Las descripciones y testimonios del incendio que sufrió una instalación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, el pasado 27 de marzo, no pueden ser más dramáticas: 40 hombres murieron incinerados al no encontrar una salida cuando el fuego se expandió con rapidez provocado, aparentemente, por uno de los migrantes que buscaba llamar la atención de los guardias ante la falta de agua y alimentos. Muchos más sufrieron quemaduras con distintos niveles de gravedad.
La noticia tuvo resonancia en los medios de comunicación nacionales e internacionales. Surgieron críticas, reclamos y exigencias de cambiar la política migratoria, encontrar y castigar a las autoridades responsables. Activistas de buena fe demandaron el relevo del comisionado del INM (Garduño sigue en su puesto), y oportunistas que nunca faltan, la renuncia del secretario de Gobernación y del secretario de Relaciones Exteriores.
El padre Alejandro Solalinde, cercano al presidente López Obrador, no dejó pasar la oportunidad para declarar ante la prensa lo que “acordó” con el mandatario y adelantó, sin cuidar en lo más mínimo las formas, lo que según él será una profunda reorganización institucional por la cual el citado instituto dejará de existir y en su lugar se creará una Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería, integrada por varios secretarios de Estado, organizaciones de la sociedad civil y un representante del clero como observador.
Habrá que esperar la propuesta del Ejecutivo para valorar sus alcances y posible conveniencia. Tal iniciativa desconoce que, tanto en la Ley de Migración, vigente desde 2011, como en su reglamento de 2012, se establece la creación de un grupo interinstitucional cuyo objetivo es precisamente discutir y, en su caso, sugerir acciones que en su conjunto construyan una política migratoria acorde con lo que marcan las leyes y reglamentos aplicables. ¿Se habrá reunido en este gobierno?
El INM culminaría así su lamentable existencia. Creado el 19 de octubre de 1993 por el presidente Carlos Salinas, suplió a la Dirección General de Asuntos Migratorios, inserta en el organigrama de la Secretaría de Gobernación. Los abogados y gestores que tramitaban ante ella los permisos de internación o regularización de extranjeros residentes en México sabían que era inevitable sobornar a sus funcionarios para resolver con éxito sus trámites. Es decir, como otras muchas áreas del gobierno donde priva la discrecionalidad en sus decisiones, era la única forma de lograr el permiso correspondiente.
Esa mala práctica se heredó en el flamante organismo desconcentrado. No obstante, ser clasificado como un ente de “seguridad nacional” (que sí lo es), mantuvo un sindicato conocido por sus extorsiones, tanto a los paisanos que deciden emigrar al norte, como a los que provienen de otros países con la intención de llegar a los EU o instalarse en México. Sería útil conocer cuántas investigaciones ha llevado a cabo su órgano interno de control y qué resultados ha obtenido En esta ocasión, los migrantes que lograron salir de la instalación migratoria declararon haber sido víctimas de extorsión para recibir alimentos, agua y un mínimo trato digno.
Algunos de los sobrevivientes han declarado que los agentes del INM les pedían 200 dólares para ser liberados. Los registros de entrada y salida de ese “albergue” no están sujetos al escrutinio de una tercera autoridad que debiera certificar el adecuado control de las personas en custodia que, por ley, no debe ser por más de ¡36 horas!
Al escribir estas líneas, la Fiscalía General de la República informó que iniciaría una investigación para determinar la responsabilidad del comisionado Garduño, ¡quien sigue en su puesto! y de un par de funcionarios del INM; informó que, en 2020, Garduño fue investigado por otro incidente en la estación ubicada en Tenosique, Tabasco, donde murió una persona, “lo cual indica un patrón de irresponsabilidad y omisiones”.
El presidente López Obrador manifestó su tristeza por las muertes y confirmó el inicio de la investigación arriba mencionada. Esta tragedia debería dar pauta a una discusión entre todas las partes involucradas para revisar la política migratoria seguida hasta la fecha. La muerte de estas 40 víctimas no se debe olvidar. (Gustavo Mohar, Excélsior, Nacional, p. 8)
La nueva caravana de unos 10 mil migrantes, que saldrá este domingo de Chiapas con rumbo a la Basílica de Guadalupe antes irse al norte del país, tendrá el objetivo también de visibilizar las violaciones a los derechos humanos y demandará la remoción de Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, quien se sostiene en el cargo con la ayuda del presidente López Obrador, a pesar de la tragedia por el asesinato de 40 migrantes en Ciudad Juárez, pues el suceso exhibió la corrupción y las violaciones en las garantías individuales de los indocumentados. Nunca como ahora se debilita la institución y se desgasta el discurso de gobierno de izquierda. Más vale que no haya uso de la fuerza en la caravana. (Alejandro Sánchez, El Heraldo de México, País, p. 5)
La migración es un fenómeno social dinámico y cambiante. Quedó atrás el viejo patrón migratorio mexicano de ida y vuelta, que operó desde fines del siglo XIX a fines del XX. Ahora predomina la migración legal; en promedio, unos 170 mil mexicanos reciben anualmente la mejor visa posible, la green card, que otorga la residencia en Estados Unidos. Además, unos 300 mil trabajadores viajan a ese país con visas H2A y B. Por otra parte, desde 2007 hasta 2021 la migración irregular de mexicanos tuvo una tendencia clara a la baja, pero en la actualidad ha vuelto a recuperarse, por el efecto de la pandemia.
