Opinión Migración 010423

Rayuela

¿Qué hay detrás de la resistencia de algunas dependencias gubernamentales a dejar de contratar empresas privadas de seguridad? (La Jornada, Contraportada)

Serpientes y escaleras // El fracaso de la política migratoria y la militarización del INM

La imagen del presidente López Obrador desesperado en su camioneta Suburban blanca, discutiendo con los migrantes que lo rodearon y lo increparon este viernes en Ciudad Juárez y tratando de abrirse paso ante las protestas y los gritos de “gobierno asesino”, es la muestra gráfica más contundente del fracaso rotundo de la política migratoria de la 4T. Porque si bien este gobierno empezó con muy buenas intenciones y ofreciendo “brazos abiertos” y paso libre a los “Estados Unidos”, además de visas y trabajo para los migrantes procedentes de Centro y Sudamérica, al final ni agua les dio, los encerró en cárceles militarizadas, violentó sus derechos humanos elementales y por eso empezó el infierno.

Y es que dice el refrán, precisamente, que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones y así lo confirma la tragedia de Ciudad Juárez, un auténtico crimen de Estado, en el que murieron 39 en un centro de detención donde los tenían supuestamente bajo custodia, pero terminaron abandonándolos a su suerte, ante un incendio del que no pudieron escapar porque el funcionario responsable, el director de ese centro de detención provisional, al que hoy ya cerraron definitivamente y quieren desaparecer, un contralmirante de la Marina, Salvador González Guerrero, habría dado la orden de que no abrieran las rejas, aun a pesar del incendio que mató a los 39 migrantes y a otros 27 los dejó heridos, al menos 10 de ellos actualmente intubados y en estado de gravedad.

Porque nadie duda que las intenciones del gobierno de la 4T eran buenas en un principio. Tenía razón el presidente López Obrador cuando escribió que “el Ejército no debe intervenir para resolver conflictos de origen social… no debe utilizarse para asumir funciones que competen al gobierno civil o para suplir las incapacidades políticas de los gobernantes. La opción de utilizar la fuerza, sin importar con qué palabras se disfrace, conduce a la mayor represión y sufrimiento social y a más riesgos para la paz y la estabilidad política de la nación” (Proyecto Alternativo de Nación, páginas 129-130, 2004).

También la tenía cuando plasmó en su Plan Nacional de Desarrollo que “el Ejecutivo Federal aplicará las medidas necesarias para garantizar que los extranjeros puedan transitar con seguridad por el territorio nacional o afincarse en él. Es preciso adelantarse a posibles situaciones de una crisis humanitaria debida al arribo al país de flujos masivos procedentes de otras naciones” (PND, página 32).

El problema fue que, ya en los hechos y ante el crecimiento de las olas de migrantes que cruzaban por la frontera sur del país, con rumbo a los Estados Unidos, hizo todo lo contrario. En junio de 2019, cuando su gobierno empezaba, desplegó a la Guardia Nacional, integrada fundamentalmente por soldados, en la frontera con Guatemala para impedir el paso de migrantes con rumbo a Estados Unidos, porque así pactó y aceptó el canciller Marcelo Ebrard en Washington, ante la amenaza de los Estados Unidos de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas.

Y mientras el presidente López Obrador celebró en Tijuana, el 8 de junio de 2019, un supuesto “acto de dignidad nacional”, festejando que no habría finalmente aranceles a los productos nacionales, tres años después, en abril de 2022, el expresidente Donald Trump presumió haber obligado a López Obrador a militarizar la frontera sur de México. “Nunca había visto a nadie doblarse así”, remachó.

Además del despliegue de 30 mil soldados, cuyos abusos fueron documentados por la prensa internacional, el Instituto Nacional de Migración, el organismo encargado de controlar el tránsito de migrantes por el territorio nacional fue puesto en manos de un carcelero, amigo del presidente López Obrador, Francisco Garduño Yáñez, quien entregó el mando de 17 delegaciones y estaciones migratorias -un eufemismo para cárceles- a altos mandos militares del Ejército y la Marina.

El componente policiaco y militar se dejó sentir de inmediato en el fenómeno migrante: por un lado, se endureció el trato a los migrantes, que eran detenidos y llevados a los centros o estaciones migratorias, y eso hizo que los mismos migrantes optaran por rutas más peligrosas para evadir las detenciones.

El INM decidió neutralizar a los famosos Grupos Beta, formados por agentes migratorios con uniforme distinto y equipo todoterreno, cuyo objetivo era rescatar a los migrantes de las zonas más peligrosas, lo mismo en las montañas que en los desiertos. Esos grupos que llegaron a salvar muchas vidas de migrantes desfallecidos, también tuvo denuncias de corrupción y, aunque sigue apareciendo en la estructura operativa del Instituto, los secaron de recursos y prácticamente los desaparecieron.

La militarización del INM generó también otro problema: el miedo del Presidente a los militares. No los toca para nada, ni siquiera por los salarios, aunque todos los generales ganan más que él. Eso sí, todos los días critica a los ministros de la Suprema Corte y a los consejeros del INE, pero a los generales no los cuestiona ni los toca ni por equivocación.

Por eso, a pesar de la tragedia, no han destituido del cargo al delegado del INM en Chihuahua y hasta ahora no aparece tampoco entre las 6 órdenes de aprehensión libradas, el contraalmirante González Guerrero.

Conforme se fue militarizando la política migratoria, el Instituto Nacional de Migración fue cerrando las puertas de sus cárceles a toda mirada ajena y haciendo más difíciles las visitas de organismos defensores de migrantes y de sus derechos, con excepción de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la que consideran una aliada, creyendo que cerrará convenientemente los ojos para no molestar al Presidente; pero aun así, con todo y el sometimiento de su titular Rosario Piedra, los visitadores de la CNDH documentaron en diversas recomendaciones hechas al titular del INM, Francisco Garduño, un sinfín de casos de violación de derechos, abusos, maltratos y detenciones arbitrarias en contra de migrantes de centro, Sudamérica e incluso de otros países.

Y justo cuando el Presidente acababa de afirmar que “en México ya no hay violación de derechos humanos” y había acusado “mentiras y politiquería” el reciente Informe Sobre Derechos Humanos del Departamento de Estados Unidos, y había dicho el pasado 22 de marzo desde su mañanera que: “En México no se tortura, no es como antes que ellos se quedaban callados, nunca decían nada, en México no hay masacres, en México el Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos, en México se garantiza la libertad de expresión. No se persigue a nadie, no se reprime a nadie”. Vino la tragedia de Ciudad Juárez, con sus 39 migrantes muertos por asfixia o calcinamiento, y le golpeó en la cara a López Obrador… Los dados mandan Escalera Doble. (Salvador García Soto, El Universal, Nación, p. 8)

Doble fondo // ¿Quiénes son los homicidas de los migrantes en Juárez?

Me llamo Julián David Villamil Arévalo, nací en Colombia, tengo 22 años, y he muerto en una celda dentro de la estación migratoria de Ciudad Juárez.

Mi nombre es Andrés Fernando Calderón Carbajal, nací en El Salvador, tengo 23 años, y fui víctima de un homicidio en la estación migratoria de Ciudad Juárez.

Me llamo Bacilio Sutuj Saravia, nací en Guatemala hace 51 años y me asesinaron en la estación migratoria del gobierno mexicano en Ciudad Juárez.

Mi nombre es Dikson Aron Córdova Perdomo, nací en Honduras, tengo 30 años, y morí en la estación migratoria de Ciudad Juárez.

Me llamo Joel Alexander Leal Peña, nací en Venezuela, tengo 20 años, y hace unos días me encerraron en una estación migratoria del Estado mexicano que está ubicada en Ciudad Juárez. El lugar se consumía bajo las llamas, pero como estaba encerrado con llave y no me dejaron salir, me mataron.

Así, treinta y cuatro veces más, hasta contar 39 migrantes muertos en la mazmorra del Instituto Nacional de Migración (INM) de Ciudad Juárez, Chihuahua. Todos hombres entre 18 y 51 años, de Guatemala eran dieciocho, siete de El Salvador, siete de Venezuela, seis de Honduras, y uno de Colombia.

En una nación de migrantes, México, 39 migrantes centroamericanos y sudamericanos fueron asesinados con fuego y humo dentro de una instalación del gobierno federal mexicano.

Y no, no me equivoqué al teclear: esas personas, que buscaban una mejor vida, sí fueron asesinadas. No “se murieron”. No “se quemaron”. No “se asfixiaron”. No “resultaron muertas”. No “fallecieron” porque querían morir en el abrasivo e infernal sitio de reclusión en el que estaban refundidos. No, esos 39 migrantes fueron encerrados en una celda, como tantas otras del INM que hay en el país, y cuando un incendio, producto de un temerario e insensato motín, amenazaba sus vidas, fueron dejados ahí, atrapados bajo llave para que se murieran. Los abandonaron inhumanamente con el infame argumento de que no les podían abrir porque escaparían.

