Si la Secretaría de Turismo se ha convertido en un organismo inútil, casi de ornato, para este sector en México, hay otras dependencias del gobierno federal que parecen decididas a complicarle la vida a esta actividad generadora de divisas y empleos.
Así ha sucedido con los abusos cometidos contra los turistas por los agentes del Instituto Nacional de Migración; con todas las Manifestaciones de Impacto Ambiental que están atascadas en la Secretaría del Medio Ambiente y con la amenaza de la Presidencia de cerrar el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
El 16 de febrero, el Consejo Coordinador de Los Cabos, que preside Julio Castillo, le envió una carta a Jorge Nuño Lara, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), planteándole un problema que amenaza el futuro inmediato de ese destino.
El motivo fue poner en evidencia los cada vez más serios problemas en la operación del sistema de carreteras de cuota del Libramiento del Aeropuerto de San José del Cabo a Cabo San Lucas-El Mangle.
Para poner esta historia en contexto, este libramiento es el único sistema de carreteras de cuotas en Baja California Sur y el que permite que los vehículos transiten con rapidez entre el Aeropuerto de San José, el malecón de San José del Cabo, el centro de Cabo San Lucas y la conexión con la creciente zona turística de Cabos San Lucas en el Pacífico y la salida a Todos Santos.
La carretera ha funcionado bien y se ha consolidado como una arteria vehicular rápida, para un destino que está creciendo a una tasa del 10% anual como señala la carta.
Pero desde hace un par de años se está gestando una problemática que puede dar al traste con esta vía tan importante.
Por increíble que parezca, no ha habido poder humano que convenza a la SICT para que instale un sistema automatizado para el cobro con tarjetas bancarias, como el de IAVE, entre otros.
Así es que en esta carretera sólo se sigue aceptando el pago con billetes y monedas, lo que es como tener una carrocería de Ferrari, pero con un motor de Chevy.
Obviamente, durante las horas pico se gestan unos cuellos de botella que están provocando la pérdida de vuelos y los retrasos de los turistas a sus hoteles.
En la carta se pide que se dote a las casetas de alguno de estos sistemas automatizados y que se amplíe el número de puestos de cobro.
Además, la SICT no le ha dado mantenimiento a las cercas que flanquean la carretera y es una zona donde se sigue practicando el libre pastoreo, por lo que cada vez son más frecuentes los accidentes provocados por reses.
En la carta hay un asunto más y es la necesidad de abrir esta carretera, cuando ocurran accidentes en la carretera panorámica de San José-Cabo San Lucas, con accesos nuevos y la posibilidad de que por unas horas no se cobre peaje.
Ésta es la única opción viable que se observa en este momento, cuando son comunes los accidentes que cierran la carretera libre durante horas.
La carta está firmada por Castillo y los dirigentes de las 12 asociaciones empresariales más importantes de Los Cabos, donde existe una preocupación creciente porque este pujante destino se vea paralizado ante la indiferencia de las autoridades federales. (Carlos Velázquez, Excélsior, Dinero, p. 4)
A principios del año 2019 las caravanas de migrantes que viajaban hacia el norte, en cifras mensuales de detenciones en la frontera suroeste de Estados Unidos, superaban las 140 mil personas. Esto representaba una emergencia tanto humanitaria como de seguridad que ambos países debían atender.
El presidente Donald Trump tomó la decisión de presionar a México para que hiciera más por conseguir mejores resultados, imponiendo un arancel inicial de 5% a todos los productos procedentes de México.
Todo el peso de esta negociación cayó sobre mí, después de una reunión en la que había que dado claro que el arancel iba a destruir el sector automovilístico estadounidense en Michigan, Ohio y otros estados.
Si bien el T-MEC se firmó a finales de 2018, no había recibido la aprobación del Congreso de Estados Unidos en junio de 2019. Y el Congreso mexicano tampoco había ratificado el T-MEC a principios de junio de 2019. El acuerdo comercial que había sido objeto de duras negociaciones durante casi dos años, que forma la columna vertebral de la coopera ción económica de América del Norte, estaba en juego.
En lo que a mí respecta, el fracaso no era una opción.
Lo que necesitábamos era una serie de medidas creativas que supiéramos que serían legales, eficaces y humanas para hacer frente a la oleada de inmigración.
