¿QUÉ CREEN? Pues que siempre sí: ¡la ley es la ley! Y por más que al Presidente no le guste cumplir la ley, la Suprema Corte de Justicia dio una gran muestra de autoridad y de autonomía al echar abajo la primera parte del “Plan B” de la contrarreforma electoral. La histórica decisión de 9 ministras y ministros marca límites y exhibe limitaciones.
A LOS LEGISLADORES del régimen, aquellos que renunciaron a su función de hacer leyes, la resolución de la SCJN les marca un límite claro: la mayoría no es monarquía. Es decir, si Morena y sus aliados quieren aprobar leyes, tienen que pasar por el proceso de deliberación y debate, de escuchar a las minorías legislativas. Dicho en otras palabras: son representantes del pueblo, no lacayos del Ejecutivo.
ASIMISMO, la decisión adoptada por el Pleno a propuesta de Alberto Pérez Dayán exhibió las limitaciones de los estrategas jurídicos de Palacio Nacional. Porque la reforma se anuló, simple y sencillamente, porque no corrieron los trámites mínimos para su aprobación. A eso se suma, el irrespetuoso ataque de Andrés Manuel López Obrador contra la Suprema Corte, diciendo que usurpa las funciones del Legislativo. Mal andan las cosas cuando el Presidente ve como enemigos a quienes sólo hacen cumplir la Constitución.
EN FIN, luego de tantos días nublados y plomizos, ayer salió el sol en la República.
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VAYA LÍO se avecina en Morena: no es lo mismo aprobar leyes como si fueran enchiladas, a sacar en poco más de 15 días la convocatoria para la candidatura presidencial de 2024. La línea la tiró Andrés Manuel López Obrador y ahora Mario Delgado anda con los ojos como de espanto. La sucesión se les está desbordando.
CONTRARIO a lo que dicen Claudia Sheinbaum y los suyos, no hay ninguna decisión tomada. Ella podrá ser la favorita, pero todavía no es la elegida. Y eso lo sabe y lo quiere explotar Marcelo Ebrard, que ya comienza a mostrar signos de hartazgo en eso de poner la otra mejilla.
ADEMÁS, Adán Augusto López y los suyos ya se creyeron que sí tienen posibilidades y le están apostando fuerte -con hartos recursos- a dar la sorpresa. A todo eso se suma el fallo de ayer de la Suprema Corte contra el “Plan B”, lo cual le corta las alas a los presidenciables para andarse promocionando desde el cargo sin recato. AMLO sabe que se le está yendo el tren y por eso quiere que se apuren: para poder ejercer su derecho al dedazo.
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EN LA ESPERADA comparecencia del alcalde Santiago Taboada ante legisladores de la CDMX, quien se llevó la tarde fue Jesús Sesma. Y no es un elogio. Sus aliados de Morena se quedaron sorprendidos con la forma en que el diputado cantinfleaba al hablar, se peleaba con los propios morenistas, habló de juegos de mesa, se quejó de que nadie lo lee como articulista y hasta defendía al cuestionado panista. Más de uno se preguntó si el diputado verde no habría fumado de la ídem. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 12)
Se agota el tiempo para que el Gabinete de Seguridad rinda cuentas
A 11 días de que venza el plazo legal para que los titulares del Gabinete de Seguridad comparezcan ante la Comisión Bicameral de seguimiento a la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, no hay fecha para que esto ocurra. Nos recuerdan que el 24 de abril pasado estaba prevista está reunión con legisladores, pero el presidente de dicha comisión, Ricardo Monreal, anunció de última hora que se reagendaría debido a que el secretario de Marina, Rafael Ojeda, y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, estaban de viaje oficial en Estados Unidos. Sin embargo, ya pasaron dos semanas y no se ha vuelto a tocar el tema, pese a que con la reforma que amplió hasta 2028 el plazo para que las Fuerzas Armadas regresen a los cuarteles se obliga a los funcionarios públicos a acudir a estas comparecencias. Nos hacen ver que el tema de la transparencia y la rendición de cuentas se le indigesta a la autollamada Cuarta Transformación.
Morenistas preparan nueva ofensiva de insultos contra ministros de la Corte
Nos adelantan que, desde Veracruz, 35 diputados locales de Morena y el gobernador Cuitláhuac García están tan enchilados con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el que por mayoría de nueve votos, quedó anulada la primera parte del llamado Plan B del presidente López Obrador en materia electoral, que amenazan con cercar el edificio de la SCJN para hacer visible su enojo. Nos dicen que sólo falta decidir si se anexarán el mini plantón que tiene Morena enfrente del edificio de la Corte, o, por separado, se dedicarán a injuriar a los ministros. Nos dicen que los funcionarios morenistas acudirán a la sede de la Corte hasta el sábado 20 de mayo, porque, nos precisan, hay que preparar los víveres y la lista de patriotas acarreados que quieran participar voluntariamente en la protesta. Sin embargo, nos hacen ver que quizá la movilización está planeada así, para no tener que dar dos vueltas, y protestar por la anulación de la segunda parte del Plan B, que dada la votación de ayer está prácticamente anunciada. Ese sí es un plan ganador de los morenistas, pues no tendrán que dar dos vueltas a la capital.
AMLO, por ahora sin macaneo
Tras recuperarse del Covid 19, por tercera ocasión, el presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene sus giras de fin de semana, pero lleva 10 días sin salir a “macanear”. Era habitual que, entre semana, el mandatario a mitad de su jornada laboral saliera a caminar y dar unos batazos para regresar en la tarde a Palacio Nacional. Ayer, el Presidente comió en Palacio con sus hijos Andrés López Beltrán y José Ramón López Beltrán, este último llegó acompañado por su esposa e hijos. Parece que el mandatario ahora si está haciendo caso a sus médicos que le recomendaron reposo.
