Opinión Migración 090323

Pepe Grillo

¿Que piensan en Estados Unidos?

El gobierno mexicano cede a las presiones, sostiene la prensa estadounidense y lo dicen políticos demócratas y republicanos. Así ocurrió en el tema de los migrantes en el pasado reciente y también en el caso de los norteamericanos agredidos en Matamoros.

Ante la presión del gobierno de Estados Unidos y los amagos de una intervención directa, se pusieron en movimiento efectivos del Ejército y la Guardia Nacional y se anunció la llegada a la ciudad de Matamoros de 300 efectivos de las fuerzas federales en calidad de refuerzos

La estrategia, por lo tanto, es que la presión se mantenga tan alta como sea posible, hasta lograr la eliminación o la captura del jefe del grupo criminal que secuestró a cuatro ciudadanos de EU y asesinó a dos de ellos.

Si las agencias norteamericanas que ya actúan en el terreno, como FBI, DEA, DHS y CIA, detectan primero a los responsables, vendrán por ellos.

Un amplio sector del electorado estadounidense quiere acciones contundentes. Los políticos, republicanos y demócratas, que ya arrancaron campaña rumbo al 2024, los complacerán. En eso no hay vuelta de hoja.

Aplicar el 33

La Constitución prohíbe expresamente que ciudadanos extranjeros se metan en la política mexicana. Diferentes gobiernos han hecho realidad el amago recurrente de “aplicarle el 33” a extranjeros que se saltan las trancas.

Eso podría terminar, porque el presidente López Obrador envió una iniciativa para cambiar el texto constitucional, de manera que solo puedan ser expulsados los extranjeros que representen un riesgo para la seguridad nacional, pero no opinadores ni activistas.

Durante el conflicto de Atenco por lo menos seis extranjeros, sobre todo españoles, fueron expulsados del país al amparo del artículo 33. El más conocido es el cantautor franco-español Manu Chao que se fue y no ha regresado

Como se trata de un cambio al texto de la Constitución se requerirá mayoría calificada y está por verse si los partidos de oposición piensan si conviene o no a sus intereses que los extranjeros vengan a grillar a nuestro país. Será un debate interesante. (La Crónica de Hoy, Columnistas, p. 3)

Artículo 33: reforma congruente

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso una iniciativa para modificar el artículo 33 constitucional, conocido por establecer la expulsión del país de los extranjeros que participen u opinen acerca de temas políticos. La reforma propuesta por el Ejecutivo federal elimina el párrafo tercero de esa norma (“los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país”), y modifica el primero y segundo a fin de garantizar el derecho a la libre manifestación de las ideas.

Asimismo, elimina la facultad arbitraria del gobierno para expulsar a un individuo al asentar que esta medida sólo podrá tomarse una vez “agotado el procedimiento administrativo que señale la ley” y “siempre y cuando se acredite que su estancia en el país constituye un riesgo o afectación a la seguridad nacional”.

Como resulta evidente, la iniciativa presidencial emana de dos axiomas del proceso de transformación que vive el país: apostar siempre por la ampliación de las libertades, y no coartar de modo alguno la de expresión. Está claro que la legislación vigente es una limitación anacrónica al derecho de aquellas personas que viven en nuestro país sin contar con la nacionalidad mexicana para externar sus puntos de vista en torno a cuestiones que les afectan y atañen de manera personal, limitante especialmente lesiva e inicua con quienes han hecho de México su hogar desde mucho tiempo atrás y han realizado contribuciones inestimables a la vida científica, intelectual, cultural y económica.

No puede obviarse el peligro de que esta apertura dé pie a una oleada de tentativas injerencistas, en particular por parte de agrupaciones de ultraderecha como las que ya han sido invitadas a distintos foros por integrantes del Partido Acción Nacional.

En este sentido, ha de reconocerse que los redactores de nuestros sucesivos textos constitucionales vieron necesaria la inclusión de preceptos como los del artículo 33 debido a la documentada y persistente acción de agentes extranjeros que socavaron nuestra soberanía a fin de favorecer a gobiernos o corporaciones foráneos. Sin embargo, hoy día la defensa de nuestra irrenunciable soberanía ya no requiere de este tipo de cláusulas que, en cambio, niegan derechos a personas que nada tienen que ver con actividades injerencistas o desestabilizadoras y cuyos posicionamientos pueden ser, por el contrario, enriquecedoras de los debates nacionales.

Por sus efectos positivos en las libertades de los residentes y visitantes a nuestro país, cabe desear que los legisladores aprueben la propuesta del mandatario. En el nuevo clima de derechos creado por esta reforma, la coerción sería sustituida por la confianza en la madurez de la ciudadanía para valorar las opiniones de los no nacionales, adoptar las ideas que sean de provecho y rechazar las nociones contrarias a la independencia, la soberanía y a la voluntad nacional de suprimir las prácticas discriminatorias en todos los ámbitos de la vida. (Editorial, La Jornada, Editorial, p. 2)

Frentes políticos

Protección. La Secretaría de la Defensa Nacional, a cargo del general Luis Cresencio Sandoval, envió como refuerzo a Matamoros, Tamaulipas, 300 oficiales del Ejército y de la Guardia Nacional. El arribo ocurre después de la localización de los cuatro estadunidenses secuestrados, dos de los cuales fallecieron, luego de que un grupo armado perteneciente a la célula del Cártel del Golfo se los llevó tras una persecución y balacera. Los 300 oficiales se suman a los que ya, en su momento, habían arribado tras el anuncio que el FBI realizó. Una ayudadita al territorio gobernado por Américo Villarreal, quien ya no ve lo duro, sino lo tupido. ¿Quién manda en Tamaulipas? (Excélsior, Nacional, p. 13)

Bitácora del director // La verdad sobre la cobertura mediática en Estados Unidos

El 23 de enero pasado, siete personas fueron asesinadas a tiros en un campo agrícola de la comunidad de Half Moon Bay, California, a 50 kilómetros al sur de San Francisco. El homicida fue un trabajador de origen chino que estaba molesto por haber tenido que pagar cien dólares para reparar un montacargas, por daños que, según él, había causado uno de sus compañeros.

Entre las víctimas mortales de Chunli Zhao estuvieron José Romero Pérez y Marciano Martínez Jiménez, migrantes oaxaqueños que se dedicaban a la cosecha de champiñón, en campos de la empresa Concord Farms. Pedro Félix, hermano de José, resultó herido en el ataque.

Aunque en su momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador no mencionó el caso en su conferencia mañanera –de acuerdo con una revisión que hice de las versiones estenográficas del 24 de enero al 10 de febrero, publicadas en internet por la Presidencia de la República–, sí lo abordó brevemente el martes pasado, al referirse al secuestro de cuatro ciudadanos estadunidenses en Matamoros, de los cuales dos fueron asesinados.

“Llama mucho la atención que se dan estos hechos lamentables y todos los medios en Estados Unidos manejan de manera amarillista la información, no así cuando asesinan a mexicanos en Estados Unidos, callan como momias”, dijo el Presidente.

Y agregó: “Claro que lamentamos lo que pasa en nuestro país, y este hecho en especial, y ofrecemos nuestras condolencias sinceras, pero yo les puedo decir a ustedes que atendimos un asunto de dos jornaleros oaxaqueños asesinados por granjeros (sic) y un herido, y no salió nada en la prensa estadunidense, nada. Cerca de San Francisco, indígenas mixtecos fueron asesinados por un granjero y otro herido, esto hace poco, hace un mes. O sea, se rasgan las vestiduras de manera hipócrita. Ayer estaba yo viendo, todas las cadenas de radio, de televisión. Y aquí lo mismo, aprovechando el dolor de la gente, como zopilotes”.

En una cosa tuvo razón López Obrador: los cuerpos de los migrantes oaxaqueños fueron repatriados y seguramente en eso intervino la Secretaría de Relaciones Exteriores. También lo hizo el Instituto de Atención Integral al Migrante Oaxaqueño, del gobierno de Salomón Jara.

