El secuestro de cuatro ciudadanos de EU es una clara provocación criminal que afecta a los dos países. Es comprensible la preocupación de las autoridades estadunidenses y la urgencia de todos por solucionar el caso. Pero no debe ser pretexto para que grupos interesados pulsen el botón intervencionista. Nada justifica afectar la soberanía de un país. (La Esquina, La Crónica de Hoy, P.p.)
A las 11:40 del viernes, un tiroteo ocurrido a pocas calles del Palacio Municipal paralizó la vida en Matamoros, Tamaulipas. Imágenes subidas a redes sociales dieron cuenta de una camioneta que bloqueaba la circulación en la esquina de Lauro Villar y Guadalupe Victoria. A su lado aparecían vehículos chocados y cuerpos tirados en la calle.
Un video captado por vecinos mostró la forma brutal en que hombres armados y provistos de chalecos tácticos subían a la caja de una camioneta a una mujer afroamericana y arrastraban por el pavimento los cuerpos inertes de dos personas más.
Corrió la noticia de que otra persona había muerto a consecuencia de una bala perdida. No apareció autoridad alguna. Los negocios de la calle bajaron las cortinas. Las autoridades pidieron a la población que se resguardara en sus casas. Las clases fueron suspendidas en todos los niveles educativos. El Consulado General de Estados Unidos en Matamoros emitió una alerta para que sus ciudadanos no pisaran tierras tamaulipecas.
Durante varias horas las vialidades permanecieron cerradas. Corría el rumor de que un grupo de haitianos habían sido “levantados”: uno de los problemas de la ciudad fronteriza es la cantidad de migrantes de diversas nacionalidades –haitianos, cubanos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, rusos, venezolanos, colombianos– que deambulan e incluso duermen en las calles.
Matamoros se halla bajo el puño del Cártel del Golfo, que extorsiona y cobra piso a prácticamente todas las actividades productivas. Desde vendedores de flores y de pollos hasta dueños de hoteles, hospitales, bares, restaurantes, agencias aduanales y concesionarias, están obligados a pagar las cuotas impuestas por el jefe de plaza, al que las autoridades identifican como José Alberto García Vilano, alias Ciclón 19 o La Kena.
Dos facciones del Cártel del Golfo han iniciado la disputa de la ciudad, en donde comerciantes y empresarios se hallan, al mismo tiempo, bajo un esquema de extorsión por parte del Ayuntamiento que encabeza el morenista Mario Alberto López Hernández (lo relaté en este espacio la misma semana en que ocurrió el tiroteo http://bit.ly/41I4LCm).
En días pasados, una de las facciones en pugna, el llamado Grupo Escorpión del Cártel del Golfo puso en circulación un video en el que aparecen arrodillados seis vendedores y compradores de “cristal”. Los sicarios, con indumentaria paramilitar, y fuertemente armados, declararon que en esa parte de la frontera estaba prohibida la venta de “cristal” y de fentanilo.
Las autoridades estatales y federales ignoraron lo sucedido el viernes en la calle Lauro Villar hasta que un comunicado del FBI reveló que cuatro ciudadanos estadounidenses que habían cruzado la frontera fueron atacados y secuestrados por hombres no identificados: “Los cuatro estadounidenses fueron colocados en un vehículo y sacados del lugar por hombres armados”.
El FBI anunció una recompensa de 50 mil dólares por la devolución de las víctimas y la detención de los involucrados.
Ayer, tras la sorpresiva irrupción del Buró, el embajador Ken Salazar publicó una declaración que se volvió viral (“secuestraron a punta de pistola a cuatro ciudadanos estadounidenses… No tenemos mayor prioridad que la seguridad de nuestros ciudadanos. Este es el papel más fundamental del gobierno estadounidense”) y luego visitó Palacio Nacional para tratar el tema con el presidente López Obrador.
