Los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron trabajar conjuntamente para contrarrestar los estragos causados por el fentanilo, que cada vez deja más muertes en el país vecino.
Las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y de Joe Biden señalaron que durante la visita de funcionarios de alto nivel de la Casa Blanca a Palacio Nacional el jueves pactaron lanzar una segunda fase del Entendimiento Bicentenario para aumentar aún más la cooperación, con el propósito de combatir el crimen organizado trasnacional, la producción ilícita de fentanilo, así como el tráfico de armas y municiones de alto calibre hacia México.
En un comunicado conjunto dado a conocer un día después del encuentro del presidente López Obrador con la delegación estadunidense, encabezada por la asesora de seguridad nacional de Washington, Elizabeth Sherwood-Randall, se detalló que el compromiso se da particularmente para contrarrestar los estragos del fentanilo (Emir Olivares y Laura Poy, La Jornada, Política, p.3)
Ciudad Victoria, Tamps., Familiares de estadunidenses secuestrados en México dijeron que una supuesta disculpa del cártel mexicano al que se le atribuye el ataque ha servido de poco para aliviar el dolor causado por la agresión hacia sus seres queridos, quienes al final resultaron asesinados o heridos.
En una carta obtenida por The Associated Press a través de un agente del orden público del estado mexicano de Tamaulipas, la facción Escorpión del cártel del Golfo se disculpó con la población de Matamoros –donde los cuatro estadunidenses fueron secuestrados–, con la mujer mexicana que murió en el incidente y con los estadunidenses atacados y sus familias.
Más tarde ese día, el padre de Shaeed Woodard, uno de los dos estadunidenses que murieron, dijo estar sorprendido de que el cártel se haya disculpado por el violento secuestro. (Ap, La Jornada, Política, p.4)
El congresista republicano Dan Crenshaw respondió de forma airada a un mensaje en redes sociales del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Héctor Vasconcelos, en el que éste reivindica los esfuerzos del gobierno mexicano por combatir el crimen organizado y advierte que la presencia de fuerzas armadas extranjeras en un país independiente y para colmo, amigo, constituiría la más flagrante violación de la integridad territorial y el respeto que las naciones se deben tener entre sí.
Horas después, Crenshaw le contestó con acusaciones y órdenes: “Pare de defender a sus amiguitos narcos y actúe para prevenir el tráfico de fentanilo. Cálmese con sus mentiras sobre una supuesta ‘invasión militar’. Sólo queremos que nuestras fuerzas militares trabajen juntas.
“O, ¿acaso prefiere que México sea conquistado por los narcos?”, agregó Crenshaw, en un tono muy alejado del que empleó el senador Vasconcelos en su texto, en el que éste reprochó al republicano: Parece ignorar que existe algo llamado soberanía, elemento constitutivo de cualquier nación libre. (De la redacción, La Jornada, Política, p.4)
César de Castro, abogado de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, aseveró que su cliente podría cooperar ahora con las autoridades estadunidenses –como ha sugerido el presidente Andrés Manuel López Obrador–, por lo que analizará esa posibilidad con el ex funcionario.
Casi todos los acusados tienen esa oportunidad. Entonces, sí, yo diría que él tuvo la oportunidad, (pero) no lo hizo y fue a juicio. ¿Arrepentirse?, no. Además, el juicio ha establecido que muchos testigos optaron por cooperar después de su sentencia. Hay dos formas de cooperar: antes y después, en cualquier momento, señaló a la cadena CNN Latinoamérica.
–¿Puede colaborar aun cuando ha sido declarado culpable y sentenciado? Él tiene información, pruebas, de que personas en un nivel más alto que él –vamos a decir ex presidentes– sabían o estaban involucrados en aceptar sobornos, trabajar con narcotraficantes, ¿por qué no hablarlo? (De la Redacción, La Jornada, Política, p.5)
Los 21 gobernadores de Morena y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, refrendaron su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador en la defensa de la soberanía nacional frente a Estados Unidos. También rechazaron la propuesta –impulsada por legisladores y líderes republicanos de su país– de una intervención militar en México con el pretexto de combatir el narcotráfico, y les pidieron reconocer que su nación es parte de un problema que requiere solución bilateral de cooperación efectiva y no amenazas de invasión.
