Es interesante, pero no importa cómo hackearon, sino quién pagó por el trabajito y con qué intención. (La Jornada, Contraportada)
AUNQUE Andrés Manuel López Obrador maneja cifras alegres sobre su proyecto de Aerolínea Mexicana, que operará el Ejército, y hasta presume que las “utilidades” podrían ir a parar al fondo de pensiones para los soldados, hay quien tiene otros datos.
NOMÁS de entrada, consultoras como el Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas (Inija) ven difícil el despegue de la aerolínea.
CON TODO y que se proyecta que arranque en el 2024, no se le programaron recursos en el Presupuesto 2023, por lo que habrá que ver si para el otro, que será el último del gobierno de AMLO, sí se le considera.
Y SI ESTO se llega a concretar, Inija proyecta que Aerolínea Mexicana tendría su primer vuelo ¡en el 2026!, ya que se tienen que cumplir trámites como arrendamiento de aviones, rutas, frecuencias y certificaciones. ¡Ufff!
A ELLO hay que sumarle que el Convenio de Chicago establece que la aviación militar y civil son incompatibles, por lo que será necesario que se defina la normatividad con que estará operando la empresa.
YA SI LOGRA superar esos obstáculos, los que saben dicen que para tener utilidades en su inicio de operaciones sería cuestión de que Pemex le regale el combustible, los pilotos trabajen gratis y los aeropuertos no le cobren derechos. ¡Casi nada!
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A PESAR de que estaba más cantada que el “Cielito Lindo”, no dejó de sorprender la celeridad con la que la FGR de Alejandro Gertz consiguió la nueva orden de aprehensión contra el ex gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca apenas al quinto día de que dejó el cargo.
ASÍ ES QUE, una de dos: o tenían la carpeta de investigación muy bien armada, o les ganó la urgencia de darle un espaldarazo político al nuevo mandatario estatal, el morenista Américo Villarreal, quien la semana pasada fue duramente cuestionado por sus posibles cuentas pendientes con la justicia.
YA SE VERÁ si los sabuesos de la Fiscalía logran probar los delitos que llevan más de un año adjudicándole al panista tamaulipeco.
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AHORA que en Palacio Nacional andan tan contentos con los senadores -quesque- de oposición que apoyaron a Morena en el tema de la militarización, muchos se preguntan si ya perdonaron a Miguel Ángel Mancera.
DADO que el voto del ex jefe de Gobierno fue fundamental, hay quienes se preguntan si ese servicio prestado a la 4T le compró un salvoconducto al coordinador del PRD -que, por cierto, ni perredista es- para librarse de broncas por los procesos legales abiertos contra sus ex colaboradores.
PORQUE, entre las muchas frases que ha repetido hasta el cansancio el Presidente está aquella de que “amor con impunidad se paga”… ¿o cómo era? (Fray Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 10)
Conciencia tranquila. El senador del PRI Jorge Carlos Ramírez Marín comentó que no le perturba haber votado a favor de la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad en las calles hasta 2028. Seguro de que su decisión es la acertada, enfatizó estar “muy tranquilo con mi voto, con mi conciencia, conozco las razones por lo que lo hice”. El legislador por Yucatán se dijo satisfecho porque, con esta nueva iniciativa, que modifica la minuta que recibió de la Cámara de Diputados, cumplió con sus expectativas, “ya que no queríamos darle un cheque en blanco al Ejército”. Queríamos, dijo, que el gobierno reestructurara su estrategia de seguridad y que el Congreso de la Unión sea el que lo evalúe. Se logró. Da satisfacción el deber cumplido.
Oscuro panorama. Nada le sale bien al gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro: las comunidades de la sierra son presas constantes de la inseguridad y creadores se quejan por el nulo apoyo a las diferentes actividades con sustento cultural. Urge que Nayarit armonice sus leyes en materia de transporte y movilidad; colonos de Nuevo Nayarit le piden a Navarro recuperar accesos al mar y áreas comunes, pero, por el contrario, Nayarit está en boca de todos por haberle cambiado los colores verde, blanco y rojo a la Bandera Nacional, por el marrón de Morena. Y, para colmo, la Universidad Autónoma de Nayarit reservó información laboral del mandatario, es decir, cero transparencia. Navarro es de Morena y peor no le puede ir. Aunque posee la capacidad de sorprender.
Desorientado. Autoproclamado precandidato a la Presidencia por la oposición, Enrique de la Madrid, exsecretario de Turismo, advirtió en redes sociales: “Para quienes duden del proceso de estatización de nuestra economía y militarización del país ahora nos amanecemos con la ‘novedad’ de una línea área operada por la Fuerza Aérea. Pero mientras no hay salud, seguridad o medicinas. Apostar con dinero ajeno”. Lo extraño es que estas premisas provengan de un militante del PRI, partido que, mayoritariamente, refrendó su apoyo a las FA. Lo cierto es que se vislumbra la pérdida de registros del PRI y del PRD en las próximas elecciones. ¿De la Madrid en el PAN?