México recibiría a los migrantes para esperar la resolución de sus solicitudes de asilo, y con ello la teoría era que el número de migrantes descendería precipitadamente (así fue). El sistema de asilo estadounidense se mantuvo totalmente abierto y a disposición de los migrantes. México también enviaría refuerzos a su frontera sur con Guatemala, para hacer cumplir la ley mexicana, y tomaría otras medidas que considerara necesarias.
Quienes querían adoptar una postura inflexible y dejar que la relación bilateral se fuera por un precipicio —yo creía en aquel momento que había gente en ambos lados que aplaudía ese resultado— subestimaban las consecuencias, tanto políticas como económicas para ambos países.
El cálculo del presidente Trump siempre pareció ser que Estados Unidos podría soportar el dolor económico que causaría su arancel por más tiempo que México, incluso si México tomaba represalias. Probablemente tenía razón, pero el dolor habría sido sustancial.
Y lo que es más importante, las víctimas de esa batalla económica habrían sido el pueblo estadounidense y el mexicano, los puestos de trabajo, las cadenas de suministro, y la competitividad. Nada bueno habría salido de ello.
La parte mexicana lo vio claro. México enfrentaba amenazas sin precedentes no sólo de un vecino del norte, sino del país que recibe alrededor del 80% de sus exportaciones.
El secretario Marcelo Ebrard sabía lo que estaba en juego. Sabía que esto era difícil, conocía los riesgos, e hizo lo que tenía que hacer por su país y por el pueblo mexicano en ese momento. Y lo que es más importante, México también demostró que podía dejar de lado las emociones, compartir la responsabilidad y encontrar soluciones que fueran las mejores para el pueblo mexicano. (Kimberly Breier, El Universal, Opinión, p. 20)
Empezó la campaña para elegir el próximo presidente de EU, y es evidente que el malo de esta película será México. En esta ocasión no se trata simplemente de declaraciones racistas como las de Donald Trump en 2015 al iniciar su campaña, México envía sus bad hombres, sus violadores y sus asesinos y, por tanto, habría que construir un muro para detenerlos.
Ahora la campaña es más nefasta; el problema ya no son individuos malos, sino es un país. A diario, la derecha y sus portavoces en los medios, en especial Fox News, empresa de Rupert Murdoch, que recién admitió haber difundido información falsa, exigen que el gobierno de Joe Biden clasifique a los cárteles que operan en México como grupos terroristas. En un artículo en el Wall Street Journal, también propiedad de Murdoch, el ex procurador de Trump, Bill Bar, compara a los carteles que operan en México con el grupo ISIS y propone que las fuerzas especiales de EU operen en México. Senadores republicanos como Lindsey Graham alegan que carteles mexicanos trafican fentanilo con el singular propósito de matar estadunidenses. Steve Bannon, ex asesor de Trump, plantea que la muerte de estadunidenses es parte de una estrategia consciente para disminuir la población blanca en EU, la llamada teoría del remplazo, y así permitir que gente de color sea mayoría.
Más allá del narcotráfico, se alega que los carteles han infiltrado a organismos de seguridad de EU, controlan los puntos de entrada al país y, por tanto, representan una amenaza a la seguridad nacional. Contra estos retos sectores de la derecha proponen utilizar los fondos autorizados para la guerra en Ucrania y destinarlos para financiar una nueva guerra contra los carteles en México.
En ningún momento se considera que EU es el principal consumidor de drogas ilegales en el mundo, o el principal proveedor de las armas de los grupos criminales. Tampoco se considera que la llamada guerra contra el narcotráfico que en EU lleva más de 50 años, es una estrategia fallida, cuyo propósito inicial era criminalizar la protestas contra la guerra en Vietnam y los movimientos por los derechos civiles en los años 70. La guerra es una propuesta que opta por una solución militar sin considerar el origen de la adición en EU. La actual crisis del fentanilo antes fue crisis de la mariguana o de la cocaína o de las metanfetaminas.
La intención es clara. Declarar a grupos delictivos en México terroristas implica que EU pudiera atacar a los carteles en territorio mexicano. En teoría las fuerzas de EU podrían lo lanzar misiles a los centros operativos de los carteles o podrían introducir fuerzas especiales para capturar sus líderes. En sus libros Mike Pompeo (candidato a la presidencia) ex director de la CIA y ex secretario de Estado, y Mark Esper, ex secretario de Defensa, revelan que Trump propuso que quería lanzar misiles contra los supuestos laboratorios de los cárteles en México.