El gobierno mexicano había permanecido en silencio durante el fin de semana y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, dedicado esos días, según imagen publicada en sus redes sociales, a practicar el alpinismo en el Cerro del Bernal.
El tema llegó a la Casa Blanca, que calificó los hechos como inaceptables y señaló que las fuerzas del orden público de Estados Unidos –incluido el Departamento de Estado y la Seguridad Nacional– presionan al gobierno mexicano para llevar a los responsables ante la justicia.
La embajada a cargo de Ken Salazar está canalizando toda la información a su alcance directamente a las oficinas del FBI en Washington. Fuentes locales reportaron ayer una fuerte presencia de agentes estadounidenses en Matamoros.
El secuestro ocurre en un momento en el que la presión de sectores políticos de Estados Unidos en contra de México va en aumento a consecuencia de los cientos de miles de muertos que ha dejado en aquel país el fentanilo que trafican organizaciones criminales de este lado de la frontera.
El exprocurador general William Barr acaba de calificar en The Wall Street Journal al presidente López Obrador como “el facilitador en jefe de los cárteles”. El representante republicano Dan Crenshaw, quien presentó en enero pasado una iniciativa para que las fuerzas armadas de aquel país puedan actuar en contra de las organizaciones delictivas mexicanas, reaccionó violentamente ante una declaración de López Obrador, quien dijo que tal iniciativa solo buscaba obtener “raja electoral”:
“Lo único que queremos es enfrentar de una vez a los poderosos elementos criminales que aterrorizan al pueblo mexicano, pagan y amenazan a políticos mexicanos y envenenan a estadounidenses. ¿Está en contra de eso, señor Presidente? ¿A quién representa usted? ¿A los cárteles o al pueblo?”.
Un total de 21 fiscales generales de diversos estados le han pedido al presidente Biden que declare como organizaciones extranjeras terroristas a los cárteles mexicanos. Ayer, las principales cadenas de Estados Unidos volvieron su nota principal los hechos de Matamoros. El secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses parece alinear a la Casa Blanca y al FBI con las preocupaciones, disparatadas, de los sectores republicanos. La amenaza de los cárteles es cada vez más palpable.
Una tormenta podría acompañar los días finales, el crepúsculo del sexenio de AMLO. (Héctor De Mauleón, El Universal, Nación, p. A8)
En EU el clima electoral está encendido de cara a la sucesión presidencial. Con periodos tan cortos, cada presidente tiene 4 años con la posibilidad de reelegirse una vez, y considerando que la selección de candidatos viene precedida de elecciones dentro de los partidos entre múltiples precandidatos, el calendario electoral domina la narrativa política casi todo el tiempo.
Este fenómeno hace que gran parte de la actuación de presidentes, gobernadores y legisladores esté dominada por la agenda político-electoral de los partidos, dejando de lado el trabajo para el que fueron electos.
En este escenario, los grandes temas que dividen a la población se vuelven las banderas electorales. Con un cinismo sin par, los partidos ignoran las graves consecuencias de la polarización que vive la sociedad estadounidense y que ya la ha llevado a la violencia e insisten en este tipo de narrativa destructiva. Los derechos de las mujeres, el racismo, la migración, el cambio demográfico y el calentamiento global son ejemplos de temas que se retoman en cada campaña con el propósito de dividir y cosechar votos.
En últimas fechas, el partido demócrata ha optado por una postura progresista pro derechos de las minorías. Este discurso, si bien conecta con las nuevas generaciones, se ha visto opacado por la virulencia del discurso republicano que ha demostrado ser más efectivo a la hora de movilizar a su base electoral. En especial, los líderes de los Estados fronterizos han levantado la mano para erigirse como candidatos a manipular el miedo y fomentar el odio racial en busca de conservar el poder.
Bajo la bandera de un peculiar patriotismo, los hombres fuertes del partido han iniciado una ofensiva contra los migrantes y las poblaciones latinas. Así, casos como el actual juicio contra George Allan Kelly, un ranchero de Arizona acusado de asesinato por disparar en reiteradas ocasiones contra un migrante desarmado que cruzaba por su propiedad, prometen ser un jugoso botín electoral.