Opositores a “Alito” dentro del PRI ejercen derecho de pataleo
Resignados a tenerlo como líder tricolor por lo menos hasta después de las elecciones presidenciales, los opositores a Alejandro Moreno analizan escenarios, pero, comentan, no hay buenos augurios para ellos dentro del partido. Figuras de peso como Dulce María Sauri, Miguel Ángel Osorio Chong o Claudia Ruiz Massieu, prácticamente están relegadas por oponerse a la actual dirigencia, por lo que lejos de una apertura del Comité Ejecutivo Nacional, lo que prevén algunos es una mayor cerrazón, que se traducirá en más marginación para los detractores. Así, los sueños de Osorio de reelegirse como Senador, de Sauri por alcanzar un nuevo puesto de elección popular, o de Ruiz Massieu de ser la abanderada priista a la Presidencia, parecen cada día más lejanos. Nos comentan que ayer en la sesión del Consejo Político Nacional la exgobernadora yucateca Sauri no pudo hacer nada para evitar que “Alito” Moreno se mantenga un año más al frente del Comité Ejecutivo Nacional y lo más que logró fue exponer su postura en el sentido de que la permanencia del exgobernador de Campeche es ilegal. Cómo dicen los clásicos, solo ejerció su derecho al pataleo. (El Universal, Nación, p. 2)
Que el presidente de Morena, Mario Delgado, convocó sorpresivamente a los diputados federales de su partido a una “reunión informativa” sobre los procesos electorales del Estado de México y Coahuila para hoy en San Lázaro, días después de que la dirigencia llamó a Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard a aplazar su disputa y acompañar a Delfina Gómez y Armando Guadiana en sus respectivas campañas, a menos de un mes del domingo 4 de junio.
Que hablando de corcholatas, el equipo de Marcelo Ebrard se quejó de que personal de la Secretaría de Obras y Servicios de CdMx, es decir, a las órdenes del gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum, emprendió el borrado de pintas alusivas al canciller en espacios públicos y privados, propaganda en las que se veía la foto del funcionario con frases como “Con Marcelo sí” o imágenes referentes a su libro El camino de México. La aludida respondió de inmediato que ella no ha dado instrucción alguna al respecto y negó una “guerra sucia”.
Que siguiendo con las corcholatas, las otras dos también tuvieron opiniones encontradas, pero ellos sobre el revés al plan B, pues mientras el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, vio un voto de ministros sujeto a intereses particulares, el senador Ricardo Monreal argumentó que la Suprema Corte es parte de la República, uno de los poderes, y simplemente lo que se refleja es que “como nunca hay un equilibrio, hay un contrapeso”, y hoy tocó al Poder Legislativo que le enmienden la plana.
Que a la creciente lista de mujeres que buscan avanzar en los terrenos de la política hay que sumar ya a Margarita González Saravia, quien desde Morena se enfila para participar en la contienda interna para obtener la candidatura a la gubernatura de Morelos. La directora de la Lotería Nacional cuenta con experiencia en la administración pública de esa entidad, pues ya se desempeñó como subsecretaria de Turismo y como titular de las secretarías de Desarrollo Económico y Turismo de Cuernavaca. (Milenio Diario, Al frente, p. 2)
Caso omiso
La Consejería Jurídica del Ejecutivo, que encabeza María Estela Ríos González, intentó hasta el último momento salvar la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral, pues al inicio del debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se informó que presentó un recurso para indicar que el ministro Alberto Pérez Dayán estaba impedido para conocer del asunto, pero por unanimidad, el máximo tribunal rechazó la petición.
Se adjudican la victoria
Después de conocer el fallo en cuestión, la oposición celebró la resolución de la Suprema Corte en torno al Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador y nos comentan que el bloque opositor se lo anotó como un triunfo dentro de las acciones que han implementado para frenar las reformas del gobierno federal.
Obstáculos en el INE
No ha sido un día de campo la nueva etapa en la vida de Guadalupe Taddei. Como presidenta del INE ha tenido que lidiar con intereses, particularmente para nombrar a Flavio Cienfuegos como secretario ejecutivo. Los consejeros con más antigüedad no se lo están poniendo fácil para nombrar a personas afines a Morena.
Error humano
Quien calmó el susto que generó la activación de la alerta sísmica en algunos puntos de la capital fue la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pues sucedió en su conferencia de prensa y dijo que se trató de “un error humano”, derivado de trabajos de mantenimiento en los altavoces del C5. Incluso, la mandataria dijo que se sancionará al responsable.
Contrastes en el tricolor
Nos cuentan que el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, organizó una comida con líderes, diputados y senadores, previo al Consejo Político Nacional. Quería evitar contratiempos con la ampliación de su mandato. Pero Dulce María Sauri lanzó la pregunta incómoda: ¿De qué sirve una candidatura si la sociedad castigará nuestra flojera democrática? (El Heraldo de México, La dos, p. 2)
EL MAESTRO DE DERECHO TENÍA RAZÓN
Pues con la novedad de que el maestro de Derecho tenía razón. Por eso, en su momento, nos recuerdan observadores de los procesos legislativos, votó en contra del llamado Plan B. Una decisión que vaya que le costó, pero que defendió con el argumento de que tenía que asumir con autoridad lo que enseñaba en la UNAM. Bueno, pues ayer la Corte lo reivindicó al echar abajo el primer paquete de la reforma en materia electoral. Hablamos por supuesto del senador Ricardo Monreal, quien se separó del tropel de legisladores de la 4T que se apuraron a aprobar los ajustes promovidos por el gobierno. Ayer, al ser entrevistado en la Cámara alta, el zacatecano sostuvo que “Nos tocó al Poder Legislativo que nos enmienden la plana”. Y agregó: “Como constitucionalista me alegra que haya equilibrio de poderes y que haya pesos y contrapesos”. Ahí el dato.
AL FRENTE DE LA ESTRATEGIA
A diferencia de entidades en donde gobernadores dejan en manos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional los asuntos de seguridad, en Guerrero la gobernadora Evelyn Salgado dio cuenta ayer, nos hacen ver, que el tema lo tiene en sus manos, pero además lo asume como de responsabilidad compartida. De ahí que convocara a las autoridades de los tres niveles de gobierno al trabajo en coordinación y en unidad. Fue durante la segunda sesión del Consejo Estatal de Seguridad Pública en la que también se proyectó el gasto del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, para el Ejercicio Fiscal 2023, con un monto estado-Federación de 314 millones de pesos. “Asumimos la tarea y el compromiso de construir las acciones y estrategias que habrán de pacificar a Guerrero que no es una tarea fácil”, declaró la mandataria.
