Ese dinero, los miles de millones, es producto de nuestro trabajo. Es nuestro y ellos lo gozan. (La Jornada, Contraportada)
LOS MISMOS que no pudieron hacer una reforma electoral viable, ahora quieren reformar a la UNAM. El diputado morenista Armando Contreras Castillo anda circulando su iniciativa para cambiar la forma de elegir al rector universitario.
LA PROPUESTA sorprendió a los propios integrantes de la bancada de Morena, quienes negaron que la tengan en agenda. Pero dado el apetito que tienen en Palacio Nacional por tomar el control de la UNAM, no sería extraño que la iniciativa tomara un inusual impulso. Básicamente lo que propone el diputado es quitarle a la Junta de Gobierno la designación de quien ocupe la Rectoría.
LA ELECCIÓN sería supuestamente por voto universal, dejando en las manos de los estudiantes de primer semestre -que son los más numerosos- la decisión sobre quién debería encabezar una institución que ni conocen.
EL PROBLEMA con las ocurrencias legislativas de Morena es que no hacen la más mínima chamba de investigación previa. Si realmente les interesara la situación de la UNAM, podrían empezar por analizar cómo en muchas universidades del mundo el voto es ponderado, de tal manera que los claustros de mayor grado académico tienen mayor peso en la elección. Pero, sobre todo, bastaría con que los morenistas se dieran una vuelta por las aulas universitarias, para darse cuenta que sus necesidades son mucho más realistas y urgentes que la grilla a la que pretenden someterlas.
IMAGINEN que están en 2011, en el sexenio de Felipe Calderón, y que un hermano del secretario del Trabajo, el atrabancado Javier Lozano, se hubiera inscrito en el proceso para ser consejero del INE y, además, hubiera quedado entre los mejor calificados. ¿Cómo creen que se habría puesto el Andrés Manuel López Obrador opositor?
BUENO, pues resulta que casuaaalmente la hermana de la secretaria Luisa María Alcalde es quien se está perfilando para convertirse en la sucesora de Lorenzo Córdova al frente del INE. Sin el menor rubor por su filiación partidista y de que fue funcionaria de la 4T, Bertha Alcalde Luján va que vuela para llegar al instituto electoral. ¿No se suponía que eran diferentes? Es pregunta.
CUENTAN que Jorge Emilio González Martínez, el dueño del Partido Verde, anda atravesando serios problemas de salud. Tan es así que está atendiéndose del grave padecimiento en Houston. Quienes lo conocen dicen que hace un par de semanas tuvo fiesta en Cancún para recibir buenas vibras de sus conocidos antes de partir para recibir su tratamiento. Al parecer el mal fue detectado a tiempo y el pronóstico es optimista para el ex Niño Verde.
EL QUE anda estrenando casa es Hugo López-Gatell, quien se fue a vivir a la zona más cara y lujosa de Coyoacán donde es vecino de banqueros y grandes empresarios. Como diría el subsecretario del cubrebocas: la austeridad sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. (Fray Bartolomé, Reforma, Opinión, p.10)
Morena le quiso dar un calambre a la UNAM
Nos cuentan que en la UNAM tomaron nota y subieron la guardia tras conocer la iniciativa del diputado morenista Armando Contreras para reformar la Ley Orgánica de la Universidad con el objetivo de que el próximo rector sea elegido por la comunidad universitaria y no por la Junta de Gobierno. La propuesta con fecha de ayer iba a ser presentada en la sesión ordinaria, pero luego de que lo adelantó este diario, el legislador guinda decidió bajarla y dejarla “hasta nuevo aviso”. La pregunta es si el diputado Contreras le hizo honor a su apellido yendo en contra de los deseos de la cúpula de su bancada o, si como ha ocurrido en otros temas, era plan con maña para “medir el agua a los camotes”. Nos recuerdan que en 2020 otro morenista, Miguel Ángel Jáuregui, había presentado un proyecto similar, el cual también fue retirado tras las reacciones en contra. Ayer, varios morenistas manifestaron su desacuerdo con la iniciativa. Por lo pronto, con la sucesión en Rectoría programada para septiembre próximo, las aguas se van agitando.
Nuevo paquete para el canciller Ebrard
Ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió subirse al ring electoral con los republicanos de Estados Unidos y que estos le respondieron llamando a los mexicanos a que la próxima vez que voten “recuerden que México es un infierno”, nos hacen ver que al canciller Marcelo Ebrard se le viene una tarea delicada: evitar que la relación con el vecino del norte se descarrile. Estos tambores de guerra electoral binacional llegan a la cancha de don Marcelo cuando están a tope las tensiones con el gobierno del demócrata Joe Biden en los temas de seguridad, migración y comercio —con el diferendo por la prohibición mexicana de importar maíz transgénico—. Y con los procesos de sucesión presidencial a la vuelta de la esquina en ambas naciones, nos comentan, el canciller mexicano tendrá que tejer muy fino para que el nuevo paquete que le acaba de caer no se convierta en paquete-bomba.
Primeros rounds de la batalla entre el gobierno y el INE
Otra batalla que tiene que ver con autonomía es la que libran el gobierno del presidente López Obrador y el INE, con el Poder Judicial como árbitro. Nos hacen ver que Edmundo Jacobo podría regresar esta misma semana a la Secretaría Ejecutiva del instituto electoral si el noveno tribunal colegiado le otorga una suspensión definitiva contra su destitución a raíz de la publicación del Plan B, apenas 5 días después de que Roberto Heycher asumió como encargado de despacho. Aún falta resolver, en los próximos días, los juicios electorales que promovieron don Edmundo y el INE, y que están en manos del Tribunal Electoral. Nos hacen ver que el pleito judicial tiene muchas etapas por delante. Y el pleito político, ese, no se ve para cuándo acabe.
Ahora nadie tiene los acuerdos México-Cuba
Nos comentan que quienes se echan la bolita de la lista de acuerdos que firmaron los gobiernos de México y Cuba en Campeche, en febrero pasado, son los responsables de transparencia en Presidencia de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nos detallan que al hacer una solicitud vía Transparencia sobre la lista completa de estos acuerdos que firmó el presidente López Obrador con su homólogo de Cuba, Miguel Díaz-Canel, Presidencia se declaró “no competente” para atenderla y remitió a la cancillería, la cual respondió de la misma forma. ¿Se les habrá perdido la lista o será más bien que no quieren revelar detalles de esos que vienen en la letra chiquita de los acuerdos? Ahora habrá que solicitarlos al órgano que esté encargado de la transparencia y el acceso a la información pública en Cuba. Seguro ellos sí los entregarán. (El Universal, A2, p.2)
Que aún cuando la bancada de Morena encabezada por Ignacio Mier Velazco en la Cámara de Diputados frenó de momento la presentación formal de la iniciativa suscrita por el legislador Armando Contreras, para quitar a la Junta de Gobierno de la UNAM la facultad de nombrar al rector y someter ese cargo a elección por voto directo de la comunidad universitaria, el claro destinatario se llama Lorenzo Córdova, pues, ante las versiones de su interés por suceder a Enrique Graue, la propuesta plantea cambiar la jugada para la renovación del mando auriazul este mismo año y establecer el principio de paridad de género que significaría designar una rectora para el periodo 2023-2027.
Que por cierto, los senadores Germán Martínez, del Grupo Plural, y Rafael Espino, de Morena, presentaron una queja ante un tribunal colegiado en materia administrativa denominado amicus curiae, en el cual solicitan a los jueces permitir que la Universidad Nacional Autónoma de México haga su trabajo sin trabas ni pretextos para deslindar responsabilidades académicas y profesionales en el caso de la ministra Yasmín Esquivel.
Que hoy está prevista la audiencia donde se determinará si se concede la suspensión definitiva a Edmundo Jacobo Molina, a quien un tribunal federal ordenó restituir en el cargo como secretario ejecutivo del INE. La moneda está en el aire, porque pese a la resolución que le otorgó una suspensión provisional, la jueza Blanca Lobo puede negar la medida cautelar en la siguiente etapa de este juicio de amparo.
Que un grupo de dirigentes priistas, entre ellos Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Dulce María Sauri, Pedro Joaquín Coldwell y Héctor Astudillo, presentó ante el Tribunal Electoral un escrito como terceros interesados para exigir que se resuelva echar abajo las reformas que impulsó Alejandro Moreno para prolongar su mandato en ese partido. En los pasillos del PRI se comenta que Alito ya prepara un plan B para, en caso de una resolución adversa, garantizar que su lugar sea ocupado por Rubén Moreira o Graciela Ortiz. (Milenio, Al Frente, p.2)
A pulso. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, se ganó un lugar en lo más alto de la investigación y enseñanza global. Fue invitado por el Imperial College Business School, de Londres, y el Departamento de Economía de la Universidad, de Chicago, para participar, como miembro del Consejo de Expertos en el proyecto Incertidumbre e Impacto Económico y Social del Cambio Climático. Es el único funcionario en el mundo que forma parte de este grupo. El financiamiento a proyectos sostenibles es lo suyo y, como ejemplo, la formalización de un crédito del NADBank al gobierno de Baja California para construir infraestructura hidráulica en Tijuana. Estos honores no se regalan, hay que ganarlos a pulso. Felicidades.
