ayer confesó, en uno de sus característicos raptos verbales, que cambió de parecer “respecto a regresar a los militares a los cuarteles en los primeros seis meses de gobierno, cuando me di cuenta del problema que me heredaron”.
Cambió de parecer, pero no lo dijo. Hizo lo mismo que Calderón y dejó que sus fanáticos y sus paleros se desnucaran echando maromas de altísimo grado de dificultad, mientras él avanzaba en sentido contrario a lo que había prometido, a lo que dijo que Juárez le había enseñado, a lo que fue la piedra angular de su campaña.
En solo cuatro años, López Obrador traicionó a sus votantes y se convirtió en su Némesis. Aún peor: Calderón sacó al Ejército a las calles. López Obrador sueña con meterlo a la Constitución.
Pobre país. Cada día más lejos de Juárez… y cada día más cerca del verdadero López Obrador. (Héctor de Mauleón, El Universal, Nación, p. 7)
Históricamente y tradicionalmente, aunque la misión, en papel, suene romántica y protectora, los militares de los países existen para proteger a toda costa y bajo cualquier circunstancia la seguridad del país. Son instituciones que se sienten —¿saben?— fuera de la ley y donde “el fin justifica los medios”.
Esto, lo digo así, porque necesitamos decir las cosas como son más allá del enfoque político o como lo marcan las leyes. Incluso me atrevería a decir que en este país, uno de los grandes problemas que tenemos es que su realidad no está alineada con sus leyes y por ende nuestro sistema de justicia penal tiene tantos problemas de corrupción y de impunidad sistemática. Una cosa es lo que pasa en la vida real y otra es la que marcan las leyes. Las defensas en los juicios se defienden en esos puntos medios: las lagunas jurídicas.
México pasa por una crisis de seguridad que rebasa este sexenio por muchos años, donde las estrategias para “combatir” la inseguridad carecen por completo de eficacia. No lo digo yo, lo dicen los números.
México pasa por momentos cruciales donde la militarización del país se ve cada día más cerca. Resuena en mi cabeza la voz de Juan Carlos Béjar, uno de los asesinos seriales de mujeres que ha tenido este país, cuando le pregunté de sus primeros recuerdos en lastimar a mujeres: “Yo aprendí a violar a niñas cuando era militar. Tenía permiso, era una forma de meter presión a los involucrados en la delincuencia organizada”. La realidad es que en este país la violencia no tiene un límite cuando se trata de “salvar la patria”. Y bajo ninguna circunstancia estoy diciendo que todos los militares son violadores o asesinos, pero en un país como el mío, la violencia escala por segundo y nadie está combatiéndola con abrazos; ni con flores en ese sentido.
Tengo miedo como mujer, como madre y como mexicana del país que estamos viendo. La inseguridad no cesa. Tengo miedo por la inseguridad y la estrategia del control militar, pero más, por la normalización de la violencia que esta puede crear en generaciones enteras. (Saskia Niño de Rivera, El Universal, Opinión, p. 16)
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó mayoritariamente el proyecto de invalidar la prisión preventiva oficiosa (PPO), con lo cual le regaló en primera instancia una victoria política al presidente Andrés Manuel López Obrador. No fue deliberado, ni jugaron al sacrificio, ni, por los argumentos jurídicos planteados durante dos días de sesiones, fue un acto de sumisión pusilánime al Ejecutivo, salvo en el caso de la ministra Loreta Ortiz, que pasó de garantista a punitivista, metamorfosis generada por la incondicionalidad a López Obrador. La historia la juzgará por sus actos, pero en la política de la inmediatez, nuestro ecosistema actual, habrá un impacto sobre la Corte.
La discusión sobre la PPO fue enorme en su riqueza conceptual, eminentemente jurídica y con argumentos importantes y profundos sobre el porqué no podían invalidar la Constitución, aunque el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, hizo un elocuente discurso a favor de la invalidación del adefesio constitucional, que veremos el próximo jueves, en la votación del proyecto, si fue suficiente para cambiar el curso de la historia.
El debate fue técnico y apolítico. Sin embargo, la política arrastró a los ministros. No lo querían, seguramente, pero el Presidente los metió en su dinámica, de la cual, en términos de opinión pública, no pudieron sustraerse.
