La vecindad es no sólo complicada sino extraordinariamente contrastante. Aunque la región fronteriza entre México y Estados Unidos constituye un espacio excepcional, distante tanto de la Ciudad de México como de Washington, la realidad es que se trata del punto de conflagración más crítico a la luz del año 2024, momento en que coincidirán las elecciones presidenciales de México y Estados Unidos. Ahí van a converger los miedos de los estadounidenses con las fallas del obradorismo y el resultado es todo menos certero.
Octavio Paz escribió que la frontera marca una diferencia cultural más que geográfica, un encuentro de civilizaciones contrastantes. Nada ilustra esto mejor que la forma en que el gobierno mexicano ha respondido ante el creciente clamor estadounidense porque México enfrente sus problemas de seguridad, control fronterizo y migración. No hay ni la menor duda que las llamadas de legisladores y gobernadores estadounidenses tienen una evidente connotación política y electoral encaminada a atraer a sus propios votantes, pero eso no altera el hecho de que lo que impacta a los mexicanos no son los discursos de figuras prominentes estadounidenses, sino la extorsión y violencia que afectan a prácticamente toda la población. Envolverse en la bandera es muy emotivo, pero eso en nada cambia el reino de la impunidad y miedo en el que viven prácticamente todos los mexicanos.
Igual de evidente es el sesgo que el gobierno actual le ha imprimido a la estrategia hacia Estados Unidos. Reconociendo, así sea de manera implícita, que la geografía es inalterable, el gobierno ha mantenido una política un tanto esquizofrénica hacia el vecino del norte: miedo respecto a Trump, desdén hacia Biden; desinterés por las reglas del juego inherentes al T-MEC vs. respuestas particulares ante el riesgo de que los americanos emprendan acciones punitivas; control de la migración centroamericana, pero parálisis ante la crisis migratoria que percola a lo largo de la frontera. Si fuese posible, el gobierno habría distanciado a México de Estados Unidos; como esa no es una opción, hace lo posible por provocarlo. El riesgo radica en que, cuando las cosas se compliquen, opte por detonar el equivalente de una bomba nuclear. No es un riesgo pequeño o menor.
La solución a los problemas de México no reside en la presencia de tropas (o asesores) estadounidenses en nuestro territorio, pero igual de obvio es que muchos de los problemas centrales que caracterizan a México no pueden ser atendidos sin la concurrencia de los estadounidenses, ni se pueden divorciar de la realidad de ese país. Lo fácil es envolverse en la bandera y tirarse (metafóricamente) del Castillo de Chapultepec, pero eso no cambia las circunstancias de una región en la que unos dependen de los otros.
La situación recuerda a la muy repetida frase de Marx en el sentido que la historia se repite, la primera vez como tragedia, la segunda como farsa y ahora estamos en la etapa de la farsa. Similares disquisiciones tuvieron lugar en los ochenta y la decisión final entonces fue que era imposible resolver problemas clave de México sin la concurrencia del gobierno estadounidense.
La noción de que es posible divorciar a los dos países es no sólo nostálgica, sino falaz, meramente ideológica. El verdadero problema de México, que se exacerba por el hecho de la vecindad, radica en la existencia de un gobierno que no tiene capacidad (o disposición) para resolver problemas tan elementales como los de seguridad, justicia y crecimiento económico, todos ellos críticos para salir adelante.
La respuesta visceral es siempre de ataque ante las acciones (casi siempre sólo discursivas) del lado estadounidense, pero eso no resuelve el problema que se enfrenta en México, que no es de drogadicción o fentanilo, sino de la seguridad más elemental que le ha sido negada a la población. No tengo ni la menor duda que las armas que vienen de Estados Unidos contribuyen, incluso de manera decisiva, a afianzar el poder de los narcos, pero el problema mexicano no es ese. Como en tantas otras cosas que caracterizan a la relación bilateral, sea esto de manera directa o indirecta, las armas son un factor meramente incidental.