ENTRE CUAUHTÉMOC Y NADA
Desde hace tiempo, nos hacen ver, las “autoridades” de Morelos, que encabeza el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, conocen la creciente ola delictiva en el municipio de Huitzilac. Robos, secuestros, extorsiones… Tan lo saben que, hasta para no meterse en problemas con los criminales los han dejado hacer. Esas mismas “autoridades”, han incluso pedido a automovilistas no detenerse en la autopista cuando viajan por la México-Cuernavaca. El domingo pasado, la “autoridad” se volvió a empeñar en mostrarse ausente, porque resulta que decenas de asaltos ocurrieron contra paseantes que lo único que hacían era tratar de llegar a la Ciudad de México, evitando un bloqueo que trastocó por horas la circulación en la autopista. Algo pasa, nos hacen ver, que al mandatario estatal parece ya no importarle que en la cancha de la seguridad le estén metiendo tantos goles.
BUEN MOMENTO PARA LA UNAM
Así que, a partir de hoy, el rector de la máxima casa de estudios, Enrique Graue, presidirá el V Encuentro Internacional de Rectores de Iberoamérica, evento que congrega a más de 700 titulares de instituciones de educación superior de 14 países. La inauguración estará a cargo del propio rector; el presidente de España, Pedro Sánchez; y la presidenta de Banco Santander, Ana Botín. Durante tres días, nos comentan, las rectoras y rectores debatirán sobre diversas temáticas y publicarán la Declaración de Valencia, en la que identificarán diversos ámbitos de actuación donde la universidad podrá desarrollar propuestas de valor para contribuir a un progreso social y económico más sostenible. Por si esto fuera poco, hay que destacar que recientemente la UNAM fue distinguida con la Medalla de Oro por la Universidad de Granada y el honoris causa otorgado a Graue por la Universidad de Sevilla. Lo dicho: en la máxima casa de estudios están recogiendo una buena cosecha de triunfos.
EL CORREDOR AZUL ¿O ROJO?
Hay quienes han sugerido la idea de que el famoso corredor azul del Estado de México cambie a rojo, pues consideran que es necesario encender las alertas por la elevada incidencia delictiva que lo caracteriza. Atizapán de Zaragoza, gobernado por el panista Pedro Rodríguez Villegas, está azotado por el repunte de cinco modalidades de robo. Los asaltos en combis crecieron 54.5 por ciento en tan sólo un mes, mientras que los atracos a transeúntes lo hicieron en 30 por ciento. Atizapán sigue el ejemplo de Tlalnepantla, Naucalpan y Cuautitlán, todos gobernados desde hace años —salvo un paréntesis en el 2018 en algunos casos— por el PAN. La honrosa excepción es Huixquilucan, encabezado por la panista Romina Contreras. La moraleja, nos dicen, es que no se trata de un problema del partido que gobierna, sino de que las autoridades municipales se pongan las pilas. Uf.
DIÁLOGO POR EL CABLEBÚS
Plausible, nos dicen, la postura asumida por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, al optar por la vía del diálogo para resolver el conflicto con padres de familia por el proyecto de colocar un pilote del Cablebús en la primaria El Pípila Verde. En días pasados, inconformes manifestaron su rechazo a la obra, pues dejaría inutilizada la cancha de basquetbol de la escuela. Y lejos de enfrascarse en una disputa que a nadie convendría, Sheinbaum optó por la concertación y de hecho dio a entender que el gobierno capitalino está dispuesto a estudiar otro posible trazo de la línea para que el pilote ya no tenga que ser instalado en el plantel. Resolver los conflictos con la población y entre niveles de gobierno sin politizarlos es, nos aseguran, el mejor de los caminos. (La Razón, La dos, p. 2)
Faltan 17 meses para que concluya la administración de López Obrador. ¿Se les hace poco? ¿Mucho? ¿Una eternidad?
¿Le dará tiempo de mandar al diablo a todas las instituciones que imaginó desde hace más de 15 años? Sí, estas acciones “las cantó” desde entonces.
¿Le otorgará aún más a las fuerzas armadas? No, esto no era previsible. Contrario a lo anterior, su visión militarista la ocultó y su promesa de campaña la traicionó.
Todo está en veremos, porque no ha logrado con la Corte lo que hizo con el Congreso.
Más de la mitad de los votos emitidos en 2018 fueron para Andrés Manuel. Millones confiaron en él. Otro tanto desconfió desde el inicio. Hoy, varios están decepcionados.
Algunos tenían claro que no había opción y decidieron anular su voto. Y hay quienes pensaron que no debían eludir su responsabilidad, por más “flaca que estuviera la caballada”.
El caso es que estamos en el círculo vicioso sexenal de la esperanza y la elección del “menos peor”, impulsado por fallas en el diseño institucional.
Después del PRI vino la alternancia con el PAN. Y, nada. Luego regresó el Revolucionario Institucional. Ahora Morena. No importa el color del partido, lo que quedó demostrado es que el modelo presidencial exacerbado es poco democrático, con tendencias autoritarias (más allá de tener que soportar el “estilo propio de gobernar” del todopoderoso).
Desde hace tiempo, universitarios como Pablo González Casanova y Arnaldo Córdova describieron el sistema donde las decisiones más importantes se centran en la voluntad de una sola persona. Esta situación no es producto de la violación a la Constitución ni las leyes, sino su consecuencia. Son las propias normas las que le otorgan enormes facultades; trátese de quien se trate y sin importar cómo conquistaron la cima: Echeverría, López Portillo, De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña, López Obrador.
El titular del Ejecutivo cuenta con una cantidad de recursos y medios que le permite generar intercambios de favores, clientelas, amenazas. Factores que acaban influyendo, a veces de forma determinante, en los siguientes seis años.
Mientras los políticos no distingan entre gobierno y partido o no existan contrapesos ni una incuestionable división de poderes, hay que dejar de ilusionarnos con la o el que viene.
Ya sabemos quiénes aspiran a ocupar Palacio. No existe la corcholata salvadora.
