La última semana de 2022, la Corte Suprema estadounidense emitió una resolución relativa a la permanencia del Título 42 de la ley de servicios públicos de salud. Esta norma faculta a los centros de control y prevención de enfermedades a impedir la entrada de portadores de enfermedades contagiosas a territorio nacional. La administración Trump utilizó al Título 42 para impedir el ingreso de migrantes en la frontera con México. Lo llevó a cabo sin aplicarles un proceso legal capaz de determinar si cumplían los requisitos para solicitar asilo o ser sujetos de ayuda humanitaria.
La administración Biden prorrogó el uso de esta norma. Sin embargo, en abril de 2022 el gobierno federal anunció que dejaría de utilizarla, al considerarla innecesaria para proteger la salud pública. Antes de concretar su suspensión, un juez federal de Luisiana señaló que debía mantenerla vigente, pues no se habían seguido los procedimientos adecuados para dejar de aplicarla. El gobierno federal se inconformó ante una corte de apelación, pero el proceso legal sigue pendiente de resolución.
Paralelamente, en otro juicio entablado por organizaciones de migrantes, interpuesto ante un juzgado federal en Washington D.C., su titular concluyó en diciembre de 2022 que la aplicación del Título 42 era ilegal, ordenándole a la administración Biden terminarla inmediatamente. Ante ello, los fiscales de 19 estados (con gobiernos republicanos) se opusieron interponiendo un recurso ante la corte de apelación de Washington D.C. Al rechazar ésta su intervención, los fiscales acudieron a la Suprema Corte solicitándole que mantuviera la vigencia de la norma impugnada. En sus alegatos señalaron que, mantener firme la resolución del juez causaría una crisis de proporciones sin precedentes en la frontera con México.
La determinación de la Corte, aprobada el pasado 27 de diciembre por una mayoría de cinco votos a favor y cuatro en contra, bloquea la resolución del juez de Washington D.C. y mantiene provisionalmente la vigencia de la aplicación del Título 42. Los integrantes del máximo tribunal acordaron realizar audiencias a finales de febrero o principios de marzo para determinar si los fiscales estatales pueden ser parte del juicio. La administración Biden, representada por su Fiscal General, señaló que dejar de aplicar el Título 42 llevaría, probablemente, a la disrupción del flujo migratorio, así como a un aumento temporal de los cruces ilegales en la frontera. No obstante, consideró que la respuesta al problema está en la aplicación de leyes migratorias federales, no en la de una medida de salud pública cuya vigencia sobrevive a la emergencia sanitaria del Covid-19. Los votos contrarios a mantener la vigencia del Título 42 fueron de los justices Ketanji Brown, Neil Gorsuch, Elena Kagan y Sonia Sotomayor. Gorsuch señaló en su voto particular que, sin omitir las preocupaciones de los estados respecto al creciente número de migrantes en la frontera sur, la Suprema Corte es de jueces, no de tomadores de decisiones de política pública. Estaremos pendientes del desarrollo de las audiencias a celebrarse los próximos meses. (Mauricio Ibarra, La Razón, México, p. 5)
Pactado o no, la visita bilateral de Joe Biden y la cumbre trilateral con Justin Trudeau colocó en el centro los temas torales de presión doméstica para la Casa Blanca: la explosión migratoria que agita la disputa política estadounidense y la muerte silenciosa y masiva de consumidores de fentanilo que se expande a una gran cantidad de entidades de la Unión Americana.
La agitada y excesiva respuesta de casi media hora del presidente mexicano lo ubicó, más allá de lo folklórico, como un vehemente defensor del control de drogas y previsor del consumo. A ojos de los estadounidenses, AMLO puso el pecho en nombre de dos previsiones diferentes pero que al final convergen. Una, el dato de la confianza, del entendimiento con Washington y dos, la mira puesta en el futuro inmediato: el fentanilo no es solo un aniquilador de vidas en Estados Unidos, lo es para México. Ya lo es para mexicanos avecindados en el norte pero lo empieza a ser en zonas importantes del país como alguna vez lo fue la cocaína o la heroína. Viene para acá. No lo abordó como foco de la narcoviolencia, el control territorial y de la actividad económica cotidiana mediante la extorsión.
A cambio de hablar públicamente del fentanilo, estuvo el no colocar en el centro la diferencia de la política pública eléctrica en México. Siendo un malestar tanto en Canadá como en EU, el asunto fue disimulado.
La vehemencia de la representación latinoamericana, la defensa de las nuevas irrupciones electorales en el continente alcanzó solamente a Brasil, amenazado por la intentona golpista del fascismo bolsonarista. Pero sobre Perú ni Canadá ni Estados Unidos opinaron.
