Aunque el gobernador y la prensa de fuera que le da voz insistan en lo contrario, el mensaje es claro: no a las manos extranjeras sobre el litio mexicano. (La Jornada, Contraportada)
CON TODO lo que se han quejado de las malas prácticas del PRI, vaya que hay militantes de Morena que no solamente las imitan, las copian tal cual.
ES EL CASO del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, quien ya desplegó a sus operadores políticos y electorales ¡en el Estado de México!
DESDE hace unos días se ha visto en Toluca a su secretario de Gobierno, Eric Cisneros, al frente de un equipo que está metido en la campaña de la candidata morenista a la gubernatura, Delfina Gómez.
Y LOS REFUERZOS no llegaron sólo del Golfo, también del centro del país, pues cuentan que la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, le encargó a Roberto Arandia, quien trabajó con ella y antes con Rafael Moreno Valle en Puebla, ponerse a las órdenes de la texcocana para lo que se ofrezca.
NI QUÉ DECIR que esos reclutas son apenas el inicio del regimiento, pues se espera que en los próximos meses morenistas de la CDMX, Morelos y otras entidades también refuercen al equipo delfinista.
ANTE TANTO apoyo, no queda claro si la supuestamente amplísima ventaja que presumen los de Morena no es tan grande como dicen o si los mandatarios guindas nomás quieren quedar bien con Palacio Nacional.
EL QUE sigue firme en que será candidato presidencial es el senador Ricardo Monreal, quien dice que no le preocupa aparecer en tercero o hasta en quinto lugar en encuestas que lo miden con las otras corcholatas presidenciales de la 4T.
EN EL INFORME de su paisana, la senadora Soledad Luévano, recordó que en 1998 encabezó un movimiento de ciudadanos que lo llevó a la gubernatura de Zacatecas.
LO QUE no mencionó es que, para ser candidato, ese año dejó al PRI, que no lo postuló, y se sumó al PRD, quien lo cobijó como candidato.
¿HABRÁ sido una amenaza velada o una advertencia a tiempo sobre sus planes? Es pregunta con tamborazos al ritmo de “La Marcha de Zacatecas”.
QUIENES son dados a las metáforas ven en el moribundo ahuehuete sembrado en la que fuera la Glorieta de la Palma un claro reflejo de la manera en que la administración de Claudia Sheinbaum “atiende” algunos temas.
PRIMERO, la centenaria palmera que adornaba esa rotonda en Paseo de la Reforma murió en medio del desinterés y la indiferencia de las autoridades locales.
Y AHORA, el árbol que pusieron en su lugar fue reportado en estado crítico, y tampoco parece que el asunto le preocupe al gobierno local, que lo está dejando morir.
BAJO esa óptica, cualquier semejanza con el descuido del Metro, la mala calidad del aire o el desabasto de agua potable, NO es una mera coincidencia (Fray Bartolomé, Reforma, Opinión, p.8)
Madrugan a AMLO
Nos comentan que a quien acaban de madrugar es nada más y nada menos que al presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos detallan que un particular muy vivillo se le adelantó al mandatario y a su equipo de Presidencia de la República y ya solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) el registro de la marca “Humanismo Mexicano”, nombre que le ha dado el mandatario a su modelo económico y social. Los lemas y apodos que los gobiernos ponen a sus programas, sus modelos y hasta sus ocurrencias, normalmente terminan siendo del dominio público pero muchas veces en forma de chunga, porque así es el “humorismo mexicano”. ¿Será que los responsables del Instituto lo rechazarán y argumenten que ese nombre fue creado por su jefe, el presidente López Obrador, y es a quien le pertenece?
¿Olvidaron en Cancillería su área de Igualdad de Género?
De cara a la fecha emblemática del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, nos comentan que algo raro pasa en la Cancillería porque en la Dirección General del Servicio Exterior y Recursos Humanos de esa dependencia, siguen pendientes nombramientos de plazas que corresponden a la Dirección para la Igualdad de Género. Nos hacen ver la importancia de que esa dirección cuente ya con su personal femenino completo porque es precisamente esa instancia la encargada de defender los derechos de las mujeres diplomáticas y todas las que laboran en Relaciones Exteriores. Veremos si meten velocidad a las designaciones para no celebrar un 8M sin presencia de quienes defienden la agenda de las mujeres.
Tres años sin solución en Notimex… y contando
Aunque el presidente López Obrador ha girado infinidad de veces instrucciones para alcanzar una solución a la huelga en la agencia de noticias del Estado, Notimex, nomás no se ve la luz al final del túnel en este conflicto. Nos comentan que el martes 21 de febrero se cumplirán tres años de que estalló la huelga y pese a los llamados presidenciales, sigue interrumpido el diálogo entre los trabajadores que permanecen en plantón, y la dirección a cargo de Sanjuana Martínez. Los empleados, unos 100 que aún resisten, acusan que la dirección a cargo de Martínez sigue recibiendo presupuesto a pesar de que en este tiempo no se ha publicado ni un solo despacho informativo. Situación que complica aún más cualquier intento de acercamiento.
