Vericuetos. Aprovechando cada resquicio de la ley, los abogados son geniales para hacer largos los procesos. La audiencia del titular del INM, Francisco Garduño, por el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, que dejó 40 migrantes muertos, fue diferida para el próximo martes 25 de abril. El juez de control determinó reprogramar la audiencia debido a que la defensa del funcionario argumentó que apenas ayer por la mañana la FGR le había entregado el expediente, consistente en aproximadamente 10 tomos, por lo que no tuvo tiempo de revisarlo. Mal la FGR al alargar el proceso por no integrar adecuadamente las carpetas. La justicia mexicana dependiendo de un error de dedo. (Excélsior, Nacional, p. 11)
INM, ¿y ahora qué?
Donde observadores de los temas de migración siguen viendo un panorama brumoso es en el Instituto Nacional de Migración, aún encabezado por Francisco Garduño. Porque luego de que el padre Alejandro Solalinde anunciara su desaparición, quedaron en el limbo fechas, objetivos y lineamientos para una eventual reconfiguración o creación de una institución distinta. Ayer fue el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien afirmó que se está llevando a cabo una “revisión total”, esto es, precisó, no sólo de protocolos de actuación sino integral. Lo que es un hecho es que la vertiente de hacer justicia en el caso del incendio en un centro de retención en Ciudad Juárez que costó la vida a 40 indocumentados seguirá ocupando la atención. Por lo pronto, hasta el próximo martes, fecha en la que se reagendó la comparecencia de Garduño ante el juez. (La Razón, La dos, p. 2)
CHIHUAHUA: El titular de Gobernación, Adán López, ordenó a Francisco Garduño, jefe de Migración federal, reunirse con la gobernadora Maru Campos, quien dio un manotazo en el escritorio por la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez. Apatía e ineptitud de Garduño, responsable de la masacre, le dio muchas vueltas a esa reunión. (Víctor Sánchez Baños, El Heraldo de México, Estados, p. 9)
Encinas toma las riendas
Nos cuentan que el subsecretario de la Segob, Alejandro Encinas, agarró la sartén por el mango en el Instituto Nacional de Migración, lo cual no gusta mucho al padre Alejandro Solalinde, quien además de grillar al funcionario busca eliminar el organismo. El caso es que Encinas realiza una revisión profunda en el ente para ubicar prácticas de riesgo, y adelantó que habrá modificaciones. Se prevé que no desaparezca, como pretende el cura. (El Heraldo de México, La dos, p. 2)
El presidente López Obrador acusa a la Ministra Presidenta y a otros ministros de la SCJN de querer negociar plazo para que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de Seguridad. Y les advirtió, a integrantes de la GN, no les contesten el teléfono porque quieren negociar.
La Auditoría Superior de la Federación advirtió desde 2018 problemas de hacinamiento de migrantes por parte de personas mal capacitadas e ineficiencia en oficios de seguridad. Alertaron de anomalías en el Instituto Nacional de Migración, pero no se hizo nada.
Dentro de esas anomalías estaba el maltrato a los migrantes, las presiones de todo tipo e incluso la petición de dinero para atender ciertas necesidades de los migrantes fundamentalmente provenientes de Centroamérica.
Después de la tragedia ocurrida en un llamado refugio que funcionaba más bien como una cárcel de migrantes, y en el que murieron quemados en un incendio 40 migrantes de varios países como Venezuela, El Salvador, Guatemala… Sus cuerpos fueron enviados a sus familias por parte del gobierno de México, sin atención alguna del Presidente con los deudos, tras la tragedia de los migrantes que habían viajado buscando una vida mejor.
Lo que se hace cada día más que evidente es que México carece de una política que proteja los derechos humanos de los migrantes que llegan a nuestro territorio para cruzar hacia Estados Unidos.
La Guardia Nacional ha tenido una política de dureza que puede ser considerada parecida a la de la Patrulla Fronteriza para detener, agredir a los migrantes, regresarlos a sus países o dejarlos caminar atravesando México, en manos de delincuentes que les cobran, les ofrecen llevarlos a la frontera, y en no pocas ocasiones en manos de delincuentes que los suben hacinados en vehículos, varios de los cuales han tenido graves y/o mortales accidentes.
