Opinión Migración 120323
Geopolítica y migración
Es la geopolítica y no las supuestas razones humanitarias lo que incide en los flujos migratorios que se generan y atraviesan México.
Durante el siglo XX los momentos de tensión y crisis se resolvieron mediante grandes deportaciones, como las ocurridas en 1921, 1929 y 1939; eran crisis económicas que se expresaban como una contracción del mercado de trabajo. Lo más redituable a nivel económico y político era deportar mexicanos, por razones geopolíticas de vecindad. Nadie pensaba deportar a inmigrantes polacos o italianos, por ejemplo, que también estaban desempleados.
Con la Segunda Guerra Mundial, como también sucedió en la primera, la crisis fue de escasez de mano de obra y la vecindad fue un factor decisivo para importarla y sustituir a los cientos de miles que se habían enrolado para ir al frente de guerra. Y por primera vez se dio un acuerdo entre los dos países: el llamado Programa Bracero que duró 22 largos años (1942-1964), un convenio complicado y conflictivo, pero al fin y al acabo bilateral.
Luego se pasó a una fase de pragmatismo por parte de Estados Unidos, para qué hacer convenios si los mexicanos llegaban de todos modos a trabajar, no importaba que fueran indocumentados, total en cualquier momento se les podía deportar, dada que eran vecinos. (1965-1985). El pragmatismo también se dio del lado mexicano, con la llamada política de la no política, el asunto migratorio era un problema del vecino del norte.
Veinte años después, el pragmatismo les pasó la factura a los estadunidenses, 4 millones de indocumentados eran demasiados. Se reconocía la importancia de la mano de obra para la economía, pero había que regularizar su situación. Y de manera casi inexplicable, la propuesta de ley Simpson y Rodino fue firmada por el presidente Reagan y 2.5 millones de mexicanos fueron legalizados con la ley IRCA (1986). México, expectante e incrédulo, se congratuló con la decisión y profundizó su política de contacto y apoyo a la comunidad mexicana radicada en Estados Unidos.
El siglo XX concluyó con tres dinámicas paralelas, un intenso proceso de reunificación familiar de hijos y cónyuges de los legalizados; una ley migratoria correctiva, represiva y persecutoria, firmada por Bill Clinton, en 1996 (IIRAIRA) y, como consecuencia de la nueva política, el fin de la tradicional migración de tipo circular que caracterizaba a los mexicanos.
El siglo XXI se distingue por la irrupción de la migración en tránsito por México y el cambio de patrón migratorio de la migración indocumentada masculina a la migración familiar y la solicitud de refugio. La emigración mexicana pasa a segundo plano y por primera vez en la historia la Patrulla Fronteriza detiene a más centroamericanos que mexicanos.
La migración en tránsito por México, de características masivas, entró en la agenda bilateral y se intensificaron las presiones para que México controlara el flujo.
La emigración mexicana comenzó a perder fuerza y se hizo evidente un cambio sustancial, la disminución progresiva de la emigración indocumentada a partir de 2008 y el incremento de la migración legal, principalmente debido a la reunificación familiar, así como de naturalizaciones.
La migración en tránsito se diversifica notablemente en cuanto a países de origen, además de El Salvador y Guatemala en el escenario centroamericano, Honduras se hace presente con fuerza después de que el huracán Mitch devastara al país (1998).
Hacia 2010 los centroamericanos cambian de patrón migratorio y optan por la migración familiar y solicitar asilo. En 2015 se declaró una crisis humanitaria por la llegada masiva de familias y niños a la frontera. El gobierno de Barack Obama presionó y como resultado se formó el Programa Frontera Sur, con el cual se pretendía dar una solución integral a la problemática.
En 2016, de manera inesperada, llegaron miles de haitianos a Tijuana, Baja California, con la esperanza de pasar al otro lado. El escenario se repitió en 2020 con la llegada de miles de haitianos, provenientes de Chile y Brasil, los que de manera organizada dan un portazo en Ciudad Acuña y cruzan el mismo día más de 17 mil personas.
En 2018 se llegó a un punto álgido en la relación bilateral, por el paso de la caravana migrante de más de 7 mil personas que llegó hasta Tijuana. Al año siguiente otra caravana encuentra paso libre en la frontera mexicana y se relajan los controles. En mayo de ese año, el número de migrantes capturados por la Patrulla Fronteriza llegó a 130 mil y la respuesta del presidente Donald Trump fue la amenaza y el chantaje de imponer aranceles a nuestra nación.
