Varios van a Pekín. Pekín sólo ha ido a Moscú. Interesante, ¿no? (La Jornada, Contraportada)
EN EL AFÁN de proteger a Delfina Gómez, flaco favor le hicieron los “estrategas” de Morena al tratar de mover la fecha del primer debate entre candidatas a la gubernatura del Edomex.
DICEN que el coordinador de campaña, Horacio Duarte, intentó posponer el encuentro con la abanderada del PRI-PAN-PRD-Panal, Alejandra del Moral, para conciliar a dos bandos que se formaron en el equipo delfinista.
POR UN LADO, están los que pensaban que la candidata no debía acudir pues no creen que pueda ganar y, por otro, hay quienes calculan que tienen suficiente ventaja en las encuestas y que les saldría más caro no presentarse que perder.
AL FINAL, la jugada les salió mal a todos, pues no les aceptaron la propuesta de hacer el debate el 28 de abril, en puente vacacional y el mismo día del concierto gratuito de Rosalía en la CDMX y, al final, acabaron cediendo y el debate ocurrirá el día 20, como estaba previsto.
DOS COSAS quedaron claras con tanto lío: que ni los morenistas creen que Gómez pueda ganarle el debate a Del Moral y que, después de tanto ruido, un encuentro que podría haber pasado desapercibido ahora tendrá muuucha más audiencia.
HABLANDO de Rosalía, cuentan que en el gobierno de la CDMX por fin encontraron una salida ante los reclamos de quienes quieren saber cuánto se gastará del dinero de los capitalinos en el acto de precampañ… ejem, ejem… en el espectáculo anunciado por Claudia Sheinbaum.
CUENTAN por ahí que están buscando que una empresa global que hace poco lanzó en México una edición especial de su refresco de cola con el nombre de la cantante española patrocine el evento y absorba la mayor parte del costo.
NADA MÁS no se lo digan al enemigo número 1 de los refrescos, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, porque se le puede subir el azúcar.
SE AFIRMA que quien no conoce su historia está condenado a repetirla y parece que ese puede ser el caso de Financiera Rural, que cerrará por orden presidencial dejando una cartera vencida de más de 8 mil millones de pesos.
SU ANTECEDENTE, el Banrural, dejó de operar en 2003, también por orden presidencial, con una cartera vencida de 7 mil millones de pesos.
PASARON 6 años y, en 2009, las deudas de los beneficiarios de créditos seguían sin ser cobradas y se les habían sumado 7 mil millones adicionales por las más de 2 mil demandas laborales de ex empleados.
EL COROLARIO fue que, en 2022, el mismo Presidente que hoy desaparece Financiera Rural condonó las deudas de los clientes del Banrural que nunca se cobraron. El eterno retorno a lo mismo… pero peor. (Fray Bartolomé, Reforma, Opinión, p.8)
La mano que menea el avispero en la UNAM
Nos hacen ver que en las principales instituciones de educación superior hay manos interesadas detrás de las movilizaciones por el anuncio de cancelación para 2023 de las becas Elisa Acuña que otorgaba el gobierno federal. Esta semana empezaron las manifestaciones de inconformidad en Ciudad Universitaria y en la UAM, pero en esas comunidades universitarias ven que el problema tiene visos de crecer en las próximas semanas. En el primer caso, coincidiendo con el inicio del proceso de sucesión del rector Enrique Graue. Nos cuentan que la pregunta que se hacen los universitarios es quién está queriendo golpear el avispero y que la respuesta más frecuente es: “Ya sabes quién”.
Entre el cabildeo y las presiones a la Suprema Corte
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, no tuvo empacho en informar abiertamente que acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a tratar específicamente el tema del traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, que el ministro Juan Luis González Alcántara propone declarar inconstitucional. Nos hacen ver que el tema no está en el qué, sino en el cómo, y la pregunta es si don Adán fue en son de paz o pronto veremos descalificaciones hacia varios ministros, como ha ocurrido en otras ocasiones. Ya desde la conferencia mañanera se advirtió que aprobar la declaratoria de inconstitucionalidad sería “un grave error”. A ver cómo se pone el intercambio entre los poderes con éste y otros temas pendientes de revisión.
Las protestas que siguen a AMLO
Nos cuentan que a los integrantes de la Ayudantía del presidente Andrés Manuel López Obrador han comenzado a preocuparles las cada vez más frecuentes protestas que persiguen al mandatario durante sus giras por el país. Tan solo ayer que visitó Zacatecas fue encarado por familiares de desaparecidos, y posteriormente, en el Hospital General Soledad de Graciano Sánchez, del IMSS-Bienestar en San Luis Potosí, mientras adentro hablaba de los logros de la basificación del personal médico en su gobierno, afuera protestaban alrededor de 30 enfermeras y enfermeros del Hospital del Niño y la Mujer precisamente porque no les otorgan la basificación. El Presidente no se acercó a ellos, como sí lo hizo con un grupo de simpatizantes que le fue a echar porras y hasta se bajó de la camioneta para tomarse fotos con ellos. Nos hacen ver que posiblemente pronto veremos ajustes en el diseño de su seguridad. (El Universal, A2, p.2)
Que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aprovechó la oportunidad de hablar con medios de Estados Unidos para reiterar que México está listo para que una mujer llegue a la Presidencia de la República, pues no se trata de una moda, sino de un movimiento social cada vez más consolidado. “Es el momento de las mujeres”, dijo, al tiempo de recordar que hay nueve gobernadoras en funciones y millones de congéneres participan hoy en política. La mandataria estará hoy en Coatzacoalcos, donde impartirá una conferencia sobre políticas exitosas, aunque antes se reunirá con el gobernador Cuitláhuac García.
Que Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, también anda en Veracruz, donde sacó a relucir el tema de los ultrajes a la autoridad, la figura legal que permitió a la fiscalía de Cuitláhuac García encarcelar por meses a José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política de esa cámara y amigo del legislador. El zacatecano se dio tiempo para promover la creación de un Código Penal Único que impida a los gobernadores aplicar figuras penales “perniciosas” para combatir a sus adversarios y para ello, apuntó, está dispuesto a cabildear el tema ante la Corte. Así la cosas, no se ve cómo el anfitrión pudiera reunirse con su correligionario.
Que en más del Senado, la panista Josefina Vázquez Mota y la impulsora de la primera liga femenil de futbol en México, Paola La Güera Kuri, preparan un par de iniciativas para sancionar el ciberacoso que sufren las deportistas, esto luego del calvario que enfrentó Scarlett Camberos, jugadora del club América, quien tuvo que emigrar a EU porque aquí fallaron los mecanismos legales para protegerla. En tanto, la ex futbolista Ana Paola López impulsa ante esa cámara una iniciativa para abatir la disparidad de sueldos entre los jugadores profesionales, sean mujeres o varones.
Que el secretario del Trabajo y Fomento al Empleo de CdMx, José Luis Rodríguez Díaz de León, destacó que la capital es la entidad con mayor crecimiento en cuanto a jóvenes de entre 15 y 29 años ocupados y citó cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía para señalar que solo en el cuatro trimestre del año pasado más de 115 mil consiguieron trabajo; en segundo lugar se ubica el Estado de México, con la mitad de plazas en el mismo periodo. (Milenio, Al Frente, p.2)
Ramírez de la O en Washington
Apretada, pero fructífera agenda, nos comentan, tuvo esta semana en Washington el titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, en la que, con la representación del Gobierno de México, asistió a la reunión del Fondo Monetario Internacional, donde participó en el panel de ministros de finanzas del G20, cuya presidencia acaba de asumir India. También estuvo presente en las sesiones del propio FMI, y en encuentros con calificadoras, inversionistas, organismos multilaterales y cámaras empresariales. Entre otras propuestas, nos hacen ver, pidió que se incorpore en el Fondo un marco de acción urgente para abordar los choques de la oferta de bienes y servicios que están propiciando la inflación a nivel mundial. Ahí el dato.