Sin embargo, se equivocó en lo sustancial: los medios estadunidenses no callaron ante dicha tragedia. Basta una sencilla búsqueda en internet para encontrar las notas que diversos medios dedicaron al tema, no sólo informando sobre el hecho, sino publicando notas necrológicas.

La reportera Madi Bolaños, de la estación KQED, afiliada a la cadena National Public Radio, cuyos noticiarios se escuchan en todo Estados Unidos, hizo un perfil de Martínez Jiménez, en el que destacó cómo era querido en la comunidad. En tanto, la reportera Amber Lee, de la estación KTVU, afiliada a Fox, entrevistó a Carlos Martínez, sobrino de Marciano, para hablar sobre la vida del trabajador asesinado, así como al vicealcalde de Half Moon Bay, Joaquín Jiménez.

Entre otros medios estadunidenses que cubrieron la tragedia o publicaron notas sobre ella estuvieron CNN, The New York Times, San Francisco Chronicle, The Washington Post, ABC News, Los Angeles Times, AP, NBC, PBS, CBS News, USA Today, Reuters, The Seattle Times y The San Diego Union-Tribune.

Entonces, no es verdad, como dijo López Obrador que los medios de ese país hayan callado como momias. Tampoco lo hicieron los medios mexicanos, que dieron amplia cobertura al hecho. Yo no sé quién informa mal al Presidente y lo hace caer en equivocaciones tan básicas.

Hay, eso sí, una gran diferencia entre aquellos asesinatos y los del pasado fin de semana. Los primeros fueron producto del arranque de ira de un compañero de trabajo. Los segundos, de la acción del crimen organizado, que opera en México a plena luz del día, sin miedo a lo que hagan las autoridades.

En Half Moon Bay no tuvo que intervenir el gobierno mexicano para detener al agresor. Acá debió visitar Palacio Nacional el embajador Ken Salazar para que las cosas se movieran. (Pascal Beltrán del Río, Excélsior, Nacional, p. 2)

Arsenal // La tentación de intervenir en México

Una intervención armada en México para combatir a los cárteles de la droga no está en el ánimo del presidente Biden.

Las declaraciones de la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, van en ese sentido. “Designar a estos cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras no nos otorgaría ninguna autoridad adicional que realmente no tengamos ya en este momento”, dijo ayer la vocera.

El mensaje de Jean-Pierre contrasta con la postura de 23 fiscales republicanos que han solicitado abiertamente la inclusión de los cárteles de la droga en la lista de organizaciones terroristas. Los fiscales esgrimen, como argumento, el vínculo que existe entre los cárteles y las más de 100 mil muertes anuales en Estados Unidos, causadas por el consumo de fentanilo. En ambas cámaras del Congreso de ese país hay proyectos de ley que proponen dar el paso e incluir a las bandas criminales en la lista de las organizaciones terroristas.

“No es para invadir México ni derribar aeronaves mexicanas, sino para destruir sus laboratorios y sus redes”, explicó el senador Lindsey Graham, autor de uno de esos proyectos.

Para Ricardo Monreal, sin embargo, sería “inadmisible” que tropas extranjeras incursionen en territorio nacional para combatir delincuentes, ni siquiera en forma concertada. “El Senadoy su mayoría no autorizará la entrada de ninguna fuerza militar extranjera a México. Es nuestra facultad y desde ahora lo expreso categóricamente”, dijo ayer. Le preguntamos: ¿cómo hacer para que la soberanía no termine por ser manto protector de los grupos del crimen organizado y la población siga en la indefensión, como hoy lo está?

—Yo creo que la discusión sobre la intervención militar de tropas extranjeras no debería ni plantearse. Es inadmisible, es inconstitucional, sería una tragedia nacional, rechazó. Yo he insistido en la necesidad de revisión del plan de seguridad, he insistido en la necesidad de profundizar la estrategia contra el crimen organizado. México tiene capacidad, sus autoridades todas se dedican al combate de delitos a la procuración y administración de la justicia. Tiene capacidad para enfrentar ese flagelo que nos tiene postrados en una situación que lamento…”. Lo atajamos para preguntarle: Si hay capacidad, ¿qué es lo que falta? ¿Voluntad?

—Yo creo que hay capacidad. Hay que revisar la estrategia del plan de seguridad, coordinar esfuerzos, hacer uso de inteligencia, respondió. (Francisco Garfias, Excélsior, Nacional, p. 4)

Número cero // Los dilemas de “dos amigous”, López Obrador y Biden

Los “dos amigous”, Biden y López Obrador, tienen la amistad emproblemada porque en Estados Unidos crece un discurso de impaciencia hacia México por acusar la falta de combate a los cárteles de la droga. El mensaje de Biden y de congresistas republicanos por el secuestro de cuatro estadunidenses en Matamoros refleja esa ansiedad, que se extiende en el espectro de la derecha estadunidense con narrativas redituables electoralmente hacia la próxima campaña presidencial: “Es hora de usar la fuerza militar”, dicen.

La tolerancia de Biden con la estrategia de seguridad de López Obrador comienza a agotarse por la fragilidad de la frontera al trasiego de fentanilo. Si bien ha reclamado “acciones contundentes” contra ésta, como en la “cumbre” de líderes de América del Norte, su margen de acción se reduce para convencer en su país de que la colaboración antinarcóticos es eficaz. En esa coyuntura, el discurso republicano se enfoca en mostrar su inacción para proteger a los estadunidenses de un problema que se convierte en amenaza a su seguridad nacional.

El caso de Matamoros, con una campaña en medios estadunidenses, evidencia los dilemas de la seguridad y la migración con el friendshoring de un “increíble socio” como México. Biden evita la confrontación con López Obrador por resolverle el problema explosivo de la contención de la migración en la frontera. Y debido a la importancia estratégica del vecino para la relocalización de empresas de China en su plan de debilitar la dependencia de las cadenas de suministro de Asia.

Matamoros es un ejemplo de las paradojas de la política migratoria, la mayor competencia de las bandas del narcotráfico en la frontera y la debilidad del Estado de derecho. Que fácilmente chocan sin control de las instituciones sobre la violencia, como muestra el ataque contra los estadunidenses sólo por estar en el lugar y momento inadecuados. Según la Fiscalía de Tamaulipas, el crimen pudo deberse a una “confusión”, algo plausible, pero que aviva más la narrativa republicana sobre México como el narcoestado que delineó el juicio de García Luna y su exigencia en el Congreso y del exfiscal William Barr de designar a los cárteles como terroristas.

La Casa Blanca rehúye a esa idea por juzgarla inútil, debido a que no agregaría nuevas facultades para combatir a los cárteles en México, pero sería muy negativo para la imagen del país y la relación diplomática. No obstante, la presión republicana provoca un enfrentamiento con su aliado con reclamos que no se escuchaban desde Trump. Su portavoz de Seguridad Nacional, John Kirby, calificó el asunto de Matamoros de “inaceptable” y exigió a México justicia, lo que puede traducirse en posiciones más duras porque —como dijo el embajador Ken Salazar— es imperativo actuar contra los cárteles en sitios que parecen de su control, como Tamaulipas.

Las críticas internas obligan a Biden a cambiar las reglas del juego con el fentanilo para repeler la idea de inacción y falta de eficacia para frenar el tráfico de una droga que ha matado a más de 100 mil estadunidenses. Pero lo más preocupante para México es la falta de una narrativa coherente para responder a la acusación sobre la penetración de los narcos en la política y las instituciones para la expansión de los cárteles.

El presidente López Obrador y su amistad con Biden está en problemas por el dilema de poder mantener su discurso político de diferenciación con el pasado y la estrategia de seguridad sin una explicación clara que contrarreste el asedio de presiones de EU. Su condena al intervencionismo o la hipocresía en el tema de drogas de EU como “farol de la calle y oscuridad de su casa” es de alcance limitado ante señalamientos de que no actúa contra el narco porque los protege, como reclama el senador republicano Dan Crenshaw: “¿A quién representa usted, a los cárteles o al pueblo?”, dijo.

