¿A qué le tienen miedo las empresas mineras si sólo las están llamando a discutir sobre la industria? (La Jornada, Contraportada)
LO QUE pasó ayer en Washington confirma cómo con la 4T se ha deteriorado el papel de México como interlocutor de Estados Unidos. Y es que ante el reclamo constante de los norteamericanos por el tema del fentanilo, el gobierno morenista optó por hacerse el desentendido, patear el bote y creer que si ignoraba el problema, desaparecería.
TANTA fue la apatía de la administración mexicana, que en Washington terminaron por hartarse y ahora hay que bailar al son que toquen de aquel lado. Eso provocó que AMLO enviara a la Casa Blanca una delegación de primerísimo nivel… que fue tratada como de tercera categoría.
COSA DE VER que por parte de México acudieron los titulares de Defensa y Marina, el canciller, la secretaria de Seguridad Pública, el de Salud, el fiscal general, el director del Centro Nacional de Inteligencia y hasta el de la Cofepris. ¿Quién encabezó del otro lado? Elizabeth Sherwood, que si bien es la consejera de Seguridad Nacional de Joe Biden, no tiene el mismo nivel de Alejandro Mayorkas o Antony Blinken.
Y LA PEOR noticia para Andrés Manuel López Obrador es que en la reunión de la Casa Blanca no se creyeron aquello de “abrazos, no balazos” y ya dejaron establecido que el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa son objetivos prioritarios por traficar fentanilo a Estados Unidos.
A ver si el Presidente se atreve a tocarlos.
ALGO ASÍ como mil 850 trabajadores quedarán en el desempleo por el cierre de la Financiera Nacional para el Desarrollo, ordenado por el presidente de la República. El titular de la dependencia, Baldemar Hernández Márquez, les dijo brevemente a sus subalternos que no había marcha atrás y que fueran recogiendo sus pertenencias.
EL ASUNTO es que no está claro si realmente los van a liquidar, pues les estaban exigiendo que renunciaran, evidentemente para no tener que pagarles una indemnización completa, sino cualquier bicoca.
En las oficinas de la Financiera ayer se veía a mucha gente llorando y el ambiente era de tristeza y preocupación. Y no es para menos: si la 4T llevó a la quiebra al organismo, ¿de dónde va a sacar para pagar los finiquitos? Nadie sabe.
DICE Claudia Sheinbaum que todavía no sabe cuánto les va a costar a las y los capitalinos el concierto de Rosalía. Pero, bueno, si este régimen canceló un aeropuerto en construcción, comenzó a edificar una refinería y se puso a tender las vías de un tren sin tener la más peregrina idea de los costos, ¿qué tanto es tantita motomami?
TAL VEZ Sheinbaum no quiere transparentar el gasto porque en realidad no es tanto lo que cuesta como lo que vale en promoción para ella. Quizás debería escuchar aquella canción de Rosalía que dice: “La ambición, delirio de grandeza (…) Mujer, yo no merezco esa bajeza”. (Fray Bartolomé, Reforma, Opinión, p.8)
A desfacer los entuertos de Sanjuana
Nos cuentan que tras el anuncio extraoficial de que el gobierno ya decidió extinguir a Notimex, la dirigente del sindicato, Adriana Urrea, y una comitiva de trabajadores se reunirán el lunes con los titulares de las secretarías del Trabajo, Luisa María Alcalde, y Gobernación, Adán Augusto López, y el vocero presidencial Jesús Ramírez, para conocer la propuesta que ponga fin al conflicto que está por cumplir 38 meses. Nos hacen ver que la aún directora Sanjuana Martínez no estará en el encuentro, porque se trata de desfacer entuertos, no de facerlos, que esa sí es su especialidad. Los trabajadores, nos adelantan, exigirán el pago de 100% de los adeudos: sueldos caídos, prestaciones, laudos a su favor, cuotas del IMSS, Infonavit y SAR, liquidación de ley y el pago del contrato colectivo de trabajo. ¿Será que el gobierno quiere ya cerrar el penoso caso o vendrá una andanada desde la mañanera para exonerar a doña Sanjuana y culpar a los huelguistas, a los conservadores o a un complot internacional?
Quieren activar competencia opositora para el 2024
Nos hacen ver que la organización UNID@S se mueve para tratar de promover desde ya a las corcholatas de oposición, mientras los partidos siguen en lo suyo. Por eso convocaron para el 17 y 18 de abril a un foro sobre gobiernos de coalición al que ya confirmaron su asistencia las senadoras del PRI, Claudia Ruiz Massieu y Beatriz Paredes; el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; la senadora del PAN, Lilly Téllez; el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles; los diputados Santiago Creel, Juan Carlos Romero Hicks e Ildefonso Guajardo; el senador Miguel Ángel Mancera; el empresario Gustavo de Hoyos; el exsecretario de Turismo, Enrique de la Madrid; el exlegislador Demetrio Sodi y el exsecretario general de la OCDE, José Ángel Gurría. La estrategia, nos cuentan, es presionar con miras a un proceso de elección abierta a los ciudadanos, cosa que a las dirigencias partidistas no parece agradar mucho.
Creel vs. Mier, round dos
Se volvieron a enfrentar los líderes de la Cámara de Diputados: el panista Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva, y el morenista Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política. El nuevo desencuentro, nos cuentan, fue por la fallida propuesta de reforma al tribunal electoral, ya que el morenista acusó al panista de filtrar el rumor de que los albiazules ya no apoyarían la iniciativa para echarla abajo, a lo que don Santiago le contestó que don Ignacio cree que puede gobernar solo San Lázaro. A ver si el pleito no acaba de nuevo en un intento de destitución para el panista.
Sin ayuda sicológica, el sobreviviente del caso Nuevo Laredo
Nos hacen ver que Alejandro Pérez Benítez, quien resultó con afectaciones sicológicas tras sobrevivir al ataque en que elementos del Ejército dispararon contra la camioneta en que viajaba con su hermano en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y en el que murieron cinco jóvenes, no ha recibido atención psicológica. Los padres de Alejandro comentan que a su hijo le ofrecieron apoyo sicológico por teléfono desde Monterrey, pero creen que no es la manera adecuada y debería ser una atención presencial. Nos dicen que hace unos días, una sicóloga del DIF estatal acudió a brindar atención a la hermana de Alejandro, quien también quedó afectada por lo ocurrido. (El Universal, A2, p.2)
Al ojo del amo… El presidente Andrés Manuel López Obrador se tomará este fin de semana para supervisar personalmente la construcción de caminos rurales en la Mixteca y la súper carretera Oaxaca-Costa. Mañana visitará Santiago Huauclilla para evaluar el programa estelar de su administración. Siempre pendiente de la buena inversión de recursos federales, busca asegurarse de que las comunidades estén contribuyendo con mano de obra y tiempo. El domingo tendrá un encuentro en San Vicente Coatlán, donde pedirá colaboración para resolver conflictos agrarios y liberar los 15 kilómetros necesarios para finalizar la vía Oaxaca-Puerto Escondido. Como dice el dicho: más vale prevenir que lamentar.
Menú. Café Bersa, la compañía inmersa en escándalos por supuestos abusos y millonarias adjudicaciones directas en Veracruz, ganó una licitación del Instituto Nacional de Migración (INM), a cargo de Francisco Garduño. Con un contrato de más de 300 millones de pesos para el resto del año, Café Bersa se dispone a ser el proveedor exclusivo de alimentos para las personas detenidas en estaciones migratorias de 23 estados del país. ¿Casualidad?, no se sabe, pero fue la única que presentó propuestas económicas para los siete anexos de la licitación pública. En un país donde la corrupción sigue siendo el plato fuerte del día, no puede haber lugar para las suspicacias. Ojo en este caso.
Eficaz. Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, está determinada a lanzarse por la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y por ello, ya ha dejado a más de uno dubitativo. Es cierto que, algunos contendientes reconocen su talento, pues es de los pilares del gobierno federal, gracias a su compromiso y resultados. Además, es disciplinada, entregada. Nos comentan que, ante su aparición, las y los otros aspirantes han pisado el acelerador en sus estrategias para no quedarse atrás frente a Montiel, quien cuenta con las credenciales para lograr lo que se proponga. Vayan haciendo sus apuestas. Nada está dicho todavía.