Los grupos de ultraderecha ya se han apropiado del caso y el apoyo a Kelly fluye por las redes fomentando discursos de odio. La ambición por el poder hace que los políticos no vean el gran peligro que representa fomentar este tipo de mentalidad vaquera en la que uno puede tomar la justicia en sus propias manos y salir a disparar e imponer por la fuerza su punto de vista. Ya se vio en el asalto al Capitolio y se repite todas las semanas con tiroteos injustificables a lo largo y ancho del país. Por otro lado, los demócratas tampoco parecen trabajar en una solución seria y no politizada al problema de la migración.
La democracia permite muchas libertades, pero cuando se pierde la brújula ésa puede llegar a fomentar su propio fin. (Monserrat Salomón, La Razón, Mundo, p. 24)
“¿Los líderes de los cárteles escribieron ese tuit para usted?”, preguntó por esa vía el congresista republicano Dan Crenshaw al senador Ricardo Monreal. El congresista, texano, es coautor del proyecto de resolución H.J, RES.18, presentado en el Congreso de EU para que los cárteles de la droga sean declarados “terroristas”, a fin de dar luz verde a una intervención armada en México que combata efectivamente al crimen organizado. Crenshaw fue arrobado en un tuit del senador mexicano que decía: “Esa iniciativa es un ejemplo del uso político del combate al narcotráfico y representa una regresión a las épocas del intervencionismo…”. La pregunta que abre la columna es parte de la respuesta al mensaje de “preocupación y rechazo” a la iniciativa, que el senador subió. “Espero que sea rechazada”, manifestó. En un segundo tuit, Monreal le dijo al texano que rechaza toda injerencia extranjera en asuntos internos de México y la pretensión de aplicar las leyes de EU en nuestro país. “Se llama soberanía, aunque no lo entienda”, subrayó.
* En su cuenta de Twitter —un millón 295 mil 700 seguidores—, Crenshaw se refirió a las mañaneras declaraciones de López Obrador sobre su iniciativa. El Presidente dijo: “No es ni siquiera aceptable de que nos certifiquen, que digan hay o no hay terrorismo en un país. ¿Quién les da esa facultad? Pero, bueno, eso es una manía de considerarse el gobierno del mundo. “Pero todavía es peor el que quieran utilizar la fuerza militar para intervenir en la vida pública de otro país, o sea, invadir a otro país con la excusa de que van sobre narcotraficantes terroristas”, puntualizó. El congresista no la dejó pasar. Se congratuló de que, por fin, el Presidente mexicano haya tomado nota de su iniciativa. Enseguida preguntó en dirección de López Obrador: “¿Como se sentiría si una pandilla americana estuviera envenenando a 70 mil mexicanos diariamente con fentanilo? “Todo lo que queremos es enfrentar a poderosos criminales que aterrorizan y amenazan a los mexicanos y envenenan a los estadunidenses. ¿Está en contra de eso, señor Presidente? “¿A quién representa? ¿A los cárteles o al pueblo?”, volvió a preguntar. Por si fuera poco, el pasado 8 de febrero, fiscales generales en 21 estados —todos republicanos—solicitaron al gobierno de Biden que use sus poderes para declarar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas.
* Las relaciones con EU no están en su mejor momento. Migración y fentanilo son causas de tensión. Ambos temas han provocado agrios intercambios verbales como los antes escritos. La tentación de intervenir en México se extiende entre los republicanos. William Barr, exfiscal del Donald Trump, publicó un artículo en el The Wall Street Journal en el que sostiene que AMLO protege al narco. Señaló, textual: “Los cárteles mexicanos han florecido porque los gobiernos mexicanos no han tenido el deseo de acabarlos, con excepción del presidente Felipe Calderón, que se fue con todo contra los cárteles… Hoy el facilitador en jefe de los cárteles es el presidente López Obrador. En su respuesta, AMLO calificó al WSJ de “boletín de los de arriba” y le dijo a Barr: “No vamos a apostar a masacres ni a guerras. Eso es una mentalidad de halcones”.
