El renombrado geopolitólogo Ian Bremmer usa el término “policrisis” para definir la situación del mundo actual, donde las crisis “interactúan” y se refuerzan entre sí. Son económicas, políticas y sociales, que al retroalimentarse crean otras. La relación México-EU no es ajena al fenómeno.
“Crisis energéticas, calentamiento global, sequías, guerras, pandemias e inflación: la ‘policrisis’ describe un mundo en el que se acumulan las disrupciones masivas, sobreponiéndose las unas con las otras, interactuando todas entre sí de maneras imprevistas e inesperadas” consignó el diario Público.
De acuerdo con el texto, “no hay una sola causa o una explicación lineal que sirva para atajar las crisis; no se ve un horizonte ni una solución que ofrezca garantías de estabilidad. Más bien al contrario: el mundo actual nos invita a asumir que la disrupción continua es el modo de estar en él”.
Y esto viene a cuento porque para algunos en Washington, la relación entre México y EU está en una situación de “policrisis”.
Es difícil recordar cuándo fue la última vez que hubo tantos frentes abiertos: lo mismo disparados por la progresiva extinción de la vaquita marina en el golfo de California que por el narcotráfico, igual por divergencias sobre política energética que por migración, se da por las importaciones mexicanas de arroz o la muerte de visitantes estadounidenses en México…
Pocas veces había habido una guerra de palabras tan acentuada y sin propósito como la librada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y los legisladores republicanos Lindsay Graham y John Kennedy, que desde sus respectivos púlpitos hablan a sus propias audiencias para presentar argumentos de nacionalismos verborreicos.
Ciertamente, no es con palabras respecto a lo que el otro opina lo que va a llevar a cooperación para enfrentar y abatir el tráfico y consumo de drogas, en especial fentanilo, y lavado de dinero en Estados Unidos; y tampoco para resolver el problema del tráfico de armas de fuego y blanqueo de capitales en México.
Y, mucho menos, las decenas de miles de muertos que esos fenómenos provocan en ambos países. O para enfrentar problemas comunes, como la sequía en el noroeste de México y suroeste de EU sin contar los obstáculos innecesarios a una integración económica necesaria para ambas naciones.
La guerra de palabras muestra las frustraciones de sus participantes. AMLO respondió a señalamientos sobre la protección que, según Graham, brinda su gobierno a los cárteles responsables de abatir a miles de estadounidenses adictos.
Pero lo cierto es que es más fácil atribuir la crisis por adicción a otros países que asumir las responsabilidades propias.
Graham sólo aprovecha el momento para plantear propuestas escandalosas, electoreras, con muy pocas posibilidades de llegar a algo concreto. Parte de la crisis es una herida autoinfligida: que el gobierno mexicano tenga tan pocos aliados en el Congreso y la Administración estadounidense, debido a la falta de inversión en ese rubro. La excepción es la Casa Blanca, y eso por consideraciones políticas y de seguridad nacional. (José Carreño, Figueras, Orbe, p. 27)
Si bien el asunto fue “opacado” por la histórica decisión de un gran jurado de procesar al impresentable Donald Trump por intentar silenciar a una actriz porno, por lo que tendría que enfrentar cargos criminales, lo cierto es que la sola difusión, horas antes de versiones según las cuales el expresidente amigou había instruido a sus cercanos “evaluar opciones para enfrentar a los cárteles mexicanos, incluido el uso de fuerza militar…”, generó toda suerte de reacciones en Palacio…
En Palacio sí y más aún en su inquilino en turno, para quien la sola posibilidad de que el impresentable exmandatario estadunidense, que hasta ese momento hablaba de volver a apostar, representando al Partido Republicano, por la Casa Blanca, implicó un innegable “cierre de filas” con media docena de legisladores del mismo partido que hace apenas un par de semanas enfilaron baterías contra México y la 4T, contra Andrés Manuel López Obrador en concreto, al que acusaron de no actuar en contra del narcotráfico que, denunciaron, controla buena parte del territorio nacional —un tercio, a decir de los más radicales— y apenas esta semana presentaron una iniciativa de ley que tipificaría a los cárteles como organizaciones terroristas.