A pesar de rechazar la propuesta del Congreso de que su ejército actúe contra el fentanilo en México, la percepción de que no enfrenta a los cárteles reduce el margen de maniobra de Biden y suministra municiones a los republicanos para una mayor intervención, aunque sólo sea endurecer los controles bajo la designación de terroristas. Por lo pronto, Matamoros ya le habrá hecho saber que su política migratoria y el friendshoring, y su amistad con Biden son insuficientes para mantener alejado al vecino de los asuntos internos.

Los “dos amigous”, Biden y López Obrador, tienen la amistad emproblemada porque en Estados Unidos crece un discurso de impaciencia hacia México por acusar la falta de combate a los cárteles de la droga. El mensaje de Biden y de congresistas republicanos por el secuestro de cuatro estadunidenses en Matamoros refleja esa ansiedad, que se extiende en el espectro de la derecha estadunidense con narrativas redituables electoralmente hacia la próxima campaña presidencial: “Es hora de usar la fuerza militar”, dicen.

La tolerancia de Biden con la estrategia de seguridad de López Obrador comienza a agotarse por la fragilidad de la frontera al trasiego de fentanilo. Si bien ha reclamado “acciones contundentes” contra ésta, como en la “cumbre” de líderes de América del Norte, su margen de acción se reduce para convencer en su país de que la colaboración antinarcóticos es eficaz. En esa coyuntura, el discurso republicano se enfoca en mostrar su inacción para proteger a los estadunidenses de un problema que se convierte en amenaza a su seguridad nacional.

El caso de Matamoros, con una campaña en medios estadunidenses, evidencia los dilemas de la seguridad y la migración con el friendshoring de un “increíble socio” como México. Biden evita la confrontación con López Obrador por resolverle el problema explosivo de la contención de la migración en la frontera. Y debido a la importancia estratégica del vecino para la relocalización de empresas de China en su plan de debilitar la dependencia de las cadenas de suministro de Asia.

Las críticas internas obligan a Biden a cambiar las reglas del juego con el fentanilo para repeler la idea de inacción y falta de eficacia para frenar el tráfico de una droga que ha matado a más de 100 mil estadunidenses. Pero lo más preocupante para México es la falta de una narrativa coherente para responder a la acusación sobre la penetración de los narcos en la política y las instituciones para la expansión de los cárteles.

El presidente López Obrador y su amistad con Biden está en problemas por el dilema de poder mantener su discurso político de diferenciación con el pasado y la estrategia de seguridad sin una explicación clara que contrarreste el asedio de presiones de EU. Su condena al intervencionismo o la hipocresía en el tema de drogas de EU como “farol de la calle y oscuridad de su casa” es de alcance limitado ante señalamientos de que no actúa contra el narco porque los protege, como reclama el senador republicano Dan Crenshaw: “¿A quién representa usted, a los cárteles o al pueblo?”, dijo.

Política irremediable // Seguirán los secuestros y los asesinatos y…

La espeluznante experiencia que vivieron los cuatro turistas estadunidenses que se adentraron en la comarca tamaulipeca sacudió a nuestros vecinos del norte. El asunto es que eso, lo de que te secuestren y te maten, es parte de la realidad que vivimos todos los días millones de mexicanos: en la mejor de las situaciones no pasa de ser una perspectiva amenazante (omnipresente y perturbadora, de todas maneras) pero en el caso de aquellos que son en efecto secuestrados y matados —decenas y decenas de seres humanos hasta conformar los monstruosos números que vomitan las estadísticas de los desaparecidos en este país— el acaecimiento del horror es parte de una normalidad que pareciera no agitar ya las conciencias de los mexicanos.

Nos hemos acostumbrado malamente a una situación descomunalmente anómala y lo que debiera despertar nuestra más combativa indignación y llevarnos a exigir que esta plaga de consonancias bíblicas se acabe de una maldita vez apenas logra sobresalir en el ominoso paisaje de la violencia.

A ver: este último suceso en Tamaulipas es ciertamente una vergüenza nacional pero, caramba, ¿qué me dicen ustedes de la masacre acontecida en San Fernando, en esa misma entidad federativa? En 2010, fueron asesinados 72 —no dos sino, lo repito, 72— emigrantes que se dirigían a los Estados Unidos: 58 hombres y 14 mujeres. Provenían de Centroamérica, y de Ecuador y Brasil, y los habían secuestrado los sicarios del cártel de Los Zetas para exigirles dinero por su rescate o para incorporarlos a sus filas

Los mataron por la espalda y apilaron simplemente sus cadáveres a la intemperie. ¿Cambió algo aquí después de tan abominable atrocidad? ¿Hubo un radical viraje en las políticas públicas de combate a la delincuencia? ¿La presión internacional alcanzó tales niveles que las autoridades mexicanas se sintieron obligadas a responder con hechos y acciones concretas?

No, señoras y señores, no ocurrió otra cosa que el empeoramiento de la situación: podemos afirmar, en vista de lo que está aconteciendo en regiones enteras del territorio patrio, que México es ya un Estado fallido: los grupos criminales recaudan rentas, desafían abiertamente a las autoridades, asesinan a los ciudadanos…

Así estamos. ¿Así seguiremos? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? (Román Revueltas Retes, Milenio Diario, Al frente, p. 2)

Sin ataduras // ¡Yankees go home!

A plena luz del día, ante la mirada de impertérritos automovilistas, los delincuentes suben tranquilamente a la camioneta los cuerpos (heridos o sin vida) de cuatro estadunidenses afroamericanos, como si fueran costales de papas.

El video de la perturbadora escena en la transitada calle de Matamoros, captada por un vecino desde su ventana, se difundió masivamente en las cadenas de televisión como Fox News y CNN, se publicó online en diarios como The New York Times y The Washington Post, y fue ampliamente compartido en las redes sociales como Twitter.

El masivo impacto mundial de la brutal imagen mostró que en la frontera norte de México el crimen organizado delinque sin cortapisas de la autoridad y que los mexicanos somos impotentes ante la violencia, lo que ya tuvo consecuencias en las relaciones con Estados Unidos. Con el Tío Sam hemos topado.

Las reacciones en el Capitolio no se hicieron esperar. Republicanos radicales y demócratas nacionalistas, compitiendo en busca de votos para el 2024, ya se unieron para tratar de impulsar o aplicar leyes destinadas a castigar al crimen organizado con el uso de la fuerza militar en territorio mexicano por considerar que son terroristas, pues, dicen, el gobierno mexicano no hace nada.

En Matamoros, los testigos callaron y siguieron su camino, lejos de la escena del crimen, como si nada hubiera pasado. Ya nos acostumbramos a vivir en el miedo y a tener miedo.

El secuestro ocurrió el viernes y solo hasta el lunes se supo del atentado. Tuvieron que pasar tres días para que las autoridades federales, estatales y municipales se movilizaran debido a las presiones de Estados Unidos.

Hace una semana, aquí en Sin Ataduras, un día antes del secuestro, escribimos: “El gobierno de México podría influir en la próxima contienda electoral de los Estados Unidos por los temas de migración, fentanilo y seguridad fronteriza que no se pueden administrar sin la cooperación mexicana”.

La influencia mexicana en los comicios de Estados Unidos quedó evidenciada en Matamoros, pero por las malas razones, ante la incapacidad del Estado mexicano de garantizar la seguridad de nacionales y extranjeros.

El problema de fondo es que ningún gobierno ha podido resolver la violencia ni con balazos ni con abrazos.

Para solucionar la violencia, convendría aplicar el popular y sabio refrán: “quien la hace, la paga”, o dicho en otras palabras, no muy gratas para algunos… La ley es la ley.

