La cerrazón de los últimos dos gobiernos de Estados Unidos ha elevado a ese extremo el precio para quienes buscan cruzar la frontera. (La Jornada, Contraportada)
Viven atrapados entre la espada de la dictadura de Nicolás Maduro y el muro de la insensibilidad de Estados Unidos. Llegan a la frontera agotados, con frío y hambre, angustiados, desesperados. Es la diáspora venezolana varada en el norte de México. Llegaron hasta allí después de un largo y riesgoso viaje, con la esperanza de cruzar hacia Estados Unidos.
Hay niños, mujeres, hombres a los que, de un día para otro, les arrebataron la esperanza de una vida mejor. Les cerraron la posibilidad de avanzar por tierra hacia la Unión Americana y la mayoría no tiene dinero para regresar a su país. Y es que el pasado 12 de octubre –Día de la Raza– Estados Unidos puso en marcha una norma que ordena que todo migrante venezolano que entre ilegalmente a Estados Unidos por la frontera con México será expulsado de inmediato. El presidente Biden puso a disposición de los venezolanos 24 mil visas, pero tienen que tramitarlas desde su país y entrar a Estados Unidos por avión. En 2022, la migración ilegal de venezolanos hacia ese país se incrementó en 293% en relación con el año anterior. Para el 16 de octubre –cuatro días después que entró en vigor la nueva ley– ya habían sido expulsados a territorio mexicano 1,768 venezolanos, según BBC News.
Los tiempos son hostiles para los migrantes. El 22 de noviembre próximo habrá elecciones intermedias en EU. Se definirá quién se queda con el control del Congreso y se votarán gobernadores en 36 estados. Una encuesta de Pew Research, nos dice que para 54 por ciento de los estadunidenses, el tema de la inmigración ilegal es muy importante e influye en el sentido de su voto. México exige a los venezolanos, desde el pasado enero, visa para entrar al país. Los requisitos para obtenerla son inalcanzables para la mayoría que aspira a migrar: Deben mostrar arraigo en su país y una cuenta bancaria de, por lo menos, 2 mil 500 dólares, según la citada BBC. El salario mínimo en la tierra de Simón Bolívar es de 20 dólares. De acuerdo con el censo del Inegi en 2020, en México radican 52 mil 948 venezolanos. La cifra, sin embargo, podría ser superior a 80 mil, si tomamos en cuenta a los ilegales.
* Charlamos del tema con la activista Clara Torres, directora del Instituto Chihuahuense para el Nuevo Desarrollo Infantil. Nos dice: “Sólo falta ver si en el gobierno de México hay algo más que palabrería para que Hacienda y el SAT abran esquemas que permitan a esos miles de venezolanos, a los centroamericanos o de cualquier nacionalidad, quedarse de manera formal en México. Sólo en Juárez hay 25 mil vacantes en la industria maquiladora, algunas de las cuales podrían ser ocupadas por esas personas que lo único que buscan es una oportunidad para salir adelante, igual que lo hacen los miles de mexicanos en el vecino país”.
Clara es cabeza de un proyecto que desarrolla en Juárez el gobierno de la panista Maru Campos para ayudar a los migrantes venezolanos, en particular a los que llevan niños. “La dinámica diaria, dentro de los refugios instalados por el gobierno del Estado, es una fotografía de solidaridad y resiliencia”, nos dice la activista. Presume: “Hay funcionarios trabajando como voluntarios organizando traslados, gestionando donación de alimentos para tres comidas al día y montando guardias para no dejar solas a las familias migrantes”. Clara, no sobra decirlo, fue de las primeras bajas en el gobierno de López Obrador. Estaba a cargo del programa de Estancias Infantiles, pero renunció en febrero del 2019 por no estar de acuerdo con los recortes a este programa, que finalmente desapareció.
* No puedo más que aplaudir la denuncia penal que presentó ayer el senador Ricardo Monreal en contra de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores. Los delitos que le imputan a la mandataria son: intervención de las comunicaciones privadas, violación de las garantías individuales y peculado por el uso de recursos públicos.