El cambio vendrá cuando se quiebre la estructura presidencialista.
Aquí entre nos
Habemus Suprema Corte de Justicia de la Nación. (Elisa Alanís, Milenio Diario, Al frente, p. 2)
Cuando ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la primera parte de la reforma electoral del presidente López Obrador, dejó en claro que también lo hará con la segunda y, así, dos de las tres principales reformas de su gobierno habrán sido anuladas por el Poder Judicial, primero la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y ahora ésta.
La votación ayer fue contundente. El ministro ponente, Alberto Pérez Dayán, necesitaba ocho votos para invalidarla y consiguió nueve, con el sorpresivo de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea que votó contra el Presidente, que necesitaba cuatro para validarla y solo logró dos de sus incondicionales Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz. Perdió el de su hasta ayer incondicional ex presidente de la Corte, que no influyó en nada, el proyecto para invalidarla hubiera sido aprobado sin él. Pero fue una señal.
Por lo demás, no hubo sorpresas pero sí una señal clave: el voto del ministro Javier Laynez Potisek contra esa primera parte de la reforma de López Obrador. Y digo que es clave porque tiene a su cargo el proyecto del resto de la segunda, que en ejercicio de la lógica jurídica vendría en el mismo sentido: por invalidarla.
Y así, las elecciones federales del año que viene se llevarán a cabo con la actual legislación, lo que yo no sé por qué López Obrador no quería si afirma tenerlas ganadas con el argumento de que, desde ya, la oposición está moralmente derrotada, lo que en el muy improbable caso de darse, se iría, como en todas sus derrotas, al conflicto poselectoral con la bandera del fraude.
Quizá por eso.
Pero de que fue una derrota a su cuarta transformación, lo fue.
RETALES
Es posible imaginar que el fin de semana hubo una fuerte actividad de llamadas, conversaciones y entrevistas entre funcionarios mexicanos y la Embajada china en México o entre diplomáticos mexicanos y funcionarios chinos en Beijing, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ya tenía pruebas de que el fentanilo se fabrica con sustancias que llegan de China.
Según la costumbre diplomática, lo más normal es que haya habido pedido y aportación de explicaciones para evitar que el tema derive en un incidente mayor.
No puede decirse que haya ocurrido un intercambio oficial, u oficioso siquiera, entre los gobiernos de China y México. Pero sería normal, porque lo que sí se sabe es que por razones históricas, los chinos son particularmente sensibles a cierto tipo de acusaciones y de expresiones, y más como en este caso, fue el equivalente literal a un avergonzamiento público del gobierno de Xi Jinping.
Además, que una parte del dicho presidencial haya mencionado haber escrito a Xi una carta de petición de ayuda a solicitud de una comisión de diputados republicanos estadounidenses, puede haber agregado incomodidad.
El hecho real es que no es la primera vez que el entusiasmo personal del presidente López Obrador lo pone en situaciones ambiguas y hace necesario que la Secretaría de Relaciones Exteriores, al menos la parte dedicada a la diplomacia formal, trate de barrer los vidrios rotos y suavice o resuelva situaciones.
Los estadounidenses han creado sus propios mecanismos para enfrentar las ya frecuentes acusaciones del mandatario sobre injerencismo. No es que las ignoren, pero la colaboración real del gobierno de AMLO en cuanto a migración, y especialmente, el acuerdo de recibir a deportados de terceros países es una compensación más que políticamente fuerte.
De hecho, ese es un punto de enorme importancia, luego de las acusaciones que el mandatario mexicano lanzó al gobierno estadounidense por financiar a grupos que él considera como críticos o adversariales a su gobierno. En algunos casos, por cierto, grupos que también enfrentaron a sus predecesores.
La relación con México es lo suficientemente importante como para que al menos algunos de sus temas sean parte de la política doméstica estadounidense.
Y así como hay una parte que en aras de metas prácticas prefiere pasar por alto las afirmaciones del mandatario, hay otras –en la oposición republicana en este caso– que plantean acusaciones propias, como en el caso del diputado republicano Dan Crenshaw y su propuesta de resolución legislativa de condena a AMLO por su “amenaza” de tratar de influir en las elecciones del país vecino.
De cualquier forma, no es ciertamente la primera vez que López Obrador parece haber colocado a su gobierno y al país en una situación más o menos incómoda.
Después de todo, como decía don Jesús Reyes Heroles, “en poesía, como en política, la forma es fondo”. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Orbe, p. 27)
El palo de la Corte a la primera parte del plan B electoral de AMLO deja un claro mensaje a los legisladores oficialistas que utilizan métodos desaseados para aprobar leyes por instrucciones del Presidente: ser mayoría no los exime de respetar la Constitución. Por nueve votos contra dos, los ministros invalidaron la Ley de Comunicación Social y de Responsabilidad Administrativa por violaciones graves al proceso legislativo.
Esta reforma redefinía el concepto de propaganda gubernamental y establecía una excepción a la prohibición de su difusión durante procesos electorales, de acuerdo a Integralia Consultores. Lo que ha venido ocurriendo con los morenistas y sus rémoras en el Congreso podemos explicarlo en palabras que se atribuyen al excanciller del Reich alemán, Otto von Bismarck: “Aprueban leyes como si fueran salchichas: es mejor no ver cómo se hacen”.
La reforma forma parte de un conjunto de ordenamientos que incluye el controvertido plan B que el presidente López Obrador elaboró para lograr el control los órganos electorales.
A favor de desechar la primera parte del plan B votaron Norma Piña, Alberto Pérez Dayán, Margarita Ríos Farjat, Luis María Aguilar, Juan Luis González Alcántara, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Pardo, Javier Laynez y —sorpresa para muchos— Arturo Zaldívar.
En contra sólo las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz Ahlf.
El voto de Zaldívar tiene su mérito. Esta vez su cercanía con el Presidente no alcanzó para avalar las violaciones graves al proceso legislativo que se cometieron en la aprobación del plan B. Mi reconocimiento. El proyecto que desecha la primera parte del plan B es del ministro Pérez Dayán. La ponencia confirma la transgresión a las normas que justifican un proceso de democracia deliberativa e informada. El plan, dijo, no respetó lo dispuesto en la Constitución.