Los misterios del fiscal general
Nos comentan que luego de tres meses de ausencia, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, se reincorporó a sus actividades en la institución que tiene muchos casos por resolver. En diciembre pasado, nos recuerdan, don Alejandro fue intervenido de la columna vertebral en el hospital Johns Hopkins en Baltimore, Estados Unidos, dejando acéfala la dirección de la fiscalía. Nos recuerdan que hasta hoy, la información sobre la salud y las actividades de Gertz Manero se ha manejado con una opacidad preocupante, pues no es poca cosa que el país no pueda saber oficialmente si el fiscal autónomo está trabajando o siquiera si está en condiciones de hacerlo. Salvo una vaga mención del presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera sobre una “reparación”, tras informes publicados en la prensa, nada se ha informado oficialmente. ¿Ya que regresó, saldrá el titular de la FGR a disipar la incertidumbre? (El Universal, A2, p.2)
Presencia en las calles. Son días de lanzar la carne al asador. En este entorno, Clara Brugada, la alcaldesa, junto con miles de iztapalapenses, le dio la bienvenida a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno y aspirante a la candidatura de Morena a la Presidencia de México. Iztapalapa es la alcaldía número 15 que visita la mandataria capitalina en su recorrido por las 16 demarcaciones en donde brinda asambleas informativas. Acudieron 30 mil personas a escucharla, cifra importante en una alcaldía demográficamente muy grande (con más de un millón 830 mil habitantes). Baste recordar que, durante décadas, políticos en activo jamás se pararon por ahí. Eran otros tiempos…
Hay niveles. El director de cine Guillermo del Toro –reconocido por su fascinación por los insectos–, el escritor Juan Rulfo, la pintora Frida Kahlo y el muralista Diego Rivera, ya tienen una luciérnaga bautizada con su nombre, luego de que un grupo de estudiantes e investigadores del Instituto de Biología de la UNAM descubrió 48 especies nuevas en el noroccidente de México, y las bautizaron con el nombre de estos ilustres mexicanos. Los expertos en Sistemática, Biogeografía y Ecología del Laboratorio Zaragoza de la Colección Nacional de Insectos publicaron su estudio en la Revista Mexicana de Biodiversidad como parte del proyecto Luciérnagas de México. Orgullo al cien. ¿Cuándo los políticos mexicanos alcanzarán estas alturas?
País de ficción. En Hidalgo, un sujeto fue acusado de degollar a una perrita que estaba al cuidado de su expareja sentimental, informó la organización protectora de animales Santuario Cuatro Patitas un Corazón. El hecho ocurrió en la localidad de Matilde, Pachuca, donde apareció sin vida la perrita llamada Nieve. “El pasado 13 de febrero se cometió un crimen (…) el tipo la golpeó y degolló, lo que terminó con su vida”, informó la organización, que narró que la ama de la perrita hizo la denuncia. “Después te compro otra”, le dijo el sujeto a su ex. Si queremos ponerle un alto al maltrato animal, hoy es cuando. Julio Menchaca, el gobernador, tiene la gran oportunidad.
Forma y fondo. El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, dio a conocer que “por decreto” se quitarán las fotografías de todos los exmandatarios estatales en la Sala de Juntas de la sede del Poder Ejecutivo. “Yo siento pavor cada vez que me siento en la Sala de Juntas y veo un montón de exgobernadores que no hicieron nada, pero están ahí”, comentó el mandatario nayarita, ante pescadores, ganaderos y productores agrícolas venidos de los municipios del estado. El anuncio lo hizo en la presentación del Programa Integral de Desarrollo del Sector Agropecuario, Acuícola y Pesquero para los 20 municipios de la entidad. Como si él mismo hubiera hecho algo trascendental por su entidad, cada vez más amolada.
Planes en común. En Cancún, Quintana Roo, la gobernadora Mara Lezama recibió a la embajadora de Finlandia en México, Päivi Pohjanheimo, con quien dialogó sobre el avance de las mujeres en ocupar espacios para contribuir al desarrollo económico y social a favor de la ciudadanía, además, estrecharon lazos de trabajo, coordinación y cooperación para atraer el turismo, así como la prosperidad compartida a las entidades. Funcionarios del estado e integrantes de la misión diplomática finlandesa realizaron trabajos en temas como el establecimiento de las relaciones entre Finlandia y Quintana Roo; las prioridades que tienen son de carácter humanista y progresista, la seguridad en sitios turísticos y las ventajas del Tren Maya. Alianza que promete. (Excélsior, Nacional, p.9)
La hija de Genaro García Luna tiene 24 años. Ha estado presente algunos días en el juicio contra su papá. Pero este viernes llamó la atención porque trajo un oso panda de peluche a la Corte de Distrito Este de Brooklyn, Nueva York. Lo que aparentemente es un amuleto para la buena suerte quedó plasmado en los dibujos que realizan las artistas sobre las escenas del juicio y que venden hasta en 300 dólares a las televisoras. Tampoco pasó desapercibido para los periodistas que debatimos sobre el significado del peluche.