Siempre sí. Delfina Gómez, candidata de Morena, y Alejandra Del Moral, de Va por el Estado de México, se enfrentarán el 20 de abril en un debate que promete sacar chispas. A pesar de intentar postergarlo, el Instituto Electoral mexiquense mantuvo firme la fecha original. Cuatro temas, 60 minutos y dos mujeres dispuestas a darlo todo por el cargo de gobernadora. ¿Quién logrará la victoria en este duelo de propuestas? Aunque Morena intentó mover el primer debate al 28 de abril, los líderes de PRI, PAN, PRD y NAEM optaron por que se respetaran los acuerdos. La confrontación de las ideas, ese minuto que cambia los destinos políticos. ¡Que gane la mejor!
Actualización necesaria. La Ley de Amparo ha sido un baluarte en la defensa de los derechos humanos en México e Iberoamérica, pero el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara, advierte que es tiempo de evolucionar. En un congreso organizado por el IIJ-UNAM, invitó a los participantes a analizar y proponer mejoras en el juicio de amparo, adaptándose a las nuevas realidades sociales y legales. Si no lo hacemos, este poderoso instrumento de justicia podría perder su efectividad, dejando a la sociedad desprotegida ante los desafíos del siglo XXI. Que no se nos olvide: el estancamiento no es opción en un mundo en constante cambio. Es imperativo vigilar la que se ha vuelto la mejor arma de los criminales, incluidos los de cuello blanco. (Excélsior, Nacional, p.11)
Que la reforma al Tribunal Electoral quedó prácticamente enterrada… por más que los líderes de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT y PRD en la Cámara de Diputados hayan acordado abrir un espacio de consultas y presentar un nuevo dictamen la semana próxima, pues legisladores y dirigentes de esos mismos partidos, como Malú Micher, Aleida Alavez, Olga Sánchez Cordero, Jesús Zambrano y Jorge Álvarez Máynez confirmaron que no pasará. De hecho, Santiago Creel, presidente en turno de San Lázaro, fue más claro: “hay un acuerdo de que la reforma no va, ¡punto!”
Que hasta ahora ninguna de las corcholatas morenistas ha acudido al Estado de México para respaldar a la candidata Delfina Gómez, debido a que el proceso arrancó en plena Semana Santa; sin embargo, anticipan que en los próximos días comenzarán las visitas de los presidenciables Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal para hacer sentir el peso de la 4T. Por cierto, el instituto electoral de esa entidad confirmó que no hay modo de cambiar la fecha del primer debate, como lo pidió la maestra para atender algunas citas con militantes, así que se confirma la fecha del 20 de abril.
Que la fiscalía capitalina, que encabeza Ernestina Godoy, tendrá un gran reto, cuando colectivos, familiares y amigos de la joven Ana Arizbeth Soto Font, conocida en el mundo del rap como INOF, realicen hoy una protesta frente al búnker para exigir la localización de la joven de 19 años desaparecida desde el sábado. Ayer la institución señaló que la ausencia puede ser voluntaria, lo que no dejó nada contentas a las organizaciones feministas. (Milenio, Al Frente, p.2)
Ocurrencias en Sonora
Con la novedad de que el pasado martes, Durazo informó que instruyó a las secretarías de Economía y de Gobierno para que hablen con las autoridades municipales con objeto de que “trabajemos en conjunto” para que no se autoricen tiendas de conveniencia en los pueblos de la sierra en Sonora. Lo anterior, para evitar que cierren los “changarritos”. De inmediato surgieron voces que piden que alguien le haga ver al mandatario que la libre competencia favorece el desarrollo económico y crea riqueza, algo que necesitan las regiones marginadas. Y que las tiendas de conveniencia favorecen el abasto de muchos productos y generan empleos, algo que también se requiere en las zonas deprimidas. Vaya con Durazo: no ha sido capaz de generar condiciones de seguridad que atraigan las inversiones. Y con esas ocurrencias, nos hacen ver, menos llegarán. ¡Uf!
REUNIÓN EN WASHINGTON
Llamó la atención la importancia que México le dio a la reunión que en materia de seguridad y para tratar el problema creciente del fentanilo tuvo lugar ayer en Washington. Porque resulta que del lado mexicano estuvieron presentes seis secretarios de Estado o funcionarios de rango equivalente: Relaciones Exteriores, Seguridad Pública, Defensa, Marina, Salud y el fiscal general. Mientras del lado estadounidense, del más alto nivel estuvieron la asesora del presidente Joe Biden en materia de seguridad nacional y el procurador Merrick Garland. En días pasados había ido permeando la idea de que faltaba cooperación entre los dos países para acometer el problema causado por el fentanilo. Ayer la robusta delegación mexicana podría haber dejado una impresión distinta. Sólo quedó la duda de qué mensaje dejó EU.
TSUNAMI EN LA 4T
Así que lo que tumbó la reforma para cercenar facultades al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no fue un repentino ataque de sensatez de los coordinadores en San Lázaro, sino una ola de inconformidad y rebelión dentro de dos de los partidos de la 4T: Morena y el PT. La senadora guinda Malú Micher se puso al frente de un bloque de legisladoras que estaban listas para meterle freno de mano a la minuta en cuanto llegara a la Cámara alta. La diputada del PT María Rosete se quejó de que en San Lázaro le intentaron coaccionar su voto. Y sí, legisladoras de la oposición estaban en pie de lucha, pero las que llevaban la voz cantante eran las cuatroteístas. Total que la ola de inconformidad se convirtió en tsunami y terminó por derribar el dictamen, cuyo retiro “para mejorarlo”, no es otra cosa que su envío a la congeladora.
Y EL PAN… EXHIBIDO
Y no se puede perder de vista, nos comentan, lo que ocurrió con el PAN en la malograda reforma con la que los partidos políticos buscaban frenar la intervención del Tribunal Electoral para garantizar la participación política de grupos vulnerables. Si bien los diputados admitieron ya una falta de consenso y anunciaron que se darán al menos una semana para plantear modificaciones e intentar la aprobación del proyecto, muchos ya lo ven como un proyecto que sucumbió ante la presión ciudadana. En todo este enredo, aunque PRI, PRD, Morena, PT y PVEM recibieron una andanada de reclamos, fue el PAN a cargo de Marko Cortés y pastoreado en Diputados por Jorge Romero el que más se llevó las rechiflas por bajarse del barco y celebrar el freno a la reforma que, se denunció ayer, ese partido impulsó en su parte más polémica. Uf.
AHOGANDO AL INAI
Hacer tres nombramientos de comisionados que faltan en la estructura del Inai ha resultado una misión imposible para el Senado. Las designaciones de dos de ellos están pendientes desde hace un año. Echar para adelante este trámite, cuyo atorón impide que el pleno del órgano de transparencia sesione y que por lo tanto esté detenida su función sustancial, que es atender los requerimientos que tiene la población para saber lo que hace el gobierno, está en manos de la mayoría legislativa representada en la Cuarta Transformación, pero no parece haber señales de destrabarlo, nos dicen, sobre todo entre “peloteos” y justificaciones de que no hay elementos jurídicos y de que “nadie está obligado a lo imposible”, como argumentó el presidente de la Cámara alta, Alejandro Armenta.
¿QUIÉN PRESTARÁ A LOS CAMPESINOS?
Y nos piden no perder de vista la ruta que sigue la propuesta de desaparecer a la Financiera Nacional para del Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero con el argumento de que tiene una cartera vencida que compromete a la institución. Y es que no sólo ha provocado que levanten la ceja legisladores de oposición, sino también dentro de Morena. Es el caso del senador Ricardo Monreal quien consideró que la propuesta es delicada. “Muchos años se discutió sobre la corrupción de Banrural, de Banco Ejidal, pero en todo caso hay que limpiarlas, no desaparecerlas, no liquidarlas”, declaró al respecto. Y no fue su única observación, pues si bien indicó que tendrá un posicionamiento más preciso cuando la iniciativa llegue al Senado, sí se adelantó a señalar que se podría afectar a los pequeños productores, por lo que habrá que ver “quién les prestará a los campesinos”. Ahí el dato. (La Razón, La 2, p.2)
Balconean a panistas
Feo balconearon ayer a los diputados panistas, quienes, ante la lluvia de críticas de sus propios militantes, volvieron a sus banderas y consignas de que el Tribunal Electoral “no se toca”. Una vez que se declaró el retiro del dictamen de la reforma constitucional para mejor ocasión, el coordinador del PVEM, Carlos Puente, en un choque por redes sociales con Acción Nacional, recordó que “quien redactó y elaboró la iniciativa fue el PAN”. De inmediato, el diputado Jorge Triana confesó que la iniciativa que impulsaron “se elaboró en Segob”. Y el revire del diputado verde no se hizo esperar: “La hicieron ustedes, acéptalo, ahí está la firma de tu coordinador”, Jorge Romero. Zas.