Una tras otra. El diputado por Cuautitlán, Mario Ariel Juárez, fue sorprendido en el Congreso del Estado de México portando un bolso de la marca Louis Vuitton. En fotografías compartidas en redes sociales se observa en su curul un teléfono de alta gama y el costoso accesorio que rondaría los 60 mil pesos. Esta imagen sería normal de tratarse de legisladores de otros partidos, pero el diputado es de Morena. ¿Y la pobreza franciscana que promueve el Presidente? Cuentan que hay molestia entre sus compañeros de partido, pues, detalles como ése se suman a su ya largo historial negativo, que incluye denuncias por violencia política de género. ¿Es o se hace? Alega que él no lo compró, pero ni él se lo cree. (Excélsior, Nacional, p. 11)
Palacio Nacional envía al Edomex a su “brazo armado” de Youtubers
Nos dicen que desde una de las más conspicuas oficinas de Palacio Nacional salió una misión de “periodistas” afines a la autollamada Cuarta Transformación hacia el Estado de México para acudir a las comparecencias de los funcionarios que asisten ante el Poder Legislativo con motivo de la glosa del Quinto Informe de Gobierno de Alfredo del Mazo. Nos comentan que, al igual que lo hacen en las conferencias matutinas, hacen preguntas por encargo, a quien se deje, en especial sobre el presunto gasto en espectaculares de revistas que llevaron en su portada a la secretaria de Desarrollo Social, Alejandra Del Moral, quien aspira a la candidatura del PRI al gobierno estatal. Nos hacen ver que quizá quien mandó al comando, encabezado por el laureado periodista “Lord Molécula”, quien no se caracteriza por su imparcialidad e inteligencia, no consideró que en las calles de la entidad también hay una gran cantidad de espectaculares de otra revista con los rostros de funcionarios públicos y candidatos de Morena. Nos dicen que, a ver si estos enviados no acaban por darse un balazo en el pie, y de paso perjudicar a los morenistas locales y foráneos que han colocado espectaculares en el estado.
Lupa al gasto del órgano electoral mexiquense
Y, a propósito del Estado de México, nos comentan que en el proceso electoral de 2023 se tiene que poner una especial atención a los manejos del Director Administrativo del Instituto Electoral del Edomex, José Mondragón Pedrero. Don José, salió a decir que es muy baja la cantidad de recursos que este año ocupará para el proceso electoral. Sin embargo, nos hacen ver que estas declaraciones, viniendo de un servidor público que ha sido cuestionado por ocupar su cargo durante 14 años, además de estar señalado en casos de manejos turbios como cobro de cuotas y derechos de piso, dan mucho que dudar, pues él es el encargado de licitar y adjudicar todo lo que se requerirá para la elección. La lupa, nos comentan, debe estar sobre él para saber bajo qué intereses se mueve.
La 4T toma la Feria del Libro del Zócalo
Si acude a la Feria del libro del Zócalo no le quedará duda alguna de que a la autollamada Cuarta Transformación no se le da mucho el tema de la pluralidad de pensamiento. Y, si revisa las presentaciones que habrá, podrá encontrar a los intelectuales: Pedro Miguel, Pedro Salmerón, Fabrizio Mejía, Vicente Serrano, Violeta Vázquez Rojas, John Ackerman, Armando Bartra, Témoris Grecko, Óscar de Pablo, Jesús Ramírez Cuevas, Héctor Díaz Polanco, Gerardo Fernández Noroña, Felipe Ávila, Hugo López-Gatell, Jenaro Villamil, El Fisgón, Hernández, Epigmenio Ibarra, Fernando Rivera Calderón, Jairo Calixto Albarrán… entre muchos otros.
Ven el regreso de los desayunos de Monreal con AMLO
En el equipo del coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, aseguran que es posible que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el senador zacatecano retomen sus desayunos de tamal de chipilín en Palacio Nacional, ahora que el Senado aprobó una de las reformas más importantes para el titular del Poder Ejecutivo. Nos dicen que en Palacio Nacional se tomó nota del cabildeo que llevó a cabo don Ricardo para sacar la reforma que extiende hasta 2028 la autorización para que las Fuerzas Armadas realicen labores de seguridad pública, y que en una primera discusión obtuvo un rotundo rechazo del bloque de contención. Monreal, asegura su equipo, logró acordar con la oposición una propuesta de consenso, por lo que dicen que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, no ve algún impedimento para que el Presidente y Monreal se reúnan como lo hacían antes. (El Universal, Nación, p. 2)
Lo apapachan en el Senado
Bien librado salió ayer el canciller Marcelo Ebrard de su comparecencia en el Senado de la República. El funcionario recibió críticas de la oposición, pero respondió con diplomacia y argumentos. Defendió la política exterior del gobierno y anunció que interpondrá una nueva denuncia contra los fabricantes de armas de EU. El caso es que los senadores de oposición poco a poco fueron saliendo del recinto y sólo la bancada de Morena se quedó hasta el final. Y lo despidió con aplausos.
Su futuro, en manos de la Corte
Muy preocupada está la secretaria de Energía, Rocío Nahle. Su inquietud se debe a que el ministro de la Corte, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, aceptó a trámite las impugnaciones a la llamada Ley Nahle, con la que el Congreso de Veracruz validó candidaturas de personas no nacidas en la entidad, como ella. Y ahí no la puede ayudar su amigo Cuitláhuac García.
Enojo no pasará a mayores
Nos cuentan que el enojo del dirigente del PRD, Jesús Zambrano, con el líder de sus senadores, Miguel Mancera, no pasará a mayores. Porque el líder perredista, nos cuentan, sabe muy bien que nuevas bajas en su partido lo pondría prácticamente en extinción. Además, desde el PAN le han llegado señales de que, sin el PRI, la alianza no tiene mucho futuro.
