No hay nada más notorio que una exageración. Dice la ex embajadora Martha Bárcena que si Marcelo Ebrard llega a ser presidente de México pediría asilo político en otro país, ya que no quisiera vivir bajo un gobierno cuya política se base en la mentira.
Es una frivolidad tremenda de esta señora juguetear con asuntos graves para ganarse la cabeza de una nota periodística.
Las expresiones de Bárcena están fuera de proporción. Como diplomática habría de saber que el asilo político se solicita cuando los derechos fundamentales de una persona se encuentran amenazados y de toda evidencia los suyos gozan de cabal salud.
Desde su punto de vista, el Estado mexicano, en voz de su canciller Marcelo Ebrard, mintió en diciembre de 2018 respecto al programa “Quédate en casa” implementado por la administración de Donald Trump.
Bárcena confirmó la versión de Mike Pompeo, ex secretario de Estado, en el sentido de que Ebrard habría concedido convertir a México en una sala de espera para extranjeros solicitantes de refugio en Estados Unidos, a cambio de que esa luz verde no quedase por escrito y de que tampoco se diera a conocer públicamente.
Esta declaración de Bárcena se contradice con otra donde la ex embajadora afirma que ella quedó marginada de las negociaciones entre la cancillería y la Casa Blanca. Si fue marginada, cualquier cosa que diga es testimonio de oídas. Si no fue marginada, ella habría sido cómplice de la supuesta mentira.
El jueves 20 de diciembre de 2018 el gobierno de México informó que la administración Trump había tomado la decisión “unilateral” de devolver extranjeros, no mexicanos, a México para que aquí aguardaran el desarrollo de su respectivo proceso migratorio.
Bárcena asegura que no fue unilateral porque Ebrard estuvo de acuerdo. Por esta razón lo acusa de ser un mentiroso (y está pensando adquirir unas maletas nuevas).
Si el canciller es un mentiroso, su jefe, Andrés Manuel López Obrador, también lo es. El espaldarazo del Presidente a Ebrard fue muy sonoro.
Zoom: En presencia del mandatario la ex embajadora fue acusada de calumniar, es decir, de pronunciar una mentira exagerada. Esa sentencia, como otras acciones del canciller, no habría ocurrido sin la anuencia presidencial. (Ricardo Raphael, Milenio, Al Frente, p. 3)
El presidente Andrés Manuel López Obrador suele celebrar la manera en que ha aumentado el envío de dinero por parte de trabajadores migrantes.
“Héroes”, los ha llamado.
Ciertamente hay mucho de heroico en tomar la dura decisión de abandonar su lugar de residencia para buscar en otro país las oportunidades que aquí no tienen, dejando atrás a sus seres queridos. Los migrantes viajan dispuestos a correr riesgos personales. Atraviesan zonas peligrosas, cruzan desiertos y ríos, y se ponen en manos de coyotes, que muchas veces –lo hemos visto repetidamente– los hacinan en cajas de tráileres para evitar que sean detectados. Si llegan a cruzar la frontera, deben cuidarse de no ser aprehendidos y deportados.
Todo eso lo aguantan, está probado, pero quién sabe cómo repercute en ellos la angustia de no saber si sus familias estarán bien durante su ausencia.
Y es que muchas regiones expulsoras de trabajadores se han convertido en zonas rojas de la delincuencia. Ésta, incluso, se ha vuelto una nueva razón para emigrar, como ha ocurrido con residentes de Aguililla, Michoacán, y Petatlán, Guerrero, entre otros lugares asolados por la criminalidad.
Recientemente, las fiestas de Jerez, Zacatecas, se llevaron a cabo a medias, por la violencia que ha ocurrido en ese pueblo mágico. En vísperas de la llamada Jerezada, una casa del centro de la cabecera municipal fue incendiada y se reportó el secuestro de varias personas. Esto llevó a varios protagonistas de los festejos a cancelar su participación. El tradicional desfile de carnaval que se llevaba a cabo año tras año se cambió por una marcha por la paz.
También se notó la ausencia de un grupo del que depende la viabilidad económica de la Jerezada: los migrantes. La reconoció el propio presidente del Comité de Pueblos Mágicos, Jorge Enrique Martínez.
