Ahora que han pasado las elecciones intermedias de Estados Unidos y el Presidente Joe Biden tiene menos presiones electorales, es hora de que la Casa Blanca rompa su silencio sobre la peligrosa reforma electoral que amenaza a la democracia en México.
El Mandatario populista Andrés Manuel López Obrador ha propuesto desmantelar el muy respetado Instituto Nacional Electoral de México (INE). Se trata de la institución independiente que fue clave para la transición de México a la democracia a fines de la década de 1990, y que desde entonces ha sido garante de elecciones libres y justas.
Pero ahora, la reforma electoral propuesta por López Obrador pretende reemplazar al INE por una institución mucho más pequeña y débil, que sería mucho más fácil de controlar por su Gobierno.
López Obrador aduce que quiere achicar el INE para reducir los gastos gubernamentales, como parte de una reforma política que también recortaría fondos para los partidos políticos.
Pero el presupuesto anual de 706 millones de dólares del INE es un pequeño precio a pagar por mantener la democracia en México. Comparado con los gastos monumentales de López Obrador para proyectos cuestionables, el INE es una bicoca.
López Obrador está construyendo, entre otras cosas, la refinería de petróleo Dos Bocas, valorada en 18 mil millones de dólares, en un momento en que todo el mundo está empezando a reemplazar el petróleo por energías limpias.
El Congreso de México, controlado por el partido oficialista Morena, tiene previsto debatir la reforma electoral de López Obrador a principios de diciembre. En esas fechas, la mayoría de los mexicanos estarán viendo los partidos de la Copa Mundial de Qatar.
Hasta ahora, Biden se ha abstenido de criticar públicamente la ofensiva de López Obrador contra el INE. Probablemente, no quiera enemistarse con el Presidente mexicano en un momento en que Washington le está pidiendo ayuda para controlar el flujo migratorio en la frontera, reducir el flujo de fentanilo y cumplir con el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá.
Los temores de un aumento de la migración ilegal antes de las elecciones intermedias de Estados Unidos también pueden haber jugado un papel en el silencio de Biden sobre el tema, dice Andrew Rudman, director del Instituto de México del Wilson Center en Washington D.C.
“Es posible que el Gobierno de Biden pensara que si presionaba demasiado a López Obrador en otros temas, él podría decir: ‘No voy a cooperar en materia de migración’. Eso habría sido un problema político para la Administración Biden”, me dijo Rudman.
“(Sin embargo) Estados Unidos no debe dudar en defender los valores democráticos de largo plazo, independientemente de dónde puedan estar siendo atacados”.
El senador Bob Menéndez (demócrata de Nueva Jersey), presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, está de acuerdo en que el Gobierno de Biden debería expresar su preocupación por el intento de López Obrador de desmantelar el INE.
“No podemos darnos el lujo de ignorar la constante erosión de la democracia y el estado de derecho en México bajo el Presidente López Obrador”, me dijo Menéndez por correo electrónico.
“Espero que la Administración Biden intensifique los esfuerzos para apoyar la protección de los actores e instituciones democráticas de México”.
Por supuesto, si Biden critica públicamente la propuesta de López Obrador como una amenaza a la democracia mexicana, lo más probable es que el Presidente mexicano acuse de inmediato a Estados Unidos de interferir en los asuntos internos de México.
¿Mi opinión? Eso no debería quitarle el sueño a ningún funcionario estadounidense, porque el propio López Obrador se entromete constantemente en los asuntos internos de otros países.
El Presidente mexicano recientemente respaldó a los candidatos presidenciales de izquierda en Brasil, Chile y Bolivia, y entre otras cosas amenazó con hacer campaña para derribar la Estatua de la Libertad en Nueva York si Estados Unidos condena al fundador de Wikileaks, Julian Assange.
Biden, a diferencia de su predecesor Donald Trump, ha prometido colocar la defensa de la democracia en el centro de su política exterior. Ahora debería cumplir con su promesa, y denunciar una de las mayores amenazas al estado de derecho en el continente, que está teniendo lugar justo al lado de Estados Unidos. (Andrés Oppenheimer, Reforma, Internacional, p. 17)
CON EL RESULTADO de las elecciones de medio camino en Estados Unidos, la presión externa sobre Andrés Manuel López Obrador será menor y le permitirá tener más margen para decidir a su sucesor.
La lucha entre republicanos y demócratas por el control del Senado y la Cámara de Representantes, supone que la disputa se va a centrar en la política interna y en el desempeño del gobierno de Joe Biden.
Sin embargo, López Obrador y el gobierno de la 4T han tenido la gran habilidad de unir, en su contra, a los partidos políticos de Estados Unidos y a los grupos más radicales de ese país.
La razón del malestar es el incumplimiento del TMEC en varios rubros, sobre todo el energético, la falta de seguridad transfronteriza, el tráfico de drogas, los feminicidios y el nivel de la violencia en México.