La pandemia ralentiza los flujos, pero la presión estadunidense continua con el Programa quédate en México, las listas de espera organizadas por el Instituto Nacional de Migración (INM) y la deportación en caliente por la aplicación del denominado Título 42. Estados Unidos deporta a México a solicitantes de refugio extranjeros por estas dos vías. Algo totalmente irregular. A esto se añade el reciente acuerdo de deportación de 30 mil extranjeros al mes de cuatro países: Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití.
Una selección que nuevamente tiene que ver con la geopolítica, son los migrantes de países que no puede deportar Estados Unidos y los a manda a su patio trasero, con anuencia del gobierno. (Jorge Durand, La Jornada, Política, p. 16)
GOP
El obradorato comparte ethos, ideología y filosofía con el trumpismo.
En versión tropical y de manera exacerbada, el presidente mexicano le ha rendido a Trump el mayor de los tributos: desde el inicio de su gestión lo ha emulado y también superado.
El presidente AMLO imita a Trump en su discurso divisorio: los dos explotan una narrativa discriminatoria y clasista; sus políticas están encaminadas a contrarrestar los contrapesos de otros poderes y de organismos autónomos.
Los dos habitan en el mundo de la postverdad y evocan un pasado nacionalista y proteccionista.
Los dos han iniciado una cruzada en contra de la prensa y utilizan las estructuras gubernamentales para anular a los disidentes.
El manual ideado por Trump contempla el lucro electoral de las masas asociadas con la iglesia evangélica.
Desde el inicio de la administración del presidente López Obrador, la iglesia católica ha sido atacada por defender las posturas de la oligarquía mientras que los grupos evangélicos han recibido canonjías que les han permitido aumentar su influencia y ámbito de acción.
AMLO y Trump construyeron una amistad idílica. Su bromance rivalizó con el de Ben Affleck y Matt Damon o el de Brad Pitt con George Clooney.
Además de tenerse un gran afecto, y presumir su amistad, han defendido con uñas y dientes la posibilidad de eternizarse en sus cargos.
Sin embargo, la suficiencia que Trump le hacía sentir al Presidente de México al ofrecerle su atención y sincera amistad, fue vista por muchos mexicanos como una traición.
Trump persiguió y denostó a la diáspora de mexicanos que se ha asentado en los Estados Unidos.
El embate mediático e institucional del gobierno estadounidense relegó a la indefensión a millones de mexicanos migrantes y de mexicoamericanos. Nuestros paisanos cuando fueron atacados nunca encontraron solaz o consuelo en las palabras del Presidente.
Pero ahora que algunos miembros del partido republicano han contemplado catalogar a los cárteles del narcotráfico como grupos terroristas, el presidente amenaza con pedirle a los mexicanoamericanos un voto de castigo contra el Grand Old Party.
Su postura sorprende porque fue él quien vulneró la soberanía mexicana cuando, junto a su canciller, decidió operar al margen de las instituciones, afectar la relación bilateral y exponer a México a sanciones comerciales por hacer las veces de tercer país seguro y convertir a la Guardia Nacional en un muro entre los migrantes centroamericanos y el sueño americano.
El trumpismo y el obradorato están peligrosamente cerca. Con la aprobación del Plan B, López Obrador inicia su “toma del Capitolio”. A los demócratas nos toca defender la República.
En los comicios de este año y el que viene, México se juega su futuro. (Alejandro Echegaray, El Heraldo de México, País, p. 6)
Frentes Políticos
- Efervescencia. No todo lo que brilla es oro. La instalación de una gigafactoryde Tesla en Nuevo León traerá como consecuencia un incremento del flujo migratorio. La excónsul general de El Salvador en Monterrey señaló que el incremento migratorio vulnerará más a las personas en situación de movilidad. “Al conocer el tema, por ejemplo, de Tesla dicen: hay oportunidad de empleo, me voy a mover a Monterrey”, señaló. Y, aunque la instalación de la armadora de autos eléctricos es todavía un proyecto, la gente toma la idea de que ya hay un nuevo espacio para trabajar. Que, en la emoción, el gobernador Samuel García no olvide estos detalles. (Redacción, Excélsior, Nacional, p. 13)
Atentamente…
La opinión pública se conmovió y horrorizó ante las macabras escenas de cuerpos inertes de dos hombres y una mujer con heridas de bala en una aislada cabaña de apenas unos metros cuadrados. Los cadáveres presentaban señales de descomposición, los sobrevivientes fueron llevados a un hospital en Matamoros, Tamaulipas, y en unas cuantas horas trasladados al otro lado de la frontera.