Pactan tersa transición
Se instaló formalmente la Comisión de Entrega- Recepción de la Administración Pública de Oaxaca, para que el 1 de diciembre próximo el gobernador de la entidad Alejandro Murat ceda el cargo al morenista Salomón Jara. Nos dicen que será un periodo de transición terso, pues el mandatario saliente ha tenido toda la disposición para entregar buenas cuentas a su sucesor.
Pierde la CNDH
Revés a la CNDH, de Rosario Piedra, dio la Suprema Corte, presidida por Arturo Zaldívar. El máximo tribunal del país declaró constitucional impedir a deudores alimentarios ocupar un cargo público, y desechó la acción de inconstitucionalidad que promovió el organismo defensor de los derechos humanos. La sentencia fue aprobada por nueve ministros y sienta precedente. (El Heraldo de México, La dos, p.2)
Osorio y el costo político
Nos hacen ver que por más que se señale una actuación “por conciencia” en la bancada del PRI en el Senado, es el coordinador Miguel Ángel Osorio Chong quien habrá de cargar con una parte del costo por la votación del PRI sobre la reforma militar. Y es que se mostró una falta de ascendencia del hidalguense sobre los integrantes de su fracción, y distancia en torno a la posibilidad de generar cohesión y espíritu de cuerpo en torno a ideales o propósitos. El dato es, nos dicen, literalmente duro: de 13 integrantes de la bancada, sólo tres, incluyéndolo a él, votaron en contra de la reforma para que las Fuerzas Armadas sigan apoyando hasta el 2028 las tareas de seguridad a través de la Guardia Nacional. ¿Crisis de liderazgo del PRI en la Cámara alta? Ya se verá.
Segob va por Ayotzinapa
Y es la fiscalía especial para el caso Iguala, denominada formalmente Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, la que quedará en adelante un poco más aproximada a los entornos y líneas de acción gubernamentales relacionadas con el tema. Y es que quien fue designado ayer al frente de esa oficina fue Rosendo Gómez Piedra, abogado muy cercano a Adán Augusto López. El funcionario, de origen tabasqueño, se desempeñó como presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría de Gobierno de Tabasco, durante la gestión del ahora secretario de Gobernación. Gómez Piedra también ha sido subprocurador en la PGJDF. Ahora ocupará la responsabilidad que dejara acéfala, al dimitir, Omar Gómez Trejo.
Intenciones en Coahuila
No fue de a gratis, nos aseguran, que el Presidente, en la conferencia mañanera de ayer, a pregunta sobre los procesos electorales en Coahuila, aprovechara para señalar que “antes el mismo gobierno escogía al candidato opositor, aunque parezca increíble. Se supone que había partidos opositores y tenían que postular un candidato… pero desde el gobierno se ayudaba al candidato palero y ése salía de candidato del partido supuestamente opositor. Era un candidato opositor a la medida”. Y es que, nos comentan, esa misma atención aprecian en el actual mandatario estatal, Miguel Riquelme, y el PRI en la entidad. Ante ello, morenistas están en la idea de empezar a revelarlo para no permitir que el mandatario “y sus secuaces se salgan con la suya”. Uf.
¿Asesinato político en Morelos?
Nos recomiendan estar muy atentos a la investigación por el asesinato de la diputada local de Morelos Gabriela Marín Sánchez, ayer en Cuernavaca. El fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, adelantó que entre las líneas que se indagarían una muy fuerte es la del móvil político en el crimen. La joven legisladora apenas había rendido protesta al cargo el pasado 15 de julio, luego de que ganó un litigio en el Tribunal Electoral de la entidad sobre quién debía ocupar esa curul que había quedado vacante tras la muerte del diputado propietario. Gabriela ganó el juicio, pero al parecer a alguien eso no le gustó. Su ejecución podría ser un ajuste de cuentas y al mismo tiempo un mensaje para quien se atreva a desafiar a quienes mueven los hilos de la política en la entidad “supuestamente” gobernada por el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco. Hay que estar alertas, nos comentan.
Tlaxcala y la agenda cultural
Relevante, nos señalan, la “Declaración por Tlaxcala” que la gobernadora de esa entidad, Lorena Cuéllar, signó ayer para establecer un compromiso con la salvaguarda, protección y conservación del exconvento de San Francisco, considerado Patrimonio Cultural. Y es que con lo anterior la administración de la morenista le va poniendo un distintivo cultural a su administración, nos comentan. La declaración la firmaron también el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Icomos Mexicano y, como testigo, Frédéric Vacheron, representante de la UNESCO en México. Tlaxcala recibió el Certificado de la Unesco del Conjunto Conventual Franciscano y Catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción de Tlaxcala, México, como una Extensión del Bien Seriado “Primeros Monasterios del siglo XVI en las laderas del Popocatépetl”. Ahí el dato.
Música primorosa
Con la novedad de que el acercamiento entre Morena y el PRI va en ascenso. Las felicitaciones del dirigente guinda Mario Delgado a senadores priistas fueron muy efusivas. En un video, les envió un mensaje en el que les reconoció haber antepuesto el bienestar del país, dejar atrás el interés “pequeño” y la politiquería, para respaldar el bien común. Quizá el colimense se refería a que los tricolores puedan estar ya pensando en abandonar la tambaleante alianza que tienen con los panistas y los perredistas. Y además, nos dicen, cada día se hacen más anchas las puertas en Morena para que los tricolores se animen a pasar por ellas, aunque el problema es que Delgado antes señalaba a los priistas como el gran mal del país. (La Razón, La dos, p. 2)
En el informe que dieron a conocer en su última aparición pública, los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pidieron el “fortalecimiento de la Ueilca que revierta el proceso de deterioro, cuestionamiento y falta de apoyo institucional al interior de la Fiscalía”.
