DE ESTO Y DE AQUELLO…
En el marco de ese Diálogo Económico de Alto Nivel, que el secretario de Estado de EU, Antony Blinken, abordó con la secretaria de Comercio de su país, Gina Raimondo, y los secretarios de Relaciones Exteriores, Hacienda y Economía, de México, se informó que fueron diversos aspectos comerciales del T-MEC, así como del combate al tráfico de fentanilo y el incesante flujo migratorio desde Centroamérica. (Francisco Cárdenas, La Razón, México, p. 6)
Encuentro de altura
Diversos temas se trataron en la reunión del presidente López Obrador con el secretario de Estado de EU, Antony Blinken. Uno de ellos, sobre la Cumbre de Líderes de América del Norte, en la que participarán el mandatario mexicano, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y Joe Biden. El encuentro podría realizarse en diciembre, en Oaxaca o en CDMX. (El Heraldo de México, La dos, p. 2)
Con la defensa de nuestra soberanía como pilar, el actual gobierno de México inició una nueva era de política exterior, y bajo este contexto se da la visita del secretario de Estado de la Unión Americana, Antony Blinken, junto con la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, y otros altos funcionarios, quienes se entrevistaron con el presidente López Obrador en lo que éste calificó como una reunión “amistosa y productiva”.
El tema principal fue copresidir el Diálogo Económico de Alto Nivel entre EU y México para brindar continuidad a una relación estratégica bajo cuatro ejes: fortalecer las cadenas de suministro; aumentar la cooperación en la frontera sur de México; asegurar las herramientas para la prosperidad futura, y fortalecer la competitividad económica, tanto en grupos minoritarios como en pymes.
Con independencia de la importancia de esta agenda, ningún ejercicio bilateral puede dejar de considerar temas fundamentales como la migración y la seguridad, dos factores que contribuyen al desarrollo económico de la región.
Es importante regular los flujos migratorios, para garantizar la seguridad de las personas en tránsito, al mismo tiempo que se profundiza la atención de las causas de raíz de este fenómeno humano. Por ello, bajo una nueva lógica de cooperación y humanismo, el gobierno de México se ha convertido en un actor fundamental en el escenario internacional para apostar por el desarrollo de las capacidades de los países expulsores de migrantes y no por el uso de la fuerza para contener los flujos migratorios.
Otro reto bilateral es acabar con la inseguridad y el crimen transnacional. En este sentido, es una buena noticia que uno de los temas por tratar durante esta serie de encuentros es la decisión que tomó el gobierno estadunidense de actualizar la lista de entidades federativas de nuestro territorio a las que considera inseguro que viajen sus connacionales.
Desde que tal acción fue publicada, expresamos que ese tipo de decisiones unilaterales impactan de manera negativa en las dinámicas económicas regionales. Por eso, coincidimos en la postura propuesta por el Ejecutivo federal de México de seguir apostando por los esfuerzos integrales que forman parte de mecanismos institucionales, como el Entendimiento Bicentenario. El combate al tráfico de armas y a las estructuras del crimen transnacional se debe acompañar de medidas tendientes al desarrollo y al bienestar social.
La relación entre ambas naciones es muy compleja y abarca una gran variedad de temas, pero tengo la certidumbre de que solo mediante el diálogo podremos hacer frente a los retos que compartimos. Sin duda, la visita de la delegación estadunidense contribuye a la construcción de esta comunicación amplia entre los dos gobiernos, respecto a los diversos desafíos que influyen en el desempeño de nuestras economías y en la estabilidad regional. (Ricardo Monreal, Milenio Diario, Política, p. 14)
En realidad el tono de Biden hacia México, a diferencia del de su predecesor, siempre ha sido oficial y cortés. Tampoco han aflojado una coma ambos vecinos al norte en sus demandas que, a falta de una respuesta mexicana de sustancia, a finales de octubre pasarán a un nivel de arbitraje con más dientes.
El cambio, de haber alguno, vino claramente desde el flanco de López Obrador; no podemos olvidar que una y otra vez, cuando la cancillería gringa ha advertido de la violencia en México, López los ha acusado de “no estar bien informados”, insistiendo en que los Estados Unidos financia a sus opositores, cuando en realidad lo que financian son organizaciones en pro de la transparencia y de los derechos humanos.
Quizá tenga algo que ver con el súbito patraseo tras la visita, también ayer, del desinformado secretario Blinken, quien llegó a México a sostener el segundo Diálogo Económico de Alto Nivel del año. Los boletines anunciaron que con Ebrard habló del tráfico de fentanilo, del fortalecimiento de la ONU y de la contención de la migración desde el sur; de lo que aún no hay noticias es de lo repasado después en el encuentro a puerta cerrada con el inquilino del Palacio, pero presiento que, a pesar de los parabienes diplomáticos de rigor, los temas no fueron tan amistosos, muy seguramente abarcando desde la fallida extradición de Caro Quintero hasta la reciente militarización de nuestras fuerzas públicas.