Se trata de hombres y mujeres estadunidenses, venían de Carolina del Sur, un estado a miles de kilómetros de la frontera mexicana, donde la vida transcurre sin mayores sobresaltos y muy rara vez ocupa la atención de los medios de comunicación.
Hasta donde se ha podido averiguar, varios de ellos contaban con antecedentes penales, incluso, habían estado por periodos cortos en la cárcel, acusados por tráfico de drogas, robo a mano armada o violencia física.
No parecen haber estado antes en México, pero tenían cierta experiencia y contactos con grupos de narcotraficantes mexicanos a los que les compraban drogas, incluyendo el ahora tristemente célebre fentanilo, 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina.
Las cámaras de seguridad en la ciudad arriba citada captaron cuando un grupo de hombres armados con metralletas y rifles de alto poder, los suben con violencia a una camioneta pick up en pleno centro de la ciudad.
Por varios días no se supo nada de ellos, lo cual provocó que el asunto fuera comentado por la Casa Blanca, el Departamento de Justicia y el embajador Ken Salazar. En un principio exigieron que el gobierno mexicano los localizara, el FBI ofreció una recompensa por 50 mil dólares a quien proporcionara información útil para identificar a los agresores; legisladores republicanos aprovecharon para llevar agua a su molino vociferando acusaciones en contra del gobierno mexicano y la Casa Blanca. Sin embargo, en cuanto se supo el antecedente delictivo de estas personas todos ellos optaron por no insistir en el asunto.
Por su parte, el presidente López Obrador declaró que había dado instrucciones para que las secretarías de la Defensa, Marina y Seguridad Ciudadana, más la Fiscalía General, trasladaran a sus agentes e investigadores a sumarse a la búsqueda de los entonces “desaparecidos”.
Molesto por la manera en que la prensa estadunidense presentaba el asunto dijo: “No permitir intervención de ningún gobierno extranjero en nuestro país; le pido a los legisladores de Estados Unidos concentrarse en las bandas criminales que distribuyen fentanilo allá, se rasgan las vestiduras… cuando asesinan a mexicanos callan como momias, son como zopilotes. Hubo politiquería en ambos lados”.
Para enrarecer aun más el caso, apenas un par de días después, aparecieron en las puertas de un hospital en la multicitada ciudad varios hombres con las manos atadas y un mensaje escrito a mano en el que se lamentaba de lo acontecido y los señalaban como responsables, firmado por el Cártel Jalisco, grupo Escorpiones, que concluía con un ¡“Att.”!
Al momento de escribir estas líneas subsisten múltiples preguntas: ¿Es verdad que la agresión fue una confusión, como sostuvo en un principio la Fiscalía de Tamaulipas? ¿Quién controla esa ciudad? ¿Tendrá alguna consecuencia para el gobernador Américo Villarreal? Se dice que se han desplegado a Matamoros 600 soldados, ¿tendrán una presencia permanente? El gobierno de Estados Unidos reaccionó con prudencia y reiteró su decisión de colaborar con el gobierno mexicano, ¿qué demandas concretas le harán al presidente López Obrador?
La presencia de la delincuencia organizada en el país no deja de crecer y fortalecerse. Los índices delictivos publicados por el Inegi así lo confirman. Son miles las familias que lloran a sus parientes fallecidos en esta ola de violencia criminal que altera la paz y tranquilidad en ciudades como Matamoros. En esta ocasión murió, por una bala perdida, Areli Pablo, de sólo 34 años.
Las autoridades de los tres niveles de gobierno, los legisladores y los partidos políticos estarán obligados a plantear sus propuestas en el proceso electoral del 2024, sobre cómo piensan enfrentar lo que en mi opinión es el principal reto que enfrentamos los mexicanos: vivir en una sociedad regida por el Estado de derecho o como dijo una reportera local: “Se dice que están llegando los soldados, no se ven, estamos de vuelta en nuestra triste normalidad”. (Gustavo Mohar, Excélsior, Nacional, p. 12)
La Esquina
Llegamos al punto de la interferencia (intervención en las declaraciones) desde EU por el tema del narcotráfico. Nuevamente los vecinos eluden asumir que ellos también tienen bandas criminales y generan la demanda de drogas. Pasan ya a la calumnia contra la investidura presidencial y eso, evidentemente, no se vale. Lo deseable es poner manos a la obra y armar un plan conjunto contra el crimen organizado. (Redacción, La Crónica, P.p.)
