No es la primera vez que nos declaran non gratos. En El Salvador, en plena represión, México no podía tener embajador porque el gobierno local no daba el beneplácito a ningún representante nacional. (Redacción, La Jornada, Cp)
EN LO QUE va del gobierno de López Obrador, ya son dos los embajadores mexicanos expulsados de los países en los que estaban acreditados. Y a un tercero ni siquiera lo aceptaron por impresentable.
PRIMERO, en Bolivia fue declarada non grata la embajadora María Teresa Mercado; en Panamá rechazaron recibir a Pedro Salmerón; y ayer en Perú a Pablo Monroy lo mandaron de regreso a casa. Y todo porque la política exterior de Estado se convirtió en la política de caprichos y berrinches de un solo hombre (ya saben quién). ¿Y el canciller Marcelo Ebrard? Desayunando sapos sin hacer caras. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 8)
Encuentro de líderes
Nos hacen saber que el canciller Marcelo Ebrard tiene ya los pormenores de la agenda de trabajo de la X Cumbre de Líderes de América del Norte, donde habrá una primera reunión entre el presidente Joe Biden y el mandatario mexicano, para luego entrevistarse con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. (Sacapuntas, El Heraldo de México, LA2, p. 2)
¿Y la Doctrina Estrada?
La forma en que México ha aplicado su política de no intervención, con una dosis de declaraciones que al parecer sí intervienen, fustigando a los gobiernos que considera que no son legítimos, tuvo ayer uno de los capítulos más estridentes en la historia de la diplomacia mexicana; la expulsión del embajador mexicano en Perú y la declaración de persona non grata, lo que se une a una serie de tropiezos internacionales como el rechazo a Pedro Salmerón en Panamá, por acusaciones de presunto acoso, y la salida por la puerta trasera de Evo Morales, después del rescate heróico que el gobierno describió, para no hacer enojar a Washington… ¿Sí conocerán la Doctrina Estrada, o solo han oído hablar de ella?¿Será?. (Redacción, 24 Horas, p. 2)
Fue insistente el reclamo por la intromisión del presidente Andrés Manuel López Obrador en Perú, tras la destitución y encarcelamiento de su entonces homólogo Pedro Castillo, que el gobierno de ese país ordenó la tarde de ayer la inmediata expulsión del embajador de México, Pablo Monroy y le dio 72 horas para abandonar Lima, por la clara violación al principio de no intervención de parte del tabasqueño de criticar al congreso y las leyes peruanas.
Señala el comunicado oficial que “las declaraciones del presidente mexicano resultan especialmente graves, en circunstancias en las que el país enfrenta una situación de violencia incompatible con el ejercicio del legítimo derecho que asiste a toda persona de manifestarse pacíficamente”, y reitera su vocación de diálogo y cooperación entre los Estados, sobre la base del respeto mutuo y la plena vigencia del Derecho Internacional.
DE ESTO Y DE AQUELLO…
La decisión del gobierno de Perú, de expulsar al embajador de México, era más que esperada por su singular empeño en, por un lado, defender al golpista exmandatario Pedro Castillo y, por otro, arremeter contra autoridades de ese país, al que éste nunca supo ni pudo gobernar, ni con apoyo del hoy secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, al que, antes de designarlo para ese cargo, envió para que “le echara la mano”.
Como en el caso de Perú ha ocurrido con España, al que López Obrador no cesa de criticar tanto y cuyas relaciones puso, y siguen estando, “en pausa”, lo que ya le valió también severa respuesta diplomática desde Madrid y en el que también ha sido su reiterada injerencia por las inversiones de empresas de aquel país en la generación de energías limpias.
Legisladores de Morena y sus aliados que aprobaron violaciones constitucionales contenidas en la reforma de leyes electorales secundarias, eran recibidos en Palacio Nacional declarándose “serviles del Presidente y a mucha honra”, al tiempo que diputados de oposición arremetieron en contra de éste por la “insensibilidad atroz” con la que se refiere a la inseguridad de los periodistas.
A los invitados a la sede gubernamental su jefe los puso a corear un síiiií a sus preguntas de si apoyarán a la “corcholata” que gane la encuesta para la elección presidencial de 2024, sea quien sea y que por encima de todo está el proyecto de transformación.