La migración de Jerez es una de las más antiguas en Estados Unidos, junto con la del también zacatecano municipio de Jalpa. Fueron jerezanos quienes crearon el Club Social Hermandad Latina, uno de los clubes zacatecanos que realiza inversiones a favor de los migrantes en Estados Unidos.
El presidente López Obrador tiene entre sus personajes literarios favoritos al poeta Ramón López Velarde –nacido en Jerez y cuyo centenario luctuoso se conmemoró en 2021– y, como le digo, suele agradecer a los migrantes por el dinero que envían. Pero, ¿qué pasa con la inseguridad en la que viven las familias de los migrantes que se quedan en Jerez y otras partes del país? ¿Quién cuida de ellas mientras los heroicos migrantes trabajan en el exterior?
Buscapiés
* A fines del año pasado, el sector salud cambió un medicamento que se venía recetando a niños con leucemia aguda. En lugar de suministrarles mercaptopurina de la marca Purinethol, producido en México por Aspen, les dieron una fórmula supuestamente igual, marca Varimer, importada de Argentina, donde es fabricada por Vanquish, empresa que no tiene registro sanitario en México. Al tomar esta última medicina, los pacientes sufrieron recaídas, además de experimentar síntomas como náuseas, dolor de cabeza y extrema inapetencia. ¿Quién está jugado con la salud de los niños?
* La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador justificó su decisión de encabezar la condena al embargo económico a Cuba diciendo que, cuando el tema se somete a votación en la ONU, la enorme mayoría de los países pide que esa medida termine. Pues ahora México se está quedando casi solo en su silencio ante los atropellos del régimen de Daniel Ortega. El fin de semana, el presidente chileno, Gabriel Boric, reprobó, en términos muy duros, la decisión de privar a opositores nicaragüenses de su nacionalidad. ¿Seguirá callando el gobierno mexicano? Con su postura sobre Perú, ya no puede alegar que no interviene en la política de otros países. (Pascal Beltrán del Río, Excélsior, Nacional, p. 2)
El martes pasado ocho senadores republicanos y cinco demócratas le pidieron a la secretaria de Comercio Gina Raimondo y a la Representante Comercial de Estados Unidos Katherine Tai que “detengan el aumento insostenible de importaciones mexicanas de acero —especialmente de tubos de acero” y les recordaron que en mayo de 2019 EU canceló sus tarifas del 25% a la importación de acero mexicano como parte de un acuerdo que estipula que si dichas importaciones “aumentan significativamente más allá de sus volúmenes históricos… EU puede imponer nuevamente esas tarifas”.
De acuerdo con los senadores, el volumen anual de importaciones de hierro y acero desde México ha aumentado 73% sobre los volúmenes registrados en el periodo 2015-2017, el de acero semiterminado 120% y el de tubos de acero 577 por ciento. Aseguran que los importadores clasificaron erróneamente las exportaciones mexicanas de tubos de acero para ocultar el aumento.
Los legisladores piden que la administración Biden inicie consultas para corregir este incremento y regresar las importaciones a sus volúmenes históricos, con cuotas si es necesario y que, si “el gobierno mexicano se niega a remediar esta violación del acuerdo, se consideren otros mecanismos para garantizar el cumplimiento del acuerdo, incluso aplicando nuevamente las tarifas del 25 por ciento.
Un día después, los presidentes del Comité de Medio y Arbitrios y del Subcomité de Comercio de la Cámara de Representantes le enviaron una carta a Tai y al secretario de Agricultura Tom Vilsack reiterándoles sus “preocupaciones sustanciales con las acciones del Gobierno de México para restringir importaciones desde EU de maíz genéticamente modificado y otros productos biotecnológicos agrícolas… medidas que son claramente incompatibles con las obligaciones de México de acuerdo con el T-MEC, podrían disolver las exportaciones agrícolas críticas a México, amenazan a los medios de subsistencia de los agricultores estadounidenses y socavan la integración económica regional”. Añaden que “es hora de hacer cumplir agresivamente el T-MEC iniciando una disputa formal contra estas medidas. Debemos comprometernos con el Gobierno de México desde una posición de fuerza, no debilidad”.