La iniciativa no pasó por un procedimiento ordinario: se recurrió al trámite de urgente y obvia resolución (dispensa de trámites.) En 24 horas aprobaron la reforma. Los legisladores no conocían lo que votaban.
* La reacción del oficialismo volvió a ser errática. No tolera la división de poderes. A nombre del pueblo —el pueblo es sólo ellos—, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, escribió en Twitter que la Corte decidió seguir protegiendo intereses particulares.
“Nueve ministros pasaron por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares. No hay de otra: Plan C en las urnas”, aseguró.
Ya veremos cómo les sale su plan C en las urnas en el 2023 y el 2024.
No es difícil imaginar las descalificaciones, los insultos, el trato que se dará a los ministros en la mañanera de hoy.
Y ya viene la parte complementaria del plan B y las impugnaciones de otras doce de las veinte leyes que aprobaron la “noche negra” en la sede alterna de Xicoténcatl.
* La que de plano hizo el ridículo fue la consejera jurídica de la Presidencia, María Estela Ríos González. La víspera de la histórica sesión en la Corte hizo público un comunicado en el que aseguró que, al invalidar la primera parte del plan B, los ministros se adjudican atribuciones que son del Poder Legislativo.
¿Tendrá idea de para qué sirven las acciones de inconstitucionalidad? El exconsejero presidente del INE Lorenzo Córdova no tuvo piedad con ella. “A veces leer la Constitución (completa y no sólo lo que dogmáticamente nos interesa) puede ayudar a resolver temas trascendentales como el que hoy vive la Consejería Jurídica. Privilegiar la lealtad por encima de la capacidad suele traer costos”, escribió en Twitter.
Es notoria la ausencia de Julio Scherer Ibarra.
* En el PAN surgió un “caballo negro” para la elección presidencial: Francisco García Cabeza de Vaca.
En un video que envió el viernes a la reunión plenaria de diputados locales azules, en Aguascalientes, el exgobernador de Tamaulipas se autodestapó como aspirante para el 2024.
“No quiero ser candidato a la Presidencia. Yo lo que quiero y puedo es ser presidente”, dijo.
Y de inmediato los gritos de ¡presidente!, ¡presidente!
No la tiene fácil. El tamaulipeco es el “villano favorito” de la 4T. Lo desaforaron y le giraron orden de aprehensión por supuestos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero que no le probaron. El 1 de marzo de 2023 esa orden fue cancelada por violaciones al debido proceso.
Ayer hablamos por celular con él. Un amigo en común, Eddie Varón Levy, nos puso en contacto.
En la charla confirmó su destape y dijo: “Esto va más allá del partido o de la alianza. Tiene que ser de la mano de la ciudadanía”.
Ya habló con Santiago Creel, que también quiere. Acordaron que se van a medir. “Con Lilly Téllez me falta una plática, pero sí te digo que no voy a ser obstáculo. Voy a ser factor de unidad (…) no me doblo, no me vendo, a diferencia de los exgobernadores que hoy son embajadores”, remató. (Francisco Garfias, Excélsior, Nacional, p. 4)
Que actúen legisladores como borregos enajenados en la manada puede tener consecuencias, como ayer en la Suprema Corte de Justicia, que al votar en contra del plan B de la reforma electoral pintaron a la coalición gobernante en la Cámara de Diputados como ignorantes, en el mejor de los casos, o atrabiliarios sin importar que violaran la ley y se convirtieran en pilar del autoritarismo antidemocrático. Fue una mala tarde para el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien se le ocurrió el plan con el que quería violar la ley, pero fue pésima para las bancadas de Morena, el PT y el Partido Verde, que bailaron al ritmo impuesto desde Palacio Nacional, sin importar las consecuencias a su investidura.
No es que haya sido una sorpresa lo que hicieron, pues desde hace tiempo hemos visto la sumisión de las y los diputados ante su jefe político y administrador de sus conciencias, pero la forma como en la Corte se fueron detallando sus abusos, chicanadas, deseaseo y marrullerías, dejó exhibida a la bancada del partido gobernante que sacrificó todo por obedecer ciegamente a López Obrador, que hasta el último minuto quiso descarrilar a la Corte. Primero quería eliminar al ministro Alberto Pérez Dayán, ponente del dictamen, de la discusión –y tener un ministro menos en contra–, y luego la Consejería Jurídica de la Presidencia, en una aberración jurídica y con una ignorancia supina, señaló que si la Corte invalidaba la primera parte del plan B supliría de manera ilegal al Congreso.
Nada de esto pasó. Se impuso la ley y la Constitución, en una sesión que dejó exhibidos a los legisladores, acompañados en la ignominia por las dos ministras lopezobradoristas, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel. Las nueve restantes ministras y ministros, uno a uno, fueron exponiendo lo que consideraban habían hecho las y los legisladores de la coalición gobernante con una reforma tramitada en fast track el pasado 6 de diciembre, llevándose menos de 24 horas entre que envió el Presidente la iniciativa, la adoptó como suya Morena –que no es ilegal–, se saltó todos los trámites para correr a la velocidad que les exigió Palacio Nacional, no la distribuyó entre las bancadas de la oposición y la aprobó.
El dictamen del ministro Pérez Dayán proponía invalidar el decreto de reformas a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, que se encuentran contenidas en la primera parte del plan B de la reforma electoral, por considerar que violaban los procedimientos legislativos y la discusión democrática. Las y los ministros fueron describiendo lo que hizo la mayoría en el Congreso, desnudando inopinadamente su accionar, su actitud y su subordinación al Ejecutivo.
“El decreto (presidencial) se emitió sin que todas las fuerzas políticas tuvieran conocimiento de las iniciativas y no tuvieron tiempo para analizarlas”, dijo la presidenta de la Corte, Norma Piña, a quien durante semanas ha hostigado e insultado el Presidente, linchado en las redes controladas por su vocero, injuriado su equipo de intelectuales orgánicos y presionado con un plantón frente al edificio que la alberga, donde han colocado carteles donde le dicen “ministra corrupta piña podrida” y quemado su efigie. La Corte, salvo las dos cortesanas referidas aquí, resistió la coacción y la cruzada para aplastarla y que hiciera lo que López Obrador quería. Incluso, el ministro Arturo Zaldívar, que en los últimos votos se ha inclinado hacia la posición del Presidente, no pudo ir en contra del dictamen.