Sería fácil proponer que los grupos conservadores representan una minoría en EU.
Pero la realidad es que los argumentos de derechistas encuentran terreno fértil en EU. Históricamente México ha sido el otro contra quien EU ha definido su identidad nacional. El concepto de destino manifiesto, empleado en el siglo XIX y el concepto de una identidad anglosajona que este produce, se crea en contraposición a una identidad mexicana que considera racialmente inferior. El expansionismo de EU en el siglo XIX estaba dotado de un fuerte sentimiento racista, sobre todo, antimexicano. En el siglo XX México continuó siendo representado como enemigo de la cultura anglosajona. Ello llegó al grado que, en 1978, William Colby, entonces director de la CIA, en plena guerra fría, propuso que México y su población constituían el principal enemigo de EU y no la URSS. Según Colby, si no se detenía la inmigración mexicana, EU perdería su identidad. Colby insistió que ante la creciente ola de migrantes los agentes de la Patrulla Fronteriza no tendrían suficientes balas para detenerlos. En su ensayo el Reto hispano, el académico liberal Samuel Huntington, de Harvard, propuso lo mismo. Según Huntington, la cultura latina, en particular la mexicana, representa un reto fundamental para la preservación de una cultural anglosajona. Posturas como las de Colby y Huntington todavía ejercen influencia en los debates políticos en EU.
Los ataques contra México no sólo son producto de una ultraderecha desquiciada. La experiencia histórica contradice esta propuesta. En múltiples ocasiones liberales han acogido políticas represivas para refutar las acusaciones de los conservadores. Barack Obama adoptó una política de inmigración restrictiva, deportando más de 2.5 millones de personas, más que gobernantes republicanos. El gobierno de Biden, que como candidato criticó a Trump, hoy aplica las mismas políticas excluyentes contra inmigrantes; no les permite solicitar asilo en EU, pretende enviarlos a México y ha divido familias que solicitan asilo. Ante el Senado, el fiscal general de Biden, Merrick Garland, criticó a México por no haber hecho más por detener el tráfico de fentanilo y atacar los cárteles. Tanto conservadores como liberales ven en México un blanco para sus ataques.
Esos ataques ocurren cuando al parecer EU necesita de México como parte de su economía imperial. El llamado nearshoring revela que México es parte clave de la estrategia de una nueva guerra fría donde EU reubica su producción industrial desde Asia a México. El otro aspecto de este debate es la presión que EU ejerce sobre México para que mantenga control de su seguridad interna, la alternativa, según conservadores y algunos liberales, sería la intervención estadunidense. Aun cuando faltan meses para que concluya la elección presidencial en EU, el guion está escrito; es claro que México será el malo de la película. Lo más probable es que ese filme tenga muchas secuelas. (Miguel Tinker Salas y Victor Silverman, La Jornada, Política, p. 18)
En 1996, el gobierno estadounidense permitió la venta de la medicina contra el dolor conocida como OxyContin. Inicialmente, pacientes con cáncer y personas que presentaban dolores intensos podían tomar una dosis de dos pastillas al día para vivir cómodamente. Once años después, ese uso dio paso a una de las peores epidemias de salud en aquella nación.
Al generar adicción y dependencia, las personas usuarias del medicamento desarrollaron una adicción que incluso las llevó a recurrir a otras drogas, como la heroína y el fentanilo. Esta última se compone por opioides más potentes, lo cual la vuelve más dañina y adictiva; de hecho, la Universidad de California concluyó que su consumo se aceleró en Estados Unidos debido a dos factores: el endurecimiento de los requisitos para recetar legalmente analgésicos muy potentes, y la escasez de heroína, un sustituto en el mercado ilegal.
Es decir, el fentanilo comenzó a ser utilizado como un suplemento de otras drogas, con el objetivo, según el estudio de la universidad, de no experimentar los síntomas causados por la abstinencia de ellas. Sin embargo, al poco tiempo su uso se volvió masivo, y sus consecuencias, fatales: en 2016, por ejemplo, más de un tercio de las personas que murieron por sobredosis en Nueva York habían consumido esa sustancia sintética.