Durante las próximas semanas, y hasta que termine el año, el Secretario de Estado, Antony Blinken, y la Representante Comercial, Katherine Tai, van a presionar a Raquel Buenrostro y a Rocío Nahle.
Los estadounidenses no quitarán el dedo del renglón para obligar a México a que respete los compromisos en materia de inversión en energía dentro del nuevo tratado comercial de Norteamérica.
La administración Biden y un buen número de senadores y congresistas, creen que López Obrador, Buenrostro y Nahle se están pasando por el arco del triunfo el cumplimiento del pacto trinacional.
Buenrostro, Nahle y el canciller Marcelo Ebrard, deben dejar de “hacer tiempo”, no olvidar que hay un problema en la interpretación de los capítulos de inversión y energía en el TMEC y cumplir los compromisos.
Aunque persista el enfrentamiento de republicanos y demócratas por las elecciones, el régimen de la 4T también está siendo cuestionado por el gobierno del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.
En lo único que están complacidos es en el papelón que ha hecho el presidente de México respecto a los inmigrantes de Centro y Sudamérica, el Caribe, África y hasta de Asia.
López Obrador ha sido un fiel y feroz guardián para frenar en la frontera sur de México la entrada de inmigrantes al país, como demandó primero Donald Trump y luego Joe Biden.
Pero una vez que se resuelva la elección intermedia y se integre el nuevo Congreso, republicanos y demócratas van a presionar lo que queda del gobierno de López Obrador en dos temas fundamentales.
El primero es la integración económica de Norteamérica, impulsada por el republicano George Bush padre, en el sexenio de Carlos Salinas, y el demócrata Bill Clinton, en el gobierno de Ernesto Zedillo.
El segundo es la seguridad: el gobierno de México debe garantizar la disminución de feminicidios en el país, combatir a los delincuentes y dejarse de la política de abrazos y cero balazos.
Sin una verdadera política de seguridad no se podrá propiciar un mayor clima de confianza a la inversión y a la generación de empleo, sobre todo de empresas de Norteamérica.
El dilema es cumplir o no cumplir la ley y la palabra empeñada y firmada con los socios comerciales. Un panel implica una sanción a las exportaciones nacionales hasta por 40 mil millones de dólares.
Pero ese no es el punto: el punto es construir un futuro regional que dé confianza y certeza para crear inversión que garantice mejor calidad de vida para todos: mexicanos, estadounidenses y canadienses.
PUES CON LA novedad de que Valentín Diez Morodo se convirtió en el accionista mayoritario del famoso hotel Villa Magna de Madrid. El exdueño de Grupo Modelo compró hace alrededor de un mes la participación de Fernando Chico Pardo y sus hijos Andrés y Felipe Chico Hernández. La familia se había hecho del control, antes, de RLH Properties, vehículo financiero que creó Allen Sanguinés, quien hace cuatro años protagonizó la que se ha considerado la compra más cuantiosa de una propiedad hotelera en la capital de España: precisamente el Villa Magna, en 210 millones de euros. No sabemos si la incursión de Diez Morodo incluya los hoteles One & Only Mandarina en Nayarit y el Four Seasons de la CdMx.
Y YA QUE hablamos de mexicanos en España, otro que cambió su residencia es Francisco Gil Díaz. No es reciente, pero tampoco era muy pública que digamos. El exsecretario de Hacienda ya no se sentía cómodo en la CdMx y el país. El acoso de la 4T a su hijo, Gonzalo Gil White, que aunque reside en uno de los distritos más lujosos de Miami, lo perseguía a todos lados. El fundador de Oro Negro tiene varios pendientes con la justicia federal y local por un presunto fraude a tenedores de bonos. Él a su vez tiene demandado a Pemex, que dirige Octavio Romero, y al Estado mexicano. Gil Díaz se une a Enrique Peña, Carlos Salinas y a Felipe Calderón, que cambiaron de aires a la madre patria.
HABLANDO DE AUTORIDADES locales, el pleito de Advent International, que comanda Daniel Martínez-Valle, y Servicios Funerarios GG, que capitanea Carlos Peña, por el caso de la venta de Gayosso, escaló a lo penal con una ayudadita de la Fiscalía de Investigación Estratégica en Delitos Financieros de la CdMx y la Unidad de Gestión 12 del Tribunal Superior de Justicia de la CdMx, instancias que no debieron involucrarse en un asunto que era 100% civil. Por lo que se ve, la parte que argumenta que fue defraudada trae buenos abogados penalistas y con conexiones de buen nivel en la fiscalía a cargo de Ernestina Godoy, cuyo papel ya es francamente lamentable en varios casos que trae y que se hicieron virales.