La familia de García Luna se ha caracterizado por tener el mismo semblante que él y su defensa, encabezada por César de Castro. Parecen relajados, confiados y hasta sonrientes, como si no les preocupara la acusación por cinco cargos en su contra y tampoco el veredicto, que podría definirse en esta semana que está por comenzar.
Pero ese semblante no es infinito, es frágil y se rompió con facilidad. La familia de García Luna comía en la cafetería de la Corte, igual que varios compañeros periodistas, cuando corrió la noticia de que el juez Bryan Cogan daría un mensaje en su sala, ubicada en el piso 8. ¿Podría ser el veredicto del jurado? ¿Había terminado la deliberación de los 12 integrantes? Nadie lo sabía, pero era momento de correr a averiguarlo.
El rostro de Cristina Pereyra, la esposa de García Luna, se transformó, según relatan quienes la acompañaron en el elevador. “Tenía ojos de plato y temblaba agarrada de su hija, moría de nervios”, me dijo Blanca Rosa Vílchez, legendaria periodista de Univisión, que también cubrió el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Cristina Pereyra ha sido fundamental en esta trama. No solo por su presencia en la sala todos los días, sino porque fue el único testigo que subió al estrado por parte de Genaro García Luna. Ahí contó cómo se conocieron cuando trabajaron juntos en CISEN. Ella tenía 19 años. Que llevan casados 30. Que su patrimonio tan cuestionado comenzó con la compra de un pequeño departamento en Xochimilco, en 1994. Que luego renunció a CISEN y puso una tienda de artículos para oficina. Que compró, primero con una tarjeta de crédito y luego con su cuenta de cheques, las dos motocicletas Harley Davidson que tenía García Luna, aunque no las podía usar porque siempre tenía que trasladarse en camionetas blindadas. Que Genaro García Luna, ya como funcionario de alto nivel, tuvo que echar mano de su crédito Fovissste, para comprar una casa en Cuernavaca, porque no les alcanzaba. Que se inscribió en una escuela culinaria porque tenía interés en poner un restaurante.
Los próximos días determinarán qué importancia tuvieron sus palabras. Mientras, la sensación en la Corte es de incertidumbre. La decisión final está en manos del jurado de 12 integrantes. Siete mujeres, cinco hombres. En el día de cierre de argumentos de ambas partes pude ver que una de ellas, canosa, de cola de caballo y que ronda por los 65 años, asentía con la cabeza como si diera la razón a lo que decía la fiscal contra García Luna. Más tarde nos enteramos que esa mujer era una integrante suplente y que su voto y opinión no serían tomados en cuenta, a menos de que algún jurado titular se ausentara y ella fuera la elegida. También pude ver una escena similar del otro bando. Dos jurados hombres, jóvenes, uno blanco y otro negro, ellos sí titulares, asentían con la cabeza a las palabras de César de Castro, el abogado de García Luna. Daba la impresión que ya habían tomado una decisión.
El resto del jurado, atento, pero sin dar pistas en su tendencia.
Stent:
La delegación del ISSSTE en Guerrero, encabezada por Zeferino Gómez Valdovinos, está desbordada por la corrupción. Empresas y contratos a modo que reparten comisiones a funcionarios. Según los involucrados, los beneficios llegan al más alto nivel en el gobierno estatal. (Claudio Ochoa Huerta, El Universal, Nación, p.8)
La razón y la identidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no debe ni puede ser otra que su independencia de los otros poderes, en particular del Ejecutivo.
Esta verdad esencial de toda república se pondrá a prueba próximamente, cuando llegue a los tribunales y a la Corte el llamado “Plan B”, que mutila al INE y pone en gravísimo riesgo la operación de las elecciones. No solo está en juego la efectividad del sufragio sino el sufragio mismo. Ante la dimisión servil e ignominiosa de la mayoría de los diputados y senadores ante el presidente, ¿defenderá el Poder Judicial la libertad de elegir a nuestros gobernantes y representantes?
Si los juzgadores mexicanos admiten los amparos que se presentarán, y si, llegado el caso, los ministros de la Suprema Corte declaran la vasta y manifiesta inconstitucionalidad del adefesio, habrán prestado un servicio invaluable a México.
¿Qué tan independiente ha sido la Corte a través de la historia? Lo cierto es que, hasta fines del siglo XX, solo en un período de nuestra historia el Poder Judicial estuvo a la altura de su misión: la República Restaurada (1867-1876). Esa época debe inspirar a los jueces de hoy.
En aquel tiempo, la independencia de la Suprema Corte frente al Ejecutivo no solo se manifestaba en los laudos y resoluciones que emitía sobre los asuntos más diversos sino en la actitud abiertamente crítica de los ministros hacia el presidente Juárez, por su inclinación a perpetuarse en el poder. Uno de ellos publicó en la prensa estas líneas, que reproduce Cosío Villegas en su libro La Constitución de 1857 y sus críticos:
No pueden encubrir las huellas de la violencia y de la corrupción las urnas electorales que aparecen vendidas al gobierno […] Treinta mil hombres han dirigido sus bayonetas sobre los ciudadanos indefensos; una brigada de empleados ha recibido la misión de transformarse en electores secundarios; quinientos agentes del cohecho reeleccionista han derramado los fondos públicos sobre las puertas que […] se les abrían; doscientos periódicos se han publicado con el visto bueno del ministerio; no obstante, de nueve millones de habitantes, seis, por lo menos, tienen la resolución de sostener el fallo que su indignación acaba de dictar contra la violencia. ¡No habrá reelección!