Eso se llama homicidio. Doloso, culposo, imprudencial, ya lo decidirá un juez, pero de que fueron asesinados, fueron asesinados, y por eso la FGR, a través de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, está investigando el caso como presunto homicidio.

Y entonces, surge la pregunta: ¿quiénes fueron los homicidas? O al menos, antes de llegar a lo penal, ¿políticamente quiénes son los responsables?

En primer lugar, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Y no lo digo yo, lo dicen las leyes mexicanas: “El Instituto Nacional de Migración es un órgano administrativo desconcentrado de la Administración Pública Federal, dependiente de la Secretaría de Gobernación, el cual aplica la legislación migratoria vigente.”

En un país profundamente democrático, donde los servidores públicos sí entienden los conceptos de “responsable” y de “responsabilidad”, el caballero habría renunciado desde hace horas, porque él es el responsable del funcionamiento y la aplicación de las leyes migratorias a través del INM.Y no solo eso: él tenía que asegurarse de que existieran medidas de protección civil y protocolos antiincendios adecuados en todos esos lugares como el de Ciudad Juárez.

Y con él, por supuesto, se tendría que ir a su casa (o a tribunales) el Comisionado del Instituto, Francisco Garduño Yáñez, que como bien dice su puesto, es quien tiene facultades para vigilar el funcionamiento de esas estancias migratorias.

El Presidente de la República ha dicho en estas horas infaustas que esta desgracia le ha dolido mucho, que le ha partido el alma la muerte de esos migrantes. Pues venga, que dé una muestra palpable de que este no es un gobierno pollero y encubridor como el de Vicente Fox, como el de Felipe Calderón, como el de Enrique Peña Nieto, y que con hechos contundentes demuestre que ante este multihomicidio habrá consecuencias, porque si en este caso él y los suyos pretenden culpar a un guardia privado de seguridad, o al cabo quinto del INM, serán igual de infames que sus antecesores. (Juan Pablo Acosta, El Universal, Nación, p. 7)

El Santo Oficio // La hoguera de la ignominia

La tragedia de Ciudad Juárez llena de pensamientos sombríos los días y las noches del cartujo. Treinta y nueve muertos y 27 heridos víctimas de un sistema no solo injusto sino criminal con los migrantes, expuestos a todos los peligros en un país donde —como cantaba José Alfredo— la vida no vale nada, sobre todo la vida de los más pobres, vistos con rotundo descaro como botín político por el régimen del “humanismo mexicano”.

Los videos del siniestro son aterradores y los testimonios de los familiares o amigos de quienes quedaron atrapados en la hoguera de la ignominia, estremecen e indignan. ¿De quién fue la culpa? Y más aún: ¿quiénes son los responsables de tal atrocidad?

Como se ha visto, al parecer solo serán acusados funcionarios menores, guardias impreparados y una empresa de seguridad privada, cuando la justicia —si la hay— debería mirar más alto.

Pero en la cúspide —como escribió Monsiváis con respecto a los dolorosos sucesos de la Guardería ABC de Hermosillo— no hay culpables, “sino héroes declarativos, del equipo de salvación de la humanidad, hay funcionarios de buen corazón que acuden al lugar devastado y dan el pésame y miran caritativamente (a las víctimas o sus allegados) y les extienden su compasión como cubriéndolas con el manto de todas las devociones”.

Así sucedió con Francisco Garduño, comisionado del INM: visitó a los lesionados, se tomó fotos con ellos y las publicó en redes sociales. Así sucede con quienes lamentan la tragedia sin abandonar sus ambiciones, como Marcelo Ebrard o Adán Augusto López y toda (o casi toda, quizá existan algunas excepciones) la rascuache clase política de este país, poblada de arribistas y lamesuelas.

Así sucede con quien un día después del infausto suceso, al cual le dedicó tres minutos, terminó su habitual prédica con un chiste y una sonrisa socarrona y ayer, en una fugaz visita a Ciudad Juárez, se negó a escuchar los reclamos de justicia de los migrantes. Dice tener el alma partida por la desgracia en la estación migratoria de la muerte, tal vez sea sincero, pero quizá solo sean melodramáticas frases para sus devotos. (José Luis Martínez, Milenio Diario, Al frente, p. 2)

Trascendió

Que la titular federal de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, atajó los cuestionamientos por la ausencia de los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López, y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en las conferencias sobre la muerte de 39 migrantes, con la expresión “no me subestimen”, y dejó en claro que tiene la autoridad para presidir y ser la voz del Poder Ejecutivo, llevando así el asunto de la desatención de sus compañeros a un tema que les compete al terreno de la descalificación personal a ella, que de ninguna manera ha ocurrido. Esa protección sí se ve. (Milenio Diario, Al frente, p. 2)

Rozones

Será el mismo Solalinde?

Ya se supo, nos comentan, por qué a diferencia de las respuestas frontales con las que reaccionaba ante sucesos que afectaban a migrantes en tiempos pasados, el padre Alejandro Solalinde ahora más bien anda, como dirían las abuelas, como sedita. Y es que el Presidente informó ayer en la conferencia mañanera que antes de la tragedia en Ciudad Juárez se había reunido con el sacerdote para crear un consejo con el cual buscar que no se violen los derechos humanos de los indocumentados que cruzan por el país. Quizá por eso lo que publicó Solalinde en las benditas redes tras el incendio en un centro de retención fue una crítica al Instituto Nacional de Migración ¡pero aludiendo a tiempos pasados! “La tragedia… marca el fin del INM como instrumento de seguridad. Engendrado por Salinas de Gortari, Fox lo hizo de seguridad y con Calderón, García Luna y Policía Federal vinieron secuestros de migrantes”. Uf.

AMLO, EU y la migración

Y fue el Presidente quien ayer volvió a mirar hacia el norte, al hablar en un evento en Ciudad Juárez de la tragedia ocurrida en un centro de retención de migrantes. Y es que señaló que no ha tenido respuesta de Washington a la infinidad de propuestas para que se atienda el fenómeno migratorio en sus causas. “Nos duele mucho”, señaló el mandatario, al acotar que su administración ha estado trabajando para evitar esas desgracias. Defendió la estrategia de llevar programas sociales de la 4T a países de Centroamérica, pero también apuntó: “No hemos tenido respuesta ni del presidente Trump, ni ahora del presidente Biden, se han hecho proyectos, hemos enviado infinidad de propuestas, pero no se ha hecho nada”. Ahí el dato. (La Razón, La dos, p. 2)

Crónica confidencial // ¡Nos quieren matar!

Muchas capas de lodo se están levantando por la tragedia de los migrantes en Ciudad Juárez. Aquí le comento algunas:

La empresa de seguridad. En un primer momento, se revivió la información dada a conocer por Latinus (15/02/23), la cual refiere que el cónsul honorario de Nicaragua en Chihuahua y Nuevo León, Elías Gerardo Valdés, es el dueño de SEICSA, la empresa proveedora de servicios de seguridad para el Instituto Nacional de Migración (INM). Ayer, la secretaria de Seguridad Ciudadana y Protección Pública, Rosa Icela Rodríguez, precisó que la proveedora actual es CAMSA. La verdad, ni a cuál ir…

SEICSA efectivamente tuvo el contrato hasta fines de 2022; dicha contratación fue una de las muchas obtenidas con la 4T, lo cual le permitió un crecimiento exponencial. Curioso, porque en 2017 la pasada administración le retiró el permiso para ofrecer servicios de seguridad.

En medios nicaragüenses corre la versión de que SEICSA está vinculada a Daniel Ortega, presidente del país centroamericano, quien se ha visto envuelto en varios escándalos de corrupciónde corrupción.

En conferencia de prensa, doña Rosa Icela reveló ayer que el contrato del INMI con la actual proveedora, CAMSA, ha sido cancelado y se aplicará una multa. Curioso, porque los elementos de seguridad que se ven en el video llevan el logo de SEICSA…

Como sea, espero que esa sea solo la primera sanción, pues CAMSA, perteneciente al grupo TANK, obtuvo el contrato por adjudicación directa para brindar seguridad a 24 oficinas del INMI en todo el país, siendo que apenas tiene ¡cuatro empleados!, no está registrada en la Secretaría de Economía y el mencionado contrato no aparece en COMPRANET. En su página web, TANK, indica que trabaja “para brindar un servicio profesional y con un trato personalizado para los clientes”. ¿Qué querrá decir con “personalizado”..?

Los migrantes. Desde que Daniel Ortega ha ganado por “abrumadora” mayoría las elecciones, la migración nicaragüense no para. En 2022, la Patrulla Fronteriza de EUA detuvo a 143 mil nicaragüenses, 80 por ciento más que el año anterior. Dentro de todo, es lo menos peor que les pudo haber pasado…

La organización Texas Nicaraguan Community (TNC) da cuenta de una realidad terrible: En el pasado mes de diciembre reportó dos casos significativos; el primero: 150 nicas prefirieron regresar a su país después de sufrir “hambre, robos y secuestros”. El segundo: 250 nicas habrían sido detenidos por agentes del INMI y militares en las ciudades de México y Juárez, manteniéndolos ilegalmente incomunicados. Aquí nada se supo.

