La declaración oficial del fin de la pandemia y con ésta el fin del llamado Título 42 que permitía la deportación inmediata de la mayoría de los migrantes sin documentos que ingresaban a Estados Unidos ha creado una situación en las ciudades de ambos lados de la frontera entre México y EU que podría estallar en maneras impredecibles el próximo jueves 11, cuando todo se haga oficial.
Brownsville, Laredo y El Paso, en Texas, se han declarado en emergencia y los medios de ambos países comienzan a mostrar a cientos, si no que miles, de migrantes durmiendo en las calles esperando que a partir del jueves les sea más sencillo quedarse en aquel país.
En el Senado estadunidense, un pequeño grupo de legisladores de ambos partidos comenzó a trabajar la semana pasada en una legislación que permita extender las medidas que aplicaban con el Título 42 (que es en realidad una norma sanitaria) por lo menos dos años más. Pero tanto la velocidad legislativa como las profundas divisiones en el Capitolio hacen que se vea muy difícil esa medida.
El gobierno de Joseph Biden ha enviado refuerzos militares, pero poco más.
Los albergues en las ciudades mexicanas están llenos y más migrantes vienen en camino con la idea de que a partir del jueves será más sencillo cruzar el Río Bravo. El gobierno estadunidense calcula que los cruces diarios podrían duplicarse a partir del viernes y los centros de detención y procesamiento, como de El Paso, están al doble de su capacidad. La derecha republicana, incluido el gobernador de Texas, han aprovechado el momento para insistir en el endurecimiento en contra de los migrantes, los que ya están allá y los que quieren llegar.
Ambos gobiernos insisten en el discurso de que no se les dejará pasar sin documentos y que tienen una visión humanitaria, pero ¿algo más que discursos?
De poco ayudan los intercambios desde Palacio Nacional contra el Departamento de Estado y otras agencias estadunidenses, y claro, nuestro canciller anda en campaña preelectoral; tal vez un poco distraído.
Biden ya arrancó campaña y sus medidas en la frontera —algunas muy trumpianas— lo han alejado de un ala de su partido.
De ambos lados, la única solución o por lo menos estrategia ante esta crisis anunciada ha sido la mano dura. Más militares aquí y allá.
Todo esto podría terminar en una crisis humanitaria de mayores dimensiones a lo que, de por sí, ya es. (Carlos Puig, Milenio, Al Frente, p. 2)
Esta semana llega a su fin la aplicación del Título 42, la infame regulación con la que, debido a la pandemia, el Gobierno de Estados Unidos expulsó de su territorio de manera exprés a todos los migrantes que intentaron cruzar la frontera, fueran sin papeles o solicitantes formales de asilo. El retiro de la medida no abre una ventana para facilitar la migración, pero así es percibida por muchas personas y, en conjunción con las acciones mexicanas, que se alinearon a la política migratoria estadounidense, sólo llevará a poner más presión en una frontera que ya está en crisis.
El cambio fundamental con la aplicación del Título 42 fue que, bajo la justificación de la crisis sanitaria por el Covid-19, las autoridades estadounidenses pudieron devolver de inmediato a los migrantes que encontraran tratando de cruzar la frontera, sin tener que hacer ningún trámite ni procedimiento dentro de su territorio. Para su buena fortuna, el gobierno mexicano aceptó convertirse en la Border Patrol lanzando a la Guardia Nacional para tratar de contener el flujo migratorio y, además, se encargaría también de recibir a los migrantes devueltos desde Estados Unidos, en la política conocida como Remain in Mexico. Así, el problema migratorio se outsourceó unos kilómetros al sur del río Bravo.
El fin del Título 42 implica que las autoridades estadounidenses ya no tendrán a su disposición esta expulsión exprés, pero eso no significa que las puertas del país se abran de par en par, sino todo lo contrario. El fin de la política de la pandemia no implica caer al vacío, sino regresar a los mecanismos del Título 8, en el que la migración sigue siendo criminalizada y sólo se permite que realicen su petición de asilo aquellos migrantes que logren demostrar un miedo fundado de persecución en su país por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o clase social. El resto seguirá siendo detenido y expulsado del país, con la diferencia de que, al haber sido procesado en el sistema, se le da al migrante una prohibición formal de reingreso a Estados Unidos en los siguientes 5 años bajo la amenaza de ser procesado penalmente.