No era un ministro conservador el autor de este párrafo incendiario. Era nada menos que Ignacio Ramírez, “el Nigromante”, tan liberal como Juárez. Y así como Ramírez hizo público su repudio a la maniobra electoral, lo hicieron también otros magistrados y personajes de la época, todos liberales inmaculados: Ignacio Manuel Altamirano, León Guzmán, Vicente Riva Palacio, Sebastián Lerdo de Tejada, José María Iglesias.
La reelección fue un caso extremo pero no único de conflicto en el que los ministros mostraron su independencia. La refrendaron, por ejemplo, en el famoso “amparo Morelos” de 1874, en el que la Corte estableció que los ciudadanos podían ampararse ante las disposiciones de una autoridad considerada ilegítima por irregularidades en su elección, es decir, que era “incompetente de origen”. Y lo que ocurría en la Corte -explica Cosío Villegas- encontraba su réplica perfecta en todo el aparato judicial:
[…] no hay un solo caso a lo largo de los diez años de la República Restaurada en que la Corte no haya manejado con absoluta independencia del Ejecutivo los miles de amparos que surgieron con motivo de esa suspensión de garantías. Para convencerse de ello es menester, por supuesto, leer el Semanario Judicial de la Federación; allí se comprueba la libertad perfecta no solo de la Corte, sino de los jueces de distrito y de los agentes del Ministerio Público.
¿De dónde provenía esa actitud de independencia de los ministros?, se preguntaba don Daniel. No de los sueldos (que eran magros) ni de la inamovilidad (que se decretó tiempo después). Provenía del amor por la libertad:
Era una sociedad liberal, creada por liberales, vivida por liberales; una sociedad en que la libertad, lejos de ser la palabra hueca y sin sentido que ha llegado a ser, era una realidad vivida y gozada cotidianamente.
En manos del Poder Judicial está la defensa de la libertad en México. Los ciudadanos estaremos atentos a su actitud y a sus decisiones. Y, como se demostrará el próximo 26 de febrero en el Zócalo de la Ciudad de México y en muchas otras plazas del país, somos legión. (Enrique Krauze, Reforma, Opinión, p,.8)
A la vista ya la evaluación y dictamen final por parte del Senado del tramo pendiente de la anticonstitucional reforma electoral promovida por Andrés Manuel López Obrador en ánimo de “destazar” o, ahora, de hacerse con el control de las instituciones responsables de organizar y calificar los comicios, la jerarquía católica volvió a levantar la voz para hacer pública su preocupación ante el embate contra la democracia y otras libertades que, desde su punto de vista supone la previsible imposición del llamado plan B del tabasqueño.
Mediante un mensaje difundido vía redes, en efecto, el titular de la diócesis de Cuernavaca y secretario del Episcopado, Ramón Castro y Castro, explicita que, ante la controversia que se ha generado por la reforma que se discute actualmente en la Cámara alta, los obispos “expresamos preocupación por diversos señalamientos que se han hecho por irregularidades en el proceso legislativo” y, agrega, por el contenido en la propuesta de modificaciones a diversas leyes electorales.
Plantea igualmente el segundo en la coordinación de la CEM, que preside Rogelio Cabrera, que, dada la incuestionable importancia que tienen las instituciones responsables de los procesos electorales, “como el INE, y por el derecho que asiste a la ciudadanía de garantizar la realización de elecciones libres y justas, los obispos de México hacemos un llamado”, otro más, para que las decisiones legislativas y judiciales que se acuerden “respeten los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad” que rigen nuestro sistema electoral.
Al igual que otros sectores –empresarios, líderes partidistas, académicos, comunicadores y más– la Iglesia optó por evidenciar su inquietud no sin dejar en claro su convicción de que “la democracia es uno de los caminos más adecuados para mejorar y fortalecer a las instituciones civiles y políticas que velan por la libertad, los derechos y la justicia”, y promueven el bienestar y desarrollo por su carácter participativo y representativo.