Los migrantes en su inmensa mayoría han recibido malos tratos, golpes, robos, sin lugares donde dormir o descansar, con poca o nula comida y agua, se les ha visto en esta Ciudad de México incluso dormir en las calles.
La mayoría han emprendido largas caminatas para cruzar el país, sin atención, documentos, apoyo alguno e incluso malos tratos de parte del Instituto Nacional de Migración INM. Han pasado horas o días para no obtener documento alguno que les permita cruzar el país, han sido golpeados, las mujeres agredidas y angustiadas con los hijos.
Tampoco en su mayoría han recibido atención de la COMAR, que tiene pocos recursos y que podría, como lo hizo en los años 80, que atendía a los que llegaban a México huyendo de la violencia en sus países centroamericanos, y aquí encontraban trabajo y cobijo. Y si alguien lo duda, pregúntenle a Rigoberta Menchú que recibió al Premio Nobel de la Paz, retornó a Guatemala, su país, y sigue luchando.
Afortunadamente para algunos migrantes, son recibidos en albergues privados o religiosos, donde les dan algo de comer y un lugar donde dormir. Desgraciadamente no alcanzan a cubrir a todos los que lo necesitan, pero sí desarrollan un trabajo humanitario muy importante que es siempre reconocido y agradecido. Los albergues realizan una importante labor humanitaria, olvidada por el gobierno.
Hay que recordar que en el caso de México también ha aumentado la migración en busca de trabajo. La pobreza ha aumentado en los últimos años, así como la falta de trabajo en las ciudades y en el campo.
Sin embargo, ahora la COMAR tiene muy pocos recursos, falta de personal calificado, se encuentra en una situación predominantemente desinteresada por parte del gobierno de México. Se habla poco y menos se analiza por qué está aumentando la migración de mexicanos.
Han cambiado mucho las migraciones de antes y las de ahora. Durante muchos años la migración era de hombres más o menos jóvenes que buscaban trabajo en México y en otros países. Posteriormente comenzaron a integrarse mujeres y ahora la mayoría de los migrantes viajan con familias que incluyen a no pocos menores.
Desafortunadamente, el gobierno de México ha tenido poca atención humanitaria con las familias de los 40 migrantes muertos en el incendio de Cd. Juárez. El Presidente debería haberse comunicado con las familias, reconociendo las pérdidas ocurridas en México, con una actitud de interés en la tragedia vivida por las familias e incluso proporcionando algunos recursos económicos tras la tragedia. La frialdad es desinterés y ausencia total de la responsabilidad de lo ocurrido.
Las palabras mea culpa ya no existen, ni se piensan, ni se sienten, ni se dicen. El Presidente debió por lo menos dar el pésame a las familias, con auténtica sensibilidad humanitaria para la ayuda efectiva y desinteresada.
Los migrantes que atraviesan nuestro territorio demandan y esperan una nueva actitud humanitaria frente a las migraciones. México la ha tenido siempre hacia Centroamérica y América Latina, de donde han procedido migraciones por distintas necesidades y situaciones críticas. Lo recuerdan Chile, Guatemala, Cuba…
México tiene una tarea pendiente que no ha sabido desarrollar: una política propia para atender las migraciones, de cuyas raíces y penurias se ha desentendido. La política migratoria de nuestro país ha sido hostil y dura frente a las tragedias de la migración.
Si recordamos sólo Centroamérica en los 80 con “Contadora”, o Chile tras el golpe de Pinochet que asesinó al presidente Allende, México recibió y albergó una ola muy importante de refugiados… que siguen siendo nuestros hermanos. (Enriqueta Cabrera, El Universal, Opinión, p. 14)
La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, sonreía. Con su mano izquierda, sostenía un documento oficial. A su lado, en la misma actitud, estaba Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México.