Por si estos dos asuntos no representaran serios problemas para nuestro país, unos días antes, el 9 de febrero, 21 fiscales generales estatales le solicitaron a Joe Biden que designe como organizaciones terroristas internacionales a “el Cartel de Sinaloa, el CJNG y otros cárteles mexicanos de la droga en situaciones similares” lo que le dará a las agencias estatales y federales estadounidenses “mayores poderes para congelar los activos de los cárteles, negar la entrada al país a sus miembros y permitir que los fiscales impongan castigos más severos contra quienes les brinden apoyo material”.
A pesar de que la relación entre México y EU cada día es más complicada, el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que no hay problemas entre ambos países porque Biden es un buen hombre.
Biden será todo lo bueno que nos diga AMLO, pero no es tarugo y si para reelegirse en 2024 le conviene endurecer la actitud de su gobierno hacia nuestro país, lo hará, y los mexicanos pagaremos miles de millones de dólares por ello. (Eduardo Ruiz-Healy, El Economista, Política y Sociedad, p. 42)
El presidente del Comité de Asuntos Internacionales del Senado de Estados Unidos, Bob Menéndez (demócrata), citó al miércoles a la administradora de la DEA, Anne Milgram; al director de Política Nacional de Drogas de la Casa Blanca, Rahul Gupta, y al subsecretario de Estado, Todd Robinson.
La preocupación llegó al Capitolio. No nos van a soltar.
Quieren saber qué rayos pasa con México, con el Presidente, y la permisividad ante un enemigo global de Estados Unidos: los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
La evaluación es delicada para nuestro país y para el futuro del Presidente cuando deje el cargo.
Bob Menéndez: ¿Qué es lo que estamos haciendo con el gobierno de López Obrador para cambiar esa realidad? ¿Usted considera que los principales obstáculos para mejorar la cooperación con las autoridades mexicanas para combatir el tráfico de fentanilo son que no tenemos un socio dispuesto, o que de hecho el Estado está infiltrado por los cárteles?
Anne Milgram: Creemos que México debe hacer más para detener el daño que estamos viendo. Como lo decía, lo que vemos es que estos dos cárteles en México, el Cártel de Sinaloa y el de Jalisco están controlando la cadena de suministro global de fentanilo, y operan en todo México. El Cártel de Sinaloa creemos que opera en 19 a 32 estados, y el Cártel de Jalisco opera en 23 de 32 estados mexicanos. Lo que sabemos es que México en el pasado trabajó sin descanso, de 2012 a 2015, para desbaratar uno de los cárteles más violentos, Los Zetas, y fueron efectivos en desmantelar ese cártel. Queremos que México haga lo mismo en esto, que sea su mayor prioridad operacional y también que derrote a los dos cárteles que creemos son responsables por el fentanilo, como por las metanfetaminas, que ahora son responsables por la pérdida de vidas estadounidenses.
Bob Menéndez: Pero no es el ánimo actual de México, subsecretario Robinson.
Todd Robinson: Lo que le hemos pedido a México es que ponga más recursos en este esfuerzo. Para nosotros es un tema de seguridad nacional la cantidad de recursos que dedican, para ellos es un asunto doméstico. Y es algo con lo que estamos tratando de lidiar.
Bob Menéndez: Debo ser honesto con usted, no lo veo, simplemente no lo veo. No veo la voluntad, no veo el sentido de urgencia, no veo el compromiso, no veo las acciones que indiquen que México está siendo un buen socio. ¿Ha hablado con nuestro embajador allá sobre esto? ¿Está metido en ese asunto?
Todd Robinson: Sí y sí, a ambas preguntas.
Bob Menéndez: Espero que esté vigorosamente involucrado en este asunto y debo ser honesto con usted, si las buenas propuestas para que actúen no están funcionando, entonces debe haber otras consideraciones. Pienso que trabajamos con nuestros amigos mexicanos con demasiadas consideraciones en este tema. No sé cuántas vidas más se deben perder para que México se comprometa, si fuera en sentido contrario lo tendríamos encima de nosotros, el presidente López Obrador estaría sobre nosotros con esto. Finalmente, administradora ¿puede su gente trabajar libremente con sus contrapartes mexicanas? ¿Le preocupa la información, la inteligencia, la seguridad, de lo que están tratando de hacer con sus contrapartes en México?