Para resolver el complejo problema de la inseguridad, el actual gobierno debe asumir su propia responsabilidad y dejar de culpar a los anteriores sexenios de los crímenes de hoy, gastado factor de distracción ciudadana y de evasión de la realidad.

Desde que Trump presionó para frenar a los migrantes, han sido desplegados 30 mil soldados en las fronteras norte y sur, pero por lo ocurrido en Matamoros, la seguridad fronteriza no ha mejorado.

La soberanía se defiende dentro del territorio nacional al imponer el legítimo uso de la fuerza, observando siempre el Estado de derecho, contra cualquier grupo criminal.

Nuestra soberanía se podrá preservar de intromisiones extranjeras, sobre todo cuando la amenaza proviene del poderoso vecino del norte, proclive al uso de la fuerza y omiso del derecho internacional, si respetamos invariablemente el derecho interno. Entonces, podremos gritar con autoridad moral:

¡Yankees go home! (Agustín Gutiérrez Canet, Milenio Diario, Política, p. 16)

Desde afuera // Piedras para el camino

El gobierno del presidente Joe Biden probablemente está más irritado de lo que parece, pero no se ve interesado en llevar al nivel de crisis el asesinato de dos de los cuatro estadounidenses secuestrados el fin de semana en Matamoros.

Sin embargo, el tema que tiene un impacto político en EU, es una piedra más en la construcción de una situación crítica entre los dos países y el fortalecimiento de la retórica de la derecha estadounidense sobre México.

De momento, no se espera que las cosas vayan más allá del severo tono con que Karine Jean-Pierre, portavoz de la Casa Blanca, demandó justicia y alabó el desempeño de las autoridades policiales de EU, pero no el de las mexicanas.

El tema, sin embargo, “encaja perfectamente con la narrativa que los republicanos están desarrollando sobre México una vez más, que es un lugar peligroso que es el hogar de un Estado fallido que no puede controlar a los narcoterroristas, y sobre la administración de Biden, que no está haciendo nada para lidiar con una amenaza a la seguridad nacional en nuestra frontera sur”, me dijo Pamela Starr, catedrática especialista en las relaciones bilaterales en la Universidad del Sur de California.

En alguna medida, la situación creada por el secuestro y muerte de los estadounidenses es “alivianada” políticamente porque tanto Tamaulipas, en general, como Matamoros, en particular, están señaladas por recomendaciones de no visitar.

Que como buena parte de las poblaciones fronterizas mexicanas sean también “paraísos” para el turismo médico sólo dramatiza más la situación, el número de visitantes y las posibilidades de violencia.

Lo que sí, funcionan en beneficio de la derecha republicana, que acusa al gobierno de Biden de ser débil y no ser suficientemente enérgico con México; la misma que cree que su país debe enviar tropas a combatir a cárteles de la droga que en su versión están “en la cama con el Partido Comunista Chino” para el suministro del fentanilo responsable de la muerte de decenas de miles de adictos en Estados Unidos; que México está bajo control parcial de esos mismos grupos delincuenciales y que, por tanto, son un peligro para la seguridad nacional.

“No creo que la administración de Biden sucumba a esta presión”, dijo Starr, “pero si aumenta la presión, es posible que se vea obligado a actuar a finales de este año o en 2024, a medida que se acercan las elecciones”.

Por lo pronto, al nivel del Congreso estadounidense “veremos un recrudecimiento del argumento de que el crimen organizado mexicano representa un peligro claro y presente”, comentó Duncan Wood, del Wilson Center, al augurar que el proyecto del diputado texano Dan Crenshaw para designar a los carteles como terroristas y autorizar el uso de militares estadounidenses para combatirlos, puede encontrar eco en el senador republicano Lindsay Graham. La situación es difícil para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en su camino al infierno de las buenas intenciones. (José Carreño, El Heraldo de México, Orbe, p. 28)

Pensándolo bien // Vecinos distantes y ensangrentados

Algo drástico cambió para que los republicanos de derecha quieran enviar tropas a México a combatir a los cárteles. Dejó de funcionar el tradicional esquema según el cual ellos ponían los consumidores del tráfico de drogas y nosotros los muertos que dejaba la lucha para combatir la producción y el trasiego. Las cifras se invirtieron: se dice que en Estados Unidos alrededor de 100 mil personas al año pierden la vida por el abuso en el consumo de estupefacientes, particularmente de fentanilo, mientras que poco más de 30 mil fallecen en México como resultado de la violencia criminal.

Para desgracia nuestra, la muerte de 100 mil personas es un botín electoral de muchos legisladores que, desde el Capitolio, pueden pulsar las emociones xenófobas con cargo a los vilipendiados “latinos”. Y desde luego no ayuda en nada el fallo en contra de Genaro García Luna en Nueva York, el llamado zar antidrogas encontrado culpable de trabajar para un cártel, porque ellos no hacen distingo entre gobiernos calderonistas o de la 4T; es un dato que remite a la incapacidad del Estado mexicano para atender el problema.

Y resulta lluvia sobre mojado la noticia de los últimos días sobre los cuatro estadunidenses que fueron confundidos en Matamoros y acribillados por sicarios, con saldo de dos muertos. Lo cierto es que, con otros incidentes o sin ellos, podemos asumir que este tema, como el de la migración, se convertirá en la piñata a golpear por todo político de centro o de derecha que quiera subir peldaños entre las poderosas corrientes conservadoras.

O no tan conservadoras. Las pretensiones reeleccionistas de Joe Biden lo han hecho abandonar políticas progresistas en relación a los temas latinos y muy probablemente endurecerá aún más en sus posiciones al aproximarse las campañas electorales. Si bien es improbable, si no es que imposible, que un gobierno demócrata considere el uso de tropas directamente y de manera unilateral en suelo mexicano, en Washington no descartan que frente a la pérdida de popularidad la administración Biden acceda a considerar a los cárteles como organizaciones terroristas: es una clasificación administrativa dentro de las atribuciones del Departamento de Estado.

¿Qué significaría? Permitiría a las autoridades y a las agencias de seguridad intervenir con mayores atribuciones que las usuales: confiscar cuentas bancarias y propiedades, intervenir en comunicaciones sin necesidad de estrictas autorizaciones legales y considerar sentencias mucho más severas para varios delitos.

Si bien puede entenderse, desde la perspectiva de ellos, el valor de una herramienta jurídica y política como esta para el combate a las drogas, también es cierto que podría convertirse en un flagelo adicional de discriminación en contra de los latinos, ya de por sí afectados por las políticas antiinmigratorias. Las atribuciones que esta cobertura legal ofrecería a las autoridades para afectar intereses de miembros de la comunidad, a partir de meras presunciones, podrían ser una tragedia para muchos paisanos.

Y, por lo demás, el combate a las drogas en Estados Unidos nunca ha dependido de leyes sino de voluntad política o, más bien, la falta de ella. Nunca se ha empleado a fondo en contra de las cadenas de transporte, distribución y venta al menudeo que tiene lugar en su territorio. Recordemos que la distancia entre los laboratorios clandestinos en México y la frontera es menor que la que separa a Ciudad Juárez o Matamoros de Nueva York, Detroit o Baltimore. El grueso del negocio transcurre de su lado, en sus carreteras, en almacenes, en laboratorios en donde es alterada y mezclada, en la distribución de menudeo, en el flujo de dinero que implica todo este proceso.

Atribuir toda la culpa al “fabricante” sin asumir la responsabilidad por la manera en que es transformada, distribuida, financiada y consumida por su población es absurdo. Si fuese así, tendrían que aceptar el argumento de que ellos son los responsables de los cientos de miles de muertos que ha dejado la violencia en nuestro país, porque la mayor parte han sido asesinados con armas producidas en Estados Unidos. Nadie en su sano juicio pensaría que México tiene derecho a atacar plantas de armamento en parques industriales de Michigan o Texas, o establecer sanciones e incautaciones en contra de accionistas de esas empresas.