Al respecto, TNC orienta a los familiares sobre cómo deben recorrer el calvario que les espera. La organización recomienda que cuando hayan perdido contacto con el migrante, los familiares deben llenar un formulario en la página de la Comisión Nacional de Búsqueda del gobierno mexicano, para que ésta “exija que se cumpla la ley” y el INMI ya no los retenga; si no fuera trágico, me reiría de lo absurdo que esto resulta. “Pero si no aparece en Migración, tienen que reportarlo ante la Fiscalía”… Ya sabemos lo expeditas que son las investigaciones en nuestro país.

Medios nicaragüenses como Confidencial Digital y 100noticias informaron que en noviembre y diciembre de 2022 aumentaron las denuncias de secuestros de nicaragüenses en México. Así nos encontramos con casos como el de Mayte Padilla, de 18 años, y su novio Raymond Lanzas, por quienes los malandros mexicanos pidieron 10 mil dólares.

Los familiares de los hermanos Heysell, de 21 años, y Julmer Martínez, de 23 años, hicieron un “abono” de cinco mil dólares para negociar su liberación. Los malandros, ubicados en Ciudad Juárez, pidieron 30 mil dólares. En sus mensajes de video, los secuestrados gritaban con desesperación: “¡Nos van a matar!”

Este es el panorama al que se va enfrentar la doctora Herrerías.

Para mí que ya se le está raspando el teflón a la 4T…

P.D. PARA MIS LECTORES:

Los senadores morenistas sabotearon la solicitud de comparecencia de los secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard, para que dieran explicaciones sobre el caso que nos ocupa… Lo bueno es que la 4T ha dicho que en este caso “no habrá impunidad.”, “se aplicará la ley, tope donde tope”, “no se encubrirá a nadie” y “en este gobierno se castigan los abusos y las violaciones de derechos humanos”.

¡Vivan la congruencia y la rendición de cuentas..! (Leopoldo Mendívil, La Crónica de Hoy, Nacional, p. 6)

Gente como uno // El eufemismo en llamas de AMLO

Que lejos quedó aquél discurso de finales de 2018, cuando el Ejecutivo anunció un programa “nunca antes visto en México” para ayudar a los migrantes centroamericanos y tratar de contener su avance a Estados Unidos, “por la buena”… ¿Se acuerdan ?

“El fenómeno migratorio debe ser abordado con respeto a los derechos humanos y dando opciones de trabajo a los que se ven obligados a abandonar sus pueblos”, dijo aquel octubre de 2018 el presidente López Obrador.

“Se creará un plan de ocupación del sur por parte de los centroamericanos que huyen o migran de su región”, dijo también el Presidente.

Tres meses después, en enero de 2019, nuestro país le abrió la puerta a la Caravana y unas mil visas de trabajo fueron entregadas. “¡Viva México!, gritaban los migrantes. Que lejos se ve aquella escena.

Porque desde abril de 2019 el escenario cambió por completo. Llegaron las redadas a Chiapas, por Agentes del Instituto Nacional de Migración y la Policía Federal, que terminaron en la detención y deportación de cientos de migrantes, que a gritos imploraban que los dejaran seguir adelante.

Hombres, mujeres, niños y viejos, la persecución los alcanzó a todos sin distingo.

“Tenemos que cuidar a los migrantes aunque resulte paradójico. Si nosotros permitimos que transiten al norte de nuestro país para cruzar la frontera, estamos corriendo riesgos” corrigió entonces López Obrador, mientras horribles imágenes le daban la vuelta al continente y en la Casa Blanca celebraba el entonces presidente, Donald Trump.

Hoy México ha roto todos los récords de detenciones en los dos últimos años. En 2021 fueron 228 mil 115 migrantes aprehendidos, para 2022 la cifra incrementó a 444 mil 439.

Pero quemados como el lunes pasado, nunca hubiéramos imaginado. Tocamos el techo del horror.

Apenas el 9 de marzo pasado Derechos Humanos Integrales en Acción, señaló presencia excesiva de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, en un operativo en el Hotel Úrsula, en Ciudad Juárez Chihuahua.

Se denunciaron actos de intimidación a migrantes, incluidas “mujeres viajando solas y jefas de familia, quienes revelaron que agentes del INM les rompieron documentos migratorios”, detalla el documento publicado.

“Privación de libertad y hacinamiento, práctica sistemática de detención, disuasión y deportación; espacio físico reducido y sin ventilación; falta de atención médica y acceso a agua potable, incomunicación y desinformación para disuadir a las personas para no solicitar asilo…”

Son las características que enlista el posicionamiento emitido a través de la organización, donde se pronunciaron más de doscientas ONGs, 11 redes de trabajo regional, nacional e internacional y 230 personas.

Es la descripción de las condiciones encontradas durante una visita a la Estancia Provisional de Ciudad Juárez, que realizaron varias organizaciones apenas en septiembre pasado.

El mismo que Amnistía Internacional, la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han reportado en anteriores ocasiones como “cárceles para migrantes”.

El mismo lugar al que el presidente López Obrador esta semana llamó “Albergue”, al referirse a la tragedia de los 38 migrantes muertos en Ciudad Juárez Chihuahua. Migrantes que se encontraban enrejados con candado, e incomunicados, antes de ser deportados.

Dos semanas antes de estas muertes, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), estableció que los detenidos en esta condición, solo pueden permanecer un máximo de 36 horas en una estación migratoria.

¿Sabemos cuántas horas tenían estos migrantes detenidos? No. ¿Sabemos si tenían una defensa legal de oficio como lo marca su derecho? No. ¿Sabemos si el “albergue” en el que se encontraban tenía aspersores de incendio? Obviamente no.

Tampoco sabemos —y quizá nunca sabremos— por qué los celadores del “Albergue”, salieron del lugar dejando cerrados los candados de las celdas con los migrantes adentro y en llamas.

La Secretaría de Gobernación, ni la Secretaría de Relaciones Exteriores, o quien resulte responsable de lo que nadie se quiere hacer responsable, han salido a dar una explicación razonable de semejante tragedia.

Si recordamos bien, al Presidente López Obrador lo recibieron las caravanas migrantes vivas y agradecidas. ¿Cómo serán las caravanas migrantes que en el 2024 lo despidan? (Mónica Garza, La Razón, p. 19)

La dignidad no necesita pasaporte

Las condiciones de desigualdad estructural existentes, sostenidas y recrudecidas por dinámicas de violencia generalizada hacia grupos históricamente discriminados, han ocasionado el desplazamiento de comunidades, grupos y personas de sus lugares de origen hacia la búsqueda de condiciones más dignas para vivir y habitar.

Durante este transitar, sus vidas han sido impactadas de maneras diversas, casi siempre afectadas por las violencias ejercidas hacia sus derechos y sus cuerpos, despojándoles no sólo de sus sueños y sus orígenes, sino incluso de su propia vida a manos de otros, tal como sucedió con al menos 38 personas en la Estación Provisional del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Las fronteras territoriales consolidadas en la conformación de los estados-nación han dividido comunidades, culturas y sociedades a través de la construcción de la figura de la otredad, como ese ente ajeno que debe rechazarse, eliminarse y evitar que se adentre a nuestros terrenos.

Ha sido la utilización de esa diferencia con la otra, otre y otro considerada argumento válido para despojar de dignidad y colocar en situación de vulnerabilidad a personas y comunidades diversas que atentan contra los intereses de élites y sistemas hegemónicos.

Bajo esta lógica es que las políticas migratorias y de seguridad nacional se han construido a lo largo del tiempo, edificando muros no sólo físicos y culturales, sino humanos. Esos muros nos obstaculizan mirar a la otra persona desde la humanidad que somos y conformamos como comunidad en movilidad continua entre las tierras que habitamos, que no son de nadie, sino de todas, todes y todos.

Porque migrar es un derecho humano y los derechos humanos no necesitan pasaporte, sino autoridades competentes que los garanticen y protejan ante cualquier situación que contravenga la dignidad humana.

Pero, ¿por qué nos vamos?, ¿qué es lo que dejamos?, ¿qué es lo que llevamos? Nos vamos por la falta de oportunidades laborales que impiden habitar en dignidad nuestros territorios, la constante violencia ejercida por el narcotráfico y el Estado hacia comunidades que defienden sus recursos, la persecución política a quienes deciden levantar la voz ante las violaciones a sus derechos humanos, porque migrar no es un delito, sino que es el resultado de un desplazamiento humano forzado.