* El secuestro de cuatro ciudadanos estadunidenses en Matamoros, Tamaulipas, por parte grupos armados, ha tensado aún más las relaciones entre ambos gobiernos. La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, declaró ayer que esos ataques “son inaceptables”. El embajador Ken Salazar se reunió ayer, por espacio de dos horas, con el Presidente. Contrario a su costumbre, no hizo declaraciones a su salida. Pero antes de acudir a Palacio Nacional la embajada fijó postura: “Autoridades de EU trabajan con México para garantizar el regreso seguro de los 4 ciudadanos secuestrados a punta de pistola en Matamoros, Tamaulipas. El FBI ofrece (50 mil dólares) de recompensa por información que lleve a su regreso”. Los secuestrados habían cruzado la frontera para comprar “medicamentos.”
* Una cosa es cierta después del anuncio del MC de que se baja de las elecciones estatales de 2023: El Estado de México será gobernado, por primera vez, por una mujer: Delfina Gómez o Alejandra del Moral. ¿A cuál de las dos beneficiará esta decisión? Me inclino a pensar que a Del Moral. El votante del MC tiende a ser opositor. El MC se baja de las dos elecciones de gobernador(a) porque, asegura, “son una farsa”. No parece la mejor idea para ese partido que traía ritmo.
Está el ejemplo del PAN. Tocó fondo luego de no presentarse en la elección presidencial de 1976. Tardó mucho en recoger los frutos de décadas de oposición. Necesitó 13 años para ganar su primera gubernatura, con Ruffo; y 24 para ocupar la Presidencia de la República, con Fox. Me dirán que entonces vivíamos en un sistema con partido dominante. ¿Hoy no? “El que se fue a la Villa perdió su silla”, dice la sabia frase mexicana. (Francisco Garfias, Excélsior, Nacional, p. 4)
Vivimos como país un momento de tensión y aspereza con Estados Unidos.
Esto contradice el discurso oficial del presidente López Obrador, quien afirma que hay un muy buen entendimiento y trabajan juntos en múltiples áreas. Eso es parcialmente cierto, porque también existen crecientes puntos de tensión y desencuentro.
El más notable sucedió el viernes último con la detención, secuestro y desaparición de cuatro ciudadanos de Estados Unidos en Matamoros, Tamaulipas.
Los hechos están registrados en video, que se mostraron ampliamente en Estados Unidos. Sangre en el piso, cuerpos inertes –nadie sabe si con vida o no– de dos afrodescendientes arrastrados por el piso y, finalmente, el grupo completo subido a la caja de una pick up antes de desaparecer.
Corren versiones no comprobadas de que los ciudadanos americanos que viajaban en una camioneta con placas de Carolina del Norte venían a México a comprar “medicinas” o algo más. Los malosos mexicanos, aparentemente, los confundieron con integrantes o agentes de otro cártel y se presentó el secuestro.
Ayer lunes acudió Ken Salazar a Palacio Nacional para sostener una reunión de dos horas con AMLO. Dijeron, sin comunicado ni declaración, que trabajan juntos para encontrar a los desaparecidos y detener a los responsables.
Tamaulipas dio a conocer la formación de un grupo especial que incluye a todos (Ejército, Marina, Guardia Nacional, Guardia Estatal, Comisión Nacional de Búsqueda y otras más).
Pero en Estados Unidos los temas se complican: dos legisladores del poderoso Comité de Relaciones Exteriores del Senado pretenden impulsar la ley, propuesta en enero, para declarar “terroristas a los cárteles mexicanos del narcotráfico”. Esa clasificación otorga poderes y facultades al presidente de Estados Unidos para utilizar violencia militar, táctica y estratégica en contra de dichas organizaciones en cualquier rincón del planeta donde se encuentren.