El nivel de adicción y el gran problema de salud pública que esa droga está produciendo en Estados Unidos es entendible. Por un lado, el gobierno de ese país no ha hecho lo suficiente ni para regular el uso médico de opioides ni para frenar el tráfico ilícito de la sustancia. Por otro, se estima que esta droga es 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más que la heroína.
Las consecuencias son claras. De acuerdo con el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, instancia de salud estadounidense, más de 100 mil personas murieron en el año 2021 a causa de una sobredosis. El 67 por ciento de tales decesos tuvo relación con el uso de fentanilo, pues solamente dos miligramos de éste pueden ser fatales. Lejos de disminuir, la cifra de fallecimientos en aquella nación aumentó en 2022, ya que más de 110 mil personas perdieron la vida por la misma causa.
Sirva este contexto para concluir que la actual epidemia del uso de fentanilo en la Unión Americana tiene sus raíces en al menos dos acciones concretas. La primera es la ineficiente regulación médica por parte de las autoridades. La segunda, la incapacidad de combatir el narcomenudeo de las sustancias ilegales que alimentan la adicción y causan miles de muertes.
Por eso, como presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, expreso con claridad mi desacuerdo respecto a las recientes declaraciones del fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, quien afirmó que la del fentanilo es una epidemia causada por los cárteles del crimen organizado que operan en territorio mexicano.
Manifiesto también mi rechazo y preocupación a la iniciativa presentada en enero de este año en el Congreso estadounidense por el legislador texano Dan Crenshaw, que propone la autorización del uso de la fuerza en contra de los responsables de traficar fentanilo o sustancias relacionadas, o de quienes lleven a cabo actividades que desestabilicen la región.
La iniciativa es un claro ejemplo de que el tema del combate al narcotráfico es utilizado con fines políticos, pero también representa una regresión a las épocas del intervencionismo, pues propone autorizar al Ejecutivo de Estados Unidos el uso de la fuerza contra grupos criminales en México. El asunto se encuentra en discusión de comisiones, pero desde ahora el llamado es para que sea desechada, de lo contrario, la relación entre ambos países podría verse fuertemente afectada.
Buscar culpables o chivos expiatorios no nos llevará a nada. El gobierno de México hace lo que le corresponde en el combate al narcotráfico y la prevención de adicciones. Sin embargo, es momento de aceptar realmente que la solución al problema de la violencia generada por los traficantes en México y a la crisis de salud pública en Estados Unidos requiere de acciones conjuntas.
Si la demanda del producto no fuera tan alta, no existiría motivación para producirlo y traficarlo. Pero también es cierto que si no hubiera quien ofertara estos productos y los distribuyera, en los dos lados de la frontera, los sistemas de salud de ambos países podrían dar un mejor manejo y prevención de las adicciones.
Debemos seguir impulsando acciones conjuntas, como el Entendimiento Bicentenario, y alejarnos de la tentación de buscar réditos políticos tratando de culpar a un país o a una sola instancia, de lo contrario, corresponderá a la sociedad llevar la carga más pesada, esto es, la pérdida de vidas humanas a causa de la violencia y el abuso de sustancias ilícitas. (Ricardo Monreal Ávila, El Universal, Opinión, p. A21)
Mal augurio para México, al margen de la evolución que el asunto pudiera tener en los próximos días, la decisión del Comité de Asuntos Exteriores del Congreso norteamericano de dar entrada para su estudio y eventual dictamen a una iniciativa de reforma que autorizaría a la milicia estadunidense “actuar contra los responsables de traficar fentanilo” o cualquier sustancia relacionada con la producción de la droga a Estados Unidos donde, apenas el año pasado, causó la muerte a casi 100 mil adolescentes y jóvenes de entre 15 y 45 años.
Impulsada por los representantes republicanos Dan Crenshaw y Mike Waltz, la denominada Resolución 18 podría constituirse en un antecedente de la tipificación de los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, dando paso con ello a la posibilidad de que elementos del Ejército de los Estados Unidos pudieran actuar en su contra –de forma abierta o encubierta– en su territorio sí, pero, también, en naciones donde aquellos tienen su asiento u operan de manera destacada, México entre ellos, sin duda…
Tal es el asunto que, hace apenas unos días, el miércoles, ante el Comité de Justicia del Senado, el fiscal general Merrick Garland dejó más que claro que él, de manera personal, “no me opondría a designar terroristas” a los cárteles mexicanos de la droga aunque, obligado a la prudencia, sugirió considerar las implicaciones diplomáticas de una acción de tal naturaleza, dado que “para actuar, necesitaríamos el apoyo (del gobierno) de México”. Días antes, huelga recordar, 21 fiscales estatales hicieron llegar una misiva al presidente Joe Biden en la que le exigen actuar en el mismo sentido.
