La decisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de congelar la ejecución del plan B de la reforma electoral “es un hecho inédito, injusto y arbitrario”, señalo ayer el presidente Andrés López Obrador.
Quieren que “impere en México una especie de supremo poder conservador. Este ministro (Javier) Laynes ya es como su Alteza Serenísimo, en referencia al miembro de la Corte que dio entrada a la controversia constitucional promovida por el Instituto Nacional Electoral (INE) y suspendió la reforma.
En la conferencia matutina, el mandatario volvió a cuestionar el desempeño del Poder Judicial, incluso mas allá de la polémica comicial, al censurar la inoperancia del Consejo de la Judicatura Federal, que debería ser responsable de supervisar a los impartidores de justicia. (Alonso Urrutia y Emir Olivares, La Jornada, P.p.)
Después de 14 años de desempeñar su cargo, Edmundo Jacobo Molina presentó su renuncia como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), la cual, dijo, se hará efectiva a partir del 3 de abril.
En conferencia de prensa, hizo el anuncio de que entregó su renuncia a los consejeros electorales en una reunión de trabajo previa, debido a que consideró que no existen las condiciones para continuar desempeñándolo “con discreción y eficacia”.
“He presentado mi renuncia, la cual se hará efectiva para que mi último día como funcionario de esta institución sea el próximo 3 de abril; esta renuncia es de carácter irrevocable”, expresó.
Edmundo Jacobo Molina dimitió a su cargo, luego de que en los últimos días dio una batalla jurídica para defender su derecho a continuar en el INE, ante el transitorio de la Reforma Electoral, el denominado Plan B, que lo destituyó en cuanto se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF). (Magali Juárez, La Razón, P.p. Elia Castillo, El Heraldo de México, P.p.)
Por primera vez en la historia de sus funciones como corresponsable de la integración de organismos autónomos, el Senado está a 48 horas de paralizar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), pues no existe hasta el momento claridad en la construcción de acuerdos para el nombramiento de los tres comisionados que le hacen falta.
Incluso, el fin de semana de cuatro días que tuvo el Senado no se usó para el diálogo en busca de acuerdos en ninguno de los dos procesos abiertos para elegir a tres comisionados, según coordinadores parlamentarios consultados por Excélsior.
Este viernes a las 23:59 horas concluye la responsabilidad constitucional de Francisco Acuña como comisionado del Inai y si el Senado no elige al menos a un comisionado, el pleno del Instituto quedará con sólo cuatro integrantes, con lo cual ya no podrá funcionar; es decir, su centro neurálgico quedará suspendido.
El artículo sexto, inciso A, numeral octavo de la Constitución ordena al Senado la elección de los comisionados del Inai e incluso fija los tiempos en que debe hacerlo, pero desde marzo de 2022, el Senado desacató esta orden constitucional y el Instituto está a 48 horas de dejar de operar. (Leticia Robles de la Rosa, Excélsior, P.p.)
“Es muy lamentable el silencio cómplice de los gobiernos democráticos y libres” sobre la situación que enfrenta Perú tras la “ilegal” destitución de Pedro Castillo, aseveró ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Interrogado en la conferencia matutina sobre la reunión que tuvo el lunes en Palacio Nacional con el abogado del depuesto mandatario peruano, el letrado argentino Guido Croxatto, el jefe del Ejecutivo mexicano señaló que el litigante “tiene todos los elementos para demostrar que el Congreso [de ese país] se extralimitó y cometió una injusticia [al destituir a Castillo]. Fue un golpe a la legalidad y a la democracia”.
Clasismo-racismo López Obrador enfatizó que Pedro Castillo “fue víctima del clasismo y del racismo que lamentable y tristemente impera en Perú”. Croxatto viajó ayer a Roma para participar en un encuentro donde hablará del caso (Emir Olivares y Alonso Urrutia, La Jornada, Contraportada).
El gobierno federal determinó abrir el acervo que tenía el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y entregarlo al Archivo General de la Nación para su consulta, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Precisó que una gran parte aún no está disponible por dilaciones en su clasificación, pero en su momento se podrá obtener directamente sin necesidad de seguir las reglas de los organismos de transparencia.