Es decir, imagine usted a un Grupo Delta de marines o Boinas Verdes del Ejército americano en operativos a bordo helicópteros camuflados sobre los cielos de Tamaulipas, Sinaloa, Coahuila, Guanajuato o donde usted quiera, con el fin de aprehender, detener y eliminar a células delictivas que trafican sustancias y, especialmente, fentanilo a Estados Unidos.
Esto no es nuevo. Hace meses que el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, pretendió hacerlo a nivel estatal –sin ninguna repercusión– y luego presionó para llevarlo a nivel nacional.
Estados Unidos está a punto de arrancar un proceso electoral competido rumbo a los comicios federales de 2024 (noviembre). Esto quiere decir que habrá elecciones primarias (al interior de cada partido para designar a sus candidatos) tan pronto como noviembre de este año. La pelea será intensa, especialmente en el terreno repúblicano.
En ese contexto, los republicanos usarán todo recurso a su alcance para golpear al gobierno de Biden y a los demócratas, para demostrar que han sido incapaces de detener la crisis del fentanilo (causante de la muerte de 108 mil estadounidenses en 2022) y la corriente migratoria hacia su territorio. Serán ejes temáticos y narrativos de la campaña.
Por ello, para México se convierte en un tema esencialmente delicado. Estamos a punto de convertirnos –una vez más– en la piñata favorita en la contienda por la Casa Blanca, como sucedió en 2016 (Trump vs. Hillary Clinton).
Por si faltaran elementos, están otros extremadamente complicados: los conflictos comerciales. Han solicitado ya en Washington el inicio formal de consultas para determinar si México viola o no el T-MEC al prohibir la entrada de maíz transgénico amarillo a nuestro territorio; una nueva demanda en materia laboral por la queja interpuesta en la planta Unique Fabricating en Querétaro, por supuestamente denegar derechos laborales a los trabajadores.
Aún no resolvemos el complejo tema energético, ni el del gas, cuando ya estamos involucrados en otra disputa.
Apenas la semana pasada el Departamento de Estado hizo un señalamiento en el sentido de observar con extrema atención la “reforma electoral” y sus consecuencias para la formación de instituciones democráticas sólidas. Y después Blinken hizo otra declaración en el mismo sentido.
Hacía muchos años que no teníamos –como país– tantos frentes abiertos con nuestro vecino del norte. El tema comercial seguirá su curso, el migratorio también, pero el de la seguridad resulta, tal vez, un tema de seguridad nacional para Estados Unidos por la incesante muerte de sus conciudadanos por sobredosis de una poderosa sustancia que proviene de Asia, pero entra a su país por nuestro territorio.
Por supuesto que el gobierno federal o el estatal en Tamaulipas no son responsables por los hechos en contra de estos cuatro ciudadanos americanos, pero del clima creciente de violencia, inseguridad y territorios extendidos bajo control de organizaciones criminales, sí lo son, y esto puede provocar expresiones desbocadas por parte de los conservadores estadounidenses, como cuestionar si el Presidente de México representa a los ciudadanos o a los criminales. Muy delicado.
Mientras aquí se lanza la ofensiva en contra del “narco-Estado” de Calderón y el juicio y veredicto de culpabilidad de García Luna, hoy el gobierno de México será sometido a una metralla de acusaciones desde Estados Unidos por la ausencia de combate al narco, por la sospechosa cercanía de López Obrador con los Chapos y Chapitos, y por la ola violenta en aumento que vive México.
Nada que del otro lado sea bien visto. (Leonardo Kourchenko, El Financiero, Mundo, p. 25)
Como si todos fuéramos ingenuos, el gobierno cuatroteísta ha elaborado un artículo de consumo interno según el cual México y los Estados sostienen un idilio interminable gracias a la firmeza declarativa del señor presidente, quien a base de negar el coloniaje le ha torcido el brazo a Elon Musk, para instalar una fábrica de automóviles a conveniencia de Tesla, faltaba más; pero no ha extinguido los focos rojos en la frontera, donde el secuestro de cuatro gringos ha movilizado al FBI y otras agencias americanas.