“Francamente, es imposible que los legisladores se hayan allegado elementos para la discusión”, señaló Zaldívar al referirse a que no entregó la bancada de Morena la iniciativa. “Si bien debemos tener deferencia al legislador democrático, sí tenemos que velar por que en un parlamento todos los grupos puedan debatir en condiciones de igualdad y libertad, lo que en este caso no sucedió”.
“No respetar estas reglas”, agregó el ministro Luis María Aguilar al hablar del procedimiento legislativo, “es una deslealtad institucional y un desdén a las minorías parlamentarias, que también representan a un sector del pueblo de México”. El ministro José Luis González Carrancá apuntó: “Se violentaron los principios de deliberación democrática. No existió una deliberación democrática real y de fondo”.
Las bancadas de Morena, el PT y el Verde escondieron la iniciativa a la oposición, en una acción que sólo puede entenderse como la forma como evitaron que se discutiera, que se alargara la sesión y que no saliera en los tiempos que deseaba López Obrador. El Presidente quería la nueva ley electoral para que se pudiera aplicar en las elecciones presidenciales de 2024, y aunque el voto no fue al fondo –si el plan B es constitucional o no– y sólo se refería al procedimiento legislativo, podría reenviar su iniciativa, aunque probablemente, por los tiempos, no alcance a ser debatida y aprobada para junio del próximo año.
Los caprichos presidenciales se toparon con un muro jurídico. No se puede estar violentando la ley todo el tiempo. El espíritu autoritario de López Obrador no permite consejos que le eviten llegar a estos extremos, como debió haber hecho la Consejería Jurídica de la Presidencia en lugar de hacer el ridículo, como lo hizo al acusar a la Corte de querer asumir funciones legislativas, o como debió haber sido responsabilidad de los líderes de Morena y la coalición gobernante en San Lázaro, para explicarle que tenían que procesar el plan B con otros tiempos y formas, para llegar a lo mismo, pues tenían los votos necesarios para alcanzar el objetivo, pero sin violentar la ley.
Nada de esto sucedió. El Presidente perdió, pero desde hoy habrá que esperar la nueva ronda de acusaciones contra la Corte, las descalificaciones personales y la escopeta para dispararle a cualquiera que no se haya hincado ante sus deseos. Las bancadas de Morena, el PT y el Verde pasarán como lo que son, empleados de segundo nivel del Presidente, carentes de ética institucional y vergüenza. Creen que lo que hicieron se olvida, pero están muy equivocados. Ya lo verán. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 32)
Hace unos días revivió el debate sobre “los arrepentidos”, aquellas personas —pero sobre todo personajes— que votaron por López Obrador en el 2018 y hoy admiten que se equivocaron, que les ha decepcionado. En respuesta, quienes advirtieron en la campaña que AMLO se convertiría en este autoritario ineficaz se burlan con reproches. En ambos bandos hay figuras famosas y relevantes.
Las dos posiciones se han sintetizado en sendas frases. “No podía saberse”, dicen los que se arrepienten, argumentando que AMLO prometía otra cosa. “Sí podía saberse”, les contestan reclamándoles sus posiciones intelectuales a favor del hoy presidente de México.
El 26 de mayo de 2020 en estas Historias de Reportero abordé este tema (“El linchamiento de los arrepentidos” https://bit.ly/41joAP8). Mi opinión no ha cambiado: haber creído en AMLO es un falso pecado. “Frente a las lamentables gestiones del PRI y el PAN, era perfectamente entendible buscar sacudirse la corrupción y la violencia buscando una tercera ruta. En campaña, AMLO fue lo suficientemente vago en sus definiciones políticas para no perder a los duros y ganar a un buen tramo de los moderados”.
Pienso que la gente puede equivocarse. Pienso que mentes brillantes y comprometidas pueden fallar. Pienso que es valiente reconocerlo y pienso que seguro son muchos más, pero no se atreven o no quieren reconocer.
Es cierto que entre “los arrepentidos” hay algunos personajes que no toleran el error ajeno, que fustigan hasta la saciedad cualquier yerro en el otro, que no admiten que alguien más pueda equivocarse genuinamente ni le dan valor a la disculpa. Pero no por eso merecen ser juzgados con la misma vara. Si no existieron oscuras motivaciones económicas o políticas (que merecerían discusión aparte) detrás de su equivocación de creer en AMLO en 2018, un error —por garrafal que sea— lo comete cualquiera. Que lo reconozcan suma. Y ojalá no se vuelvan a equivocar.
Hace tres años publiqué: “Haber votado por alguien no te quita el derecho de reprocharle, exigirle, criticarle; de hecho, a mi manera de ver, le da un peso específico distinto”. Me parece relevantísimo en la discusión pública el rosario de excolaboradores de López Obrador que se han dado cuenta de la traición y el desastre. Exsecretarios de Estado, exintegrantes del gabinete y del partido, intelectuales, académicos, periodistas, feministas, artistas, defensores de derechos humanos y un largo etcétera. Gente que estuvo con él, que hizo campaña con él, que lo apoyó y que hoy frente a la realidad, denuncia con verdad. Desde mi punto de vista, “los arrepentidos” no deben ser estigmatizados ni descalificados, sino por el contrario, incorporados al amplio listado de pruebas y testimonios que dan cuenta de la debacle que ha significado el obradorato.