Durante su conferencia de prensa dijo que “hay voluntad, hay decisión de entregar todo, de no ocultar absolutamente nada. Yo tengo el expediente de cuando fui opositor que tenían la Policía Federal y el Cisen, ya lo recuperé, lo solicité y me lo entregó el director del Archivo General de la Nación”.
A pregunta expresa, dijo que será posible acceder incluso a la información del periodo de Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública, sobre quien celebró que su abogado dejara abierta la posibilidad de que declare ante la justicia estadunidense.
Aseveró que el ex funcionario tendría que informar sobre los vínculos que estableció con autoridades del más alto nivel y su relación con funcionarios del gobierno de Estados Unidos. “No pudo haber actuado solo”. Operativos como el de Rápido y Furioso para introducir armas a México se acordaron con las autoridades estadunidenses. (Alonso Urrutia y Emir Olivares, La Jornada, P.p.)
Como en una serie cuyas temporadas siguen y siguen, el juicio que se llevó a cabo hace 34 años por el asesinato del agente de la oficina antinarcóticos de Estados Unidos, la DEA, Enrique Kiki Camarena, tendrá que reabrirse luego de que un juez federal determinó que el Buró Federal de Investigaciones, FBI, presentó evidencias falsas que afectaron el proceso, lo cual implicaría volver a reunir evidencias y testigos.
MILENIO obtuvo un documento judicialfechado el 23 de marzo de 2023, el cual revela que el juez federal John A. Kronstadt ordenó reabrir el juicio por el asesinato del agente de la agencia antidrogas, luego de que uno de los dos últimos sentenciados por el crimen –Raúl López Álvarez, ex policía judicial de Guadalajara, la ciudad donde fue torturado y asesinado Camarena–, demostrara que su proceso no fue realizado con apego a la ley, debido a una serie de irregularidades cometidas por personal técnico del FBI.
El juez federal resaltó que a pesar de que las imputaciones han quedado anuladas, López Álvarez no podrá obtener la libertad bajo fianza y tendrá que llevar este nuevo juicio desde una celda de prisión. Y afirmó que el proceso deberá comenzar dentro de los 180 días posteriores a la publicación de esta sentencia.
“Dado que el último juicio contra el acusado por los cuatro cargos (conspiración para asesinar y cargos de secuestro) antes mencionados ocurrió hace más de 34 años, el Gobierno (y muy probablemente el demandado) necesitará este tiempo adicional para ubicar testigos y pruebas debido al paso de un tiempo significativo”. Esto quiere decir que los involucrados revivirán a partir de septiembre de este año la historia que los llevó a prisión o marcó sus vidas. (Laura Sánchez Ley, Milenio, P.p.)
Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, declaró ante el senado de su país que hay partes del territorio mexicano que son controladas por el narcotráfico, como anteriormente lo había señalado el secretario de Estado de aquel país, Antony Blinken.
Cuestionado por el senador Lindsey Graham, Mayorkas aceptó que no está de acuerdo con el Presidente Andrés Manuel López Obrador “en el sentido de que no hay territorio en México que se encuentre bajo el poder del narcotráfico”.
Luego, el representante republicano, quien había conseguido que el secretario de Estado Antony Blinken también declarara que hay porciones del país en las que las autoridades civiles no son las que mandan, cuestionó a Mayorkas sobre si coincidía con esa apreciación, a lo que respondió que sí.
Aunque el secretario de Seguridad Nacional defendió el trabajo realizado con México para combatir a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, sobre todo químicas como el fentanilo, también dijo que se busca mejorar esa cooperación. (Jorge Chaparro, La Razón, P.p.)
La jefa de gobierno de la Ciudad de la México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que es falso que se utilicen recursos públicos con fines de promoción de su persona con miras a la encuesta para definir al candidato de Morena a la Presidencia de la República en 2024.
“Es ilegal, siempre hemos estado en contra de eso y no lo vamos a hacer”, subrayó la titular del Ejecutivo local, luego de que en entrevista con La Jornada el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, asegurara que en el gobierno capitalino “existe un gran aparato de publicidad”.