EU APRIETA EL PASO
Y fue el gobierno de Estados Unidos el que a través de varias de sus dependencias metió el acelerador, y además a fondo, en las acciones que lleva a cabo para tratar de contener la crisis del fentanilo, claramente con la idea de que uno de sus epicentros es México. No puede verse como algo menor el hecho de que haya anunciado un día después de la reunión de alto nivel con sus contrapartes mexicanas, la imposición de cargos contra 28 integrantes del Cártel de Sinaloa, incluidos tres hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, y ofrecido millones por información que den con la captura de éstos. Además, el que la DEA, a través de su administradora, Anne Milgram, haya informado de la acción de infiltración que logró en esa organización criminal, a la que ubican como altamente relevante en “la operación de tráfico de fentanilo más grande, violenta y prolífica del mundo”.
EVELYN Y LA AGENDA AMBIENTAL
Relevante acción de política pública en favor del medio ambiente fue la que signaron ayer la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado y la titular de Semarnat, María Luisa Albores González junto con la subsecretaria de Ordenamiento Territorial de Sedatu, Edna Elena Vega Rangel. Se trata de un convenio de coordinación para el ordenamiento ecológico estatal y regional, que tiene como su fin principal el de proteger y conservar la biodiversidad y los recursos naturales que tiene esa entidad. Entre los temas de la agenda ecológica que también revisaron está el del saneamiento del Río Atoyac donde se han destinado más de 128 millones de pesos, a través de la Conagua para la limpieza de este cuerpo de agua en las localidades del Paraíso, El Ticuí, San Jerónimo y Atoyac, la construcción, rehabilitación y puesta en operación de las plantas tratadoras de aguas residuales de esas localidades.
PRIMER DEBATE, PRIMERO
Y el próximo domingo arrancan los debates en los procesos electorales que tienen lugar en dos entidades del país. Será en Coahuila donde tendrá lugar el primero en el que se contrapuntearán los candidatos Manolo Jiménez, de la alianza PRI-PAN-PRD; Armando Guadiana, de Morena, Ricardo Mejía, del Partido del Trabajo y Lenin Pérez quien contiende por PVEM y UDC. Los periodistas Sandra Romandía y Javier Solórzano, este último colaborador de este diario, serán los moderadores en un formato en el que tendrán una participación activa. Los temas a debatir serán primeramente Finanzas, Rendición de Cuentas y Transparencia, y después, Agua, Desarrollo Sustentable, Educación, Niñez y Juventudes. El ring, perdón, el foro para el encuentro de ideas, será el Teatro Nazas. Y arrancará a las 18:00 horas. Pendientes.
ORDEN EN COYOACÁN
En respuesta a reclamos vecinales y de visitantes de Coyoacán, autoridades de esa alcaldía encabezada por Giovani Gutiérrez, ha estado llevando a cabo acciones para remitir al juzgado cívico a personas que realizan cobros ilegales por el uso del espacio público como estacionamiento. Luego de que se detectara que un grupo de franeleros se encontraba en calles aledañas al centro de esa demarcación realizando los referidos cobros, bajo el mando de la directora de Seguridad Ciudadana, Aurora Cruz Ramírez y en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno capitalino, se puso en marcha el operativo en las calles Tres Cruces, Carrillo Puerto, Ignacio Allende, Venustiano Carranza, Francisco Ortega, Caballo Calco, Malitzin, Cuauhtémoc, Abasolo e Hidalgo, así como en las avenidas Centenario y Xicoténcatl. (La Razón, La 2, p.2)
Podredumbre. Así huele el aire en Oaxaca tras la captura a Jorge A.M.G., el notario 135 quien, desde su cómodo escondite en Turín, Italia, se pavoneaba tras ser parte sustancial del Cártel del Despojo. Este grupo de oportunistas ha saqueado la tierra oaxaqueña con la frialdad de un bisturí. Falsifican, extorsionan, amenazan y ni la vida respetan. Jorge A.M.G. y su compinche, Jorge A.Z.M., exdirector del Instituto Catastral, son sólo dos piezas de este rompecabezas. El notario ya espera la extradición y el juicio en México: la podredumbre no se detiene, pero quizás, con un poco de justicia, logremos disipar su hedor. En manos del gobernador Salomón Jara está devolver la confianza en las instituciones. A ver…
Temas prioritarios. Las propuestas del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, en las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en Washington D.C., lo posicionaron como uno de los más sobresalientes oradores, por su llamado a que el FMI preserve su mandato original ante los desafíos actuales, entre otros puntos. Precisó que México continuará contribuyendo a través de acuerdos para facilitar el financiamiento mediante mecanismos que, como hasta ahora, garanticen positivos impactos ambientales y sociales. Lo que viene es la Economía Verde en Latinoamérica, con México como actor destacado. Se habló de perspectivas, obstáculos y soluciones, y Ramírez de la O dejó huella.
De escándalo. Así podríamos describir la situación en Huatabampo, donde la protección a bañistas se convierte en un circo macabro de mutilación de rayas. Funcionarios citados por la FGR, incluida la destituida Elizabeth Guerrero, son protagonistas de este grotesco espectáculo que pone en jaque al alcalde Juan Jesús Flores. ¡Qué bárbaros!, pescadores y burócratas unidos en una cruzada mortífera. ¿Será que no hay más formas de prevenir accidentes en las playas de Huatabampito y Camahuiroa? No se trata sólo de determinar si estas especies están en peligro, sino entender que mutilarlos no es la solución. Estos funcionarios empañan el trabajo del mandatario Alfonso Durazo. No le ayuden, compadres.
Trabajo conjunto. México y EU, en un intento casi heroico, deciden unir fuerzas para desmantelar la cadena de suministro de fentanilo, acabar con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación y frenar el tráfico de armas. La Operación De Norte a Sur nos hace soñar con un mundo donde las balas no atraviesen la frontera. Y aunque puede parecer una misión imposible, nuestros líderes están dispuestos a apostar por la educación y la prevención, instruyendo a los jóvenes sobre los peligros de las drogas sintéticas. ¿Será suficiente para detener la marea criminal? Sólo el tiempo lo dirá. Pero con funcionarios como la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, los proyectos tienen garantía de realización.
Tierra de promesas. Alejandra del Moral y Delfina Gómez, candidatas a la gubernatura del Estado de México, se lanzan al ruedo con plataformas llenas de esperanzas y sueños. Del Moral apuesta por la inversión y la creación de empleos mejor remunerados, mientras Gómez busca duplicar la cantidad de cámaras de vigilancia para mejorar la seguridad. Ambas parecen tener buenas intenciones, pero, ¿serán suficientes para convencer a los mexiquenses de que pueden cumplir lo prometido? El 20 de abril les aguarda un acalorado debate y ahí veremos quién saca más castañas del fuego. No se desgasten antes de tiempo. Escucharlas aumentará potencialmente la credibilidad… de la que gane. (Excélsior, Nacional, p.7)
Como si hubiéramos regresado a la frenética campaña presidencial en el 2015 y 2016, ahora los periodistas estamos cometiendo muchos de los mismos errores. Le estamos dando tiempo y atención inusual a un hombre para quien nada es suficiente, y cuyo único interés parece ser él mismo. Y así como le abrimos, sin darnos cuenta, el camino a la Casa Blanca, ahora, con plena conciencia, debemos resistirnos a cubrir todos y cada uno de sus caprichos.
En mis cuatro décadas en el periodismo nunca había visto a tantos reporteros cubrir a una sola persona como ocurrió recientemente en Nueva York en la presentación de 34 cargos criminales contra Trump. Eran tres cuadras repletas de corresponsales, camarógrafos, productores, técnicos y camionetas de satélite. De hecho, había más periodistas que manifestantes en un evento a favor de Trump en la plaza frente al edificio de las cortes criminales de Nueva York.