En términos formales, el fin del Título 42 no facilita la migración, pues sólo devuelve a los mecanismos del pasado. Pero el cambio de política tendrá un impacto significativo, pues muchos migrantes perciben, no importa si es cierto o falso, que tienen mejores probabilidades de cruzar al otro lado. Si bien el riesgo de tener que quedar varado en la frontera del lado mexicano sigue latente, porque el Gobierno de López Obrador seguirá recibiendo migrantes de algunas nacionalidades, el cambio se percibe como una oportunidad.
Las caravanas migrantes ya comienzan a crecer bajo esta expectativa y por eso el propio Gobierno de Biden ha enviado refuerzos militares a la frontera, pues tratarán de contener y detener a la mayor cantidad posible de migrantes. Algunos serán devueltos a México y otros permanecerán en Estados Unidos, pero, en el fondo, la situación migratoria no hará más que empeorar, pues más allá de los discursos, el tema migratorio se sigue enfrentando con criminalización y persecución, sólo que ahora desde los dos lados de la frontera. (Leonardo Núñez González, La Razón, Mundo, p. 21)
Un muro militar
Arranca una semana compleja y de alto riesgo para el tema migratorio. El mero Día de las Madres, 10 de mayo, llegará a la frontera con un México un contingente de 1,500 soldados del Ejércitos de los Estados Unidos. No son de la Guardia Nacional o de la reserva, son soldados en activo.
Al día siguiente, el once, concluye la vigencia del llamado Título 42 que consiste es un conjunto de acciones para expulsar de manera expedita a cualquier migrante con el pretexto de proteger a la gente de los contagios Covid.
La pandemia terminó de manera formal y el Titulo concluye. Miles de migrantes tienen la falsa expectativa de que ahora sí podrán cruzar sin mayor problema a Estados Unidos.
Con los 1.500 soldados de refuerzo el Tío Sam tendrá en la frontera 4 mil efectivos en total, más los agentes de la Border Patrol, que son casi 20 mil, y de otras corporaciones federales y estatales del vecino país. Un muro militar.
Los migrantes tienen que saber que no habrá más facilidades, sino muchos más riesgos. (Redacción, La Crónica, Columnistas, p. 3)
La migración se ha convertido en tema para numerosas obras en el cine y la literatura; sin embargo, es un fenómeno en el que la realidad supera por mucho a la ficción, y en un país de tránsito como el nuestro, los ejemplos de ello son desafortunadamente recurrentes.
Basta recordar cuando 53 de 61 migrantes perdieron la vida después de ser abandonados en la caja de un tráiler cerca de San Antonio. El vehículo, según la información revelada por las autoridades, ingresó a Estados Unidos de América por la frontera con Texas. De ahí, viajó 235 kilómetros, no sin antes haber pasado por dos puntos de vigilancia migratoria. La gran pregunta es qué tuvo que suceder o quiénes colaboraron para que tal número de personas atravesara un terreno tan extenso en uno de los países que cuenta con mayor tecnología de vigilancia en el mundo.
En 2010, en el municipio tamaulipeco de San Fernando, 72 mujeres y hombres migrantes fueron asesinados por un grupo delictivo, que previamente los había secuestrado para supuestamente exigirles un pago por su liberación, o bien, que se sumaran a las filas de la corporación criminal.
Más recientemente, en abril de este año, se reportó el rescate de 120 migrantes en San Luis Potosí. De acuerdo con la Fiscalía del estado, estas personas fueron privadas de su libertad por un grupo delincuencial que opera en la región. Gracias al operativo, se les logró liberar en una zona desértica cerca del municipio de Matehuala. Además, se detuvo a integrantes de una célula del crimen organizado y se aseguraron armas y vehículos en los que se trasladaba a las mujeres y hombres en contra de su voluntad.
Estas historias, en las que lo real supera por mucho a lo imaginario, se repiten y cuentan por cientos todos los días en México, un país que también comparte cerca de 3,100 kilómetros de frontera con los Estados Unidos, que abarcan seis de nuestras entidades federativas (Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas) y más de 3,000 kilómetros del río Bravo.