En la nueva iniciativa sometida a la consideración de la Cámara de Representantes desde mediados de enero, pero que hasta ayer ganó notoriedad y se hizo pública, se nombra de manera específica a varios cárteles contra los que apuntaría la misma: el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo, Los Zetas, el Cártel de Juárez y el Cártel del Noreste, La Familia Michoacana, (los restos del) Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel de Tijuana y otras, lo que de manera implícita los ubica como “objetivos preferentes” de la misma. Y ello, insistamos, constituye un muy mal augurio para el país, para el gobierno de la 4T en este momento, al margen que la propuesta sea finalmente aprobada y se proceda a implementar su eventual aplicación…
ASTERISCOS
* Preocupante, por cierto, el último reporte del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal que preside José Antonio Ortega, según el cual, nueve de las diez ciudades más violentas del mundo al cierre de 2022 eran mexicanas: Colima, Zamora, Ciudad Obregón, Zacatecas, Tijuana, Celaya, Uruapan, Ciudad Juárez y Acapulco. Ufff…
* Urgido a asumir una decisión, Movimiento Ciudadano (MC) de Dante Delgado definirá si finalmente postulará al experredista Juan Zepeda como su candidato al gobierno del Estado de México o si declinará a participar en los próximos comicios. Convocada para hoy, la Coordinadora Ciudadana Nacional partidista votará sobre el punto…
Veámonos el miércoles con otro asunto De naturaleza política. (Enrique Aranda, Excélsior, Nacional, p. 18)
Casi al inicio de su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó lo siguiente:
“Si por mí fuera, yo desaparecería al Ejército y lo convertiría en Guardia Nacional, declararía que México es un país pacifista que no necesita Ejército y que la defensa de la nación, en el caso de que fuese necesaria, la haríamos todos”.
No ha vuelto a hacer una declaración tan categórica desde entonces, pero es casi seguro que sigue pensando que el país no enfrenta amenazas externas y que, por tanto, las Fuerzas Armadas no necesitan concentrarse en la defensa nacional. Ese es sin duda uno de los motores detrás del uso de los militares para funciones civiles.
En ese tema, el presidente no está alejado del consenso nacional. De hecho, ha sido una constante de nuestra política de defensa desde hace casi ocho décadas suponer que ninguna potencia extranjera va a utilizar fuerza militar en territorio nacional.
Es hora de retar esos supuestos.
Durante su presidencia, Donald Trump caviló la posibilidad de usar a las fuerzas armadas estadounidenses en territorio mexicano para “cazar a los carteles”. Eventualmente, sus asesores lo contuvieron, pero el tema estuvo en la mesa.
Se puede alegar que Trump es una colección interminable de ideas raras. Pero el posible recurso unilateral a alternativas militares para atacar el narcotráfico en México no es una noción excéntrica entre la derecha estadounidense.
El pasado viernes, William Barr, fiscal general de los Estados Unidos en dos gobiernos republicanos, publicó un artículo de opinión en el Wall Street Journal en el que afirma que “Estados Unidos ya no puede tolerar a cárteles narcoterroristas” y que esas organizaciones criminales son responsables de más de 100 mil muertes por sobredosis al año.
Esto sucede, según afirma, porque los diversos gobiernos mexicanos no han querido confrontar a estos grupos (exceptúa de esa condena al gobierno de Felipe Calderón, algo irónico dado que Barr presidía el Departamento de Justicia al momento de la captura de Genaro García Luna). Sobre el actual gobierno mexicano, afirma que el presidente López Obrador es el “principal facilitador de los carteles”.
Además, según Barr, el problema no solo es de voluntad, sino de capacidades. Aun si hubiese la voluntad de perseguir a los cárteles, las instituciones mexicanas estarían imposibilitadas para hacerlo debido a la “corrupción masiva” y al hecho de que estos grupos se han convertido en “potentes fuerzas paramilitares”.
