Cd. de México (03 noviembre 2022).- Más del 87 por ciento de los programas y acciones de desarrollo social del Gobierno federal no cuentan con las condiciones necesarias para resolver el problema que les dio origen, advierte el Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales 2022.
El documento, elaborado por la organización civil Gestión Social y Cooperación (Gesoc), señala que de un total de 80 programas analizados, con recursos por un billón 110 mil 288 millones de pesos, sólo seis fueron catalogados con un desempeño óptimo, por tratarse de estrategias con alta calidad en su diseño, un avance significativo en sus metas y una cobertura sustantiva de su población potencial beneficiaria.
Se tratan de Producción y Distribución de Libros y Materiales Educativos y Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez de la Secretaría de Educación Pública; Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores de la Secretaría de Bienestar; Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt y Atención a la Salud del IMSS. (Martha Martínez, Reforma, Nacional, p.2)
Diputados de Morena y del PT calificaron de excesivos los fideicomisos que tiene el Poder Judicial de la Federación para dar mantenimiento a las casas de jueces y magistrados, pagar pensiones a altos mandos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y costear un plan de prestaciones médicas a integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entre otros, tal y como lo dio a conocer este lunes EL UNIVERSAL.
Al respecto, adelantaron que buscarán su eliminación o, en su caso, recortar el presupuesto de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal.
“Ante la información aparecida en EL UNIVERSAL, debe haber apertura de todos los grupos parlamentarios para revisar los excesos en cada uno de los poderes, esos ‘guardaditos’ deben ser sujetos de análisis para corregir los excesos y, de ser necesario, eliminarlos”, declaró a este diario el diputado de Morena Carol Altamirano. (Antonio López y Enrique Gómez, El Universal, Nación, p.4)
Ante el reclutamiento de entre 30 mil y 35 mil menores por parte del crimen organizado, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, adelantó que preparan el dictamen de la iniciativa que busca sancionar a quienes enrolen a niños y adolescentes para delinquir.
Refirió que, de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México, el reclutamiento por parte de grupos delictivos derivó en 2021 en el asesinato de, al menos, 700 niñas, niños y adolescentes.
El 18 de octubre, el también coordinador de Morena en el Senado presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. (Magali Juárez, La Razón, México, p.11)
Este viernes se llevará a cabo la primera audiencia en la cual la Fiscalía General de la República (FGR) decidirá si otorga un criterio de oportunidad al ex director de Pemex Emilio Lozoya, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa por los casos Odebrecht y Agronitrogenados.
El primer caso en la diligencia será el de la causa penal 211/2019. La FGR debe definir si le otorga el beneficio jurídico para que se comprometa a pagar una reparación del daño al erario nacional por sobornos cercanos a 3.5 millones de dólares en la compra de Agronitrogenados.
La audiencia se realizará en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte. En ese mismo sitio, el próximo lunes quedará a revisión la causa penal 261/2019, en la cual Lozoya está acusado de haber recibido 10.5 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht. (César Arellano y Gustavo Castillo, la jornada, Política, p.11)
Con lo fácil que es adquirir una pistola en el mercado negro, en México abundan de todo tipo: de alto poder, como los rifles de asalto; escopetas empleadas en la caza, y las pistolas de bolsillo, utilizadas por los ciudadanos como método de defensa.
A través de una solicitud de transparencia la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer que, del 1 de enero del 2018 a octubre del 2022, suman 27 mil 904 armas de diversos calibres aseguradas por personal militar en distintos operativos.
Los rifles calibre 7.62 x 39, también conocidos como AK-47, son los más confiscados en el país, con 5 mil 760; le sigue la pistola calibre 9 milímetros, con 3 mil 842. (Jorge Martínez, Milenio, Política, p.8)
En el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, que se conmemoró ayer, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a las autoridades a reforzar los trabajos de prevención y protección a este gremio.
En redes sociales, condenó los ataques y la violencia ejercida a través de actos de tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias en cualquier contexto, realizadas contra periodistas, defensores de derechos humanos y trabajadoras de los medios.
Resaltó que es necesario que los comunicadores cuenten con protección “sin dejar de lado lo fundamental, que es revertir el contexto violento y amenazante”, así como eliminar sus causas, con el fin de “reconstruir la paz” (Redacción, La Jornada, Política, p.13)
MORELIA. A un mes de que cuatro regidoras y el síndico de Penjamillo dejaron el municipio por presuntas amenazas del crimen organizado, se mantiene en pie el planteamiento de nombrar un Consejo Interino de Gobierno que sustituya al Poder Ejecutivo que encabeza la alcaldesa Xóchitl del Río Carranza, sin embargo, sigue sin concretarse.
Incluso, el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla afirmó que es inminente la desaparición de poderes, pero dejó en claro que esto se debe guiar de manera política y no impositiva.
“No es que haya ingobernabilidad en el municipio, el problema es burocrático, es dentro de la Presidencia Municipal. Ahí el tema se está trabajando con el partido, con las regidoras, los regidores, con la misma presidenta y con el secretario de Gobierno Carlos Torres Piña. No podemos tomar una decisión autoritaria, sino un tema que se resuelva políticamente y en eso estamos”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa del pasado lunes. (Guadalupe Martínez | El Sol de México, P.p.)
México ahora se coloca como uno de los países más atractivos para invertir en el mundo, pues muchas empresas están interesadas en reubicar sus instalaciones en su territorio para aprovechar la cercanía con Estados Unidos y Canadá, además de su fortaleza macroeconómica, aseguró Ana Botín, presidenta global de Banco Santander.
“México sigue con una conexión importante con Estados Unidos y Canadá, lo que le da una ventaja enorme de oportunidad al país, y con todas las tendencias geopolíticas actuales posicionan al país como uno de los más atractivos en el mundo (para invertir) (…) muchos clientes están inyectando capital en proyectos para atender a Estados Unidos y nosotros mismos les estamos sirviendo, generando puestos de trabajo en Querétaro y otras zonas del país y cada vez vemos más inversión extranjera, no solo la local en situarse”, explicó. (Karen Guzmán, Milenio, Negocios, p.10)
Por las violaciones a derechos humanos que han sufrido ella y su familia ante la desaparición de cuatro de sus hijos, María Herrera Magdaleno presentó ante la comisionada relatora para México y la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, una petición individual contra el Estado mexicano.
La petición ante la CIDH, que entregó en compañía del Centro Prodh, expone que existió participación en las desapariciones —al menos por consentimiento— de autoridades con el crimen organizado, seguida por una falta de investigación y búsqueda diligente por las instituciones mexicanas, por lo que al no encontrar recursos efectivos a nivel interno, la familia Trujillo Herrera decidió acudir a la CIDH.
También se señalan las violaciones a diversos derechos que ha cometido el Estado mexicano, incluyendo el derecho a la vida, integridad personal, libertad y personalidad jurídica de Jesús Salvador, Raúl, Luis Armando y Gustavo, al ser desaparecidos de manera forzada, así como su derecho a ser buscados, por todos los medios posibles y, en su caso, debidamente identificados, como una obligación del Estado. (María Cabadas, El Universal, Nación, p.,2)