Los cientos de miles de personas que dejan sus hogares con la intención de llegar a Estados Unidos, tan pronto salen de su país y se adentran en el territorio de la incertidumbre, se convierten en un grupo altamente vulnerable frente a los peligros que la travesía implica, incluida la existencia de redes delincuenciales transnacionales que los asimilan no como seres humanos, sino como mercancías que pueden ser abandonadas, maltratadas y abusadas.
Se trata de una realidad presente en la mayoría de los países en desarrollo o que enfrentan conflictos bélicos, territorios en donde las sociedades buscan trasladarse a ambientes más seguros o, al menos, donde la esperanza de una vida próspera sea mayor. Es, también, un fenómeno que no se puede negar y cuya solución implica la cooperación conjunta de países expulsores, de tránsito y de destino.
En el caso particular de México se actúa en dos vías principales. Primero, en fortalecer las capacidades de los países centroamericanos a través del impulso de programas de desarrollo. Segundo, implementando varias acciones para proteger y salvaguardar del crimen organizado a las personas migrantes a lo largo de su tránsito en territorio nacional.
Sin embargo, la inercia expulsora es tal, que siguen vigentes las oleadas de migrantes que se desplazan masivamente hacia la frontera con el vecino país, bajo la creencia de que el fin del Título 42 les permitirá cruzar con mayor facilidad en búsqueda del sueño americano, alentados, en gran medida, por los grupos criminales, que ven en este fenómeno la oportunidad ideal para sacar ganancias a expensas del dolor ajeno. Además, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, de febrero a marzo de 2021 hubo un 100 por ciento de incremento en menores migrantes no acompañados.
Esta realidad lacerante nos obliga a replantear la migración como un fenómeno difícil de contener, pero urgente de atender de manera transnacional. Las autoridades no deben perder de vista lo que señala la escritora y refugiada somalí Warsan Shire: “Nadie sube a sus hijos a una balsa, a menos que el agua sea más segura que la tierra. Nadie abrasa las palmas de sus manos bajo los trenes, bajo los vagones, nadie pasa días y noches enteras en el estómago de un camión, alimentándose de hojas de periódico, a menos que los kilómetros recorridos signifiquen algo más que un simple viaje”.
El vínculo entre el crimen organizado transnacional y la migración es latente, y tiene que ser atendido como tal. Los esfuerzos que cada país lleva a cabo para generar oportunidades que impidan los flujos migratorios deben ser complementados por una vigilancia constante durante el transitar de quienes deciden partir. Es tarea de cada Gobierno reconocer la vulnerabilidad a la que están sujetas las personas migrantes, para prevenir y deshacer lo que hasta hoy ha sido una simbiosis natural entre el crimen organizado y la migración. (Ricardo Monreal Ávila, El Universal, Opinión, p. A21)
La idea de las fronteras territoriales entre naciones se encuentra en tensión desde la década de los 90 en el siglo XX. En aquel momento, se argumentaba que la globalización económica era irreversible y que la integración de los países en bloques regionales era una tendencia que habría de acelerarse con el paso de los años.
Sin embargo, la crítica que se hacía desde aquel momento, y que cada vez se muestra con mayor pertinencia, iba en un doble sentido: que la globalización era de mercancías y de flujos financieros, pero no de personas, y que, dado el estilo de desarrollo depredador del medio ambiente, lo que también se estaba globalizando en alcances y consecuencias eran los problemas de interés planetario, tales como el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y, por supuesto, el hambre y la pobreza.
Poco se hizo para atender esos problemas de forma estructural y hoy se expresan en consecuencias terribles para cientos de miles de personas en el fenómeno de la migración forzada, la cual tiene múltiples orígenes: la pobreza, las consecuencias del cambio climático; la reunificación familiar y la violencia generada en algunos lugares por el crimen organizado y, en otros, por el propio Estado.
En este contexto, el secuestro y asesinato de decenas de personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas, fue apenas el prólogo del infierno que viven ahora las personas migrantes en situación irregular en todo el territorio nacional. Los eventos se multiplican en Chihuahua, Baja California, San Luis Potosí, Guanajuato, Guerrero y otros territorios permanentemente asediados por el crimen organizado.