La aprehensión de Antonio Oseguera Cervantes, El Tony Montana, hermano del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, El Mencho, ayer en la madrugada en el municipio jalisciense de Tlajomulco, puso en alerta a las autoridades de entidades vecinas, ante una posible reacción violenta. (Francisco Cárdenas Cruz, La Razón, México, 10)
El Gobierno de Perú no se anduvo con pausas en las relaciones diplomáticas con México y declaró persona non grata al embajador Pablo Monroy por las declaraciones del presidente López Obrador a favor del depuesto Pedro Castillo, acusado de rebelión.
Desde la destitución de Castillo, el Presidente mexicano acusó a la “derecha’’ peruana de haberlo presionado para tomar decisiones que finalmente terminaron con su encarcelamiento.
López Obrador dijo incluso que su Gobierno reconocía a Castillo en lugar de la presidenta nombrada por el congreso peruano, Dina Boluarte, lo que fue condenado por los legisladores del país andino.
Aún así, el mandatario mexicano siguió insistiendo en su apoyo a Castillo; reconoció incluso que ordenó a la embajada mexicana “abrir sus puertas’’ para dar asilo político al presidente depuesto.
Las declaraciones fueron consideradas injerencistas y por ello el Gobierno decidió solicitar en los hechos que el embajador mexicano abandonara el territorio peruano.
No se recuerda, en los tiempos recientes, que un “país hermano’’ declarara personaje non grato a un embajador mexicano por la injerencia del Ejecutivo.
La decisión del Gobierno peruano representa una cachetada con guante blanco al Gobierno de la 4T, que ha hecho del discurso de la “no intervención’’ un pretexto para no participar en las sanciones de presidentes que le son afines.
López Obrador se negó a votar a favor de una resolución que condenaba la dictadura en Nicaragua, ondeando la bandera de la “no intervención’’, a pesar de las notables y detestables acciones de Daniel Ortega para perpetuarse en el poder.
López Obrador tampoco condenó la violación de los derechos humanos en Cuba y ha escatimado la crítica a la invasión rusa a Ucrania.
El famoso principio de la libre determinación de los pueblos y la no intervención que dieron fama a la diplomacia nacional, ha sido arrastrado y usado como instrumento para favorecer a gobiernos amigos de la 4T.
Lo que ha pasado con Perú y nuestro embajador no debe ser minimizado, como pretende la Cancillería al afirmar que Monroy “fue llamado’’ al país para proteger su integridad física, cuando en realidad fue “invitado a salir’’, porque en la larga lista de agravios verbales en este sexenio, están en la lista España y hasta el Vaticano.
Por lo pronto, ya nos abollaron la corona y el famoso principio juarista.
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Los guerrerenses Héctor Astudillo y Mario Moreno Arcos, el primero exgobernador y el segundo excandidato a gobernador, anunciaron que renunciarían al Consejo Político del PRI en protesta por el cambio en los estatutos que prolongarán la presidencia de Alejandro Moreno.
No dijeron que renuncian al PRI, sino al Consejo Nacional, pero desde hace meses los mismos priistas locales ya los ven medio guindas, quién sabe por qué será.
Seguramente habrá otros más que estarán en la misma posición, pero mientras no les garanticen que tienen lugar en el partido mayoritario, seguirán en las filas del tricolor.
Por lo que llegara a ofrecerse.
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La diputada Yeidckol Polevnsky, la misma que declaró que hay que mantener pobres a los pobres porque si no luego se les olvida quién los ayudó, mató ayer la división de poderes.
La legisladora admiradora del régimen cubano, pero cliente frecuente de Louis Vuitton, dijo que la fracción de Morena en la Cámara de Diputados y sus rémoras “somos serviles al Presidente y a mucha honra’’.
Adiós división de poderes, adiós. (Adrián Trejo, 24 Horas, México, p. 4)
Lilia Paredes llegará en las próximas horas a México y será recibida por el presidente López Obrador en Palacio Nacional tras haberle otorgado asilo.