* Más de un par de cejas, por cierto, se arquearon, apenas confirmarse la convocatoria del Instituto Nacional Electoral (INE) para presentar mañana el Índice de Desarrollo Democrático de México 2022 elaborado por la Fundación Konrad Adenauer que, con razón suponen, incluirá datos y criterios que dejarán en evidencia a Palacio y causarán molestia a su inquilino…
* Tal como se previó, el experimentado Federico Döring Casar fue confirmado ayer como nuevo coordinador de la bancada de Acción Nacional en el Congreso capitalino en sustitución de Christian von Roehrich quien, imputado por supuestos ilícitos cometidos por el denominado Cártel Inmobiliario, pudo dejar finalmente su curul en Donceles. Bien…
* Puntual y esclarecedora respuesta de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que encabeza Enrique Graue, a la intromisoria acción –de amparo– promovida por la supuesta plagiaria Yasmín Esquivel con el exclusivo propósito de “silenciarla, coartando su libertad y el derecho a la información de los universitarios y de la sociedad”. Apenas lo que merece…
Veámonos mañana, con otro asunto De naturaleza política. (Enrique Aranda, Excélsior, Nacional, p.14)
La alumna de la UNAM que robó una tesis pide prudencia. Quien dicta “juris-prudencia” y estudió en la antigua escuela de “jurisprudencia” exige ese comportamiento equilibrado, del hombre joven, maduro y viejo que pintó Tiziano. Templanza ante todo. Debate razonado, pensando en el pasado, el presente y las consecuencias del futuro, como lo expresó en su “Alegoría de la prudencia” el pintor italiano del Renacimiento. Tomémosle la palabra.
Sin pasiones: Yasmín Esquivel, en septiembre de 2022, vota a favor de la prisión preventiva oficiosa que niega la presunción de inocencia. Y ahora, en febrero de 2023, obtiene una suspensión provisional en un juicio de amparo, para ser protegida por el mismo eje constitucional de la presunción de inocencia.
En mi opinión, las reglas o instituciones internas de la UNAM, como el Comité de Ética, no le generan daño irreparable como para que haya iniciado un juicio de garantías (como se conoce al amparo). Se puso el paraguas antes del aguacero.
El Comité de Ética de la UNAM incluso pudo haberse establecido e integrado después de que salió y se graduó la alumna Esquivel (con su título apócrifo) de la propia Universidad. Es un órgano académico, interno, de apoyo al Rector quien, según la Ley de la UNAM, tiene capacidad jurídica plena. Y quien no ha firmado nada que afecte a la alumna Esquivel; sin embargo, otro Rector, con igual capacidad jurídica, sí firmó un título sin los requisitos académicos necesarios, y esa otra firma que hizo “abogada” a Esquivel sí generó un deterioro a la buena fama y al honor profesional de la escuela donde estudió la Ministra en sospecha.
Confunden ética y derecho. No leyeron a Eduardo García Máynez en el primer libro de derecho a estudiar. La ética es unilateral, autónoma, incoercible (no se le puede imponer a Yasmín Esquivel ni a nadie), pero el derecho es bilateral, heterónomo y coercible (se le debe imponer a Yasmín Esquivel y a todos).
El Rector nutre su decisión jurídica con la ética, pero ¿ampararse contra la ética?, equivale a disparar al cielo. No hay, como dicen los abogados que saben de amparo, una resolución definitiva dirigida a la alumna Esquivel que le cause un daño real (no imaginario), actual (no futuro) y verdaderamente cualificado como menoscabo a sus garantías constitucionales o derechos fundamentales.
Lo que el Rector Enrique Graue firmaría (eventualmente) es la cancelación de su título profesional, que en algún momento firmó el Rector Jorge Carpizo. Hasta entonces habría acto definitivo. No puede un Comité de Ética anular lo que hizo el Rector Carpizo, y sí puede “apoyar moralmente” (permítase la expresión) la firma con efectos jurídicos plenos del Rector Graue. Mezclar ética y derecho es igualar gato y puma.
La UNAM sí es autoridad, ¿pero un Comité interno? Yasmín conoció su plagio y huyó a los brazos de la justicia, a la que tiene derecho, pero en los plazos, ritmos, procedimientos y con las “autoridades” que el propio derecho señala, no con las que invente nadie.
Todo apunta a que le concederán la “suspensión definitiva”. Ello no quiere decir que ganaría Yasmín a la UNAM y pueda despachar tranquila con un título profesional cuestionado. Ello quiere decir que la suerte principal y definitiva se resolverá hasta que se juzgue el fondo del amparo. La suspensión provisional o definitiva es un “procedimiento chico” dentro del “procedimiento grande” que la amparará definitivamente o no. Mientras estará bajo recelo y suspicacia.
Entonces el Poder Judicial tiene una carta: el artículo 98 constitucional, que a la letra establece: “Cuando la falta de un Ministro excediere de un mes, el Presidente de la República someterá el nombramiento de un Ministro interino a la aprobación del Senado”.