SACIAMORBOS. Saliva para que resbale el escándalo. Ante una investigación periodística profesional que muestra que las cosas no han cambiado —que el sistema de tráfico de influencias sigue funcionando, con un modus operAndy en el que los cercanos al poder se quedan con el dinero que debería de ser para el pueblo—, el presidente habla como si realmente hubiera acabado con ello, con un grado de cinismo en el que se da el lujo de acusar a “sus adversarios” de hacer lo que ahora él hace. Ni siquiera se molesta en dar explicaciones. Descalifica, insulta, calumnia. A la ciudadanía que le creyó, que le compró la idea y votó por él, aún harta de que esto siga pasando, ninguna explicación, nada más allá del “no somos iguales”. (Carlos Loret de Mola, El Universal, Nación, p. 7)
Le dispararon desde una moto. A quemarropa. Teresa Magueyal era una de las miembros más activas del colectivo “Una promesa por cumplir”, integrado por más de 70 familias que en el mortífero estado de Guanajuato andan buscando a sus desaparecidos.
Quedó tendida a un lado de su bicicleta y la noticia corrió como pólvora por San Miguel Octopan, en el municipio de Celaya.
La señora Magueyal llevaba tres años buscando a su hijo, José Luis Apaseo. En abril de 2020 fue visto por última vez cuando iba a comprar comida. Eran meses duros en San Miguel: el gobierno federal acababa de descubrir en aquel poblado la casa de seguridad de la pareja sentimental de José Yépez Ortiz, El Marro, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, y la violencia envolvía las calles como nunca antes.
Sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación entraban de noche para catear las casas de sus enemigos: buscaban a un miembro del Cártel de Santa Rosa que había protagonizado un video en el que su jefe, El Mencho, era “ofendido”.
En ese periodo ocurrieron cinco ejecuciones en 72 horas. Mujeres y niños impedían el paso de la Marina, apedreaban a estatales y municipales, se habían convertido en escudo: la “base social” del Marro.
“Ya casi 2 meses sin saber de ti hijo mío, siento que ya no puedo más, esta angustia me está matando, estoy de pie hijo de mi corazón para el día que Dios te regrese a mi lado, recibirte con los brazos abiertos”, escribió la señora Teresa.
“No busco culpables, solo quiero de regreso a mi hijo”, decía.
Pronto se integró al colectivo “Una promesa por cumplir”. Al lado de otras madres buscadoras caminó por cerros y baldíos, exploró en terrenos y casas abandonadas, asistió a marchas y recibió llamadas o mensajes anónimos en los que se indicaba la supuesta existencia de fosas clandestinas. Muchas veces, durante las búsquedas, aparecieron hombres armados que les dieron la orden de largarse de ahí.
Era exactamente lo que estaban viviendo, en un país con más de 100 mil desaparecidos, madres de Sonora, Sinaloa, Veracruz, Chihuahua, Morelos, Jalisco, Guerrero, Michoacán…
Apenas el mes pasado, la señora Magueyal escribió en su cuenta de Facebook: “Hoy se cumplen tres años que desaparecieron a mi hijo y sigo esperando que alguien me diga dónde lo puedo encontrar, que se apiaden de todas las mamás que están pasando por lo mismo que yo”.
El 2 de mayo salió de su casa y montó una bici. Ya la estaban esperando. Según las autoridades, los asesinos eran parte del Cártel de Santa Rosa.
Hay una amplia lista de buscadoras asesinadas en todos los rincones de México. Se trata de una lista espeluznante. No hay modo de saber qué historia duele más, indigna más.
María Carmela Vázquez buscaba a un hijo desaparecido en Abasolo, Guanajuato. Su madre relató: “Llegaron dos muchachitos tocando la puerta de mi casa, salí y me preguntaron por mi hija, le dije que le hablaban en la calle y cuando salió, la mataron”.
María Carmela acababa de colgar fotos de desaparecidos en la plaza municipal. Haber participado en ese acto fue su sentencia de muerte.
A Blanca Esperanza Gallardo la acribillaron mientras esperaba el transporte de personal que iba a llevarla a su lugar de trabajo. Sus asesinos hicieron diez disparos. Blanca Esperanza buscaba a su hija, desaparecida un año antes en un fraccionamiento de Puebla. Había señalado como posible responsable de la desaparición a un narcomenudista.
Rosario Lilián Rodríguez Barraza llevaba tres años buscando a su hijo Fernando. Había fundado un colectivo, “Corazones sin justicia”, que logró encontrar los cuerpos de cinco personas. En agosto de 2020 asistió a una misa dedicada a las víctimas de desaparición forzada. Al salir, escribió un mensaje, “Ya voy para allá”. Caminó al lado de unas vías, en la cabecera municipal de Elota, Sinaloa. Unos hombres la subieron a la fuerza a una camioneta. Su cuerpo apareció tirado en esas vías horas después.
Aranza Ramos buscaba a su esposo desde hacía un año. Un comando irrumpió en su domicilio y la sacó a rastras. La tiraron minutos después en la entrada de la comunidad en donde residía, en el municipio de Guaymas, Sonora.
He citado solo un puñado de casos recientes. En México matan a las madres buscadoras para que no importunen a los cárteles con sus hallazgos. Para que no sigan llamando la atención. Para que no atraigan a las fuerzas del gobierno.
Matan a las madres buscadoras, y los colectivos denuncian siempre lo mismo: el desinterés, el abandono, el olvido, la falta de solidaridad de autoridades federales y estatales.
“Debería ser un escándalo, pero en el fondo, a la gente tampoco le importa”, me dice la integrante de uno de estos grupos.
Se acaba de conocer el caso de María Isabel Cruz Bernal y de Belinda Aguilar, dos madres de desaparecidos que forman parte del colectivo sinaloense “Sabuesos Guerreras, A.C.”. Las activistas denuncian que dos presuntos “halcones” las siguen desde el pasado 3 de mayo. Aún es tiempo para cuidarlas, para voltearlas a ver.
Para no seguir abandonando a las madres que, en todo México, y poniendo su vida en riesgo, buscan a sus hijos desaparecidos. (Héctor de Mauleón, El Universal, Nación, p. 9)
Al tomar la palabra ayer en la sesión del pleno, la ministra presidenta Norma Piña tocó el meollo del asunto: “Nuestro país es una democracia constitucional. Uno de sus principios fundamentales es que las decisiones deben ser tomadas mediante procedimientos democráticos de tipo deliberativo”. Este es precisamente el principio que defendieron ayer nueve ministros de la Suprema Corte que advirtieron que una reforma legal en la que no se permitió el debate informado ni la participación de las minorías no es constitucional.