El presidente mexicano ha respondido con argumentos de esta naturaleza y en su reacción hay un rechazo tajante a todo tipo de intervencionismo. Explicable como es el sentimiento nacionalista en México en lo que respecta a Estados Unidos, producto de una historia tan desigual con el poderoso vecino, también es cierto que la integración comercial e industrial, los flujos migratorios y las transferencias de dinero, el turismo, y la frontera prácticamente convertida en un tercer país por las relaciones simbióticas entre muchas de nuestras ciudades, obliga a un replanteamiento de fondo respecto a esta vecindad.

Todo indica que la casa de seguridad en la que se encontraban los cuatro estadunidenses secuestrados en Matamoros fue localizada por el FBI y el dato fue transmitido a las autoridades mexicanas. Hay temas de inteligencia, recursos y tecnología aprovechables, sin duda.

Pero eso no puede abrirse unilateralmente sin poner sobre la mesa una agenda integral que incluya armas, el flujo de dólares, redes de distribución y el fenómeno del consumo en Estados Unidos. Como la vida fronteriza, son temas simbióticos que no pueden ser tratados, mucho menos extirpados, sin una visión de conjunto de las dos partes implicadas.

La figura política de Estados nacionales surgida a partir del siglo XVI está siendo desbordada por nuevas realidades. Sigue vigente en muchos sentidos, pero para efectos de los procesos de integración se requiere de formas novedosas capaces de abordar perspectivas de conjunto. Los paneles de controversia a propósito del T-MEC son tibios avances en esa dirección.

Desafortunadamente, la política de todos los días provoca que los responsables de los destinos de la cosa pública encuentren más rentable para sus propósitos la estrategia de insuflar los orgullos, los sentimientos y los miedos envueltos en banderas anacrónicas. Y lo estamos viendo en el debate patriotero por ambos lados.

Hace 40 años, el periodista Alan Riding, corresponsal del New York Times en México en algún tiempo, publicó el influyente libro Vecinos distantes, para dar cuenta, entre otras cosas, de esa mutua incomprensión. Desde entonces no solo se ha acentuado, ahora tiene un baño de sangre que la hace cada vez más insoportable. (Jorge Zepeda Patterson, Milenio Diario, Política, p. 14)

Estrictamente Personal / Razones y sinrazones

Es acertada la observación del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando, en respuesta a los gritos republicanos injerencistas en Estados Unidos, afirma que México no está metiéndose en esa nación para ver qué bandas distribuyen el fentanilo en su territorio, por lo que no permitirá ninguna injerencia en los asuntos internos mexicanos.

Tiene razón el presidente Joe Biden cuando, a través de su vocera en la Casa Blanca, dice que los ataques a ciudadanos estadounidenses son inaceptables bajo cualquier circunstancia, por lo que empujarán para que los responsables del crimen en Matamoros sean llevados a la justicia.

Tiene razón López Obrador cuando se indigna ante los llamados de los sectores republicanos más reaccionarios, que quieren legislar para que el Congreso de Estados Unidos apruebe leyes extraterritoriales que le permitan al Pentágono enviar tropas a México para combatir a los cárteles. Tienen razón los demócratas y republicanos progresistas y moderados, cuando se quejan de que México no está haciendo nada para combatir el narcotráfico y que la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos es deficiente e insuficiente.

Las dos visiones al norte y al sur del río Bravo chocan de manera natural porque no están atacando ni reconociendo la fuente de la discordia que desató el crimen en Matamoros. México no enfrenta a los cárteles, salvo en defensa propia, bajo la lógica de que no debe combatirse porque la violencia genera más violencia. Estados Unidos no atiende el reclamo mexicano de que la calidad de la violencia en su territorio obedece a las armas de alto poder que se venden fácilmente en ese país, pero exige acabar con los laboratorios que producen el fentanilo.

En la discusión acalorada surgen los radicales en ambas partes. Un símbolo del extremismo es el senador Lindsey Graham, de Carolina del Sur, que presentó una iniciativa de ley para denominar a los cárteles mexicanos “organizaciones terroristas trasnacionales”, lo que permitiría a Estados Unidos utilizar sus Fuerzas Armadas contra ellos en México, como respuesta al crimen contra cuatro de sus compatriotas que son, precisamente, de Carolina del Sur.

En el otro lado de la trinchera, los radicales de López Obrador, encabezados por su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, lo empujan a endurecer su posición ante Estados Unidos alegando la soberanía nacional, y piden que no extradite a Ovidio Guzmán López ni a Rafael Caro Quintero.

Las cancillerías de los dos países buscan contener las pasiones desatadas por el crimen en Matamoros, que galvanizó meses de frustraciones en Estados Unidos y explican la reacción en aquella nación contra la indiferencia de otros previos, como el de hace una semana, en Nuevo Laredo, de un joven estadounidense de raíces mexicanas que fue asesinado por el Ejército junto con cuatro mexicanos al salir de un antro.

De acuerdo con el Departamento de Estado, 75 estadounidenses fueron asesinados en México en 2021, una tasa de 0.26% crímenes por cada 100 mil visitantes de esa nación, un porcentaje significativamente menor a la tasa de homicidios promedio en Estados Unidos, pero que tampoco generaron indignación.

Las ansiedades y presiones sociales y políticas en Estados Unidos se han dado por la epidemia del fentanilo, cuya distribución se socializó en 1979 y comenzó a impactar en las estadísticas mortales en 2013. Tres años después tuvo un incremento notable en decesos, cuando se registraron más de 20 mil muertes por ese opiáceo sintético.

Esta droga no fue inventada por los cárteles mexicanos, sino por la empresa estadounidense Purdue Pharma, que se fue a la bancarrota tras enfrentar más de 3 mil demandas por haber sido la causante de esta epidemia que en dos décadas provocó un millón de muertes, y que tuvo que resolver con indemnizaciones por más de 4 mil millones de dólares en 2021.

Los cárteles mexicanos, con precursores químicos chinos, la produjeron en superlaboratorios en la costa del Pacífico y la convirtieron en la mejor droga de exportación, en costo y utilidad. Desde 2017, Washington puso el ojo en la producción de fentanilo en México, y en septiembre pasado, cuando Biden anunció un programa para combatir la crisis de los opiáceos, se volvió en tema recurrente de la agenda bilateral.

No ayudó la liberación de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, en 2019, por ser considerado el principal traficante de fentanilo a Estados Unidos. Las presiones de la Casa Blanca para que lo detuvieran no pudieron ser contenidas, y López Obrador aceptó que se realizara una operación para su captura este año, pese a las recomendaciones de su núcleo más duro de no ceder ante Estados Unidos. Lo hizo, en parte, porque no lo ha extraditado.

El fentanilo es el punto de quiebre con la paciencia de Washington hacia López Obrador, que debe entender que los tiempos de tolerancia en materia de seguridad cambiaron, y en lugar de resolver de manera contenciosa las presiones, utilizarlas para beneficio de México y de su proyecto.

Puede sacar provecho si logra congelar las disputas comerciales y forzar al Congreso, con el apoyo de la Casa Blanca, a pasar una ley que vuelva a prohibir los fusiles de asalto y a endurecer los controles para la venta de armas. Pero tiene que ceder, desmantelando el Cártel del Golfo y extraditando a Guzmán López y a Rafael Caro Quintero.

Hay un antecedente de que las cosas pueden cambiar con Estados Unidos: cuando asesinaron en 1985 al agente de la DEA Enrique Camarena, el gobierno de Miguel de la Madrid se vio forzado a ir tras los autores intelectuales; Caro Quintero y Ernesto Fonseca fueron detenidos ese mismo año, y empezó el desmantelamiento del Cártel de Guadalajara, que concluyó el presidente Carlos Salinas, en 1989, con la captura de su jefe, Miguel Ángel Félix Gallardo.