Los marines
No se hagan bolas: los marines no nos invadirán. Si les inunda un espíritu nacionalista, no se preocupen; pero si han fincado todas sus esperanzas en el rescate yanqui, se llevarán una gran decepción.
El gobierno de Estados Unidos no tiene interés en hacerse cargo de nuestros problemas de seguridad. Invadir un país para construir un Estado moderno fue inútil y les salió muy caro en Irak y Afganistán.
El ruido reciente es grilla electoral. Para un republicano ambicioso es una manera de ganar reflectores y presionar a Biden. No veremos marines en suelo mexicano, aunque sí seremos su punching bag.
La principal lección en Estados Unidos del juicio de García Luna es que la penetración del crimen organizado y la corrupción en altas esferas del gobierno mexicano explicaban el tráfico de cocaína. La facilidad con la que los cárteles mexicanos ahora producen fentanilo y lo exportan a Estados Unidos, donde el año pasado murieron más de 110 mil personas por sobredosis de opioides, se explica, según esa lógica, porque continúa tanto la corrupción como la vinculación entre crimen organizado y gobierno.
La presión de Estados Unidos por frenar la entrada de fentanilo es cada vez mayor. Ello, junto a las amenazas que para su seguridad nacional representan las organizaciones criminales cada vez más fuertes, es lo que les importa; no la inseguridad en nuestro país. Ésa la vamos a tener que resolver nosotros.
Estamos lejos de la pacificación prometida. La disminución de homicidios dolosos desde el inicio de este sexenio, siendo el 2018 un año inusualmente violento, a enero de este año es del 11 por ciento, pero si comparamos enero del 2022 con enero de 2023, hay incluso un incremento de 6.9 por ciento. En lo que va del sexenio, el número de homicidios dolosos es el más alto de la historia del país, más de 117 mil. En la CDMX vivimos en una burbuja de relativa seguridad, pero en buena parte del país el deterioro ha sido notable.
El aglutinador de la marcha del pasado 8 de marzo -con muchísimas más asistentes de las 90 mil reportadas por el gobierno capitalino- fue la inseguridad. Las pancartas eran claras: “Harta de avisar que llegué viva”; “Si mañana soy yo, ve a todos los festivales a los que no pude ir”. Las mujeres tienen miedo de estar en la calle y también en sus casas. Ahí, con toda impunidad, se cocina también el acoso sexual y el asesinato.
Se hizo lo prometido: se destruyó la Policía Federal y se creó la Guardia Nacional. Ya están desplegados cerca de 120 mil de sus efectivos. También hubo un fuerte aumento en el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Pero no se cumplió el objetivo de pacificar al país. Tener más soldados patrullando las calles, como lo han señalado los expertos en la materia, no contiene al crimen. La premisa de que si no se le atacaba, se pacificaría el país; de que con sólo percibir la fuerza del Estado se contendría el crimen, resultó falsa.
Hay una expansión de los grupos criminales en buena parte del país al no encontrar mayor resistencia de las fuerzas del Estado. No siempre nos enteramos del horror y nos hemos ido acostumbrando, salvo si los afectados son estadounidenses, como en Matamoros. Al gobierno de nuestro vecino sí le importa la seguridad de sus connacionales, y los medios de comunicación allá hicieron el ruido suficiente no sólo para que el gobierno mexicano reaccionara, sino para que los criminales, transparentando quién controla Matamoros, entregaran a los presuntos responsables, los cuales ya confesaron su culpabilidad. Los jefes de estos grupos tienen claro el costo de matar a un estadounidense. ¿Cómo hacer para que también les cueste matar a un mexicano? Con abrazos ya no fue.