El fiscal y su equipo ya habían renunciado por las intervenciones de la FGR, por lo que recomendaron que el “nombramiento de nuevos responsables debe ser acordado con familiares y representantes. Los intentos de intervención deben ser acabados, dejando a la unidad que trabaje con la confianza, profesionalidad e independencia”.
Y explicaban: “El fortalecimiento de sus capacidades es una cuestión fundamental para llevar el juicio contra los encausados. Los desistimientos de las órdenes de detención deben ser discutidos, aclarados y contrastados con la evidencia existente en la investigación, y ser sometidos al criterio judicial y no cortocircuitados con intervenciones como las sufridas por parte de la FGR”. Además que pedían que en la Ueilca existieran “indicadores específicos sobre la profesionalidad, conocimiento del caso y estrategia jurídica por parte de quienes asuman la judicialización”.
Ayer supimos que la Fiscalía General de la República (es un decir) nombró al frente de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa a Rosendo Gómez Piedra, lopezobradorista de corazón, tabasqueño, hombre cercano a Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. Su última experiencia cercana a lo penal es cuando trabajó en la procuraduría del Distrito Federal cuando AMLO lo gobernaba. Desde aquel tiempo en la política. Y ayer supimos por el centro PRO-Derechos Humanos que la decisión no había sido comunicada ni explicada a los padres de los muchachos y había sido tomada sin informar al GIEI y otros órganos de asistencia técnica.
No creo que sorprenda a nadie. El esfuerzo que Ueilca, GIEI y la Comisión de la Verdad habían hecho en este sexenio había topado con el involucramiento de las fuerzas armadas en múltiples momentos antes, durante y después de los hechos de aquel 26 de septiembre. Las mismas fuerzas armadas que en el mismo lapso se han convertido en el brazo derecho y casi todo el izquierdo del Presidente de la República.
Pues sí, a veces es de buenas intenciones que está empedrado el infierno de la injusticia. (Carlos Puig, Milenio Diario, Al frente, p. 2)
El viernes 23 de septiembre llevaba días el escándalo en Chile y comparecía la jefa de las fuerzas armadas. El Ejército estaba en jaque y el Estado Mayor se quedaba sin titular. Se hablaba de la caída de funcionarios en el flamante gobierno del izquierdista Gabriel Boric porque un grupo de hackers-activistas llamado Guacamaya había logrado penetrar los servidores de internet militares y había expuesto cientos de miles de documentos confidenciales.
Todos los medios chilenos y algunos internacionales daban cuenta de ello. Casi como último párrafo de las notas se mencionaba que Guacamaya había también hackeado al Ejército mexicano. La directora editorial de Latinus, Arelí Quintero, leyó eso y le mandó el vínculo al jefe del área de investigaciones especiales, Mario Gutiérrez Vega.
Ese mismo viernes, Latinus Investiga envió dos correos electrónicos a Enlace Hacktivista, una plataforma más bien periodística para publicar hackeos y que ha servido de enlace entre reporteros y Guacamaya. Respondieron el sábado por la tarde. Expresaron compartirían todo a los periodistas e investigadores que lo pidieran, y mandaron un nombre de usuario y contraseña para que Latinus pudiera acceder a los documentos hackeados, y la indicación de cómo podían descargarse.
Es decir, los documentos podían consultarse en línea de inmediato en lo que se descargaban. Se tardaron en descargar tres días, pero se pudieron empezar a consultar desde el domingo 25. Empezó el trabajo de búsqueda y clasificación que hasta ahora no termina. Lo primero que saltó fue la agenda diaria del secretario de la Defensa. Luego el reporte de inteligencia que catalogaba de “organizaciones subversivas” a las feministas. También el parte militar diario con el estado de fuerza del Ejército, que se envía al alto mando: cuántos soldados están desplegados y en dónde. Era claro: nunca antes había sido tan expuesta la seguridad nacional del país.
Para el lunes 26 en la noche ya todo el equipo periodístico de Latinus estaba volcado en explorar el hackeo al Ejército de la rudimentaria manera en que se podía: Guacamaya daba acceso a una suerte de Bandeja de Entrada con cientos de miles de correos electrónicos con archivos adjuntos, que se podían explorar en un buscador de palabras, como lo hace cualquier persona con sus mails. Empezamos a buscar nombres de personajes de alto perfil, obras públicas emblemáticas, casos que han sido escándalos. En los siguientes días supimos que a López Obrador a veces lo citaban por su nombre completo y a veces con el nombre clave Zeus. Salieron los reportes médicos que exhibían que había mentido sobre su estado de salud y había escondido hospitalizaciones de emergencia. Nos topamos con documentos confidenciales con el detalle de nombres y apellidos de militares que han participado en operativos de alto impacto, el despliegue detallado de cuántos soldados hay en cada aduana en cada hora y cómo la propia Secretaría de la Defensa se queja de que falta personal, y una larga y gravísima lista de etcéteras.
Teníamos dos opciones: esperar a explorar todo o ir sacando lo que teníamos (y que ya era bastante escandaloso y revelador, amén del hackeo en sí). Se atribuye a Miguel Ángel Bastenier, exsubdirector del diario El País, la frase de que “hay dos clases de periodistas: los rápidos, y los que no son periodistas”. El jueves 29 en el programa a mi cargo en Latinus revelamos la primicia, con lo que habíamos encontrado hasta ese momento.