“Pese a los desacuerdos… hay disposición para trabajar de manera conjunta”, dijo Blinken al salir. Y sí, tal parece que la siguiente canción de Chico Che que van a pasar en las mañaneras va a ser la de Qué culpa tiene la estaca: “Si el sapo salta y se ensarta, la culpa no es de la estaca”. (Roberta Garza, Milenio Diario, Política, p. 15)
Ayer tuvo lugar el Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) entre México y Estados Unidos. Tras la edición del año pasado, que se llevó a cabo en Washington, D.C., en esta ocasión las autoridades de ambos países nos reunimos en la Ciudad de México. El DEAN, encabezado por los secretarios Marcelo Ebrard, Tatiana Clouthier y Rogelio Ramírez de la O, fue un espacio muy productivo en el que pudimos conversar con el secretario de Estado, Antony Blinken; la secretaria de Comercio, Gina Raimondo; y el comisionado de CBP, Chris Magnus.
Estuvieron presentes también nuestro embajador Esteban Moctezuma y el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar.
Desde la Secretaría de Economía, el DEAN funcionó nuevamente como un espacio de diálogo para fortalecer la cooperación económica entre México y Estados Unidos, particularmente en el contexto de recuperación pospandémica y bajo un escenario inflacionario complicado. En ese sentido, conversamos sobre los avances de distintos grupos de trabajo e iniciativas de ambos gobiernos bajo los cuatro pilares del DEAN: reconstruir juntos un ambiente de cooperación económica tras el paso del covid-19; promoción del desarrollo económico y social sostenible en el sur de México y América Central, particularmente a través del programa Sembrando Oportunidades; fortalecer las herramientas para la prosperidad futura hacia una mejor compatibilidad regulatoria; y la inversión en nuestra gente, haciendo hincapié en la democratización del intercambio económico norteamericano.
Previo al Diálogo de Alto Nivel, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió también a la delegación estadunidense. En Palacio Nacional conversamos de manera respetuosa y productiva sobre movilidad laboral y migración, así como las próximas conmemoraciones del Bicentenario de la relación bilateral entre ambos países, entre otros. El DEAN también estuvo acompañado de algunas reuniones bilaterales simultáneas, en la que destaca el encuentro de los secretarios Ebrard y Blinken.
Vale la pena destacar algunos de los avances en los que hemos trabajado desde el gobierno de México. Por ejemplo, el Grupo de Trabajo de Cadenas de Valor, en donde hemos buscado a distintos actores para aprovechar las áreas de oportunidad en cuanto a semiconductores —un sector clave para fortalecer las complejas industrias norteamericanas, como la industria de autos eléctricos. Gracias a la confiabilidad de las y los productores mexicanos, nuestro país se ha convertido, por vez primera, en el primer exportador de autos a Estados Unidos, por encima de Canadá y de Japón. Asimismo, conversamos sobre cooperación en electromovilidad, economía digital, fuerza laboral y mejoras regulatorias, por ejemplo, para la protección contra riesgos sanitarios.
Otra área de cooperación que vale la pena subrayar son los múltiples proyectos de inversión en nuestra frontera común.
Ambos gobiernos trabajamos en el nuevo cruce Otay Mesa II, la ampliación de Otay Mesa I y la inversión en el río Tijuana en la región Calibaja. Los proyectos de Laredo IV y V, la mejora de la infraestructura fronteriza en San Luis Río Colorado, así como un potencial nuevo cruce en Mexicali y en Agua Prieta ilustran el trabajo coordinado hacia el futuro de nuestra frontera. Asimismo, en materia de cooperación para el desarrollo del sur de México y norte de Centroamérica, hemos comenzado a vincular a beneficiarios y beneficiarias de los programas de Sembrando Vida a proyectos que implementa la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID).
Tanto el DEAN como las reuniones paralelas dan muestra no sólo de una relación bilateral respetuosa y productiva, sino que da resultados concretos. De este modo, seguiremos trabajando hacia el próximo Diálogo de Alto Nivel de Seguridad (DANS) que se celebrará en Washington, la X Cumbre de Líderes de América del Norte, que tendrá lugar en nuestro país, y el Bicentenario de las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. (Roberto Velasco Álvarez, Excélsior, Nacional, p. 18)
El 31 de enero del 2022 se dio a conocer el llamado Plan de acción 2022-2024 del Entendimiento Bicentenario entre México y Estados Unidos. El objetivo de este plan es abordar de manera conjunta el tema de la seguridad y, en particular, combatir el tráfico de armas, que va del norte al sur, y el tráfico de drogas, que va del sur al norte.