La denuncia terminará probablemente en un archivo de la Fiscalía. En el improbable caso de que Gertz procediera, tendría que solicitar su desafuero a un Congreso de mayoría morenista. Me atrevo a vaticinar que a Layda no le pasará nada. No es opositora; el presidente López Obrador la quiere. Tiene seguro su fuero, por lo menos hasta el 2024. La gobernadora disparó su petardo contra el senador con la idea de abrirle el camino a Claudia Sheinbaum rumbo al 24. Es público que forma parte de la porra de la jefa de Gobierno de la CDMX. Se le metió la idea de que así la ayudaba (Francisco Garfias, Excélsior, Nacional, p.4)
Estamos tan acostumbrados a escuchar a políticos prometer mil cosas y luego no cumplir, que ya es normal suponer que lo hacen por costumbre, por malicia y porque saben que, a la larga, pocos se acordarán de lo que prometieron. O que culparán a la oposición por obstaculizar sus buenas intenciones. El argumento va, más o menos, así: yo traté de cumplir pero no me dejaron.
Estoy seguro que ustedes pueden recordar a un montón de políticos que han prometido el sol y la luna y, por supuesto, no cumplieron nada. En México tuvimos un Presidente -José López Portillo- que prometió en 1981 “defender el peso como un perro”. La frase se hizo famosa al igual que la colina donde vivía. Pero no defendió la moneda nacional, hubo una terrible crisis económica y muchos mexicanos (yo incluido) nos fuimos del país poco después.
Les cuento esto a unos días de las elecciones en Estados Unidos. Les llaman “intermedias” pero en realidad se ganan con las bases partidistas y en los extremos. Ya nadie gana elecciones buscando el centro. Están en juego los 435 puestos de la Cámara de Representantes, una tercera parte del Senado y hay todo tipo de elecciones -incluyendo de gobernador- en varios estados.
La historia, que es muy terca, nos indica que el partido del Presidente en turno suele perder votos y poder en las elecciones intermedias. Las últimas encuestas que vi -del confiable sitio www.fivethirtyeight.com- pronostican que el Partido Demócrata va a perder el control de la Cámara de Representantes y, quizás, del Senado también.
Si eso pasa, olvídense de una reforma migratoria para legalizar a los más de 10 millones de indocumentados en Estados Unidos (que en su mayoría son mexicanos). Los republicanos no están dispuestos a moverse a menos que se garantice la seguridad en la frontera. Y eso es imposible. La frontera entre México y Estados Unidos es porosa por historia y naturaleza.
Quien nos hizo a los latinos una gran promesa migratoria fue Barack Obama. Cuando aún era candidato en el 2008 prometió que “tendremos en el primer año (de mi Presidencia) una propuesta migratoria que yo pueda apoyar con fuerza”. ¿En el primer año?, le volví a preguntar. “En el primer año”, contestó. Pero no cumplió (a pesar de que el Partido Demócrata tenía supermayoría para pasar cualquier ley en ambas Cámaras del Congreso de enero a agosto del 2009).
En el 2016 la candidata Hillary Clinton prometió que presentaría al Congreso una legalización de indocumentados con camino a la ciudadanía en sus primeros 100 días en la Casa Blanca. Pero Donald Trump le ganó. Luego Joe Biden prometió enviar al Congreso una reforma migratoria en su primer día como Presidente. Y lo hizo el 20 de enero del 2021. El problema es que Biden nunca contó con los votos necesarios para aprobar su propuesta. Y todo quedó en el aire.
Tres promesas incumplidas.
Los hispanos recuerdan las promesas de Barack Obama, Hillary Clinton y Joe Biden. Y cómo fueron utilizadas para atraer el voto latino. También saben que, por distintas razones, nunca se cumplieron. Entre muchos miembros de nuestra comunidad hay una enorme frustración, cansancio y desilusión por esas promesas incumplidas. Desde 1986 -cuando el republicano Ronald Reagan aprobó la última reforma migratoria- estamos escuchando lo mismo. Y ya no queremos más promesas vacías.
Entiendo que hay otros temas más importantes que la inmigración en estas elecciones del 8 de noviembre, como la inflación y las amenazas a la democracia. Pero el tema migratorio está muy presente entre los latinos, es algo muy cercano al corazón y todos somos inmigrantes o conocemos a alguien que lo es. Y si los demócratas han prometido tanto, por tanto tiempo, en un tema tan importante, y no han cumplido, la paciencia de los hispanos se agota y piden urgentemente resultados.
Cada vez hay más latinos que se están yendo hacia el Partido Republicano. Donald Trump pasó del 28 por ciento del voto hispano en el 2016 a un 38 por ciento en el 2020. Pronto veremos si la tendencia del voto latino se mantiene en estas votaciones o si se trata, únicamente, del fenómeno Trump.