La retórica no va a contener al crimen organizado ni va a disuadir a los republicanos de su campaña contra México. Los 20 meses que le restan al sexenio pueden ser los más violentos y complicados. (Carlos Elizondo Mayer-Serra, Reforma, Opinión, p. 9)
El terror en Tamaulipas y la amenaza de los mequetrefes
Aunque las muertes violentas jamás serán un desenlace aceptable, el secuestro de cuatro estadounidenses y los asesinatos de dos de ellos y de una mujer mexicana ocurridos en Matamoros el pasado viernes 3 de marzo, se acercaban ayer sábado a un esclarecimiento agridulce.
Dulce, coloquialmente hablando, porque sugiere un móvil más o menos verosímil. Agrio, porque muestra otra vez el horror de la inseguridad y la violencia con la que grupos criminales desangran al país frente a un Estado presumiblemente coludido o, por lo menos, claramente rebasado.
El hecho es que la 4T ni resuelve la inseguridad ni recupera el control territorial que ejercen los cárteles del narcotráfico y otros grupos criminales. Ni siquiera la recién aprobada permanencia del Ejército en las calles, atina a garantizarnos vida y propiedad y, peor aún, se suma al problema, como ocurrió con la muerte a tiros de cuatro jóvenes desarmados a manos de soldados en Nuevo Laredo, también en Tamaulipas, el domingo 26 de febrero pasado.
Estos dos casos nos remiten a otros hechos de la historia reciente y a las consecuencias que trajeron: el de la andanada intervencionista desatada por Washington tras el asesinato a manos del cártel de Guadalajara del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar (5 de marzo de 1985) y el del total desprestigio de la Guerra contra el Narco de Felipe Calderón cuando el Ejército mató a dos estudiantes inocentes dentro del Tec de Monterrey (19 de marzo de 2010).
Sobre el tema que hoy nos ocupa se sabe que los cuatro estadounidenses fueron encontrados cuatro días después de su secuestro en una cabaña abandonada, dos de ellos muertos; y que la única mujer del grupo había venido desde Carolina del Sur a someterse a una cirugía estética, pero que -según reportes de la Corte de ese estado- ella y otros dos tienen antecedentes penales relacionados con la elaboración y comercio de drogas, motivo por el cual habrían viajado a Matamoros.
Cuando el pasado viernes 10 de marzo la Fiscalía de Tamaulipas informó de la detención de cinco sujetos por el secuestro y muerte de los estadounidenses, no faltaron las voces críticas respecto a la celeridad de esas capturas que atribuyeron a las exigencias y presiones del gobierno estadounidense, pero la sorpresa fue mayúscula cuando se supo que la captura no fue resultado de investigación policiaca alguna, sino de la entrega de los hoy sujetos a proceso hecha por el Cártel del Golfo (CDG) junto con un narco mensaje en el que dice que decidió “entregar a los involucrados y responsables… quienes en todo momento actuaron bajo su propia determinación e indisciplina”.
¿De qué se trata? Aunque confesos, podrían ser chivos expiatorios para taparle el ojo al macho. O acaso sea otro sanguinario ajuste de cuentas entre los propios grupos criminales. El narco mensaje lo firma el “Grupo Escorpión”, facción del propio CDG. Y el operativo fue de tal magnitud que hace difícil creer que se trató de una confusión. Las cámaras de seguridad de Matamoros permiten recrear que participaron al menos ocho vehículos, bajo el mando de “La Kena” y/o “Ciclón 19”.
Estos hechos han sido el caldo de cultivo perfecto para potenciar una propuesta de ley que hicieron congresistas republicanos estadounidenses días antes del secuestro. Esa iniciativa avala la intervención de fuerzas militares estadounidenses en territorio mexicano para combatir a los cárteles de la droga y frenar el tráfico de fentanilo que hasta ahora ven nuestros vecinos como un grave problema de salud pública.
Esa preocupación desde luego que es legítima, pero no justifica violaciones a la soberanía de otro país, menos aun cuando allá está la fuerza de la demanda de drogas y desde allá vienen las armas con las que el narco ensangrienta las calles mexicanas. Es en ese contexto en el que deben analizarse los comentarios que al respecto hizo AMLO -eso sí, sin buen tino diplomático- al llamar “mequetrefe” al senador republicano Dan Crenshaw, promotor de la iniciativa de marras, quien vía Twitter preguntó al presidente mexicano: “¿A quién representa usted: a los cárteles o al pueblo?