ESTA SEMANA TENDRÁ lugar el evento que celebra los 25 años de la industria de las administradoras de fondos para el retiro. Se dará a conocer el final del periodo de Bernardo González como presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), luego de cuatro años de una destacada labor de representación. Sacó adelante la reforma al sistema de pensiones que salió en consenso con todos los actores del sector y con el gobierno federal para resolver el rezago en las tasas de reemplazo para los futuros jubilados. Asimismo logró la aceptación de la Amafore en la cúpula del Consejo Coordinador Empresarial. Tras cumplir con esta encomienda, González se dedicará a otros proyectos dentro del sector financiero.
TODA LA INDUSTRIA de televisión y plataformas están sorprendidas con la investigación de concentraciones indebidas que la semana pasada anunció la Unidad de Competencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que preside Javier Juárez Mójica. Las empresas se preguntan sobre quiénes va el regulador, lo que no se sabrá en meses. Los únicos que están libres de toda sospecha son los de TelevisaUnivision y su plataforma Vix, de Emilio Azcárraga, que en octubre del año pasado obtuvieron su autorización de concentración de parte de ese instituto. No sucede lo mismo con los gigantes Netflix de Reed Hastings, Amazon Prime de Jeff Bezos y Disney que dirige Bob Chapek. (Darío Celis, El Financiero, Economía, p. 6)
Algo extraordinario sucedió en Estados Unidos el martes pasado. No se trata del triunfo de estos o aquellos, sino del rechazo contundente de la mayoría del electorado a las teorías de la conspiración alrededor de Donald Trump y su patraña sobre un fraude electoral jamás probado en el 2020. Prácticamente todos los candidatos asociados a ese mito ponzoñoso perdieron. Eso supone un conmovedor triunfo de la democracia y su defensa, y coloca al partido republicano en una disyuntiva urgente.
Después de las elecciones de medio término el partido enfrenta dos preguntas similares, pero no equivalentes. ¿Qué tan vivo está Donald Trump? ¿Qué tan vivo está el trumpismo?
Hay que insistir: la elección fue muy negativa para Donald Trump. La influencia del expresidente de Estados Unidos es innegable dentro del partido republicano y con su base de votantes. En las primarias, los candidatos de Trump se impusieron sistemáticamente a rivales más moderados. Pero el atractivo con los votantes republicanos no es lo mismo que el atractivo con el electorado general, comenzando con los votantes independientes. Los candidatos trumpistas resultaron tóxicos en muchas elecciones el martes. Muchos de ellos, no sobra decirlo, son negacionistas electorales, demostrando que para el electorado en general, la patraña del fraude no solo no es un buen argumento de proselitismo, sino que es motivo suficiente como para repudiar al candidato que insiste en esa retahíla nociva y sin fundamento. En suma, el martes no fue bueno para Trump. De hecho, él y su movimiento han perdido ya tres elecciones consecutivas, comenzando con las votaciones de medio término de 2018, la elección del 2020 y esta, la más reciente
Eso coloca al partido republicano en una encrucijada: ¿qué hacer con un hombre que podrá ser popular con un grupo específico, pero resulta impopular con el electorado en su versión más amplia, que es lo que realmente importa?
Lo natural sería que los republicanos comenzaran a alejarse poco a poco de la figura de Trump, pero se dice fácil.
Y es ahí donde comienza la siguiente pregunta sobre el futuro de eso que se puede llamar trumpismo: el movimiento conservador y nativista que representan figuras como los gobernadores de Texas y Florida, entre otras menos relevantes. Para Ron De Santis, gobernador de Florida, el martes fue una jornada particularmente exitosa. Sus ideas se parecen mucho a las de Trump, pero con una ejecución, digamos, más astuta. De Santis ha construido, por ejemplo, virulentas narrativas antiinmigrante, y ha sabido combinarlas con una denuncia del progresismo que ha encontrado eco en su estado como nunca antes, comenzando por los votantes latinos en Florida. Aunque el éxito en su estado no garantiza el éxito afuera, lo cierto es que el trumpismo de De Santis está más vivo que el propio Donald Trump.
La duda, por supuesto, es si De Santis encontrará la valentía y los incentivos para plantarle cara al mastodonte que todavía domina, sin duda, el ánimo de buena parte de la base conservadora. Se necesita arrojo para hacerlo, pero quizás después de los resultados del martes, De Santis considere que su momento es ahora, y no puede esperar para el 2028.
Si es así, se acerca una guerra.
Por ahora, Estados Unidos respira. La del martes era una batalla fundamental para definir el futuro de la democracia estadounidense. Si la teoría de la conspiración del fraude electoral de Trump hubiera tenido éxito, se habría vuelto la norma de aquí hacia adelante. Quizá ahora, que ha demostrado ser una fórmula perdedora, los republicanos finalmente se animen a pasar la página y volver a la cordura institucional. (León Krauze. El Universal, Nación, p. A6)