La juez que resolverá la suspensión puede notificar al Presidente, para que mientras se resuelva el fondo del amparo, por prudencia, como lo pide Yasmín y lo autoriza la Constitución, despache temporal, provisionalmente, un Ministro interino. (Germán Martínez Cázares, Reforma, Opinión, p.10)
Mucho se ha debatido en los últimos días sobre la movilización que la oposición está convocando para defender al INE. Se ha hecho creer que la Plaza Mayor le pertenece a quien hoy nos gobierna, como una especie de patente de corso. En el imaginario colectivo de sus seguidores (y en su propia mente) todo empezó en 2006, cuando le fue, en su lógica, arrebatada la presidencia. Se olvida entonces la historia misma de la que ha sido testigo el ombligo de nuestra ciudad. Ese zócalo capitalino, que lo mismo se ha llenado innumerables ocasiones para protestar, para rendirle pleitesía al gobernante en turno o hasta para cantar, bailar o incluso ver cine. Ya se nos olvidó por ejemplo que con el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas (y durante el mío) no sólo se presentaron los mejores cantantes y grupos, sino que también se bailó al ritmo de Buenavista Social Club, y se vieron películas censuradas y prohibidas como la Ley de Herodes. Tampoco se recuerda que esos eran también los días del movimiento del CGH, y que después de una movilización de miles de jóvenes que corearon sus consignas a lo largo de la ciudad, al llegar al Zócalo guardaron un respetuoso silencio y se sentaron a escuchar a Madredeus y su maravillosa música. Pero eso tal vez sea lo menos importante.
El Zócalo lo tomaron los estudiantes en 1968, no con las libertades que gozamos ahora, sino rodeados de tanquetas, convirtiendo su lucha en un parteaguas en la exigencia de mayores libertades y democracia. Una y otra vez los sindicatos universitarios creados en los setenta llegaron hasta el corazón, unas veces solos, otras acompañando a la tendencia democrática de los electricistas encabezados por Rafael Galván, exigiendo independencia y democracia sindical. Tal vez algunos de los que hoy nos gobiernan no se acuerden de esto, porque no formaban parte de aquellos movimientos provenientes de la izquierda y que en su mayoría protestaban contra el partido oficial del que eran parte.
Pero lo que sí no pueden olvidar son las veces que, una y otra vez, primero la Corriente Democrática encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, después el Frente Democrático Nacional en la campaña presidencial de 1988, y luego en todas las ocasiones en las que se denunció el fraude electoral, no cabía ni un alma más en nuestra plaza mayor, incluso ya como PRD, exigiendo que los votos se contaran. El mismo presidente López Obrador llegó a ese espacio después de recorrer kilómetros con los Éxodos por la democracia exigiendo respeto a las elecciones en Tabasco, acompañado por cierto por muchos de los que ahora se descalifica y se acusa de traidores. Y lo mismo se llenó en la campaña para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México tanto en 1997 como en el dos mil. El EZLN también hizo suyo este espacio para recordarnos que nadie debe ser excluido por el color de su piel.
Así es que el Zócalo es de todos y todas. No tiene propietario. Es nuestro espacio de convivencia y de lucha. Es el corazón que palpita al ritmo de la protesta o de la música. Es parte de nuestra historia y nadie puede sentirse agredido porque parte de la sociedad decida una vez más levantar su voz como una ofrenda para que la democracia no se muera. (Rosario Robles, El Universal, Opinión, p.15)
Declare el jurado a García Luna culpable o no, importa la luz con la que su juicio viene iluminando las intersecciones del Crimen con el Estado Mexicano y con Estado Norteamericano.
Para empezar, confirma que desde hace ya 20 años el Narco manda sobre las fuerzas del Estado Mexicano. En palabras del que fuera el abogado del Cartel de Sinaloa:
—Nosotros no trabajábamos para García Luna (el ex secretario de Seguridad), García Luna trabajaba para nosotros.
O en palabras de un capo:
—(Durante la pretendida Guerra contra el Narco) pasamos de controlar 4 estados a controlar 24.
Es decir, la supuesta Guerra de Calderón contra el crimen fue un telón de violencia tras el cual el Cartel de Sinaloa conquistó 20 estados de la República, conquista solo explicable gracias a la cooperación de las “fuerzas del orden”.
(Joder: en el telón de fondo murieron miles de mexicanos y mexicanas.)
La misma subordinación del Estado al Narco se mostró en varias anécdotas relatadas por los testigos.
Vestidos de agentes de la AFI, los narcos descargaban de forma rutinaria la droga de aviones que aterrizaban en el aeropuerto de la CdMx.
Cuando el secretario de Seguridad, García Luna, desatendió a un capo, el capo lo secuestró y lo primero que hizo fue soltarle una bofetada en el rostro.
Otra cosa que nos confirmó el juicio. No debemos hablar en pasado al referirnos a ese control del Narco sobre las instituciones del Estado Mexicano. No hay ninguna razón para suponer que tales no siguen siendo igual de porosas al dinero del crimen y que al menos una parte siguen subordinadas a él.
Salvo el cambio de sus titulares y segundos mandos, no se han renovado los organigramas en nuestras fiscalías, policías y fuerzas militares; no se han instalado nuevos controles de vigilancia; no se han adquirido arsenales que re-equilibren la relación Estado-Narco; y no se ha legislado para legalizar algunas drogas.
Nada ha cambiado el Estado Mexicano respecto al trasiego de droga, luego entonces, ¿por qué habrían de haber cambiado sus relaciones con el Narco?
En cuanto al Estado Norteamericano, el juicio nos confirma donde este localiza la responsabilidad del trasiego de droga: en nuestro país.