Creel, con dos camisetas
Por mostrar dos camisetas, para las que la ocasión lo amerite, duro que tundieron ayer en redes sociales al presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, del PAN. De su insistente “¡la reforma al Tribunal Electoral va!”, pasó ayer a la consigna general de “¡el Tribunal Electoral no se toca!”. Y después de pedirle que asuma su responsabilidad como presidente y deje la de “activo militante” y de candidato en campaña, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, de Morena, le recriminó: “Don Santiago, sea honesto, usted está en contra de que en la Constitución quede garantizado el 10% para las minorías y la paridad en las dirigencias de los partidos. Ése es el fondo. Defienda las atribuciones exclusivas de la cámara y no sea apóstol del Poder Judicial”.
El último clavo a Notimex
La verdad sea dicha, a pocos sorprendió el anuncio de la desaparición de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex). En cada ocasión que al presidente López Obrador se le cuestionó por la huelga en la agencia se limitó a decir que era asunto de los trabajadores y la directora; únicamente nombró a su vocero, Jesús Ramírez, como mediador, pero en cuatro años no logró, o no quiso lograr nada. Lo cierto es que Notimex nunca gustó al mandatario, pues desde sus tiempos como jefe de Gobierno del Distrito Federal tildaba a los reporteros de la misma como espías. En resumen, para el Ejecutivo federal, la agencia era una pieza más del derroche de la estructura neoliberal.
Compromiso… ¿con la transparencia?
En el Senado, los legisladores de la bancada mayoritaria, la de Morena, que lidera Ricardo Monreal, reventaron la sesión del pleno con tal de no debatir, como lo plantearon las fuerzas políticas de oposición, los tres nombramientos de los comisionados del Inai pendientes de realizar, con lo cual la institución que preside Blanca Lilia Ibarra no puede sesionar. Por cierto, los senadores del PAN colgaron mantas tanto en el Patio del Federalismo como en el pleno del Senado con la frase: “Nombramientos del Inai ¡ya!”. Sin embargo, la respuesta vino del guerrerense Félix Salgado Macedonio: “Ustedes no mandan”. Ah, ok.
La utopía de Claudia
En Iztapalapa, la corcholata favorita de Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum, quien en sus ratos libres también es jefa de Gobierno de la capital, inauguró ayer, acompañada por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, el Barco Utopía, el cual, construido a iniciativa de la alcaldesa Clara Brugada, es un complejo cultural que incluye un museo del cambio climático, biblioteca, acuario virtual y una sala denominada Cuidar a Nuestras Infancias. Allí, la suspirante a ocupar la Silla del Águila se aventó la puntada de decir que las utopías de la alcaldía que encabeza Brugada son como el grupo musical Los Ángeles Azules: “De Iztapalapa para el mundo”. Y remató: “¡Que viva la cuarta transformación de la vida pública! ¡Que viva el presidente López Obrador!”, como si estuviera en un mitin proselitista. Tantito pudor. (El Financiero, Nacional, p.37)
Una nutrida delegación del gobierno mexicano acudió ayer a la Casa Blanca para dialogar con sus pares estadunidenses sobre las prioridades compartidas bajo el Entendimiento Bicentenario en materia de Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras. La cancillería informó que uno de los objetivos principales del encuentro fue reducir drásticamente el flujo de precursores químicos del fentanilo y otras sustancias a México y Estados Unidos, así como el número de armas que ingresan a territorio nacional a través de la frontera compartida.
La conformación de las respectivas representaciones ilustra la importancia que los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden dan a la cooperación bilateral para enfrentar ambos fenómenos. El equipo encabezado por la secretaria de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, incluyó a los titulares de Relaciones Exteriores, Fiscalía General de la República, Defensa, Marina, Centro Nacional de Inteligencia y Embajada en Washington, así como a los jefes de la Secretaría de Salud, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios y la Comisión Nacional contra las Adicciones. Con variaciones debidas a la estructura institucional, el personal enviado por la Casa Blanca fue de nivel simétrico.
Resalta la transparencia con que se abordó un asunto tan trascendental como delicado, en el cual existen coincidencias, así como divergencias, que se pusieron sobre la mesa como única vía sensata de procesarlas. Asimismo, quedó patente que el compromiso de México en el combate a estos males se acompaña de una firme defensa de la soberanía frente a los amagos de actores políticos estadunidenses que explotan la crisis de abuso de sustancias en busca de ganancias electorales. En efecto, la dinámica política de ese país introduce distorsiones en la manera en que se entiende y se aborda la problemática, como reflejan la virulencia y la mendacidad de militantes republicanos que pretenden responsabilizar a México por el consumo descontrolado de fentanilo y sus trágicas consecuencias, una crisis de salud pública originada en Estados Unidos y que debe ser abordada por instancias estadunidenses.
Es necesario esclarecer hasta qué punto tienen sustento las acusaciones de que la frontera terrestre entre México y Estados Unidos es el principal punto de acceso del fentanilo que se consume en dicho país, pero es un hecho que el problema de adicción al norte del río Bravo tiene una relación directa con los desafíos a la seguridad pública que el trasiego de sustancias plantea para México. Por ello, constituye un logro diplomático que Washington finalmente accediera a tratar de manera conjunta dos temas que son indisolubles, pero que se ha empeñado en disociar: el trasiego de drogas de sur a norte y el tráfico de armas de alto poder de norte a sur, con el que la industria estadunidense arma a los cárteles mexicanos, dotándolos de una capacidad de fuego que no sólo dificulta la lucha contra sus actividades ilícitas, sino que los convierte es una permanente amenaza para la sociedad.
Incluso si fuera cierto que la mayor parte del fentanilo pasa por territorio mexicano, como alega Washington, la realidad es que las autoridades están haciendo su trabajo: entre el 27 de enero y el 6 de marzo pasados, 22 laboratorios o cocinas fueron desmantelados, y sólo del 7 al 21 de marzo se incautaron 384 millones de dosis. Este trabajo es reconocido por las propias agencias estadunidenses. En contraste, los gobernantes de la potencia del norte persisten en su empecinamiento de negar la existencia de cárteles y capos locales, y muy poco es lo que hacen para desmantelar las estructuras del crimen organizado en su propio territorio.
En suma, cabe saludar el encuentro como un logro en los esfuerzos mexicanos para ordenar la manera en que se enfrenta el fenómeno del narcotráfico y las adicciones, pero con la claridad de que sólo podrá abordarse de manera exitosa cuando Washington deje de lado el absurdo de sostener una guerra contra las drogas sin atender a sus adictos, sin emprender una revisión profunda de la desintegración de su tejido social y sin asumir el impostergable cambio de paradigma del punitivismo a la salud pública. (La Jornada, Editorial, p.2)
Cúpulas partidistas y uvas no maduras // Enmascaran derrota // Rebelión de tropas // ¡Reformar la Ley Minera!
Ha sido como una comedia de enredos, a cuyo probable final todos los actores oficiales pretenden adjudicarse el triunfo de no haber aprobado lo que inicialmente deseaban. Al estilo de La zorra y las uvas, la fábula atribuida a Esopo que narra la excusa de la cánida que no alcanza los frutos de la vid y enseguida alega que estaban verdes o inmaduros, los coordinadores en la Cámara de Diputados de seis de los siete partidos con representación ahí (la excepción es Movimiento Ciudadano) emitieron un comunicado para expresar que no lograron los consensos para avanzar en un proyecto de reformas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y que seguirán trabajando en él para perfeccionarlo.
La verdad es que el séxtuple recule (Morena, PT, Verde, PAN, PRI y PRD) es una derrota para las cúpulas partidistas que acordaron impulsar de manera conjunta reformas para proteger sus intereses, privilegios y maniobras internas (Mario Delgado, de Morena, y Alito Moreno, del PRI, buscan prolongar sus mandatos sin que haya órgano judicial que se los impida por ilegalidad) y, peor aún, para lesionar el proceso de incorporación de mujeres, personas con discapacidad, representantes de la diversidad sexual y otros segmentos sociales favorecidos con acciones afirmativas, de inclusión.
El insólito pacto de protección mutua de los seis partidos mencionados significó una confesión de que más allá de la retórica y la teatralidad hay una identidad pluripartidista de control y agandalle que, a la vez, provocó reacciones fuertes en dos polos ideológicos: entre decenas de diputados (sobre todo mujeres) de Morena y partidos aliados, y entre los grupos que se arrogan la representación de la sociedad civil, alineados con Claudio X. González.