AMLO le respondió al llamándole “mequetrefe”, en lo que más que un calificativo fue una descripción: persona insignificante en lo físico y en lo moral. Pero el dardo se clavó en otros republicanos promotores de la propuesta, los senadores Lindsey Graham y Mike Waltz, cercanos ideológicamente al expresidente Donald Trump, quien durante su mandato ya había esbozado la idea. El presidente mexicano se metió de lleno en el proceso sucesorio estadounidense.
Nada conjura los críticos efectos que estos acontecimientos traerán en el corto plazo a las de suyo complicadas relaciones con el vecino del norte. (Raúl Rodríguez Cortés, El Universal, Opinión, p. A16)
Narcotráfico no es terrorismo
El 1 de diciembre de 2019, tras las declaraciones del entonces presidente Trump, en las que decía que pondría en marcha un proceso para designar a las organizaciones mexicanas del crimen organizado como grupos terroristas, publicamos en este espacio un artículo bajo el mismo título (EL UNIVERSAL,12/01/19). Ahí nos referimos a las diferencias que hay entre ambos conceptos y explicamos por qué pretender equipararlas no solamente no solucionaría el problema sino que lo agravaría. La respuesta de México fue entonces y sigue siendo categórica: no se admitirá acción alguna que atente contra la soberanía nacional.
Pero no debe sorprender que una vez más nos topemos con el mismo debate. El tema se usa con fines político-electorales y la idea de una posible intervención militar en nuestro país, por perversa que sea, resulta atractiva para algunos. Los senadores republicanos Lindsey Graham (Carolina del Sur) y John Kennedy (Louisiana) han planteado un supuesto plan de dos puntos: designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales y la autorización del uso de la fuerza militar en su contra. El planteamiento se hizo con toda intencionalidad. Se trata de ganar adeptos. Resulta imposible pensar que ignoran que su dicho rebasa los límites establecidos en el derecho internacional. Pura politiquería, pues.
Pero por eso mismo es pertinente reiterar algunos puntos, para no caer en la provocación ni hacerles el juego, pero tampoco dejarlos pasar como si nada hubiese ocurrido.
La designación unilateral por parte de Estados Unidos de organizaciones terroristas extranjeras, se da como resultado de un proceso interno que está regulado por leyes de ese país, tales como el Acta de Inmigración y Nacionalidad o el Acta de Autorización de Relaciones Extranjeras.
Por lo mismo, conviene rescatar lo dicho por la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, el pasado 3 de marzo: “tal designación no es necesaria ni aporta mayores facultades a las ya existentes para abordar el combate al narcotráfico, incluidas sanciones a individuos y entidades”. O sea, la Casa Blanca se encargó de desmentir a los propios legisladores republicanos al dejar en claro que, designar a los narcos como terroristas, no es un requisito para hacer frente a los enormes retos que representa el narcotráfico.
Ahora bien, no designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas no significa minimizar la gravedad del problema. Se trata de definir con precisión y llamar por su debido nombre al tipo de actividad delictiva de la que se trata. Sólo así se podrán reforzar los mecanismos legales nacionales e internacionales que correspondan, para enfrentarlo con mayor eficacia.
La ONU también ha examinado el asunto. En la resolución 75/291 de la Asamblea General adoptada el 30 de julio de 2021, se expresa preocupación, toda vez que pueden existir vínculos entre ambos fenómenos, pero se subraya que es en ciertos casos y en algunas regiones. Lo que claramente se plantea es la necesidad de mejorar la cooperación a nivel nacional, subregional, regional e internacional con el fin de fortalecer la respuesta legal al problema. Así, desde la perspectiva de la comunidad internacional, se reitera el mismo principio asumido por México: cooperación sí, intervencionismo no. En el mismo sentido fue la resolución 2482 adoptada en 2019 por el Consejo de Seguridad.
Asumir que la designación de organizaciones del crimen organizado como grupos terroristas va a justificar el uso de la fuerza es, pues, un planteamiento falso y contrario al derecho internacional. La Carta de las Naciones Unidas en su Artículo 2, reconoce el principio de la igualdad soberana de los Estados y señala además que “los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas”. Dicho de otra manera, el uso de la fuerza armada por un Estado en contra de la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro, constituye un acto de agresión contrario al derecho internacional.