La conclusión es que Estados Unidos debe confrontar con recursos militares a estos grupos en territorio mexicano, con o sin la anuencia del gobierno de México.
Esto no es una simple opinión académica. Hace dos meses, los congresistas republicanos Dan Crenshaw (Texas) y Michael Waltz (Florida) presentaron una iniciativa de resolución para autorizar legalmente el uso de la fuerza militar estadounidense en México, en términos similares a los descritos por Barr.
En mi opinión, el diagnóstico de los republicanos sobre México y el narcotráfico está equivocado y la solución propuesta implicaría una catástrofe para los dos países (ampliaré esa discusión el miércoles).
Pero el punto es que se está normalizando en EU la discusión sobre una intervención militar unilateral en México. Y en ciertas circunstancias, ese debate puede pasar al terreno de los hechos.
En ese contexto, no podemos seguir dedicando a las Fuerzas Armadas a la construcción de trenes o la administración de aerolíneas. Guste o no, el país enfrenta una amenaza existencial. Ese debe ser el norte de nuestra política de defensa y seguridad nacional.
Cualquier otra cosa es irresponsabilidad suprema. (Alejandro Hope, El Universal Nación, p. A11)
No es nuevo el tema, pero sí cada vez más insistente: en Estados Unidos se promueve que los cárteles mexicanos sean clasificados como organismos terroristas extranjeros y, por tanto, las autoridades de aquel país puedan ejecutar ataques directos a líderes y grupos criminales en territorio mexicano. A principios del pasado febrero, 21 fiscales estatales de Estados Unidos pidieron al presidente Biden que realice tal etiquetación intervencionista. El fiscal general de la nación vecina, Merrick Garland, sostuvo la semana pasada que no se opondría a una designación de ese tipo, aunque advirtió que podría generar problemas políticos y diplomáticos. Y este fin de semana se ha destacado que el representante Dan Crenshaw, a nombre propio y del también republicano Mike Waltz, ha solicitado desde enero al Comité de Asuntos Exteriores del Senado que apruebe el uso de las fuerzas armadas estadunidenses contra cárteles mexicanos (se nombra a los nueve más activos).
Tal acometida, desde ámbitos institucionales estadunidense, ha contado con una reciente colaboración estelar: el juicio en Nueva York al ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el cual dibujó de manera aplastante el dominio de los cárteles en la operación del gobierno mexicano, en el caso, el de Felipe Calderón Hinojosa, quien instauró la llamada guerra contra el narcotráfico.
Han resultado sugestivamente provechosas las jornadas judiciales de Brooklyn para fijar la imagen, manipulable y utilizable a conveniencia, de un gobierno mexicano incapaz de poner orden en el asunto del tráfico de enervantes. Sí, sobre el gobierno de Calderón, pero para fines del ala intervencionista estadunidense, aplica para el actual también (sobre todo, por el tema del fentanilo). William Barr, quien fue fiscal general de justicia con Donald Trump, igualmente ha apoyado que fuerzas armadas del vecino país puedan actuar directamente contra cárteles mexicanos y ha asegurado: Hoy, el principal facilitador de los cárteles es el presidente Andrés Manuel López Obrador. En realidad, AMLO no está dispuesto a tomar medidas que desafíen seriamente a los cárteles. Los protege invocando constantemente la soberanía de México, para impedir que Estados Unidos tome medidas efectivas.
El revoloteo de los halcones estadunidenses tiene un entusiasta apoyo nativo de segmentos opositores al obradorismo, que no parecen estar bien posicionados electoralmente para 2024 y anhelan que desde Estados Unidos se golpeé y desestabilice al gobierno obradorista. A ese cuadro de exhibición impúdica de insuficiencias institucionales mexicanas puede sumarse la extraña oleada de resoluciones judiciales en favor de personajes emblemáticamente relacionados con la corrupción. Todo ello desde que llegó a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la ministra Norma Piña. Pareciera que se hubiera dado una instrucción para liberar o ayudar a cercanos al peñismo (Rosario Robles, Ramón Sosamontes y el abogado Juan Collado) y a panistas o cercanos a anteriores poderes del blanquiazul (el ex gobernador García Cabeza de Vaca y la esposa de García Luna, por ejemplo).
Pero esa colocación de la justicia federal al servicio de causas oscuras también puede ser vista y señalada desde Estados Unidos como una muestra más de la degradación institucional mexicana: un poder, el Judicial, tan corrupto como los personajes a los que va dejando libres o impunes.