La relación interpersonal resultó fortalecida. Base necesaria para entendimientos de mayor calado. Otro presidente mexicano hubiese sido duramente criticado por subirse a La Bestia en su propia casa para una plática “informal”. Te vas en mi carro, bajo mis condiciones, en las calles de tu país. Para Biden representa un símbolo de control. La imagen de ser pasajero de La Bestia, que los propagandistas del gobierno anotan como un gran acto de dignidad, fue una extraordinaria concesión con el vecino para atemperar expectativas.
La escena de subirlos al elevador, apretujando a los invitados como si fuera el camarote de la película Una noche en la ópera de los hermanos Marx, fue muy significativa. Sí, se subió en La Bestia, pero subió a las visitas al elevador. Y la escena de todos sonrientes en una caja vieja con la consigna de “el elevadorista soy yo” es el control de los botones sencillos. Subimos y bajamos cuando diga. Parece escena cómica pero fue marca de dato fraterno. Si esa escenografía es necesaria para no darse de toques con los cables sueltos de la política eléctrica impugnada van a subir y bajar cuantas veces quieran.
Biden puede estar contento de mostrar la contención de su vecino aunque Trump ya lo había hecho. Trudeau resultó más sutil.
La principal medida ya estaba tomada y es la referida a la captación en México de los miles de migrantes expulsados. Biden acudió a la frontera en escala de su visita a la CDMX para subrayar ante sus electores que la migración es su prioridad. La cumbre estaba firmada antes de realizarse.
Lo que está en juego es la reelección de Biden y si la mayoría republicana en el Congreso presiona para exhibir una frontera ingobernable porosa para migrantes y para el fentanilo complicará más la situación al demócrata. Y en México está en juego la continuación de un gobierno de Morena. Tras los acontecimientos de Argentina, Perú y Brasil, el gobierno mexicano lo que menos quiere es una intervención o apoyo estadounidense a los opositores mexicanos.
Por eso la representación de una camaradería incidió tanto en la visita de Biden y la cumbre. En su larga y criticada respuesta en los mensajes públicos finales de la cumbre, AMLO dejó verse como aliado confiable. No es poca cosa que eso haya resultado fructífero para los mandatarios. A costa de los pendientes. (Roberto Zamarripa, Reforma, Opinión, p. 9)
El presidente Joseph Biden llegó a la Cumbre del T-MEC con la espada desenvainada en materia de narcotráfico y arguyó el tema del fentanilo que se produce en México y en China y que está invadiendo al sector médico y de drogadicción de Estados Unidos.
Sin embargo, la estrategia mexicana sigue sin reclamarle al Gobierno estadounidense el punto central que tiene que ver con el narcotráfico: no el de las armas, como supone el canciller Marcelo Ebrard, sino el del consumo dentro de EU por la existencia de millones de adictos en diferentes niveles que exigen la dotación de drogas provenientes del exterior e inclusive fabricadas ya dentro del propio territorio estadounidense.
Mientras haya consumo existirá de manera inevitable la producción. Y hay que seguir machacando en el hecho de que los reportes de la DEA en los últimos años señalan que el tráfico de drogas que entra a Estados Unidos para consumo está controlado por nueve cárteles mexicanos, sin que ninguna autoridad americana realice operativos para combatirlos.
El caso de Ovidio Guzmán López ilustra la irregularidad jurídica en el tema de la droga del fentanilo: en México no se sabe que existan expedientes de persecución contra Ovidio, a pesar de que es el responsable del área de producción y contrabando de fentanilo del Cártel de Sinaloa y que su arresto fue con fines de extradición a Estados Unidos para ser juzgado por delitos cometidos en México, puesto que la fabricación y tráfico de drogas con el uso brutal de la violencia criminal es un delito perseguido de oficio.
Es la hora en que México no le exige de manera pública a la Casa Blanca que combata con decisión el consumo de drogas, pues la estrategia americana se agota en la atención de adicciones.
Zona Zero
Justo en un momento clave de la estrategia de seguridad, hechos electorales afectan la estructura del área respectiva: el subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía renunció a su cargo para irse de candidato a gobernador de Coahuila por el PT, contra el candidato oficial de Morena. Mejía era uno de los funcionarios más eficaces de seguridad que logró credibilidad en su presentación cotidiana en las Mañaneras presidenciales. Pero puntos políticos y electorales dañan la estabilidad en las estrategias de seguridad con cambios y reacomodos de funcionarios del área por decisiones políticas. (Carlos Ramírez, 24 Horas, Estados, p. 11)