El año que recién terminó se superó la cifra de 2 millones de migrantes aprehendidos por la Patrulla Fronteriza en la frontera con Estados Unidos. En mayo se llegó al pico máximo, con cerca de 250 mil, y en diciembre capturaron a 200 mil migrantes.
La migración es un dolor de cabeza para los gobiernos estadunidense y mexicano, pero en el caso de nuestro vecino es una migraña, con impactos serios en los campos mediático, político, electoral y bilateral. No así en el ámbito demográfico. De acuerdo con los especialistas que analizaron el censo de Estados Unidos de 2020, se requiere de unos 2 millones de personas anuales, adicionales, para conservar su equilibrio poblacional.
Más allá de esos números, la pandemia del covid-19 dejó un rastro de muerte de más de un millón de estadunidenses y la deserción laboral retiró del mercado de trabajo a más de 4 millones de personas. Reponer esta pérdida poblacional y laboral es urgente para Estados Unidos, pero el discurso político antinmigrante está tan arraigado en los medios y en las campañas electorales, que prácticamente es imposible razonar sobre las consecuencias del envejecimiento y la urgencia de tener trabajadores que coticen en la seguridad social.
Desde los primeros meses de la administración de la 4T se ha realizado una serie de concesiones en el tema migratorio, que van más allá del control fronterizo y las medidas disuasivas y coercitivas para controlar el tránsito y tráfico de migrantes. Estas nuevas prerrogativas se refieren a la devolución de migrantes extranjeros al territorio nacional, algo totalmente inédito.
Primero se adujeron razones humanitarias para recibir a migrantes centroamericanos deportados; luego se puso en marcha el programa Quédate en México, que fue un verdadero desastre; luego se tuvo que aceptar la disposición del Título 42, de devolución en tiempos de pandemia, impuesta por Trump; una resolución que no se ha podido cancelar, a pesar del interés en suspenderla por parte de la administración de Joe Biden.
Lo peor de todo es que las negociaciones y concesiones son totalmente opacas, no se sabe si hay ciertos compromisos de la otra parte, la impresión que se tiene es que estamos sujetos a que un juez de Texas pueda decidir sobre un asunto bilateral de este calado y México ni siquiera respinga.
En la última negociación México aceptó la deportación mensual de 30 mil migrantes irregulares (360 mil al año) capturados por la Patrulla Fronteriza, que sean de origen cubano, nicaragüense, venezolano y haitiano. La selección de estos países no es fortuita: se trata de las naciones a las que Estados Unidos no puede deportar a estos migrantes. En tres casos se trata de países dizque socialistas, con los cuales el gobierno estadunidense tiene serias diferencias y relaciones diplomáticas complicadas. Tres ejemplos donde el modelo socialista, de viejo o nuevo cuño, genera flujos migratorios masivos. Tres casos donde se puede aducir persecución política y amerita la consideración de acceso al refugio.
En el caso de Haití la situación es tan dramática que resulta inverosímil pensar en la posibilidad de una deportación. Como quiera, en los cuatro casos, estas naciones suelen negarse a aceptar a sus ciudadanos deportados o éstos corren un riesgo.
México se comprometió a recibir las papas calientes y a quemarse las manos ¿a cambió de qué? ¿En qué condiciones se va a recibir a estos migrantes, qué tipo de regularización o documentación se les va a dar? ¿Se les va a dejar abandonados y que busque cada cual la manera de sobrevivir?
No obstante, hay que considerar dos cambios relevantes en cuanto a la política migratoria estadunidense. Resulta una verdadera novedad que el argumento para la deportación a México de los migrantes de estos países sea la posibilidad de ingreso por la vía legal a ciudadanos de estas nacionalidades. Según se ha notificado, el modelo se probó con Venezuela y se redujo el flujo notablemente (habrá que ver los números). Es un cambio relevante, porque las puertas a la migración legal estaban cerradas.
En segundo término, la externalización de fronteras llega hasta Panamá. Los migrantes que crucen por esa nación con la intención de llegar a Estados Unidos serán supuestamente registrados y deportados a México, si intentan cruzar la frontera. El cruce por Centroamérica ya no sería tan fácil y serviría como medida disuasiva.
A los migrantes de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití les quedan cuatro opciones: buscar el trámite por la vía legal y buscar el apoyo de un familiar en Estados Unidos que facilite la visa; regresar a su patria, lo cual resulta improbable; intentar varias veces el cruce irregular con coyotes que aseguren el paso y, quedarse en México, lo cual puede resultar un calvario si se impone la misma política de desgaste y abandono que se da en la ciudad de Tapachula, Chiapas.
Es posible que veamos caravanas de migrantes desde la frontera norte hasta la Ciudad de México exigiendo lo mínimo, lo que no les dan: refugio. (Jorge Durand, La Jornada, Política, p. 12)
Siempre hacen más ruido las latas vacías que las llenas.