Siguiendo la teoría de la falsa equivalencia, muchos reportan las críticas al expresidente pero también difunden varias de sus mentiras e insultos. Así se sostiene la figura pública de Trump; creando un universo paralelo de datos. Él sigue insistiendo, por ejemplo, en que ganó las pasadas elecciones presidenciales del 2020. Esa es la llamada “gran mentira”. Pero para sus seguidores es una cuestión de fe.
Trump ha dividido a Estados Unidos.
Un 79 por ciento de los republicanos rechaza las acusaciones criminales contra Trump, mientras que un 80 por ciento de los demócratas las favorecen, de acuerdo con una encuesta reciente de la cadena conservadora Fox News. Muy pocos políticos podrían mantenerse como candidatos presidenciales luego de que los vincularan con una actriz porno. (Él niega cualquier relación). Pero Trump, lejos de autodestruirse, ha expandido su ventaja (54%) en las encuestas sobre el gobernador de la Florida, Ron DeSantis (24%).
Hace poco le pregunté al abogado criminalista Robert Osuna qué consejo le daría a Trump para su próxima presentación ante el juez. “Le diría que se calle la boca”, me dijo. “Pero no lo va a hacer. Es un cliente difícil. Él no va a parar y eso no le va a ayudar”.
Lejos de callarse, Trump ha aprovechado las acusaciones en su contra para recaudar millones de dólares en fondos de campaña. Pero el peligro es que sus palabras contra el fiscal de Nueva York, contra el juez y contra el sistema de justicia de Estados Unidos creen inestabilidad en el país. En un comentario escrito en la madrugada en redes sociales, Trump amenazó con “muerte y destrucción potenciales” si él era acusado criminalmente.
Ya fue acusado y no pasó nada. Pero el verdadero peligro de sus palabras es que se repitan los hechos del 6 de enero del 2021 en los que varias personas murieron durante una insurrección contra el Congreso en Washington. Esto ocurrió luego de un furioso discurso de Trump.
La verdadera amenaza de Trump no está en las acusaciones judiciales que ha recibido ni en las cuatro investigaciones que se le siguen. Su impacto más negativo ha sido el resquebrajar la confianza y certeza en un sistema democrático que lleva más de dos siglos. Durante todo ese tiempo los estadounidenses han confiado en que el ganador de la Presidencia es quien obtiene más votos electorales. Pero Trump ha infiltrado la duda y la sospecha al no reconocer su contundente derrota en las elecciones del 2020. Recordemos: Biden obtuvo 306 votos electorales contra solo 232 de Trump; y Biden consiguió 81 millones de votos individuales frente a 74 millones de Trump.
Los estadounidenses -y solo los estadounidenses- decidirán si quieren otra vez a Trump en la Presidencia. Así es el juego democrático y siempre hay que aceptar sus resultados. Pero los periodistas también estamos obligados a informar y a cuestionar. Ese es nuestro trabajo. No transmitir ininterrumpidamente, sin filtros ni barreras, todo lo que quiere Trump.
Todo Trump, todo el tiempo, no es periodismo. (Jorge Ramos Ávalos, Reforma, Opinión, p.8)
Se acabaron los abrazos, no balazos. La guerra contra el tráfico, venta y consumo de fentanilo va en serio. La muerte de decenas de miles de personas por el consumo de esta droga —50 veces más potente que la heroína— llevaron a las autoridades estadunidenses a poner en la mira al Cártel del Pacífico. Y es que el saldo negro por el consumo de drogas es más alto que el que arrojan los ataques terroristas en EU.
El Departamento de Justicia sostiene que —en el caso de menores de 45 años—, el consumo de drogas provoca más muertes que los accidentes automovilísticos, el cáncer o covid-19.
El fiscal general, Merrick Garland, le puso número a los muertos por sobredosis, de agosto de 2021 a agosto de 2022 murieron, al norte del río Bravo, 107 mil personas. En dos tercios de ese saldo negro tiene que ver el fentanilo. “Cifras terribles”, sintetizó.
* Al presidente López Obrador no le queda espacio para mirar hacia otro lado. Mas allá de su retórica nacionalista, las presiones de los gringos —ya hasta amenazan con una intervención militar— lo han obligado a renunciar a su política de laissez faire (dejar hacer), popularmente conocida como abrazos, no balazos.
En un comunicado nos enteramos ayer que los gobiernos de México, EU y Canadá trabajarán juntos para combatir la transferencia, facilitación y oferta global del fentanilo “antes de que lleguen al hemisferio occidental”. Para muestra: ayer fue detenido, en Culiacán, César Osvaldo “N”, encargado de los laboratorios donde el Cártel del Pacífico elabora el fentanilo. El anuncio lo hizo la Sedena.
* Estados Unidos encabeza la embestida contra el Cártel del Pacífico. El Departamento de Estado anunció ayer que presentará cargos contra 28 miembros de esa organización criminal. Entre ellos están Ovidio, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán, hijos de El Chapo. La Fiscalía pide para ellos cadena perpetua no revisable.
La justicia de EU ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por cada uno de Los Chapitos que andan libres. Ovidio está detenido, pero solicitan su extradición.
Al anunciar los cargos, la jefa de la DEA, Anne Milgram, sostuvo: “El fentanilo llega a EU por el Cártel del Pacífico. Los Chapitos son los nuevos capos de ese cártel. Han construido un imperio global de tráfico de drogas que es más rudo, más violento y más mortal. Lo utilizan para propagar el nuevo veneno: fentanilo”.
* Se va a poner bueno el foro organizado por Unid@s —y las organizaciones que lo integran— sobre unidad y gobiernos de coalición. El evento tendrá lugar lunes y martes próximos en la Expo Reforma. Los ponentes, moderadores y participantes son de primera. Un “cartel de lujo”, dirán los taurinos. 13 aspirantes presidenciales forman parte de éste.
El primer tema es sobre Gobierno de coalición y cambio de régimen. Participan Diego Valadez, ponente; Marie Claire Acosta, moderadora. Participan: Claudia Ruiz Massieu, Lilly Téllez y Juan Carlos Romero Hicks.
Ese mismo día se abordará el tema de Gobierno de coalición con perspectiva constitucional. El ponente es el exministro de la SCJN José Ramón Cossío. El moderador es José Antonio Crespo y los participantes: Enrique de la Madrid, Gustavo de Hoyos y Santiago Creel.
Más tarde van con el tema Sociedad civil en gobierno de coalición. Ponente: Luis Carlos Ugalde; moderadora: Xóchitl Gálvez. Participan: Beatriz Paredes, Demetrio Sodi y Silvano Aureoles.
El martes se abordará la Política de seguridad en gobierno de coalición. Ponente: Guillermo Valdés. Moderadora: Margarita Zavala. Participan: Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Miguel Mancera.
En el tema Política económica el ponente es Macario Schettino; la moderadora es Cecilia Soto y participan Ildefonso Guajardo y José Ángel Gurría.
* Pudo más la presión que el miedo a debatir con su adversaria Alejandra del Moral. La candidata de Morena al gobierno del Edomex, Delfina Gómez, sí va al debate del 20 de abril, aseguró Mario Delgado, presidente de Morena.
Lo dijo luego de que el equipo de la candidata obradorista propusiera que se aplazará el primer debate hasta el 28 de abril “por compromisos ya contraídos”.
En Coahuila, el otro estado donde hay elección para gobernador, el primer debate se realizará este domingo. Manolo Jiménez, de la alianza Va por México: Armando Guadiana, Morena; Ricardo Mejía, PT, y Lenin Pérez, PVEM y UDC, debatirán sobre seguridad, educación, transparencia, agua, niñez y juventud. Moderan los periodistas Javier Solórzano y Sandra Romandía. (Francisco Garfias, Excélsior, Nacional, p.4)
Cuando Malú Micher advirtió el miércoles 13 de abril, en la tribuna del Senado de la República, que “allá en la Cámara de Diputados quieren mandarnos una reformita que aquí no la vamos a aprobar”, el rechazo a la pretensión de amarrarle las manos al Tribunal Electoral se había vuelto irremontable.