Ha habido, igualmente, muertes de decenas de personas en cajas de tráileres, en accidentes en camiones de carga y, ahora, para colmo, la muerte de decenas de personas en instalaciones del Estado, donde la negligencia, corrupción e indolencia han hecho gala; evento que será una de las duras losas que pesarán sobre la presente administración.
Esta situación nos ha llevado a varios a plantear que la frontera hoy está en todas partes; y que esto se complejizará cada vez más, porque la llegada de miles de personas, en cortos periodos de tiempo, somete a tremendas presiones a las autoridades locales, las cuales se encuentran abandonadas a su suerte, sin recursos ni capacidades para responder a una política que se diseñó sin consultarles, pero, además, sin diagnósticos adecuados sobre las capacidades municipales para enfrentar la problemática.
A ello se añade que el perfil de las personas migrantes se ha modificado aceleradamente y ya no llegan al territorio nacional sólo personas que escapan de la pobreza, con predominio de origen en Centroamérica, llegan cada vez más personas de Haití, de Venezuela y otros países de América del Sur, pero también de nacionalidades que era poco común ver, provenientes de países asiáticos y africanos. Otra modificación sustantiva en los perfiles de la migración es que hay numerosas personas en busca de asilo y muchas más que viajan como familias, sin dejar de lado el incremento de las niñas y niños que viajan solos.
Estamos, pues, no sólo ante la cuestión de cómo atenderles en su etapa de probable tránsito, pero también ante el reto de comprender que decenas de miles se quedarán México, que probablemente se casarán y que muy probablemente tendrán hijas e hijos que serán, de pleno derecho, mexicanas y mexicanos, con raíces culturales ajenas a las nuestras, y que deberán ser reconocidas y protegidas bajo el mandato explícito de la Constitución.
En este marco, otro de los factores relevantes es que la migración de mexicanas y mexicanos se ha incrementado, y también son víctimas del maltrato y de la extorsión y el abuso, tanto de la delincuencia como de la autoridad.
Nuestras fronteras se han diluido, por lo que valdría la pena pensar, parafraseando a Bauman, en que tenemos fronteras líquidas, pero que, como todo fluido, se amolda y toma la forma de aquello que lo contiene y, en nuestro caso, es nada menos que el desorden y el caos. (Mario Luis Fuentes, Excélsior, Nacional, p. 12)
Migrantes y la masificación de la violencia es otra característica del México contemporáneo. Y como lo demostró el incendio y muerte de migrantes detenidos en una estación de la Secretaría de Gobernación en Ciudad Juárez, la violencia contra indocumentados en México por partida doble entre elementos criminales y autoridades. La violencia sistémica acompaña a los migrantes mientras tratan de cruzar el territorio nacional, de sur a norte. (Ricardo Pascoe Pierce, Excélsior, Comunidad, p. 23)
Una de las crisis humanitarias más graves de nuestro siglo es la migratoria; estamos viviendo desplazamientos humanos en cantidades sin precedentes. La estimación global de Naciones Unidas es que para el 2020 habría 281 millones de migrantes en el mundo, lo que equivale al 3.6 por ciento de la población mundial. Para este mismo año, en América Latina la población migrante representó el 7.2 por ciento de la población total, esto es el doble del promedio mundial. La cifra de desplazados forzosos superó en 2021 el umbral de los 89 millones de personas que abandonaron sus países.
En varias ocasiones el presidente López Obrador ha dicho que, para disminuir en forma importante la migración forzada y la crisis humanitaria que generalmente la acompaña, hay que identificar y combatir las causas que la origina. Estas palabras me parecen muy acertadas. Las principales causas que se han identificado por los expertos y por el Alto Comisionado de la ONU para Refugiados son: la pobreza, los desastres naturales, la inseguridad y una búsqueda por una mejoría de vida. También se han señalado otras razones como las guerras, la violencia, la persecución política, violación de los derechos humanos y la crisis ocasionada por regímenes autoritarios.
