Esta vez será en Washington y hasta invitarán a funcionarios mexicanos. (La Jornada, Contraportada)
Tarea migratoria sin fin
En la víspera del diálogo entre los gabinetes de seguridad de Estados Unidos y de México, previsto para hoy, se anunció que EU aceptará a 24 mil venezolanos, pero advirtió que deportará a México a quien se salte el proceso. Habrá que estar atentos qué medidas toma el INM para contener a estas personas que se salten el trámite. ¿Será? (24 Horas, La dos, p. 2)
Que el canciller Marcelo Ebrard tendrá una reunión bilateral con el titular del Departamento de Estado de EU, Antony Blinken, en el contexto del Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad hoy en Washington, en el que también participará Alejandro Gertz Manero, cabeza de la FGR. Por los anfitriones estarán además el fiscal general, Merrick Garland, así como el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y la administradora de Usaid, Samantha Power, entre otros, para revisar el tema de la implementación del Entendimiento Bicentenario.
Que por cierto, los departamentos estadunidenses de Seguridad Nacional, que encabeza Alejandro Mayorkas, y del Trabajo, Marty Walsh, anunciaron ayer que emitirán reglas que otorgarán otras 64 mil 716 visas para empleadores de trabajadores temporales no agrícolas H-2B, además de las 66 mil H-2B que normalmente están disponibles. Con estos documentos adicionales para gente proveniente de Haití y Centroamérica, Washington dice actuar de manera rápida para atender las necesidades de los productores y cumplir con el compromiso de Joe Biden con AMLO. (Milenio Diario, Al frente, p. 2)
El canciller Marcelo Ebrard y los secretarios de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval; de la Marina, José Rafael Ojeda Durán, y de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, así como el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, se reúnen hoy en Washington con los secretarios de Estado, Antony Blinken, y Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, así como con otros funcionarios estadunidenses, para abordar la segunda edición del Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad entre México y Estados Unidos.
Se espera que el tema central del encuentro sea la presentación de avances del Entendimiento Bicentenario, acuerdo en materia de seguridad firmado en octubre pasado en remplazo de la Iniciativa Mérida, suscrita por Felipe Calderón y George W. Bush en 2008.
En enero de este año se dio a conocer el plan de acción de este programa que tiene como propósito declarado “proteger a la población, perseguir delitos fronterizos y a las redes criminales trasnacionales”, y en abril se informó de los primeros logros: aumento de 355 por ciento en las confiscaciones de fentanilo, desmantelamiento de un laboratorio dedicado a esta sustancia cada cinco días (antes era uno cada tres semanas), detenciones de dirigentes de distintos cárteles, adelantos en la investigación sobre la muerte de 50 migrantes en Chiapas en diciembre de 2021.
Del lado estadunidense, se habló del procesamiento de seis casos de alto nivel relacionados con tráfico de armas.
En aquel momento, el embajador de Washington en nuestro país, Ken Salazar, se congratuló porque “por primera vez nuestras naciones, con el liderazgo de los presidentes Biden y López Obrador, están atendiendo estos problemas de manera conjunta”. “No podemos cambiar la realidad del pasado en unos pocos meses”, dijo, pero “estamos contentos de anunciar que los gobiernos de Estados Unidos y de México estamos trabajando para hacer una diferencia”.
Pese a mensajes de buena voluntad como el anterior, a un año es clara la asimetría de posiciones, pues mientras la postura mexicana hace hincapié en el combate al tráfico de armas y en la cooperación para el desarrollo orientada a incidir en las causas profundas de la delincuencia, del otro lado de la frontera parecen no haberse enterado del fin del calderonismo ni han tomado nota del estrepitoso fracaso de la “guerra contra las drogas” declarada por Richard Nixon hace casi medio siglo.
Al mismo tiempo, se hace notar el doble discurso en episodios lamentables como el que tuvo lugar la semana pasada en Zacatecas, donde el embajador Salazar se apersonó acompañado de un equipo de colaboradores, principalmente de la Oficina Federal de Investigación, la Administración Antidrogas, la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia y la Agencia para el Desarrollo Internacional, para la firma (luego desmentida) de un acuerdo de “cooperación bilateral” abiertamente violatorio del pacto federal.
Está claro que los retos conjuntos en materia de seguridad y manejo humanitario de los flujos migratorios sólo pueden resolverse mediante la más amplia colaboración, pero para que ésta sea productiva deben cumplirse dos condiciones mínimas: en primera instancia, Washington debe escuchar y atender las posturas mexicanas, es decir, deponer la actitud neocolonialista de esperar una aceptación pasiva de sus premisas y, en segundo lugar, el gobierno y el aparato de inteligencia estadunidenses han de reconocer que la delincuencia en general, así como el comercio de estupefacientes en particular, no son problemas única ni primordialmente policiales, sino fenómenos con importantes componentes socioeconómicos que exigen un tratamiento multidimensional. (Editorial, La Jornada, p. 4)
El gobierno mexicano enfrenta una situación cada vez más complicada en su relación con Estados Unidos.
Muy al margen de lo que puedan ser las relaciones oficiales, que no se encuentran en su mejor momento, hay una creciente tendencia en el cuerpo político estadounidense a identificar a México y al gobierno mexicano como factores negativos para su seguridad.
El punto está en migración y narcotráfico, dos fenómenos que muchos analistas estadounidenses ubican juntos, son convenientemente presentados así por políticos republicanos y llevan ya tiempo en el imaginario popular.