Fue una declaración que abiertamente contradijo el cabildeo que entre las bancadas de Morena, PT, PVEM y PES hizo a favor de la reforma, ese mismo día, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien habló de la importancia que para el gobierno tenía acotar los alcances interpretativos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Y esas dos escenas confirmaron que la negociación de la reforma se había convertido en terreno de jaloneo de la partidocracia mexicana: de un lado, las llamadas corcholatas buscando mejores condiciones para promoverse y, de otro, la oposición de Va por México, más preocupada por la alternancia de género que por competirle en serio a la autoproclamada Cuarta Transformación.
“¡Allá hay patriarcado y aquí hay feminismo! ¡No pasará!”, sentenció la senadora de Morena e integrante del equipo de campaña del canciller Marcelo Ebrard.
La advertencia de Malú Micher anticipaba el entierro de una iniciativa que los coordinadores de las bancadas de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT y PRD habían construido antes de Semana Santa en San Lázaro, con el fin, dijeron, de delimitar los alcances del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en asuntos que, alegaban, eran competencia del Congreso.
La idea de atajar a los magistrados electorales se había concebido desde 2021, ante las resoluciones que obligaron a los partidos a la paridad en las candidaturas a los gobiernos estatales; y a postular diputados que representaran a pueblos indígenas y afrodescendientes, migrantes, personas con discapacidad y comunidad de la diversidad sexual.
Con el aval de sus respectivas dirigencias partidistas, los coordinadores en la Cámara retomaron esa idea después de que el TEPJF les instruyó que las finalistas de la quinteta para relevar la presidencia del INE debían ser sólo mujeres y la resolución se sustentó en la necesidad de que ahí se concretara la alternancia de género.
Una vez que la iniciativa se filtró en los medios y en la conversación en redes sociales, en la última semana de marzo, el día 27, la Red de Mujeres en Plural lanzó la alerta de que modificar los artículos 41, 73, 99 y 105 de la Constitución afectaba la protección y garantía de los derechos políticos de las mujeres y atentaba contra la democracia.
Y aunque por las vacaciones de los primeros días de abril bajó el volumen a los reclamos, éstos fueron creciendo exponencialmente mientras más se conocían las implicaciones de una propuesta que, por fin, rompía la polarización entre las dirigencias partidistas, unidas en el interés de garantizar manga ancha para el reparto de las candidaturas hacia 2024, alegando un intervencionismo excesivo del TEPJF en la vida interna de sus partidos y en el Congreso.
La incongruencia de la oposición del PAN, PRI y PRD alcanzó niveles inéditos cuando, en lo oscurito, aceptaron las peticiones de Morena de aprovechar la reforma para despenalizar los actos anticipados de campaña, una pretensión contenida en el mismísimo plan B que tanto cuestionaron, el cual también ponía en riesgo la garantía de la paridad de género y debilitaba al Tribunal Electoral.
Al activismo de Mujeres en Plural, que buscó a los diputados de todas las fracciones para argumentar por qué su iniciativa significaba la destrucción de la democracia constitucional, dando paso a la impunidad en la vida de los partidos, se sumaron las organizaciones de la marea rosa del 13 de noviembre y el 26 de febrero, viralizando la exigencia de que El Tribunal Electoral tampoco se toca.
Ese mismo miércoles 13 de abril, las presiones externas obligaron a la dirigencia de Marko Cortés, en Acción Nacional, a bajarse de la impugnada reforma que, además, carecía del arropamiento sincero entre los diputados. Esa decisión arrastró irremediablemente a sus aliados del PRI, Alejandro Moreno, y del PRD, Jesús Zambrano, a quienes les tocó cumplir lo que discursivamente han ofrecido: hacerse acompañar de los ciudadanos y de sus activistas.
En la encerrona que la bancada panista tuvo en San Lázaro el martes 12, y que concluyó en la madrugada, Margarita Zavala, Juan Carlos Romero Hicks, Humberto Aguilar Coronado, Jorge Triana y el presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel, manifestaron su rechazo y sus dudas sobre un proyecto impopular, y con el calendario electoral encima. En los grupos parlamentarios del PRI y del PRD igualmente había voces en contra. Pero en los tres casos cerraron filas con las negociaciones que sus coordinadores seguían realizando.
En contraste, una decena de diputados de Morena rompieron la simulación del consenso ventilando sus desacuerdos con una reforma contraria a las acciones afirmativas: Irma Juan Carlos, Salma Luévano, Hamlet García Almaguer, Emmanuel Reyes, Sergio Peñaloza, Susana Prieto, Mónica Herrera Villavicencio y Aleida Alavez.
Si bien ahora el coordinador de la mayoría legislativa, Ignacio Mier Velazco, le echa la culpa a su homólogo del PAN, Jorge Romero Herrera, por haberse rajado en el pacto que habían hecho, la realidad es que ambos fueron derrotados al interior de sus propios partidos. (Ivonne Melgar, Excélsior, Nacional, p.5)
En mayo de 2022, Ovidio Guzmán se reunió con otros miembros del Cártel de Sinaloa en un rancho remoto en Sinaloa. Los custodiaban 40 hombres con rifles y seis camiones blindados con ametralladoras en sus techos.
Durante la reunión, Ovidio dijo que estaba trabajando para centralizar la manufactura del fentanilo en Sinaloa, donde él y sus hermanos tenían control. Les preocupaba la DEA, que había enfocado su actividad antinarcóticos en el fentanilo.
En la reunión, Ovidio cerró un negocio con un distribuidor en Los Ángeles. Allí también estaba la DEA, a través de informantes.
Durante los últimos tres años, estos informantes han grabado a Ovidio haciendo negocios, han confirmado quiénes son los cocineros, los distribuidores, los operadores, los oficiales corruptos en ambos lados de la frontera que ayudaron a Ovidio a convertirse en un operador clave del trasiego de fentanilo desde México a Estados Unidos. Ahora, lo que averiguaron está en una acusación criminal.
El 4 de abril, Nueva York estaba atenta a Donald Trump, quien se declaraba no culpable de 34 cargos de fraude. Ese día, un caso mucho más discreto se decidió en otra corte en Manhattan. Era el caso contra los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, apodados por las autoridades de Estados Unidos como “Los Chapitos”.
“Los Chapitos” son Iván, Alfredo, Joaquín y Ovidio. Tienen 39, 36, 36 y 33 años. Hace una semana, un gran jurado decidió acusarlos por narcotráfico de fentanilo, junto a otras 24 personas. Los detalles en el documento, que conté al inicio de este texto, dan un vistazo de lo que tiene Estados Unidos para probar el caso. La acusación confirma algo que publiqué aquí: las agencias de EU infiltraron el círculo Guzmán.
Para conseguir el precursor de fentanilo, “Los Chapitos” han usado a una mujer, Ana Gabriela Rubio. Desde Guatemala, ella ha comprado precursores de fentanilo en China y los han metido a México. En China, Rubio consigue los precursores con empresas legales, como SK Biotech, en Wuhan. Los mandan por una aerolínea china hasta México, o hasta Mazatlán, vía Nueva York o Alemania. La DEA interceptó comunicaciones entre los proveedores, tan recientes como en marzo pasado.
Desde 2014, la DEA ha seguido los negocios de “Los Chapitos”. En aquel año, comenzaron a fabricar fentanilo en un laboratorio improvisado, en una modesta casa en Culiacán. Ahora, tienen un laboratorio subterráneo cerca de Culiacán, muy custodiado, con ascensor, estufas industriales y prensas para pastillas.