Lo que siguió es del dominio público. Lo que va a seguir no lo sabe nadie. (Carlos Loret de Mola, El Universal, Nación, p. 9)
Desde la campaña presidencial de 2018 hubo momentos que, por lo inédito, generaron mucha extrañeza. En dos ocasiones, una en Tamaulipas y otra en San Luis Potosí, el automóvil donde viajaba el candidato Andrés Manuel López Obrador se tuvo que detener en retenes de narcotraficantes. No lo retuvieron ni lo entretuvieron. En uno pasó casi en automático, y en el otro, uno de los criminales habló por radio antes de dejarlo pasar inmediatamente. Más adelante propuso una amnistía para los narcos, y como Presidente decidió, unilateralmente, que no los combatiría.
Rarezas como su deferencia con Joaquín el Chapo Guzmán, al que siempre se ha referido como “señor”, o con su madre; la benevolencia con su hijo Ovidio y la construcción de dos carreteras en la sierra de Durango, donde opera hegemónicamente el Cártel de Sinaloa, lo que llevado al centro de una discusión que sintetizaron hace cuatro meses dos políticos experimentados, Porfirio Muñoz Ledo y Francisco Labastida, concluyeron que López Obrador tenía un pacto con el narcotráfico. “Que dejen de calumniar”, les respondió, “si tienen pruebas, que las presenten”.
Pruebas no tenían. Labastida dijo que lo que existían eran indicios. Su gobierno y voceros criticaron soezmente al columnista de El Universal, Héctor de Mauleón, y a quien esto escribe, por señalar presuntos vínculos del crimen organizado con candidatas y candidatos de Morena en los últimos procesos electorales, en particular en Tamaulipas, y negaron cualquier nexo atacando a los periodistas. Paradójicamente, en estos días aparecieron los síntomas de un cáncer que va a carcomer a Morena y, eventualmente, podría ir consumiendo a López Obrador.
Información hackeada a la Secretaría de la Defensa Nacional comenzó a producir las cargas de profundidad contra López Obrador y su gobierno, con la difusión de correos electrónicos donde se van exponiendo los vínculos de los cárteles de la droga con dirigentes, candidatas y candidatos de Morena. Un correo incluye el informe del Centro Regional de Fusión de Inteligencia Sureste, localizado en Coatzacoalcos, que tiene bajo su mirada a siete entidades de la región, pero que se enfocó sólo en cuatro gobernadas por Morena o sus satélites: Campeche, Chiapas, Veracruz y Tabasco.
El correo detalla la operación y estructura de la delincuencia organizada y los vínculos que podrían tener gobernadores y alcaldes con los criminales. En otros correos se refiere a la complicidad de funcionarios de Veracruz, gobernado por Cuitláhuac García, de quien López Obrador ha dicho regularmente que es honesto, con el Cártel Jalisco Nueva Generación, al que le abrieron la puerta. También hay un reporte de Tabasco, hasta hace no mucho gobernado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, donde revela que 63% del territorio está ya en poder de esa organización.
Los correos hackeados empiezan a mostrar el andamiaje criminal que se ha expandido bajo gobiernos de Morena, que incluye otras entidades, como Nayarit, donde identifican a una candidata a regidora, María del Carmen Castellanos, como integrante de la estructura del Cártel de los Hermanos Beltrán Leyva. Asimismo, identifican al exfiscal Édgar Veytia, actualmente preso en Estados Unidos, de haber sido el protector de esa misma organización, en contradicción con lo que piensa López Obrador, que tiene lazos muy fuertes con el estado, que afirma que fue acusado injustamente. Nayarit es una de las entidades menos vistas dentro del enorme rompecabezas del narcotráfico y su penetración institucional, donde saldrá mucha información, por lo que se puede inferir, a partir de lo ya difundido, que tocará a alcaldes y alcaldesas que han estado bajo sospecha por los órganos de seguridad del Estado en los dos últimos años.
La información se va a ir desdoblando y se van a ir conectando eventos y personas, en tiempo y en espacio. El hackeo arrojará muchos más detalles de la narcopolítica. Hasta ahora han salido menos de 10 correos donde se relaciona o presuntamente se vincula a políticos de Morena con el narcotráfico, y faltan por explorarse, literalmente, millones de correos adicionales. Lo que está surgiendo permite asomarse también a algunas de las técnicas que utilizó el Ejército en la recopilación de la información, donde además de la inteligencia humana, hay intercepciones telefónicas de gobernantes en distintos niveles.
Lo que ya asomó a partir de las búsquedas de diferentes medios de comunicación son algunos correos que detallan la penetración institucional de los criminales, que se sustentan y ratifican en mapas de riesgos elaborados por algunos gobiernos estatales en el pasado o por la Marina. Un ejemplo es el informe de inteligencia militar elaborado tras la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, cuya matriz la realizó la fiscalía de Guerrero, donde establecen vínculos de 20 alcaldes de distintos partidos con organizaciones criminales.
Los correos difundidos permiten establecer también algunos de los métodos utilizados por el Ejército para obtener información en campo, que se considera de seguridad nacional. Por ejemplo, ya salió cómo funcionó el Presidente y el gabinete de seguridad el 17 de octubre de 2019, cuando se dio el culiacanazo, pero no aparecen aún los correos de la preparación del operativo y la secuela del fiasco. De la misma manera, como se puede apreciar en algunos correos, los métodos empleados, la preparación de las visitas presidenciales a Badiraguato, consideradas dentro del Ejército con la más alta prioridad de seguridad nacional, arrojarán detalles de cómo dos gobernadores pudieron haber negociado con el Cártel de Sinaloa los viajes del Presidente.