Esas acciones desnarcotizaron la agenda bilateral y la llevaron al ámbito económico. Lo mismo requiere hacer López Obrador para salir de la crisis en la que se encuentra metido, cambiar el foco de la relación y evitar que se convierta en la piñata electoral de Estados Unidos el próximo año. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 36)

Parteaguas / Esa loca idea de que EU entre a México

La muerte de estadounidenses en Matamoros es una tragedia que duele a todo aquél que no esté desequilibrado. Provoca vergüenza mostrar en lo que nos hemos convertido en algunas esquinas nacionales. En este país matan a diario. Casi siempre. Eso es una muestra de que, hasta ahora, ningún presidente ha sido capaz de poner orden.

Si del otro lado de la frontera asesinan igual, resulta doloroso, pero la solución nos es muy ajena y ya tenemos muchas ocupaciones locales con nuestras propias miserias.

Ahora, todo lo anterior, no detiene la marcha de la economía. La indolencia de inversionistas ante la pena nacional o continental, muestra que al final para nosotros, los que conformamos el mercado mundial que compra de todo, lo importante es que cuando vayamos a la tienda, esté lleno el anaquel.

El crimen no cambió la tendencia. Ayer subió la Bolsa, el dólar sigue abajo de los 18 y el “nearshoring” huele a más súper peso con tanto extranjero que llega al país a pagar en moneda nacional a las cosas que necesita para llenar una fábrica.

En este espacio abordé lo de parques industriales llenos en Juárez, Chihuahua; la llegada de industriales chinos a Salinas Victoria, Nuevo León, y el estallido global que provocó el anuncio de Tesla en Santa Catarina. Vaya, hasta Yucatán ya aparece tercero como destino de relocalización de fábricas que estaban en Asia, apenas detrás de los regios y de Coahuila. Vayan a Google y busquen el caso de Woodgenix en Kanasín, solo como un ejemplo.

Por eso resulta absurdo pensar en lo que ayer un senador mexicano, nacional, declaraba a una reportera de radio, diciendo que comprendería y apoyaría la entrada de las fuerzas estadounidenses a México ante el descontrol de la seguridad del país. Eso –aunque trató de matizar el sujeto que cobra como egislador–sería una ocupación, poco menos que una invasión. No es menester registrar aquí el nombre del personaje. Hay cosas más importantes.

Más allá de opiniones nacionalistas, ninguno de los intérpretes de esas peroratas presenta un plan para evitar que con la hipotética llegada de un tercero en discordia, este país en folclórico desmadre caiga en la anarquía. Y en la anarquía, la nada. Estados Unidos tendría un Afganistán en donde quería tener fábricas.

El riesgo de tener estados mexicanos cayendo en calidad de pasillo para la inmigración de todos. De todos. Asiáticos, africanos, ucranianos, venezolanos, salvadoreños, llenando las calles de San Diego o de McAllen y de ahí… hasta Canadá.

Lean esto esos que, también viviendo de este lado, aspiran a ceder el control: “México recuperó terreno en el comercio con Estados Unidos en enero de 2023 y logró posicionarse como su primer socio comercial, desplazando a China, quien había ocupado ese puesto durante dos años consecutivos en este mes, de acuerdo con las cifras de la Oficina de Estadísticas de EU”, reza la nota de ayer de Jassiel Valderamar, en El Financiero.

“Las estadísticas del Buró de Censos revelaron que el comercio total entre Estados Unidos y México registró una cifra histórica en el primer mes de 2023, por un monto de 63 mil 936 millones de dólares y superando en 12.3 por ciento las cifras de enero de 2022. Canadá siguió en el segundo puesto con 61 mil 847 millones de dólares y China con 51 mil 346 millones de dólares en el tercer puesto. México no ocupaba el primer puesto del comercio con Estados Unidos en un mes de enero desde 2020″.

¿Qué incentivo real tienen los vecinos para echarse encima la carga de gobernar un país con una geografía tan complicada como éste? ¿Qué les diría el presidente Joe Biden a los banqueros e inversionistas que tienen dinero y créditos puestos en el país? ¿O cómo saca a todos los inmigrantes estadounidenses que siguen llegando a México para evitar los altos costos de vida en California? ¿Qué explicación ofrecería a 30 millones de habitantes con raíces mexicanas, que votan cada dos años?

Seguramente, los principales grupos financieros mundiales, que son quienes más compran pesos en estos días, están esperando que su inversión en esta moneda se desplome. ¿Una intervención? Por favor… (Jonathan Ruiz Torre, El Financiero, Empresas, p. 20)

Matamoros

Hace tiempo que no veía tanta atención de los medios de Estados Unidos sobre México. Bloques enteros de los noticiarios, dedicados a la cobertura de los cuatro ciudadanos de Carolina del Norte que fueron secuestrados en Matamoros, y dos de ellos asesinados.

La versión oficial es verosímil. Puesto que eran afroamericanos, fueron confundidos por elementos del Cártel del Golfo con haitianos, que resultan competencia en el tráfico y venta de droga en esa plaza. Pronto se dieron cuenta de su error, pero ya habían matado a dos. Los cuatro fueron encontrados en una supuesta casa de seguridad, cuyo cuidador es el único detenido.

El daño a la imagen de México es mayúsculo. Hay escenas del levantón, y los conductores estadounidenses señalan la absoluta calma y tranquilidad con la que operan los sicarios. El secuestro fue a plena luz del día, en una avenida transitada. Detuvieron el auto de las víctimas después de dispararles, y sin ningún rastro de prisa o preocupación por que fueran a llegar autoridades a detenerlos, subieron a los cuatro a una pick up, y se fueron del lugar.

En una entrevista en MSNBC, el general Barry McAffrey, exzar antidrogas de la administración del presidente Obama, dijo que, en lo personal, no viajaría a México. Dijo que es tan inseguro como partes de Afganistán e Irak. Diez millones de estadounidenses vienen a México cada año, provocando una derrama económica vital para nuestro país, y estas cosas los ahuyentan.

Mucho se ha comentado sobre la iniciativa que presentó el congresista por Texas Dan Crenshaw, quien propone designar a los cárteles como organizaciones terroristas. Según la legislación estadounidense, esto autorizaría a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a perseguir y detener a los traficantes en cualquier parte del mundo, sin permiso del país anfitrión.

El propio general McAffrey consideró esta medida como una locura, pero propuso otras. Dijo que Estados Unidos tiene la capacidad de exigir una cooperación más estrecha de México para detener el flujo de fentanilo a Estados Unidos, pero también el tráfico de armas que viene de allá para acá. Si no encuentran una respuesta positiva inmediata, podrían considerar cerrar la frontera.

De manera unánime, la prensa en Estados Unidos condena el famoso “abrazos, no balazos” como una absoluta tontería. Señalan que gran parte de las zonas rurales en México son controladas por el crimen. El legislador Crenshaw, en sus tuits, le propone al presidente López Obrador que sea su socio y no su enemigo, para beneficiar a los intereses no sólo de Estados Unidos, sino también de México, cuyos ciudadanos viven bajo amenazas constantes.

El presidente López Obrador, ahora sí, tendrá que comprometerse con algo más que palabras. Por ahora, Estados Unidos no confía en las autoridades mexicanas, y por ello es muy difícil compartir inteligencia. Lo que no se dice es que Estados Unidos necesita pruebas de que el gobierno mexicano no está en contubernio con el crimen, y eso será difícil. El general McAffrey se quejó de la manera como se manejó la detención y después liberación del general Cienfuegos, porque piensa que entraron ahí consideraciones políticas.

Lo cierto es que este incidente vuelve a poner a México como elemento central en las próximas campañas presidenciales. Los republicanos continuarán clamando por una intervención militar, y los demócratas tratarán de contrarrestar el argumento, y de nuevo, seremos piñata electoral.

No olvidemos que está próxima la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Y el activismo del embajador Ken Salazar se ha agudizado desde la tragedia de Matamoros.