Cabe reiterar que incluso la sola amenaza del uso de la fuerza es violatoria de la Carta de la ONU, por lo que se podría plantear el nivel de responsabilidad que implica el que senadores estadounidenses, actuando en su capacidad oficial, hagan declaraciones expresando que “desatarán toda la furia y fuerza de Estados Unidos contra los cárteles de la droga, incluido a través del uso de la fuerza militar”. Dicho argumento va acompañado —seguramente también de manera intencional— de una supuesta amenaza a la seguridad de ese país, apuntando hacia una narrativa de legítima defensa. Otra artimaña.
Al respecto, cabe recordar que sólo existen dos excepciones a la prohibición del uso de la fuerza en la Carta de la ONU: cuando así lo autoriza el Consejo de Seguridad, al amparo del Capítulo VII, o cuando se actúa en legítima defensa de conformidad con el Artículo 51. Ninguna acción militar destinada a llevar a cabo ataques dirigidos contra organizaciones criminales en México podría justificarse bajo estas excepciones.
Es cierto que Estados Unidos ha invocado en el pasado la legítima defensa en contra de actores no estatales bajo la llamada doctrina de “no poder o no querer” (unwilling and unable), especialmente en el caso de operativos militares en Siria contra el grupo terrorista ISIS. Al respecto, México ha rechazado tal interpretación de manera consistente, al considerarla un abuso del derecho a la legítima defensa y por ser contraria del Artículo 51 de la Carta de la ONU.
Dicha doctrina, que se inscribe en un contexto bélico más amplio, también ha sido cuestionada y rechazada en reiteradas ocasiones en el marco de la ONU por otros Estados miembros, incluido el Grupo de los Países No Alineados y, en nuestra región, en diversas intervenciones conjuntas de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac).
Ante el abuso del principio de la “legítima defensa”, México ha sostenido una posición firme y de liderazgo dentro de la ONU, para dar cabal transparencia a la forma en la que los Estados lo invocan. El tema lo revisa anualmente el Comité Especial de la Carta de la Asamblea General y la propuesta mexicana está disponible para los interesados (https://bit.ly/3mKfFaS)
Otra dimensión ineludible del problema, que fue omitida por los senadores republicanos, es la del vínculo existente entre el tráfico de drogas y el tráfico de armas. Se trata de un asunto que requiere de respuestas internacionales y multisectoriales. Convencidos de la necesidad de adoptar un enfoque integral para abordar este fenómeno, el año pasado México presentó ante la ONU la resolución 77/238 intitulada “Abordar y combatir el problema mundial de las drogas mediante un enfoque global, integrado y equilibrado”. Tras una larga negociación, la resolución fue adoptada por la Asamblea General el 15 de diciembre pasado, con el voto afirmativo de Estados Unidos. Ahí tenemos otro elemento de apoyo para una cooperación productiva.
Tanto el terrorismo como la delincuencia organizada, independientemente de su categorización, son fenómenos muy violentos, que conllevan actos criminales, y que afectan y lastiman de manera profunda a nuestras sociedades. Una lección fundamental que México ha aprendido, como consecuencia de las estrategias exclusivamente represivas, es que la violencia conlleva más violencia. Siempre será un error crear un monstruo para tratar de vencer a otro.
El combate a toda actividad criminal, sea cual sea su naturaleza, debe hacerse siempre por los canales jurídicos diseñados para mantener el orden público. Esto requiere el fortalecimiento de instituciones de impartición de justicia y del Estado de derecho. La impunidad debe ser reemplazada por detenciones y juicios justos, de conformidad con los estándares de debido proceso, que ofrezcan a las víctimas el resarcimiento del daño. Esto no se logra con la simple estrategia aniquiladora con la cual, en el mejor de los casos, sólo se cortan cabezas a la Hidra. Hay que atender las causas de raíz y reconocer las profundas heridas que este flagelo le ha causado al tejido social.
Los planteamientos del gobierno de México han sido muy claros: mejorar la colaboración y la cooperación internacionales. No podemos olvidar que el principal mercado de consumo de drogas, con un valor de cientos de millones de dólares anuales, está precisamente en Estados Unidos. A eso se suma que más de 200,000 armas de fuego son traficadas anualmente de manera ilegal hacia nuestro país. Al menos el 80% de las armas incautadas al crimen organizado provienen de Estados Unidos. Ante esta grave problema, la cancillería mexicana optó por la vía del derecho y presentó en 2021, una demanda innovadora contra algunas de las mayores empresas fabricantes de armas en ese país. El proceso sigue su curso por la vía judicial.