Reconstrucción asegurada. La reconstrucción tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 no será uno de los temas que se quedarán pendientes en la Ciudad de México, aseguró la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Aunque el 27 de enero se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México que el INVI se hará cargo de la reconstrucción de mil 229 viviendas y 63 multifamiliares, nadie de este instituto se ha comunicado con las familias, tal como lo publicó Excélsior el 27 de febrero. Al respecto Sheinbaum expresó: “El INVI ya tiene los recursos, ya tiene todo y ya va a iniciar”. Aseguró que las viviendas “van a tener la misma calidad que las entregadas por la Comisión para la Reconstrucción”. Que no se esfumen los recursos y estamos del otro lado.
Fábrica de delitos. Por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado, 22 personas fueron señaladas por la FGR, de Alejandro Gertz, por su participación en el desfalco millonario a Segalmex, Seguridad Alimentaria Mexicana, la empresa creada en 2019 para coordinar programas de apoyo a los productores rurales y garantizar el abasto de granos básicos en el país. Para febrero de 2021, la Auditoría Superior de la Federación informó que encontró un presunto desfalco por 700 millones de pesos, cantidad que ha variado de acuerdo con el avance de las indagatorias. Que este gran entramado de corrupción sirva de ejemplo y que caigan los que deban caer. ¿Se acabó o no la corrupción?
La verdadera transformación. Hidalgo inició los trabajos del proceso de federalización para transferir sus centros de salud y hospitales hacia el programa IMSS-Bienestar. Durante la reunión que encabezó el secretario de Salud, Jorge Alcocer, el gobernador Julio Menchaca recibió la evaluación que durante enero realizó el IMSS en sus 557 unidades médicas, con el objetivo de ampliar la cobertura. “El propósito de la federalización es reconfigurar el sistema de salud para garantizar el acceso a servicios para las personas sin seguridad social”. Menchaca confió en que IMSS- Bienestar transformará la prestación de los servicios de salud en la entidad. El propósito de dotar a todos de salud está en camino. No lo duden.
En su derecho. Las cuatro ministras mujeres que integran el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encabezadas por la presidenta Norma Piña, Yasmín Esquivel, Ana Margarita Ríos y Loretta Ortiz se sumaron ayer al paro nacional Un Día sin Nosotras, en el marco del Día Internacional de la Mujer, que tiene como objetivo visibilizar la importancia de la participación femenina en las distintas esferas de la sociedad. Ante ello, el ministro decano, presidente en funciones, Luis María Aguilar Morales, levantó la sesión por falta de quórum, debido a que hoy se analizarían dos acciones de inconstitucionalidad. Muestra fehaciente de que sin ellas somos nada. (Excélsior, Nacional, p.11)
Ecos de AMLO contra autonomía de la UNAM
Tal parece que los diputados de Morena hicieron rápido eco ayer a la advertencia del miércoles del presidente López Obrador de que habría que reformar el alma mater, es decir la UNAM. Ayer el legislador guinda Armando Contreras enlistó en la Gaceta Parlamentaria de San Lázaro una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Máxima Casa de Estudios, para que al rector lo elija la comunidad universitaria –mediante elección directa y sufragio universal, libre, secreto, personal e intransferible– y no como ahora, que es facultad sólo de la Junta de Gobierno. Quizá sea tiempo de ir preparando el #LaUNAMNoSeToca.
Los chinos hacen mutis en tema fentanilo
Mientras México y Estados Unidos buscan incluir a China en el combate al fentanilo, en el país asiático no parece haber respuesta. La embajada china no ha dado ningún posicionamiento, ni siquiera al ser buscados para conocer su versión. Ciertamente sería una excelente noticia unir a los tres países en el combate a esta droga, cubriendo desde la materia prima hasta el consumo. Sin embargo, se ve difícil consolidarlo. Después de todo, la relación bilateral entre China y EU no pasa por su mejor momento.
García Luna, como un ‘mantra’ en San Lázaro
El exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón está a diario en la tribuna de la Cámara de Diputados. Así suban temas del campo, del medio ambiente o de violencia contra mujeres, los de la ‘4T’, al cerrar sus intervenciones, recuerdan siempre la consigna “¡Calderón sí sabía!”. Pero ayer, el jefe de la bancada morenista en San Lázaro, Ignacio Mier, añadió a las consignas: “Y Vicente Fox ‘se hace el loco’, pero él lo sabe perfectamente bien desde antes”. Estimó que “con Calderón fue la segunda parte de la historia de García Luna, ésta inició en el sexenio de Fox y consolidó su carrera delictiva en el sexenio de Felipe Calderón”…
Ahuehuete, seco pero “vivo”
Como todo mundo lo sabe, pues salta a la vista, a la jefa de Gobierno se le secó el ahuehuete de Paseo de la Reforma. Por ello, el árbol, que “sigue vivo”, según Marina Robles, secretaria de Medio Ambiente, será trasladado al Vivero Nezahualcóyotl para su rehabilitación y será reemplazado por otro ejemplar. Haciendo un símil, ¿será que tras los accidentes en el Metro, la candidatura de Claudia Sheinbaum, como el ahuehuete de la glorieta de los desaparecidos, aunque “sigue viva” necesite un reemplazo?
Todos olvidaron los desafueros y juicios políticos
Se escuchó un reclamo de un morenista contra… Morena en la Cámara de Diputados. En los pasillos de San Lázaro, el diputado Jaime Humberto Pérez Bernabé, presidente de la Comisión Jurisdiccional, lamentó que “no tenemos en este momento el análisis de ningún expediente” sobre denuncias de desafuero ni de juicios políticos. Y reprochó: “Hemos tenido una serie de dificultades, cuestiones administrativas, vamos a esperar”. Para avanzar en los casos pendientes “nos tendría que decir el área jurídica responsable”. De los expedientes de Alito Moreno, de Félix Salgado Macedonio, Yasmín Esquivel, Claudia Sheinbaum, Adán López, nadie sabe nada.
Gertz, de nuevo ausente
Otra vez el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, no llegó a la reunión con la delegación estadounidense para discutir estrategias de seguridad, tal como ocurrió en el pasado encuentro, en el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte. A su salida, el canciller Marcelo Ebrard dijo que el fiscal no había asistido a Palacio porque él ya había tenido su propia reunión con los enviados estadounidenses. ¿No será más bien que el fiscal no aguanta más de una reunión? (El Financiero, Nacional, p.37)
¿Distractor, amenaza, o los dos?
Desesperación por dar la vuelta a la página en el complicado caso de Matamoros, es lo que observadores del quehacer universitario aprecian en la filtración, ayer, de una iniciativa de Morena, elaborada por el diputado Armando Contreras, con la que se pretendería reformar la Ley Orgánica de la UNAM. Esto, con el propósito de que el rector sea electo por votación abierta y no por la Junta de Gobierno. Sin embargo, más tardó en difundirse la propuesta guinda que en ser señalada ésta como un lamentable distractor, ligado a la situación que detonó el secuestro y asesinato en nuestro país de ciudadanos norteamericanos. El caso, nos comentan, también ha venido a dar cuenta de que la máxima casa de estudios se encuentra en la mira de Morena. Algo que tampoco se obvia, pues se ve venir un tsunami de indignación ante esta intentona de vulnerar la autonomía universitaria.
¿ESTÁ OVALLE EN LA LISTA?
Luego de que la Fiscalía General de la República informara ayer que obtuvo 22 órdenes de aprehensión como parte de las carpetas de investigación que se han abierto por el caso Segalmex, en este caso por un presunto desfalco de 142 millones de pesos, la gran interrogante que surgió entre propios y extraños es si en la lista se encuentra el nombre de Ignacio Ovalle, quien fuera titular de esa dependencia en la época en la que se cometieron los desfalcos que ya ha acreditado la Auditoría Superior de la Federación. Nos hacen ver que en la oposición ya alistan parque para el debate en caso de que no sea así. La senadora panista Xóchitl Gálvez puso anoche el dedo en la llaga al cuestionar en las benditas redes si entre las órdenes de captura está la de Ovalle y advertir que “estaremos atentos”. Uf.
SE LOS LLEVA DE CALLE
Y quienes siguen de cerca el proceso morenista en Puebla, donde se renovará la gubernatura en 2024, nos piden no perder de vista el dato relevante que acaba de arrojar una encuesta de la firma Buendía y Laredo: que un perfil que se está llevando a los demás de calle, es el del senador Alejandro Armenta. Y es que de acuerdo con ese estudio, el actual presidente del Senado de la República tiene una preferencia de 36 por ciento entre los morenistas, seguido de Claudia Rivera, alcaldesa de Puebla, quien tiene un 21 por ciento, mientras en un lejano tercer lugar, figura el coordinador de los morenistas en San Lázaro Ignacio Mier. El dato resulta interesante, pues está ponderado por el nivel de conocimiento que los poblanos tienen de los aspirantes, esto es, dos de las variables que el partido guinda suele considerar al aplicar su método de elección de candidato que no es otro que la encuesta. Si Rivera y Mier no aprietan el paso, en una de ésas Armenta sigue aumentando la ventaja. Pendientes.