Por lo pronto, la Fiscalía General de la República parece comenzar a desperezarse, al menos en estos temas, y se ha hecho saber que se integran carpetas de investigación contra jueces que, considera la fiscalía, han emitido resoluciones marcadamente favorables a delincuentes, no sólo en casos como los mencionados líneas arribas, sino incluso contra cuatro abogados relacionados con el ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra. ¡Hasta mañana! (Julio Hernández López, La Jornada, Política, p. 12)
El resultado del juicio contra Genaro García Luna parece llevar una contundente intención de Estados Unidos en contra de México.
El problema es que ahora el gobierno de Joe Biden puede demostrar bilateralmente que México es un estado corrupto y que se configura como un peligro para ellos. Así buscará intervenir en nuestras decisiones.
Una iniciativa del congresista texano Dan Crenshaw, propone el envío del Ejército estadounidense a México para combatir a los cárteles del narcotráfico, la cual fue presentada desde enero en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y rechazada ayer por Ricardo Monreal, quien está consciente de que después del caso Genaro García Luna vienen los embates, incluso de señalar a México como un país con riesgos terroristas.
Por eso, en sus redes sociales aseguró ayer que esa iniciativa es un ejemplo del uso político del combate al narcotráfico y, al mismo tiempo, representa una regresión a las épocas del intervencionismo.
El festejo desde Palacio Nacional por la condena al policía panista parece habernos rebasado, porque tampoco se puede asegurar que en la actual administración las cosas son diferentes, al menos no con los Guzmán.
Eurípides —y no es una tragedia griega— acusa a Ciro y a Lorenzo de ser la mafia electoral de este país, pero menos de 72 horas después Jonh desenmascara a Eurípides: “Eres un enorme hipócrita @euripidesf. Todos conocemos tu triste papel en la manipulación de documentos y resultados, así como tu cínico manoseo de las impugnaciones contra el fraude de las asambleas de @PartidoMorenamx. No se vale ser candil de la calle y oscuridad de su casa”.
John Ackerman le puso el dedo a Eurípides Flores después de que éste respondiera a una foto tomada de su propia cuenta de Twitter que se viralizó, en la que aparece con Lorenzo Córdova, cuando este fue nombrado presidente del INE, y en la que escribe llenándolo de elogios y reconocimientos a su profesionalismo.
El pleito entre morenistas, sin embargo, da luz sobre lo que ha pasado en el partido en el poder y exhibe una farsa de que el desmantelamiento —por el momento— al INE, se da bajo el argumento de combate a la burocracia dorada. Por cierto, al salir a la luz la foto en la que posa sonriente con Lorenzo Córdova, el “abogado del lopezobradorismo” canceló las entrevistas que tenía programadas este fin de semana después de convertirse en villano de la democracia.
UPPERCUT: El alcalde de Yajalón, Chiapas, exhibió su riqueza en medio de una de las zonas más pobres del país. Juan Manuel Utrilla Constantino presumió que junto con su actual pareja esperan a un bebé y para conocer su sexo rentó una avioneta para esparcir humo azul en el cielo. (Alejandro Sánchez, El Heraldo de México, País, p. 7)
El anuncio de la mega inversión de la empresa estadounidense Tesla en México es una magnífica noticia, no solo para Nuevo León si no para el resto del país. Se instalarán en nuestro país centenares de empresas que proveerán insumos para la construcción de los famosos autos eléctricos de la empresa del multimillonario Elon Musk.
El famoso nearshoring o “relocalización” de empresas de todo el mundo en México, para asegurar la autosuficiencia de productos que necesita Estados Unidos y para no depender de la producción en China, es una bocanada de aire fresco para el último tercio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Quien comprendió muy bien el impacto positivo para México, y por supuesto para su futuro político, es el canciller Marcelo Ebrard.
Norteamérica está atrayendo de nuevo la atención para su estudio en los think tanks en todo el mundo. Esto se debe, no solo por esta estrategia estadounidense de fortalecerse frente a China sino por problemas complejos como la migración, los cárteles de droga, la pandemia del fentanilo entre la población de EU, el trasiego de esta droga, el tráfico de armas americanas a México, entre otros.