Como en otros juicios a capos mexicanos, en el juicio se describió a las fuerzas del Estado Mexicano como débiles y corrompidas por el narco —y de seguro lo son— pero no hubo una sola mención a la DEA, la CIA, el FBI o al Ejército norteamericano, porque tampoco hubo ninguna pregunta a los testigos sobre la distribución de la droga luego de que cruza el Río Bravo.
Alguien la distribuye allá y alguien permite que se distribuya. Corrijo: numerosos grupos de delincuentes deben estar involucrados en la distribución de la droga en Norteamérica y numerosos “guardianes del orden” deben estar cooptados para permitirlo. De otra forma el país vecino no estaría en una crisis de salud tan grave. Un botón de muestra. Solo el fentanilo mató a 100 mil estadounidenses en 2022. Y la estricta omisión en el juicio de lo que acontece en territorio norteamericano delata que el juez vetó de antemano esa exploración.
Al parecer, el proyecto norteamericano es declarar al Crimen mexicano como una fuerza terrorista, lo que justificaría una invasión de su milicia a nuestro territorio.
Dolia Estévez lo cifró este jueves así en un hilo de tuits: “En coincidencia con el juicio, 21 procuradores estatales republicanos presionaron a Biden para que clasifique a los carteles como organizaciones terroristas… Lo mismo que a ISIS y AlQaeda.”
“(Los procuradores) culparon a los carteles de Sinaloa y JNG… (y) dijeron que están librando una guerra de destrucción masiva con el fentanilo como arma química contra EEUU…”
Es decir, como los gringos no quieren combatir en su territorio el inmenso y lucrativo comercio de la droga, proponen invadir a México para combatirlo acá –para que acá caigan los muertos, no allá.
Vaya hipocresía del Estado Norteamericano. Vaya pasividad infinita del Estado de este lado. (Sabina Berman, El Universal, Opinión, p.15)
El Senado y la Cámara de Diputados no han acatado una veintena de sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y otras instancias del Poder Judicial para que tramiten o aprueben diversas disposiciones. Entre las leyes y tratados internacionales que el Congreso no aprobó, pese a los mandatos para que lo hiciera, se encuentran el marco jurídico para regular el uso, siembra, cosecha y comercialización de la mariguana; la nueva Ley General de Aguas; la regulación de la objeción de conciencia en materia sanitaria; modificaciones a la Ley Federal de Revocación de Mandato y a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, así como cambios en materia de error judicial, justicia cotidiana y de comunicación social (https://bit.ly/3YZO3wf).
Esta inercia legislativa genera preocupación, ante todo por los pendientes relativos al cannabis, el agua y la objeción de conciencia, todos temas medulares para la vigencia de los derechos humanos. Los sucesivos fallos de la SCJN que han despenalizado y obligado a regular el universo de la mariguana se cuentan entre las decisiones más saludables y sensatas del Poder Judicial, pues han abierto la posibilidad de terminar con las zonas grises que colocan a los consumidores en un terreno indistinguible de la delincuencia; son un triunfo de la libertad y la autonomía sobre concepciones moralinas que por décadas impidieron cualquier tratamiento lógico e inteligente de la problemática del abuso de ésta y otras sustancias, y representan una oportunidad para sacar definitivamente las adicciones de la esfera de la seguridad pública y ubicarlas en la de la salud, donde siempre debieron estar.
En cuanto al agua, en este espacio se ha insistido en que un factor determinante en las recurrentes crisis de falta del líquido es el abuso de los recursos hídricos fomentado por la Ley de Aguas Nacionales promulgada en 1992 por Carlos Salinas de Gortari, una legislación neoliberal que responde a los intereses privados y que convierte el agua en un objeto de lucro sin tomar en cuenta las necesidades humanas. La ley salinista ha beneficiado a un puñado de individuos y corporaciones con esquemas de concesión que en la práctica se ejercen a perpetuidad, con precios tan irrisorios que las industrias derrochan agua potable en procesos que podrían –y deberían– llevarse a cabo con aguas tratadas o reutilizadas; todo ello mientras las comunidades carecen del líquido hasta para sus más elementales necesidades.
Que esta norma tan lesiva para el interés común y tan inadecuada en el contexto actual de emergencia climática continúe rigiendo el acceso y usufructo del líquido resulta incluso más exasperante dado que desde agosto de 2021 el Congreso cuenta con un proyecto de nueva Ley General de Aguas consensuado por integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado, la comisión de Morena sobre Medio Ambiente, la fracción del PT en la Cámara de Diputados y la Coordinadora Nacional Agua para Todos.
Por último, la objeción de conciencia en el contexto de los servicios de salud debe ser rigurosamente regulada para impedir que la ética se convierta en un parapeto de posturas retrógradas o en un simple subterfugio para denegar a las mujeres el derecho a decidir sobre sus cuerpos en materia sexual y reproductiva. De otro modo, las garantías legales ganadas por las mujeres serán reducidas a letra muerta por profesionales sanitarios con más prejuicios que valores.