Dejamos nuestra comunidad, nuestros lazos afectivos, nuestra semilla en un territorio invadido por la desigualdad social y la violencia estructural que nos destierra del origen de lo que somos. Nos llevamos sueños, esperanzas, nombres, historias de lucha y resistencia y sobre todo, nuestra dignidad, que debe garantizarse por todos los gobiernos nacionales, estatales y locales a través del derecho a la movilidad humana.

Por esto, las instituciones migratorias competentes deben garantizar este derecho con protocolos de seguridad, salud y atención jurídica basados en los más altos estándares de derechos humanos, con el objetivo de salvaguardar la vida de las personas que transitan por los diversos territorios y prevenir catástrofes humanitarias, como lo acontecido en Ciudad Juárez.

Ante ello, es necesario una transformación de las políticas migratorias a acciones con enfoque de derechos humanos, interculturalidad y perspectiva de género dentro de las estaciones en los distintos límites fronterizos que atiendan las necesidades de las personas migrantes y prevengan su criminalización, discriminación, detención arbitraria y hostigamiento policial.

Es importante mencionar que ninguna estación migratoria ni albergue gubernamental tendría que fungir de cárcel ni espacio de retención contra la voluntad de las personas migrantes y su derecho a transitar libremente. Habrá que reflexionar, por un lado, a quiénes el gobierno mexicano ofrece refugio, asilo y atención migratoria con trato humano y, por otro, a quiénes se les criminaliza, condena arbitraria y violentamente por ejercer su derecho a la movilidad humana.

Porque no se necesita pasaporte para que la dignidad de las personas migrantes sea válida, sino reconocerles como personas, sujetas y sujetos de derechos con dignidad y humanidad que buscan condiciones de vida dignas en otros lugares ante la omisión y garantía de sus derechos humanos en gobiernos que sólo responden a las necesidades e intereses de unos cuantos.

Por ello, se hace el atento llamado a que el gobierno mexicano garantice la protección y el ejercicio de los derechos humanos de las personas en tránsito libre bajo los más altos estándares en dicha materia, responsabilizando a quienes violenten estos principios y pongan en riesgo la vida de personas migrantes.

Que el derecho a una movilidad humana no esté llena de delitos, violaciones e injusticias y, mucho menos que nos cueste la vida, sino que logremos transitar a un mundo donde quepan muchos mundos y donde la tierra sea de todas, todes y todos. (Mariana Bermúdez, La Jornada, Opinión, p. 13)

¡Que viva México!

UN CRIMEN DE ESTADO

El fallecimiento de 40 sudamericanos en la estación migratoria de Ciudad Juárez, -del INM-, es total y absolutamente un crimen de estado.

Es la negligencia e insensibilidad del Estado Mexicano la culpable de estas muertes, por el trato inhumano que se les da a los migrantes indocumentados, pues las violaciones a los derechos humanos son institucionales y por ello los funcionarios de bajo nivel jerárquico, aprovechan este contexto en su propio beneficio.

¿Y las responsabilidades políticas?

¿Por qué no estuvieron en la mañanera el secretario de gobernación y el de relaciones exteriores?… ¿Por qué tuvo que salir a dar la cara la secretaria de seguridad pública?

¿Será para no desgastarlos en sus aspiraciones presidenciales?

Esta tragedia pone en evidencia la actitud gubernamental insensible frente al fenómeno migratorio, -pues más allá de la retórica-, el sistema operativo del Instituto Nacional de Migración está viciado desde hace muchos años y este gobierno, -para beneficio de los funcionarios que hoy lo dirigen-, lo ha tolerado.

Castigar a los funcionarios que no abrieron la reja del centro de detención migratorio, no resuelve el problema ni impide que no vuelva a suceder.

La tolerancia a la corrupción que practican agentes del INM y policías municipales, estatales y federales sigue operando. Las denuncias tienen años y aún hoy continúan porque no hay voluntad política para frenarla.

Este escándalo que costó casi 40 muertes representa la última llamada para una reestructuración del sistema migratorio.

La responsabilidad política de esta tragedia la evaden todos los involucrados.

Cabe hacer la pregunta: ¿Cómo hubiera reaccionado frente a esta tragedia Andrés Manuel López Obrador si hoy no fuese presidente de México, sino líder opositor?

¿Qué renuncias estaría exigiendo?

Seguramente quienes pagarán por esta irresponsabilidad no serán los funcionarios que tienen la responsabilidad de brindar seguridad y respeto a los derechos humanos de los detenidos, sino los empleados del más bajo nivel jerárquico.

Las faltas administrativas que representan las violaciones a las leyes migratorias no justifican la detención arbitraria, que sucede continuamente, seguramente para practicar la extorsión.

Lo que sucedió en el centro de detención del INM puede repetirse en los centros penitenciarios de este país, totalmente sobrepoblados.

¿A usted qué le parece? (Ricardo Homs, El Universal, Opinión, p. 15)

¡Viva México!

Como mexicano me siento avergonzado de los crímenes contra migrantes que ocurren con frecuencia en nuestro país.

Me niego a especular sobre a quién benefician o perjudican, entre los precandidatos de Morena, las escandalosas muertes y heridos de Ciudad Juárez.

Puntos sobre las íies. Pero sin duda afecta a muchas familias centroamericanas que pierden a seres queridos.

Un prestigio maltrecho. Daña, además, por mucho tiempo por venir el prestigio del país que hasta hace algún tiempo se consideraba refugio seguro para personas que huían del crimen de las dictaduras, de los ejércitos asesinos y de la violencia.

Culpables y responsables. Entre estos últimos el de mayor jerarquía, por el momento, es el comisionado del Instituto Nacional de Migración.

El impresentable. Otros responsables que escapan al ámbito federal son las autoridades del gobierno municipal de Ciudad Juárez, comenzando por su impresentable presidente municipal –que se escuda en las siglas de Morena, aunque antes se haya beneficiado desde la extrema derecha del PAN–, quien afirmó hace unos días:

“Vamos a tener una postura más fuerte en este sentido, en cuidar la ciudad (…) ha llegado un momento crucial para poner un alto y tener un punto de quiebre en este sentido. Es fundamental, porque pueden afectar la economía de la ciudad y a miles de juarenses y paseños, o de gente de Las Cruces, por actividades como la que se vio el día de ayer, que son totalmente ajenas a la realidad fronteriza”, dijo Pérez Cuéllar durante su rueda de prensa semanal ( La Verdad, 13/3/23).

Polvos de aquellos lodos. En junio de 2019 se dio una declaración conjunta de los gobiernos de México y Estados Unidos donde se establecía que teniendo en cuenta el aumento significativo de migrantes a EU, provenientes de Centroamérica a través de México, ambos países reconocieron la importancia fundamental de resolver rápidamente la emergencia humanitaria y la situación de seguridad prevalecientes.

Se añadía que por razones humanitarias …autorizará la entrada de dichas personas mientras esperan la resolución de sus solicitudes de asilo. México …ofrecerá oportunidades laborales y acceso a la salud y educación a los migrantes y sus familias mientras permanezcan en territorio nacional, así como protección a sus derechos humanos. (citando un artículo de Carlos Puig: https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/cuando-harian-prospera-a-centroamerica).

Antes la inmensidad de la tragedia y las que desafortunadamente seguirán, se necesita impulsar tres iniciativas concretas.

Una política migratoria. Definida y precisada por el gobierno a partir de las consultas adecuadas con los poderes Legislativo y Judicial y con un grupo amplio de expertos. Debe ser discutida con Estados Unidos y Canada para sentar las bases de un acuerdo trinacional de libre tránsito entre personas. Estados Unidos debe financiar parte importante de la infraestructura para acoger a migrantes en la frontera norte de México.

El INM. Esta institución es la vergüenza mayor de la República. Corrompida hasta el tuétano y convertida en la mayor negación de los derechos humanos. No dudo que hayan personas honestas en esta agencia, pero en su conjunto es irreformable, debería desaparecer de golpe e instaurarse un esquema transitorio de atención a migrantes, en tanto se construye una institución que enfrente lo que es la piedra de toque de cualquier política de derechos humanos.

La impunidad. Ha habido mucha. Deben ser sancionados penalmente no sólo los culpables directos de los crímenes en Ciudad Juárez, sino también los responsables directos. El comisionado nacional debería ser cesado y a un alto funcionario había que entregarle una mapa de la administración pública, sobre las responsabilidades de las distintas secretarías, para que no se haga bolas. (Gustavo Gordillo, La Jornada, Opinión, p. 15)

Muerte en Juárez

La política migratoria del presidente Andrés Manuel López Obrador ha fracasado rotundamente y lo peor es que ya está costando muchas vidas. Treinta y nueve inmigrantes murieron en un centro de detención del gobierno mexicano en esta ciudad, miles deambulan en las zonas fronterizas con Estados Unidos -expuestos a abusos y violaciones a los derechos humanos- y AMLO sigue cediendo ante todas las presiones de Estados Unidos. El resultado es un cruel sistema que maltrata, obstaculiza su trayecto y, en algunos casos, mata a los inmigrantes.