Para los casos específicos de Honduras, El Salvador y Guatemala, el presidente López Obrador ha mencionado que las principales causas de la migración son la pobreza, la falta de oportunidades y la violencia. En función de esto ha abogado por mayor cooperación e inversiones de parte de Estados Unidos. Eso está muy bien. Sin embargo, como lo mencioné anteriormente, en América Latina ha habido un incremento sostenido en el número de migrantes, duplicando el promedio mundial. La migración forzada no ha sido solo del llamado triángulo del Norte y de México sino también de otros países. Ahí está, por ejemplo, el éxodo venezolano de más de seis millones de personas, con un incremento sostenido a partir del año 2017. Esta migración forzada está ligada con un control dictatorial del país, violación de los derechos humanos y encarcelamiento de líderes opositores. Esto incluye también cierre de medios de comunicación y fraudes electorales.
En Nicaragua sucede algo similar. A partir del año 2018 cuando estalló la crisis social y política en el país, la migración hacia Costa Rica y Estados Unidos se incrementó en más de un 200 por ciento. A la fecha más del 10 por ciento de la población costarricense es migrante. Algunos analistas indican que, Costa Rica, un país con una población de 5 millones de personas, alberga alrededor de medio millón de inmigrantes nicaragüenses, que en su mayoría han salido por las distintas crisis políticas que ha habido en Nicaragua, y, en particular la última, que ha sido una de las dictaduras más sangrientas de su historia. López Obrador afirma que el neoliberalismo es el culpable de generar migración forzada, por generar pobreza y violencia, pero desde principios de siglo tanto en Venezuela como Nicaragua se acabó el neoliberalismo. ¿Entonces? ¿Por qué estando tan claro el origen de estas migraciones en estos dos países, López Obrador no se ha pronunciado como lo hace con Honduras, El Salvador y Guatemala? ¿Cuál sería la solución?
Atacar esas causas claramente identificables en Venezuela y Nicaragua, sería de forma unificada, condenar y aislar a los gobernantes que están causándolas, pues es la población de sus países y la presión sobre la población receptora los que están pagando los platos rotos por problemas que no causaron. ¿Dónde están todos los pro-migrantes tratando de actuar sobre las causas de estas migraciones en lugar de solo exigir que otros países los reciban? ¿Qué están haciendo para eliminarlas cuando están claramente identificadas? (Jacques Rogozinski, El Financiero, Economía, p. 10)
El viernes, en Puebla, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que los migrantes mexicanos en Estados Unidos ya sopesan dejar ese país para regresar a México, con lo que abandonarían el Sueño Americano y perseguirían el Sueño Mexicano: “Hace unos días me contaron que en San Francisco un paisano que tiene su taquería estaba platicando con otro paisano y le dice: ‘Oye, vámonos ya de regreso a México. Qué Sueño Americano ni que nada, ahora es el Sueño Mexicano (…) ya están dando pensiones para los adultos mayores y hay trabajo, ¡vámonos!”
Dudo que esta conversación se esté generalizando entre los paisanos en Estados Unidos, pero, de ser cierto, revelaría un decadente signo de la civilización occidental y del sistema económico, porque implicaría abandonar un negocio propio para preferir una dádiva del gobierno.
Eso es un contrasentido del capitalismo de libre mercado, además de que no hay dinero que alcance en ninguna parte del planeta si los seres humanos persiguen como aspiración tener una pensión del gobierno en lugar de una prosperidad anclada en su trabajo o negocio.
Fue el Sueño Americano lo que permitió al austriaco Arnold Schwarzenegger emigrar a Estados Unidos siendo hijo de un policía y llegar a gobernador de California: “El título de míster Universo era mi billete a América, la tierra de las oportunidades, dónde podía convertirme en una estrella y volverme rico”; o lo que permitió al ruso Serguéi Brin, fundador de Google, emigrar de pequeño a la Unión Americana y prosperar.
También fue el Sueño Americano lo que inspiró a la familia Fajardo, de Cuba, a emigrar a Estados Unidos. De esa familia surgió la estrella de Gloria Estefan.