El plan se plantea como una cooperación entre dos partes que se tratan como iguales.
Es una lástima que este “entendimiento” se restrinja al tema de la seguridad, asunto que, aunque nos preocupa de los dos lados de la frontera, no es el único que puede resultar de interés entre ambos países.
El mes pasado, el embajador Ken Salazar inauguró una exposición de pinturas y fotografías en su residencia oficial en las Lomas de Chapultepec. El tema principal de esas obras de arte es la lucha por los derechos humanos y civiles de los trabajadores migrantes en Estados Unidos. Me parece que esta iniciativa va en la línea correcta, aunque sea un suceso con repercusiones muy estrechas.
Me parece que podríamos aprovechar la temporada del bicentenario de las relaciones entre México y Estados Unidos, para que el entendimiento entre las dos naciones no se limitara a temas de seguridad o de economía, y se extendiera al campo de la educación, la cultura y las artes. (Guillermo Hurtado, Milenio Diario, México, p. 4)
La semana pasada se llevó a cabo una visita oficial a México de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos, en el marco de la cual se realizó una reunión de trabajo con la Suprema Corte sobre el acceso a la justicia y la protección de las personas desplazadas en nuestro país.
Los desplazados internos son una de las poblaciones más vulnerables e indefensas que existen. Pocos escenarios son tan dramáticos como tener que abandonar el hogar debido a un conflicto armado, una catástrofe natural, un brote de violencia, entre otras circunstancias que, si bien no implican cruzar una frontera internacional, colocan a las personas en situaciones extremadamente desafiantes.
Azotadas por la violencia y el miedo, las personas desplazadas se ven obligadas a dejar todo atrás. A romper lazos familiares, sociales y culturales; a sacrificar empleos sólidos y renunciar a oportunidades educativas; a atravesar escenarios de incertidumbre en los que sus derechos más elementales —salud, vivienda, identidad, libre circulación y vida— penden de un hilo, pues, con frecuencia carecen de condiciones mínimas incluyendo un techo, ropa, agua o medicamentos básicos.
En contextos en los que impera el crimen organizado, las personas desplazadas a menudo son objeto de persecución y amenazas a su integridad incluyendo desapariciones forzadas, violaciones, explotación laboral o sexual y ejecuciones arbitrarias. Por si fuera poco, estas poblaciones provienen comúnmente de sectores históricamente marginados, lo que acentúa su vulnerabilidad y la urgencia de brindarles protección inmediata.
A pesar de que este fenómeno ha cobrado visibilidad en la comunidad internacional, los desplazados internos enfrentan numerosas barreras para acceder a la justicia, incluyendo la falta de documentos de identidad, la desconfianza en las autoridades, y muy particularmente la inexistencia de servicios gratuitos de asesoría y representación jurídica para hacer valer sus derechos.
En el marco de esta reunión de trabajo, el Poder Judicial de la Federación reiteró su compromiso con la protección, promoción y defensa de los derechos de todas las personas; no solo a través de su labor jurisdiccional, sino como eje transversal a todas sus acciones.
Por un lado, gracias a un impulso sin precedente, hoy contamos con un cuerpo de defensores y asesores jurídicos federales que opera en más de 140 lenguas indígenas y en todas las entidades federativas, brindando servicios gratuitos de asesoría y defensa penal con perspectiva de género e interseccional y con sensibilidad social. En particular, hemos aumentado como nunca nuestra plantilla especializada en brindar atención a personas en movilidad y sujetas a protección internacional, como lo son los migrantes y desplazados internos. Solo el año pasado se brindó atención a 5,574 personas en esta situación.
En la Escuela Federal de Formación Judicial estamos formando una nueva generación de personas juzgadoras con las herramientas para abordar con una perspectiva de derechos todos los casos que se les presenten. Para ello, el Manual sobre desplazamiento interno publicado por la Suprema Corte, en coordinación con el Comité Internacional de la Cruz Roja y Acnur, es una herramienta de vanguardia en la capacitación y difusión de esta problemática. El Manual reúne los estándares nacionales, internacionales y regionales que deben aplicar los jueces y juezas de nuestro país para identificar, prevenir, proteger y reparar a los desplazados internos, y para juzgar con un enfoque diferenciado que permita atender sus necesidades desde el inicio del desplazamiento hasta el alcance de una solución duradera.
En general hemos desplegado un esfuerzo de acercamiento a la sociedad y de difusión de nuestra labor para recobrar la confianza ciudadana, fuente de nuestra legitimación, para que todas las personas sepan que sus jueces y juezas federales están aquí para proteger sus derechos.