Anne Milgram: Senador, gracias por la pregunta, hay tres formas en las que creemos que querríamos ver a México cooperar mucho más con la DEA, con Estados Unidos. La primera, que está comprendida en el Acuerdo Bicentenario, es compartir información, no estamos recibiendo información sobre los decomisos de fentanilo, no estamos recibiendo información sobre decomisos de precursores químicos, y ese tipo de información, como ya lo dijo usted, es vital para ambos países, tanto para México como para Estados Unidos. Segundo, estamos muy preocupados por los laboratorios clandestinos en todo México y hemos ofrecido y seguimos ofreciendo que estamos listos a trabajar en alianza con las autoridades mexicanas para desmantelar esos laboratorios clandestinos en todo México, juntos, y darles cualquier servicio que podamos. Y finalmente, y el último punto que toco, el juicio a García Luna, que es una investigación de la DEA, el juicio se está llevando a cabo en el Distrito Este de Nueva York esta semana. Una de las cosas que estamos buscando que haga México es que arreste y extradite más individuos a los Estados Unidos. El año pasado México extraditó 24 acusados en casos relacionados con drogas a Estados Unidos, pero hay 232 acusados, en casos relacionados con drogas, esperando extradición. Ésta también es una parte crítica de nuestro trabajo, ya que ahora estamos rastreando a estos cárteles en 40 países, pero es vital que podamos trabajar en México también.
Cuidado, en este tema los gringos no juegan. (Pablo Hiriart, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 42)
En el escenario político del juicio al secretario calderonista de Seguridad Pública, Genaro García Luna, la directora de la DEA, Anne Milgram, estalló su indignación ante un comité senatorial por lo que dijo la falta de voluntad mexicana para combatir de manera decisiva a los cárteles del narcotráfico en México, sobre todo el de Sinaloa y el de Jalisco.
Como todas las comparecencias senatoriales en EU forman parte de una estrategia política, los legisladores no le preguntaron a la funcionaria qué está haciendo la DEA contra los nueve cárteles mexicanos que controlan dentro de EU el contrabando de drogas, la distribución en 50 estados americanos, la venta al menudeo en las calles y el lavado de dinero criminal.
Las evaluaciones de la DEA de 2005 a la fecha -como en ese espacio se ha insistido- revelan la impotencia o la estrategia de la agencia antinarcóticos para aplicar la doctrina Obama y culpar a los países productores de estupefacientes del consumo casi libre de droga de toda clase de adictos americanos.
La DEA tiene perfectamente localizados a los cárteles mexicanos que trafican y venden la droga en EU, pero no ha realizado en los hechos ningún operativo que se recuerde para combatirlos ni ha asumido la corresponsabilidad de que los americanos consuman droga que producen del otro lado de la frontera y que precisamente cruza la frontera con la corrupción tolerada de funcionarios estadounidenses.
La directora Milgram, por lo tanto, está haciendo política y no cumpliendo su función de perseguir a los narcotraficantes dentro de Estados Unidos y castigar a los consumidores dentro de EU que son quienes determinan la oferta dentro de ese territorio, porque todo el problema de la droga de Estados Unidos está dentro de Estados Unidos por los millones de adictos que necesitan el suministro de drogas.
Zona Zero
La directora de la DEA, por cierto, dejó entrever amenazas que pueden tener cualquier tipo de lecturas al señalar que el Gobierno de EU tiene la determinación de perseguir a funcionarios de otros países que permiten el tráfico de drogas, pero la agencia antinarcóticos nada dice de los funcionarios estadounidenses que son los corresponsables directos del ingreso de la droga y del consumo. Mientras haya consumidores de droga, habrá cárteles que la proporcionen. (Carlos Ramírez, 24 Horas, Estados, p. 12)
Hay un dato poco conocido que merece mucha más atención tras la decisión del dictador nicaragüense Daniel Ortega de deportar a 222 presos políticos y quitarles su nacionalidad junto a otros 92 opositores: el régimen de Ortega se está beneficiando de un enorme aumento de las exportaciones de Nicaragua a Estados Unidos.
A pesar de la brutal represión de Ortega a las manifestaciones pacíficas de 2018 que dejaron más de 300 muertos, su reelección fraudulenta de 2021 y su reciente decisión de quitarles la nacionalidad a las principales figuras de la Oposición del país, el comercio de Nicaragua con Estados Unidos se ha disparado en los últimos años.