JUSTICIA A PROFES DE MICHOACÁN
Y fue en Michoacán donde a iniciativa del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla alrededor de 5 mil 300 maestros estatales jubilados podrán acceder a servicios de salud y prestaciones del ISSSTE. Y es que el Congreso local avaló la propuesta de destinar recursos de las participaciones federales para otorgar esta prestación a quienes laboraron en el sector educativo. El mandatario estatal destacó el hecho de que en la más reciente visita del Presidente se hiciera el anuncio de esta propuesta que ahora es ya una realidad. “Reconocemos la voluntad de las y los diputados para que, por mayoría se haya aprobado este dictamen, esto es muestra de la sensibilidad y de la solidaridad que debemos tener con quienes tanto dieron por el estado”, declaró. Por cierto que en otras entidades esa demanda magisterial también existe. Así que en este tema de justicia, Michoacán abre brecha.
DETIENEN A EXFUNCIONARIO DE MURAT
Y es en Oaxaca donde han iniciado acciones para sancionar presuntos actos de corrupción cometidos por funcionarios de la administración que encabezó Alejandro Murat. Y es que ayer, nos dicen, el exdirector del Instituto Catastral del Estado, Jorge Zárate Medina, fue detenido por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, en perjuicio de la administración pública del estado. La fiscalía general estatal dio cuenta del operativo que llevó a cabo en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para ejecutar la orden de aprehensión girada por un juez por conductas delictivas cometidas presuntamente en 2021, y que se encuentran previstas en el artículo 207 fracción IV del Código Penal de la entidad. Por cierto que el gobernador Salomón Jara aplaudió la captura del exfuncionario que, dijo, “ha sido señalado como parte del Cártel del Despojo… estamos pendientes de este proceso para que se haga justicia y se aplique la ley con todo rigor”.
PARA APANTALLAR
Vaya que el caso de Genaro García Luna sigue siendo la base de los misiles políticos que en estos días se lanzan a diestra y siniestra… Por lo pronto, la Unidad de Inteligencia Financiera dio a conocer una posible relación entre la trama de corrupción del exsecretario de Seguridad Pública y el PAN, algo ante lo cual esa fuerza política decidió callar y no dar posturas, al menos por el momento. Pero no fue el único, pues ayer fue abierto el famoso búnker en el que el exsecretario de Seguridad Pública despachaba y motivó una especie de visita guiada. La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, dijo que su construcción había implicado el gasto de tres mil 346 millones de pesos y que estaba lleno de pantallas “para apantallar” (La Razón, La 2, p.2)
Larga reunión por el fentanilo
Más de tres horas duró la reunión entre el presidente López Obrador y Elizabeth Sherwood-Randall, asesora de Seguridad Nacional de EU y responsable de la estrategia contra el tráfico de fentanilo. El mandatario le entregó un informe sobre las acciones de su gobierno para frenar esa y otras drogas, y designó a la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, como enlace con la estadounidense. Ambas se volverán a ver en Washington, en abril.
Biden desecha intromisión en México
Por cierto, la presidencia de Joe Biden rechaza y rechazará todas las iniciativas dirigidas a buscar que sus fuerzas armadas incursionen en México. Así se lo han hecho saber a las autoridades de nuestro país, aunque también se sabe que esa campaña seguirá allá, de aquí a 2024, por la sucesión en la Casa Blanca.
Crece la bancada de MC
Resulta que la diputada federal Zulema Adams decidió renunciar a la bancada de Morena en San Lázaro e integrarse a la de Movimiento Ciudadano. El partido naranja inició la Legislatura con 23 curules, pero con esta adhesión llega a 27, pues anteriormente sumó a Omar Castañeda, Rocío Banquells y Andrés Pintos.
Iniciativa anti Lorenzo
Destinatario tiene la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la UNAM, del diputado Armando Contreras, para que el próximo rector sea electo por voto directo de la comunidad universitaria, facultad que pertenece a la Junta de Gobierno. El morenismo, dicen, teme que el actual presidente del INE, Lorenzo Córdova, llegue a la Torre de Rectoría.
La UIF los pone nerviosos
A sudar puso el titular de la UIF, Pablo Gómez, a los senadores del Grupo Plural Gustavo Madero y Germán Martínez, luego de que involucró al PAN con la presunta red de corrupción de Genaro García Luna. Habló de transacciones del albiazul a empresas relacionadas con el ex secretario de Seguridad, en tiempos en que ellos presidieron ese partido. (El Heraldo de México, La 2, p.2)
SI MARCELO EBRARD quiere ser Presidente de México, ahora es cuando. El secretario de Relaciones Exteriores ya no tiene otra opción más que las elecciones del 2024.
Tiene que dar un golpe de timón, y ese manotazo es renunciar muy pronto a la Cancillería para iniciar su campaña presidencial. En los últimos meses ha ido armando grupos de apoyo por todo el país.
Si Ebrard deja el gobierno de la 4T, obtendrá dos grandes ventajas: obligará tanto a Claudia Sheinbaum como a Adán Augusto López a quitarse también las máscaras y formalizar sus respectivas campañas.
Ahora los tres están en plena promoción, pero con piso disparejo: el presupuesto de los actuales secretarios no se acerca ni remotamente a los recursos de que dispone la Jefa de Gobierno de la CDMX.
Si Ebrard actúa disruptivamente renunciando a su cartera, recordará tanto a Vicente Fox como a Felipe Calderón. Ambos, proporciones guardadas, se fueron por la libre en el Partido Acción Nacional.
El madruguete de Fox al renunciar a la gubernatura de Guanajuato en 1999 le permitió hacer una larga campaña como precandidato que dejó sin posibilidades a otros, marcadamente Diego Fernández de Cevallos.
La historia la repitió seis años después Calderón, cuando fue destapado por el gobernador de Jalisco, Francisco Javier Acuña, y renunció a la Secretaría de Energía para imponerse a Santiago Creel.
La diferencia de los casos de Fox y Calderón frente a la coyuntura actual del Canciller, es que aquellos se sometieron a reglas y procedimientos claros del PAN y salieron airosos. Ebrard no tiene nada seguro con Morena.
Y precisamente esa falta de transparencia sería el incentivo para que renunciara ya y empezara su campaña: si al final el ala dura de la 4T le cierra el paso, como es altamente probable, ya se habrá posicionado.
El siguiente paso natural para el ex Jefe de Gobierno del DF es la candidatura opositora, donde irrumpe Movimiento Ciudadano. Ebrard ha estado ligado históricamente a su fundador, Dante Delgado.
Con meses adelantados haciendo campaña para ganar el voto de la base morenista sin romper ni con el partido ni con la 4T, y de no ser favorecido con la candidatura de López Obrador, Ebrard puede virar.
Y en ese viraje hacia el partido naranja, el hijo político de Manuel Camacho Solis puede convertirse en el abanderado de una alianza opositora y un gobierno de coalición con el PRI, PAN y PRD.
PIAN PIANITO ADÁN Augusto López va ganando presencia en el ánimo de la población en general. ¿Se acuerda que le platicamos que a finales del año pasado Andrés Manuel López Obrador reunió a sus tres principales “corcholatas” para informarles que recorrería de junio a noviembre la encuesta interna para seleccionar al candidato? Fue básicamente para darle a su secretario de Gobernación más tiempo para dejarlo correr. Pues bien, de acuerdo con la más reciente encuesta del 4 y 5 de marzo de Tresearch International, Adán Augusto trae 63 puntos de conocimiento y opinión de aspirantes, contra 70 de Marcelo Ebrard y 73 de Claudia Sheinbaum. Ricardo Monreal aparece con 60 y Gerardo Fernández Noroña con 48. A ocho meses de que Morena realice la encuesta definitoria entre sus bases, el despegue del tabasqueño ha sido notable, pues, según dicha muestra, se encuentra ya a siete puntos en conocimiento de Ebrard y a 10 de Sheinbaum.
OTRA ENCUESTA, MUY peculiar por cierto, pero a la vez muy significativa, fue la que se realizó hace una semana entre los consejeros regionales de Citibanamex, a propósito de la 31 Reunión Plenaria de Consejos Consultivos. Durante dos días, jueves y viernes de la semana pasada, el banco que capitanea Manuel Romo realizaba encuestas en tiempo real en determinados momentos, principalmente entre un panel y otro. Así, después del que tituló “Perspectivas Políticas”, en la que participaron Luis Rubio, Carlos Elizondo Mayer-Serra y Alejandro Moreno, se lanzó la siguiente pregunta: “¿Con cuál de los precandidatos morenistas cree usted que le iría mejor a México?” El resultado fue abrumador, pues Marcelo Ebrard arrolló con el 67% de las preferencias. Ricardo Monreal le siguió con un 8%, Adán Augusto López con 2% y Claudia Sheinbaum con 0%. Participaron mil 500 consejeros de Banamex, de los cuales 600 estuvieron presentes y 900 en modo virtual.