Lo mismo ocurre con los cerebros.
Truman Capote
El presidente Joe Biden llegó a la reciente cumbre de líderes de América del Norte con la mesa autopuesta, al menos en dos rubros de significativa importancia para Washington, y a cambio de ello le hizo guiños y le concedió al presidente López Obrador sus caprichos adolescentes, como el de aterrizar en esa obra inútil para la República que es el AIFA.
Los dos grandes temas que aún están por perfilar su propia conformación e implementación práctica, fueron el acuerdo migratorio que Biden le impuso de nuevo a México, que ahora tendrá que recibir a 30 mil migrantes al mes expulsados de Estados Unidos (360 mil al año), de nacionalidades venezolana, cubana, nicaragüense y haitiana. Esta aceptación viene sin el sustento financiero del caso (como es el caso del filtro de migrantes que ha operado con un gran financiamiento europeo en la relación entre Turquía y la Unión Europea) y con potenciales implicaciones de desestabilización en las regiones fronterizas y otras zonas del país a grados inimaginables. Las fronteras ya son, al día de hoy, focos de tensión y degradación social que están afectando la estabilidad de las comunidades locales. No se diga la insuficiencia estructural en servicios de salud, entre otros, que hay en todo el país y que ha colapsado, por ejemplo, servicios médicos en las regiones fronterizas. A esto hay que agregar otros servicios, como vivienda y alimentación. Si de por sí la política migratoria mexicana ha sido un fracaso, la misma está en un mayor peligro de colapsar con esta medida de política migratoria impuesta por Estados Unidos. Primer gol anticipado de Biden contra México, antes incluso de que aterrizara.
El segundo gran tema se refiere a la política de seguridad. Al detener a Ovidio “N”, alias El Ratón, e hijo menor del Chapo Guzmán, AMLO ofreció a Biden la cabeza de uno de los narcos más deseados por Washington; una ofrenda en el sentido más clásico. Guzmán es solicitado por EU como extraditable, toda vez que es la cabeza de playa de la producción y exportación de fentanilo que ha matado en ese país a más de 100 mil estadunidenses, más todavía que las muertes ocasionadas por armas de fuego en la Unión Americana. Y que en México –frente a la indolencia oficial– ya representa una amenaza de consumo entre sectores de población, mayoritariamente jóvenes. Así las cosas, Ovidio (quien no tenía cargos penales en México) fue la prenda que AMLO ofreció para aplacar las presiones y eventualmente, chantajear a Biden para que no convoque a los paneles de controversia del T-MEC por el asunto de la ley eléctrica que a tantos inversionistas estadunidenses y canadienses ha afectado. Toda una faena del señor Presidente, quien además, en su calidad de anfitrión, tuvo la poca delicadeza de reclamar a Biden de maltrato a América Latina, primero, y después, en la última conferencia de prensa de los tres a los medios, de acaparar la palabra por 28 minutos y no dejar a Biden ni a Trudeau contestar las preguntas de los medios de información. Diplomacia en su más baja intensidad, tratándose de un diálogo de “alto nivel” como el que usualmente ocurre en estas cumbres (recordar la epístola que AMLO le leyó a Biden en pleno encuentro de “alto nivel” en la Casa Blanca en meses pasados). Esto es lo que entiende el Presidente por diplomacia.
Por más que el tema por el cual Canadá y Estados Unidos han llamado a consultas, la ley eléctrica, se haya discutido centralmente en la bilateral México-Canadá, desafortunadamente no se ha llegado a un acuerdo antes de la potencial actuación de los paneles de controversia. Y esto es debido a que AMLO y su sector más duro de bolivarianos se niegan a ceder en su pretensión de volver a los tiempos del monopolio estatal en la administración de la energía de los años setenta y ochenta. Se pretende que sean Pemex y CFE –dos empresas en números rojos y que nos cuestan miles de millones de nuestros impuestos a los mexicanos– la vanguardia de la reconversión energética, basados en recetas viejas con recursos viejos y antimodernos, como el petróleo y los combustibles fósiles (carbón, entre otros). La inversión en energías limpias es común denominador en el mundo de hoy y, aparentemente, esto no lo podrá comprender nunca AMLO ni su séquito más cercano en el tema. A la vista de los primeros resultados favorables que EU obtuvo y los nulos que hubo para México, y dado el empecinamiento patológico de AMLO, considero que la cumbre no aportó ningún beneficio a los mexicanos. Nos vemos en los paneles de controversia, si es que ocurren. (José Luis Valdés Ugalde, Excélsior, Nacional, p. 9)
El pasado domingo aterrizó en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) el avión conocido como Air Force One que traía a tierra azteca al Presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden.