Promover el Sueño Mexicano como ha empezado a hacerlo AMLO es muy peligroso por tres razones:
(1) el sistema económico mexicano no ha terminado de madurar. Más bien tenemos un híbrido donde a los grandes contribuyentes se les exprime todo lo que se puede para ensanchar las arcas del gobierno, que es de donde saldrán los subsidios a los adultos mayores en el futuro; (2) no existe un “lugar utópico” al cual se “llegaría”. En el caso del Sueño Americano es volverse millonario y ganar reconocimiento social por haberlo logrado; mientras que aquí sería llegar a México a chupar dinero del gobierno ad infinitum; y (3) va contra toda aspiración legítima del ser humano de materializar sus logros y anhelos más elevados. El Presidente debe desistir de alimentar esa entelequia.
REPSOL
Lo dicho aquí. Tras el acuerdo del gobierno de AMLO con Iberdrola, las empresas españolas de energía “respiran” con alivio, me confirmó una fuente. Y el viernes Repsol confirmó “su compromiso con México” y lanzó una convocatoria para potenciar proyectos de medio ambiente, desarrollo comunitario, cultura, e inclusión. Mucho está por ocurrir. (Carlos Mota, El Heraldo de México, Merk-2, p. 19)
Con apoyo de carteles del presidente López Obrador, un piquete de activistas de las reservas ancianas de Morena identificados con la facción #EscudoAMLO sigue plantado ante la Suprema Corte con la consigna de hostigar, insultando y calumniando, a los ministros que detesta el oficialismo y en particular a la presidenta del Poder Judicial Federal, Norma Lucía Piña Hernández.
El asedio es porque ocho (de los 11) togados echaron atrás, por inconstitucional, la ley que endosaba la Guardia Nacional al Ejército.
De las tonterías que cacarean sobresale una esencialmente idiota:
“Es terrible tener un Poder Judicial que esté contra el pueblo…”.
Ignorancia supina: la función de la Corte es velar por y hacer valer el orden constitucional, no “defender” o atacar a nadie, que no fue diseñado por los ministros en funciones, sino por el Poder Legislativo en 106 años.
Hace 15 días, al comenzar el plantón y para vergüenza mundial, El País consignó:
En las escaleras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Ciudad de México, un hombre vocifera un sermón a través de un megáfono que se acopla de tanto en tanto. Parece un predicador aleccionando a sus fieles. Unas pocas decenas de seguidores del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se han parapetado a las puertas del tribunal en protesta porque consideran que los ministros de la Corte son unos “corruptos” que están en contra del “pueblo”: un mensaje difundido por el mandatario cada día desde su tribuna en la mañanera, esa suerte de conferencia de prensa que se retransmite por todo el país y en la que a diestro y siniestro el dirigente nombra a los héroes y traidores de la patria. No necesita pruebas que sustenten sus afirmaciones ni hechos en los que respaldarse. Y el discurso, claro, cala…
Mientras algunas y algunos se desgañitan gritando improperios, sus contlapaches recaban firmas de incautos bajo unas carpas y reparten panfletos con mentiras, lugares comunes rolleros y mensajes de odio.
No les importa que otra integrante del pleno de ministros, Yasmín Esquivel, se aferre a su cargo a pesar de haber plagiado sus tesis de licenciatura y doctorado en Derecho. Impensable que esas y esos lacayos exijan también su renuncia o su despido.
Pese a la virulencia contra Piña, a promovérsele como “el problema” y la imagen de una bala como “solución”, esto llegó a decir López Obrador:
“Sale un mensaje en las redes, que se le va a hacer daño a la ministra Piña, y de inmediato sale toda la asociación de jueces y magistrados en contra de la amenaza, echándome la culpa…”.
La idea de asesinarla no, por supuesto, pero AMLO lleva dos semanas consintiendo que sus devotos usen su fotografía y sus injurias para que “el pueblo” la emprenda contra el Poder Judicial y la ministra que abomina.
En esto no aplica la coartada “libertad de expresión” para permitir el plantón de azuzadores de violencia.
“¿De parte de quién?”.
Si Morena no, ¿por qué no se deslinda el
Presidente…?