En un desplegado, los 22 mandatarios estatales de Morena expresan a los republicanos que es fundamental entender el problema en toda su complejidad y les piden reconocer que el poder de los cárteles de la droga y demás organizaciones criminales se basa en el abastecimiento masivo de armas de alto poder provenientes de Estados Unidos.
Resaltan que se debe aceptar que la conducta de ciertas empresas farmacéuticas y de diversos sectores del sistema de salud de Estados Unidos juegan un papel determinante en la crisis y epidemia de opioides en la nación vecina. (Andrea Becerril, La Jornada, Política, p.5)
En México, 92 mil 615 personas se encuentran en prisión preventiva (sin haber recibido sentencia)y tienen a salvo sus derechos electorales. El dato, al corte de enero pasado, muestra el tamaño del reto para hacer efectivo su voto el año próximo, como prevé la nueva ley en la materia.
Votar es un derecho frágil en prisión, advirtió el magistrado Alejandro David Avante, presidente de la sala regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En una mesa organizada por la escuela del TEPJF, participó Ana Georgina Domínguez Macías, quien estuvo 13 años en prisión preventiva. Ella fue aprehendida con violencia por elementos del Ejército durante el gobierno de Felipe Calderón y fue acusada de ser la contadora de un grupo criminal. (Fabiola Martínez, La Jornada, Política, p.6)
Luego de que el jueves un tribunal federal ordenó restituir al secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo Molina, el presidente Andrés Manuel López Obrador sentenció: Ahí va a seguir Porfirito, en alusión a que el funcionario –de acuerdo con el mandatario– tiene 30 años colaborando en el instituto y 15 en el cargo del que fue removido.
En la conferencia matutina de ayer, se refirió brevemente a la decisión del noveno tribunal colegiado en materia administrativa, que por unanimidad otorgó la suspensión provisional a Jacobo Molina contra el artículo 17 transitorio del decreto de reformas del llamado plan B, que asienta su remoción del cargo para que el consejo general del INE designe a un sustituto en mayo.
Ya consiguió un amparo, ahí va a seguir Porfirito. Cómo no lo van a amparar si los jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial forman parte del mismo bloque conservador, con honrosas excepciones. Y cómo no lo van a amparar si ellos están amparados también para seguir cobrando sueldos elevadísimos. Es una red de componendas y de complicidades, aseguró el jefe del Ejecutivo federal sin pregunta de por medio. (Emir Olivares y Laura Poy, La Jornada, Política, p.6)
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno nunca estará contra el periodismo, pero aclaró que éste sirve a los ciudadanos cuando es profesional, objetivo; cuando está cerca de la gente y distante del poder.
En conferencia matutina en Palacio Nacional, aseveró que en México hay medios de comunicación que no están al servicio del pueblo, sino de la oligarquía, de los que se sentían dueños de México, de quienes se dedicaron a saquearlo y quieren regresar por sus fueros.
Aseguró que son pieza clave de ese grupo conservador, corrupto, que le hizo mucho daño al pueblo de México y a la nación. Nosotros nunca vamos a estar en contra del periodismo, nunca, pero subrayó que estos medios tienen que ver con intereses de grupo, con poder económico, con poder político conservador. (Laura Poy y Emir Olivares, La Jornada, Política, p.7)
Crece la inconformidad entre senadores de Morena, PRI y PAN ante la pretensión del coordinador del grupo mayoritario, Ricardo Monreal, de regresar a la Suprema Corte los 15 candidatos propuestos para elegir de entre ellos a cinco magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Le demandaron que antes de ello se analice terna por terna, se seleccionen los mejores perfiles y se busquen los consensos. No estamos para el capricho de quien quiere desechar las cinco ternas, sólo porque no viene su favorito, comentó el senador blanquiazul Damián Zepeda. En el PAN, dijo, insistirán en que se intenten los acuerdos, ya que hay excelentes perfiles de dónde elegir.
Entre las grupos parlamentarios circula la versión de que a quien se pretende imponer es a Armando Ambriz, actual presidente interino del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, quien fue nombrado magistrado en 2019 bajo el impulso de Monreal, entre protestas de legisladores morenistas, entre ellos de Martí Batres, quien advirtió que se estaba imponiendo a un operador del fraude electoral. (Andrea Becerril y Georgina Saldierna, La Jornada, Política, p.8)