La DEA también logró grabar a Ovidio mientras negociaba con un distribuidor. Le dijo que “Los Chapitos” pagarían a la policía entre Culiacán y Tijuana para asegurarse de que no habría decomisos de fentanilo. La acusación de Nueva York dice que “Los Chapitos” introducen el fentanilo a Estados Unidos a través de ciudadanas estadounidenses, que se insertan hasta 2,000 pastillas en sus cuerpos, o por un túnel de más de dos kilómetros entre la frontera de México y Estados Unidos en Arizona.
Los traficantes gastan unos 800 dólares en un kilo de precursor de fentanilo y fabrican unas 415 mil pastillas. Las venden entre 50 centavos y tres dólares cada una. Para lavar las ganancias, “Los Chapitos” reciben dólares en efectivo, que esconden en autos, a través de tiendas en México o en criptomonedas.
La DEA siguió estas operaciones. Entre 2018 y 2020, un solo distribuidor de fentanilo de Ovidio en California envió a México más de 24 millones de dólares de ganancias, lavados. Entre agosto de 2022 y febrero de este año, otro operador lavó más de un millón de dólares en criptomonedas.
Este jueves, funcionarios de México y Estados Unidos se reunieron en Washington para hablar del fentanilo. Horas después, se hicieron públicas las acusaciones de Nueva York contra “Los Chapitos”; una más, en la misma ciudad, contra Ovidio y una tercera contra ellos mismos, radicada en una corte de Illinois.
Mientras esto ocurre en Estados Unidos, el Ejército mexicano casualmente logró detener a un productor de fentanilo en Sinaloa. México sigue minimizando el tema del fentanilo, y Estados Unidos sigue poniendo toda la carne en el fuego. El asunto dará para mucho más. (Peniley Ramírez, Reforma, Opinión, p.8)
¿A quién se refiere Tomás Zerón cuando dice que algunas de las personas de confianza del presidente de México están metidas en el lodo de la corrupción?
Este es el dardo más venenoso, de entre los muchos y filosos que fueron lanzados durante la entrevista que el ex director de la Agencia de Inteligencia Criminal (AIC) ofreció a los periodistas israelíes Italy Ilnai y Ronen Bergman del diario Yedioth Ahronoth.
Este texto publicado el viernes 7 de abril utiliza los términos “los más” y “cercanos”, cuando Zerón afirma que Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, habría referido la supuesta dificultad que significa trabajar para una administración penetrada, desde el círculo presidencial, por la corrupción.
Afirma Zerón que esa declaración fue grabada durante la conversación que ambos sostuvieron el miércoles 16 de febrero de 2022 en un restaurante de comida griega, ubicado al norte de la ciudad de Tel Aviv. No solo hay evidencia de que el encuentro ocurrió sino también de que la trascripción de esa charla fue entregada el año pasado al periódico estadunidense The New York Times.
Sin embargo, fuentes que refieren haber tenido acceso a esa transcripción me señalan que el emisor original de esa frase no habría sido el subsecretario Encinas, sino el propio Zerón quien, hacia el final del encuentro habría dado nombres precisos de personas que pondrían en tela de juicio la honestidad del entorno de “los más cercanos” que rodea al primer mandatario.
Por sobre todas las cosas Tomás Zerón es un productor de escenas. Una suerte de dramaturgo de la política que igual inventó el cuento del basurero de Cocula que fabricó para estos ingenuos periodistas la crónica falsa sobre su participación, en dos ocasiones, en el apresamiento de Joaquin el Chapo Guzmán Loera.
El texto publicado en el Yedioth Ahronoth es otro capítulo de creatividad narrativa zeroniana, el cual comienza con el muy bíblico título “El Job Mexicano.” Ni como comparar a Zerón con aquel profeta que fue tentado por Satanás –con permiso de Dios– para medir su fe. El pobre Job perdió a sus primeros hijos, fue despojado de sus tierras y sus bienes, tuvo sarna, fue pobre y su mujer lo abandonó. No obstante, el profeta se mantuvo fiel al Creador y por ello al final fue recompensado.
¿Qué tiene todo esto que ver Job con Zerón? Un poco de investigación, al menos en un buscador de internet, habría salvado la honra de Ilnai y Bergman. Zerón es todo menos un santo. Hay pruebas abundantes de que es un fabricante de culpables, un obstructor de justicia, un torturador, un falsario y también un manipulador. Pesan igualmente sobre él sospechas de corrupción cometida contra el erario por su intervención ilegal en compras públicas.
Con todo, en la pieza de Yedioth Ahronoth el exdirector de la AIC es presentado como un hombre decente y honesto –“una estrella de rock del sistema legal mexicano”– que, presuntamente, por haber cumplido con su deber, es perseguido por el corrupto sistema político de su país.
Para apuntalar su narrativa, Zerón utilizó la conversación con Alejandro Encinas de febrero del 2022, que es el único contacto que este ex policía ha tenido con el actual gobierno. Zerón expone ante los periodistas al subsecretario de Gobernación como un sujeto ingenuo y a la vez como un traidor sin consciencia. Según el Job mexicano, Encinas le habría suplicado para que le ayudara a descifrar la tragedia de los normalistas.
“Ayúdame a clarificar el caso”, le habría implorado, “y yo te garantizo el apoyo del presidente López Obrador”. A cambio, afirma Zerón, el funcionario le habría prometido inmunidad ya que, según su propio criterio, Encinas no creía que él fuese culpable de nada de lo que se le acusa.
No fue ingenuo haberse sentado con Zerón, porque eso es lo que tenía que hacer Encinas para conocer la verdad. En todo caso podría acusársele de candidez si, asumiendo buena fe en su interlocutr, no lo grabó de vuelta. Pero cabe esperar que dos políticos con experiencia larga, como la de Encinas y Zerón, hayan registrado esa conversación recíprocamente.
El problema es que solo Zerón ha dado a conocer su versión y en ella ridiculiza, no solamente al subsecretario, sino al gobierno para el que trabaja.
Todavía peor, también lo extorsiona. A lo largo de la entrevista Zerón siembra tres ideas que, en conjunto, configuran una amenaza. Primero confirma que durante su gestión tuvo acceso a teconología sofisticada para practicar espionaje. Se jacta incluso de haber provocado en México una revolución gracias a la compra de equipo y programas de facturación israelí, como por ejemplo el programa maligno Pegasus.
Luego advierte que, gracias a esa tecnología, cuenta con información que confirmaría nexos corruptos dentro del gobierno. Por ejemplo entre las Fuerzas Armadas y el crimen organizado..
Adelante afirma que, después de haber abandonado el país, conservó documentos de inteligencia, los cuales, de hacerse públicos, provocarían un gran escandalo. En este contexto, Liora Turlevsky, su abogada, desliza que, de verse comprometida la residencia de Zerón en Israel, dicha información podría hacerse pública.
El remate de este argumento es la acusación de Zerón contra personas de la confianza presidencial (“los más cercanos”) cuyos rastros de corrupción estarían contenidos en sus explosivos documentos.
Según la grabación en manos del New York Times, durante aquella cita del año pasado, Encinas supo, en concreto, de quién estaba hablando el ex policía, pero es falso que fue el subsecretario quien sacó el tema en la conversación. Sería prudente que Encinas cierre el paso a estas habladurías con pruebas más contundentes que las sugeridas por Zerón. De lo contrario, el Job mexicano no se tentará el corazón a la hora de resucitar basura si tal cosa le sirve para sobrevivir su deambular como ex patriado.
Un personaje principal de esta trama es la abogada que estuvo presente durante la entrevista con Ilnai y Bergman, muy probablemente facilitando la traducción. Liora Turlevsky no es una actriz del todo desconocida para México. Ella es la abogada de Andrés Roemer, quien ha sido denunciado por decenas de mujeres que habrían sido víctimas sexuales de su violencia. Sin embargo Turlevsky presume a este otro cliente como un hombre ejemplar que con coraje y bravura ha sabido enfrentar, también, a las corruptas instituciones mexicanas.