(Carlos Marín, Milenio, Política, p. 7)
Después de la matanza más reciente en Estados Unidos, esta vez en un centro comercial de Allen, Texas, que dejó saldo de ocho muertos y siete heridos, el presidente de ese país, Joe Biden, exhortó al Congreso a elaborar una ley en la que se prohíba la venta de fusiles de asalto y cargadores de alta capacidad a civiles, haga obligatoria la verificación de antecedentes de quienes deseen comprar un arma, exija a los poseedores su almacenamiento seguro y ponga fin a la inmunidad de la que gozan las empresas fabricantes de armamento. Todo ello, con el propósito de evitar actos de violencia sin sentido como el del sábado pasado en Allen, el episodio 199 de esta clase en lo que va del presente año.
Por desgracia, el llamado del mandatario no tiene ninguna posibilidad de ser acatado por el Legislativo, en el que los republicanos partidarios del armamentismo civil han bloqueado sistemáticamente, desde hace décadas, todo esfuerzo por dotar al comercio de armas de fuego de un mínimo marco regulatorio que al menos reduzca las probabilidades de que un fusil de asalto o una pistola semiautomática llegue a manos de personas desequilibradas.
Su argumento central es la Segunda Enmienda constitucional del país vecino, en la que se asienta: Una milicia bien organizada, que es necesaria para la seguridad de un estado libre, no se debe infringir el derecho de las personas a guardar y portar armas.
Es un disparate, sin embargo, asumir ese derecho como un absoluto, así como pretender que el precepto referido no necesita de una ley normativa y de una actualización: la Segunda Enmienda data de finales del siglo XVIII, cuando no había más armas de fuego que las de un solo tiro y requerían, para ser activadas, de una preparación previa de cada disparo. Así, en las circunstancias en las que Thomas Jefferson redactó la norma, habría sido imposible que alguien perpetrara una masacre como las que tienen lugar hoy día en Estados Unidos en calles, escuelas, iglesias, complejos comerciales, centros culturales y deportivos o domicilios privados y que en el presente año han tomado un ritmo de más de una por día.
El impacto de esta violencia en el país vecino es devastador: sólo en 2021, por ejemplo, murieron 10 veces más estadunidenses por heridas de armas de fuego (45 mil, incluyendo suicidios) que los soldados de esa nacionalidad muertos en la guerra de Irak (4 mil 497) entre 2003 y 2011. Pero el hecho de que en el país vecino cualquier persona pueda adquirir un artefacto como los fusiles tipo AR-15 sin más requisito que una verificación en la base de datos policial y una identificación (o incluso sin ellas, cuando las ventas se realizan en ferias y exposiciones) tiene gravísimas consecuencias más allá de sus fronteras: es un hecho comprobado que siete de cada 10 armas en poder de los grupos delictivos mexicanos proceden del mercado estadunidense, donde la permisividad hace posibles las compras al mayoreo destinadas a esas organizaciones. Se calcula que año con año cruzan la frontera entre México y Estados Unidos 200 mil.
Lo más exasperante es que, como se refirió antes, el exhorto de Biden al Capitolio no tiene futuro: la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), partidaria de mantener el armamentismo civil sin control alguno, gasta ingentes cantidades de dinero en financiar campañas electorales para la presidencia, el Congreso y las gubernaturas estatales, así como en desacreditar a políticos partidarios de controlar las ventas de armas.
Pero a fin de cuentas, detrás de la NRA no están sólo los ciudadanos que desean seguir guardando y portando armas –que sin duda son millones– sino también, y sobre todo, los grandes consorcios que fabrican y comercializan los instrumentos de muerte. Y la responsabilidad de todos ellos –políticos, líderes de la NRA y empresas armamentistas– tienen una responsabilidad central e ineludible por las muertes cometidas en masacres como la del sábado pasado en Allen, Texas, y por el aumento en el poder de fuego de las organizaciones delictivas en México y Latinoamérica. (Editorial, La Jornada, p. 2)
Remesas: récord tras récord // Financiera para el Bienestar // Marcelo si no gana, arrebata
Contra viento y marea, los paisanos no dejan de apoyar a sus familias, y de paso al país y a la economía que paradójicamente los expulsaron de su tierra ante la ostentosa cuan creciente falta de oportunidades producto de esa suerte de apartheid económico y social que fue el régimen neoliberal. Miles y miles de millones de dólares ingresan anualmente por concepto de remesas, hasta romper récord tras récord.