Si el expresidente Donald Trump habló en al menos una ocasión sobre la posibilidad de bombardear laboratorios de metanfetaminas y otras drogas en México, la retórica comienza a escalar, obra y gracia de la campaña electoral en desarrollo, y la aparente necesidad de los republicanos de adoptar políticas nacionalistas basadas en la fuerza.
Así, de acuerdo con un Centro para la Renovación de Estados Unidos (Center for Renewing America), integrado por exfuncionarios de Trump, “ya es hora de que EU restablezca su soberanía y ponga fin al caos en la frontera”.
El pretexto inmediato es atacar la Presidencia de Joe Biden y exhibir a los demócratas como incapaces de defender las fronteras y obtener cooperación, de grado o por fuerza, del gobierno mexicano.
Y de hecho, uno de los puntos importantes para los autores del ensayo es que, al final del día, el gobierno mexicano quede en control real del ciento por ciento de su territorio, aunque hace notar que “hasta la fecha, el gobierno ha demostrado ser incapaz o no estar dispuesto a abordar adecuadamente a los cárteles asesinos”.
Pero a final de cuentas su enfoque es que “la realidad es que una futura administración y el Congreso deberán detener a los asesinos cárteles internacionales de la droga responsables por el caos que envuelve a México, Centroamérica y nuestras comunidades.
Es difícil determinar qué tan lejos están dispuestos a llegar los proponentes de esa política, pero no se esconden al mencionar que “hacer la guerra contra los cárteles y enfrentarse a redes selectas de cárteles y facciones afiliadas” es la mejor manera “de poner fin al caos”.
Lo evidente es que hay una audiencia dispuesta a creer lo que sea respecto a México, presentado ya en películas y series de televisión como un sitio donde florecen la ilegalidad y la violencia, que abona el terreno para que los proponentes republicanos en la actual campaña electoral presenten a México como un peligro para la seguridad nacional de su país.
Lo preocupante es que criticar a México resulta barato y fácil, y que un triunfo republicano en noviembre sería casi el anuncio de su victoria en los comicios presidenciales de 2024, y la prevalencia de actitudes peligrosamente negativas hacia México. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Orbe, p. 27)
El 30 de septiembre, el juez federal Dennis Saylor desestimó la demanda del Gobierno de México contra once fabricantes de armas en Estados Unidos por sus prácticas negligentes que promueven el tráfico ilícito de esas armas. México anunció de inmediato que va a apelar. El 10 de octubre, México interpuso otra demanda contra cinco armerías en Arizona cómplices en el tráfico hacia México de armas de alto poder, instrumentos de daños devastadores.
El mercado de armas en Estados Unidos es enorme, militarizado y permisivo, con miles de armerías en Texas, Arizona y California. Por lo menos 70% de todas las armas ilícitas recuperadas en México y monitoreadas vienen de Estados Unidos. La venta libre de fusiles de asalto y para francotiradores representa una oferta obvia para organizaciones que utilizan la violencia en México para controlar y disputar mercados ilícitos. Un estudio de la Universidad de San Diego estimó que 250,000 armas de fuego pasan ilegalmente por la frontera a México cada año. Ya hay más homicidios en México con armas de Estados Unidos que los que hay en Estados Unidos. El juez Saylor citó legislación federal que blinda a las armerías contra los efectos destructivos del uso de armas. La apelación de México pondrá a prueba si esa ley puede aplicarse extraterritorialmente por daños causados en México.
Las políticas de armas, drogas y migración de Estados Unidos son perfectas para el modelo de negocio de las organizaciones criminales. Por un lado, la militarización de la frontera para frenar el flujo de drogas y de migrantes hacía Estados Unidos hace que los precios de las drogas y del tráfico de migrantes aumenten enormemente. La fácil disponibilidad de armas de alto poder en Texas y Arizona facilita el control y la disputa por esos mercados en México. El aumento del armamento importado legalmente a México para uso policial, cuando las autoridades se coluden con la delincuencia, empodera aún más a los criminales coludidos, al mismo tiempo que aumenta el índice letal de los enfrentamientos entre agentes estatales y no-estatales.
Pero la prioridad que ambos países ponen en el comercio legal, institucionalizado con los tratados de libre comercio bilaterales, genera un enorme, dinámico e ilícito tráfico por la frontera, con docenas de miles de camiones, contenedores y carros cruzando diariamenteos. En ese flujo, la eficacia de estrategias enfocadas en detectar y confiscar armas de fuego en la frontera es muy limitada, tal como hemos visto durante las décadas de la guerra contra las drogas. Es más, la narrativa racista de que la violencia y males vienen del sur y no de Estados Unidos ha arraigado la infraestructura paramilitar y tecnológica contra flujos del Sur al Norte, con poco interés en las armas que van a México.
Las demandas de México contra armerías en Estados Unidos representan un paso importante. Ponen en la mira la responsabilidad de los que lucran de las armas usadas en la violencia y pueden tener resultados jurídicos y en los debates públicos. Pero no son suficientes. Más de una de cada cuatro armas aseguradas en México desde 2016 fueron importadas a Estados Unidos antes de ser compradas en armerías y traficadas a México. El presidente Biden puede volver a reclasificar las armas de asalto, tal como hizo Bill Clinton y así prohibir su importación a Estados Unidos. Lo puede hacer sin recurrir al Congreso, donde muchos temas se estancan. Es evidente que muchos actores necesitan voluntad política para frenar el flujo de armas que destruyen tantas vidas en México, en Estados Unidos y aún en otros países. (John Lindsay-Poland, El Economista, Geopolítica, p 42)