Más allá de las machincuepas que intente la sexteta partidista, lo cierto es que los machuchones del morenismo diputadil (Ignacio Mier, en primer lugar) mostraron el cobre incluso ante sus correligionarios, al hacer a un lado por conveniencia los compromisos de inclusión de causas que son propias de la izquierda. Hubo diputadas de Morena (y diputados, aunque menos) que se organizaron para presionar contra tales posturas aberrantes del mando en San Lázaro. Y hubo grupos de la sociedad civil que advirtieron a los coaligados de Va por México del estigma de traición que les impondrían por ir en contra de las movilizaciones en defensa del INE que, a su entender, deberían extenderse a la defensa del tribunal electoral.
El episodio no está cerrado. Las cúpulas partidistas seguirán negociando en busca de llegar a algún arreglo que, sobre todo, les permita preservar sus intereses a salvo de sentencias del tribunal mencionado. Lamentable es, por lo demás, que se pueda truncar el sensato propósito de reformar el funcionamiento de un tribunal electoral desconfiable y manipulable. Una reforma no para preservar los democráticamente insanos deseos de la partidocracia, pero sí para impedir que la última palabra en materia electoral la sigan teniendo magistrados y normatividad que han sido ineficaces y doblegables.
El presidente de la República busca, mediante una iniciativa de reformas a la Ley Minera, poner un poco de orden en este ramo. En apoyo de esa iniciativa, Leticia Merino, integrante del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y de la colectiva Cambiémosla ya, aseguró que en los pasados 30 años el despojo, los accidentes en general y los mal llamados accidentes ambientales, se han multiplicado y han causado un sinnúmero de desgracias.
Merino señaló que la minería, tal como se ejerce actualmente, ha servido para generar grandes fortunas a partir sobre todo de la especulación financiera, porque se permite la venta y compra de concesiones por 100 años; esto genera cotizaciones muy altas, por eso México es un paraíso para la inversión minera, sobre todo financiera, sin generar crecimiento de la economía, sin generar impuestos (entrevista: https://bit.ly/3UxJmZv). ¡Hasta el próximo lunes! (Julio Hernández López, La Jornada, Política, p.8)
Abril de 2005, hace justo 18 años, fue un punto de quiebre en la historia reciente, cuando el domingo 27 de entonces, una multitud frenó un acto autoritario a través de una protesta pacífica. El Zócalo capitalino se colmó de personas cuyo objetivo era oponerse al desafuero de Andrés Manuel López Obrador, entonces gobernante de la Ciudad de México, promovido por la Procuraduría General de la República de Vicente Fox.
El caso, por sus consecuencias vigentes, amerita desentrañarse. La PGR de Fox solicitó el juicio de procedencia contra el jefe de Gobierno en mayo de 2004 por el presunto delito de desacato a un juez por no detener una obra pública. El caso era una engañifa: la orden no se desacató, la obra se detuvo (y se construyó alternamente), mientras la revisión pericial mostró que el terreno en litigio no era siquiera propiedad del quejoso (Federico Garduño, quien, por cierto, era amigo de Fox y había estado preso en 1993).
El fondo fue otro: tratar de enjuiciar sin base a López Obrador, encarcelarlo y evitar que fuera candidato presidencial en 2006. El caso era un golpe autoritario, agravado como regresión antidemocrática en el contexto de la alternancia: tras la derrota del PRI en 2000, se esperaba una transición en que ninguna contienda electoral se contaminara otra vez con exclusiones arbitrarias.
¿Por qué el desafuero marcó la historia presente? Primero, porque demostró que la democratización en México fue una inercia más social que partidista: no fue sólo la ley, sino también una cauda ciudadana movilizada la que contuvo a la prepotencia golpista de Vicente Fox y el PAN. Segundo, porque ese episodio puso en entredicho la transición: el gobierno federal, a partir de 2003, invirtió recursos logísticos y monetarios del Estado para excluir a un adversario, en un proceso cuyo corolario fue el desafuero, pero que se inició con otras urdimbres legales y mediáticas (paraje San Juan, videoescándalos); lo que mantuvo vivas inercias del viejo régimen.
El tercer elemento es fundamental: el desafuero significó el inicio de la conversión de una movilización de protesta en un movimiento político más estructurado. Sin esperar instrucciones de partidos, esa cauda ciudadana opuesta al desafuero comenzó a dotarse de organización, mediante círculos de estudio, foros, reuniones vecinales, donde se discutía qué hacer contra la arbitrariedad foxista y para impulsar un proyecto de nación encabezado por López Obrador. Abril de 2005 fue chispa de una llama creciente: la movilización contra el desafuero; las Redes Ciudadanas y la Convención Nacional Democrática en 2006; el gobierno legítimo en 2007; el Movimiento en Defensa del Petróleo en 2008, todos precedentes que derivaron en el movimiento que, con Morena como instrumento principal, en 2018 triunfó en urnas contundentemente.
Si bien ese movimiento tuvo objetivos distintos y elementos criticables, sus adversarios centrales lo han tratado siempre mediante prácticas turbias. De ahí la reunión de Fox con Roberto Madrazo y Martha Sahagún en 2004 para fraguar cómo detener como sea a AMLO. Frase que es preludio del aserto de que a AMLO hay que frenarlo por la buena o por la mala, de Jorge Castañeda, en 2005, y del credo antidemocrático de Calderón en 2006: haiga sido como haiga sido. Reveladores exabruptos cuyo correlato autoritario fue el uso de instituciones públicas para pergeñar contra su adversario acoso judicial, espionaje intimidatorio (con la policía de Santiago Vasconcelos); colusión ilegal con empresarios, fraude, y las campañas sucias más caras de la historia en 2005 y 2006, cuya estela de calumnias mantuvo vigencia todo el sangriento sexenio de Calderón y se reditaron en 2018 tanto en medios tradicionales como en estratagemas subrepticios estilo la Operación Berlín. Este intento de exclusión antidemocrática no tiene equivalente. Nadie del espectro de las derechas mexicanas ha recibido tal trato autoritario en tiempos recientes.
Pese a ello, se insiste en que hoy el Presidente insta a la polarización. Esa postura es errónea y remite a una usanza añeja. Durante el desafuero, cuando toda la evidencia mostró que se trataba de una bajeza, de todos modos el foxismo –vía Rubén Aguilar– llamaba provocaciones a las acciones de AMLO en su defensa. Pese a que en 2005 70 por ciento de la sociedad se oponía al desafuero, de todos modos el foxismo acusó que AMLO polarizaba (aunque sólo una minoría muy pequeña validaba ese acto autoritario) y le imputaba que al defenderse generaba crispación. Hoy el escenario cambió, no hay exclusiones autoritarias. Lo que sí persiste es ese fenómeno acendrado en las derechas en 2005: llamar polarización a cualquier fenómeno que las enfrente. En esa coyuntura, donde tenían el poder institucional, fueron capaces de lo que sea para marginar a un adversario. Hoy están en la oposición y con menor margen de maniobra, pero sus intenciones son similares a las del desafuero, cuya estela –¿o más bien resaca?– anega muchas voces que, siendo victimarios ayer, buscan disfrazarse de víctimas hoy. (Héctor Alejandro Quintanar*, La Jornada, Opinión, p.18)
A la congeladora se fueron las intenciones de las cúpulas partidarias de tener manos libres para desconocer la paridad de género, la inclusión en cargos públicos de indígenas, LGTBQ+, discapacitados, designar candidatos o prolongar su mandato.
Ante la creciente presión de la ciudadanía y de legisladores de todos los partidos —Morena incluido—, tuvieron que recular en la reforma que acota facultades del TEPJF.
Los coordinadores de Morena, PAN, PRI, PRD, PVEM, y PT en San Lázaro emitieron un comunicado donde admiten que, ante las mencionadas presiones ciudadanas, decidieron buscar una “nueva redacción” de la ley. En otras palabras: que mandaron la reforma a la congeladora.
El comunicado lo dio a conocer el coordinador de la bancada de PRI, Rubén Moreira. Dice: “No se han logrado los consensos para aprobar esta reforma y frente a los cuestionamientos de la opinión pública respecto de la misma, queremos informar que seguiremos trabajando para legislar, como es nuestra obligación, siempre respetando los derechos de las mujeres, de las minorías y en favor de la democracia”.
* MC fue el único grupo parlamentario que siempre se manifestó en contra de la reforma. Lo ocurrido ayer fue motivo de festejo para los naranjas. Desplegaron una manta en el frontispicio de Palacio Legislativo que decía: “La ciudadanía derrotó a la partidocracia”.