Las presiones contra la Corte fueron enormes. La Consejería Jurídica de la Presidencia argumentó que era falso que no se hubiera cumplido “el principio de deliberación democrática” en la aprobación de las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas, las primeras del llamado plan B de reforma electoral. Afirmó que “el ministro ponente”, Alberto Pérez Dayán, “es omiso al artículo 17 constitucional… pues no toma en cuenta los razonamientos expuestos por las autoridades demandadas”. Añadió que el proyecto, de ser aprobado, violaría “el principio de división de poderes”.
La sesión empezó, de hecho, considerando una exigencia de la Consejería Jurídica para que el ministro Pérez Dayán se excusara por “falta de imparcialidad”. Los 11 ministros rechazaron la petición. Posteriormente, nueve de los 11 votaron a favor del proyecto que declaraba “la invalidez del Decreto cuestionado“. Solo estuvieron en contra las dos ministras, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, que votan de manera sistemática a favor de las posiciones oficialistas. Esquivel afirmó que, en aras de mantener la “división de poderes”, había que “honrar” las decisiones de la mayoría. Esto significaría, sin embargo, que la mayoría en el Congreso tendría la facultad de violar cualquier norma o procedimiento.
Varios ministros señalaron diferencias puntuales con el proyecto, pero consideraron que las fallas en el procedimiento fueron de tal gravedad que impidieron la discusión libre e informada de las iniciativas y, por lo tanto, resultaban “invalidantes”. Pérez Dayán señaló que tomará en cuenta los puntos de vista discrepantes para incorporarlos al engrose.
Si bien el fallo trató solo acerca de las dos primeras iniciativas del plan B, muchas de las mismas irregularidades se cometieron en la aprobación de otras. Es previsible que todo el plan B quede anulado cuando las demás iniciativas lleguen al pleno.
El fallo es muy importante para la preservación del Estado de derecho en nuestro país. El gobierno tomó la decisión de forzar la aprobación de las reformas electorales a pesar de que sabía que eran inconstitucionales, como lo advirtió el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal; pero además quiso hacerlo con un abierto desplante de arrogancia, violando leyes y reglas parlamentarias, humillando a la oposición, pretendiendo que en este régimen el papel de las minorías es “callar y obedecer”.
La arrogancia, sin embargo, tiene costos. Si bien los ministros pueden haber discrepado, el ministro Arturo Zaldívar, expresidente de la Corte, muy cercano al Presidente, declaró: “Si bien debemos tener deferencia al legislador democrático, sí tenemos que velar porque en un parlamento todos los grupos puedan debatir en condiciones de igualdad y libertad, lo que en este caso no sucedió”.
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en su característico ánimo pendenciero, escribió: “El pueblo mexicano busca recuperar la confianza en sus instituciones, pero la SCJN decidió seguir protegiendo intereses particulares. Nueve ministros pasaron por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares. No hay de otra: plan C en las urnas”. Se refería al anuncio de AMLO de que buscará en 2024 la mayoría calificada para enmendar la Constitución en septiembre sin el voto de las minorías. (Sergio Sarmiento, Reforma, Opinión, p. 12)
El 5 de mayo la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia sanitaria internacional por Covid 19, sin que esto implique el final de la pandemia. Durante estos 3 años, se afectó el registro de nacimientos y muertes de manera oportuna. Si bien las oficinas registrales continuaron con actividades durante la emergencia sanitaria, algunas de ellas tuvieron un cierre parcial en algunos momentos. También se profundizó un problema mayor, la pérdida de cultura registral por el miedo a los contagios.
La cultura de registro sobre datos vitales —nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios— en México se ha posicionado de manera muy lenta en nuestra sociedad. Los datos del Registro Nacional de Población para 2020 nos hablan de un subregistro de nacimiento en México de 0.4%, según el Censo 2020 de Inegi. Es decir, 451 mil personas no contaban con acta de nacimiento. Si bien se ha avanzado, pues en 2015 la proporción era de 0.8%, no podemos ignorar el problema.
En 2022, el registro de niños y niñas entre los primeros 60 días fue de sólo 49.4%, lo que aumenta a partir de los 6 meses de edad a los 5 años, hasta llegar al 93.2% de esta población con acta de nacimiento. Es decir, uno de cada cinco niños se registra al año siguiente de su nacimiento y un 6.8% no se registra durante sus primeros años. Esto, sin ser la intención de las familias, pone en una situación de alta vulnerabilidad a niñas y niños en nuestro país. Los estados con situación de rezago en el registro en los primeros 60 días son: Chiapas 11.9%, Oaxaca 17.9%, Guerrero 29%, Tabasco 29% y Campeche 34%. Los estados con mayor registro oportuno de nacimientos, al corte enero 2023, son: Querétaro 86.4%, Tlaxcala 84.8%, Yucatán 83%, Coahuila 78% y Colima 74.4%.
Con estas cifras hablamos de un subregistro que impacta en el acceso a los derechos humanos de las niñas y niños en nuestro país, pues se les niega su identidad jurídica, que es la llave para el acceso a otros derechos como la salud y la educación.
Con el fin de acercar los servicios registrales a la población, Renapo ha iniciado, en coordinación con los Registros Civiles, brigadas de registro de nacimiento en municipios prioritarios por sus niveles de subregistro. De 2019 a 2022 se han realizado brigadas de registro de nacimiento en 788 municipios —256 en 2019, 241 en 2021 y 291 en 2022—. Además, se han abierto 344 Módulos de registro en hospitales para que las personas puedan acceder más fácilmente a este derecho.
Es responsabilidad de toda la sociedad, que las infancias puedan ejercer todos sus derechos en plenitud. El registro oportuno protege a las infancias ante cualquier situación de vulnerabilidad, pues garantiza el conocimiento de su origen. Al quedar registrados sus datos de nacimiento permite también conformar la historia de vida de todas las personas, coadyuva al fortalecimiento de políticas públicas encaminadas a su atención y, sobre todo, garantiza el derecho humano a la identidad de las niñas y los niños. (Alejandro Encinas, El Universal, Opinión, p. 17)