En conferencia de prensa, aclaró que el presupuesto para este año en materia de promoción del gobierno capitalino es de 200 millones de pesos y no 2 mil millones, como declaró el canciller. Expresó que no entrará en debates con sus compañeros de partido que buscan la candidatura, ya que al hacerlo “le damos fuerza a los adversarios”.
En ese sentido, reiteró que lo más importante es la unidad dentro de Morena y subrayó que lo que está en juego “no es un proyecto personal, sino un asunto de un proyecto político de transformación” (Alejandro Cruz Flores, la Jornada, Contraportada)
De acuerdo con la más reciente encuesta en vivienda elaborada por Enkoll para EL UNIVERSAL, al arranque de las campañas electorales por la gubernatura del Estado de México, la precandidata de Morena-PT-Partido Verde, Delfina Gómez, cuenta con 59% de la intención de voto efectiva; una ventaja de 18 puntos sobre la abanderada de la alianza PAN-PRI-PRD-Nueva Alianza, Alejandra del Moral, que registra 41% de las preferencias.
Después de la salida de Juan Zepeda, que se perfilaba como el candidato de Movimiento Ciudadano para el actual proceso electoral, la diferencia entre ambas candidatas se mantiene en 18 puntos, un punto porcentual menos en relación con el mes de enero de 2023, cuando la morenista sumó 56%, frente 37% de la precandidata priista.
En cifra bruta, Delfina Gómez sumó el apoyo de 2% del electorado, al escalar de 45% en enero a 47% en la actual medición, en tanto que Alejandra del Moral registró un incremento similar al transitar de 30% a 32% en el mismo periodo. En ambos casos el margen de los mexiquenses que no respondieron a favor de alguna precandidata fue de 19% y 21%, respectivamente.
En el arranque de las campañas electorales, el próximo lunes 3 de abril, Delfina Gómez es la precandidata mejor posicionada, con 78% de reconocimiento y 43% de opinión positiva. (Heidi Osuna, El Universal, P.p.)
En el cuarto año de la Administración de Andrés Manuel López Obrador, los ataques a la prensa sumaron 696, es decir, uno cada 13 horas, informó Artículo 19.
En su informe “Voces contra la indiferencia”, señaló que los ataques van desde violencia en redes sociales hasta homicidios, pasando por hostigamiento judicial.
“Con 12 homicidios de periodistas cometidos en posible vínculo con su labor, México se posiciona como el País más letal para la prensa en el continente; incluso, con cifras similares a las de países en guerra, como Ucrania”, advirtió.
Los 696 ataques, comparó, representan un 329.6 por ciento más de los registrados en el cuarto año del panista Felipe Calderón y un incremento de 63.4 por ciento del priista Enrique Peña Nieto. (Rolando Herrera, Reforma, P.p.)
Después de ser la voz del gobierno federal para informar sobre la pandemia de la Covid-19 en México, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez fue designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como el nuevo zar contra las adicciones a las drogas en el país.
El anuncio lo dio este martes en la mañanera en Palacio Nacional, después de que se dio a conocer el arranque de una campaña contra el consumo de drogas que será implementada en las escuelas públicas del país.
“Aprovecho para decir que en prevención de adicciones, sobre esto, pero en general, ya todos los martes va a estar con nosotros el doctor Hugo López Gatell, todos los martes en prevención de adicciones, es un tema para orientar sobre la campaña”, dijo.
La campaña contra las adicciones de drogas es una de las dos prioritarias para el gobierno de López Obrador que difunden en medios masivos, la otra es sobre “la buena alimentación”. (Iván Saldaña, El Heraldo de México, P.p.)
Las primeras pruebas que se realicen en el Tren Maya, las cuales se esperan a finales de julio próximo, se llevarán a cabo en los tramos que concentra el estado de Yucatán, aseguró el gobernador Mauricio Vila Dosal.
En entrevista con La Razón en el marco de la 47 edición del Tianguis Turístico, en la Ciudad de México, comentó que su gobierno le ha apostado al proyecto ferroviario desde el principio, debido al impacto que puede tener en el estado.