Esposa del expresidente Pedro Castillo, Paredes fue investigada y acusada por la Justicia de Perú por haber facilitado y coordinado “la organización criminal encabezada por el presidente Castillo, junto con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado, para estafar al Estado” a través de licitaciones y contratos fraudulentos que a su vez enriquecían a terceros allegados al Gobierno.
La Fiscalía peruana acusa a Lilia Paredes de controlar el ingreso al Palacio de Gobierno de los empresarios cuyas compañías recibían millonarios contratos con el Estado.
El hebdomadario colombiano Semana publica que los cargos específicos que enfrenta la esposa del expresidente Pedro Castillo son: organización criminal, lavado de dinero y colusión agravada.
El 31 de octubre, el Ministerio Público pidió de manera formal que no se le permitiera salir del país a Lilia Paredes.
“Con esta investigación, la idea que queda en un sector de la opinión pública es que ella accedió al poder con su esposo para beneficiar a su familia; su hermana menor, a quien la pareja presidencial educó como una hija, está presa”, comentaba la periodista Carla Elvira Ospina a Semana.
AMLO condenó al Congreso peruano luego de que una mayoría calificada de sus miembros le aplicara al presidente Pedro Castillo el artículo de la Constitución referente a la moción de vacancia, es decir, lo corrieron de su puesto minutos después de haber declarado estado de emergencia y la disolución del Congreso. Con el decreto, el presidente pasó a ser un golpista sólo por no haber soportado la presión de la oposición. No había motivo alguno para que declarara el estado de emergencia.
Castillo intentó ingresar a la embajada mexicana en Lima, pero sus escoltas lo entregaron al Ministerio Público.
Las continuas injerencias y críticas de AMLO hacia Perú dieron pie al Gobierno de la presidenta Dina Boluarte a declarar persona non grata al embajador Pablo Monroy Conesa. Tiene 72 horas para abandonar Perú.
El caso es similar al de Evo Morales. El entonces presidente boliviano violó la Constitución de su país luego de que una mayoría, vía plebiscito, le dijera que no se presentara en las boletas de la elección presidencial de 2019. Morales se presentó y desestabilizó el país a través de una caída del sistema de cómputo electoral. AMLO le ofreció asilo al violador de la Constitución.
Donald Trump, a quien AMLO le ha dedicado palabras de agradecimiento por el trato que, a su juicio, ha dado a los mexicanos, está en problemas.
El lunes, el comité de representantes que investigó el asalto al Congreso anunció que entregá los resultados al Fiscal General. Durante año y medio el comité interactuó con más de mil involucrados.
Entre los delitos que se le acusa a Trump se encuentran el de la incitación a la insurrección, conspiración para defraudar a la nación, conspiración para formular una declaración falsa y obstrucción de un procedimiento oficial del Congreso; en concreto, la ratificación parlamentaria de la victoria electoral de Joe Biden en las elecciones de 2020.
La afinidad de AMLO con Trump se tradujo en hechos. El presidente mexicano tardó en reconocer a Joe Biden como presidente electo. El suficiente tiempo para que la entonces embajadora en Washington Martha Bárcena renunciara a su puesto.
¿AMLO le otorgará asilo al expresidente Donald Trump? Es broma; antes, una torre de oro en Arabia Saudita le esperaría al expresidente.
México se convertirá en el Paraguay de la década de los 80. Refugio de ladrones y tiranos. (Fausto Pretelin Muñoz de Cote, El Economista, GeoPolítica, p. 31)
Precisión: “maras surgieron en EU”
En el editorial de La Jornada del pasado 14 de diciembre, titulado “El Salvador, violencia contra la violencia”, comete un grave error el editorialista al decir que el surgimiento de las pandillas (maras) “…son síntomas de una violencia estructural cuyas causas han de buscarse en la pobreza, la desigualdad, la marginación y la exasperante falta de oportunidades a que se ven condena das las mayorías en el siste2ma neoliberal”, cuando en realidad, estas pandillas nacieron en Los Angeles, California, en los Estados Unidos (EU), cuyas autoridades, por tratarse de nacionales salvadoreños, optaron por deportarlos a su país de origen, pero como no deportaron a todos, los maras que se quedaron en EU se vieron favorecidos porque ahora ya tenían en todo Centroamérica un ejército de pandilleros financiados por los maras ciudadanos de EU. Desde luego que es reprobable el encarcelamiento masivo de éstos jóvenes, pero también es reprobable que ningún país centroamericano y el propio EU asuman su responsabilidad en el crecimiento de estas pandillas. (Norberto García Pineda, La Jornada, Editorial, p. 6)
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador emprendió una campaña internacional para rescatar al destituido presidente de Perú, Pedro Castillo.