López Obrador dijo el viernes, un día después de que inició la difusión del hackeo, que no había nada nuevo, y tampoco qué temer. No se sabe si sus consideraciones cambiaron, pero sí hay novedades que provienen de una fuente intachable para él, el Ejército, y sí hay razones para temer, cuando menos políticamente, por el énfasis que se aprecia en los correos publicados sobre la preocupación militar sobre el narco en las entrañas de Morena. Cosas fuertes deben haber visto para haber hecho de ello una prioridad de inteligencia. Cosas fuertes nos vienen a todos. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 36)
Con la escaramuza ocurrida en el Senado con motivo de la discusión en torno a la permanencia del Ejército en tareas de seguridad pública hasta 2028, unos, el bloque oficialista se ufana de la pírrica victoria conseguida; otros, se relamen las heridas para continuar en la brega, aunque lo cierto es que para el grueso de la población, lo que queda es desconfianza y decepción, al tiempo de ratificar la percepción de que los legisladores buscan, además de seguir “mamando” del presupuesto, llevar agua a su molino y mantenerse en su lucha frenética por el “hueso” y por el poder.
¿O acaso creen Ricardo Monreal y sus huestes que su gesta al plegarse a los designios del principal huésped de Palacio Nacional tiene mérito alguno?, ¿o que la tiene el haber sentado las bases para fortalecer la militarización del país en detrimento del régimen democrático que nos gobierna?
El festejo es una afrenta para todos.
Los datos duros son contundentes: la violencia y la inseguridad pública con las Fuerzas Armadas en las calles van en aumento, a tal nivel que cada vez existen más regiones del territorio nacional que están en manos de los criminales, quienes obligan a los residentes a emigrar a otras zonas.
Para estos desplazados, el Estado fracasó en protegerlos y por ello, solo atisban a huir del lugar (en donde nacieron, crecieron, formaron una familia y un patrimonio) para buscar nuevos horizontes.
En lugar de buscar capacitar y profesionalizar a los cuerpos policiacos de los municipios y de las entidades federativas y asignar más presupuesto, entre otros apoyos, los senadores y diputados se fueron por la fácil, determinar con ajustar el marco normativo para mantener al Ejército en las calles, mientras que la población sigue padeciendo los embates del hampa.
Los legisladores que votaron a favor de la militarización traicionaron a la memoria de aquellos próceres que dieron su vida para terminar con las dictaduras, verbigracia, como la de Porfirio Díaz, quien apoyado por el Ejército se mantuvo en el poder por más de tres décadas.
En tanto, los senadores aprobaban la permanencia del Ejército en las calles hasta el 2028, salen a la luz las atrocidades que hacen los militares, léase el caso de Ayotzinapa, y el poder metaconstitucional que les otorga el presidente, al incorporarlos, entre otras tareas, a la vida de los negocios con una línea área comercial.
Solo un ignorante de la historia, o un zalamero de la peor ralea, puede pasar por alto el inmenso costo que conlleva dotar a los militares de tanto poder, mismo que aun bajo otra administración será muy difícil quitárselos por la buena.
Así que, mientras los senadores de Morena, PT, PVEM, PES, PRD y la mayoría del PRI festejaban darle más poder al Ejército, en la percepción pública continúa su deterioro hasta llegar a ser los servidores públicos peor calificados, incluso más que los policías o los mismos políticos.
De pena ajena ver cómo en tribuna y luego con su voto, los senadores del PRI y PRD que votaron a favor de la militarización, cambiaron de opinión como una suripanta de calzones.
En la víspera de la votación, varios de ellos se volcaron en adjetivos contra la permanencia del Ejército en las calles en tareas de seguridad más allá del 2024, pero cuando les llegaron al precio o les extendieron la Carta Blanca, esa que los cubre con el manto de la impunidad, se fueron recio contra los que fueron aliados y amigos.
Como escribimos en otra columna, la traición es el peor de los pecados y por eso se ubican en el último de los infiernos de Dante Alighieri, ya que para cometer la felonía, primero tienen que ganarse la confianza de sus víctimas.
Así que para los senadores del PRI como Carlos Aceves, Manuel Añorve, Eruviel Ávila, Sylvana Beltrones, Ángel García, Verónica Martínez, Nuvia Mayorga, Carlos Ramírez Marín y Mario Zamora, su deslealtad y perfidia han quedado registradas.
De igual manera, el pillo que resultó ser, porque así lo documentan los expedientes que obran en la Fiscalía de la CDMX, Miguel Ángel Mancera (PRD), quien no tuvo empacho en sumarse a sus verdugos, ya que prefirió “borrar los delitos” en que incurrió cuando ocupó la jefatura del Gobierno capitalino.
Llama la atención cómo Ricardo Monreal, pastor de los senadores morenistas, se dobló para mantener apaciguado a AMLO, mientras que esboza cuál camino seguir en el futuro, porque así se baje los pantalones o se tire de alfombra, no tiene cabida en Morena y menos de hacer realidad su sueño guajiro de ser el sucesor del tabasqueño.