Las exportaciones nicaragüenses a Estados Unidos subieron de 3 mil 200 millones de dólares en 2017 a un récord de 5 mil 700 millones en 2022, según datos del censo de Estados Unidos. O sea, aumentaron 78 por ciento en los últimos seis años.
No es casual que Ortega no pierda el sueño por las críticas de que es uno de los peores violadores de derechos humanos del mundo: la economía de su país ha crecido, y en gran parte gracias a Estados Unidos.
Cuando entrevisté a Ortega en Nicaragua en 2018 y le pregunté si le molesta que lo llamen dictador, me respondió que no le importa. Me dijo: “Me han llamado muchas cosas” y “he aprendido a no molestarme”.
El Gobierno de Biden aumentó las sanciones contra el régimen de Ortega el año pasado, anunciando posibles medidas contra las ventas de oro de Nicaragua, reduciendo ligeramente las importaciones de azúcar nicaragüense y amenazando con imponer otras restricciones comerciales específicas. También agregó 500 funcionarios nicaragüenses y sus familias a una lista de funcionarios extranjeros a los que no se le dan visas estadounidenses.
Bajo el acuerdo de libre comercio CAFTA de 2006, firmado poco antes de que Ortega asumiera el cargo, Nicaragua se beneficia del tratado de libre comercio centroamericano con Estados Unidos. Las ventas nicaragüenses a Estados Unidos representan alrededor de la mitad de las exportaciones totales del país, según cifras del Departamento de Estado.
Asimismo, Estados Unidos es la fuente del 67 por ciento de las remesas familiares que llegan a Nicaragua del extranjero. En 2021, dichas remesas alcanzaron los mil 400 millones de dólares, o el 11 por ciento del PIB de Nicaragua, según las cifras de Estados Unidos.
Eric Farnsworth, jefe de la oficina en Washington de la asociación empresarial Council of the Américas y ex funcionario del Departamento de Estado, está entre quienes creen que ha llegado el momento de suspender a Nicaragua del acuerdo CAFTA.
“Es insostenible tener un tratado de libre comercio con el régimen de Nicaragua en este momento”, me dijo Farnsworth.
“Ortega sabe que Estados Unidos no está dispuesto a tomar medidas contundentes en su contra, por lo que sigue radicalizándose”.
Farnsworth me agregó que es una ironía que Estados Unidos mantenga a Nicaragua como socio de libre comercio mientras niega ese estatus privilegiado a países amigos como Uruguay y Ecuador.
Pero la mayoría de los funcionarios y expertos en Washington me dicen que expulsar o suspender a Nicaragua del CAFTA sería una medida de “opción nuclear” que provocaría un desastre humanitario en el país. Decenas de miles de trabajadores nicaragüenses perderían sus empleos.
Los funcionarios estadounidenses temen que una ola de despidos masivos en Nicaragua aumentaría aún más el éxodo de migrantes indocumentados nicaragüenses a Estados Unidos, que recientemente alcanzó niveles récord.
Sin embargo, ha llegado el momento de que Estados Unidos intensifique las sanciones económicas a Nicaragua.
Las actuales sanciones de visas a funcionarios nicaragüenses claramente no están poniéndole mucha presión al régimen de Ortega. Más importante aún, no tiene sentido que Estados Unidos esté condenando a la dictadura de Nicaragua y al mismo tiempo apuntalando su economía.
A Ortega le importa un rábano, lo que diga la comunidad internacional, pero le importa que la economía de su país siga creciendo y pueda tener dinero para comprar funcionarios y votos en sus elecciones fraudulentas.
