El Instituto Electoral de la Ciudad de México es la única autoridad electoral de todo el país, a la que Morena ha logrado reformar bajo el yugo de la austeridad republicana, la fusión de áreas, el despido de personal, la cancelación de actividades, la asfixia presupuestal y la reducción de facultades, lo que los mantiene bajo una presión que podría llevarlos a una parálisis institucional.
A seis meses de que la mayoría morenista en el Congreso capitalino aprobara la reforma que implicó desaparecer cinco áreas y reducir el 40% de la estructura organizativa, el IECM sigue sin poder liquidar a todo ese personal al que le adeudan 35 millones de pesos, lo que se ha derivado en una bola de deudas ante la obligación de entregar prerrogativas a los partidos políticos, con dinero que no tienen, por el recorte presupuestal de 95 millones de pesos.
El consejero Mauricio Huesca explicó a MILENIO que viven en un ambiente de asfixia que los mantiene maniatados y que dice, no tiene duda que es parte de la estrategia que ha demostrado Morena en los diferentes niveles de gobierno, para atacar a las autoridades electorales. (Jannet López Ponce, Milenio, Política, p. 7)
Una vez que concluya el proceso legislativo del plan B de la reforma electoral y se publique en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor, se presentará una batería de recursos de impugnación ante diversas instancias judiciales, en lo que será el plan C impulsado por la oposición, advirtió el senador del Grupo Plural Germán Martínez Cázares.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el exlegislador de Morena señaló que ahora hay un empate, pues el plan A, que era la reforma constitucional impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue derrotado por la oposición; mientras que el plan B fue impuesto por Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión.
Aseguró que luego de que entre en vigor la reforma a las leyes secundarias en materia electoral, “la cancha estará en varios lugares”. (Víctor Gamboa, El Universal, Nación, p.8)
La reforma comicial aprobada por el Congreso de la Unión, conocida como plan B, permitirá que las personas en prisión voten en los centros penitenciarios donde existan condiciones de seguridad necesarias, de acuerdo con la adecuación al artículo 284 Bis de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe).
Sobre este tema, el Instituto Belisario Domínguez (IBD), del Senado, refiere en un estudio que en febrero de 2019 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que las personas en prisión preventiva tienen derecho a votar y que este derecho deberá ser garantizado en la contienda de 2024.
Prueba piloto
La investigación del IBD, titulada Modelos de votación electoral para las personas en prisión preventiva: países seleccionados, elaborada por los especialistas Juan Manuel Rodríguez y Miguel Ángel Barrón, subraya que en el proceso electoral de 2021 el INE aplicó una prueba piloto en cinco centros federales de readaptación social, en la que se alcanzó una participación de 94.53 por ciento de las personas privadas de la libertad. (Víctor Ballinas, La Jornada, Política, p.10)
Desde el año 2015 las denuncias por posibles violaciones a las garantías fundamentales que han llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han descendido de manera gradual hasta alcanzar una reducción de 40 por ciento.
No obstante, de acuerdo con las cifras de los casos recibidos por el organismo en 2021, las peticiones y denuncias relacionadas con México representan una cuarta parte de todas las peticiones realizadas en el continente americano.
La comisión recibió a lo largo de 2021 (las cifras más recientes presentadas por el organismo) 2 mil 327 peticiones. De éstas, 516 son de México. Sólo Colombia presenta más casos, con 568. (Néstor Jiménez, La Jornada, Política, p.15)
Entre enero y agosto de este año se han documentado por lo menos 17 episodios de desplazamiento forzado interno a causa de la violencia, principalmente en los estados de Chiapas, Chihuahua, Zacatecas, Michoacán, Oaxaca y Guerrero, lo que ha afectado al menos a 4 mil 521 personas, según estadísticas de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Advierte que julio se mantiene como el mes con la mayor cifra de desplazados, 3 mil 411.
En este periodo, en Chiapas se han registrado cinco eventos de desplazamiento forzado: en San Pedro Chenalhó, en Ocosingo, en Frontera Comalapa, La Trinitaria y en Larráinzar, mientras en Chihuahua suman igual cinco episodios: dos de ellos en Guadalupe y Calvo, uno en Bocoyna, en Uruachi y en Urique.