La desconfianza de la ciudadanía en sus representantes populares es un escollo para el ejercicio de la gobernanza, así que luego no se quejen cuando el pueblo bueno y sabio les dé la espalda. (Alejo Sánchez Cano, El Financiero, Opinión, p. 31)
Los acuerdos tienen mala fama en la política nacional. Nos gusta el enfrentamiento, la polarización, como si acordar algo con los adversarios o enemigos pareciera ser un pecado capital, el diálogo pareciera que sólo se puede realizar con los propios y en ocasiones, como ocurre con la Presidencia de la República, ni siquiera con todos, sólo con algunos elegidos. Llegar a un acuerdo legislativo implica haberlo hecho en lo oscurito (como si los grandes acuerdos políticos a lo largo de la historia se hubieran tejido a la luz pública), o peor aún, que de por medio estuvieron coerciones, amenazas, compra descarada de votos.
Hay casos así, en México y en el mundo, pero, en realidad, los acuerdos políticos entre fuerzas, incluso enfrentadas, son una realidad pragmática en todas las democracias del mundo y no tienen por qué ser vergonzantes: el partido Liberal en Alemania ha gobernado con socialcristianos y socialdemócratas durante años y estos dos grandes partidos cogobernaron con Angela Merkel en época de crisis. En el Congreso de Estados Unidos los votos, mucho más personales que alineados a los partidos en muchos temas, se negocian con base en acuerdos de todo tipo, incluyendo presupuestales. En Brasil, Lula da Silva, el candidato de centroizquierda, lleva como candidato a vicepresidente a un reconocido militante de centroderecha. En España, el PSOE prefirió llegar a acuerdos para aumentar gastos de defensa con sus adversarios del PP que con sus aliados de Podemos, reacios a ese aumento.
En México, todo acuerdo, si no es contra algo o alguien, es objeto de sospecha. Durante el gobierno de Carlos Salinas, los acuerdos establecidos por esa administración con el PAN, que permitieron una amplia red de reformas constitucionales, incluyendo varias de la agenda panista, como el de la relación Iglesia-Estado, fueron calificadas como concertacesiones, porque se reconocieron triunfos panistas en algunos estados y se simplificó lo que fue un trabajo legislativo notable del oficialismo y de personajes panistas como Diego Fernández de Cevallos. (Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, Nacional, p. 8)
Ayotzinapa: fiscal A (u) gusto // AA toma control del caso // Gómez Piedra, grupal // Totolapan y Morelos
Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, toma el caso de los 43 mediante un fiscal especial de su confianza, con lo cual desplaza la línea directa de trabajo del subsecretario Alejandro Encinas con la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (Ueilca), afecta la relación de confianza e interlocución con los familiares de los desaparecidos (y con el saliente Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) y abona la percepción de que la actual administración federal no irá más adelante ni más a fondo en este tema que ha generado una proporcional reacción adversa en el poder militar.
El nuevo fiscal especial (es decir, nuevo titular de la Ueilca) es Rosendo Gómez Piedra, un doctor en ciencias penales que en Tabasco ha ocupado cargos electorales (presidente, en distintas fechas, tanto del instituto como del tribunal electoral estatales), judiciales (procurador de Justicia y, en otra época, magistrado presidente del Poder Judicial) y políticos (secretario de Gobierno con Arturo Núñez, por ejemplo). De la mano de Adán Augusto ha sido, en el plano federal, abogado de la Secretaría del Bienestar y director jurídico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (perfil en Tabasco Hoy: https://bit.ly/3El680w).
El paisanaje y la subordinación política del nuevo fiscal especial, Gómez Piedra, rompen el espíritu de lo anunciado el 26 de junio de 2019 con la creación de la citada Unidad Especial (Ueilca) y la designación de Omar Gómez Trejo como fiscal, acordado todo con los familiares de los 43 y entendidas la unidad y el fiscal como vías confiables, no facciosas, en sintonía con el GIEI (Omar había sido secretario técnico de este grupo), para investigar y procesar judicialmente el caso Ayotzinapa. (Julio Hernández López, La Jornada, Político, p. 8)
Georgia, el pequeño país del Cáucaso parcialmente invadido por Rusia en 2008, adoptó una política de no confrontación contra su vecino del norte cuando éste invadió Ucrania en febrero de este año.
A pesar de ser un país con poco más de tres millones de habitantes, Georgia ha logrado mantener su identidad nacional y cultural a lo largo de los siglos y fue el país con mayor transformación política y económica de la región entre 2000 y 2010 bajo el régimen del anterior presidente Sakaashvili, quien posteriormente fue criticado por abusos de poder y se encuentra ahora en la cárcel.
Bedzina Ivanishvili, oligarca georgiano que hizo su fortuna en Rusia, creó el Partido “Sueño Georgiano” que derrocó a su predecesor y ha mantenido el poder desde 2012. En 2014 Georgia fue el país que más había avanzado para firmar un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, delante de sus vecinos Moldavia y Ucrania.
Sin embargo, el proceso de transformación del país se desaceleró en años recientes y ha recibido críticas por parte de los aliados tradicionales (EUA y UE) a tal punto que Georgia no obtuvo el mismo trato que Moldavia y Ucrania para el proceso acelerado de integración a la UE anunciado este año.
Al iniciar la invasión rusa en Ucrania, Georgia tomó una posición relativamente neutra respecto al conflicto, y se limitó a condenar la invasión de un territorio soberano, enviar algo de ayuda humanitaria pero no mandó ayuda militar y se negó a aplicar sanciones comerciales o financieras contra Rusia.