El patrón migratorio actual, combina migración regular e irregular. No obstante, se han dado cambios estructurales en el país que permiten prever que la tendencia de la migración irregular, finalmente, irá a la baja. La teoría dice que cuando se da el proceso de transición demográfica baja la natalidad- y se incrementa el crecimiento económico están dadas las condiciones mínimas para que ocurra un proceso de transición migratoria y se pueda pasar de ser emisores a receptores. No obstante, la realidad migratoria siempre da sorpresas y refuta la teoría.
En Venezuela se daban las dos condiciones, pues la transición demográfica era un hecho y la economía petrolera, a pesar de sus vaivenes, definía a ese país como próspero. Recordemos que Hugo Chávez, en las épocas de bonanza de petróleo, regalaba dinero a muchos países. Pero fue la política implementada la que llevó a la crisis y generó el proceso migratorio más espectacular que hayamos visto en las Américas, con 7 millones de emigrantes en apenas 10 años.
Venezuela es uno de esos “nuevos” países de origen de la emigración latinoamericana, pero también inaugura nuevos destinos. El razonamiento lógico diría que los principales destinos de los venezolanos serían Estados Unidos y España, pero los números no lo avalan. En 2022 se estima que había unos 545 mil venezolanos en Estados Unidos y 450 mil en España. Paradójicamente, es en América Latina donde se concentra la mayor cantidad de venezolanos, unos cinco millones, aproximadamente.
Colombia, vecino de Venezuela, es el país que acoge a cerca de 2.5 millones de venezolanos migrantes y refugiados. Esto se explica, no sólo por la vecindad, sino porque había, en el pasado, una gran emigración de colombianos y familias a ese lugar, y muchos son binacionales.
Pero lo que casi resulta inexplicable es la presencia de cerca de un millón y medio de venezolanos en Perú, país pequeño, pobre y con una clase política que vive permanentemente al borde del abismo.
No obstante, su economía crece, la inflación es de las menores en la región y no hay una devaluación significativa del sol, a pesar de la pandemia.
Según una última encuesta, en Perú 92 por ciento de los venezolanos varones trabaja y 71 por ciento de las mujeres, pero 80 por ciento no tiene contrato formal. Ahora resulta que la informalidad es tan elástica que puede absorber a más de un millón de personas en muy poco tiempo.
El asunto es más complejo. En realidad, en Perú coexisten y se articulan de manera muy profunda las economías formal, informal y criminal. No son entes separados. La economía formal tiene componentes de informalidad y criminalidad y pasa lo mismo con las otras. El lavado de dinero y de activos se lleva a cabo en el campo de la economía formal e informal, y así por el estilo.
Este contexto peruano, demasiado informal y caótico, contrasta con Chile, el país con mayor PIB per cápita de la región y con un alto grado de formalidad, capitalismo neoliberal y mejores salarios. Sin embargo, los migrantes están huyendo de ahí. Hace una semana llegaron a Arica cientos de haitianos y venezolanos, con la intención de pasar a Tacna, Perú.
Eso es algo que ya habíamos visto antes, en el caso de los haitianos, que venían de Brasil y Chile después de haber vivido y trabajado por años en esos países. Hay un nuevo patrón migratorio de circulación continental, algo que ganaron a pulso millones, ya no sólo al establecerse en una nación, como era antes, sino a circular. Este proceso tiene su origen en la libre circulación que se logró en América del Sur, donde no se requerían ni visa ni pasaporte para hacerlo. La utopía de Unasur se la tomó en serio la gente.
Otra nación que experimenta nuevos patrones migratorios es Nicaragua. Tradicionalmente, los nicas iban a trabajar y a vivir a Costa Rica y, en menor medida, a Panamá, el sur próspero de América Central. Pero ahora, la dictadura de los Ortega ha disparado la emigración hacia México y Estados Unidos. En 2022 la patrulla fronteriza de Estados Unidos detuvo a 164 mil nicaragüenses, algo nunca visto.
La realidad nos obliga a replantear nuestras preconcepciones y analizar con detenimiento lo que pasa en la región y en cada país. Habría que preguntarse si las llamadas “causas estructurales” del sistema capitalista son las mismas durante el periodo neoliberal y cómo operan las causas de la migración en los llamados países socialistas de viejo cuño (léase Cuba y los del siglo XXI, como Venezuela y Nicaragua, que son los tres países con mayores flujos migratorios de la región). (Jorge Durand, La Jornada, Opinión, p. 14)