A menos que Washington imponga sanciones económicas a industrias y líderes empresariales vinculados a su régimen, Ortega seguirá violando los derechos humanos y las reglas democráticas. Y Nicaragua seguirá siendo -por raro que suene- un régimen antiyanqui sostenido económicamente por Estados Unidos. (Andrés Oppenheimer, Reforma, Internacional, p. 14)
El jueves pasado, 15 de febrero, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, presidido por Bob Menéndez, celebró una audiencia sobre las medidas para intentar frenar el tráfico ilegal de fentanilo hacia Estados Unidos. La sesión fue reveladora en varios sentidos. En primer lugar, el fentanilo no solo está cobrando muchas vidas por sobredosis (70 mil en 2021), sino que también un número creciente de personas están falleciendo “por envenenamiento” después de adquirir supuestas medicinas (contaminadas con fentanilo) a través de algunos oferentes no regulados que se cuelan en redes sociales como Facebook o Instangram. Un segundo punto, en el que la administradora de la DEA, Anne Milgram, fue enfática es que (de acuerdo con la agencia) los cárteles de Sinaloa (CDS) y de Jalisco Nueva Generación (CING) son las organizaciones criminales que dominan globalmente la cadena de suministro del fentanilo, droga excepcionalmente adictiva, potente y letal. De ahí que el desmantelamiento de ambos cárteles sea en estos momentos la más alta prioridad de la agencia antinarcóticos.
En tercer lugar, pareció claro por lo que testificaron Rahul Gupta, director de la Oficina de la Política para el Control Nacional de Drogas, y Todd Robinson, secretario asistente de Estado para el Buró de Narcóticos Internacionales y Aplicación de la Ley, que el mal momento por el que atraviesan actualmente las relaciones entre Estados Unidos y China ha impedido que China brinde a Estados Unidos la cooperación necesaria en lo que toca a la supervisión, interdicción y vigilancia de los precursores químicos enviados a México, donde (según los funcionarios norteamericanos) tiene lugar la producción de fentanilo en laboratorios clandestinos.
Finalmente, quedó claro en la audiencia que los legisladores norteamericanos tienen la impresión de que, como lo puso el senador Menéndez, el gobierno actual de México no tiene “la voluntad ni la urgencia ni el compromiso ni ha impulsado las acciones” para considerarlo un buen socio, que realmente se haya involucrado en el esfuerzo para frenar el tráfico de fentanilo. Pero si no es por las buenas, sugirió amenazante Menéndez, entonces la cooperación de México deberá conseguirse por las malas.
Lo anterior configura un escenario altamente complejo para México, pues se trata de la peor crisis de salud vinculada con drogas que ha enfrentado Estados Unidos en su historia. Esto supone que los norteamericanos harán todo lo que esté a su alcance para lograr que México se involucre plenamente en la lucha contra las dos principales coaliciones criminales del país. Milgram fue insistente es que si México logró desmantelar a Los Zetas entre 2012 y 2015, entonces deberá ser capaz de hacer lo mismo con los cárteles de Sinaloa y Jalisco. Milgram también señaló en cuáles tres tareas necesitan una mayor cooperación de México: compartir información sobre decomisos de precursores químicos; 2) desmantelar laboratorios clandestinos con el acompañamiento de Estados Unidos; y 3) arrestar y extraditar más criminales (el año pasado fueron extraditados 24 narcotraficantes a Estados Unidos pero hay 232 en lista de espera).
El principal desafío que enfrenta México frente a la tercera exigencia de la DEA consiste en delinear una estrategia que, al mismo tiempo que satisfaga las expectativas de su vecino en materia de desmantelamiento criminal, garantice también la continuidad de sus esfuerzos de pacificación de varias regiones, como lo ha logrado en los últimos años en un grupo de entidades federativas (Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Ciudad de México y Michoacán, por mencionar algunas). La compatibilización del interés nacional de Estados Unidos (reducir el tráfico de fentanilo) con nuestro interés nacional (reducir la violencia criminal) requerirá de un gran esfuerzo de diálogo y coordinación entre las autoridades de ambos gobiernos. Por lo pronto, los resultados parecen alentadores. Durante 2022 las capturas de líderes criminales vinculados al Cártel de Sinaloa y al Cártel de Jalisco Nueva Generación aumentaron en casi un 20 por ciento, al mismo tiempo que la buena coordinación entre el gobierno federal, por un lado, y varios gobiernos estatales, por el otro, propició una disminución anual de los homicidios dolosos del 7 por ciento en el plano nacional.