Desde la 4T consideran que lo ocurrido en la nación andina fue una injusticia, por lo que hacen ya las gestiones con otros países, como Colombia, Argentina, Brasil y Cuba para “reestablecer” el orden legal en Perú.
Esa campaña pasa por traer a Castillo a México y AMLO no escatimará recursos humanos y financieros para lograrlo.
No piensa nuestro presidente dar marcha atrás en este propósito, porque tampoco ha quitado el dedo del renglón en torno a la idea de lograr, desde México, una integración continental, por lo menos con Centro y Sudamérica, como ocurre con la Unión Europea.
Y es que, a pesar del tropiezo que tuvo en su propósito por encabezar el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el distanciamiento que habría marcado con Argentina y Brasil, todo ya es cosa del pasado.
En el conflicto de Perú, por ejemplo, México tomó batuta. Junto con los gobiernos de Colombia, Argentina y Bolivia emitió un comunicado el pasado 13 de diciembre.
En el documento expresaron “su profunda preocupación por los sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo”, al que aún consideran presidente de Perú y que ven como “víctima de un antidemocrático hostigamiento”.
Tomado ese caso como bandera, AMLO se dispone a realizar una campaña internacional, pero solo en el centro y el sur del Continente.
El primer paso lo dio con el comunicado conjunto, y el segundo, fue otorgar asilo político a la familia de Castillo en la embajada de nuestro país en Lima, como lo anunció ayer el canciller Marcelo Ebrard.
Lo siguiente ahora, es buscar a la nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte.
Y eso que tanto pregona de que “el respeto al derecho ajeno es la paz” o la política de la no intervención (como lo marca la Doctrina Estrada) quedarán en entredicho, porque buscar organizar a los gobiernos de otras naciones para confrontar a la mandataria peruana.
No saben cómo va a responder ni en qué va a parar el conflicto en aquel país, pero AMLO quiere hacerse presente como el hermano mayor de la región con gobiernos a los que ya convenció para que lo sigan en esta aventura.
Y es que el caso Perú le cayó como anillo al dedo. Se convirtió en el pretexto ideal para retomar un proyecto que muchos ya veían como perdido: la integración regional, convirtiendo este asunto en una de sus prioridades para el arranque del próximo año.
Cada vez lo veremos hablando más del tema y tomando acciones concretas, por una simple y sencilla razón: quiere que su legado se extienda allende las fronteras, que la 4T no se quede sólo en México. Falta ver si hay suficientes “morenos” para seguirle el juego.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Los diplomáticos son personas a las que no les gusta decir lo que piensan. A los políticos no les gusta pensar lo que dicen.” (Alfredo González Castro, El Heraldo de México, País, p. 5)
La estrategia del PVEM en los comicios del Edomex y Coahuila, de ir solos en los comicios de 2023, cimbró a Morena. Así le quita votos al oficialismo. El partido que preside Karen Castrejón, pero domina Jorge González, cincuentón ex “niño verde”, quiere mucho más. El mexiquense José Couttolenc, así como verdistas de Coahuila, quieren que AMLO valore el cariño verde. Mientras, el partido de bolsillo, PT, de Alberto Anaya, se conforma con mucho menos que moronas.
MORELOS: El PAN se sirvió con el cucharón del presupuesto de 2023. Encabezados por Francisco Sánchez, los diputados locales aumentaron recursos a Cuernavaca, de José Uriostegui, y Yecapixtla, de Rafael Sánchez, ambos panistas. Para calmar los ánimos, le dieron su mochada a Yautepec, de Cornelio Alonso. Entre los tres se quedaron 544 millones de pesos. El resto del estado no existe para los legisladores. No es nuevo, pero calienta.