López Obrador, que politiza absolutamente todo para su propio beneficio, los estigmatizó. Los acorraló con la retórica de que si actuaban con rigor jurídico, no defenderían la justicia sino los intereses creados que venían del pasado. Por más absurdo que sea, funciona en el imaginario colectivo. Lo importante no es el equilibrio de la ley para aplicar la justicia –que a una de las partes dejará insatisfecha prácticamente por definición–, sino las acciones justicieras, aunque sean violatorias de la propia ley.
La PPO estuvo en el banquillo de los acusados estos dos días, pero al ser un artículo constitucional, la mayoría de la Corte rechazó invalidarla. Lo que estaba en el fondo de la discusión, que no explícitamente en el proyecto de Luis María Aguilar que proponía su desaparición, era la norma de su aplicación; es decir, el catálogo de 16 delitos que impulsó el gobierno de López Obrador en 2019, donde otorga ese recurso a la fiscalía para combatir los delitos de cuello blanco y justificar la prisión automática.
Los abusos del recurso han sido tan monumentales, que incluso la prisión preventiva justificada, que es lo que tienen las democracias, ha sido empleada de manera injustificada contra políticos de gobiernos anteriores que le dan cuerpo a la narrativa presidencial de que está combatiendo la corrupción.
La mayoría de las ministras y ministros cuestionó la norma y argumentó que era violatoria de los derechos humanos y de la presunción de inocencia. El caso más notable es el del exsenador panista Jorge Lavalle, a quien el exdirector de Pemex Emilio Lozoya acusó de corrupción. Lavalle se presentó a declarar, confiado en su inocencia, pero fue detenido, viviendo en prisión desde hace 17 meses, pese a que esas acusaciones se disolvieron en enero. Rosario Robles, la exsecretaria de Estado peñista, es otro caso similar, y al presentarse a declarar, la aprehendieron. La Fiscalía General le robó tres años de su vida en libertad con una prueba falsa, una licencia de conducir que le fabricaron, como hizo el fiscal Alejandro Gertz Manero con su familia política, acusándola por delitos que, afirmó la Suprema Corte, inventó.
En una sociedad punitiva como la mexicana, la justicia no pasa por la aplicación ciega de la ley, sino porque encarcelen a los poderosos, sin importar lo endeble del caso o los argumentos para meterlos en prisión. Ésta es la circunstancia que aprovechó maniqueamente el presidente López Obrador, que construyó una percepción negativa del actuar del Poder Judicial durante dos semanas y media de ataques en su contra. Ayer admitió que ejerció presión desde el atril más poderoso del país, hablando todo el tiempo de lo que estaba en riesgo.
El Presidente es impreciso. No sólo tocó el tema, sino que insultó al Poder Judicial, lo acusó de corrupto y flageló incluso a las tres ministras y el ministro que propuso por haber traicionado su proyecto de transformación, pero que terminaron votando en línea con sus deseos, por razones diferentes. La PPO quedará como está, como una prisión en automático que anula el principio de la presunción de inocencia y vulnera el debido proceso.
No era, con toda la seguridad, el ánimo de la Corte caer en ello, sino revisar únicamente la constitucionalidad de anular un artículo de la Carta Magna, pero para efectos prácticos, es lo mismo. La PPO seguirá siendo utilizada a discreción por el Presidente como una poderosa arma de inhibición y terror, pero no para los criminales, como argumenta el gobierno y repitieron ministras afines al Presidente, sino para sus objetivos políticos. En esta primera batalla, el Presidente derrotó a la Corte, porque la percepción es más fuerte que la realidad.
Sin embargo, hay una ventana que permite abrigar esperanza de que la Corte establezca un precedente para evitar los excesos y abusos del poder, a partir del posicionamiento de la mayoría de que está la interpretación de dos normas del mismo nivel, establecidas en el artículo primero constitucional, y lo referente a los derechos humanos, que el Legislativo tiene que corregir.
La discusión multidimensional que se llevó a cabo en la Corte podría llevar el tema de regreso al Legislativo, donde se construyó en 2019 la aberración que hoy nos tiene en niveles de sistemas autoritarios y dictatoriales. Pero aun si la Corte camina en esa dirección, difícilmente cambie algo, porque las mayorías que tiene el Presidente en las cámaras, y la Magnum .357 de la PPO, siguen siendo un incentivo fabuloso para que se siga haciendo su voluntad. ¿Cómo llegamos a esto? Un senador de oposición que votó a favor del catálogo, confió cándidamente: “Nunca nos imaginamos que la fiscalía utilizara la ley para violar la ley”. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 36)
En las últimas décadas se ha venido ampliando el número de indicadores económicos orientados a medir el desempeño de los mercados. Hoy estos se refieren al comportamiento de los precios de las bolsas en donde brokers, instituciones financieras y analistas confluyen todos los días para analizar las variables que permitan obtener las mayores ganancias a las empresas que cotizan.