Marko Cortés, jefe nacional del PAN, es uno de los promotores de la iniciativa. Luego del anuncio de que la reforma iba a la congeladora, subió un tuit con el siguiente mensaje: “México siempre contará con Acción Nacional. Por eso no acompañaremos ninguna reforma que genere dudas o fisuras a nuestras libertades, democracia, e instituciones electorales”.
Jorge Álvarez Máynez, coordinador de la bancada del MC, reviró al jefe panista por la misma vía: “Pueden decir misa Alejandro Moreno y Marko Cortés, pero ellos firmaron una iniciativa que era un golpe letal al tribunal. Ese aniquilamiento que pretendían hacer al tribunal está enterrado…”.
El panista Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro, también celebró el congelamiento de la reforma en un video que subió a Twitter: “Prosperó la razón. Nuevamente se demuestra que el diálogo democrático entre las y los legisladores fortalece al país. Celebro las voces ciudadanas que cuidan la democracia. Eso marcó la diferencia”.
Álvarez Máynez no la dejó pasar. Escribió un tuit en el que arrobó a Creel: “Con todo respeto, Santiago, tú no hiciste nada para frenar esta iniciativa. Al contrario. Sí hubo voces panistas valientes como las de Damián Zepeda y Lilly Téllez, pero no tú”. Creel reviró con un mensaje encriptado. “No son los dichos los que valen. Son los hechos: no hay reforma”.
Buscamos al senador Zepeda. Confirmó su postura: “No tengo duda, los únicos interesados en esa reforma dañina son las cúpulas partidistas, particularmente los dirigentes. Si llega al Senado no la voy a acompañar. No me importa que sea instrucción de quien sea. Que se atrevan a darme la instrucción para que conozcan mi respuesta”, puntualizó.
* López Obrador anunció ayer que no asistirá a la entrega de la medalla Belisario Domínguez que el Senado entregará a la escritora y periodista Elena Poniatowska. “Ya no voy a esos actos, porque hay muchas agresiones. Están muy enojados nuestros adversarios, entonces, montan espectáculos y tengo que cuidar la investidura presidencial”, dijo en la mañanera. El desaire no gustó en la Cámara alta. Una que hizo pública su inconformidad fue la respetada senadora del PRI, Beatriz Paredes. Dijo en rueda de prensa: “Quien más le ha faltado al respeto a la investidura presidencial es un personaje que de repente habla en las mañaneras y se le olvida el lenguaje que debe tener el titular del Poder Ejecutivo. No tengo ninguna duda que en el Poder Legislativo, independientemente de lo enérgica que pueda ser la postura de cualquier legislador de un partido distinto al partido gobernante, siempre seremos respetuosos de las instituciones.
“No hay respeto a la jerarquía de los otros Poderes. La figura de Belisario Domínguez es admirable, sobre todo para quienes dicen que han tenido un pensamiento libertario en contra de las actitudes de gobiernos autoritarios y represores.Es una lástima que el Presidente no asista, particularmente cuando la homenajeada ha sido un símbolo para la izquierda mexicana”, puntualizó.
Ésta es la tercera vez que el Presidente deja de asistir a esa ceremonia con el argumento de que tiene que cuidar la investidura presidencial. Al respecto, Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, aseguró que en el Senado se respeta la investidura presidencial. “A pesar de que puede haber algún grito o comportamiento extraño, emotivo y hasta grosero, no llegarían a eso ni las senadoras ni los senadores”, afirmó.
— ¿Puede garantizar eso con Lilly Téllez?, le preguntaron.
— No, no puedo. No soy controlador, soy un líder y quiero convencer, reviró. (Francisco Garfias, Excélsior, Nacional, p.4)
Por tercer día consecutivo el presidente López Obrador se lanzó ayer contra el expresidente Vicente Fox por sus supuestos negocios con la marihuana. Primero afirmó que los permisos otorgados por la Cofepris eran ilegales, pero ayer cambió el tono: “Independientemente de si es legal o no, es a todas luces una inmoralidad… No sé los detalles de la legislación actual. Creo que hay una porción que una persona puede consumir. El asunto es la comercialización, es hacer un negocio de eso, y más si se ocupó un cargo tan importante como presidente de México”.
El conservadurismo de AMLO es evidente en muchos temas, pero especialmente en el de las drogas. El 1o. de abril criticó un acuerdo entre la NBA y los jugadores profesionales de básquetbol para dejar de sancionar el uso del cannabis. A las autoridades estadounidenses, dijo, “no les preocupa el bienestar, solo el dinero, ni fortalecen valores morales, culturales y espirituales; tampoco limitan el consumo de drogas, por el contrario, lo fomentan hasta en el deporte. Es penoso y decadente”. En 2022 declaró sobre la despenalización: “No hemos alcanzado un acuerdo porque sigue habiendo muchos daños, el más doloroso es el fallecimiento de personas… Estamos abiertos a buscar alternativas, pero siempre pensando en la vida”.
Lo curioso es que ha declarado muchas veces que puso fin a la guerra contra las drogas. “Oficialmente ya no hay guerra -dijo el 1o. de febrero de 2019-. Nosotros queremos la paz”. Sin embargo, la Secretaría de la Defensa informa habitualmente sobre decomisos de drogas, capturas de laboratorios de fentanilo y metanfetaminas, detenciones de narcotraficantes y “abatimientos” de presuntos criminales. La guerra que ya no existe se sigue peleando.
No sé si Fox cultiva, consume o comercializa marihuana, pero la Suprema Corte ha establecido jurisprudencia que declara inconstitucional la prohibición. Quien impulsó el proceso fue el ministro Arturo Zaldívar, a quien el Presidente ha reconocido como “un hombre íntegro” que “me da confianza”. Cuando se fijó la jurisprudencia, el 28 de junio de 2021, Zaldívar expresó: “Día histórico para las libertades. Se consolida el derecho al libre desarrollo de la personalidad tratándose del uso lúdico o recreativo de la marihuana”.
AMLO dice que no conoce la legislación actual, pero yo pienso más bien que ha tomado la decisión de no promover la regulación necesaria tras la declaratoria de inconstitucionalidad. Era una gran oportunidad para un político que prometió poner fin a la guerra contra las drogas, pero no tuvo la voluntad de hacerlo.
A pesar de que el Presidente repite la frase “Prohibido prohibir”, su actitud prohibicionista es clara. Ha sugerido que se estudie la prohibición del fentanilo médico, un analgésico indispensable para pacientes con altos niveles de dolor: “Al estar prohibido ya no habría ninguna posibilidad de que pudiese importarse y lo sustituimos por otros analgésicos”. Ha criticado a Estados Unidos por permitir la venta sin receta de naloxona, un medicamento que permite salvar la vida a quienes sufren una sobredosis de fentanilo. “En vez de ir al fondo, y esto lo digo con respeto, vamos a paliativos”. El Presidente humanista preferiría que los pacientes murieran.
Entiendo el ánimo conservador y prohibicionista de AMLO, pero en vez de preocuparse por las concesiones para cultivar marihuana, debería mandar al Congreso la legislación para regular de manera razonable esta sustancia.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado, en el caso García Rodríguez y otros vs. México, que nuestro país viola la libertad personal y la presunción de inocencia por el arraigo y la prisión preventiva oficiosa. Ordena a México cambiar la ley sobre prisión preventiva. (Sergio Sarmiento, Reforma, Opinión, p.8)
No quisiera estar ahora en los zapatos de los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En dos mañaneras consecutivas, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya les mandó el mensaje sobre lo que espera en el voto sobre la constitucionalidad de transferir el control de la Guardia Nacional (GN) a la Sedena.
El miércoles, afirmó que “si declaran inconstitucional la ley de la materia y se impide que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, va a ser un grave error, un error garrafal.” Un día después, reiteró que “si no depende la Guardia de la Defensa, se va a relajar la disciplina y vamos a regresar de nuevo al modelo García Luna de la Policía Federal. Ojalá y los ministros, porque van a resolver sobre eso, lo tomen en cuenta.”
Esos mensajes públicos casi siempre vienen acompañados de presiones discretas. Pero este caso tiene un componente adicional: el cabildeo muy probablemente no solo viene de Palacio Nacional o de Bucareli, sino también de la propia Sedena. Esa combinación puede ser muy potente.
No está fácil entonces resistir ese embate desde la Corte. Pero espero que lo hagan de cualquier modo, por las razones que expliqué en mi columna del lunes pasado (bit.ly/40fQz1K), pero también por una más simple: no pasaría nada en el corto plazo si aprueban el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara.
