El trato de delincuentes a los migrantes, como muestra la fotografía en portada, es de verdad ominoso. A lo que hemos llegado. (La Jornada, Contraportada)
Las elecciones del 2000 fueron el inicio de la carrera de Marcelo Ebrard en la izquierda.
El Partido Centro Democrático (PCD), fundado por los camachistas, perdió su registro en el primer intento, pero la dimisión de Ebrard por López Obrador en la elección del DF le consiguió un lugar a los camachistas dentro del gobierno capitalino y del PRD.
Leonel Godoy duró dos años como secretario de Seguridad Pública (SSP) del DF, hasta sumarse al equipo del gobernador michoacano Cárdenas Batel en 2002. En esos años el Jefe de Gobierno debía proponer al titular de la SSP para la aprobación del Presidente. La salida prematura de Godoy, tensionó la relación entre Fox y AMLO y el Presidente vetó a Francisco Garduño, propuesto por AMLO, hoy señalado por la muerte de 40 migrantes en Chihuahua.
Finalmente la tensión se resolvió con el nombramiento de Marcelo Ebrard. Se hizo acompañar por el Dr. Mondragón y Kalb, viejo conocido de la familia Ebrard y amigo de Marcelo desde los tiempos de Camacho. Se integraron, también a la SSP, Leticia Bonifaz y Joel Ortega, miembros del PCD. También se sumó Gabriel Regino, abogado que asesoró a Camacho con motivo del caso Colosio, quien invitó a su socio Miguel Ángel Mancera a sumarse.
Ebrard contrató a Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York, como consultor para reformar la estrategia de seguridad y a Enrique Pérez Casas, un exmilitar que trabajó con Camacho, para el desarrollo de Unidades de Protección Ciudadana. Con esto, la SSP renovó a sus cuerpos policiacos, implementó sistemas de información y de inteligencia que redujeron en 10% la tasa de criminalidad anual.
Sin embargo, en junio de 2004 la ciudadanía se volcó al Zócalo exigiendo un alto a la delincuencia. La movilización fue conocida como la “Marcha Blanca”, aunque el Jefe de Gobierno la bautizó como la “Marcha de los Pirrurris”. AMLO atravesaba una crisis política que inició en marzo con los videoescándalos de Ahumada y que continuó en noviembre con la destitución de Ebrard por parte de Fox en consecuencia por el linchamiento de dos policías federales en Tláhuac.
Fox no se detuvo. Impulsó el desafuero de López Obrador por desacato judicial al no detener la construcción en un predio sobre el que había un amparo. El PAN al darse cuenta que una foto de López Obrador en prisión lo erigiría en un mártir de la democracia, pagó la fianza que evitó que pisara la cárcel. A fines de mes Fox detuvo el proceso y removió a su procurador, algunos lo atribuyen a las marchas pro-AMLO, otros, a que el ejército se negó a reprimir las protestas. (Pedro Sánchez, La Razón, La dos, p. 2)
Guanajuato es una fosa porque, en el contexto de las violencias sociopolíticas y estructurales que caracterizan su modelo de desarrollo del subdesarrollo, en palabras del sociólogo alemán André Gunder Frank (QEPD), la fosa común se ha vuelto una metáfora del terror en la entidad.
Masacres en balnearios, secuestros masivos de mujeres, matanzas en anexos, trata de blancas y giros negros proliferantes, tráfico de migrantes, desapariciones forzadas y sitios de exterminio son emergencias endémicas en el paisaje forense local, tristemente normalizadas por el discurso oficial y opacadas por los incipientes estridores de la precampaña y la contienda interna al gobernante Partido Acción Nacional.
Las tareas de seguridad pública son compartidas entre fuerzas militares y civiles, con casi 12 mil efectivos de Sedena y Guardia Nacional, y otros tantos policías estatales y municipales. El blindaje castrense y los operativos conjuntos han crecido desde 2016, como remake de estrategias fallidas, junto con la escalada de múltiples violencias, y no han redundado en niveles aceptables de seguridad.
En Romita el secretario de seguridad pública y dos oficiales fueron detenidos en febrero por desaparición forzada e inhumación clandestina de tres personas. En Juventino Rosas la policía municipal fue liquidada en octubre de 2021, debido a infiltraciones del crimen organizado.
En los pueblos del Rincón, fronterizos con Jalisco, y en Celaya, emergen redes macrocriminales de extorsión al empresariado, un giro disputado entre grupos del crimen organizado, policías locales y hasta fuerzas federales.
En marzo los papás del joven empresario Jair Martínez, secuestrado y asesinado en Irapuato, reclamaron a la fiscalía no haber actuado a tiempo para rescatarlo cuando ya tenían ubicado su paradero. Ese mismo mes, seis mujeres celayenses fueron asesinadas y únicamente fragmentos de ellas se recuperaron en una fosa. Alertan buscadoras y autoridades de que, cada vez más, los cuerpos son destruidos y calcinados, no sólo enterrados.
Guanajuato es una fosa porque, dentro de los enredos de impunidad y colusión, han sido más contundentes los mensajes de las mafias que las acciones concretas o simbólicas del Estado para combatirlas. Parece, entonces, que Guanajuato es la grandeza de México, como reza el lema oficial, y que no pasa nada, aunque se registran 3 mil 666 personas desaparecidas, seis veces más que en 2018, y al menos 351 sitios de hallazgo de cuerpos y restos humanos.
El alcalde de San Felipe es investigado por tráfico de migrantes, por su posible participación en una red delincuencial, destapada en abril, y la liberación de 86 personas secuestradas en Matehuala.
El estado sigue primero a nivel nacional por los asesinatos de policías y los homicidios dolosos en general. Los periodistas que denuncian se arriesgan a sufrir agresiones físicas, morales y digitales, o acusaciones infundadas para censurar su trabajo. Por ejemplo, Arnoldo Cuéllar, director de Poplab.Mx, es perseguido por dos fiscalías, en Guanajuato y Nuevo León, por destapar con su equipo un caso de espionaje en su contra y denunciar las artimañas de poderes fácticos y legales.
En León, a más detenciones, más estímulos a los policías, así que hay rondas y redadas selectivas y recurrentes, de hecho, que afectan las colonias y las poblaciones más vulnerables y segregadas. Según testimonios de víctimas, policías de tránsito y municipales conocen y toleran rutas y puntos de distribución de drogas, pactan con taxistas y conductores de Uber, ubican casas de pánico y de seguridad. Los cuerpos policiacos de Irapuato, Celaya y León ya son conocidos por sus agresiones a marchas pacíficas y su saña contra las mujeres.
La criminalización y revictimización de las familias, a veces investigadas ellas mismas como sospechosas, o sujetas a pillajes por las autoridades, completan el cuadro de la crónica guanajuatense.
Estas muestras son intersticios de una necromáquina, diría Rossana Reguillo, y de lo que Samuel Schmidt llama crimen autorizado: bisagras del dispositivo que reproduce o permite las desapariciones u otros delitos, dentro de un entramado criminal en que entran grupos armados o paramilitares, como Jalisco Nueva Generación y Santa Rosa de Lima, en contubernio con ciertos sectores del Estado. (…) (Fabrizio Lorusso, La Jornada, Opinión, p. 17)