Los mercados felices cuando hay ganancia y extremadamente sensibles ante cualquier pérdida, dominan el espectro de metodologías de análisis, modelos econométricos, algoritmos, estudios científicos e impactos en los medios de comunicación masiva. Actualmente son el dolor de cabeza del quehacer económico, nadie se acuerda que existen otros mercados quizás más importantes que los financieros.
Existen un sinnúmero de casos de personas manejadoras de inversiones que mueren año con año a causa de estrés por la administración de dinero que por cierto no es suyo, ese es el nivel de ansiedad con el que se vive, cuesta trabajo encontrar alguna persona que fallezca porque se incrementó la pobreza o la migración por causas económicas.
De alguna manera nos hemos pasado décadas creyendo que las ganancias de las bolsas reflejan el bienestar de la sociedad, no hay mayor mentira. No obstante, las mediciones con relación a cómo viven las clases medias y bajas son apenas visibles ante nuestros ojos, llamando sólo la atención de ONG´s, universidades y algunas instituciones de gobernabilidad social. Si las acciones de empresas, por ejemplo, tecnológicas caen, el planeta estremece, por el contrario, si aumenta el número de pobres ello no es materia de estrés global. Además del interés de los accionistas, un puñado de directivos y unos cuantos empleados; las grandes empresas, que tienen que ver con el destino de millones de personas la respuesta es poco.
Tenemos que comenzar a pensar en cómo pudieran ser las cosas si, en las primeras planas se reflejaran los exabruptos en los niveles de vida de las comunidades, la baja en la esperanza de vida de las personas, la marginación o la migración desesperada de millones de personas. ¿Cuál sería el resultado si toda la energía política y económica se orientará en atender estos problemas económico-sociales en lugar fijar la mirada en el comportamiento de los mercados?
Y es que estamos ante la paradoja de que el sufrimiento de millones parece no importar tanto como el dolor de inversionistas cuando pierden en las bolsas. Lamentablemente hemos aprendido a reaccionar fuerte y medir con precisión milimétrica las variables económicas cuando las clases altas sufren pérdidas económicas. En este momento de incertidumbre, altas tasas de inflación y, desastre por la pandemia, estamos ante la oportunidad de cambiar nuestra forma de entender y mediar a la economía. (Carlos Alberto Martínez Castillo, El Economista, Política y Sociedad, p. 40)
Este fin de semana pasado nos reunimos en el Primer Congreso Internacional de una organización de sociedad civil (50+1) que nació hace poco más de 3 años con mujeres con opiniones plurales y trayectorias en los ámbitos público y privado en la causa común más importante: la búsqueda de la igualdad.
Más de 700 mujeres líderes que llegamos para tejer una red que tiene representación en la totalidad del país, en países de AL y en diversos estados de EU. El papel que mujeres como su fundadora, ex senadora y diputada, mi querida María Elena Orantes ha jugado, es fundamental. Por mi parte me siento orgullosa de ser parte de una organización tan viva y con lazos tan profundos desde la Vicepresidencia. Confluimos con grandes liderazgos que en la directiva nacional y en los capítulos trabajan por cambios sociales profundos.
El cambio cultural como el que pretendemos no es tan rápido como de jure; las resistencias las vemos plasmadas en números. Las brechas, incluidas la salarial, las violencias crecientes y brutalmente “sofisticadas”, los techos de cristal, los pisos pegajosos, nos llevan a un golpe de realidad que no estamos dispuestas a aceptar. Sabemos que solo juntas podemos transformar la realidad.
En el Congreso una de las ponentes pidió que levantáramos las manos las que habíamos sufrido algún tipo de violencia en nuestras vidas. No hubo una sola que no la levantara. Luchamos para parar tanta violencia e impunidad y, como nuestra canción del mismo nombre lo dice, el reto también de “Vencer el silencio”.