A la vista de lo anterior, entonces, es que al más alto nivel del gobierno federal persiste la idea de que, si bien en forma pública la relación bilateral con la Unión Americana marcha por buen camino, ello no resulta del todo sostenible cuando se hace un análisis más puntual y a fondo de las consecuencias que muchos de los dichos del tabasqueño han tenido en el entorno de la administración del demócrata Joe Biden, en el Capitolio de manera notable y, ahora también, del “examigou” y su equipo que, en el supuesto de que pudiera concretar su deseo de volverse a postular, representaría un grave riesgo para la criticada e ineficaz política de (in)seguridad y sus promotores. (Enrique Aranda, Excélsior, Nacional, p. 14)
Donald Trump pidió a sus asesores planes para “atacar” a México en caso de ser elegido presidente, mientras que el senador Lindsey Graham presentó formalmente su iniciativa para declarar terroristas a nueve organizaciones criminales mexicanas. Las dos cosas son inviables, pero sigue aumentando el clima antimexicano en sectores sociales conservadores en Estados Unidos.
En la Unión Americana ha quedado muy en claro que, de la misma forma en que en la campaña de Trump el tema fue el muro con México, ahora serán la seguridad y, sobre todo, el tráfico de fentanilo (altamente sensible en una sociedad que sufre 120 mil muertes al año por sobredosis, una epidemia socialmente más costosa que las de crack o el sida en los años 80 y 90) como los capítulos centrales de campaña de la derecha republicana, acompañada en ocasiones por algunos personajes del Partido Demócrata, que no quieren quedar fuera de esa carrera.
Más allá de la base auténtica de esas denuncias (sería absurdo negar, como a veces se intenta hacer, la magnitud del tráfico de fentanilo de México a Estados Unidos), en la Unión Americana tampoco se termina de establecer una verdadera estrategia de combate al narcotráfico local.
Año con año, la DEA publica un informe con la influencia de los cárteles dentro de Estados Unidos. Casi siempre son mexicanos, en casi todo el país se muestran células de distintas organizaciones, incluso de algunas ya debilitadas en México, como Los Zetas o Los Beltrán Leyva.
Hay cientos de miles de detenidos en Estados Unidos relacionados con temas de drogas, incluso ésa es una de las mayores críticas al sistema judicial y penal de la Unión Americana: la ley es dispareja, entre lo federal y lo local, hay detenidos que trafican y otros que simplemente consumen, simultáneamente se penaliza en forma extrema y se liberaliza en un juego de administración del tráfico y el consumo que parte de la base de que hay unos 30 millones de consumidores habituales de alguna droga, que tampoco se pueden quedar sin suministro.
En estos días se liberalizó la venta de un poderoso opioide, el nombre comercial es Narcan, con la idea, que no es mala, de hacer accesible la adquisición del mismo en forma regulada y controlada para que no haya tantos consumidores que, ante las restricciones, han recurrido al fentanilo ilegal, mucho más letal, aumentando así el número de muertes por sobredosis.
Pero regresemos al informe y mapa de la DEA. Si están localizadas las células y la operación, ¿por qué no existe una estrategia para desarticularlas? La DEA, cuando informó la semana pasada que el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Pacífico son la mayor amenaza para la sociedad estadunidense, también anunció que desde septiembre pasado se han formado fuerzas especiales para combatir a estas organizaciones criminales. Y me parece muy bien. Pero resulta que, según sus datos, esos grupos de origen mexicano operan en 45 de los 50 estados de la Unión Americana. Sin duda, hay que atacarlos en el ámbito de la producción y el tráfico que proviene de México, pero ¿por qué no atacarlos en su territorio, en el de la oferta directa, dentro de EU?, ¿por qué casi nunca sabemos de grandes redes destruidas? (Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, Nacional, p. 6)
Quedó claro en la sesión de ayer en el Senado que la línea de Palacio Nacional a las bancadas de Morena, el PT y el PVEM era no llegar a un acuerdo que evitara la inoperatividad del Inai. Presencié la doble sesión en la Cámara alta. Horas y horas en la tribuna para resolver si se modificaba el orden del día para incluir el tema de la elección de los comisionados que le faltan al “instituto de la transparencia”, como López Obrador lo llama.