Al menos no en el plano operativo. Después de un fallo de esa naturaleza, la GN seguiría haciendo lo que hace hasta ahora: muchos rondines, poca investigación, pocas detenciones. Tan útil o inútil como hoy.
Tampoco habría mayor cambio en la relación cotidiana con las Fuerzas Armadas. La GN seguiría siendo un apéndice de la Sedena, con 80% de su personal manteniendo plaza y cobrando sueldo en el Ejército. La mayoría de los cuarteles y el equipo de la GN seguiría siendo patrimonio de la Sedena, como ha sido desde el principio.
Si ese es el caso, ¿para qué tanto brinco? ¿Por qué tanta preocupación tanto en Presidencia como en la Sedena? Las referencias a García Luna y la Policía Federal no son más que distractores: el problema de la PF nunca fue la ubicación en el organigrama federal.
Lo que preocupa en el gobierno y en las Fuerzas Armadas no es lo inmediato, sino la transición el año que entra. Hay que recordar que la reforma que se discutirá en la Corte se aprobó básicamente para resolver un entuerto administrativo.
Desde el día uno, la Sedena ha controlado a la GN de cabo a rabo. Pero ese hecho práctico tenía que convivir con la realidad jurídica de que la GN estaba adscrita a otra dependencia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Eso generaba varias dificultades. En arreglos un tanto heterodoxos, le “prestaban” personal a un órgano desconcentrado ubicado en otra dependencia. Lo mismo hacían con instalaciones y equipo. Es decir, una serie de bienes estaba en el inventario de una secretaría, pero bajo resguardo de otra (y muy probablemente sin estar debidamente documentado).
Eso no pasa una auditoría bien hecha. Al menos, ese debe de haber sido el temor del alto mando militar.
Ese era el problema. Para resolverlo, había dos rutas: 1) transferir formalmente el personal, las instalaciones y el equipo a la GN, con el presupuesto correspondiente, o 2) transferir la GN a la Sedena, a pesar de la clarísima prohibición constitucional en la materia. Optaron por la segunda, pero eso se les puede desbalagar en los próximos días.
Entonces, señores y señoras de la Corte, voten como les dicte su conciencia. La seguridad del país no está en riesgo. Los que están en riesgo son los que firmaron documentos cuestionables durante años. (Alejandro Hope, El Universal, Nación, p.5)
Ricardo Monreal es uno de los políticos más experimentados con los que cuenta Morena. Aunque no es considerado propiamente una “corcholata” de Andrés Manuel López Obrador, sí es un aspirante con posibilidades de competir por la Presidencia, ya sea por el partido oficialista o por algún otro. El zacatecano ha dado suficientes señales para saber que si le cierran la puerta en su partido ya tiene acuerdos con la oposición. El Presidente lo sabe y lo toma con muchas reservas. Los dos son unos viejos lobos de mar que han transitado muchos años juntos las turbulentas aguas de la política.
Sus virtudes de negociador y constructor de alianzas o acuerdos son también sus defectos, sobre todo en un gobierno que tiene tintes de dictadura, donde la máxima es aplastar y denostar a la oposición: “estás conmigo o contra mí”, es la consigna de la 4T. Los puntos medios del zacatecano nunca han sido bien vistos en Palacio Nacional. Es el ejemplo claro del zigzagueo y las medias tintas a las que se refirió López Obrador el 18 de marzo pasado.
Al igual que el canciller Marcelo Ebrard, el coordinador de los senadores de Morena transita como candidato en más de un organismo político; ha coqueteado con la alianza opositora para ser su abanderado, un acuerdo que estuvo a punto de concretarse en noviembre del año pasado, cuando entonaba la canción de “amarga navidad”.
Sin embargo, el poder y la influencia de AMLO lo siguen limitando. Así sucedió en 2018, cuando intentó competir por cualquier fuerza política a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, una contienda que, como ahora, ganaría, pero que López Obrador tenía reservada para su consentida y favorita a sucederlo en la Presidencia: Claudia Sheinbaum.
La historia de Monreal y López Obrador es de desencuentros. En los primeros años del sexenio, el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado se jactaba de que desayunaba con el Presidente una vez al mes en Palacio Nacional. De aquellos encuentros surgieron estrategias para impulsar iniciativas como la de la creación de la Guardia Nacional.
La relación se lastimó gravemente en 2021, cuando el grupo radical de Morena, con la aprobación de AMLO, quiso imponer a Dolores Padierna como titular de la alcaldía Cuauhtémoc. La reacción fue una evidente operación de Monreal para entregar esa posición a la alianza PRI, PAN y PRD.
Consciente o inconscientemente la mano se le pasó a Ricardo Monreal y terminó entregando a la oposición la mitad de las alcaldías de la Ciudad de México. Desde entonces los puros del morenismo le llaman traidor, aunque le reconocen una capacidad de operación que les será indispensable si pretenden recuperar electoralmente la capital del país.
Además de una estrategia política para debilitar a ciertos rivales, Monreal actuó también por supervivencia. La última vez que el senador obedeció a Andrés Manuel López Obrador para colocar a una recomendada en sus espacios de poder, esta quiso meterlo a la cárcel. La gestión de Amalia García como gobernadora de Zacatecas confirma esta historia.
Ricardo Monreal ya no es el operador de Palacio Nacional para empujar iniciativas en el Congreso; el puesto se lo quitó otra “corcholata” presidencial, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. No obstante, el poder de la estructura del zacatecano genera respeto hasta en el mismo Presidente, por lo que no es un personaje desechable.
La figura de Monreal en los tiempos de la 4T es similar a la que la maestra Elba Esther Gordillo tenía en los sexenios pasados; él solito es un partido político, sin posibilidades de ganar una elección presidencial por su cuenta, pero con la fuerza suficiente para darle la victoria a quien alcance sus niveles de negociación.
Lo dicho en este espacio hace dos semanas: la alianza opositora pende de un hilo porque en el PAN y el PRD no han terminado de entender al presidente del PRI, Alejandro Moreno, quien a la primera provocación está listo para traicionarlos, como se evidenció en el pacto que hizo con Morena para reformar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Alito Moreno busca minar las atribuciones y la autonomía del Tribunal porque está por reafirmar la decisión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral que le impide seguir al frente de la Dirigencia Nacional más allá de agosto de 2023, al igual que sucede con Morena y su presidente Mario Delgado.
El presidente del PRI lo dice abiertamente: no va a respetar los acuerdos para nombrar a candidatos de la Alianza Va por México en el 2024.
Mala señal, que el presidente López Obrador haya enviado una iniciativa para extinguir la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, bajo el argumento de que los apoyos financieros a productores del campo deben llegar de manera directa.
Este organismo date del 2002, cuando se creó la Financiera Rural en lugar de Banrural, pero no es tampoco una sorpresa: en octubre del 2020, cuando el gobierno federal decidió extinguir 109 fondos y fideicomisos públicos, uno de ellos fue el de Financiera Rural, a la que se le “confiscaron” 12 mil 500 millones de pesos.
Ayer dimos cuenta que el director general de Comunicación Social de la UNAM, Néstor Martínez Cristo, se presenta desde hace muchos años como Maestro en Periodismo Político, a pesar de que el título de su maestría lo obtuvo apenas en este 2023.
Resulta que también el nuevo abogado general, Hugo Alejandro Concha Cantú, también se presenta como maestro cuando no tiene título alguno registrado ante las autoridades mexicanas. Concha Cantú estudió la Maestría en Relaciones Internacionales en The Johns Hopkins University de Washington DC, pero esos títulos se deben registrar y homologar. (Mario Maldonado, El Universal, Nación, p.8)
Un muy interesante episodio se vivió en la Cámara de Diputados estos días, donde se vieron alianzas tácticas impensables y rebeliones de los unos contra los mismos alrededor de una iniciativa cupular para reformar atribuciones al Tribunal Electoral. Hubo una implosión en Morena y en el PRI ante el rechazo de los legisladores a las acciones de los líderes de los partidos, y se asoma una fractura en la alianza Va por México porque la dirigencia del PAN, que también enfrentó resistencias internas, vio el costo político que les estaba causando una imposición que viola el principio básico de la democracia, el respeto por los derechos de las minorías y decidió retirar su apoyo a las cúpulas. Fue un detonante. Horas después, los líderes de los partidos en San Lázaro pusieron en pausa la propuesta.