El presidente sueña con restaurar el viejo sistema político y ha dedicado su gobierno, en su totalidad, a ese propósito. Sin embargo, en lo que toca al asunto de la relación bilateral y de seguridad, el viejo sistema es irreproducible. A mediados del siglo pasado el gobierno federal era hiperpoderoso, lo que le confería la posibilidad de imponerles condiciones y límites a los narcos de aquella época, todos ellos colombianos. Hoy los narcos son mexicanos, tienen regiones enteras bajo su control y el gobierno federal es un enclenque. Peor cuando se acentúa la debilidad al limitar la capacidad de acción del Ejército y la Marina. Mucho peor, porque ese es el asunto de fondo, cuando no se invierte en la construcción de un sistema de seguridad de abajo hacia arriba, el único susceptible de modificar la realidad de impunidad y violencia en el largo plazo.
La vecindad es una realidad inalterable. La pregunta es si México la verá como una oportunidad o como una maldición. Como con Marx, hemos vuelto a la era de la maldición. La única que funciona es la de la oportunidad. (Luis Rubio, Reforma, Opinión, p. 11)
De repente, se encendieron los ánimos y el presidente López Obrador volvió al discurso soberanista de siempre (ése con el que se inflama el patriotismo emergente).
Curiosamente, todo iba viento en popa con Biden, (al mismo a quien no quiso reconocer de inmediato como presidente de EU), pero a quien hizo aterrizar en el AIFA recientemente, lo que demostró su debilidad.
Resulta que, como allá también andan de precampañas en las internas de los partidos, algunos congresistas norteamericanos –en el afán de movilizar simpatizantes– o intentar acercarse a los votantes latinos (mexicoamericanos) y/o, más bien, exaltar el sentimiento antiinmigrante que existe y que precisamente Donald Trump sustentaba cuando presidente, un sentimiento antimexicano por convicciones racistas y discriminatorias, y también para, con ello, congraciarse con la comunidad afroamericana y otros colectivos arraigados que se ven amenazados por la expansión de la mano de obra mexicana.
El tabasqueño los acusó de intervencionistas por afirmar que nuestro país es un territorio controlado por el narco y, por consecuencia, de haber pactos o acuerdos entre las autoridades oficiales y los cárteles más fuertes, en algo así como una horrorosa entrega de zonas y plazas, sin realmente intervenir los buenos contra los malos, algo así como una ominosa postración del poder público ante los poderes fácticos del negocio de las drogas mayores (fentanilo), armas y migrantes.
Cada cierto tiempo, en medio de la aparente concordia y buena vecindad, afloran incidentes de intromisión y reproches encendidos y esos altercados, en el último siglo, acaso ninguno tan altanero y tan ofensivo como con el indescriptible Donald Trump.
Estados Unidos, desde 1986 y hasta el año 2002, certificaba a México y a otros países en el combate contra el narcotráfico, esto a raíz de una Ley contra el Abuso de Drogas, de 1986, como parte de una reforma antidrogas que respondía a la preocupación que habían mostrado los votantes estadunidenses por la violencia y la adicción provocadas por los narcóticos. En ese tiempo eran Ronald Reagan, George Bush padre, Bill Clinton… vaya comparaciones.
No se debe olvidar la intervención de Estados Unidos para capturar al entonces médico Humberto Álvarez Machain, de Guadalajara, del que se sospechaba que colaboró para drogar y mantener con vida al agente de la DEA el Kiki Camarena, en 1985. Ese agente habría descubierto negocios millonarios de Caro Quintero dentro del narcotráfico en Estados Unidos. El médico salió librado de los tribunales al establecer la defensa que el médico habría sido secuestrado por militares y policías mexicanos para entregarlo a la justicia violando el debido proceso.