JUAN ZEPEDA ENTENDIÓ que no le alcanzaba para contender por la gubernatura del Estado de México y se bajó de la carrera. Fue una decisión personal porque las elecciones de junio próximo serán solamente de dos: Delfina Gómez por Morena-PT-Verde y Alejandra del Moral por PRI-PAN-PRD. El senador de Movimiento Ciudadano no llegaba ni a un 6% en la intención de voto. Estamos hablando de aproximadamente 330 mil sufragios con arraigo en las demarcaciones de Neza y Ecatepec, los cuales ahora se van a dividir entre Delfina y Alejandra. Se calcula que de cada 10 papeletas que pudo obtener Zepeda y su partido naranja, seis se irían a la Alianza Va Por México y cuatro a Morena. Para muchos son votos útiles para la opositores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero a la vez inútiles para que el PRI retenga la gubernatura. Más que un paso lateral, Zepeda, Dante Delgado y Movimiento Ciudadano debieron apoyar a Del Moral para lograr ese objetivo.
AGOSTO ES EL mes que los opositores a Alejandro Moreno se fijaron para verlo fuera de la dirigencia del PRI. Le decía hace una semana que esa es otra aduana que tiene que transitarse de cara a una candidatura común en la Alianza Va por México. La salida de “Alito” es necesaria para integrar propuestas de un gobierno de coalición para las nueve gubernaturas, diputaciones y senadurías que estarán en juego el año próximo. Tras el fallo del INE que invalidó las reformas a los estatutos del PRI, que permitían a Moreno extender su presidencia hasta después de las elecciones de 2024, el grupo que lideran los senadores Miguel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu está buscando a un presidente interino. Esa posición podría recaer en el actual coordinador de los diputados tricolores, Rubén Moreira. Pero para que esa posibilidad vuele su esposa, Carolina Viggiano, tendría que renunciar la secretaría general del PRI. Eso es justamente lo que se está empezando a negociar ya.
HABLANDO DEL PRI, al interior de una de sus ramificaciones se habla ya de impulsar a un precandidato que tenga posibilidades de estar en la boleta final de las elecciones presidenciales de 2024. Para ese sector, integrado por ex dirigentes, ex gobernadores, ex legisladores y ex funcionarios del sector hacendario, el perfil tiene que ser de un personaje de renombre y reconocimiento internacional. José Ángel Gurría es la carta que empieza a ser objeto de comentarios. El ex secretario de Hacienda y ex Canciller en el sexenio de Ernesto Zedillo estuvo 15 años fuera de México. Del 2006 al 2021 fue secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Gurría también es bien visto por los grandes empresarios del país, quienes podrían sumarse al empuje de su eventual precandidatura.
LUIS ENRIQUE LÓPEZ Martínez fue un cercano colaborador de Alejandra Sota, directora de Comunicación Social y Coordinadora de Estrategia y Mensaje Gubernamental del gobierno de Felipe Calderón. Es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera que comanda Pablo Gómez por lavado de dinero y origen de recursos de procedencia ilícita. Realizaba trabajos periodísticos para cuidar la imagen del entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por los que recibió 9 millones de pesos.
AL QUE SE ha visto muy activo apoyando en redes sociales a Santiago Creel es a Javier Lozano. De hecho en el informe de la gobernadora Maru Campos, el sábado pasado en Chihuahua, subió una foto a Twitter con el diputado diciendo que se trata “de un sólido precandidato presidencial”. ¿Será que el poblano ya se sumó de lleno al war room del panista presidente de la Cámara de Diputados? (Darío Celis, El Financiero, Nacional, p.6)
Ayer, en el búnker construido en el sexenio de Felipe Calderón por Genaro García Luna, entre excesos de presupuesto y de megalomanía, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una gráfica estremecedora del índice de letalidad en los enfrentamientos entre efectivos de las corporaciones públicas y presuntos delincuentes. En 2007, en 49 agresiones registradas, hubo un total de 54 civiles heridos y detenidos, y 30 muertos. Para 2010 fueron 674 enfrentamientos con 907 heridos y detenidos por 818 muertos y en 2011 las defunciones (mil 412) superaron por mucho las detenciones y lesiones (mil 127) en mil 76 combates. En los dos últimos años del calderonato siguió habiendo más agresores muertos que heridos y detenidos, algo que sólo puede explicarse por una instrucción superior de exterminar y no de contener o capturar a los supuestos infractores. En los primeros tres años del peñato esta tendencia se mantuvo y las ejecuciones extrajudiciales fueron documentadas de manera contundente en mascares de civiles, como las perpetradas por el Ejército en Tlatlaya (junio de 2014) y por la Policía Federal en Tanhuato, Michoacán (mayo de 2015).
Hay abundante información pública que documenta el fraude electoral de 2006. Existe, asimismo, un cúmulo de datos incontestables sobre los desvíos monumentales de dinero perpetrados por el calderonato (por citar sólo uno: la nunca construida refinería bicentenario, en Tula, Hidalgo, en la que se invirtieron 620 millones de dólares para construir una barda perimetral, que fue lo único que se hizo). Por otra parte, el hecho de que el político michoacano haya consentido o solicitado la ayuda de Estados Unidos para encaramarse en la silla presidencial y de que se haya sometido a una estrategia de seguridad dictada por Washington lo retrata como alguien que ensangrentó a México para satisfacer intereses de una potencia extranjera; dicho en breve, un traidor al país.
Miente Calderón cuando asegura que no se enteró de las actividades delictivas de su secretario de Seguridad Pública. Se lo dijo el general Tomás Ángeles Dauahare, se lo informó el comandante policial Javier Herrera Valles y se lo advirtió Manuel Espino, quien era presidente de su partido. Por lo demás, desde 2001 se venía dando a conocer información periodística sobre actos de corrupción de García Luna y de las denuncias contra éste interpuestas por Alejandro Gertz Manero, primer secretario de Seguridad Pública de Vicente Fox, y por la antigua Secretaría de la Contraloría. Y eso lo hace cuando menos encubridor de actividades de narcotráfico.
Si tuviéramos un Poder Judicial confiable y honesto, hace tiempo que habrían debido iniciarse averiguaciones contra Calderón por cinco clases distintas de delitos: los electorales, los de corrupción, los de tráfico de drogas y los que se derivan de haber entregado la seguridad del país al arbitrio de Estados Unidos. Pero hay una quinta responsabilidad, la más repugnante y la más exasperante por la impunidad en que ha derivado: la que cae en el ámbito de crímenes de lesa humanidad.
En la lógica de la guerra, la neutralización del enemigo (que en la peculiar guerra de Calderón era el conjunto de organizaciones criminales rivales de la del Pacífico, para la cual trabajaba el secretario calderonista de Seguridad Pública) puede pasar por el exterminio físico de sus integrantes. Eso explica que se haya instaurado una dinámica de horror en la que las confrontaciones entre fuerzas policiales y militares y presuntos delincuentes pasaran de 49 a mil 76 por año. Semejante estallido de violencia, promovido desde una presidencia usurpada, no afectó únicamente a supuestos sicarios y uniformados de las distintas corporaciones, sino que se extendió rápidamente a vastos sectores de la población no involucrada. Y afectó con particular saña a incontables personas de todas las edades y todas las regiones que, sin estar armadas, trabajaban para el narco: campesinos mariguaneros y amapoleros, narcomenudistas , niños y jóvenes halcones, artesanos y profesionistas reclutados por los grupos criminales o por capos individuales para que les proporcionaran servicios domésticos, de salud, de construcción, de contabilidad o de esparcimiento.
Todo ese grupo humano estuvo en la mira de Calderón y una buena porción de él acabó en fosas clandestinas, además de los que no tenían nada que ver; además de los soldados, marinos y policías estúpidamente sacrificados; además de los chavos de Villas de Salvárcar; además de los migrantes de San Fernando; además de las familias levantadas en Allende, Coahuila, que desaparecieron para siempre.
Felipe Calderón debe estar en la cárcel porque lo merece y porque, lo más importante, como país también lo merecemos. No por venganza, odio o resentimiento, sino porque el genocidio que Felipe Calderón Hinojosa concibió y perpetró no debe repetirse nunca más. (Pedro Miguel, La Jornada, Opinión, p.17)
Calderón-Peña Nieto=saqueo // García Luna llenó sus alforjas // Porfirito Molina regresa al INE
¿Para qué son útiles alrededor de 140 mil millones de pesos del erario? Con ellos se pueden atender las urgencias sociales del país, realizar inversiones en beneficio del pueblo mexicano, generar empleo formal y bien remunerado, amortiguar el peso de la deuda pública y tantas otras cosas que permitan impulsar el crecimiento y el desarrollo nacionales. Es un mundo de dinero, todo proveniente de los impuestos que pagan los habitantes de esta República saqueada durante el régimen neoliberal y años anteriores.