Zerón no va a regresar a México, pero sus acusaciones sí. Así como fue desenmascarado su falso basurero, tendría que serlo el nuevo espectáculo que ahora está montando. (Ricardo Raphael, Milenio, Política, p.14)
Mucho se ha dicho sobre politizar la justicia, señalamiento presente en las acciones penales contra funcionarios públicos. Sin embargo, también es evidente, relevante y muy visible el proceso de judicializar a la política. Y me anticipo, no hablo de, por ejemplo, la estrategia de campaña de candidatos que buscan obstaculizar a sus adversarios con demandas, sino del quehacer democrático e institucional. Me refiero a la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al atender controversias o acciones de inconstitucionalidad por reformas aprobadas en el Congreso.
Me refiero también al trabajo regular del Tribunal Electoral que ha estado presente en las sentencias en materia de revocación de mandato o la revisión de la convocatoria de la Cámara de Diputados para la renovación del Consejo General del INE. Igualmente, en las resoluciones respecto al proselitismo de aspirantes presidenciales o en los temas que involucran a las dirigencias de los partidos. En todos estos casos, la decisión judicial tiene el potencial de alterar la vida interna de las organizaciones políticas del caso.
La revisión de las decisiones del Congreso por parte de la Corte representa un capítulo trascendente de la vida institucional del país. El presidente de la República y su mayoría en el Congreso han aprobado normas de discutible constitucionalidad especialmente la que se refiere a la militarización de la Guardia Nacional y las relacionadas con la reforma electoral, el llamado Plan B. Es natural que quienes promueven y aprueban una reforma resientan y cuestionen la actuación del Poder Judicial federal. Sin embargo, es fundamental para la vida democrática contar con medios para someter todo acto de autoridad a su apego a la Constitución, incluyendo las determinaciones del Congreso.
En este sentido judicializar a la política es la vía más razonable, cierta y segura para dirimir las diferencias por su constitucionalidad que tienen que ver con el ejercicio del poder y las decisiones del Congreso.
En estos momentos difíciles e inciertos la SCJN y el Tribunal Electoral adquieren la mayor importancia en acreditar el pacto social que une al país y orienta la vida pública a través de, precisamente, la vía judicial buscando dar supremacía a la Constitución. (Liébano Sáenz, Milenio, Al Frente, p.2)
Uno de los principales problemas que enfrentan las izquierdas en el poder, en América Latina, es construir hegemonías duraderas dentro de marcos constitucionales que limitan, a distintos grados, la reelección presidencial. Ese conflicto se refleja en la incertidumbre o impredictibilidad que se vive antes de la designación o, en el mejor de los casos, la elección interna del candidato o la candidata a la sucesión.
En México existe una brillante tradición de pensamiento político sobre la sucesión presidencial, en el siglo XX, que va de Francisco I. Madero a Daniel Cosío Villegas, y que ayuda a comprender la importancia de lo imprevisible o lo incierto en procesos democráticos con un mínimo de competencia política. En 1975, Cosío Villegas cuestionaba mecanismos como el destape y la unción del Delfín, por parte del presidente en el México del PRI, pero reconocía que algo de aquella incertidumbre democrática se escenificaba en el momento previo, cuando los aspirantes salían a escena.
En los tres casos, Argentina, México y Bolivia, las oposiciones también tienen posibilidades de llegar a la presidencia. Con más solvencia en Argentina, menos en México y, sobre todo, en Bolivia, las probabilidades de una interrupción o alternancia del proyecto de gobierno están abiertas
Hay gobiernos de la izquierda latinoamericana, como los de Gabriel Boric, Gustavo Petro y Lula da Silva, que apenas comienzan, en los que no se siente aún la ansiedad de la sucesión presidencial. Pero otros como el argentino de Alberto Fernández, el boliviano de Luis Arce y el mexicano de Andrés Manuel López Obrador, ya están en plena dinámica sucesoria, aunque a diferentes niveles.
En Argentina es difícil afirmar, a unos meses de las elecciones primarias, quién será el candidato de la izquierda hegemónica: si el presidente Fernández buscará la reelección o si intentarán sucederle el ministro Sergio Massa, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner o, según versiones periodísticas, el hijo de ésta, Máximo Kirchner. Esos escenarios imponderables o impredecibles son elementos constitutivos de una democracia.
Lo mismo podría decirse de Bolivia, aunque en una pugna más acotada y riesgosa. El ex presidente Evo Morales y el presidente Luis Arce quieren reelegirse. El estudioso argentino Pablo Stefanoni ha analizado al detalle esta fricción dentro del hegemónico Movimiento al Socialismo (MAS), que poco a poco va perfilando un desdoblamiento de ese partido en la sociedad, la Asamblea Legislativa Plurinacional y la esfera pública boliviana. Esas tensiones y, eventualmente, fracturas, también forman parte de un proceso político democrático.
En México existe una brillante tradición de pensamiento político sobre la sucesión presidencial, en el siglo XX, que va de Francisco I. Madero a Daniel Cosío Villegas, y que ayuda a comprender la importancia de lo imprevisible o lo incierto en procesos democráticos con un mínimo de competencia política
En México se vive una incertidumbre similar, antes de la nominación oficial —según unos, decidida por el actual presidente, como en la época del PRI; según otros, como resultado de una encuesta interna de Morena— de la candidata o el candidato a suceder a Andrés Manuel López Obrador. Todavía quedan unos meses de “semidesnudos y tapados”, como decía Cosío Villegas, de “novedad e incertidumbre”, a la que se sumará luego la sana falta de certeza si, desde la oposición o el propio bloque hegemónico, surgen otras candidaturas competitivas.
En los tres casos, Argentina, México y Bolivia, las oposiciones también tienen posibilidades de llegar a la presidencia. Con más solvencia en Argentina, menos en México y, sobre todo, en Bolivia, las probabilidades de una interrupción o alternancia del proyecto de gobierno están abiertas. Ese umbral de cambio es consustancial a la democracia, por mucho que los discursos oficiales, en los tres países, establezcan una sinonimia entre derecha y autoritarismo.
¿Dónde sí parece descartado cualquier desvío del guion oficial? Otra vez, en Cuba, Venezuela y Nicaragua. En una semana, Miguel Díaz-Canel, que fue designado como sucesor, en 2018, por Raúl Castro y la cúpula del Partido Comunista, será reelecto por una Asamblea Nacional sin representación opositora. En un año —si es que no se adelanta el proceso electoral previsto para 2024— veremos a Nicolás Maduro reelegirse en Venezuela. Y en 2026, Daniel Ortega intentará lo mismo, por quinta vez, en Nicaragua. (Rafael Rojas, La Razón, Informativa, p.4)
El Instituto Nacional Electoral (INE) es un organismo autónomo que basa su importancia en ocuparse de tareas específicas del Estado Mexicano sin la intervención de alguno de los poderes. Esta entidad será responsable de las elecciones de 2024, donde se espera la participación de al menos 94 millones de personas, quienes depositarán no sólo su voto sino su confianza para construir un país más justo y equitativo… de ese tamaño es el encargo.
Durante los últimos meses, el INE ha capturado la atención mediática y social, y una de las razones ha sido la renovación de su órgano de gobierno, procedimiento que ha estado lleno de contrastes y turbulencias. Como sabemos, el pasado 31 de marzo en la madrugada se designó a cuatro personas para ocupar un lugar en su Consejo General, incluyendo a una mujer como su primera presidenta. Esta situación, histórica y plausible, es resultado de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que así lo ordenó al indicar que la quinteta para la presidencia fuera integrada exclusivamente por mujeres.
Este proceso inició con la inexplicable desaparición de la convocatoria para la elección de cuatro personas consejeras electorales, aprobada por unanimidad el 13 de diciembre del año pasado, encendiendo las alertas de falta de transparencia. Este documento fue el único que no se publicó en la Gaceta Parlamentaria, medio oficial de la Cámara de Diputados, ni al día siguiente ni en días posteriores. A pesar de ello, inició la recepción de propuestas para integrar el Comité Técnico de Evaluación (CTE), órgano ciudadano determinante en dicha designación. Este comité debía implementar la metodología de evaluación y, a partir de ella, proporcionar a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) las quintetas para cada vacante.