Finalmente, la intervención de agentes y militares estadunidenses para la captura y extradición de Guzmán Loera en 2017, de Dámaso López Núñez, sucesor de El Chapo en 2018; Édgar Valdés Villarreal, La Barbie, en 2015; Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, en 2014, Alberto Benjamín Arellano Félix en 2011; Vicente Zambada, El príncipe, en el 2010. Todos con recompensas millonarias por el Departamento de Estado de Washington.
O sea, detrás de cada zarpazo del tigre yanqui, por desgracia, siempre se sabe: el colaboracionismo del mismísimo gobierno mexicano, y en eso fue y ha sido lo mismo desde Echeverría, López Portillo, De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto y, pues, también López Obrador. (Francisco Javier Acuña, Excélsior, Nacional, p. 11)
Un paquete de cocaína llega en un avión comercial al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, proveniente de Sudamérica. De ahí, la mercancía se transporta a Tijuana vía terrestre. Un traficante esconde en el tanque de combustible de su auto parte de la droga y cruza la frontera hacia San Diego, donde entrega la carga. Regresa a México con tres AK-47 y municiones, además de unos fajos de dólares.
Cientos de historias de tráfico de droga hacia Estados Unidos, el mayor consumidor del mundo, ocurren cada día. Lo interesante es que pasando la frontera se pierde el rastro. No está claro cómo millones de dosis llegan a manos de usuarios en todas las ciudades de aquel país, a través de una enorme y eficiente red de distribución que genera miles de millones de dólares en ganancias.
Difícilmente podemos creer que son las organizaciones criminales mexicanas quienes controlan la venta de droga en las grandes ciudades de Estados Unidos, como Nueva York o Chicago, sin que sus autoridades lo puedan evitar.
Como si las mafias estadunidenses permitieran que el mercado fuera controlado por mexicanos que viven escondidos en la sierra y, mientras huyen de las autoridades locales y de sus adversarios, se encargan de las redes de distribución en las calles y bares de Manhattan.
Somos víctimas de los mismos diagnósticos e historias sobre el narco. Del mismo mito iniciado hace 50 años por el presidente Nixon en su “guerra contra las drogas” y que las narcoseries y las películas de Hollywood se han encargado de afianzar. Ésas que hablan de los famosos capos mexicanos como Félix Gallardo, El Señor de los Cielos o El Chapo Guzmán.
La narrativa y el discurso son perfectos si el problema se traslada a este lado de la frontera y se deja de hablar de los cárteles en Estados Unidos, que mientras corren menos riesgos, se llevan las mayores ganancias que lavan en su sistema financiero. Pero, eso sí, sus autoridades persiguen a sus antiguos aliados mexicanos, como García Luna, y lo condenan con base en testimonios que generan más dudas que respuestas.
Claro que en México, Centro y Sudamérica nos encargamos de nuestra parte. Somos buenos en el negocio y no tenemos empacho en matarnos entre nosotros de formas inimaginables con las armas que nos mandan del norte para perpetuar el círculo vicioso y continuar la operación. Pero ésa es otra historia.
El tema no es sólo que Estados Unidos busca administrar, más que acabar, con este negocio millonario, sino que se ha encargado de esconder la existencia de sus propios cárteles y aceita la maquinaria para que continúe operando.
Después de décadas de combate al narcotráfico en México, todo indica que no conocemos absolutamente nada del tema. Nuestro gobierno sigue siendo parte de un juego cuyo único resultado es el absurdo derramamiento de sangre de este lado de la frontera. Nosotros ponemos los peones, pero las piezas se mueven desde Estados Unidos.
Lo que vemos es la punta del iceberg. Debemos empezar a hacernos las preguntas correctas. Entender los incentivos que mueven al negocio de las drogas. Analizar exactamente a dónde dirigir los esfuerzos y cómo hacerlo.
No podemos combatir algo que no entendemos y, para eso, hay que voltear hacia nuestro vecino del norte. (Ricardo Alexander Márquez, Excélsior, Nacional, p. 13)