En lo que va de la presente administración (hasta el tercer trimestre de 2023) por el concepto referido los paisanos han inyectado poco más de 201 mil millones de dólares (más de 4 billones de pesos), y de diciembre de 2018 a igual mes de 2022, el monto de los envíos creció 73.7 por ciento… y contando.
El más reciente informe oficial (correspondiente a marzo de 2023) fue reseñado así por La Jornada (Braulio Carbajal): en marzo de 2023 los ingresos por remesas alcanzaron un nivel sin precedente para un mismo mes de 5 mil 194 millones de dólares, lo que significó un avance anual de 10.7 por ciento, reveló el Banco de México; según el reporte del banco central, el monto acumulado de los recursos que mandan los mexicanos que viven en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, al cierre del primer trimestre de 2023, ascendió a 13 mil 948 millones de dólares. Dicha cifra representa un nivel nunca visto para un periodo igual, con un incremento de 11.4 por ciento en comparación con igual periodo de 2022.
De acuerdo con la estadística oficial, el ingreso de divisas registrado sólo en el primer trimestre de 2023 equivale a poco más del monto acumulado por el mismo concepto en el periodo 1995-1997, en el sexenio de Ernesto Zedillo, el genio que muy quitado de la pena prometió bienestar para la familia ( prianista).
En días pasados se conoció que será la Financiera para el Bienestar la encargada de captar las remesas de los paisanos, con el fin de reducir los gastos financieros que para ellos implica remitirlas, para lo cual habilitó una tarjeta; por medio de ella y con una comisión de 3.99 dólares (10 dólares menos que el promedio que cobran las empresas privadas dedicadas a estos menesteres), podrán enviar hasta 2 mil 500 dólares.
La directora de la Financiera para el Bienestar, Rocío Mejía Flores, calificó esa decisión de acto de justicia social, porque el gobierno federal ofrece, por primera vez, un instrumento financiero para que los trabajadores migrantes en Estados Unidos trasladen dinero a sus familias en México. Es también la primera vez que se ofrece a los migrantes mexicanos una cuenta bancaria, con autorización del gobierno estadunidense, para hacer sus envíos, aunque el instrumento va más allá de ser el medio para una transacción financiera, detalló la funcionaria en entrevista con La Jornada (Roberto González Amador y Alejandro Alegría).
Mejía Flores reitera que el objetivo más importante es la justicia social. Nuestros paisanos hacen mucho cuando deciden irse, buscan el empleo, un ingreso; padecen marginación, segregación, discriminación, todo lo que les pasa allá. Con este programa de la tarjeta de la Financiera para el Bienestar se atiende una asignatura pendiente de un gobierno democrático que busca justicia social para ellos y darles un apoyo directo.
Además, detalló, el apoyo tiene al menos dos vías: por un lado, un trabajador mexicano en Estados Unidos, sin importar su situación migratoria, tiene acceso a una cuenta bancaria, un instrumento con el que manejar de manera segura su dinero, pero también un acceso a una identidad financiera. Y, la otra, un medio para movilizar las remesas a su familia que, al ser a un menor costo que el de las firmas privadas, se traduce en un mayor monto de pesos por los dólares remitidos. Nosotros no buscamos ganancia. Hay paisanos que envían 60 dólares y las agencias privadas les cobraban 10 o 14 dólares por envío. En Estados Unidos, el migrante mexicano sólo necesita ir a un consulado para obtener la tarjeta; abre su cuenta y la activa desde una aplicación digital, en un proceso sencillo que no lleva más allá de unos cuantos minutos” (ídem).
Las rebanadas del pastel
Cada día más nervioso, Marcelo Ebrard se parece a su padrino político, Manuel Camacho, quien en 1993 hizo tango tras tango antes y después de que destaparan a Luis Donaldo Colosio. Si no soy yo, el caos, decía el segundo y ahora repite el primero, también dedicado al show … Entonces, ¿estrenará la Suprema Corte Legislativa de la Nación?… Va un fuerte abrazo para mi amado Chícharo por otra velita en su pastel. (Carlos Fernández-Vega, La Jornada, Economía, p. 18)