Para esos fines son los recursos públicos, pero Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y mafia que los acompañó decidieron que el mejor destino era la corrupción y qué mejor que Genaro García Luna para concretar tal fin. Desde luego, las alforjas del ex secretario calderonista de Seguridad Pública no fueron las únicas que se llenaron, pero es muestra fehaciente de las prácticas neoliberales para saquear al país.
En la mañanera de ayer –realizada en el ostentoso bunker de García Luna (3 mil 400 millones de pesos sin licitación)–, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, detalló que el brazo derecho de Calderón operaba con su círculo más cercano una trama de corrupción que entre 2006 y 2018 obtuvo una cantidad espeluznante de 700 millones de dólares (alrededor de 140 mil millones de pesos) por operaciones ilícitas.
Y algo más: como parte de ellas, las empresas de García Luna que formaban parte de esta red, hay una transferencia interbancaria del 24 de abril de 2015 consignada dentro del sistema financiero mexicano de parte del Partido Acción Nacional por un millón 160 mil pesos. La conexión comercial que había entre el PAN y una empresa encabezada por García Luna no era ajena a la relación con su partido. Existen vínculos que no tienen que ver con ideas, sino algo mucho más cercano al grado de tener un vínculo comercial entre dicha agrupación política y el ex funcionario. Existe una relación económica entre el PAN y la empresa madre de la trama corrupta, propiedad de García Luna.
En esta trama de corrupción “no sólo operó bajo el gobierno panista, sino el priísta subsecuente, porque en ese momento ya estábamos en una situación muy desarrollada del sistema Prian; no es una serie de relaciones casuísticas, sino un desarrollo que tiene ya carácter histórico y que se expresa en la vida cotidiana y política del país”. También existieron contratos con el gobierno de la Ciudad de México, en tiempos de Miguel Ángel Mancera.
El titular de la UIF subrayó que toda la información ya se presentó ante la Fiscalía General de la República y se espera que Alejandro Gertz Manero presente las denuncias y solicite las órdenes de aprehensión correspondientes. En esta red participaron personajes como la esposa de García Luna, Linda Cristina Pereyra, y Luis Cárdenas Palomino, entre otros.
En el detalle, Pablo Gómez explicó que en el sexenio de Felipe Calderón dos entidades del gobierno federal suscribieron 10 contratos con empresas involucradas en el entramado de García Luna, por un monto total de 316 millones 675 mil 995 dólares. Ninguno de esos contratos fue sometido a licitación alguna y casi todos fueron contratados con empresas extranjeras, aunque tales consorcios formaban parte del operativo de corrupción armado y dirigido por García Luna.
En la catarata de dinero público involucrado en esta trama personal al servicio de García Luna firmó los contratos (sin licitación), y entre los involucrados aparecen el ex comisionado de la Policía Federal, Rodrigo Esparza Cristerna, obviamente Luis Cárdenas Palomino, el ex comisionado del Órgano Preventivo de Prevención y Readaptación Social Eduardo Enrique Gómez García, de la mano el ex coordinador regional de los centros federales Gonzalo Villarreal Guerra, y más.
Y esos dineros sucios son los que reclama el gobierno mexicano ante un tribunal de Florida, en el entendido de que el gobierno de Felipe Calderón fue “un narco gobierno de principio al fin, espurio, que lo impuso la oligarquía mexicana” (López Obrador dixit).
Las rebanadas del pastel
Sin decoro alguno, porque hay que desquitar, el noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa otorgó la suspensión provisional a Edmundo Jacobo Molina (Porfirito) para su reinstalación como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), porque, aseguran los magistrados la separación del cargo podría causarle daños y perjuicios de difícil reparación. De ese tamaño son los guardianes de la Constitución. (Carlos Fernández-Vega, La Jornada, Economía, p.20)
Edmundo Jacobo y el orden constitucional // Las falsas roturas // Matamoros: narcolavado de cara // AMLO endurece discurso ante EU
Cual si fuese un guion acordado, varias voces relevantes interesadas en mantener al Instituto Nacional Electoral a salvo de reformas inmediatas arguyen que el orden constitucional se ha roto. Lo dicen con una sonoridad mediática que hace pensar en situaciones extremas, realmente autoritarias, dictatoriales. Uf: roto el orden constitucional, ¿qué queda, las armas?
La realidad no justifica tales arrebatos dramáticos. Quienes proclaman roturas casi insalvables han recurrido justamente al orden constitucional, es decir, han presentado objeciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que, como esta máxima instancia lo ha hecho históricamente en infinidad de ocasiones, resuelva respecto a diferendos de distinto grado entre poderes y autoridades. Si hubiera un orden constitucional roto nadie podría recurrir ante la Corte y esperar que esta resuelva sobre el tema planteado. Atípica dictadura sería la que denuncian esos quejosos si permitiera que los opositores litigaran contra el Poder Ejecutivo y los jueces les dieran la razón.
Tal acaba de suceder en uno de los casos recientes más clamorosos, el de Edmundo Jacobo Molina, ex secretario ejecutivo del INE, cuya remoción llegó a provocar lágrimas en una senadora actual que antes fue secretaria de Gobierno con Miguel Ángel Mancera: un tribunal colegiado en materia administrativa concedió una suspensión de su despido y, en lo inmediato, la restitución en su cargo.
Aún no está resuelto el fondo del asunto, pero en lo inmediato el orden constitucional vigente ha respondido, sin rotura alguna, a los planteamientos de un servidor público que se considera lesionado porque le han retirado el cargo. Y, más adelante, ese mismo orden constitucional entrará al fondo del asunto y decidirá lo que considere adecuado.
El mismo orden constitucional vigente habrá de resolver la suerte mayor de este asunto electoral, el llamado plan B, que las cámaras de Diputados y de Senadores aprobaron por mayoría, pero que puede ser echado abajo por los jueces. Decidan lo que decidan en cuanto a Jacobo Molina y el plan B, los jueces, con su funcionamiento normal, demuestran que no hay tal rotura del orden constitucional, por más que las exageraciones opositoras así lo planteen.
La vocería de la Casa Blanca apaciguó provisionalmente las exigencias de ciertos personajes políticos de Estados Unidos que demandan mano durísima contra México por el tráfico de drogas, sobre todo el fentanilo, y en particular a raíz de los delicados sucesos de Matamoros, Tamaulipas. No es necesario declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, pues ya se tienen suficientes mecanismos de acción directa contra ellos, afirmó la portavoz.
El expediente Matamoros recibió en las horas recientes algunos agregados que podrían ayudar a disminuir tensiones (disminuirlas, no eliminarlas): cinco personas, incluyendo un jefe de plaza fronteriza, fueron entregadas por su presunta responsabilidad en los hechos, según un comunicado atribuido al grupo de élite Escorpión, del cártel del Golfo.
En una evidente operación de lavado de cara, de narcorrelaciones públicas, este grupo reprueba enérgicamente los hechos, ofrece disculpas por el error y señala que los narcos ahora entregados actuaron bajo su propia decisión y falta de disciplina, sin respetar las reglas. Nomás les faltó asegurar que se irá hasta las últimas consecuencias, aunque ofrecieron una variante a la retórica oficial, al plantear que los responsables deberán pagar, sea quien sea. Otro dato nuevo es el registro de antecedentes penales en tres de los cuatro estadunidenses atacados.
Y, mientras el presidente López Obrador endurece el discurso ante las abiertas pretensiones intervencionistas de ciertos segmentos de poder estadunidense, ya con la vista puesta en la movilización nacionalista del próximo 18 de marzo en la Plaza de la Constitución, ¡hasta el próximo lunes! (Julio Hernández López, La Jornada, Política, p.10)
El asunto de los estadounidenses secuestrados en Matamoros demuestra que el Estado mexicano tiene pintadas algunas rayas en la arena.
Si las víctimas son de Estados Unidos y su caso se vuelve nota en todos los medios del país vecino, las instituciones de seguridad y justicia moverán cielo, mar y tierra para lograr su pronta ubicación. Habrá retenes en los caminos, rondines en las colonias, helicópteros en los aires. Investigadores de élite se harán cargo de las indagatorias. Dos o tres secretarios de Estado, además del gobernador y el fiscal del estado, le darán seguimiento al caso. El asunto llegará incluso a la mañanera.
Si además el secuestro sucede en medio de tensiones entre México y Estados Unidos, cuando muchos políticos del otro lado hablan de medidas de mano dura contra los cárteles mexicanos, el desenlace probablemente sea más expedito. O como mínimo, la banda criminal responsable va a tener fuertes incentivos para recular, liberar a las víctimas que sigan vivas y poner de chivos expiatorios a algunos de sus integrantes.