Para conformarlo, tanto el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) debían enviar sus propuestas, pero pocos días antes de finalizar el año, la CNDH se retractó ante los cuestionamientos por la evidente militancia partidista y la falta de experiencia en materia electoral de una de sus primeras propuestas. Este es un ejemplo de las consecuencias de una designación llevada a cabo con poca transparencia y participación ciudadana, y la manera en la que perfiles carentes de autonomía afectan el trabajo de las instituciones, que tendrían que ser, precisamente, autónomas y diligentes. Para subsanar las deficiencias de la convocatoria, el mismo TEPJF revocó el acuerdo y señaló modificaciones que provocaron resistencias en la Cámara de Diputados, reduciendo así el tiempo original para este proceso de tres meses a sólo uno, pues fue hasta el 16 de febrero que el CTE se instaló con siete integrantes, arrastrando ya ciertas sospechas acerca de su integración (con algunos perfiles poco idóneos para el encargo) y la demora de las y los diputados para atender la sentencia.
Para llegar de 664 personas inscritas a 20 finalistas en las quintetas (una para cada responsabilidad en el consejo), el CTE trabajó de manera acelerada en la revisión documental de cientos de aspirantes, en la aplicación de un examen de conocimientos, en casi un centenar de entrevistas y, finalmente, en una nueva revisión de expedientes para filtrar, a partir de criterios objetivos, y así garantizar la experiencia electoral e independencia de las fuerzas políticas de las y los finalistas. Sin embargo, esto no sucedió del todo.
A pesar de diversos aciertos en el proceso de designación, es lamentable que no se retomaran algunas buenas prácticas de ejercicios anteriores, como las entrevistas públicas realizadas por la Jucopo a las y los aspirantes finalistas, o que durante la última etapa pareciera que en la Cámara de Diputados no se buscó un acuerdo político que pudiera ser votado por el pleno y, como recurso previsto, se optó por la insaculación, lo que resulta sospechoso a la luz de las declaraciones de representantes de otros poderes que insistieron, de manera entrometida, en que se optara por el sorteo en lugar de un acuerdo. Confirmamos la necesidad de mejorar tales procesos para avanzar hacia designaciones apegadas a los más altos estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas. En consecuencia, es importante reconocer las prácticas que no funcionaron y adoptar medidas para mejorar la calidad de las próximas designaciones. Aún falta mucho por hacer para garantizar procesos más democráticos, donde se elimine la discrecionalidad en estas decisiones y se prioricen la experiencia y las capacidades tanto de las y los aspirantes como de quienes se encarguen de las tareas de evaluación y selección de los perfiles en estas altas responsabilidades públicas. (Mariana Bermúdez*, La Jornada, Opinión, p.12)
Estamos ante una de las mayores filtraciones de documentos clasificados de EU quizás en toda la historia. De hecho, al momento de este escrito, nos seguimos enterando de más documentos filtrados, y según se reporta, vienen muchos más. Esto es, además, particularmente delicado, pues ocurre bajo el contexto de la mayor confrontación militar que se ha vivido después de la Segunda Guerra Mundial, una confrontación que tiene todo el potencial de seguirse prolongando y siempre el riesgo de escalar. Así que, de manera natural, las preguntas iniciales al respecto tenían que ver con quién o quiénes habrían filtrado estos documentos y con qué agenda. De acuerdo con lo último que se ha publicado hasta el momento, las primeras suposiciones han cambiado puesto que la persona presuntamente responsable de las filtraciones, según se indica, lo habría hecho sin un objetivo mayor que compartir con un grupo en línea del que formaba parte. Habrá que esperar y ver si surge más información sobre las motivaciones de esa persona y su grupo. Por lo pronto, lo que parece un hecho es que al revisar de manera conjunta varios de los documentos, se puede visualizar cómo éstos impactarán tanto en la postura más negociadora o antiguerra, como en una más aislacionista en EU. Comparto algunas reflexiones al respecto.
No obstante, dichos documentos revelan tácticas, movimientos y datos que, de haber estado efectivamente en posesión del ejército ruso, quizás hubiese sido más inteligente conservar en secreto para que sus enemigos no supieran que ese ejército ya contaba con esa información. A menos de que el objetivo hubiese sido la desinformación y no preservar secretos táctico-militares.
No obstante, y a reserva de lo que las investigaciones futuras revelen más adelante, el hecho es que cierta línea que se puede extraer de los documentos filtrados, sí parece tener efectos considerables sobre determinadas agendas o líneas discursivas.
(a) El ejército ucraniano está bastante más debilitado de lo que comúnmente se comenta;
(b) Su consumo de municiones y proyectiles está excediendo la capacidad de sus aliados para reabastecer el arsenal, sus tropas se encuentran muy mermadas y la moral en ese ejército, tan vitoreada en meses previos, ahora sí parece estar altamente desgastada;
(c) Sus sistemas de defensa antiaérea están a punto de colapsar si no son rápidamente reabastecidos (y no con pocos, sino con una gran cantidad de misiles antiaéreos). De no hacerlo, ello abriría las puertas de los cielos ucranianos a las fuerzas aéreas rusas, alterando probablemente el curso de la guerra de manera dramática;
(d) Bajo las condiciones actuales, Ucrania se encuentra capacitada, si acaso, solo para conseguir “ganancias territoriales modestas” en su tan anunciada contraofensiva primaveral.
altísima inversión que Estados Unidos está llevando a cabo tiene el potencial de colapsar y hacer quedar mal parada a la superpotencia si es que las cosas siguen como están.
Esa línea interpretativa no solo es favorecida por sectores en Europa o en Washington que han estado empujando desde hace meses por buscar el final de la guerra y procurar una solución negociada (como ha sido expresado por el jefe del Estado Mayor Conjunto en EU, el General Milley), sino que también sirve a intereses de corrientes más aislacionistas como las que se ubican en ciertos sectores de la extrema derecha estadounidense. Algunas personas ubicadas en esa corriente, como la representante Marjorie Taylor Greene, buscando que se reduzca el respaldo a Ucrania, se han subido rápidamente a ese tren. En un tuit, la representante dijo: “Jake Teixeira es blanco, hombre, cristiano y está en contra de la guerra. Eso lo convierte en un enemigo del régimen de Biden”. No olvidemos que, como ya se ha compartido acá, según encuestas del WSJ, casi la mitad de electores republicanos considera que Estados Unidos está haciendo “demasiado” por Ucrania.
Hay una postura que podríamos denominar más intermedia, muy bien explicada por Richard Haas y Charles Kupchan en su texto de Foreign Affairs de esta misma semana. El planteamiento que proponen para Occidente, sería impulsar en lo inmediato a Ucrania de forma que obtenga las mayores ganancias posibles durante los próximos meses, y posteriormente presionar a las partes para un acuerdo negociado y poner así fin a la guerra. Sin embargo, ese texto fue escrito seguramente antes de que los documentos filtrados tuvieran la publicidad que adquirieron estos últimos días. Si esos documentos se leen al detalle, incluso la propuesta de Haas y Kupchan parece poco plausible. Ucrania, dicen esos documentos, no está en posibilidades realistas de obtener más que ganancias modestas en el corto plazo (y eso, asumiendo que sus defensas antiaéreas sí sean reabastecidas inmediatamente). Por tanto, bajo esa línea interpretativa no queda alternativa sino negociar con Putin más pronto que tarde.
