Por supuesto que hay una crisis en la frontera entre México y Estados Unidos. Es una crisis humanitaria. Casi dos millones y medio de personas han cruzado ilegalmente en el último año, según reporta la Patrulla Fronteriza. Esto es un récord. Pero no hay ninguna justificación para la crueldad de engañar y enviar a refugiados, sobre todo venezolanos, a un lugar que desconocen.
Empecemos por la realidad. La frontera entre México y Estados Unidos nunca va a estar totalmente asegurada. Es porosa por naturaleza y por historia. De sus 3,152 kilómetros de largo, solo hay barreras o cercas en una tercera parte. El resto está lleno de huecos. Y por más agentes que se pongan en los espacios abiertos, desiertos y montañas, es prácticamente imposible cerrarla al tráfico de inmigrantes a pie.
La actual crisis en la frontera se debe a su vulnerabilidad -geográfica e histórica- y a que millones están huyendo del sur del continente luego de lo peor de la pandemia. Ellos han votado con sus pies. Y prefieren enfrentarse a los peligros del trayecto -y a los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos- que quedarse en sus países con hambre, violencia, enfermedades y sin oportunidades para sus hijos.
Y el deseo y la necesidad de emigrar aumenta para los que viven en dictaduras brutales. Un ejemplo: Venezuela. Casi siete millones de venezolanos han huido de su país. Hay muchas razones que los empujan fuera de Venezuela, incluyendo la represión política. Un reciente informe de la ONU acusa al régimen de Nicolás Maduro de “crímenes de lesa humanidad, cometidos a través de los organismos de inteligencia del Estado, orquestados por personas en los niveles más altos de autoridad”.
Imposible culpar a un venezolano que huye de su país. Al contrario, deberíamos de darles refugio y protección. Pero el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, en lugar de ayudarlos, envió a unos 50 venezolanos en un vuelo fletado desde Texas hasta Martha’s Vineyard en Massachusetts, con una parada en la Florida. Los inmigrantes dicen haber sido engañados y, con la ayuda de un grupo de abogados y aprendiendo muy rápido, presentaron una demanda. Me parece maravilloso un sistema de justicia que le permite a un recién llegado demandar a un gobernador. En pocos países se ve esto.
La decisión de DeSantis fue calificada por muchos como “cruel”. Pero lo mismo, exactamente, ha estado haciendo el gobernador de Texas, en autobuses. Miles de inmigrantes, detenidos en Texas, han sido enviados a ciudades como Nueva York, Washington y Chicago, a pesar de que su destino final era otro.
Ambos gobernadores querían llamar la atención sobre la situación en la frontera y lo lograron. Pero jugando con la vida de muchos inmigrantes y sin ofrecer soluciones concretas.
Al final de cuentas, nada cambia en la frontera con el vuelo de DeSantis y los autobuses de Abbott. El borde está desbordado. Solo en el pasado mes de agosto entraron, sin documentos, más de 251 mil inmigrantes.
Poco se puede hacer para evitar que tantos migrantes salgan de su país. Invertir en el sur, incluso con las mejores intenciones, tomará años para dar resultados. Ante esta crisis humanitaria, Estados Unidos sigue demostrando que tiene la capacidad económica para absorber a estos recién llegados. Un reciente reportaje en The New York Times cuenta cómo un inmigrante venezolano llegó sin nada a Washington D.C. en julio y ahora tiene un trabajo que le paga hasta 700 dólares a la semana. Este es el tipo de historias personales que se repiten una y otra vez en América Latina y que alimentan la idea del “sueño americano”.
El deseo humano por una vida mejor es mucho más poderoso que cualquier barrera física. Esta es una frontera indomable. Y nuestra obligación, independientemente de las cifras, es tratar a estos inmigrantes y refugiados como quisiéramos que nos trataran a nosotros. Engañar a los inmigrantes para ganar puntos políticos es, también, engañarnos a nosotros. (Jorge Ramos Ávalos, Reforma, Opinión,p.8)
Los desplazamientos humanos son tan antiguos como la humanidad misma, ya que en sus orígenes era nómada. Las personas migraban de manera permanente de un sitio a otro buscando animales para alimentarse y los climas más propicios que produjeran comida y abrigo para conseguir sobrevivir.
Con el devenir histórico, los motivos para migrar han variado, pero la esencia es la misma: buscar mejores condiciones de vida para quien abandona su lugar de origen.
En la actualidad, se considera como migrante a toda aquella persona que se desplaza —o se ha desplazado— a través de una frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de residencia, con independencia de su situación jurídica, el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento o las causas del mismo.
La migración es un fenómeno que se presenta en todo el orbe y en nuestro país presenta múltiples complejidades. México tiene la doble condición de ser al mismo tiempo un país expulsor y receptor de migrantes, lo que debe obligarnos a procurar el respeto de los derechos y la dignidad de tantos marginados por la pobreza y el subdesarrollo.
Entre múltiples actividades académicas, la Facultad de Derecho de la UNAM, junto con la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, celebraron hace unos días el conversatorio Impacto regional de la migración y el desplazamiento forzado de personas, con la participación de destacados académicos especialistas, activistas sociales, legisladores y juzgadores.
Se contó con la presencia del doctor Calogero Pizzolo, catedrático de la Universidad de Buenos Aires y reconocido experto a nivel internacional, quien dijo que la migración se vio afectada por el covid-19, ya que el aislamiento por la crisis sanitaria impactó severamente este fenómeno. Durante los meses más rigurosos del confinamiento, la emisión de visas de inmigrante en Estados Unidos disminuyó 97%; en Reino Unido se contrajo 43% y en Australia cayó 92% la llegada de extranjeros.
Con el relajamiento de las restricciones sanitarias, los flujos migratorios han recobrado fuerza, y por lo tanto, nuestro país tiene una alta responsabilidad de verificar que los migrantes no sean sometidos a tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes. Es decir, llevar a cabo una tutela efectiva en los procesos migratorios.
Y es que nuestra frontera norte cuenta con 56 puestos fronterizos, por donde transitan a diario un millón de personas, 300 mil autos y 70 mil camiones. A raíz de la pandemia, se estima que en el mercado laboral estadunidense la tasa de desempleo de la población migrante mexicana pasó de 6.6% en marzo a 17.1% en abril de 2020.
Después de escuchar a los demás conferenciantes —magistrados, representantes populares y académicos— exponer sobre vejaciones, actitudes represivas de autoridades migratorias, así como de interpretaciones jurisprudenciales, quedó de manifiesto que nuestro país no tiene estructurada una auténtica política pública en materia de población, que dé respuestas efectivas para la cambiante dinámica de la migración y sea una fuente segura de las prácticas migratorias.
México debe asumir de manera decidida el apoyo a los migrantes, por convicción y cumpliendo su responsabilidad convencional de proteger y promover los derechos de las personas en tal situación, entre los cuales destacan el derecho a la dignidad humana y el derecho a no ser criminalizado.
Como Corolario, las palabras de Kofi Annan, exsecretario general de las Naciones Unidas y Premio Nobel de la Paz: “Los migrantes enriquecen nuestras vidas. La tolerancia hacia ellos abrirá nuevos mundos y hará que sean bienvenidos donde quiera que vayan”. (Raúl Contreras Bustamante, Excélsior, Nacional, p.16)