AGUASCALIENTES: En un clima de crispación entre profesores, el próximo 1 de enero tomará posesión como rectora de la UAA, por 3 años, Sandra Yesenia Pinzón. Sus contrincantes, Alicia de la Torre, Jesús González, Netzahualcóyotl López y José Luis Quintanar, la acusaron de violar los estatutos universitarios y usar apoyos del rector Javier González Avelar. Pese a todo, será rectora.
GUERRERO: El gobierno de Evelyn Salgado no está en condiciones de entregar a José Alfredo Romero, rector de la UAGro, 180 millones de pesos para el pago de salarios y prestaciones de fin de año para los trabajadores. Raymundo Segura, titular de administración estatal, consideró una “ocurrencia” pedir esa cifra. El relajo administrativo de la universidad castiga a los trabajadores y académicos.
SINALOA: La fracción de Morena en el Congreso local encabezado por Feliciano Castro, salió a brindar su apoyo a Pedro Castillo, el presidente que se dio un golpe de estado y por ello detenido en Lima. Parecía burla o caricatura que salieran en una foto con sombreros como el de Pedrito, sin argumentos de democracia, ni legales en materia de política internacional mexicana. Así son en Morena: apoyan a golpistas y delincuentes en naciones hermanas.
CHIAPAS: Tras la desaparición del Título 42, el Instituto de Migración Guatemalteco advirtió al gobierno del morenista Rutilio Escandón una oleada de extranjeros que buscan la frontera de Estados Unidos, a través de México. El problema es que ni la alcaldesa Rosy Urbina, ni migración en México, están preparados para recibir a más de 10 mil inmigrantes. Un grave problema social y humanitario, en manos de improvisados.
BAJA CALIFORNIA: Personal médico, policías y bomberos, rechazan la vacuna cubana Abdala. Pese a la insistencia del titular de Salud, Adrián Medina, prefieren Pfizer. Abdala no tiene el aval de la OMS. (VÍCTOR SÁNCHEZ BAÑOS, El Heraldo de México, Estados, p. 19)
La extradición es un mecanismo de cooperación internacional que busca combatir el crimen y evitar la impunidad. Materialmente es un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio por medio del cual un Estado ofrece, concede o solicita la entrega de un prófugo o condenado, nacional o extranjero, a otro Estado, por la presunta comisión de un delito en el territorio del Estado que lo ha requerido.
En el artículo 119, párrafo tercero, de la Constitución se encuentra la base legal para dar curso a toda petición de extradición en términos de los tratados internacionales. En la actualidad, México ha firmado tratados de extradición con Argentina, Australia, Bahamas, Belice, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos de América, Francia, Grecia, Guatemala, India, Italia, Nicaragua, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Uruguay y Venezuela.
Para aquellos casos en los que México no dispone de un tratado bilateral de extradición con otro Estado, el procedimiento procede conforme a la Ley Internacional de Extradición. Por ejemplo, con Israel el Gobierno Mexicano ha solicitado la detención y entrega de Tomás Zerón de Lucio, ex Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta Procuraduría General de la República, quien es acusado por el delito de tortura y colaborar en la simulación de pruebas en la investigación criminal por la desaparición forzada de 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa, Guerrero, en 2014. Si bien no existe tratado de extradición entre ambos países, se tiene un acuerdo de cooperación jurídica bilateral. Por ello, los trámites y plazos para la resolución de la entrega o no del reclamado se realizan conforme a las leyes de Israel.
Hasta ahora, se sabe que el requerido se encuentra en ese país desde el 13 de agosto de 2019 y que ha solicitado asilo en Israel con el argumento de que los cargos son falsos y tienen motivaciones políticas. Por su parte, el Estado de Israel no ha respondido ni a la solicitud de extradición ni a la solicitud de asilo. ¿Por qué Israel no ha concedido la extradición a México? ¿Por qué México no ha firmado un tratado de extradición con Israel? ¿Por qué el asilo político hace improcedente la extradición? Como sabemos, no se trata del único caso en donde consideraciones de índole política o la supuesta desconfianza en el sistema penal de otro país terminan por estorbar la aplicación de instrumentos jurídicos internacionales.