Era el 13 de marzo. El evento se anunció con un titular emotivo: “Devolviendo lo que se debe a trabajadores migrantes”. El boletín matizaba el entusiasmo. No se estaba “devolviendo el dinero” sino anunciando un programa piloto para compartir información y “coordinar esfuerzos” para localizar a trabajadores a quienes se les debían salarios.
Los salarios eran 6.5 millones de dólares que empresas estadounidenses robaron a sus trabajadores mexicanos en Estados Unidos.
Cuando se publicó este anuncio, la reportera Tina Vasquez llevaba casi dos años siguiendo la ruta de esos millones. En 2021, ella recibió un tip de una fuente. Le dijeron que empleadores estadounidenses habían robado. El Departamento del Trabajo recuperó el dinero, y el gobierno lo estaba guardando. El gobierno no sabía, y aún no sabe, dónde están casi 13 mil víctimas de esa estafa. Unos meses después, Tina recibió vía transparencia un desglose de cuáles empresas estafaron a sus empleados, y con cuánto.
Visto desde América Latina -con esta idea arraigada del excepcionalismo estadounidense- parece increíble que compañías de EU les roben dinero a agricultores mexicanos, pobres, solos en un país extranjero. Tina descubrió que la realidad es aún peor.
En el verano pasado, comencé a trabajar como productora ejecutiva de la investigación, con el equipo que dirijo, Futuro Investigates; el programa Latino USA, Tina y Prism, la organización donde trabaja.
Queríamos entender los abusos a migrantes, en su mayoría mexicanos. Estas personas viajan a EU con las visas de trabajo temporal H-2A. Pronto encontré que otra reportera de mi redacción, Fernanda Echavarri, había investigado el mismo tema desde 2018. Fernanda investigó en Guanajuato, en Monterrey, Michoacán, Washington. Otras dos reporteras se unieron al equipo: Patricia Sulbarán, desde NY, y Roxana Aguirre, desde México. En los últimos meses, con la edición de Andrea López-Cruzado, hablaron con migrantes que sufrieron abusos, pasaron tiempo con ellos, entrevistaron a sus familias, a sus abogados, a investigadores y activistas, para entender la realidad abusiva detrás de H-2A.
Descubrimos que en este programa hay una consigna implícita: los trabajadores viajan a EU, bajan la cabeza, no protestan y reciben lo que el empleador decida darles. El equipo entrevistó a Mike Ríos, un funcionario del Departamento del Trabajo estadounidense. Ríos dijo que las visas H-2A son “la compra de humanos para realizar trabajos difíciles, a veces incluyendo condiciones de vida infrahumanas”.
Titulamos la investigación como “Head Down” (cabeza abajo), porque esa frase resume nuestros hallazgos. Los trabajadores pagan miles de dólares ilegalmente en México a unos “reclutadores”, el primer filtro para conseguir el empleo. Luego, muchos se financian su viaje a EU, aunque sus empleadores deberían hacerlo. Una vez en las fincas donde deben trabajar, se supone que sus empleadores deben darles comida, albergue y sueldo. En realidad, a varios trabajadores que entrevistamos los hospedaron en sitios hacinados, con colchones inmundos, sin comida. A otros, sus empleadores los estafaron.
Los que se atreven a protestar pagan las consecuencias. Las reglas de las visas H-2A dicen que los trabajadores solo pueden laborar para el empleador que les reclutó cuando estaban en su país, así que no pueden renunciar, ni cambiar de empleador, porque pierden su estatus legal.
A quienes protestan los despiden, los envían a migración y los ponen en listas negras, para que no vuelvan a EU. Por eso muchos callan y aguantan.
“Head Down” es una historia de resistencia. Ha sido un gozo supervisar una investigación que mira críticamente a ambos países. Ojalá que este anuncio de México y EU, en marzo, vaya más allá de la foto. Falta mucho por hacer para localizar a esas víctimas, mejorar sus condiciones laborales y revisar críticamente ese programa. Mientras, ambos países pretenden expandirlo. Esclavitud moderna, le llamaron algunas de nuestras fuentes. Nos toca a todos saber que esto está pasando, y que no debe quedar impune. (Peniley Ramírez, Reforma, Opinión, p. 8)