En fin, posiblemente mayores investigaciones sobre este tema revelarán algo diferente o más amplio de lo que hasta ahora conocemos. Lo que sí podemos afirmar, independientemente de ello, es que el desgaste y la prolongación de esta guerra, como es natural, ya están teniendo un peso material y psicológico importante. Tanto dentro de Ucrania, como entre y al interior de muchos de los países que le apoyan. Pensar que la situación actual se puede perpetuar demasiado tiempo más sin consecuencias para los pilares que hoy han logrado sostener a Kiev, es una visión que podría pecar de inocencia. (Mauricio Meschoulam, El Universal, Opinión, p.15)
Saqueo en Coahuila (no sólo ahí) // ¿Sólo 5 mil millones robaron? // PRI se niega a perder el negocio
A nadie caen mal 5 mil millones de pesos de recursos públicos, sobre todo si ellos tienen como destino el beneficio de la población. Ahora, si esos dineros resultan de un atraco al erario –federal o estatal– y se destinan ilegalmente a fines privados, entonces no sólo se trata de un hurto, sino un delito de lesa progenitora, una robadera tremenda y por eso no alcanzaba el presupuesto, y crecieron tanto las deudas (AMLO dixit), tanto estatales como municipales y, desde luego, la federal. Todo, a costillas de los mexicanos, quienes han pagado, pagan y pagarán por los excesos y robos cometidos por sus representantes.
Ese monto es el que, oficialmente, se embolsó Héctor Javier Villarreal Hernández, ex tesorero de Coahuila durante el gobierno del priísta Humberto Moreira, quien, dicho sea de paso, difícilmente fue ajeno a esa robadera tremenda, mientras caía en vertical el bienestar de los habitantes y el progreso se mantenía prófugo. Sin embargo, el problema es aún mayor cuando se constata que esa práctica –vigente– se dio en prácticamente todos los estados de la República, en cada uno de sus municipios y a nivel federal.
No es gratuito, pues, que la deuda de esas entidades, denominada subnacional, haya crecido de forma escalofriante: entre 2006 y 2020 pasó de 160 mil a 670 mil millones de pesos (420 por ciento, en números cerrados), de acuerdo con la estadística del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.
Lo anterior ya es grave, pero adquiere tonalidades de terror cuando se conoce, por la misma fuente informativa, que de 1992 a septiembre de 2011 el saldo de la deuda pública de las 31 entidades de la República más el –entonces– Distrito Federal creció la friolera de 2 mil por ciento, lo que da cuenta de la corrupción y el atraco imperantes en todos los niveles de gobierno, toda vez que nadie en la administración federal ni en los partidos políticos se tomó la molestia de poner un freno a esa escalada en endeudamiento, el cual fue inversamente proporcional al comportamiento económico de esas mismas entidades y a la caída libre del bienestar social de sus habitantes.
Si los 5 mil millones de pesos robados al erario por Héctor Javier Villarreal Hernández, el tesorero de Humberto Moreira, fueran la norma, el patrón para robar, entonces lo succionado por los gobernadores fácilmente podría ascender (sólo en materia de endeudamiento) a 160 mil millones de pesos, es decir, una robadera tremenda, porque no sólo el ex profesor danzarín (unos de los hijos de Elba Esther Gordillo) –a quien relevó en el mando su hermano Rubén– incrementó sustancialmente el débito de su estado, sino que otros honorables lo hicieron. Por ejemplo, César Duarte (Chihuahua), Roberto Borge (Quintana Roo), Guillermo Padrés (Sonora), Javier Duarte de Ochoa (Veracruz), Rodrigo Medina (Nuevo León), Miguel Alonso (Zacatecas), Silvano Aureoles (Michoacán), Ulises Ruiz y Gabino Cué (Oaxaca), Graco Ramírez (Morelos), la secuencia de mandatarios panistas en Baja California y más, todos prófugos de la justicia, amparados, sin asomar la cabeza o de plano enchiquerados.
Pero en la zarzuela de la política, nadie dijo ni pío, salvo cuando se aproximaban las elecciones en Coahuila (Rubén sucedería a su hermano Humberto): los gritones panistas denunciaron al segundo por endeudar al estado (37 mil millones de pesos por esas fechas, aunque, claro, callaron por el brutal endeudamiento federal con Calderón en Los Pinos) y así tumbar la pretensión de que la dinastía Moreira se mantuviera en el Palacio de Gobierno de Saltillo (en esos mismos tiempos, cuando menos siete entidades más registraban un cochinero similar, pero los blanquiazules no hicieron mayor caso porque en ellas no habría elecciones; sólo en la saqueada tierra de los hermanos coraje).
Por aquellos ayeres (ya con Humberto Moreira en la presidencia del PRI, antes de su detención en Madrid por cohecho, organización criminal, blanqueo y malversación) se acusó al profesor danzarín de falsificar documentos para obtener mayor crédito de la banca privada, algo que, por lo demás, rima muy bien con el desfalco de su tesorero Villarreal Hernández.
Las rebanadas del pastel
Oficialmente, Notimex, agencia de noticias del Estado mexicano, causa baja de la estructura gubernamental. Lástima: unos querían limpiarla de la enorme corrupción con la que Sanjuana Martínez la encontró y otros mantenerla como negocio particular, con licencia para saquearla. Decisión salomónica de Palacio Nacional. (Carlos Fernández-Vega, La Jornada, Economía, p.16)
El escribidor de esta columna tiene la impresión de haber ya utilizado el título que encabeza las líneas que tan afanosamente descifran los lectores en estos instantes. Pero, caramba, como siempre se puede estar peor y siendo que el deterioro se sigue acrecentando exponencialmente, el espanto del referido sujeto —o sea, el que garrapatea el presente artículo— se ha también incrementado de manera explosiva hasta el punto de recurrir, por causa personal de fuerza mayor, al armario donde tiene almacenados algunos conceptos de presunto uso único.
La vida pública de una nación es, entre otras cosas, una suerte de escenario: se expresan ahí ideas, se intercambian visiones, se contrastan posturas y se debaten, justamente, los grandes temas de interés común.
En las democracias donde se ha consolidado debidamente la institucionalidad, las discusiones son tan sosegadas como poco interesantes para unos ciudadanos ensimismados en su apacible cotidianidad y la clase política no es protagonista en permanencia de las conversaciones como tampoco a los dirigentes gubernamentales te los encuentras, como se dice coloquialmente, hasta en la sopa.
Al contrario, el manejo de los asuntos corrientes es meramente una cuestión de rutina en la que nadie espera encontrar ningún elemento glorioso, deslumbrantemente histórico, trascendente o que deba ser recordado a perpetuidad por las futuras generaciones. Y, derivado de ello, las discusiones públicas suelen ocurrir en un clima de monótona urbanidad salvo cuando la cercanía de algún proceso electoral exige a los interlocutores una pizca más de fogosidad.
Lo que estamos viviendo aquí es enteramente otra cosa: no sólo se han implantado en permanencia los destemplados modos de las campañas electorales —la 4T no parece haberse dado cuenta de que ya gobierna, de que no es la combativa y obstruccionista oposición de izquierda que necesita estar insultando machaconamente a los “privilegiados” o, de paso, a cualquiera que se le ponga enfrente— sino que las formas de siempre han dejado de respetarse y lo que sobrellevamos ahora los mexicanos es un clima de crispación plagado de injurias y ataques.
Es también el reino de la mentira en el que los datos y las cifras comprobables han dejado de importar: lo que cuenta es la fervorosa adhesión al evangelio pregonado por el régimen y la propalación de los credos que se proclaman cada mañana en el palacio presidencial.
Los seguidores de la 4T son serviciales propagandistas de los dogmas oficiales y, azuzados por la fiereza del discurso que entona su comandante supremo, se arrogan a su vez la potestad de ser ellos mismos más intolerantes, más belicosos y, al final, más violentos así sea que su furia se manifieste, por el momento (y afortunadamente), nada más de manera verbal.
Pero eso es justamente lo más perturbador: la progresiva pérdida del comedimiento terminará por abrirle la puerta al verdadero salvajismo. Y, paralelamente, a la arbitraria opresión de las voces disidentes. (Román Revueltas Retes, Milenio, Política, p.7)