El deseo de modificar las atribuciones del Tribunal Electoral y reducir su capacidad de contrapeso, provino de rencores inconfesables y la ambición de las dirigencias de los partidos, que no son bloques homogéneos, para hacer lo que se les pegara en gana sin contención judicial. En el primer caso, no querían que el Tribunal Electoral se metiera en los asuntos internos de los partidos políticos salvo aquellos señalados específicamente en la Constitución, lo que se traducía en el intento cínico de los dirigentes de Morena, Mario Delgado, y del PRI, Alejandro Moreno, para prorrogar su liderazgo más allá de lo que establecen los estatutos de los institutos, que habían sido rechazadas e impugnadas por sus militancias ante los órganos electorales.
En el segundo caso, querían limitar las facultades del tribunal para establecer acciones afirmativas que benefician a las minorías y grupos vulnerables, y hacen efectiva la paridad de género, como recientemente sucedió con la obligación de que fuera una mujer quien presidiera el INE. Los partidos estallaron por dentro, como dibujó la diputada morenista Irma Juan Carlos, que detalló que más de 90 diputados –dos terceras partes de su bancada– del PRI, el PT y Morena, acompañados desde afuera de San Lázaro por organizaciones no gubernamentales y expertos, anunciaron que no apoyarían la iniciativa porque afectaba a los grupos minoritarios y minorías, como indígenas, migrantes y la comunidad LGBTQ+, al limitarles la protección que el Tribunal Electoral les dio por años.
Los líderes de los partidos, respaldados por la Junta de Coordinación Política, el órgano rector de la Cámara de Diputados, se mantenían aferrados a sacar adelante su pretensión, que nació de un grupo de trabajo para examinar las funciones del tribunal, creado a principio de año. Dos meses y medio después, de la mano de Ignacio Mier, presidente de la junta, Morena presentó la iniciativa de la discordia. El golpe de mano provocó la explosión y la implosión en la Comisión de Puntos Constitucionales, a donde se turnó para su análisis.
La sesión para discutir el dictamen, programada para el 29 de marzo, fue suspendida, y así sucedió repetidamente ante la creciente protesta contra la intentona del liderazgo de Morena, en amasiato con el PRI, que originalmente también fueron apoyados por los líderes del PAN y el PRD. Sólo Movimiento Ciudadano se mantuvo desde un principio en contra de la iniciativa. Esta semana, el proyecto de dictamen naufragó, y para rescatarlo Mier propuso una revisión que debió haberse votado el miércoles.
Tampoco fue posible hacerlo, no ante la falta de consenso, sino ante el rechazo de decenas de legisladores, subrayando una de las paradojas más grandes de la actual legislatura: los adversarios en todos los temas, tanto en las cúpulas como en las militancias, se unieron y dividieron en dos bloques inspirados en diferentes razones, el control caprichoso de los autócratas líderes, y el rechazo rabioso de las militancias en beneficio de la sociedad y, también, contra el intento de los dirigentes de perpetuarse en el poder hasta la elección presidencial, que les permitiría controlar las prerrogativas, repartir las candidaturas y comprar apoyos y lealtades.
La Junta de Coordinación Política estuvo discutiendo formas para buscar apoyos para el dictamen, pero incluso en ese órgano, que es donde se concentra el poder en San Lázaro, comenzaron a derrumbarse los acuerdos desde el miércoles. La señal fue el hecho que el coordinador de la bancada del PRD, Luis Espinosa Cházaro, se salió de la reunión por no compartir lo que pretendían incorporar en un nuevo dictamen. La Comisión de Puntos Constitucionales sumaba hasta este jueves tres días consecutivos sin poder reunirse ante la falta de los votos para sacar adelante la iniciativa y enviarse al pleno.
No se recuerda un proyecto de ley tan controvertido, en el sentido de que no ha sido una confrontación o diferencia entre partidos, sino dentro de ellos mismos. La principal división estuvo en Morena, pero la fractura geoestratégica fue en la coalición Va por México, formada por el PAN, el PRI y el PRD, que estaban alineados a los intereses de Moreno, que quiere atrincherarse en el tricolor hasta 2024, porque de no aprobarse esta reforma, tendría que acatar el fallo del Tribunal Electoral y dejar la presidencia del partido.
Lo extraordinariamente bizarro es que al ir juntos los tres partidos de oposición con Morena, rompieron el compromiso de una moratoria consitucional –cuya finalidad es sabotear cualquier iniciativa de ley que beneficie al presidente Andrés Manuel López Obrador por lo que resta del sexenio–, suscrita en junio del año pasado por lo más ruin de la condición humana: el interés particular sobre el interés colectivo. La democracia funciona al revés, el interés de la mayoría sobre el del individuo, y se apoya con conceptos de segunda generación democrática, como los contrapesos.
La protesta generalizada y creciente dentro y fuera de San Lázaro ante sus intentonas pudo frenar el golpe. Delgado y Moreno siguieron buscando hasta el último momento salvaguardar sus proyectos personales. Despreciables políticamente, traidores al orden social democrático y con un enanismo cada vez más evidente, no pudieron lograr su cometido. La rebelión contra los canallas reivindica a la política, pero la batalla no ha terminado. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, p.40)
La propaganda es sabido que busca demonizar a grupos o individuos específicos presentando al gobierno y a su líder como la única opción viable y protectora de la nación. Es un hecho incontrovertible que el régimen de López Obrador en la mañanera, punta de lanza de su aparato de propaganda, se manipulan imágenes y hechos para respaldar la narrativa de su gobierno. A más de cuatro años los ejemplos sobran.
Sin embargo, cuando se mezcla la mentira como táctica común y la contradicción como conducta sistemática, el resultado arroja situaciones con alto nivel de riesgo que no son dimensionadas.
Mantener el control de la narrativa se ha vuelto cada vez más difícil por los desatinos y cambios drásticos en la conducta emocional del Ejecutivo.
El giro dramático en el caso del general Salvador Cienfuegos que volvió a ser un largo tema en días recientes da pie a varias lecturas; las aguas verde olivo se están moviendo también y en la arena política sucesoria se envían señales en la trastocada relación bilateral y en política, no hay coincidencias.
Hay que recordar que el día después de la detención en el aeropuerto de Los Ángeles, California del ex secretario de la Defensa Nacional, en la conferencia mañanera el Presidente se deslindó de manera tajante considerando “muy lamentable” lo ocurrido y advirtiendo que al igual que el caso de Genaro García Luna, “suspendería” a todos los involucrados con las “actividades” de Cienfuegos que aún estuvieran trabajando en la Sedena aunque fueran “civiles o militares”.
Lo anterior —además de golpear la línea de flotación del actual alto mando militar— sólo ilustró el enorme desconocimiento del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas sobre la institución.
Además de haber arremetido contra la esfera castrense, López Obrador consideró que la detención de Cienfuegos era una muestra de la descomposición del gobierno a manos de la corrupción y encarrerado con su sonsonete de los gobiernos neoliberales, el Ejecutivo selló la suerte del general divisionario.
Empero, como la realpolitik termina poniéndole siempre las cosas en su justa dimensión, López Obrador tuvo que matizar su embestida que lo colocaba literalmente al borde del precipicio.
La línea de tiempo del caso Cienfuegos pasó a ser un asunto de seguridad nacional del Estado mexicano y así se lo hicieron saber al gobierno estadounidense que informó “consideraciones sensibles e importantes de política exterior que superaron el interés del gobierno en continuar con la acusación” —y una investigación de más de una década— atropellando en esa ruta a la DEA y al Departamento de Justicia cuyo titular, por cierto, era William Barr. El hoy ex fiscal general que en semanas recientes ha señalado que el gobierno de López Obrador ha perdido el control de varias regiones del país al narco.
El general Cienfuegos regresó a México donde con el tiempo en la FGR le fueron desestimadas todas las acusaciones y pareciera que era un asunto archivado hasta que hace unos días López Obrador le dedicó amplio espacio en su mañanera.
Salió como nunca a defender al ex secretario de la Defensa argumentando que era una “injusticia” cuestionando al gobierno de Estados Unidos en su actuar y acusando a la DEA y la Departamento de Justicia de fabricar expedientes. Todo en un timing donde la relación bilateral está sumida en un tirante conflicto en materia de seguridad.
Varias preguntas flotan en diversas esferas, pero una en particular. ¿Cuál es la razón de fondo en la construcción nuevamente de una narrativa para desacreditar las investigaciones de la agencia estadounidense? (Marcela Gómez Zalce, El Universal, Nación, p.9)
Todos los indicios sobre la transparencia confluyen en la voluntad o no que tenga el gobierno siempre y cuando pase por su interés.