Habrá también que seguir de cerca el impacto que sufrirá la industria turística como resultado de la mala publicidad. A saber. (Jorge Berry, El Financiero, Mundo, p. 29)

Necesario, diálogo interparlamentario México-EU

El 24 de febrero pasado, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, Robert Menéndez, y su homólogo de la Cámara de Representantes, Michael McCaul, emitieron un comunicado en el que expresaban su preocupación por la aprobación de un conjunto de reformas legales al sistema y a las instituciones electorales de México.

Al respecto, mediante una carta dirigida a ambos legisladores, les expresé que su opinión, aunque respetable, constituía una injerencia externa en los asuntos internos de una nación soberana e independiente como la nuestra.

La democracia mexicana se funda en un sistema electoral vigoroso, con instituciones autónomas e independientes. Además, existe coincidencia entre especialistas y políticos de todas las tendencias ideológicas para simplificarlo y reducir sus elevados costos, sin dañar sus bases, es decir, sin perjudicar su independencia y autonomía, pero tampoco sus capacidades técnicas y su profesionalismo.

La discusión y aprobación de la reciente reforma electoral en México se llevaron a cabo con base en las facultades constitucionales otorgadas al Poder Legislativo, en el marco de un debate informado, analítico, libre y con la participación de todas las fuerzas políticas del Congreso, electas democráticamente.

Todo lo anterior, sin soslayar, desde mi responsabilidad como presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la mayoría en el Senado de la República, los canales de diálogo están abiertos a nuestras contrapartes estadounidenses. Y es que las relaciones bilaterales tienen un alto grado de complejidad, porque conllevan componentes históricos, políticos, económicos y culturales, pero también cuentan con un elevado ánimo de amistad, cordialidad y cooperación.

La excelente relación que tienen el presidente López Obrador y el presidente Biden, ambos en su calidad de jefes de Estado, aunada a los lazos de todo tipo entre los dos pueblos, nos animan a continuar por el camino de la comunicación, la tolerancia y el entendimiento, con respeto a nuestras soberanías.

Ello requiere de una interacción institucional como la sostenida entre ambos jefes de Estado. En el caso de nuestros poderes legislativos, existe la diplomacia parlamentaria, cuyo vector son las reuniones interparlamentarias entre ambos Congresos.

Esas reuniones comenzaron en febrero de 1961, y han permitido dar seguimiento a diferentes temas, como las amenazas regionales, el intercambio comercial, migración, seguridad fronteriza, tráfico de drogas, y medio ambiente, entre otros.

En el caso del Senado mexicano y el estadounidense, las interparlamentarias no se han llevado a cabo desde octubre de 2013. Convocar por separado las reuniones entre cámaras senatoriales homólogas se acordó en 2011 por las dos partes.

En total, se han realizado 54 reuniones interparlamentarias entre nuestros países, la más reciente de las cuales tuvo lugar en octubre de 2019, pero únicamente con la participación de las y los diputados.

Es oportuno y necesario reactivar estos intercambios con la mayor rapidez y periodicidad posibles. Los parlamentos son los lugares en donde se debe expresar, en toda su amplitud y diversidad, la democracia. A nivel nacional, son reflejo y voz de la ciudanía y la nación.

En el plano internacional, los encuentros entre representantes del pueblo y de la nación de otros países enriquecen el contenido y la perspectiva de la democracia, de la visión para proponer soluciones a los desafíos bilaterales y multilaterales, además de que reavivan y fortalecen la representación política regional, y permiten la comprensión mutua de realidades.

Los canales institucionales de comunicación y trabajo interparlamentarios requieren recuperarse, ampliarse y fortalecerse. El vigor de la democracia parlamentaria e interparlamentaria es un trabajo permanente, no de vacíos de tiempo ni de importancia secundaria. (Ricardo Monreal, El Sol de México, Análisis, p. 12)

¿Y si nos invaden?

Antes de embarcarte en un viaje de venganza, cava dos tumbas.

Confucio

La iniciativa presentada desde enero por el representante Dan Crenshaw, ante el Comité de Asuntos Exteriores, permitiría al gobierno estadounidense poner en acción a las fuerzas armadas norteamericanas en contra de “los responsables del tráfico de fentanilo o de una sustancia relacionada con el fentanilo hacia Estados Unidos o de llevar a cabo otras actividades relacionadas que causen la desestabilización regional en el hemisferio occidental”. Así de genérica y provocadora está la propuesta de este republicano, junto con su colega Mike Waltz, la cuál falta ser sometida a debate en el Comité.

La iniciativa, ahora llamada “Resolución 18”, dice, además, que permitirá que la fuerza militar de EU actúe, “contra aquellas naciones extranjeras, organizaciones extranjeras o personas extranjeras afiliadas a organizaciones que hayan violado la ley e intenten o conspiren traficar fentanilo o una sustancia relacionada”.

La propuesta de Waltz señala específicamente los grupos destinatarios en la ofensiva. Son nueve agrupaciones: el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva General Generación, el Cártel del Golfo, Los Zetas, el Cártel del Noreste, el Cártel de Juárez, el Cártel de Tijuana, Los Beltrán Leyva y la Familia Michoacana o Cártel de los Templarios.

Llama la atención la posición que adoptó el Fiscal general Merrick Garland quién dijo que “no se opondría” a designar terroristas a los cárteles. Claro, la ruta para que prospere la iniciativa es compleja, puesto que implica la aprobación de la Cámara baja, avalada por el Senado y aprobada y firmada por el presidente de EU, quien tiene la última palabra. Evidentemente, los reflejos preelectorales en el país vecino y en México están presentes. La disputa por el electorado es el estímulo.

Ante el fracaso de su política antidrogas los estadounidenses han encontrado en la ineptitud/complicidad del gobierno mexicano y el contexto de violencia y expansión de los cárteles (ahora amplificado por el secuestro en Matamoros), el mejor pretexto para radicalizar posturas intervencionistas y reaccionarias.

AMLO ha respondido envuelto en la bandera nacional, tratando de exorcizar su enorme incapacidad para detener la espiral delictiva y la descomposición social. Con ese cuadro el panorama resulta propicio para que ambos grupos gobernantes busquen aprovecharse de la situación. En efecto, la competencia es exhibir quién resulta más “patriota” frente a sus electores

Por eso, una remota invasión estadounidense debemos ubicarla en el tablero del ajedrez geopolítico. Ahí es donde se medirán las fuerzas en la próxima coyuntura. Es obvio que los cárteles son parte de los circuitos de la dominación, más allá de las fronteras. Que nadie se confunda. (Pedro Peñaloza, El Sol de México, Análisis, p. 14)

El drama de Matamoros

El viernes 3 de marzo, a las 9 de la mañana con 18 minutos, cuatro estadunidenses cruzaron la frontera por Matamoros. A las 11:45, un grupo de criminales con armas de alto poder disparó contra ellos en una zona céntrica, hirió a tres y se llevó a los cuatro en una camioneta GMC de color blanco. En la balacera murió una mujer de 33 años que esperaba el camión que la llevaría a su casa. Su cadáver fue recogido por empleados de una funeraria y no se sabe más.

De acuerdo con las versiones publicadas, tres días después, ante las exigencias estadunidenses y cuando éstas ya ofrecían una recompensa de 50 mil dólares, fuerzas federales y de Tamaulipas empezaron a buscar a los plagiados, a los que hallaron el martes 7. Para entonces, dos habían muerto, uno más se hallaba herido y sólo la mujer que viajaba con ellos estaba ilesa. En el lugar fue detenido un tipo de 24 años que vigilaba a los secuestrados.

El día 7, en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que “están trabajando los del FBI en coordinación con la Secretaría de Seguridad”, pues ya se sabe que para toda investigación seria los policías mexicanos necesitan de guajes para nadar, como se decía antes.