¿Pero qué pasa si las víctimas son mexicanas? Bueno, entonces tendrían que demostrar que son prominentes por otro motivo. Que son políticos o actrices o futbolistas (tal vez algunos recuerden el frustrado intento de secuestro de Alan Pulido hace algunos años). O algo, lo que sea, que sugiera que su secuestro puede generar trending topic. Tal vez con eso, algo de caso le puedan hacer a las víctimas
¿Y si no son famosas o prominentes o están ubicadas en alguna circunstancia que permita viralizar el caso? En ese escenario, las perspectivas no son muy alentadoras. No les van a dar el tratamiento Matamoros. Les espera un largo cautiverio o la desaparición permanente. Sus familias tienen por delante los maltratos en el MP, la reacción lenta, las sugerencias de que nada sirve denunciar, las solicitudes de moches y la angustia que nunca se agota.
Alguien podría objetar, claro, que no todos los casos pueden recibir un trato de excepción. Pero ¿no sería posible que el criterio para dar respuesta extraordinaria a un secuestro o una desaparición fuera algo distinto que la nacionalidad, la prominencia social o la viralidad potencial?
¿Como qué? La edad, por ejemplo. Cualquier secuestro de un niño o adolescente podría recibir el tratamiento Matamoros. O el género: si una mujer fuese secuestrada, se detonarían todas las alarmas. O la pertenencia a alguna profesión particularmente vulnerable (periodistas, defensores de derechos humanos, etc.).
Y es que si la autoridad ha de hacer distinciones (y siempre las hace, no nos engañemos), mejor que las haga para proteger al mayor número posible de personas. Y a las más vulnerables.
En estos días, se lanzó el mensaje de que los estadounidenses no pueden ser blanco de secuestro y desaparición. ¿Pero no merecerían un trato similar las personas de nacionalidad mexicana? ¿Algunas, al menos?
Qué bueno que al menos dos de las víctimas de secuestro en Matamoros fueron liberadas. Qué bueno que el grupo criminal haya sentido suficiente presión para meter reversa. Qué bueno que al menos algunos de los posibles agresores serán castigados.
Qué malo que no escuchemos más de esas historias cuando las víctimas son personas mexicanas de a pie. (Alejandro Hope, El Universal, Nación, p.5)
A Puerta cerrada / ¿Quién manda en Tamaulipas?
México, como nunca antes, sigue enfrentando problemas vinculados con el narcotráfico, reflejado con los altos niveles de violencia y el aumento de otras actividades ilícitas como el secuestro y la extorsión. El control de territorio y las rutas para el trasiego de drogas son el epicentro de la lucha intestina dentro de las organizaciones criminales.
No se puede entender a la presente administración en la actual coyuntura, sin un análisis pragmático del estrepitoso fracaso en materia de seguridad; el cuadro nacional dantesco sobre la reinante impunidad palidece ante lo sucedido los pasados días en Tamaulipas con el supuesto secuestro —que no deja de extrañar por el protocolo del mismo— y la “confusión” alrededor del levantamiento de cuatro ciudadanos estadunidenses en el centro de Matamoros, a plena luz del día por el grupo delincuencial que está, en registros e informes de inteligencia, presuntamente relacionado con autoridades estatales y dirigentes del partido Morena.
El hecho ocurrido el 3 de marzo desencadenó más tensiones en la relación bilateral que pasa por momentos álgidos en la esfera comercial.
Varias lecturas se dieron ante el suceso violento por la absoluta impunidad en la que opera el Cártel del Golfo, señalado como el responsable de controlar parte del estado de Tamaulipas y cuyo hedor de corrupción alcanza las más altas esferas políticas mexicanas.
Sucede justo cuando sigue escalando la narrativa en círculos legislativos y partidistas de los Estados Unidos para que, por un lado, sean etiquetados los cárteles como organizaciones terroristas y por el otro, se presiona a una abierta intervención militar para entrar a México a combatirlos.
En un artículo publicado en el Wall Street Journal, el exprocurador William Barr acusa a López Obrador “…conocido como AMLO, como el principal facilitador de los cárteles”.
Señalamiento delicado por quien lo hace y que no debería subestimarse, ya que se suma a la lista de quejas sobre los resultados de la política de los abrazos presidenciales hacia organizaciones criminales.
El caso de los estadounidenses levantados en Tamaulipas desencadenó serias presiones que culminaron con la instrucción de Biden al embajador Salazar para acudir al Palacio a sostener una reunión con López Obrador.
El resultado de la misma fue que 24 horas después los ciudadanos estadounidenses fueron hallados.
La rapidez y prontitud de los esfuerzos bilaterales para rescatarlos ocasionó un sinfín de cuestionamientos, pero uno evidente; la presión, el hartazgo, la molestia del gobierno de los Estados Unidos por el absoluto descontrol y omisión institucional ante el empoderamiento de los criminales que ponen en riesgo la cooperación, la relación y la seguridad nacional, ha llegado a un punto de inflexión.
Y el resultado de la podredumbre en Tamaulipas —donde la organización criminal entregó los cuerpos maniatados con los rostros cubiertos de los sicarios culpables del “levantón” de los estadounidenses explicando en una cartulina y ¡disculpándose! con la ciudadanía de los hechos— invita a concluir que en esa entidad la explicación más sencilla es la correcta: los canales de comunicación entre autoridades y crimen organizado son fluidos y hay elementos para sostener que se está convirtiendo en un narcoestado.
El efecto dominó apenas comienza sobre los múltiples impactos bilaterales y domésticos. (Marcela Gómez Zalce, El Universal, Nación, p.9)
No es lo mismo la comisión de hechos criminales contra ciudadanos mexicanos que contra extranjeros. Aquellos casos se minimizan; con los de estos, hay reclamos de justicia y, como respuesta, el apresuramiento para esclarecerlos.
¿Habrá llegado la hora de cambiar la estrategia de seguridad que ha seguido el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador durante 56 meses, por el secuestro de cuatro ciudadanos norteamericanos y el asesinato de dos de ellos, el viernes pasado en Matamoros?
Algunos de los elementos para considerar esa posibilidad, podrían ser:
La política de abrazos, no balazos, apoyada en la buena fe, no ha dado resultados. Cerca de 150 mil homicidios dolosos y 100 mil desaparecidos, son números fríos. Reflejan una realidad.
Algunas variantes de la criminalidad como el secuestro, la extorsión, las violaciones, el robo, reflejan también números que conforman un cuadro intolerable: los cárteles crecen, dominan, controlan e imponen su ley por encima de toda autoridad.
La creación de la Guardia Nacional y la autorización al Ejército para que se mantenga en las calles haciendo tareas de seguridad pública, hasta ahora, no reflejan el propósito que llevaban implícito; los índices delictivos siguen siendo considerable e inocultablemente altos.
Las partes del territorio que dominan los distintos cárteles, donde operan con absoluta libertad e impunidad y se han apropiado de muchas de las actividades productivas, son cada vez más amplias.
Las corporaciones policiacas no pueden hacerles frente, ya sea por incapacidad, insuficiencia o, en el peor de los casos, por complicidad y corrupción. Nadie duda que los criminales se han enquistado en las esferas de poder.
Esa funesta situación se reflejó en el ataque, secuestro y asesinato de personas provenientes de Estados Unidos el anterior fin se semana, lo cual ha tensado la relación con México.
No es lo mismo la comisión de hechos criminales contra ciudadanos mexicanos que contra extranjeros. Aquellos casos se minimizan; con los de estos, hay reclamos de justicia y, como respuesta, el apresuramiento para esclarecerlos.
Pero esto no es suficiente. No para un gobierno que ve realmente por sus ciudadanos. Lo dijo el embajador Ken Salazar: “…su prioridad más alta es la seguridad de los ciudadanos estadounidenses. No tenemos mayor prioridad que la seguridad de nuestros ciudadanos. Este es el papel más fundamental del gobierno estadounidense”.
Y de esa premisa ineludible de todo gobierno que se empeña en salvaguardar a sus gobernados, se desprende la ola de exigencias de congresistas, fiscales y medios de que el gobierno de Joe Biden haga lo que sea necesario para frenar la inundación de fentanilo en la Unión Americana, proveniente, principalmente, de México, que ha matado a más de cien mil adictos.
Así, una posible solución, como la visualizan algunos especialistas, sería que el gobierno federal y las autoridades de inteligencia hagan una fiscalización, investigación y análisis profundos en cada uno de los estados de la República —22 de Morena y 10 de la oposición—, para que, con objetividad y transparencia, se obtenga un diagnóstico preciso y realista para saber en dónde las autoridades estatales están actuando en complicidad y contubernio con la delincuencia organizada.
Sobre esa base, se sabría qué hacer para recomponer las relaciones México-Estados Unidos que, en cualquier caso, deben mantenerse en el estatus de la “buena vecindad”, pero, sobre todo, para recuperar la seguridad de la sociedad mexicana.