Una vez que el avión se puso en posición remota, bajó de la escalinata uno de los hombres más poderosos del globo terráqueo, y a la espera se encontraban el presidente Andrés Manuel López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard. Previa invitación de cortesía se subieron ambos presidentes al vehículo oficial que utilizan los Mandatarios de los Estados Unidos, la limosina color negro llamada la Bestia (The Beast, en inglés).
La limosina presidencial tiene un costo aproximado de dieciséis millones de dólares, así como un peso entre siete y nueve toneladas y un blindaje de hasta 12 centímetros e incluso resiste a explosivos.
Cuenta con un sistema de suspensión muy original, le proporciona una gran maniobrabilidad. Los neumáticos tienen un recubrimiento de chalecos militares, por lo que puede continuar en movimiento por si llegaran a desinflarse.
Así, inició la agenda internacional de dichos Mandatarios rumbo a Palacio Nacional. Es decir, la Bestia sirvió como despacho o sala para la primera conversación en persona de ambos Presidentes sin su equipo de colaboradores. Por lo que durante una hora estuvieron conversando prácticamente solos, a reserva de la traductora que los acompañaba.
Así la Bestia se convertía en el cofre de acero de este primer encuentro personal entre los vecinos, por ende, ya lleva un secreto más de la historia de los mandatarios estadounidenses y ahora del Presidente mexicano.
Andrés Manuel López Obrador señaló que fue muy agradable todo el recorrido a bordo de la “Bestia”, pues además de tratar temas importantes, el presidente Biden le explicó todas las funciones especiales del vehículo.
La Bestia, así como la caravana de camionetas que integraba el convoy de seguridad, impresionaba a quienes se topaban con el paso del poderoso Joe Biden, principalmente en las calles de Polanco y en todo el tramo de Reforma-Centro Histórico.
Así la cumbre que tuvo lugar esta semana da buenos resulta dos por sostener el diálogo entre México, Estados Unidos y Canadá. Por ello, el canciller Marcelo Ebrard se llevó una de las estrellas del Air Force One; otra de las estrellas fue que no hubo ningún imprevisto en la seguridad de los mandatarios, llevándose así otra estrella de dicho avión tanto la Guardia Nacional como la Secretaría de Seguridad de la CDMX, a cargo de Omar García Harfuch. (Ulrich Richter, El Universal, Opinión, p. A17)
Arizona, California, Nuevo México, Texas, Carolina del Norte, Nueva York, Colorado, Nevada y Florida. Esos son los estados donde comenzará una campaña para promover y dar a conocer al canciller Marcelo Ebrard entre la comunidad mexicana en Estados Unidos.
La estrategia rumbo a la elección presidencial del 2024 tuvo su primera parada en el Centro Comunitario “La Villita”, en Chicago, Illinois, a inicios de mes. Una decena de líderes y voluntarios se reunieron convocados por una organización llamada “Mexicanos Construyendo”, abreviada en las siglas “MEC”, como las iniciales del promovido.
En la presentación hubo varios mensajes: recolectar inquietudes y necesidades de los mexicanos residentes en Estados Unidos, informarles sobre el proyecto político que encabeza Marcelo Ebrard, pero sobre todo, impulsar la inclusión de la comunidad en la encuesta de Morena para elegir al candidato presidencial.
Hay una lógica básica: 15 millones de mexicanos viven en ese país y ellos podrían inclinar cualquier balanza. En la elección presidencial de 2018, votaron 98 mil 470 personas desde el extranjero. Casi el 78 por ciento de los sobres llegó del otro lado de la frontera con un notorio respaldo a Andrés Manuel López Obrador, que consiguió casi el 65 por ciento de las preferencias.
Detrás de todo este plan está Rodrigo Aguilar Benignos, un consultor político mexicoamericano, basado en Washington, D.C. Entre su curriculum está la negociación y liberación de cinco ejecutivos petroleros estadounidenses detenidos en Venezuela, encarcelados desde 2017.
Al consultarlo para esta columna, Aguilar Benignos reconoció que no ha habido acercamiento con otros precandidatos morenistas y aclaró que incluso no lo ha habido con el canciller Marcelo Ebrard. Agregó que insistir en la participación de mexicanos en la encuesta morenista va más allá de cualquier nombre.
¿Ante esto será que pronto veremos las giras de Claudia Sheinbaum también en Estados Unidos?
Stent:
Curiosa coincidencia este miércoles 11 de enero en el restaurante Morton’s, de la Ciudad de México. La primera mesa estaba encabezada por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, acompañado del ministro de la Suprema Corte, Alberto Pérez Dayán. La segunda, por el fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes. Y la tercera por Julio Scherer, reunido con uno de los abogados de Guillermo Barradas, defensor de la cooperativa Cruz Azul. (Claudio Ochoa Huerta, El Universal, Nación, p. A8)