La lucha contra la violencia y la violencia de género es parte toral de nuestro trabajo porque no estamos dispuestas a normalizarla, porque no queremos ser una cifra o una estadística en un mundo donde una de tres mujeres es víctima de violencia, en un país donde la mitad de las mujeres han sufrido violencia sexual y 70 por ciento ha experimentado al menos un episodio de violencia alguna vez en sus vidas, esa condena no queremos que nos siga arrastrando ni arrastre a nuestras hijas y hermanas.
Una agenda de políticas públicas con enfoque de género, el reconocimiento a los cuidados, presupuestos que atiendan problemáticas específicas. Autonomía económica y mayor representación en los consejos directivos y gremiales del sector privado; justicia con perspectiva de género y la lucha contra la impunidad. Reconocimiento a mujeres migrantes e indígenas; democracia sustantiva, consolidación de la paridad y de los liderazgos femeninos, son entre otras, nuestra razón de ser.
El movimiento más revolucionario de este siglo será el de las mujeres. Hoy no me cabe la menor duda de que es imparable, ser parte de este movimiento es un deber histórico. ¡Nunca más sin nosotras! (Claudia Corichi, El sol de México, Análisis, p. 14)
Los debates sobre la prisión preventiva oficiosa y la adscripción de la Guardia Nacional se dirimen por la fuerza y no por la razón, me escribió ayer en un mensaje José Elías Romero Apis, abogado constitucionalista y compañero de páginas.
Tiene razón. La discusión está en el ámbito de la política. De la mala política, no de la buena. De la política a la que ya nos acostumbramos: aquella en la que se cuenta quién tiene más votos —es decir, más músculo político— y no se sospesa quién tiene los mejores argumentos y los datos más precisos. Lo peor para los ciudadanos es que, pase lo que pase en la Suprema Corte y en el Congreso, México no será más justo ni más seguro.
Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que había cambiado de parecer y que ahora ya no está a favor de que los militares se regresen a sus cuarteles y sí está por que se mantengan en labores de seguridad pública.
Es el mundo al revés. Sus compañeros de aventura política, que, hasta hace muy poco, alegaban, como él, que era perniciosa la militarización de la seguridad pública, ahora están todos de acuerdo con él, otra vez, aunque sea de lo contrario.
Lo único que prueba eso es que se puede recorrer el territorio nacional completo, incluso varias veces, y no saber lo que sucede en él. No es lo mismo ir de pueblo en pueblo y de colonia en colonia repitiendo mecánicamente un discurso, que preguntarle a la gente qué necesita y qué se puede hacer para mejorar su vida.
En su larguísima campaña, López Obrador notó que había un país irritado, pero —ahora está claro— no entendió lo que le pasaba ni cómo se atenuaban los males, y hoy probablemente tampoco lo sepa. (Pascal Beltrán del Río, Excélsior, Nacional, p. 2)
El intento de atentado contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kichner, increíblemente fallido porque se encasquilló la pistola del agresor, me recordó el de Luis Donaldo Colosio en 1994. Las escenas son demasiado coincidentes: un político central, se estuviera de acuerdo con él o con ella, rodeado de una pequeña multitud de simpatizantes, con un aparato de seguridad entre displicente y relajado, dejando esa labor de estrecha cercanía no a los profesionales sino a activistas, y repentinamente una pistola (en el caso de Donaldo un revólver) aparece y le apunta a la cabeza de su objetivo. Cristina tuvo la enorme suerte que no acompañó a Luis Donaldo, y salvó la vida de milagro.
Pero el incidente no deja de hacernos reflexionar sobre los grados de violencia que está generando la polarización en nuestros países, un fenómeno del cual México no está en absoluto ajeno y que aquí, como en otras naciones, es impulsado por muchos sectores, pero también en forma notable por las propias autoridades.
La lluvia de adjetivos presidenciales sobre sus adversarios, sobre los otros Poderes de la República, los empresarios, los periodistas, los medios, sobre otros países e instituciones que van desde el Parlamento Europeo hasta el Congreso de los Estados Unidos, condimentada por exacerbaciones sociales y racistas es inagotable.
Sectores de la oposición suelen responder con la misma moneda y se genera el clima político que propició que Mario Aburto en 1994 pudiera disparar contra el que sería, sin duda, el sucesor de Carlos Salinas de Gortari. Aquel disparo en medio de un ambiente de polarización (que no llegaba a los límites del actual) cambió el rumbo del país, como lo cambió el atentado, en su caso fallido, de Cristina Fernández en Argentina. (Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, p. 10)