Desde hace tiempo se sabe que al gobierno no le gustan las instituciones autónomas y todo elemento externo que se dedique al estudio e investigación de estos asuntos.
En una más de las paradojas, recordemos que cuando el gobierno era oposición exigía la transparencia en todas las áreas vía organismos externos. Todas las virtudes que tuvo el Inai de la noche a la mañana se diluyeron y perdieron.
Estos días hemos visto, para variar, que no se han alcanzado acuerdos para nombrar a tres comisionados del instituto, en medio de la intransigencia que impide acuerdos con la mayoría, la cual asegura que el Inai tendrá comisionados “cuando queramos, porque somos la mayoría”, todo ello en un capítulo más de no necesitamos acuerdos.
El titular de Gobernación encabeza esta posición. Aseguró esta semana en el Senado que no es un tema de la agenda del gobierno y que no tienen prisa en apurar los nombramientos. A pesar de ello, el coordinador de Morena en la Cámara alta en la misma reunión aseguró que, como fuera, tienen que apegarse a las leyes y con ello permitir que el Inai tenga los suficientes comisionados para sesionar.
Se va perfilando un lamentable escenario. El instituto se quedará en el limbo y no podrá actuar acorde a las obligaciones y demandas que tiene. La presidenta comisionada pinta el panorama de lo que viene ante la imposibilidad de sesionar: al Inai le llegan al menos 500 solicitudes de información al mes. Es cuestión de hacer números para tener una idea de lo que puede suceder en el corto plazo.
Las solicitudes de información son de toda índole y no sólo son, como se ha insistido, de periodistas. Una gran cantidad de ciudadanos solicita información al instituto para asuntos que son de su interés, buscando la manera de tomar las mejores decisiones. Pero no es sólo eso, también existen solicitudes ciudadanas que buscan conocer cómo se maneja el gobierno en diferentes áreas por un interés profesional.
Se está cerrando una puerta a los ciudadanos, lo cual puede traer grandes riesgos. Uno de los más importantes es que se rompan los procesos de intercambio informativo entre los institutos autónomos, los gobiernos y la ciudadanía.
Las decisiones que se están tomando en Palacio Nacional y en la mayoría en las cámaras, a querer o no, le cierran el camino a la ciudadanía para conocer las acciones de gobierno. Si la razón pasa por la austeridad o por el austericidio, según se quiera ver, al final es una decisión que rompe con la transparencia que lleva a terrenos en donde ésta empieza y termina en lo que determine el propio gobierno como en muchos casos se ha venido viendo.
La propuesta de un legislador de Morena que busca que el Inai pudiera sesionar con únicamente cuatro comisionados tendría que pasar por un consenso y estaría enfrentando dificultades en la operación.
Una alternativa que surgió también estos días plantea algo parecido. Siendo que el Senado está en falta y que no va a resolver este asunto antes de que termine el periodo ordinario de sesiones, éste le pueda conceder al Inai la posibilidad de que coyunturalmente pueda sesionar con cuatro comisionados.
La propuesta no resuelve el problema, pero le da un poco de aire vida al Inai y, como sea, abre la posibilidad de que sean entendidas la gran cantidad de demandas de solicitud de información.
Sin embargo, es evidente que no va a pasar nada. Morena obedece al Presidente y a éste no le importa el Inai, más bien, como hemos venido refiriendo, lo ve como un estorbo.
RESQUICIOS
La quiebra de Notimex parece ser que fue la salida a una huelga de varios años. Cierran la puerta de lo que fue una gran agencia informativa que fue la mirada y cara de México hacia el mundo. Pareciera también que con esta decisión se manifiesta lo que es para el gobierno su política hacia los medios públicos. (Javier Solórzano Zinser, La Razón, La 2, p.2)
Un aspecto decisivo para el futuro de México es la activación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hemos visto en estos primeros meses del año.
La Corte ha abandonado su tono de aquiescencia con el poder Ejecutivo en funciones, un poder Ejecutivo que le ha metido groseramente la mano a la Constitución.
En particular, la Corte ha dejado atrás la estrategia de posponer las querellas constitucionales que cuestionan los cambios legales venidos de un presidente con dominio sobre el Congreso.
En estos meses, por ejemplo, hemos visto a la Corte resolver con diligencia la suspensión de leyes que podrían causar daños irreparables al Instituto Nacional Electoral.
En lo que va de este año, la Suprema Corte atrajo también el primer paquete de juicios de amparos de empresas privadas en contra de la reforma impulsada por este gobierno a la Ley de la Industria Eléctrica.
En estos meses, también, la Corte ha decidido agendar la discusión de un asunto decisivo para el régimen político de México, revisado por uno de sus ministros.
Ese asunto es el de la militarización de la seguridad pública, mediante la militarización de la Guardia Nacional. Y ese ministro es Juan Luis González Alcántara, irreprochable de animadversión política contra el gobierno en funciones, pues llegó a la Corte propuesto por el actual presidente.
González Alcántara emitió una sentencia contraria a la decisión de militarizar la Guardia Nacional y, con ella, el manejo de la seguridad pública.
En su cuidadoso alegato, González Alcántara ha devuelto las cosas a la letra y el espíritu del artículo 21 constitucional, reformado en 2019.
Ese artículo dice que la Guardia Nacional debe ser “una institución policial de carácter civil”, debe estar “adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública” y debe regirse “por una doctrina policial”, no militar.
¿Cómo pasamos de esto a que la Guardia Nacional sea militar y dependa de la Sedena? Mediante los transitorios del mencionado artículo 21, donde se metieron ambigüedades suficientes para voltearlo todo de cabeza.
González Alcántara ha desmenuzado esos transitorios y Estefanía Vela ha hecho un imperdible análisis del tema que puede leerse en: Los (malditos) artículos transitorios de la reforma constitucional de la Guardia Nacional / Estefanía Vela / Nexos / Abril 13, 2023.
El proyecto del ministro González Alcántara se discutirá en la Corte la siguiente semana. (Héctor Aguilar Camín, Milenio, Al Frente, p.3)
La crisis de salud y muerte por drogas sintéticas, en particular por fentanilo, que enfrenta hoy Estados Unidos es una hija de la prohibición.
Desde hace medio siglo alguna sustancia se pone de moda, tiene un crecimiento en uso, los gobiernos prohibicionistas se alarman, actúan y… llega otra sustancia. La que sustituye a la primera es más fácil de hacer, distribuir y vender y gracias a la prohibición más peligrosa. Así pasa con las prohibiciones. Ayer contaba aquí cómo la promesa de campaña y después el plan de este gobierno era terminar con la guerra y el prohibicionismo, lo que nunca sucedió. Ahora el gobierno mexicano es como el estadunidense. Basta escuchar el discurso de ayer de Rosa Icela frente a los funcionarios de EU y los militares que la acompañaban.
Frente al consumo de drogas y el fracaso de la guerra hay otras maneras. Unas, por cierto, que han sido exitosas en varios países: pienso en Suiza que redujo dramáticamente las muertes por heroína o en Portugal, que descriminalizó la posesión en 2001. En ambos casos, las muertes y el crimen asociado con el tráfico se ha reducido significativamente. Con la misma lógica Columbia Británica ha despenalizado la posesión para consumo (menos de 2.5 gramos) de todas las drogas incluyendo cocaína, metanfetamina, éxtasis y opioides como heroína, fentanilo y morfina.
Ahora, este acercamiento no es sencillo porque implica todo un esfuerzo en la parte, sobre todo, de salud en programas de reducción del daño y atención a quienes consumen las drogas más peligrosas. De recursos, también, pero hay ahorros cuando no se despliegan militares por todo el país.
Requiere además poner fin a la discriminación contra las personas que usan drogas al reducir el estigma asociado con el uso de drogas recreativas y problemáticas y abogar por enfoques compasivos y libres de juicios para la adicción (pues sí, lo que ni se hace en Estados Unidos ni… en las mañaneras).
Requiere servicios de consumo supervisado, centros de prevención de sobredosis, tratamiento de la adicción, inyección supervisada.
En varios países de Europa, como lo he contado hace un tiempo en este espacio, incluye también por las características de las nuevas sustancias y su adulteración centros de “control de drogas”, donde se hacen pruebas a las pastillas o los polvos para detectar adulteraciones y/o cantidades que puedan poner en peligro la vida de quien las consume.
En fin, hay otro camino que no sea la prohibición y la guerra. Pero por estos rumbos no se quiere conocer. (Carlos Puig, Milenio, Al Frente, p.2)