Fue un crimen de Estado.

Funcionarios del gobierno de López Obrador implementaron una política de represión, encarcelamiento y criminalización de los inmigrantes que culminó con un incendio en un centro de detención -no un albergue, Presidente- del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Muchos de los inmigrantes que murieron o resultaron heridos fueron detenidos injustamente por el simple hecho de pedir limosna o lavar vidrios en los cruces de las calles de Ciudad Juárez. Ya hay una investigación al respecto pero me temo que se culpará a los funcionarios de más bajo rango y se dejará libres a los que realmente implementaron las redadas y el encarcelamiento de los migrantes. Como siempre.

La responsabilidad de estas muertes es del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es su política migratoria. Son sus agentes. Son sus cárceles. Los migrantes estaban en custodia del gobierno mexicano en una instalación federal. Y era su responsabilidad cuidarlos. Los migrantes entraron vivos y 39 salieron muertos. Además, es tristísimo e increíble que el Presidente haya culpado a los inmigrantes de su propia muerte. “Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron”, dijo AMLO en su primera declaración al respecto. “Y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas y les prendieron fuego, y no imaginaron que esto iba a causar esta terrible tragedia”.

No. Esta terrible tragedia no hubiera ocurrido si no los hubieran detenido injustamente y si les hubieran abierto las puertas de las celdas al iniciarse el incendio. He visto con indignación, como tantos, el video en que los guardias dentro del centro de detención se rehúsan a abrir las celdas cuando estalla el incendio. Es mucho más que negligencia o incompetencia. Fue dejarlos morir quemados y asfixiados. Fue, como dijo Naciones Unidas, una tragedia prevenible.

Es incomprensible que un país como México, que ha enviado a tantos millones de inmigrantes hacia Estados Unidos, trate tan mal a los extranjeros que cruzan su territorio hacia el norte. “El único país que nos ha puesto obstáculos para llegar a nuestras metas ha sido México”, me comentó un joven venezolano que entrevisté para la televisión. “Pasamos lo peor en la selva del Darién, Costa Rica y Honduras, pero ninguna autoridad nos ha hecho pasar este sufrimiento. Te agarran como un delincuente y te dicen: ¿cuánto tienes?”.

El gobierno del presidente López Obrador se metió solito en este lío al aceptar las presiones de dos mandatarios estadounidenses -Donald Trump y luego Joe Biden- para convertir a México en la patrulla fronteriza y en la sala de espera de Estados Unidos. México es el muro, como quería Trump. México no estaba preparado para recibir a decenas de miles de inmigrantes simultáneamente, ni pidió la ayuda económica necesaria de su vecino para enfrentar estas olas migratorias.

Esto lo que ha generado es un panorama desolador. Las calles de Ciudad Juárez, como ejemplo, están llenas de familias con niños hambrientos y extenuados, sin un peso encima ni un lugar donde dormir, caminando bajo el sol o el frío, esperando quién sabe qué. Porque el proceso legal para entrar a Estados Unidos requiere ahora de una aplicación por celular que, como me mostraron, no funciona bien y se congela.

Mientras tanto, aquí en México, tenemos que cambiar la manera en que tratamos a los inmigrantes. La regla es sencilla: hay que tratarlos de la misma manera en que quisiéramos que trataran a los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos.

Nadie viene a México a morir. Y menos en una cárcel del gobierno. El país que mejor debería entender a los inmigrantes terminó matando a 39. (Jorge Ramos Ávalos, Reforma, Opinión, p.8)

El fuego y la rabia

Dos mil nueve. Gobierno de Felipe Calderón. 49 niños mueren en el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora. 2014. Gobierno de Enrique Peña Nieto. 43 jóvenes son desaparecidos y asesinados y, según la verdad histórica defendida por las autoridades, sus cuerpos son incinerados en las cercanías de Iguala, Guerrero. 2023. Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 39 migrantes mueren en el incendio de un centro de detención del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Este podría ser un doloroso resumen de nuestros últimos quince años de historia. Una instantánea de nuestra democracia. Tres casos en los que las llamas que devoran esos cuerpos inocentes ponen frente a nuestros ojos el país que habitamos, el país que somos, el país que hemos consentido. La brutal y desasosegante patria que hemos sido incapaces de transformar. Se dirá que cada caso es distinto, que cada uno tiene sus particularidades, que es injusto unirlos en un mismo enunciado. Y, sin embargo, los tres casos revelan las condiciones subyacentes que alentaron o provocaron las tragedias.

El incendio de la Guardería ABC exhibió a los familiares y amigos de Calderón y de su entorno, quienes se aprovecharon de sus contactos para lucrar con las concesiones de las estancias infantiles sin preocuparse siquiera por su seguridad. Las desapariciones forzadas y los asesinatos de Ayotzinapa mostraron, a su vez, la complicidad entre el crimen organizado y todos los órganos y cuerpos de seguridad, municipales, estatales y federales, así como del Ejército. El incendio del centro de detención del INM revela, por su parte, la sumisa política migratoria desplegada por México desde que Trump amenazó con imponer aranceles a nuestros productos, la precariedad de estos lugares, la criminalización de los migrantes y, una vez más, las concesiones -en este caso a empresas de seguridad- otorgadas por las autoridades migratorias en beneficio de sus simpatizantes.

Lo que resulta más indignante y descorazonador, y que apenas deja lugar a la esperanza, es la respuesta de las autoridades en los tres casos. Con cada partido en el poder se repiten el mismo discurso, las mismas excusas, el mismo cinismo y la misma hipocresía, sin apenas variantes. “Un trágico accidente”, “lamentamos”, “nos solidarizamos”, “se ejercerá todo el peso de la ley”, se “castigará a los culpables”… Pretextos que, una y otra vez, conducen hacia el mismo lugar: la sanción a los responsables directos, chivos expiatorios del perverso sistema que permite sus actos y maniobras, mientras la negligencia criminal de sus cabezas -secretarios, directores y el propio Presidente- se mantiene siempre impune.

Provoca náuseas constatar, asimismo, cómo quienes en su momento denunciaron esta cadena ascendente de responsabilidades, y exigieron que se juzgara a los altos funcionarios que con sus políticas o su desdén causaron las tragedias, sean los mismos que hoy defienden a los suyos con los argumentos esgrimidos en el pasado por sus más encarnizados rivales. Lord Acton: el poder corrompe y el poder absoluto -como el que continúan detentando nuestros presidentes- corrompe absolutamente, cegando por completo el juicio moral de sus acólitos, incapaces de darse cuenta de su incongruencia.

No debería haber dudas de que en los tres casos el culpable fue, sí, el Estado: ese Estado gobernado sucesivamente por nuestras tres principales fuerzas políticas sin que ninguna de ellas -ninguna- haya tenido la decencia de reconocer sus delitos y sus fallos. En su lugar, hemos tenido que soportar las más vergonzosas excusas, los señalamientos a los escalones más bajos de la pirámide o la obscena criminalización de las víctimas. Calderón, Bours y Molinar Horcasitas; Peña, Aguirre, Cienfuegos y Murillo Karam; López Obrador, Ebrard, López Hernández y Garduño. Ninguna renuncia, ninguna expiación oficial, ninguna disculpa pública y, sobre todo, ningún cambio en las condiciones que provocaron cada una de esas atroces muertes: en este aspecto todas nuestras fuerzas políticas son, sin duda, iguales. (Jorge Volpi, Reforma, Opinión, p.8)

El correo ilustrado // Necesario revisar políticas migratorias

Tras la tragedia sucedida en Ciudad Juárez, Chihuahua, otra de muchas, es algo sistémico, es decir el capitalismo de sálvese quien pueda. Lo que pasó en la frontera, donde 39 migrantes perdieron la vida por el fuego provocado en un espacio cerrado e inadecuado que servía como alojamiento provisional, abre las indagatorias de autoridades mexicanas con el fin de fincar y penalizar a los responsables de que sucediera este lamentable hecho. Seguir el sueño americano hacia Estados Unidos en ocasiones cuesta la vida; grupos de personas de diferentes nacionalidades encontraron una funesta tragedia. Es complicado tema el de la migración.

Lo sucedido hace necesario estudiar a profundidad un cambio importante en las políticas migratorias, pues México se convirtió desde hace tiempo en el cruce hacia suelo estadunidense. Independientemente de habilitar espacios adecuados, se requiere analizar con prontitud que cada uno de los gobiernos y embajadas, de donde proceden los migrantes, se ejerza mayor control y apoyo para el gobierno mexicano.

Estados Unidos ha presionado a México, en sentido de dar alojamiento y tiempo indefinido de espera, y esto provoca irritación o enojo y conduce a que sigan sucediendo tragedias que dejan mal parado a nuestro país.