Sotto Voce.– Cobra fuerza la versión de que el coordinador de asesores del presidente, Lázaro Cárdenas Batel, ha entrado al diamante y está como bateador emergente para lo que se pudiera ofrecer… Con la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación de restituir a Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del INE, para muchos en la oposición, se ratifica el rechazo de los magistrados al Plan B, y proyecta la posible sentencia de la Suprema Corte en el mismo sentido… El proceso de selección y elección de los nuevos consejeros del INE, podría suspenderse hoy mismo, pues muchos de los participantes consideran que “todo está decidido”. (Óscar Mario Beteta, El Financiero, Nacional, p.33)
Ahora a por la UNAM
Desde hace muchos años López Obrador tiene un agravio contra la Universidad Nacional Autónoma de México, de la que fue un prolongado inscrito de una licenciatura que le llevó más de doce años por el camino de las ausencias y los exámenes extraordinarios, mientras veía pasar generaciones enteras.
Hace poco reveló que para cumplir el segundo idioma que la Facultad de Ciencias Políticas exigía para recibirse, se anotó en un curso de verano de portugués, con lo que pasó el requisito sin que hoy hable una palabra de lusitano, que no debe saber qué significa.
En el avanzar de su gobierno y su inevitable desgaste, acusó a la UNAM de haberse derechizado y, en plena crisis de la pandemia, reprochó que no hubiera vuelto a clases presenciales ni apoyara en el combate al covid, lo que fue otra mentira.
Ya traía su proyecto de hacerse de la UNAM para respaldar su cuarta transformación. En esa línea, en los últimos días ha endurecido su discurso contra todos los organismos autónomos, de los que encargó a su sucesor(a) su desaparición, y abundó en su obsesión por la Universidad, exigiendo su alineación con la 4T y planteando la cancelación de su elemento esencial, la autonomía. Apenas anoche planteó por una boca de ganso impedir que sea la Junta de Gobierno la que elija al rector y que sea vía el voto de la comunidad, es decir, del pueblo bueno.
Este es, desde Gustavo Díaz Ordaz, el más artero ataque a la autonomía de la Universidad sin que aquel presidente se atreviera a tanto: imponer rector.
Son, repito, los tiempos estelares de la 4T y la extensión de su gobierno porque, diga lo que diga, no se irá a La Chingada, su finca, en 2024.
RETALES
AMLO niega lo que la Sedena informa
“Ellos lo están haciendo con propósitos propagandísticos. Ya agarraron lo del fentanilo, que ‘es responsabilidad de México’. Aquí nosotros no producimos fentanilo y nosotros no tenemos consumo de fentanilo…”.
Falsas ambas aseveraciones:
Del consumo local nadie tiene idea porque, con la “austeridad”, no solo se ha deshilachado el sistema público de salud, sino que se abandonó la medición de las adicciones. Asombra que no sepa del uso por mexicanos del mortífero opioide, a la vista en calles de Tijuana, Mexicali o Ciudad Juárez.
Pero más lamentable fue su afirmación de que “no producimos fentanilo”:
Hace tres semanas, la Secretaría de la Defensa publicó un comunicado sobre el hallazgo, en Sinaloa, de un laboratorio clandestino, “el de mayor capacidad de producción de droga sintética que se tenga registrado históricamente y durante la presente administración”, donde se procesaba, precisamente, fentanilo.
El 14 de febrero, informó, “personal del Ejército Mexicano llevó a cabo el aseguramiento de un centro de manufactura de pastillas de fentanilo” en las inmediaciones de Pueblos Unidos (municipio de Culiacán).
Según el reporte, “se trataba del laboratorio con mayor capacidad de producción de metanfetamina” (el estimulante donde los delincuentes mezclan el peligroso fentanilo).
Detalló que fueron asegurados: 128 kilos tres gramos de fentanilo granulado, 629 mil 138 pastillas “de probable fentanilo con un peso aproximado de 68.576 kilogramos”, más otros 100 kilos de metanfetamina y 750 de ácido tartárico, entre otras sustancias con que se cocina la droga 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más potente que la morfina.
Y ha habido otros descubrimientos.
Si el Presidente no había sido informado hasta ayer, ¿de qué se hablará en las cacareadas reuniones madrugadoras del gabinete de seguridad?
Y se transmitió el video en que una voz masculina destiló insidias como éstas:
—“La mayor tajada de los contratos le correspondió a Telmex con mil 252 millones de pesos, es decir, 37 por ciento del presupuesto”.
—“García Luna presumió su nuevo centro de inteligencia con periodistas amigos de los horarios estelares de las televisoras como Carlos Loret de Mola, Joaquín López-Dóriga o Carlos Marín…”.
Ese testaferro ignora que somos reporteros y también estamos fotografiados con su jefe… (Carlos Marín, Milenio, Política, p.7)
El fentanilo incendió la relación entre México y Estados Unidos y cambió la actitud del gobierno del presidente Joe Biden con el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la culminación de un mes de mensajes directos desde el Capitolio de legisladores influyentes y funcionarios, esta semana Washington dejó caer en la Ciudad de México todo el peso de la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Pentágono, para hablar con el Presidente y con el gabinete de seguridad, y volver a su país con el compromiso de que el combate a los cárteles de la droga y parar el tráfico de fentanilo va a ser tomado en serio por Palacio Nacional.
Las visitas coincidieron con el crimen contra cuatro estadounidenses en Matamoros, que tensó la relación bilateral y provocó una andanada de reacciones de republicanos en el Capitolio pidiendo el envío de tropas estadounidenses a México. En una audiencia en el Congreso, la subsecretaria para la Defensa Territorial y Asuntos Hemisféricos del Pentágono, Melissa Dalton, dijo que esa posibilidad era muy compleja por la sensibilidad mexicana sobre la soberanía nacional y el riesgo de que terminara por completo la cooperación, pero tampoco cerró la puerta a esa eventualidad.
Lo que más le preocupaba al Pentágono, agregó Dalton, que estuvo ayer en la Ciudad de México hablando con los jefes de las Fuerzas Armadas, es la creciente violencia en este país y el “profundamente preocupante” flujo de fentanilo a Estados Unidos. En la misma audiencia, el general Glen VanHerck, jefe del Comando Norte, agregó que los cárteles de la droga mexicanos son una de sus principales preocupaciones, y resaltó que están utilizando dispositivos explosivos y pequeños drones para atacar a las fuerzas de seguridad. Lo que dibujaron en el Capitolio fue un creciente poderío de las organizaciones criminales que están doblegando a las fuerzas federales al otro lado de su frontera sur.
Cuidado. Si el problema para Estados Unidos es de salud y policial, pero sobre todo, como lo están diciendo explícitamente, de seguridad nacional, mal hará el presidente López Obrador si la única respuesta que da a la marejada que está llegando desde Washington es la narrativa nacionalista y declaraciones huecas, porque no las acompaña ningún soporte político y diplomático en la mañanera. Tiene que entender que se encuentra en una situación muy delicada en la relación bilateral y que la maquinaria política, diplomática, militar y de inteligencia del presidente Biden está alineada contra México.
El miércoles, el Departamento de Estado difundió el Reporte de Estrategia Internacional para el Control de Drogas, donde se queja de México respecto de que los más altos funcionarios del gobierno no reconocen que se produce fentanilo en su país ni comparten información con Estados Unidos sobre decomisos de los precursores químicos para fabricar el opiáceo sintético que llegan de China y la India. “El volumen y la potencia de las drogas peligrosas que entran a Estados Unidos desde México, y la violencia alimentada por las organizaciones criminales trasnacionales es alarmantemente alta”, concluye el reporte. “México necesita reforzar sus operaciones contra las drogas, fortalecer la cooperación para frenar el tráfico de armas y demostrarlo con resultados medibles”.
Y el jueves, la Dirección Nacional de Inteligencia, en su evaluación anual sobre los riesgos que enfrenta Estados Unidos, señaló a las organizaciones criminales trasnacionales, los cárteles de las drogas de México, como los productores y distribuidores “dominantes” de drogas ilegales a esa nación, que la han inundado con fentanilo y provocado un incremento dramático en su uso por parte de jóvenes desde 2019, cuando aparentemente se relajaron los controles en México.
En Washington están sucediendo más cosas y más rápido de lo que se aprecia en México. Nos llegan algunos relámpagos, como el proyecto de resolución para que puedan entrar tropas a México, propuesta por los diputados Dan Crenshaw y Mike Glanz, retomado por el senador Linsdey Graham esta semana tras el crimen contra cuatro ciudadanos estadounidenses, que parece un disparate. Sin embargo, son mucho más que ideas aleatorias. La audiencia en el Comité de las Fuerzas Armadas donde comparecieron Dalton y VanHerck es una muestra.
De manera reiterada diputados de los dos partidos preguntaron sobre la posibilidad real de enviar tropas a México como un acto de defensa de la seguridad nacional de Estados Unidos, logrando la caracterización del general de que la frontera sur sí es un tema de seguridad nacional. La amenaza que ven en México no se limita a los cárteles de la droga. La creciente presencia de China, Rusia e Irán en la región, es el factor que no existía hasta hace poco tiempo y ahora es dominante.