No hubo modo. Los jefes del oficialismo dejaron fuera de la agenda la elección con el argumento que no hay acuerdo al interior de la bancada guinda, como lo confesó el senador de Morena, Eduardo Ramírez, al hacer uso del micrófono sobre su curul. ¡Hágame el favor!
El tema es grave. Tiene que ver con el área más truculenta de la 4T: La opacidad en las cuentas públicas. Casi 80% de contratos de obra pública se adjudican directamente; hay gastos excesivos en las obras prioritarias del régimen (Dos Bocas, Tren Maya…).
*Ayer era el último día para nombrar a los comisionados que faltan sin que el Inai deje de operar. Lo integran siete comisionados, pero dos terminaron su periodo y no fueron reemplazados. Uno más, Paco Acuña, se fue ayer. Sólo quedan cuatro en funciones. Necesitan cinco para sesionar. No pueden tomar decisiones. ¡Viva la opacidad!
Una mayoría calificada de senadores ya había elegido a Yadira Alarcón y Rafael Luna para suplir a dos de los tres comisionados faltantes. Vino el veto presidencial bajo pretexto que la mujer estaba vinculada con el PAN y el hombre no estaba calificado. A todo eso agregue que, una y otra vez, el Presidente ha manifestado sus intenciones de desaparecer al Inai. Dice que es muy oneroso, que sus integrantes son “alcahuetes” y “tapaderas”. ¿Qué quiere esconder? (Francisco Garfias, Excélsior, Nacional, p. 4)
Desde que se supo que la ministra Yasmín Esquivel se tituló hace 36 años en la Facultad de Estudios Superiores Aragón como licenciada en Derecho presentando una tesis plagiada, la UNAM dejó claro que carecía de normas en su legislación para enfrentar jurídicamente el bochornoso caso de la señora.
El vacío se llenó ya con modificaciones a diversos ordenamientos, pero ninguno se le aplicará debido al civilizatorio principio de que ninguna nueva ley tiene efectos retroactivos.
A partir de la publicación de lo acordado ya por el Consejo Universitario, la UNAM podrá anular certificados, títulos profesionales y grados académicos a quienes violenten la ética universitaria.
El rector Enrique Graue afirma que la inmensa mayoría de los estudiantes y profesores actúa apegada a los principios académicos, y que las modificaciones aprobadas subsanan el vacío legislativo que impedía a la institución actuar frente a asuntos tan bochornosos como el de Yasmín Esquivel.
“No nos debe volver a suceder que no se tengan los mecanismos para conducir circunstancias lamentables”, dijo, aludiendo indudablemente al comportamiento lamentable de la ministra.
El descubrimiento del plagio de más de 90 por ciento de una tesis ajena, revelado el 21 de diciembre pasado, es mérito del reconocido académico Guillermo Sheridan, quien demostró que los contenidos, el estilo, las referencias y las conclusiones de la tesis de Yasmín son idénticas a las de la tesis presentada un año antes por Édgar Ulises Báez Gutiérrez (una de las pocas diferencias es que la original no está dedicada, mientras que la hoy ministra escribió unas líneas para su mamá, su papá, sus hermanas, un sobrino y algunos maestros de la licenciatura).
Dos meses después del hallazgo, El País publicó una investigación demostrativa de que Yasmín recurrió a la misma artimaña para doctorarse en la Universidad Anáhuac, apropiándose del trabajo de 12 autores en 209 de las 456 páginas de su tesis (entre sus plagiados figuran: un ex rector de la UNAM, un ex ministro español de Cultura, un ex presidente del Tribunal Supremo de España, un ex titular de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, juristas mexicanos, italianos y alemanes).
En adelante, antes de iniciar sus trámites de titulación, el alumnado de la UNAM “deberá firmar la protesta universitaria de integridad y honestidad, en la que acepta actuar de manera ética y conforme a los valores universitarios”. De lo contrario, su título podrá ser anulado. Y los profesores “serán responsables por el incumplimiento de integridad y honestidad académica en la supervisión y seguimiento de pruebas, exámenes, tesis, así como trabajos y artículos académicos, de manera especial, los que son necesarios para cualquier forma de titulación u obtención de grado”.
Pues ahora, si no por ética universitaria y aunque conserve su inmerecido título, la impune ministra debiera renunciar por elemental dignidad… (Carlos Marín, Milenio Diario, Política, p. 5)