Por ello, habría que implementar una política propia basada en la orientación a estos grupos vulnerables dejados a su suerte por los países de donde proceden. El origen del problema migratorio sigue sin atenderse y esto deriva en tragedias no griegas, sino latinoamericanas. (Luis Langarica Arreola, La Jornada, p. 6)

Tragedia migrante

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En cuanto empezaron a difundirse las primeras informaciones de la muerte de 39 migrantes en la estación migratoria temporal de Ciudad Juárez, el país se ensombreció.

La conmoción creció cuando se supo que habían muerto por quemaduras y asfixia, y que otros 28 migrantes habían resultado con graves lesiones. Estaban encerrados en un área enrejada y con candado. Nadie quiso o nadie pudo abrirles.

Hoy, a unos días de la tragedia, en el país y fuera de él prevalece, además de la condolencia, una entremezclada sensación de ira y aflicción.

Al paso del tiempo quedarán algunos rescoldos de este sentimiento colectivo de solidaridad con las personas migrantes quienes, sin embargo, pronto regresarán al olvido. Hay antecedentes de que migración y migrantes ocupan un espacio en nuestra atención solo al llamado de una tragedia.

Hubo asombro cuando en junio de 2009 desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos denunciamos el secuestro de migrantes, que había crecido sigilosamente como una industria criminal, y muy lucrativa, en prácticamente todas las rutas de indocumentados en su paso por México rumbo a Estados Unidos.

Convergían en ese documento, que abarcaba un periodo de seis meses, 9 mil 758 víctimas de secuestro, miles de millones de dólares, una inconcebible crueldad y un sufrimiento inimaginable. Se identificaba como ejecutoras de este delito a bandas del crimen organizado, sobre todo a los llamados Zetas, a quienes, en muchos casos, agentes del Instituto Nacional de Migración les “vendían” a migrantes. Las autoridades minimizaron los resultados de la investigación y dijeron que se trataba de episodios aislados.

En agosto de 2010, 72 migrantes fueron acribillados en un rancho de San Fernando, Tamaulipas. Las fotografías de decenas de víctimas al pie de una pared parecían una siniestra reproducción de fusilamientos de quién sabe qué tiempos. Y sin embargo allí estaban las imágenes, reflejo de lo que sucedía en la primera década del siglo XXI. Las autoridades declamaron sus condolencias y buenos propósitos. “Nunca más ocurriría algo parecido”.

El 9 de diciembre de 2021, un tráiler volteó y se estrelló en el muro de un puente peatonal en una carretera de Chiapas. Allí murieron 55 migrantes y hubo 105 heridos. Ellos habían pagado a traficantes miles de dólares por su traslado a Estados Unidos y viajaban en condiciones atroces. Nuevamente surgieron voces de lamento y otra vez se dijo que se tomarían las medidas necesarias para evitar siniestros semejantes.

Por estos hechos, hitos funestos en la historia de la migración, podría pensarse que los migrantes padecen graves desgracias, que por fortuna solo suceden ocasionalmente. Pero no es así: los hechos mencionados son la expresión sonora de la silenciosa tragedia migrante de todos los días.

Desde 2005 documentamos en la CNDH, como lo hicieron algunas organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, muchas formas de violencia que se ejercían, y se ejercen, en contra de migrantes indocumentados: arbitrariedades, amenazas, robos, asaltos, extorsiones, maltrato, abandonos, agresiones, violaciones, desapariciones, secuestros, homicidios.

Esto sucede en mayor o menor medida todos los días desde hace dos décadas, y ahora, además, en un contexto de crecimiento de los flujos migratorios.

Ojalá que los hechos del pasado lunes 27 de marzo en Ciudad Juárez sean, realmente, un parteaguas en la atención de la migración indocumentada en México.

Los migrantes irregulares de Centro y Sudamérica lo son, como los nuestros, por el agobio de sus condiciones y circunstancias, y es inaceptable que por buscar la vida encuentren la muerte. Podemos y debemos estar a la altura del desafío y hacer de México un lugar con políticas, leyes migratorias e instituciones que garanticen y salvaguarden los derechos humanos de las personas migrantes. (Mauricio Farah, Milenio Diario, Política, p. 7)

La tragedia, las injusticias

De acuerdo con el relato de la fiscal de Derechos Humanos de la FGR, Sara Irene Herrerías, sobre los hechos en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, el pasado lunes a las 20:30 horas personas migrantes juntaron colchonetas, las apilaron y minutos después les prendieron fuego. Los migrantes protestaban sobre algunas “inconformidades” y al comenzar el incendio “ninguno de los servidores públicos, ni de los policías de seguridad privada realizaron alguna acción para abrirles la puerta”.

Por este relato, al día de hoy hay cinco personas detenidas: tres agentes migratorios, un guardia de seguridad privada y Jeison “N”, el venezolano señalado por haber iniciado el fuego.

La fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por los delitos de homicidio y lesiones. El agente del ministerio público formuló los cargos con base en la conducta de cada uno de ellos, acreditándolos con datos de prueba existentes.

Desde el martes en la tarde se conoció parte de un video de cámaras de seguridad. Son 32 segundos que muestran cómo comenzó la tragedia. Antes de que el lente fuera obstaculizado por el humo, se alcanza a ver a un agente y a un elemento de seguridad que abandonan el área. Pero no se ve más. No se alcanza a apreciar qué pasó con el resto de las personas afuera de la celda donde se encontraban 38 hombres luego de las razias hechas a petición del Instituto Nacional de Migración.

Se están conociendo algunos otros videos que dan una idea de lo que sucedió antes y después del incendio. También declaraciones como las de un supervisor de la empresa Grupo Tank, identificado como Omar P., quien ante agentes de la Policía Federal Ministerial detalló que previo al siniestro, los migrantes no tenían agua potable para beber ni papel higiénico. Que en la noche, al darse cuenta del fuego y del humo que ya era denso, buscaron extintores. No había en las zonas de la “estancia”. Encontraron uno hasta la recepción y luego unos pocos más.

Después de relatar lo complicado que era ingresar al edificio ante lo denso del humo, narra cómo el contraalmirante Salvador González Guerrero, delegado del Inami en Juárez, era informado telefónicamente de los hechos. Omar P. declara que no tenían a la mano ningún objeto para romper los candados que dejaran libres a los detenidos y que él y sus compañeros “hicieron hasta lo imposible por salvaguardar las vidas de las personas”.

Detalles como éste sugieren que debemos ser muy cuidadosos antes de señalar a culpables. Y exigir que se indague a los mandos que ordenaron el operativo, que permitieron la saturación de una “estancia” y que encerraron con candados, además de permitir condiciones inhumanas para los migrantes.

No hacerlo se sumará a la cadena de negligencias e injusticias que detonaron la tragedia, además de agrandar el manto protector a los titulares de los organismos involucrados y a los secretarios de estado con responsabilidad política que tienen el privilegio de ser “corcholatas”. (Carlos Zuñiga, El Heraldo de México, La dos, p. 2)

También murieron por nada

Posiblemente, lo más indignante de la tragedia de los asesinatos en la estación del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez, Chihuahua, sea la indiferencia social generalizada ante los hechos, la ausencia de una protesta, o siquiera de una solidaria comprensión ante la desgracia.

No me refiero a la actitud del gobierno, cuyo cinismo cómplice es apabullante. No, hablo de la sociedad.

Las odiosas comparaciones a veces son útiles para medir las repercusiones de las cosas. Los siguientes párrafos nos muestran cómo en todas partes, tras las protestas —cuando las hay—, vienen la amnesia o el disimulo. Todo mundo termina alzando los hombros y siguiendo su camino.

Bueno, son cosas que pasan, dijo alguna vez un prócer ante el derrumbe mortal de un paso elevado con el Metro encima.

En el año 2005, como se ve en esta incompleta cronología, la capital de Francia se incendió literalmente por las protestas por la muerte —accidental— de dos emigrantes perseguidos por la policía. Como en muchos momentos de la historia francesa, los hechos y sus consecuencias, nos legaron una frase perdurable:

Murieron por nada…

—27 octubre. Dos adolescentes (inmigrantes) de Clichy-sous-Bois, Bouna Traore, de 15 años, y Zyed Benna, de 17, mueren electrocutados dentro de una subestación, donde se escondieron al creerse perseguidos por la policía.

Un tercer adolescente resulta herido. Estas muertes provocan la ira de unos 200 jóvenes, quienes comienzan los disturbios. 15 vehículos son incendiados.

—28 octubre. En el barrio parisino de Chene-Pointu, unos 400 “muertos por nada”, jóvenes se enfrentan de madrugada a unos 250 a 300 policías. Siete agentes resultan heridos leves. Una treintena de vehículos es incendiada.

—29 octubre. Unas 500 personas marchan en silencio en tributo a los fallecidos. Encabezan la marcha jóvenes que visten camisetas con el lema “Muertos por nada”.