Obviamente no hay fecha menos nociva para estos delitos, pero en el ambiente actual, esa cuádruple desaparición en Matamoros, empuja las ideas más duras de la parte más recia de los estadunidenses; es decir, la mayoría de ellos, quienes pugnan por la presencia militar de su país en México, a ver si así se logra aplastar la cabeza de la serpiente, como le llama William Barr, ex procurador de Justicia de EU, al crimen organizado nacional de capacidad expansiva.
Barr fue, casualmente, fiscal durante el gobierno de Donald Trump, cuyo primer manazo amansó a México en cuanto a la política migratoria. Para él las cosas son sencillas:
“En primer lugar, un esfuerzo estadounidense mucho más agresivo que nunca antes, dentro de México incluida una importante presencia de las fuerzas del orden y de inteligencia de los EU, así como capacidades militares selectas. Óptimamente, el Gobierno mexicano apoyará y participará en este esfuerzo”.
Como es obvio el presidente de México rechaza esta posibilidad, pero no puede evitar estos pensamientos ni su dispersión, más allá de la frontera.
Barr escribió un artículo titulado, “Estados Unidos debe derrotar a los cárteles de la droga de México”. Porque los mexicanos no pueden ni quieren, pudo haber dicho también, según se desprende de estas frases complementarias:
“En realidad, AMLO no está dispuesto a tomar medidas que desafíen seriamente a los cárteles. Los protege invocando constantemente la soberanía de México para impedir que Estados Unidos tome medidas efectivas… y aunque estuviera dispuesto a actuar contra los cárteles, (AMLO) no puede hacer el trabajo por sí mismo… su sistema de justicia penal es disfuncional, el 95% de todos los delitos violentos quedan impunes”.
Obviamente una cosa piensa el señor Barr y los halcones de4 Wasdhington y otra, muy diferente (o muy aparente), los menos extremistas de los americanos, pero entre demócratas y republicanos hay muy pocas diferencias y un hecho indiscutible: ambos son hijos de “America the beautiful” y anteponen sus intereses a la relativa soberanía del resto del mundo.
Y claro, mientras llega el momento decisivo, pueden escribir linduras como estas del embajador Ken Salazar cuya bonachona apariencia es nada más eso: una apariencia. Por eso ayer estaba en el Palacio Nacional, pidiendo cuentas.
“…En México, entre otras acciones, hemos contribuido con millones de dólares en nuestra seguridad compartida a través de la capacitación y la profesionalización de corporaciones policiales; la certificación de laboratorios, servicios periciales y centros penitenciarios; hemos donado caninos para la detección de armas y drogas; trabajamos juntos para interrumpir la producción de drogas sintéticas y colaboramos en el fortalecimiento de capacidades de fiscales e investigadores.
“Junto con un diálogo intersectorial, colaboramos con los distintos órdenes de gobierno para fortalecer las instituciones de seguridad y de justicia para que la gente viva segura y libre del miedo.
“El Diálogo de Seguridad de Alto Nivel nos ayudará a obtener más frutos, pero las instituciones de seguridad y justicia deben contar con los recursos necesarios”.
Por lo pronto, aunque ahra estén baratos, si usted se quiere ganar 50 mil dólares, acuda a la embajada con información útil del paradero de esos ciudadanos americanos cuyo parecido con Kiki Camarena, es una mera casualidad con poca semejanza.
DANTE
Hace un mes me dijo alguien cercano a Dante Delgado: vamos a bajar a Juan Zepeda. Y con argumentos baladíes, ya lo bajaron. ¿Para qué? (Rafael Cardona, La Crónica de Hoy, La Dos, p. 2)