MÉRIDA. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene contabilizados hasta la fecha 150 mil millones de pesos para dejar como un colchón financiero para la próxima administración federal.
Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, dijo que el Gobierno está trabajando en robustecer los colchones para el financiamiento de la próxima administración, como el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP).
“Esos colchones existen. Calculamos que actualmente hay 150 mil millones de pesos que podrían ser utilizados como fuente de financiamiento adicional al programa que el Congreso aprueba cada año”, dijo el funcionario tras participar en la LXII Asamblea de Gobernadores de Bancos Centrales del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), donde recibió la presidencia de la misma a nombre de México. (Juan Luis Ramos | El Sol de México, República, p.8)
La vocación del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por el respeto irrestricto a los derechos humanos le da la capacidad de hacerse escuchar en el exterior, ya sea en espacios multilaterales o bien abogando por causas justas como la liberación del periodista Julian Assange, resaltó el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Héctor Vasconcelos.
Al participar en un foro en el Senado con el tema Los derechos humanos y la diplomacia mexicana: importancia, retos y visiones, resaltó que el Ejecutivo federal ha dado un giro profundo en materia de garantías fundamentales y por primera vez en la historia de México se ha dado apertura total a los observadores y visitadores de todas las plataformas multilaterales de las que somos parte”.
Otro ejemplo, dijo, es el caso de Ayotzinapa, que, en claro contraste con el gobierno anterior, ha recibido un total escrutinio por parte de diversas organizaciones internacionales. Se dice todos los días que experimentamos un incremento de actos criminales, debemos tomar en cuenta que, además de que se trata del resultado inevitable de décadas de contubernio entre los gobiernos anteriores y el crimen organizado, los mecanismos que hoy existen permiten un registro más exacto de los actos delictivos. (Andrea Becerril, la Jornada, Política, p.9)
El juzgado 16 de distrito en materia de amparo admitió a trámite un juicio de amparo para que se revise la medida cautelar de prisión justificada dictada en contra del ex titular de la Procuraduría General de la República Jesús Murillo Karam.
Esta admisión no significa que podrá enfrentar de inmediato su proceso en libertad, sino que eventualmente podrían otorgarle el beneficio bajo supervisión o prisión domiciliaria.
De acuerdo con los registros del Poder Judicial de la Federación, se dio a conocer la notificación realizada al Ministerio Público Federal, luego de que la defensa de Murillo –interno en el Reclusorio Norte– amplió su demanda de amparo y precisó los términos de su solicitud. (Gustavo Castillo García, la jornada, Política, p.5)
Guadalajara, Jal., Por segunda ocasión, el juez séptimo de distrito suspendió el traslado del fundador del cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, a un domicilio particular para terminar su condena de 40 años de prisión, informó la Dirección General de Prevención y Reinserción Social de Jalisco.
En un comunicado refirió que la Fiscalía General de la República solicitó que (Félix Gallardo) fuera llevado a un Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) del estado de Morelos. No obstante, indicó, el juez negó que Félix Gallardo, de 76 años, sea reubicado a un Cefereso, pero pospuso la prisión domiciliaria hasta que se subsanen las fallas de la empresa supervisora del brazalete electrónico, sin fecha definida por ahora.
El capo llamado en los años 80 Jefe de jefes –acusado de acopio de armas, cohecho y delitos contra la salud en su modalidad de introducción ilegal de cocaína al país– tiene expectativa de vida no mayor a tres años, por lo que se autorizó su salida de la prisión de Puente Grande, Jalisco, para ir a un confinamiento en un domicilio determinado. (Juan Carlos G. Partida, La Jornada, Política, p.6)
Diversos actores de Oposición advirtieron que la consulta popular, propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre la participación del Ejército en tareas de seguridad hasta 2028, sin la participación del INE, además de ser inconstitucional, representaría un despilfarro de recursos.
Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, consideró que este tipo de ejercicios no tienen un impacto real y pidió que el dinero que pretende emplearse para su aplicación sea utilizado en fortalecer la seguridad en los municipios y estados.
“Si tanto quiere (AMLO) gastar dinero público, hágalo donde se debe, que es en los municipios que están lastimados por la indolencia de su Gobierno y el retiro de recursos a través del Fortaseg, que les ayudaba a mantener a las policías municipales de manera digna, con equipamiento de primer nivel, municiones y hacer frente a la primera tarea de seguridad pública”. (Mayolo López, Martha Martínez y Claudia Salazar, Reforma, nacional, p.4)
Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, calificó como hipócritas a quienes se niegan a aprobar la extensión del Ejército en tareas de seguridad pública.
En un video, difundido en redes, dijo que si bien hay personas que se preocupan legítimamente por la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, hay a quienes se les olvida que fue Felipe Calderón, con el apoyo del PAN, quien declaró la guerra contra el narcotráfico y sacó legalmente a los militares de sus cuarteles.
“No podemos olvidar que fue Felipe Calderón, un Presidente que llegó al poder a través de un fraude electoral, el que tomó la decisión de declarar la guerra al interior del País. Él con su partido, hicieron esto con el objetivo perverso de legitimarse. Él dio la orden para hacer de México un País en guerra, trayendo con ello violencia, muerte y con ello mucha corrupción”, afirmó. (Martha Martínez, Reforma, nacional, p.6)
El PRI en el Senado discutirá el próximo lunes una propuesta para aprobar la extensión de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028, pero buscará imponerle al menos cuatro candados, confirmaron a La Razón legisladores de ese partido.
El senador Jorge Carlos Ramírez Marín expuso que serán cuatro los puntos fundamentales que presentarán, entre otros, Sylvana Beltrones y Manuel Añorve, entre ellos, una mayor supervisión del Congreso al desempeño, que deberá rendir cuentas ante la Comisión Bicameral, así como la inclusión de mecanismos internacionales y de expertos para esa supervisión.
Además, pedirán más presupuesto para las policías de los estados y municipios y que también los gobernadores rindan cuentas sobre el avance que registran en el fortalecimiento de sus propios cuerpos de seguridad. (Jorge chaparro, La razón, México, p.10)
El titular de la nueva Notaría Cuatro en Jiutepec, Morelos, Alejandro Gómez Núñez, es cercano al Gobernador Cuauhtémoc Blanco y su medio hermano Ulises Bravo, afirmaron notarios a REFORMA.
El padre de Gómez Núñez es el Notario Público Uno de Morelos, Alejandro Gómez Maldonado, recurrente fedatario del Gobierno de “El Cuau”.
Además, desde el inicio del Gobierno del ex futbolista, Gómez Maldonado fue exonerado de su responsabilidad administrativa, inclusive penal, por haber realizado escrituras estando fuera del país, un asunto sancionado por la ley, incluso como un delito contra la fe pública. (Benito Jiménez, Reforma, Nacional,p.2)
El gobierno federal acordó otorgar un aumento de 7.1 por ciento promedio al personal médico, paramédico y afines del sector salud, informó el dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala Almeida.
En un comunicado, señaló que el incremento es consistente en salario base y la suma de prestaciones económicas retroactiva al 1º de mayo del presente año. Precisó que se incorporarán los aumentos que corresponden al aguinaldo, así como al estímulo de fin de año (vales de despensa), con lo que estaríamos superando el cálculo promedio de la inflación del año fiscal 2022.
Ayala Almeida destacó que se valora el esfuerzo del gobierno federal en esta etapa en que no necesariamente se dan las condiciones de equilibrio económico en las finanzas públicas, en una limitante por la contracción económica actual. (Redacción, la Jornada, Política, p.12)