La comisión expone que el mes en el que no se documentaron desplazamientos forzados fue en abril, en tanto junio tiene el mayor número de episodios de este tipo, con cuatro, todos en Chihuahua (De La Redacción, La Jornada, política, p.15)
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de Marina (Semar) entregar una versión pública de diversos datos de las investigaciones del accidente de uno de sus helicópteros, ocurrido el 15 de julio pasado, donde murieron 15 de sus elementos, la mayoría miembros de sus fuerzas especiales, luego de que participaron en la recaptura del narcotraficante Rafael Caro Quintero. Desde septiembre pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el percance se debió a que el aparato se quedó sin combustible.
El caso derivó de una solicitud ciudadana a la Armada sobre los detalles de la investigación del caso, a la que respondió que dichos datos no existían o eran reservados.
No obstante, el miércoles pasado el pleno del INAI resolvió que la Semar debe entregar la información requerida por el ciudadano, la cual incluye el currículum de los investigadores del accidente, una explicación sobre las facultades y atribuciones de la FGR para indagar accidentes aéreos técnicamente, el informe de la empresa fabricante del helicóptero, certificado de navegación, documento que acredite la carga de combustible antes del accidente, póliza de seguro, factura, equipo con el que cuenta para alertar de falta de combustible, reporte de la caja negra, dictamen final del siniestro, bitácora de vuelo, audio de caja negra del vuelo y del controlador. (Eduardo Murillo, La Jornada, política, p.16)
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya agendó, para el 24 de enero próximo, la votación del primer asunto que resolverá relacionado con la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Se trata de la acción de inconstitucionalidad 63/2019, que promovió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), contra la Ley Nacional del Registro de Detenciones (LNRD).
Para la comisión, es necesario que el máximo tribunal aclare cuáles son los límites del Ejército y la Armada en las labores de apoyo a las policías civiles, pues considera que existe un vacío al respecto en el texto de la LNRD.
Por lo anterior, este organismo autónomo somete a consideración de ese máximo tribunal la constitucionalidad de las disposiciones citadas como último intérprete de la norma suprema, en aras de que se salvaguarden los derechos humanos de todas las personas, así como que los destinatarios de la misma tengan certeza de los alcances de la regulación que nos ocupa y de la actuación de las fuerzas armadas ante las detenciones que realicen en tareas de seguridad pública, señala la CNDH en su demanda. (Eduardo Murillo, La Jornada, Política, p.17)
Desde febrero de este año el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, estado de México, ha sido omiso en establecer la fecha de apertura de juicio contra el ex magistrado federal Isidro Avelar Gutiérrez, quien está acusado de enriquecimiento ilícito y es señalado por el gobierno de Estados Unidos de haber recibido sobornos por parte del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Después de varios recursos, el ex magistrado está en libertad, al obtener un amparo que revocó la prisión domiciliaria y únicamente se le impide salir del estado de Jalisco.
Cada centro de justicia penal federal en el país es responsable de fijar las fechas en las que los jueces deben desahogar las audiencias. Para cada etapa de un proceso penal existen plazos que deben cumplirse 10 días naturales después de la declaración de apertura de juicio oral, que en este caso aconteció el 15 de febrero de 2022. (Gustavo Castillo García, La Jornada, Política, p.17)
Pekín. Las residencias de ancianos de China libran una ardua batalla para proteger a sus residentes de la ola de infecciones por coronavirus que azota el país, tras la relajación de la política de “covid cero“.
Muchas se aíslan del mundo exterior y obligan a su personal a dormir allí, mientras intentan conseguir medicamentos a como dé lugar. Las autoridades han advertido que el número de casos podría aumentar rápidamente.
Zhou Jian, un funcionario del Ministerio de Industria, dijo el miércoles que el país está haciendo todo lo posible para aumentar la producción de medicamentos esenciales. Los expertos temen que China esté mal equipada para hacer frente a la nueva ola de infecciones a medida que se abandonan las estrictas medidas sanitarias que regían, con millones de ancianos vulnerables que aún no han recibido todas sus dosis de la vacuna. (Afp, La Jornada, política, p.24)