Sin embargo, hay muchos riesgos. Uno de ellos, quizás el mayor, sería que las autoridades mexicanas, con tal de quedar bien con sus contrapartes estadounidenses y para sacarle raja electoral a algunas de sus capturas de alto perfil, se engolocinen después de algunos logros modestos y no calculen apropiadamente las consecuencias de algunos arrestos de alto perfil. Las consecuencias podrían ser desastrosas: la faccionalización de alguno o de los dos grandes cárteles, lo cual seguramente daría al traste con los esfuerzos de pacificación que han empezado a brindar frutos en algunas regiones del país. (Eduardo Guerrero Gutiérrez, El Financiero, Opinión, p. 33)
El activismo de Ebrard
Sin que tenga que estar viajando, el canciller Marcelo Ebrard sigue creciendo su estructura de promoción. Este fin de semana se estableció el capítulo Dallas, de la asociación Mexicanos Construyendo, que lo respalda. A esta hay que sumar la presencia de la asociación en Los Ángeles, Chicago, Washington, DC, Orlando, Tampa y Houston… por lo pronto. Y ya que hablamos de Marcelo, le referimos que el rap Jóvenes con Marcelo empezó a circular este fin de semana en redes sociales, promovido por la agrupación Jóvenes por Marcelo, que cuenta ya con capítulos en los 32 estados del país. (Redacción, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 39)
De paisano a paisano
Noche de sábado en Houston. Un recinto para espectáculos, con todas las amenidades, es el lugar de la cita. El enorme estacionamiento alberga cientos de vehículos, en su mayoría pickups de modelos recientes.
En los accesos a la arena se escucha música del apodado Poeta del pueblo Joan Sebastian, tarareada por algunos de los asistentes, que se despojan de sus pertenencias para cruzar los arcos detectores de metales. En cuestión de segundos, gracias al ordenado y ágil proceso, los asistentes se encuentran en un impecable vestíbulo en el que se venden alimentos y bebidas. Botas, camisas bordadas, cintos piteados, vestidos, abrigos y sombreros, pareciera que son el código de vestimenta. Un vistazo breve permite asegurar que el 100 por ciento de los asistentes son latinos. En las pantallas del auditorio se muestran las imágenes de quienes serán los anfitriones de aquel evento: Los Tigres del Norte. Agrupación que en cada una de las letras de sus canciones, narran la vida de aquellos que orillados por la necesidad y los deseos de prosperar, emprenden su viaje hacia el norte. El recinto, a pesar de estar en Houston, es una sucursal de cualquier municipio de nuestro país.
Son ellas y ellos quienes en su mayoría representan el sostén para sus familias, dentro y fuera de los Estados Unidos. Son ellas y ellos quienes gracias a su sacrificio y esfuerzo, se han convertido en pilar fundamental de las economías de sus países, gracias al monto exorbitante de remesas que envían periódicamente.
Los acordes suenan y el público los acompaña con un orden y civilidad ejemplar, no habitual en los conciertos de este tipo que se realizan en México. Se respira armonía, empatía, hermandad y felicidad. Dos banderas, una mexicana y otra guatemalteca, lanzadas por el público, flanquean el escenario.
Lo que hoy es fiesta, significa el trabajo duro, disciplinado y puntual de una agrupación legendaria, y de miles de mujeres y hombres que los escuchan, que acuñan también una historia de éxito. Los retos no han sido menores ni lucen sencillos a futuro.
Los latinos en Estados Unidos son la primera minoría y representan una enorme economía, pero enfrentan adversidades igualmente especiales y significativas. UnidosUS, una de las organizaciones de latinos de mayor relevancia en ese país, lo retrata con claridad: desigualdad, bajos salarios, protecciones laborales insuficientes y bajo acceso a los beneficios que la seguridad social incluye. En resumen, producen mucho y cosechan mucho menos de lo que merecen en un marco de incertidumbre. El documento difundido por UnidosUS va más allá, retratando la crisis financiera que amenaza a un gran porcentaje de ellos, orillados a endeudarse por encima de su capacidad de pago.
Se cierra el telón y los latinos abandonan en orden la arena, felices, después de haber recibido una dosis concentrada de México y sus sonidos, contenido que conectó con las emociones, pensamientos y recuerdos más profundos que albergan en su mente y en su corazón. Latinoamérica no sólo está presente, sino que se ha adueñado del espacio y con ello, de la factibilidad de crecimiento de los Estados Unidos. Ellos han avanzado muchísimo, pero el tablero continúa muy disparejo. (David E. León Romero, La Razón, México, p. 10)