El mandatario aseguró que, si bien se habla mucho del impacto ambiental de la obra, al menos lo que le corresponde al tramo que cruzará Yucatán no tiene ningún problema de derecho de vía, ya que se construyó sobre las vías del tren ya existentes.
En materia turística, Vila Dosal aseguró que el estado peninsular está en el mejor momento, con un aumento de viajeros en 2022; sin embargo, la apuesta es que aumente el gasto medio, que actualmente es de dos mil 817 pesos. (Berenice Luna, La Razón, P.p.)
En los primeros cuatro años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, desertaron dos mil 778 elementos del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana Mexicanos, un promedio de 13 integrantes por semana.
Esta cifra es menor respecto a las deserciones registradas, en el mismo periodo, en las administraciones del priista Enrique Peña Nieto, con cinco mil 655 casos; y en la de Felipe Calderón Hinojosa (PAN), con 37 mil 30 bajas de este tipo.
Así se desprende de las estadísticas del personal dado de baja por diferentes motivos de la Sedena revisadas por El Sol de México, en las que se detalla que la mayoría de las deserciones corresponden a elementos de tropa, como soldados, cabos y sargentos segundos.
Cuestionada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia sobre cuántos elementos han sido sancionados por desertar de sus filas, —lo cual no detalla en sus estadísticas—, la Sedena aseguró no contar con dicha información y argumentó que “no es necesaria para los trabajos que se realizan en esta dependencia”. (Alfredo Fuentes | El Sol de México, P.p.)
El 20 por ciento de los horarios comerciales que manejan las aerolíneas incumple con la asignación establecida por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y la que más los quebranta es Volaris.
En entrevista, Carlos Velázquez Tiscareño, director del aeropuerto, precisó que asigna 455 mil 520 slots u horarios a las líneas aéreas y Volaris incumple con 35 por ciento de los que utiliza.
Mientras que Viva Aerobus incumple con 15 por ciento y Aeroméxico con 5 por ciento.
Para el directivo, los horarios comerciales que manejan las líneas aéreas son “ilegales e irreales”, situación que espera se solvente en una semana.
“Parecía que ellas mandaban (las aerolíneas) y (las autoridades) estaban en contubernio, era irresponsabilidad o simplemente no querían meterse en problemas con las líneas aéreas. Eso fue siempre y por eso había tantas demoras”, sostuvo. (Saraí Cervantes, Reforma, P.p.)
La Guardia Nacional tiene un programa de retiro de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, ante la disminución del robo de cable, informó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
“Ya lo vamos a presentar, ellos tienen un programa de retiro poco a poco, y los vamos a presentar esta misma semana. (Habría) menos personal, (se mantendría) por lo pronto”, detalló en conferencia de prensa.
Sheinbaum explicó que se mantendría la Policía Bancaria Industrial, elementos de la policía Auxiliar, pero que esto se debe a que han disminuido el robo de cable y acciones que se realizaron para evitarlo.
A pregunta expresa si ya no es necesaria la presencia de la Guardia Nacional, Sheinbaum respondió: “No a los niveles que se requerían en ese momento”. (Salvador Corona, El Universal, P.p.)
Las calles del pueblo de San Juan Ixtacala, en Tlalnepantla, parecen tranquilas al estar poco transitadas; sin embargo, los vecinos aseguran que ahí se presentan elevados niveles de violencia.
Aldair Neri, habitante del lugar, señala que recientemente a un conocido le intentaron robar su carro, por lo que al oponerse fue herido por la espalda con un arma de fuego en la calle 5 de Mayo; “quedó mal después de eso, se le dañaron los riñones, así que ahora tiene que estar conectado a una máquina”, dice.
El joven consultado tiene muy presente también que el pasado 25 de diciembre hubo un enfrentamiento a unas cuadras de su casa, en una posada, con saldo de tres personas muertas y una herida, la cual sigue en el hospital.
“Cuando cae la noche la gente ya no sale con la misma confianza”, vivimos con un temor constante”, asegura Aldair. (Cristina Ceja, La Razón, P.p.)