En el Poder Judicial Federal hemos actuado en todos los frentes para garantizar que nuestra labor se realice con perspectiva de derechos humanos. La meta es acercar la justicia a las personas más vulnerables. Lo seguiremos haciendo sin descanso, porque es nuestra responsabilidad y porque es una demanda básica de humanidad y de justicia. (Arturo Zaldívar, Milenio Diario, Política, p. 12)
Concluyó la visita de la Relatora Especial para Desplazamiento Forzado Interno de Naciones Unidas a nuestro país. La visita, realizada a invitación del gobierno de México, tuvo como objetivo evaluar la situación de los derechos humanos de las personas desplazadas internas, los factores que influyen o conllevan a esta problemática y conocer la atención que ha brindado el Estado Mexicano al fenómeno.
A lo largo de 12 días de trabajo, la relatora, Cecilia Jiménez-Damary, visitó la Ciudad de México, Chihuahua, Chiapas y Guerrero, donde se reunió con funcionarios de 25 dependencias de la administración pública federal y local, así como con representantes del Senado de la República, del Poder Judicial y de Organismos Públicos Autónomos de Derechos Humanos. Sostuvo también reuniones con distintas organizaciones de la sociedad civil, grupos eclesiásticos, personas en situación de desplazamiento forzado interno y con comunidades afectadas por esta problemática.
Se trató de la visita más amplia registrada por una relatora al país. El interés mostrado por conocer y comprender los diversos contextos, la diversidad cultural y social, y la complejidad para abordar el tema permitió crear un espacio de intercambio de ideas para el fortalecimiento de la política pública y el involucramiento de diversas instancias para marcar el camino para la atención integral al fenómeno e identificar necesidades y tareas pendientes.
El tema había sido invisibilizado por gobiernos anteriores, negando la atención humanitaria y de política pública necesaria para con las personas y comunidades desplazadas por la violencia, la pobreza, los conflictos agrarios, la intolerancia religiosa, la disputa por los recursos naturales y el territorio, así como por el cambio climático y los desastres naturales.
Los impactos en la vida de estas personas y comunidades implican el abandono súbito de sus hogares, modificar sus lazos familiares y comunitarios, para construir un nuevo proyecto de vida. Por lo cual, atender el desplazamiento forzado requiere de la intervención interinstitucional y de políticas que brinden una atención integral que garantice el ejercicio de sus derechos.
En 2019, el gobierno reconoció la existencia del desplazamiento forzado interno en el país e integró, dentro del Programa Nacional de Derechos Humanos, estrategias y líneas de acción específicas para su atención. Se conformaron grupos de trabajo para el análisis del tema dentro del Consejo Consultivo de Política Migratoria, se realizó el acompañamiento a personas y comunidades en esta situación, brindando ayuda humanitaria y se ha colaborado con organismos internacionales y sociedad civil para conformar análisis y herramientas para el acompañamiento a los gobiernos locales y federal en su atención y prevención.
Falta mucho por recorrer. Consolidar una política pública conlleva a fortalecer estas acciones mediante un marco normativo específico que establezca claramente funciones y atribuciones de las diversas instituciones, como sucede ya en Chiapas, Guerrero y Sinaloa, donde se cuenta con una ley en la materia; asignar recursos que permitan generar estrategias para la atención y prevención de este fenómeno, así como la coordinación entre el ámbito federal y local para la atención de las personas y poblaciones afectadas.
Con esta visita el gobierno de México refrendó su respeto a los derechos humanos de todas las personas y en particular, de las personas y comunidades en situaciones de alta vulnerabilidad y reitera su disposición de abrirse al escrutinio internacional para evaluar y fortalecer la atención en temas que vulneran los derechos humanos. (Alejandro Encinas Rodríguez, El Universal, Opinión, p. 16)
Tal y como lo mandata nuestra Constitución Política, hace unos días con la instalación del Congreso General dio inicio el primer periodo del segundo año de la LXV Legislatura.
Mi agenda se ha basado en la inclusión y por ello seguiré impulsando temas que abonen a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales (…) daré cabal seguimiento a la iniciativa que presenté durante el receso para garantizar los derechos políticos–electorales de este sector y, que, en el marco de la discusión de la reforma política electoral, la colegisladora será Cámara de origen.
En ese renglón, con mi permanente compromiso con los grupos vulnerables de la sociedad, impulsaré la aprobación de reformas en el tema migratorio, con la finalidad de que el Estado mexicano garantice los derechos humanos de las personas migrantes quienes, por causas económicas o sociales, dejan su lugar de residencia para establecerse en otro país.
Los pueblos originarios o comunidades indígenas, específicamente en la región de los Altos en mi estado, Chiapas, desde hace muchos años no cuentan con la certeza legal para poder ser titulares de concesiones en la extracción del ámbar. Los extranjeros se están llevando el “oro amarillo” y se aprovechan de la riqueza sin que haya un beneficio para mis paisanos. (…) (Eduardo Ramírez, Excélsior, Nacional, p. 17)