—30 octubre. El ministro de Interior, Nicolás Sarkozy, niega que los policías persiguieran a las víctimas, defiende la “tolerancia cero” en violencia urbana y llama “escoria” a sus protagonistas. Varios escuadrones de gendarmes franceses son enviados a la localidad de Clichy-sous-Bois…

A final de todo, Sarkozy fue elegido presidente de la República. Cuando acabó su mandato, él también fue perseguido: un pillo.

En Estados Unidos, la brutalidad policiaca contra George Floyd, asesinado en público por un policía blanco, hizo surgir al movimiento black lives matter (las vidas negras importan).

Pero aquí el crimen contra 39 personas —muertas por nada—, no mueve ni siquiera los pies del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en señal de respeto y duelo. No importa el responsable directo.

Se trata de un crimen de Estado, como tanto se ha dicho de otros casos.

Pero esto no le importa a nadie… (Rafael Cardona, El Herlado de México, Opinión, p. 5)

Tragedia dantesca: culpas y responsabilidades

Una de las tragedias más terribles que hemos vivido en el México contemporáneo fue la que sucedió en Ciudad Juárez, donde murieron 39 migrantes, cuya única culpa fue la de buscar un mejor nivel de vida, pues la pobreza y la exclusión los arrojaron de sus países de origen, en este fenómeno de migraciones masivas que cada día conmueve más a nuestro mundo.

Considerar un crimen de Estado a estos hechos, no es una definición correcta, pues en ningún momento el gobierno —federal o local— tuvo la intencionalidad en este grave e irreparable daño. Sin embargo, si existe una clara responsabilidad del Estado, ya que quienes murieron ahí estaban bajo la custodia del gobierno federal, por lo que no pueden deslindarse de este tema quienes tienen la obligación de realizar una política pública de migración.

Recordemos que el entonces presidente Donald Trump obligó al gobierno mexicano a convertir su frontera norte y sur en el escenario donde se realiza el trabajo sucio de la contención migratoria. No hubo ninguna contraprestación —al menos no sabemos— excepto detener la amenaza de cierto tipo de aranceles; se cambió la abierta política —que había prometido el Presidente en sus primeros meses— de otorgarle un trato humanitario y justo a los miles de migrantes, que ya transitaban en caravanas de miseria por nuestros caminos y carreteras en busca del “sueño americano”.

La presión –tanto de Trump, como de Biden— implicó la utilización de decenas de miles de elementos de la Guardia Nacional y el Ejército, al servicio de esta ingrata tarea.

Estas negociaciones las llevó la Secretaría de Relaciones Exteriores y, por eso, se emitió un Decreto que modifica —aunque jurídicamente no es posible— a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esto explica las declaraciones del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien señaló que este tema correspondía al secretario Marcelo Ebrard.

El aplicar ésta política represiva ha tenido costos económicos y sociales que desembocan en este drama dantesco y brutal.

Se buscan responsables de la culpa, y ya existen seis órdenes de aprehensión, de quienes seguramente cometieron actos delictivos por omisión o negligencia, no obstante, no se hace referencia al marco estructural de la política migratoria.

En el Senado ni siquiera se aceptó que fuesen citados los dos secretarios mencionados, ni el comisionado del Instituto Nacional de Migración que, en cualquier otra latitud, ya hubiera renunciado a su cargo. Seguramente serán juzgados los culpables directos de este trágico acontecimiento, pero al menos, debería recordarse el análisis jurídico que realizó el ministro Arturo Zaldívar cuando trató el asunto análogo del desastre de la Guardería ABC, proyecto de sentencia que no fue aprobado.

Deben condenarse a los culpables, pero el gobierno no puede evadir su responsabilidad y tiene la obligación de explicar a la nación, lo que ha sucedido. Culpabilidad y responsabilidad son conceptos diferentes, pero ambos deben considerarse en el análisis sereno y ponderado de lo que sucedió en Ciudad Juárez. (Alfredo Ríos Camarena, El Heraldo de México, País. P. 6)

Zurda // Todos eran responsables por los migrantes

Los titulares: del Instituto Nacional de Migración (INM), de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como el Presidente de la República, eran jurídica, política y moralmente, responsables de proteger los derechos humanos de los 39 migrantes que murieron calcinados el 27 de marzo en la emblemática Ciudad Juárez, en un albergue que, se descubrió por el incendio, que operaba bajo el modelo de una cárcel y no un refugio.

El primero, el titular del INM, Francisco Garduño, tenía que haber renunciado inmediatamente después de los criminales hechos, porque es el encargado operativo del área de atención al problema migratorio, y su permanencia en el cargo, puede entorpecer las investigaciones; incluso, desde que inició la administración actual, cuando se dieron a conocer por los medios de comunicación las primeras persecuciones violentas de la Guardia Nacional y de los agentes de migración en contra de las caravanas de migrantes que venían del sur, debió ser llamado a rendir cuentas. Eso fue lo mismo que se le exigió al exgobernador Ángel Aguirre en Guerrero por el crimen de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, y así lo hizo.

El segundo, el titular de la Secretaria de Gobernación, la más importante del gabinete, Adán Augusto López Hernández (con el que no estamos a gusto), de donde depende administrativamente el INM y, por lo tanto, responsable jurídicamente de la política pública migratoria (así consta en la Ley Orgánica); también tendría que renunciar al cargo o, por lo menos, olvidarse de ser una de las tres corcholatas del Presidente; es indispensable que deje de hacer campaña y haga el trabajo que le corresponde como funcionario público; no sólo para enfrentar la problemática de los migrantes, sino la de los desaparecidos, los desplazados, los feminicidios, la prevención del delito, etcétera. Todos ellos son temas que está obligado a atender como titular de esa Secretaría y, en todos ellos hay números rojos, o ¿guindas?

El tercero, el canciller Marcelo Ebrard, tendría que ofrecer, por lo menos, una disculpa pública a las víctimas del incendio y a sus familiares, porque si bien es cierto, no es responsable jurídicamente del tema migratorio, sí lo es políticamente. No sólo porque así lo señaló el secretario Adán Augusto, en una entrevista con Joaquín López-Dóriga, sino porque el mismo canciller se ha promocionado con el tema desde que inició el sexenio; es decir, él mismo creó una narrativa sobre su injerencia desde que estaba la anterior secretaria, Olga Sánchez Cordero. Incluso, se han dado a conocer supuestos acuerdos del canciller con la administración pasada de Estados Unidos, encabezada por Donald Trump, relacionados con el programa Quédate en México (por el cual son retenidos y deportados miles de migrantes en México). Así lo reveló en su libro Never Give An Inch el propio Mike Pompeo, por el que tuvieron un desencuentro público el canciller Ebrard con la exembajadora, Martha Bárcena, el día del amor y la amistad (14 de febrero), porque ella dijo que así había sido y él lo negó.

Lamentablemente, ni al canciller ni al secretario Adán Augusto los vemos muy conmovidos por los hechos criminales en donde perdieron la vida los migrantes; por el contrario, los vemos muy ocupados en mantener su lugar como corcholatas; al primero, presentado su libro en donde se autoelogia (como si no conociéramos lo que realmente ha hecho); y al segundo, culpando al primero para deslindarse de la tragedia.

Por si fuera poco, el jueves, la mayoría de los senadores, después de otro estéril debate, decidieron renunciar a la posibilidad de llamar a rendir cuentas a los implicados por estos criminales hechos, incluso, la mayoría morenista y sus aliados se confrontaron mutuamente, porque cada uno ya tomó partido por alguna de las corcholatas y ya no les importa su responsabilidad actual, sino su futuro político en 2024.

Ya veremos cuál es su actitud cuando el Estado mexicano sea sancionado por los tribunales internacionales por lo que llamó el senador Emilio Álvarez Icaza, un crimen de Estado. (Ruth Zvaleta, Excélsior, Nacional, p. 14)

Paralaje // Dolorosas lecciones

Todas las actividades de relieve entrañan riesgos y, en ocasiones, tragedias. Para el gobernante, la situación es más compleja por el bien público de por medio y por el escrutinio mediático. Lo imprevisto se impone, en ocasiones como un mero accidente, en otras, resultado de la omisión o la negligencia. Frente a un acontecimiento de impacto negativo, siempre habrá ruido, exigencia pública y cobertura mediática. Las tragedias pueden ser locales o nacionales, pero hoy, las redes sociales las convierten en globales.

En esa realidad, las razones se vuelven elusivas y es en esa compleja e incómoda circunstanciaque le toca navegar al gobernante. Así ha sido siempre, incluso cuando los medios de comunicación de mayor impacto mantenían una cobertura cuidada hacia el poder político.

La situación se torna mucho más complicada cuando el siniestro está acompañado de la intervención humana o de algo que se pudo haber previsto. En esos casos no sólo es el fatalismo lo que se lamenta, sino que debe explicitarse la investigación expedita y rigurosa, aunque esto entrañe señalar a correligionarios implicados en la cadena de mando, circunstancia que adquiere mayor dimensión cuando hay percepción de responsabilidad del Estado.