Las tasas de interés de los Certificados de la Tesorería (Cetes) mostraron resultados mixtos en la subasta primaria de esta semana.
Los rendimientos de corto y mediano plazo descontaron una alza en la tasa de referencia del Banco de México (Banxico), con la tasa líder escalando a su mayor nivel desde 2001, mientras que en la emisión de largo plazo la tasa se alineó a las expectativas de una menor inflación en los siguientes meses.
Analistas señalaron que el primer impacto de estos incrementos es un mayor costo en la deuda del gobierno y en los créditos, y advirtieron que si las tasas se mantienen elevadas por un periodo prolongado habría un golpe sobre la actividad económica.
De acuerdo con los resultados publicados por Banxico, los Cetes de 28 y 91 días registraron un aumento de 6 puntos base, cada uno, y de esta forma alcanzaron rendimientos de 11.34 y 11.61 por ciento anual, respectivamente. (Eleazar Rodríguez y Cristian Téllez, El Financiero, Ocho Columnas)
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Poder Legislativo un proyecto de decreto que implica una reforma estructural a la regulación del sector minero de México, con la eliminación de beneficios y el aumento de obligaciones para las empresas privadas.
Entre los cambios, el Gobierno federal propone que se elimine el esquema de “terreno libre y primer solicitante”.
Es decir, el proyecto plantea modificar el esquema de otorgamiento de concesiones para que únicamente mediante concurso público, se otorguen concesiones, bajo condiciones mínimas que aseguren las mejores condiciones económicas para el Estado mexicano y de beneficio para la población; y garanticen la realización de acciones para preservar, restaurar y mejorar el ambiente, prevenir y controlar la contaminación del aire, agua, suelo y subsuelo.
Un cambio más plantea la reducción de la duración y prórroga de las concesiones mineras.
En concreto, disminuye de 50 a 15 años el término de la concesión, prorrogable por una sola ocasión hasta por un lapso igual, sujeto al cumplimiento de obligaciones, lo cual disminuirá la especulación de particulares con los recursos de la Nación. (Roberto Morales, El Economista, Ocho columnas)
Para terminar con el extractivismo voraz de las empresas mineras, así como recuperar la rectoría del Estado sobre los minerales y recursos hídricos del subsuelo, el presidente Andrés Manuel López envió ayer a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma que busca otorgar, mediante concurso público, las concesiones mineras; reducir su plazo de 100 a 30 años, como máximo, y las condiciona a la disponibilidad hídrica.
Con estas modificaciones, el jefe del Ejecutivo pretende dar por concluida una de las páginas más depredadoras del neoliberalismo mexicano, que también ha definido como la etapa más oscura y ominosa en la historia de nuestro territorio, aplicada durante más de 30 años.
La iniciativa de reforma a las leyes Minera, de Aguas Nacionales, General del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente y General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en Materia de Concesiones para Minería y Agua, busca prohibir las concesiones mineras en zonas sin disponibilidad de agua, áreas naturales protegidas o donde se ponga en riesgo la población.
Propone la figura de concesión de agua para uso específico en minería con una duración de cinco años, y prórrogas por igual término. (Alma E. Muñoz y Enrique Méndez, La Jornada, Contraportada)
En lo que va del año, al menos 12 instalaciones de gas LP han sido cateadas por autoridades sin tener una investigación previa, en un intento por combatir la venta de gas LP robado
Beatriz Marcelino, presidenta de la Asociación de Distribuidores y Expendedores de Energía (ADEE), explicó que esta práctica para contrarrestar el “huachigás” se ha concentrado en los estados que conforman el llamado Triángulo Rojo.
“En Veracruz, Puebla y el Estado de México, agremiados de la ADEE han sufrido cateos, principalmente los expendios de gas LP”, señaló.
Según Marcelino, la Fiscalía General de la República acude a las instalaciones, realiza el cateo y, posteriormente, inicia la investigación. Es hasta que las empresas demuestran la procedencia lícita del gas cuando se retiran los sellos. (Diana Gante, Reforma, P.p.)