Cabe exhortar a los legisladores a que redoblen esfuerzos para tramitar sus grandes pendientes, máxime cuando se trata de asuntos de tan obvia trascendencia para el conjunto de la sociedad y para concretar las transformaciones que vive el país. Retrasar el debate y aprobación de estas leyes no sólo coarta derechos fundamentales, sino que envía a los ciudadanos un pésimo mensaje sobre las prioridades de sus representantes. (La Jornada, Editorial, p.2)
Las presiones de Estados Unidos sobre las decisiones del gobierno de México respecto al maíz transgénico han continuado creciendo. De ambos lados de la frontera la desinformación y la propaganda sobre la cancelación de las importaciones mexicanas de maíz genéticamente modificado, a partir de enero de 2024, que establecía un decreto emitido en diciembre de 2020, escalaron la confrontación (bit.ly/3S5rbZP).
El presidente López Obrador propuso aplazar –hasta enero de 2025– la entrada en vigor de la prohibición de uso de maíz genéticamente modificado, lo que fue considerado insuficiente por el gobierno de Estados Unidos y los intereses corporativos que representa.
El jefe de comercio agrícola estadunidense declaró que había dado a México hasta el 14 de febrero pasado para explicar los argumentos científicos que sostienen las prohibiciones que prevé aplicar sobre el maíz transgénico y el glifosato (bit.ly/3Ib5Sl4).
Un día antes del vencimiento del plazo, el mandatario mexicano emitió un nuevo decreto, que sustituye al anterior y busca aclarar los alcances de las medidas (bit.ly/3YAjdKI).
El nuevo decreto mantiene la prohibición de siembra y liberación al ambiente de maíz transgénico, en vigor actualmente gracias a la presión de los movimientos sociales y a una demanda colectiva interpuesta por la sociedad civil y ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Establece que no se autoriza el uso de maíz genéticamente modificado para la elaboración de masa y tortillas, que también responde a una demanda social y no debería estar sujeta a explicaciones científicas ni de ninguna índole, pues no enfrenta al Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ya que no impide las importaciones, sino únicamente prohíbe internamente que el maíz genéticamente modificado se use para la elaboración de masa y tortillas.
No obstante, esta prohibición se debilita al dejar la responsabilidad de no utilizarlo a las propias empresas importadoras, que en distintas ocasiones han utilizado las compras del maíz en su beneficio.
Con el propósito de tranquilizar al gobierno de Estados Unidos, el nuevo decreto aclara que el maíz genéticamente modificado está autorizado para la alimentación animal y también para el procesamiento industrial de alimentos para consumo humano, que en conjunto absorben la mayor cantidad de importaciones. Como parte del texto, y más bien dirigido hacia los mexicanos, declara la intención gubernamental de una futura sustitución del maíz transgénico destinado a estos fines, aunque no propone fecha, ya que dependerá de la suficiencia en el abasto. Declarar la intención de una futura prohibición, incierta y sin fecha, pone nuevamente en guardia a los vecinos protransgénicos.
Estados Unidos exige a México explicar los argumentos científicos que están detrás de la prohibición del maíz transgénico y proporcionar cualquier evaluación de riesgo, norma internacional, directriz o recomendación que respalde sus decisiones. Aunque existen muchos estudios científicos que demuestran los daños a la salud, al ambiente y a la biodiversidad que provoca el maíz genéticamente modificado y el glifosato que lo acompaña, en el terreno científico las corporaciones biotecnológicas han acaparado la mayoría de los espacios y posiciones de poder, así la discusión científica no está libre de intereses y puede resultar cuesta arriba.
Para estar a tono con el T-MEC, el texto señala que las alternativas que se impulsen para sustituir el maíz genéticamente modificado se llevarán a cabo tal como el tratado lo exige: de conformidad con principios científicos y normas, directrices o recomendaciones internacionales relevantes y compromete a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) a realizar, junto con otras instancias equivalentes de distintos países, un estudio sobre los daños a la salud que provoca el maíz genéticamente modificado.
El secretario de agricultura de Estados Unidos manifestó estar decepcionado por el nuevo decreto que mantiene la prohibición de maíz genéticamente modificado para consumo humano (bit.ly/3I9RPvZ), mientras el jefe de comercio agrícola dijo que analiza cuidadosamente el decreto en su totalidad.
Así, aunque México ha continuado importando maíz en cantidades récord de más de 17 millones de toneladas, que provienen en su mayoría del país vecino del norte y son transgénicas, la intención declarada del gobierno de lograr en un futuro no definido la sustitución de las importaciones de maíz a partir de la autosuficiencia alimentaria le ha colocado en la antesala de un panel de solución de controversias en el T-MEC. El capítulo 9, relativo a medidas sanitarias y fitosanitarias, que invoca la representación comercial de Estados Unidos, apunta que un país está autorizado a solicitar el razonamiento científico cuando la medida de otro país está restringiendo, o tiene el potencial de restringir el comercio, y la medida no se basa en una norma, directriz o recomendación internacional relevante (bit.ly/3XDra0k).
No parecería viable iniciar una controversia comercial con base en una intención futura, a la que contradice la realidad de importaciones crecientes, pero veremos qué nos depara el T-MEC. (La Jornada, Opinión, p.12)