En la misma ocasión, como la Casa Blanca calificara el hecho de “inaceptable”, el mandatario mexicano dijo que “ellos (los estadunidenses) tienen derecho de manifestarse”, sin embargo, le reprochó a la prensa del país vecino que “cuando asesinan a mexicanos en Estados Unidos callan como momias”, como ocurrió recientemente, dijo, con el caso de “un granjero (que) asesinó a indígenas mixtecos y no salió nada en la prensa”.

En el curso de la mañanera, AMLO pidió a Rosa Icela Rodríguez dar respuesta a la pregunta que hizo un periodista presente. La funcionaria, teléfono en mano, dijo que estaba hablando con el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien le informaba en ese momento “que ya los encontraron” (a los cautivos), aproximadamente “hace una hora”, lo que “hace 35 minutos ya fue plenamente confirmado por la Fiscalía”. Esto es, que la funcionaria y su jefe fueron informados con injustificable retraso.

Luego se supo que los dos sobrevivientes, del lugar del secuestro fueron llevados al Puente Internacional Ignacio Zaragoza custodiados por un convoy de 20 vehículos de la Guardia Nacional y de la policía tamaulipeca. En la línea fueron entregados a las “autoridades estadunidenses, que procedieron a brindarles atención médica” (quizá porque en México no hay personal sanitario), en tanto que seis horas después los peritos trasladaron los dos cadáveres al Servicio Médico Forense.

De los hechos se desprenden varias preguntas: si la balacera fue en una zona céntrica, a unas cuadras de la línea fronteriza, ¿por qué no aparecieron policías municipales, estatales o guardias nacionales en el lugar de los hechos? ¿No se enteraron, no juzgaron prudente arriesgar sus vidas, recibieron la orden de no intervenir, padecen sordera o están comprados por las bandas criminales?

¿Por qué, si los dos sobrevivientes del secuestro son los únicos testigos de lo ocurrido, fueron entregados de inmediato a las autoridades del otro lado? ¿Acaso no se investigará el asunto para perseguir, detener y juzgar a los jefes de los criminales? ¿A la policía mexicana le basta con el pobre diablo que vigilaba a los secuestrados?

En una declaración que parece hecha para justificar a los asesinos, el fiscal tamaulipeco dijo que se “confundió” a las víctimas con narcos pertenecientes a otro grupo criminal, como si cada persona debiera llevar en la solapa un letrero para identificarse como simpatizante del Cártel del Golfo, la verdadera autoridad tamaulipeca.

Lo ocurrido muestra que las autoridades no pueden con el paquete y que la criminalidad crece en forma incontenible, pone en riesgo a toda persona y, por si algo faltara, ofrece pretextos para el intervencionismo, pues, en Washington, políticos de baja estofa tratarán de sacar raja de cualquier cosa.

Anteayer, martes, en Celaya, hombres armados tomaron un balneario, dispararon a mansalva sobre la gente, mataron a cinco personas e hirieron a ocho más. Es dudoso que se llegue a investigar el caso, pues se trata de víctimas mexicanas.

¿Seguimos con aquello de “abrazos, no balazos”? (Humberto Musacchio, Excélsior, Nacional, p. 13)

Matamoros, lo que faltaba

La administración de Joe Biden ha tratado de llevar la relación de México con pocos sobresaltos, la fuerte presión que se ha registrado por el problema migratorio la hace temer que se debiliten las acciones en el sur y se vuelva a complicar el flujo de migrantes.

En Estados Unidos crece la idea de que los grupos criminales gozan de protección de las autoridades mexicanas, lo que fue una ocurrencia en tiempos de Donald Trump, se va convirtiendo en parte de un paquete bipartidista de leyes que incluye declarar como grupos terroristas a los cárteles que operan en territorio mexicano.

El ataque sufrido por cuatro estadounidenses el pasado 3 de marzo pasó a ser la puntilla que necesitaban legisladores, funcionarios y agrupaciones para presionar a Joe Biden para que emprenda acciones de mayor fuerza contra el gobierno de México.

La Casa Blanca, funcionarios, la DEA, el FBI, congresistas, gobernadores, fiscales, activistas, medios de comunicación, comediantes y grupos de la sociedad civil; en los últimos días han hecho de México un tema para abordar asuntos de violencia, comercio, democracia, consumo de drogas y hasta supercherías presidenciales.

El influyente senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham, pidió al presidente que se porte duro con México, contundente afirmó que si México sigue dando refugio a los grupos criminales entonces es enemigo de Estados Unidos.

A las diferencias derivadas por los desacuerdos comerciales por el maíz trasgénico, el proteccionismo para favorecer a Pemex y a la CFE contra las empresas energéticas, la industria automotriz, el tráfico de migrantes, el trasiego de drogas, en particular con fentanilo y metanfetaminas; se añadió el incidente en el que fueron secuestradas cuatro personas, dos de ellas murieron, una sufrió heridas y la restante salió ilesa.

Por si faltasen asuntos, hay que añadir el malestar por la lenta extradición de personajes como Rafael Caro Quintero y Ovidio Guzmán López, quienes se encuentran en una lista de 232 solicitudes, según informó la directora de la DEA a los senadores.

Legisladores de los dos partidos han manifestado que no ven cooperación del gobierno de México, el demócrata Bob Menéndez fue más lejos al declarar que no le tienen confianza al presidente López Obrador; en los mismos términos se han manifestado los exaspirantes a la candidatura republicana, Ted Cruz y Marco Rubio, entre otros.

La administración de Joe Biden ha tratado de llevar la relación de México con pocos sobresaltos, la fuerte presión que desde el primer día se ha registrado por el problema migratorio la hace temer que se debiliten las acciones en el sur y se vuelva a complicar el flujo de migrantes.

A un par de meses de que venza la cláusula 42 creada a raíz de la pandemia por Donald Trump para regresar migrantes a México o a sus países de origen, la administración actual tiene en la cartera una iniciativa semejante que limitaría el ingreso de familias que llegan a la frontera, lo que es visto como una continuación de las políticas de Trump.

La agenda está sobrecargada y el ánimo se viene calentando, los medios de comunicación de mayor cobertura y credibilidad han tomado toda clase de asuntos, desde el trivial del aluxe de López Obrador que fue tema en un par de programas nocturnos de gran audiencia, hasta las fuertes críticas por el problema que ha desatado el consumo de fentanilo y recientemente porque analistas y medios consideran que con las iniciativas del presidente se está poniendo en riesgo la democracia en México.

Por si hiciera falta el gobierno de Canadá decidió sumarse a las consultas para que se cumpla el tratado de libre comercio en materia de maíz trasgénico, que claramente señala que la única causal para condicionar las exportaciones son los argumentos científicos, y de estos hay poca materia. (Juan María Naveja, El Economista, El foro, p. 47)

Astillero

4T y feminismo: contradicciones // Lucha de mujeres, desatendida // Opositores aprovechan viaje // EU baja tono en “invasión”

Astillas

YA SE IRÁN conociendo, en los hechos, los acuerdos a que llegaron ayer el reaparecido fiscal Alejandro Gertz Manero y la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Liz Sherwood-Randall, con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, como testigo garante… El encuentro se ha producido un día después del hallazgo de los cuatro ciudadanos estadunidenses secuestrados en Matamoros, Tamaulipas, dos de ellos asesinados. No está de más recordar que el fiscal general de Estados Unidos ha advertido que su país hará lo que sea necesario para que haya justicia en este caso…

Por otra parte, es notable la bajada de tono respecto a acciones militares directas de Estados Unidos contra cárteles mexicanos. La vocería de la Casa Blanca y otros declarantes de élite han dicho que no se ganaría gran cosa con declararlos como organizaciones terroristas extranjeras… (Julio Hernández López, La Jornada, Política, p. 8)

Cartones

carton 1

(Osvaldo, El Sol de México, Análisis, p. 12)

carton 2

(Calderón, Reforma, Opinión, p. 11)

Autor:: Instituto Nacional de Migración
Fecha de Publicación:: 8/03/2023