El control de daños debe partir de tres aspectos: la verdad, la responsabilidad y la apertura informativa. Es un error dejar que la especulación, las filtraciones o el morbo se impongan por la falta de información, la que debe ser veraz, oportuna y al margen de la opinión o de juicios de valor. Deben tenerse presente los nuevos términos de la comunicación y la información por la irrupción digital. Por otra parte, si es el caso de actuación judicial, se debe extremar el cuidado y el rigor porque la verdad legal es lo que prevalecerá, la que se extiende en el tiempo más allá de lo previsible.

La tragedia de Ciudad Juárez deja dolorosas lecciones y pone al descubierto la magnitud del problema que conlleva la actual política migratoria impuesta por el país vecino a fuerza de amenazas e indebidas presiones complacientemente aceptadas. Es preciso no quedarse en la indignación, no basta. La autoridad, insisto, debe aportar información oportuna y veraz; debe actuar con perspectiva de estadista para dar respuesta a la causa de lo causado. (Liébano Sáenz, Milenio Diario, Al frente, p. 2)

Semana Santa llamada a resucitar

En la dolorosa tragedia de Ciudad Juárez un Presidente de la República visiblemente contrito, se conduele de los 39 muertos en una estación migratoria que estaba a cargo de un concesionario y una cobarde vigilancia, pero sin más deja el asunto a la suerte de las investigaciones burocráticas y a las oraciones del papa Francisco. Casos anteriores: el de la guardería ABC de 2008 donde murieron calcinados 49 niños; febrero de 2021, cuando un cuerpo policiaco disparó contra una caravana de migrantes acribillando a 17 personas; o en diciembre de 2021, un remolque con más de 50 pasajeros que mueren asfixiados cerca de San Antonio, Texas.

Sin duda, la migración es un problema mundial, pero, en el caso que nos ocupa, la ausencia de una política se agrava con el hecho de que el desamparo de los migrantes se ha convertido en ficha de negociación política internacional. Teniendo sus raíces en el fracaso del sistema de irrestricta libre empresa, los flujos migratorios que aumentan exhiben la urgencia de encontrar un sistema económico con efectiva responsabilidad social. (Julio Faesler, Excelsir, Nacional, p. 9)

Otros ángulos // En la hoguera de la deshumanización

Enfrentar la dolorosísima muerte de seres paupérrimos que venciendo todo tipo de obstáculos, finalmente fueron vencidos por el Instituto Nacional de Migración y sus tentáculos desde la cúspide de poder, ofreciendo la excusa de que ellos mismos se buscaron esa muerte, nos habla de una inocultable falta de sensibilidad y una bolsa repleta de ineptitud, mañosidades y deshonestidad intelectual.

¿Cuándo y en qué nivel se rompió la cadena de responsabilidades en nuestro país? Nunca tuvimos la experiencia de los duces sobre los venecianos que imponían un mandato articulado en una ley suprema cuando anunciaban a un nuevo funcionario: “Páguenle bien en ducados de oro, pero si roba o se equivoca, ¡cuélguenlo!”

Imaginemos la aplicación de esta medida en nuestro territorio. Seguramente tendríamos más funcionarios colgados que los más de 150 mil muertos y desaparecidos en los últimos decenios, especialmente en los cuatro años y medio de la trillada transformación.

“¡Carajo! ¿Qué más tiene que pasar?”, exclamó furioso el senador sin partido político cuando subió ante los micrófonos y cámaras del Senado para abordar la muerte de los migrantes en Ciudad Juárez. Se sabía, como millones de mexicanos indignado, al mismo tiempo que impotente.

Con una articulación diferente, pero con una sorpresa, mezcla de indignación y cólera, lo reflejaron las crónicas de diversos diarios del mundo: Clarín, en Argentina; El País, en España; Houston Chronicle, Los Ángeles Times, The Washington Post y The New York Times, en EU; Le Monde y Le Fígaro, en Francia; El Tiempo, en Colombia; The Guardian, en Inglaterra; La Repubblica, en Italia, y otros en países tan lejanos como el Asahi Shimbum y Nihon Keizai en Japón. A estos diarios hay que agregar los principales informativos de radio y televisión en al menos 21 países.

¿Prensa amarillista o profesionales de la información? (Raúl Cremoux, Excélsior, Nacional, p. 11)

Entre agendas públicas // Más allá de los implicados

El incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua en la que, lamentablemente perecieron 39 migrantes, constituye una evidencia irrefutable de las fallas por acción u omisión del Estado mexicano. En esta ocasión, nuevamente queda involucrado el sector privado, en su carácter de contratista del gobierno, específicamente una empresa de seguridad privada.

Los distintos niveles y órdenes de gobierno están obligados, por lo dispuesto en el artículo 134 de nuestra Constitución, a obtener las mejores condiciones de precio, financiamiento y oportunidad en los procesos de contratación pública, no sólo para garantizar un gasto eficiente y eficaz del presupuesto público, sino para que los bienes que se adquieran y los servicios, obras, arrendamientos que se contraten, sean de calidad.

Para poder contratar, es necesario tener claridad de las necesidades gubernamentales, así como de la forma en que se deben y se requieren satisfacer las mismas. Pareciera que no se cumplió en este caso, los videos que circulan en los distintos medios de comunicación así lo reflejan, el personal de seguridad por instrucciones, temor o ignorancia, salió huyendo del lugar sin prestar el auxilio requerido.

El análisis del contrato celebrado con la empresa de seguridad privada en el que se consignan sus obligaciones, así como los tramos de responsabilidad en la coordinación del servicio por parte de las autoridades, serán parte de las investigaciones a cargo de la Fiscalía General de la República. Nuevamente esta instancia tiene la importante tarea de clarificar los hechos y vincular a proceso a los responsables. Tarea nada fácil por lo que implica el caso. Se juega nuevamente su legitimidad.

Pero más allá de lo que determiné la Fiscalía general, la tarea gubernamental no queda ahí, se debe hacer un ejercicio de revisión de las acciones desplegadas, tanto en lo relacionado con los procesos de contratación, así como en la revisión y funcionamiento del sector que integra a las empresas de seguridad privada, para corregir lo que se requiera y evitar más tragedias.

Las empresas de seguridad privada están reguladas por una ley específica, ahí se prevé que éstas serán auxiliares en la función de la seguridad pública, estableciendo los requisitos técnicos para su debido funcionamiento. Dicha normativa surge del esfuerzo para poner orden en un sector que en las últimas décadas creció en forma exponencial y al amparo en muchas ocasiones, de la corrupción y el tráfico de influencias para obtener los permisos correspondientes o evitar su revocación.

Lo cierto es que no se ha logrado estabilizar y controlar al sector, es frecuente identificar empresas operando sin permiso. Guardias improvisados sin capacitación, nula instrucción escolar, mal pagados y explotados. Procesos de reclutamiento y selección de personal con poco o ningún rigor de control de confianza. Directivos relacionados con exmandos policiacos con estructuras corporativas opacas. Poca especialización en el sector o en el medio en el que prestan sus servicios, etcétera.

Es aquí donde se tiene que trabajar en forma profunda. Más allá de los implicados, debemos voltear a corregir lo que se está haciendo, lo más grave es que lo acontecido no es susceptible que acontezca sólo en el sector público. Estamos en riesgo todos y es nuestra obligación coadyuvar en su solución. La academia y la sociedad civil deben sumarse al esfuerzo. (Miguel González Cánudas, Excelsior, Nacional, p. 12)

Tiempo de caos

Crisis generada por una “transformación” sin rumbo, autoritaria, anticonstitucional y al margen de la ley, cambios profundos, y de consecuencias en muchos casos irremediables, que han generado ansiedad, decepción y angustia y que nos sitúan hoy por hoy en el caos social, es decir, confusión y desorden provocado por una gobernanza errática, dispendiosa y dilapidando recursos públicos con el abandono de derechos básicos de toda sociedad: salud, seguridad, justicia, desarrollo, etcétera.

La crisis del Estado se encuentra en una fase aguda, lejos de la fase de reacción y mucho más de la de reparación. La necedad y obcecación de un ejecutivo errático ante esta crisis de vida, hace tres días la muerte de 39 migrantes en una estación migratoria de Ciudad Juárez, que se suma a los más de 150 mil homicidios dolosos, más de 110 mil personas desaparecidas y más de seis mil feminicidios, una muestra de la barbarie a la que el Estado mexicano está sometido.

La abyección de gran parte del Legislativo y de gobernadores partidistas, prontos al chasquido de su líder, hacen nugatoria la fase de reacción y consecuentemente la de reparación de la crisis, con lo cual los destinos de la libertad, democracia y progreso, en suma, el bien común de la República, viven “tiempos de caos”. (Federico Ponce Rojas, Excélsior, Nacional, p. 8)

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