En posición de firmes, mientras mira por la televisión el desfile del 16 de septiembre, encabezado por la Guardia Nacional, el cartujo piensa en el insólito homenaje del actual régimen al expresidente Felipe Calderón, quien en 2006 inició la estrategia de militarización de la seguridad pública en el país, continuada por Peña Nieto y fortalecida, como nunca, este sexenio, en una especie de reconocimiento tácito a las decisiones del impulsivo michoacano.
Don Felipe debe estar complacido, con otras palabras y otros actores la llamada cuarta transformación sigue sus pasos, contraviniendo sus promesas y presuntas convicciones.
La violencia imparable llevó al presidente López Obrador a firmar el decreto del 11 de mayo de 2020, mediante el cual se facultó a las Fuerzas Armadas para “realizar tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada y complementaria”, según recuerda Oswaldo Zavala en Una historia intelectual del “narco” en México (Debate, 2022). En esta tarea, los militares estarían en coordinación con el mando civil de la Guardia Nacional a través de un acuerdo vigente hasta el 27 de marzo de 2024.
En los hechos todo ha sido simulación: la Guardia Nacional —creada en 2019 con el propósito de “desmilitarizar gradualmente al país”, como escribe Zavala— nunca fue una institución civil, y jamás lo será al quedar formalmente adscrita a la Defensa. El ejército quizá vuelva a los cuarteles en 2024 o tal vez prolongué su presencia en el espacio público hasta 2029, como propuso el PRI y aprobó la Cámara de Diputados ante el beneplácito del primer mandatario y el alivio del contorsionista Alejandro Moreno.
La breve historia de la Guardia Nacional no ha sido luminosa, en sus primeros meses se encargó de reprimir a los migrantes en las fronteras norte y sur con lujo de violencia, y las quejas contra ella en el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la CNDH, presidida por Rosario Piedra, supera el millar desde su creación. No es una buena noticia su paso a la Sedena, aunque sus integrantes, soldados al fin, marchan bastante bien.
Queridos cinco lectores, El Santo Oficio los colma de bendiciones. El Señor esté con ustedes. Amén. (José Luis Martínez S., Milenio, La2. Frente, p.2)
En México es común explicar lo que sucede en el país desde una lógica estrictamente nacional o, a lo sumo, bilateral, en relación con Estados Unidos. Pero lo cierto es que mucho de lo que sucede en el presente mexicano responde a tendencias regionales, latinoamericanas y caribeñas, o más específicamente, de la zona que va de las costas del Pacífico y el Caribe colombiano y venezolano hasta las fronteras con California, Arizona, Nuevo México y Texas.
Desde hace unos cuatro o cinco años, varios autores (Verdes-Montenegro, Diamint, Kurtenbach, Reiter…) vienen advirtiendo de la emergencia de un “nuevo militarismo” en América Latina y el Caribe. El fenómeno responde a múltiples causas: aumento de la pobreza y la desigualdad, expansión de diversas formas de violencia, consolidación de bandas criminales ligadas a los negocios de la droga o el tráfico de personas, inseguridad generalizada, estallidos sociales.
Varios gobiernos de la región, como el de Jair Bolsonaro en Brasil, los de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei en Guatemala y Nayib Bukele en El Salvador, han aumentado el presupuesto del ejército y han reforzado el protagonismo de las fuerzas armadas en la vida pública de esos países. Otros gobiernos, como los de Sebastián Piñera en Chile, Guillermo Lasso en Ecuador e Iván Duque en Colombia recurrieron a estados de emergencia y a ampliación de capacidades operativas de los ejércitos en materia de control de la subversión.
Un involucramiento que, como se ha visto en México y Centroamérica, se traduce en políticas de contención migratoria, pero también en mayor operatividad de agencias anticriminales, que alientan la militarización. Sean como aliados o como contrapartes, los ejércitos latinoamericanos se vuelven más fuertes en su interlocución con agencias estadounidenses
En otros países de la región, como Venezuela, Nicaragua y Cuba, no hay tal remilitarización, ya que la centralidad del ejército tanto en el poder político y económico como en la estructura represiva del Estado siempre ha sido evidente. En buena medida, esos regímenes actúan como precursores del nuevo militarismo que avanza en América Latina, lo mismo desde la izquierda que desde la derecha.
La peculiaridad de la región caribeña y centroamericana, de la que también forma parte México, en esta remilitarización, es una múltiple convergencia de focos de inseguridad provenientes de las pandillas, el narcotráfico, el crimen organizado y la migración. La intersección entre esas lógicas es incendiaria y genera un desplazamiento de funciones al ejército en temas de seguridad que, a la vez que fortalece la institución militar, resta competencias a policías e instancias civiles de protección y prevención de delitos.
Estados Unidos, principal importador de drogas y exportador de armas a la región, destino fundamental de las crecientes diásporas de estos países, está también involucrado en la crisis de seguridad que vivimos. Un involucramiento que, como se ha visto en México y Centroamérica, se traduce en políticas de contención migratoria, pero también en mayor operatividad de agencias anticriminales, que alientan la militarización. Sean como aliados o como contrapartes, los ejércitos latinoamericanos se vuelven más fuertes en su interlocución con agencias estadounidenses.
Lo que es más grave aún: puede conectarse con los brotes autoritarios que tienen lugar en democracias jóvenes, poco consolidadas e institucionalmente tan descuidadas como las latinoamericanas. En México, ya hay señales de concentración del poder y empoderamiento económico y político de los militares, que pueden amenazar la democracia mexicana en un futuro próximo
Dado que para Estados Unidos es una prioridad detener el flujo migratorio y el tráfico de drogas, son los ejércitos y las instituciones de seguridad de la región los que mejor pueden contribuir a ese objetivo. No sería la primera vez en la historia que Estados Unidos se entiende con ejércitos poderosos de este lado, siempre y cuando no se alíen con sus rivales globales, como el cubano en el pasado o el venezolano en época más reciente.
El militarismo, sin embargo, puede ensanchar más los márgenes de colaboración entre América Latina y potencias como Rusia. Lo que es más grave aún: puede conectarse con los brotes autoritarios que tienen lugar en democracias jóvenes, poco consolidadas e institucionalmente tan descuidadas como las latinoamericanas. En México, ya hay señales de concentración del poder y empoderamiento económico y político de los militares, que pueden amenazar la democracia mexicana en un futuro próximo. (Rafael Rojas, La Razón, Informativa, p.4)