Por todo lo anterior, y a la luz de los renovados ataques y amenazas a la seguridad y soberanía de México, reiteramos que se deben rechazar categóricamente las estrategias intervencionistas y enfocar todos los esfuerzos para contrarrestar las grandes palancas que nutren al crimen organizado: el mercado de drogas y el tráfico ilícito de armas. Todo ello desde luego, con pleno apego al derecho interno e internacional, reforzando la vía de la diplomacia y creando estrategias más efectivas.
Cooperación sí, toda la que se requiera; intervencionismo no, bajo ninguna circunstancia. (Juan Ramón de la Fuente y Pablo Arrocha, El Universal, Nación, p. A8)
El legado de Tamaulipas: de Cabeza
A unos meses del cambio de gubernatura de Tamaulipas, sale a relucir la herencia del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, tanto que ha encendido las alarmas al Gabinete de Seguridad de México, como al del país vecino EU, por el secuestro de cuatro estadounidenses perpetrado el pasado viernes 4 de marzo, donde dos de ellos lamentablemente fueron asesinados y que dicho gobierno calificó de inaceptable.
Como una escena más, las imágenes tuvieron gran impacto en los principales noticieros del país vecino, incluso el embajador americano visitó en Palacio Nacional al propio Presidente en la cual llevaba en su agenda este lamentable episodio.
Los tres órdenes de Gobierno ya se encontraban en la investigación de los hechos tan reprochables, como acontece no solo a ciudadanos estadounidenses sino también a mexicanos.
El Fiscal del Estado, herencia del exgobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, empezó a dar resultados. Las primeras investigaciones del martes arrojaron hechos lamentables, que se había asesinado a dos de los secuestrados, noticia que se dio en la conferencia mañanera en voz del propio gobernador Américo Villareal.
El legado de García Cabeza de Vaca está resultando en una descomposición social debido a la espiral de violencia que reta al recién estrenado gobierno de alternancia que encabeza Américo Villarreal.
Estos reprobables acontecimientos nos hacen ver una vez más el actuar bárbaro del ser humano. Tenemos desde hace varias décadas una regresión del hombre a lo asocial, a la barbaridad por la forma en que se cometen los crímenes tan lacerantes para la sociedad, en agravio de ciudadanos inocentes, sean, o no, connacionales o extranjeros.
Será que nuestra sociedad está perdiendo los valores que hoy en día para algunos de nuestros semejantes la vida no tiene ningún valor, pues son capaces de privar de ella a otros mexicanos a cambio de nada. Esto demuestra la gravedad del problema en que nos encontramos desde hace décadas.
Por ningún motivo debemos permitir que nuestra sociedad se convierta en una sociedad anestesiada, que no reaccione ante lo que sucede día a día, con hechos tan lamentables.
Por cierto, que el astuto exgobernador ha contratado a prestigiados juristas para blindar su reputación y gestión gubernamental.
Así que el legado de García Cabeza de Vaca se está convirtiendo para algunos funcionarios en un dolor de cabeza y, a otros los está poniendo: de cabeza. (Ulrich Richter, El Universal, Opinión, p. A16)
Bajo Reserva
El canciller, con un ojo en la candidatura y otro en la diplomacia
Nos cuentan que después de estar muy enfocado en temas de política exterior y pese a lo caliente que se ha puesto la relación con Estados Unidos en los últimos días, el canciller Marcelo Ebrard se dio tiempo para regresar hoy a la competencia de corcholatas con un acto en el Zócalo viejo de Acapulco, al que se suman senadores y diputados federales que apoyan su aspiración presidencial. Nos detallan que la alcaldesa Abelina López está muy metida en la organización y, según los operadores de la estructura ebrardista, esperan congregar a cerca de 50 mil personas, para convertir el mitin en el más concurrido desde que declaró públicamente su intención de buscar la candidatura de Morena. Eso sí, terminadas las actividades de “preprecampaña”, don Marcelo viajará mañana a Washington para pulir con los cónsules la estrategia de México frente a la andanada de los republicanos. (Redacción, El Universal, lados, p. A2)
Cartón
Relación tóxica
(Chelo, El Universal, Opinión, p. A17)
Realpalotik
(Calderón, Reforma Opinión, p. 9)
- Autor:
- Instituto Nacional de Migración
- Fecha de Publicación:
- 11/03/2023