Viejos dolores de cabeza y nuevas amenazas están siendo debatidas en el Capitolio en distintos comités en el Congreso y el Senado. La visita de Dalton con los jefes militares mexicanos tuvo como temas no sólo la violencia de los cárteles y el fentanilo, sino el reforzamiento de la cooperación militar, en inteligencia y contra el ciberterrorismo, y coincidió con un encuentro de la responsable para Seguridad Territorial del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall, con López Obrador, que transmitió la preocupación de Biden sobre el fentanilo y la violencia criminal. Las bravatas desde Palacio Nacional no tienen ningún efecto práctico en el trato bilateral. Amagar con pedir a la comunidad mexicana en Estados Unidos que vote el próximo año contra los republicanos es una declaración sonora, pero sin puerto de destino, entre otras cosas, porque López Obrador no tiene credibilidad entre las organizaciones mexico-norteamericanas, con las que no ha querido tener relación. Tildar de ineficientes a los servicios de inteligencia estadounidenses refuerza el nacionalismo, pero tampoco llega a ninguna parte.
Su retórica le ayuda para la cohesión interna al envolverse en la bandera nacional, pero no ataja ni neutraliza la animadversión antimexicana que está creciendo en la clase política en Estados Unidos. Su narrativa puede continuar, pero es trabajo político y diplomático, urgente e intenso, que no está haciendo su gobierno, lo que debe emprender. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, p.40)
La operación control de daños del gobierno (es un decir) de AMLO a las pocas horas de conocerse que las Fuerzas Armadas habían matado a cinco personas en Nuevo Laredo se centró en desprestigiar, en una mañanera, al defensor de derechos humanos Raymundo Ramos.
Desde Palacio Nacional el Presidente de la República autorizó la transmisión de un audio donde el conocido activista tamaulipeco, presuntamente, hablaba con un supuesto narcotraficante.
La administración pretendió de esa manera restar toda credibilidad a quien advirtió a la opinión pública sobre la gravedad de los hechos ocurridos el 26 de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Sin la denuncia de alguien tan acreditado entre la prensa nacional como Ramos, muy probablemente la muerte de esos jóvenes hubiera quedado registrada como un “enfrentamiento” del Ejército con “agresores” “abatidos”.
Cuando Ramos levantó la voz se activaron las alarmas: los hechos podrían constituir una ejecución por balas castrenses. Las pesquisas han fortalecido esa hipótesis.
El gobierno no se iba a quedar con el golpe, y en un afán por lograr un margen de maniobra para restarle importancia a la masacre, la emprendió, desde Palacio Nacional y con medios públicos, en contra de Ramos.
Simultáneamente vino el boletín de la Secretaría de la Defensa Nacional donde cantinflea pero reconoce que algunos de sus elementos están siendo investigados y, por lo pronto, les achacan desobediencia.
Si AMLO no sabía que la Sedena ha usado Pegasus para espiar a Ramos, entonces el Presidente es un hombre muy muy mal informado.
Y lo mismo se puede decir si ignoraba que varios medios de comunicación nacionales, y al menos uno internacional, junto con activistas, estaban por sacar un reportaje donde se prueba ese espionaje.
Porque la revelación de Animal Político, Proceso y Aristegui Noticias utiliza documentos de Guacamaya Leaks para evidenciar que, contra lo que ha dicho el general secretario Luis Cresencio Sandoval, el Ejército en este sexenio no sólo espía a activistas, sino que los espía para tratar de evitar que evidencien abusos de derechos humanos de las propias Fuerzas Armadas. Es un cliché, pero aquí es obligado: en otro país el escándalo ameritaría renuncias del más alto nivel.
Así que una de dos: o AMLO no tiene el control de las Fuerzas Armadas, y el poderoso encargado de éstas (el de la Marina, with all due respect, está muy marginado) le miente cuando le llevan a declarar que en este gobierno no se espía a periodistas y defensores de derechos humanos, o el cinismo del tabasqueño ha marcado un nuevo récord.
Porque desde octubre de 2022 se ha denunciado que la Sedena lopezobradorista compró Pegasus, y no es concebible que, ocurrida la gran sustracción de documentos conocida como Guacamaya Leaks, el alto mando militar no haya reportado al comandante supremo en Palacio Nacional que, entre las cosas que podrían hallarse en sus correos, estaban los reportes de cómo Luis Cresencio Sandoval era informado del espionaje a Ramos en el marco de acusaciones a militares presuntamente ejecutando civiles en Tamaulipas.
El vocero Jesús Ramírez y López Obrador quisieron machacar la credibilidad de Ramos el 1 de marzo, pero sólo le dieron más visibilidad días antes de que se demostrara que los correos de la propia Sedena contienen reportes al general secretario sobre cómo espían al tamaulipeco.
Si el vocero y el Presidente ignoraban esos cables cuando lanzaron en la mañanera el ataque contra Raymundo Ramos, malo. Pero si fue a sabiendas, ¿ante qué estamos?
El Ejército mexicano espía a activistas de derechos humanos para evitar que investiguen muertes a manos de soldados. El Presidente es cómplice o encubridor. (Salvador Camarena, El Financiero, Nacional, p.42)
Mariana y Samuel, muy cercanos a Beatriz y Andrés Manuel
Año y medio está por cumplir como gobernador de Nuevo León y Samuel García se ha convertido en pieza clave para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
A diferencia de otros mandatarios de oposición, el joven gobernador emecista no se achicó.
Echado para adelante, logró que el primer mandatario lo vea como un articulador de importantes proyectos.
Busca AMLO que García se convierta en uno de los principales promotores de inversiones no sólo para su estado sino para otras entidades, sobre todo en el sur de la República.
Este fue uno de los planteamientos que le hizo, durante su visita de la semana pasada a Nuevo León, a donde acudió para “cerrar” la operación con la que se concretó la llegada de Tesla.
En ese viaje, me dijo una fuente de Palacio Nacional, el presidente le reconoció a Samuel su persistencia, pero sobre todo el trato y la mano que tiene para cerrar acuerdos con los hombres del dinero.
Por esa razón le pidió ayuda para que, con sus buenos oficios, las inversiones de Elon Musk se extiendan a otros estados y, de paso, empuje a los empresarios de su entidad para que inviertan en el sur donde hay mucha mano de obra.
Él, a su vez, se comprometió a seguir ayudando al gobierno neoleonés como ya lo hizo con una inversión millonaria para construir el tren que va de Monterrey al aeropuerto, así como para la edificación de las presas Cuchillo 1 y Cuchillo 2.
La buena voluntad de ambos no se quedó sólo en el discurso. De un lado y otro han cumplido con su palabra, algo que prevén permanecerá durante un buen tiempo.
Aunque hay que decir que esta “sana” relación sí obedece a un abanico de intereses políticos y económicos, pero lo que pocos saben es que hay algo más.
Las esposas de ambos han jugado un papel preponderante. La joven Mariana Rodríguez Cantú tiene una relación de amistad, más allá de lo político, con Beatriz Gutiérrez Müller.
Dicen, los que dicen que saben, que el acercamiento es más estrecho entre ellas dos que entre la esposa del presidente y algunas gobernadoras de Morena.
Si bien es cierto que las decisiones no las toman ellas, el trato cordial y de respeto influye, sin duda, en la buena relación entre el primer mandatario y el gobernador emecista.
La coordinación entre ambos es calificada como “excelente” en sus respectivos equipos, tanto que AMLO intervino para resolver el problema del agua de hace unos meses.
A cambio quiere que Samuel asuma el papel de promotor para convencer a los empresarios de su entidad de que hay espacio para invertir en otros lugares, como en las inmediaciones del Aeropuerto Felipe Ángeles o en la ruta del Corredor Interoceánico.
De la política nada se habla cuando se reúnen, porque dicen que eso es algo que deben resolver los dirigentes de sus partidos: Mario Delgado y Dante Delgado.
No quieren que se confunda la gimnasia con la magnesia, más ahora que el partido naranja tomó la avezada decisión de no participar en la contienda por las gubernaturas del Edomex y Coahuila.
Lo importante para AMLO y Samuel es dejar constancia de que la buena relación puede rendir frutos que ya están a la vista, con todo y el escepticismo que caracteriza al presidente, como el que mostró cuando se planteó la llegada de Tesla, por ejemplo.
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Como estable reportan el estado de salud de Jorge Emilio González, dirigente moral del Partido Verde, a quien detectaron cáncer de estómago y se atendió de inmediato.
Está enfermo y bajo tratamiento, pero nada grave, me confió una fuente cercana.
Sin embargo, el hecho desató una ola de especulaciones, lo que fue desmentido por cercanos colaboradores con quienes, incluso, trabajó todo el día de ayer a distancia.
Atendió llamadas y acordó con todo el mundo, me dijo un dirigente del partido.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “La causa de la mayoría de los problemas de relaciones humanas está en la falta de reconocimiento mutuo.” (Alfredo González, El Heraldo de México, País, p.7)