Recientemente se publicó la obra intitulada “La Asistencia Jurídica Penal Internacional” (Tirant Lo Blanch, México, 2022) que tiene por objeto analizar aquellos casos donde ha resultado exitosa la colaboración entre los países para disminuir la brecha de la impunidad. La localización, detención y entrega de los presuntos delincuentes que se han sustraído de la acción de la justicia es una constante que requiere la comunicación entre las autoridades de diferentes jurisdicciones. Estamos convencidos de que se puede terminar de construir un idioma común, pues no se explica cómo, en una comunidad internacional cada vez más conectada, aun existan barreras políticas que impidan concretar las extradiciones. No podemos permitir que el simple viaje de un presunto delincuente a otro país haga que los delitos cometidos queden impunes.
En alguna parte, el autor del referido libro, el académico Abraham Pérez Daza, advierte que el reto de la cooperación internacional en materia penal es “preservar la flexibilidad en la aceptación y tramitación de la información solicitada por una autoridad extranjera sin que se considere como una vulneración a la soberanía”. Estoy convencido que esta investigación académica, en la que tuve oportunidad de colaborar, servirá para nutrir el debate en materia de asistencia jurídica penal internacional. (Alfonso Pérez Daza, El Universal, Opinión, p. A16)
El próximo 10 de enero, nuestro país será el anfitrión de la décima edición de la Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN), recibiendo en la Ciudad de México al presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, y al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Dicho evento representa el foro regional del más alto nivel que tenemos en América del Norte, y ofrece una oportunidad para revisar los temas relevantes de la agenda trilateral y los avances en los compromisos adquiridos por los tres mandatarios, así como nuevas áreas de colaboración frente a los retos hemisféricos y globales de la actualidad.
Éste será el segundo encuentro en persona de los tres líderes norteamericanos, y en un contexto global muy distinto al de la última edición de la cumbre que se llevó a cabo en noviembre de 2021 en Washington D.C. En esta ocasión, la pandemia por covid-19 no será uno de los temas prioritarios; no obstante, debemos ahora hacer frente a otros temas, incluyendo presiones inflacionarias, inseguridad alimentaria, la complejidad geopolítica resultado de la invasión de Rusia a Ucrania y crecientes disrupciones en las cadenas de valor globales, entre otros. Por todo esto, resulta más importante que nunca conjuntar esfuerzos y alinear estrategias que nos permitan incrementar la competitividad y el desarrollo de la región.
La agenda de discusión entre el presidente López Obrador, el presidente Biden y el primer ministro Trudeau, incluye una amplia gama de temas relevantes ordenados en seis pilares. El primero, diversidad, equidad e inclusión, busca coordinar acciones en favor de las comunidades históricamente marginadas y vulnerables. El segundo, cambio climático y medio ambiente resaltará los esfuerzos trilaterales por promover la transición hacia vehículos de cero emisiones y energías renovables. Competitividad, el tercer pilar, incluye acciones para expandir las cadenas de valor estratégicas y fortalecer la fuerza laboral en la región, fomentando un desarrollo económico equitativo y sostenible. El cuarto pilar es el de migración y desarrollo, que concentra los esfuerzos de los tres países para atender las causas de origen de la migración y asegurar que la migración sea humana, ordenada, segura, regular y digna. Salud será el quinto pilar, el cual busca continuar con el trabajo para fortalecer los sistemas de salud regionales y proteger a nuestros pueblos frente a futuras pandemias y otras crisis relacionadas. Finalmente, el sexto pilar se enfocará en acciones para reforzar la seguridad de la región, incluyendo estrategias para combatir el tráfico de armas, drogas y personas.
En México estamos listos para recibir a nuestros vecinos, socios y amigos de América del Norte en lo que, seguramente, será un diálogo muy productivo, que marcará el rumbo a seguir a los tres gobiernos para garantizar mayores y mejores oportunidades económicas y de desarrollo, siempre en beneficio de nuestros pueblos. (Roberto Velasco Álvarez, Excélsior, Nacional, p. 7)