Aunque ha sido un posicionamiento que ha levantado algunas críticas de voces dentro y fuera del país, el resultado ha sido que han llegado a Georgia un estimado de 80 a 100 mil refugiados rusos, bielorrusos y ucranianos muchos de ellos de clase media a media alta. El país se ha beneficiado de la derrama económica que los refugiados han traído con ellos de tal suerte que la moneda local, el lari, es de las pocas monedas mundiales que se ha apreciado respecto al dólar norteamericano en casi un 20%.
Después de una acentuada contratación económica por el covid, la economía se ha expandido más de un 15% en este año, con efectos positivos importantes en la ocupación hotelera y servicios conexos y en los precios de los bienes raíces y rentas de vivienda de alta gama. En las calles de Tibilis se escucha hablar el ruso y se ven muchos autos con matrícula rusa, varios con banderas ucranianas en su interior para señalar su apoyo y evitar agresiones, ya que algunos georgianos no aprueban la llegada de quienes consideran sus invasores.
Es bien conocido que Putin tiende a justificar sus invasiones a otros países, bajo el falso pretexto de defender a sus nacionales. Por lo que, si bien hoy Georgia se beneficia de una política neutra, queda por ver si la inmigración de rusos no será en un futuro cercano el argumento para lanzar una nueva ofensiva a un país mucho más pequeño y menos preparado a defenderse. No olvidemos que las tropas rusas estacionadas en Osetia del Sur se encuentran tan solo a unos 35 kilómetros de la bella capital de Georgia, Tiblisi. (Bruno Balvanera, integrante de la Unidad del COMEXI sobre el Mediterráneo, Cáucaso y Asia Central. Exdirector Ejecutivo de BERD, El Economista, Geopolítica, p. 43)
Una vez más el Presidente ganó la batalla a la oposición. Por 87 votos contra 40, el Senado aprobó el 4 de octubre la enmienda al quinto transitorio del artículo 21 constitucional, que creó la Guardia Nacional, para ampliar hasta 2028 la participación de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública. No solo sigue AMLO imponiendo su proyecto de militarización, sino que está desarticulando a una oposición que ya desde antes mostraba debilidad. Nueve de 13 senadores del PRI, y dos de tres del PRD, incluyendo al jefe de la bancada, Miguel Ángel Mancera, se unieron a la mayoría oficial. Las promesas de que la oposición no aceptaría ninguna reforma constitucional han caído por tierra. Las perspectivas de la alianza opositora se desmoronan.
Ningún Presidente desde los tiempos del viejo PRI había tenido el poder que hoy concentra López Obrador. Los últimos fueron Luis Echeverría y José López Portillo. Los predecesores inmediatos de AMLO, que no tenían mayorías absolutas en el Congreso, hacían malabares para lograr la aprobación de sus iniciativas y muchas veces fracasaban. López Obrador, en cambio, puede obtener la ratificación de la mayoría de sus iniciativas sin cambiar una coma, e incluso las reformas constitucionales las ha logrado sin modificaciones significativas. No ha perdido, de hecho, casi ninguna partida importante.
Si bien López Obrador se opuso a la militarización cuando era opositor, y prometió como candidato que regresaría a los militares a los cuarteles, ahora dice que ha cambiado de opinión. La militarización que está impulsando, sin embargo, es mucho más extensa y profunda que la que ha intentado cualquier Presidente desde los tiempos en que los generales gobernaban el país. No solo está buscando dejar las tareas de seguridad pública en manos castrenses, sino que quiere militarizar una amplia gama de actividades civiles. Estamos regresando a los tiempos en que los militares se repartían los cargos públicos y las canonjías. (Sergio Sarmiento, Reforma, Opinión, p. 10)
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ratificó que México impugnará el fallo de un juez federal de Estados Unidos que desechó la demanda para responsabilizar legalmente a un grupo de fabricantes de armas de fuego por diseñar y comercializar sus productos a sabiendas de que sus clientes finales serán los grupos del crimen organizado de nuestro país; asimismo, anunció que se insistirá en la exigencia de frenar el tráfico de esos instrumentos mediante dos nuevos litigios, incluido uno contra las armerías. Para ilustrar la importancia de combatir el descontrol en la venta de armas en territorio estadunidense, el canciller recordó de enero de 2020 a la fecha México ha asegurado en su frontera norte 55 mil 996 de dichas piezas, de las cuales 21 mil 430 son armas largas, una cifra mayor a las compras totales para las fuerzas armadas y las policías mexicanas.
México y Estados Unidos son casos excepcionales por reconocer en sus constituciones el derecho de los ciudadanos a poseer armas de fuego, pero la manera en que se ha legislado y reglamentado esa facultad en cada país ha llevado a situaciones diametralmente opuestas en el acceso a ellas por parte de civiles. Allende el río Bravo, basta con una identificación para comprar desde una pistola hasta un rifle de asalto; se puede entrar a un supermercado y salir con un arma; las armerías deben correr una revisión de antecedentes, pero de los 300 millones de comprobaciones efectuadas desde 1998 sólo se han denegado 1.5 millones de solicitudes (es decir, 0.5 por ciento); en algunos estados ni siquiera se necesita ser mayor de edad para adquirirlas, y una ley aprobada durante el reaganismo prohíbe a gobiernos estatales o locales preservar información personal de los dueños de armas de fuego, por lo que ni siquiera se cuenta con un registro de quiénes y cuántas tienen en su poder. Para las compraventas entre particulares –que representan 40 por ciento del mercado– no se requiere siquiera la comprobación de antecedentes penales. (Editorial, La Jornada, p. 2)