Especialistas de la relación bilateral están alertando de las presiones que pueden venir de EU sobre todo de los grupos ultra conservadores republicanos, pero también de la actual administración demócrata.
La semana pasada, William Barr, el secretario de Justicia de Donald Trump, escribió una editorial en The Wall Street Journal en donde respalda la iniciativa de los legisladores republicanos ultraconservadores Dan Crenshaw (Texas) y Michael Waltz. Textualmente escribió: “Hoy, el principal facilitador de los cárteles es el presidente Andrés Manuel López Obrador. En realidad, AMLO no está dispuesto a tomar medidas que desafíen seriamente a los cárteles. Los protege invocando constantemente la soberanía de México para impedir que EU tome medidas efectivas” (traducción de INFOBAE 04/03/2023).
El ex fiscal federal “trumpista” y los congresistas republicanos, Crenshaw (veterano USMarine, medalla Corazón Púrpura por herida en el servicio) y Waltz (ex militar de élite Boina Verde, y ex asesor antiterrorista del vicepresidente Dick Cheney) están utilizando políticamente la crisis de seguridad en México.
La crítica al gobierno de la 4T también proviene de la administración demócrata que encabeza el presidente Joe Biden. No fue menor que desde el Departamento de Estado, en Washington, se manifestara que “EU apoya las instituciones electorales independientes y con recursos suficiente” en clara alusión al llamado “Plan B” del presidente contra el Instituto Nacional Electoral que encabeza Lorenzo Córdova.
Se abren flancos políticos muy complicados desde EU que deberán atender tanto nuestro embajador en Washington, Esteban Moctezuma, como el equipo que encabeza el jefe de unidad para América del Norte de la SRE, Roberto Velasco.
Agenda estratégica: Lo peor que le puede suceder al gobierno actual es que se sumen republicanos y demócratas para presionar a México en más temas de la agenda bilateral, como ya lo es el tráfico de fentanilo, que es un asunto de interés político bipartidista. (Gerardo Rodríguez, El Heraldo de México, País, p. 10)
Todos los sectores conservadores mexicanos que están pidiendo –o sea: exigiendo— la intervención de la Casa Blanca en contra de decisiones nacionales del presidente López Obrador están viendo con decepción que la Casa Blanca… tiene otros datos.
La Casa Blanca y Palacio Nacional entienden muy bien que la relación bilateral no es económica o política o amistosa o vecinal, sino que la vinculación está determinada por enfoques geopolíticos y de seguridad nacional.
El último incidente la semana pasada lo prueba: el Departamento de Estado se metió a calificar reformas legales mexicanas que pueden no gustar pero que han cumplido con todos los mecanismos constitucionales para la reforma electoral, pero horas después la Casa Blanca ordenó dar un viraje y salirse de la zona de tensión.
Como político de confrontación, el presidente López Obrador conoce muy bien las sensaciones y los pulsos de Estados Unidos y sabe que hasta noviembre de 2024, los destinos de ambos países estarán atados por las elecciones presidenciales en junio aquí en México y en noviembre en EU.
Como pocas veces en la historia las relaciones están moviéndose en un triángulo de pasiones: López Obrador no quiere que EU apadrine con su poder a la oposición, juega con habilidad a la relación institucional con Biden y manda mensajes de que se entiende mejor con Donald Trump que sigue avanzando hacia la candidatura presidencial en 2024.
Las elecciones mexicanas tienen ventaja porque se deciden en junio de 2024, inclusive antes de la campaña formal en EU y de las elecciones americanas en noviembre. De ahí la perspicacia del Presidente mexicano para ir acotando a la Casa Blanca con el fantasma de Trump.
La clave de este juego estratégico de poder radica en que Trump en efecto sea candidato.
Zona Zero
La política estadounidense está atravesando por situaciones de conflicto que no le permiten imponer a México sus manotazos autoritarios y depende más bien de un entendimiento. Aunque tiene un Presidente no geopolítico, la agenda México se atraviesa en temas fronterizos, de relaciones con América Latina y de distanciamiento mexicano de las sanciones contra Rusia por el caso de Ucrania. Palacio Nacional mantiene las relaciones con Cuba, Nicaragua, Venezuela y Argentina como un mecanismo de resistencia ante las viejas exigencias imperiales de la Casa Blanca. (Carlos Ramírez, 24 Horas, Estados, p. 12)