Pero lo que sí está claro es que prometer mucho e incumplir no es la mejor manera de ganar votos. Todos, al final, se cansan. Quien mucho promete… (Jorge Ramos Ávalos, Reforma, Opinión, p.8)
En junio de 2020, la embajada de Estados Unidos en México avisó al comando conjunto militar en Cozumel que un avión sospechoso viajaba hacia allí desde Maracaibo, Venezuela. Llevaba un cargamento ilegal de uranio.
Los militares hicieron un cordón de seguridad para detectar la nave. Poco después, llegó al sitio un teniente de la Guardia Nacional, vestido con ropa de la Marina y algunos elementos de la Guardia. Los militares les informaron que esperaban la revisión especializada. El teniente no hizo caso. Dijo que tenía órdenes del inspector de la Guardia Nacional en Cozumel. Entró al área de revisión, interrumpió la inspección, tomó fotografías.
Los resultados de las pruebas radiactivas fueron negativos. No había uranio en el avión, oficialmente. Molestos por el fracaso, los otros mandos militares en la zona advirtieron a sus jefes que miembros de la Guardia Nacional “que provienen de la Marina” intentaban robar protagonismo, afectaban la imagen de la institución, entregaban fotografías a los medios y ponían en peligro a sus compañeros.
Dos semanas después, la embajada estadounidense avisó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que un avión privado saldría del aeropuerto de Toluca, rumbo a Venezuela. Llevaría dinero de la delincuencia organizada. Uno de los pilotos era mexicano y otro estadounidense. Los militares organizaron un grupo para investigar. Enviaron a 36 elementos, desde oficiales hasta inspectores aeronáuticos, vestidos con uniforme de la Agencia Federal de Aviación Civil. Revisaron 58 aviones. No encontraron el dinero, ni a los pilotos.
Tras los dos fiascos, el Estado Mayor de la Defensa Nacional sugirió al general secretario, Luis Cresencio Sandoval, que reclasificara como información de confiabilidad “media baja” las pistas que les enviaba la embajada, en lugar de “confiabilidad alta”. Con esta nueva clasificación, los informes de la embajada no ameritarían operativos especiales, sino solo alguna indagatoria.
El relato de los párrafos anteriores proviene de dos informes que recibió el general Sandoval de sus colaboradores más cercanos. Son dos entre miles de archivos clasificados como confidenciales y secretos, hackeados por el grupo de activistas Guacamaya.
Los informes permiten entender las disputas internas en la Guardia Nacional, entre militares, marinos y exoficiales de la Policía Federal. Todos pertenecen oficialmente a la Guardia, pero muchos sospechan que sus compañeros no son eficientes.
Los documentos también revelan cómo la Sedena está poco actualizada en los modos que usan los traficantes para vender la droga. En 2019, por ejemplo, cuando la venta de droga por Internet ya estaba ampliamente documentada en informes oficiales de agencias estadounidenses, en la Sedena le decían al secretario que debían empezar a investigar cómo funcionaba eso del comercio de drogas por Internet.
Otro elemento que destaca en los documentos es la tensa relación entre el Ejército mexicano y el gobierno estadounidense.
En 2019, Sandoval recibió un documento que evalúa el desarrollo de la Iniciativa Mérida. La Sedena se queja de que el apoyo del gobierno estadounidense no ha llegado a los niveles estatales ni municipales, ni se han diseñado mecanismos para disminuir el tráfico de armas ni de municiones. Apuntan a que Estados Unidos condiciona su apoyo para la erradicación aérea en el empleo de glifosato como herbicida, aun después de que la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer declaró que es un posible carcinógeno.
En los últimos tres años, altos mandos de la Sedena recomiendan a Sandoval cómo responder a las presiones de EU para combatir a los grupos de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, capturar a más criminales, incautar más droga y destruir más plantíos.
El único elemento en el que parecen coincidir ambos países es la idea, de la cual no parecen tener una confirmación clara, de que las caravanas de migrantes están ligadas a redes asociadas con el narcotráfico. México, diligente en la detención y deportación de migrantes, sonríe a Estados Unidos en las fotos oficiales y tiene profundas reservas sobre sus contrapartes. (Peniley Ramírez, Reforma, Opinión, p.8)