Mientras más piedras en el camino se ponen a los migrantes para que lleguen a la frontera en buena lid, más negocio hacen los polleros. (La Jornada, Contraportada)
Que en oficinas del gobierno federal comentan que ya se envió a casi mil elementos de la Guardia Nacional al sureste del país, sobre todo a la frontera con Guatemala, ante el arribo de migrantes centroamericanos y sudamericanos. En medio de la crisis, por cierto, sigue sin aparecer el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, quien por cierto enfrenta un proceso penal, pero sigue a cargo por instrucción presidencial (Milenio Diario, Al frente, p. 2)
RESQUICIOS.
No puede meterse en el cajón del olvido la muerte de los 40 migrantes en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Pareciera que quieren dejar pasar el tiempo y darle otra mirada a lo que fue un horror. Lo sucedido es una afrenta para los migrantes y ya está marcando al Gobierno. (Javier Solórzano, La Razón, La dos, p. 2)
Según los documentos oficiales dados a conocer en los primeros días de 2019, cuando apenas comenzaba la administración de López Obrador, “la política migratoria del gobierno de México (2018-2024) se constituye sobre la base del respeto pleno de los derechos humanos a partir de un enfoque multisectorial, pluridimensional, corresponsable, transversal, incluyente y con perspectiva de género”. En esos mismos días se declaró una política de fronteras abiertas que generó una avalancha migratoria que se dirigió hacia nuestra frontera norte con todo el apoyo del gobierno federal. Nada de eso duró demasiado, ni las palabras ni los propósitos ni las políticas.
La administración de Trump endureció sus posiciones y asumamos la versión sobre lo sucedido del entonces secretario de Estado, Mike Pompeo, o la del canciller Marcelo Ebrard, lo cierto es que se decidió dar una vuelta de 180 grados en la política migratoria, se fortalecieron los controles para los ingresos al país, se deportó a cientos de miles, millones de personas en realidad, se desplazaron a las fronteras 27 mil guardias nacionales y soldados y se dejó, durante los años de Trump, aparcada la agenda bilateral con el único tema central de la migración.
Pronto se fue colando otro tema: el fentanilo. Y más pronto aún las agencias de inteligencia y seguridad deben haber descubierto que ambos van de la mano, porque desde aquellos lejanos años de 2018-19, ha sido el crimen organizado el que ha tomado el control de los flujos migratorios.
Desde que asumió Joe Biden, la política migratoria en ambos lados de la frontera ha sufrido todo tipo de vaivenes. En la Casa Blanca se pasó de las buenas intenciones y las declaraciones de apertura a una política más restrictiva en algunos capítulos que la de Trump. Si en la campaña electoral el candidato Biden se asombraba de que con el Título 42 no se permitiera a la gente solicitar asilo en territorio estadunidense, ahora se ha institucionalizado la imposibilidad de hacerlo si no se ha pedido antes asilo en un tercer país y por una aplicación en la que cada vez es más difícil conseguir una cita.
Por vía aplicación se dice que se dan, a nivel global, unas mil citas diariamente, aunque, en realidad, los medios estadunidenses estiman que son poco más de 700 y, cuando se conceden las citas, el lugar designado puede estar a más de dos mil 500 kilómetros de distancia, con un agregado, dicen también en la prensa estadunidense: para concertar la cita se necesita hacer un escaneo del rostro y, por alguna razón, las personas de piel más oscura tienen mayores dificultades en lograr que la aplicación lo logre. Según fuentes gubernamentales, ese problema se ha solucionado.
El gobierno de México ha jugado con el tema migratorio: se ha endurecido o aligerado de acuerdo a la coyuntura por la que pase la relación. Estábamos, hasta hace unos días, en un periodo en el cual se dejaba pasar a todo mundo, pero desde el viernes y en forma repentina no sólo se enviaron más soldados y guardias a la frontera (aquí no se informó el número, pero según fuentes de Estados Unidos serían unos 26 mil elementos los movilizados). Además, se cortaron los permisos de tránsito para los migrantes y se cerraron las 33 estaciones migratorias que existían en el país, usando como coartada el incendio sufrido en Ciudad Juárez que ocasionó 40 muertos.
En otras palabras, coincidiendo con el fin del Título 42 y la entrada en vigor del llamado Título 8 en Estados Unidos, que rechaza automáticamente a cualquier persona que pida asilo sin haber solicitado y obtenido cita en un tercer país, México prácticamente ordenó cerrar fronteras para este tipo de migración, cerró las estaciones donde se resguardaba (y en muchas ocasiones se detenía) a los migrantes, se dejó de dar el permiso de tránsito, que evitaba que un migrante sin papeles pudiera ser detenido y extraditado, y se incrementaron las extradiciones.
Otra vuelta de tuerca notable, para poner la política migratoria nacional en conjunción con la aprobada por la Casa Blanca.
El apoyo que eso significa para el presidente Biden en momentos en que es golpeado en forma constante y cotidiana por el tema migratorio, es enorme, sobre todo si se extiende en el tiempo. Para México, implica pagar un costo político importante, no sólo por el cierre relativo de fronteras, sino y sobre todo porque se deja sin apoyo alguno, de cualquier tipo, a los hombres, mujeres y niños que traten de llegar a la Unión Americana, si es que no son deportados primero por México. Los acuerdos a los que han llegado ambos países en este sentido no han sido públicos, pero queda claro cuál es la dirección y las líneas principales que han tomado.
El problema es que con lo migratorio no alcanzará para estabilizar la relación, sobre todo por el tema del fentanilo. Las muertes por sobredosis siguen aumentando, actualmente son unos 200 muertos al día, la enorme mayoría de ellos por fentanilo o su combinación con otras drogas. Y en la medida en que Estados Unidos, por el conflicto que mantiene con China, no puede frenar el envío de los precursores desde ese país, tendrá que concentrarse en los países que lo industrializan y convierten en pastillas o polvo para su consumo ilegal. Y ninguno es más importante en ese sentido que México.
La pinza migración-fentanilo puede atenazar al gobierno mexicano y, por otra parte, es una amenaza para el estadunidense. (Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, Nacional, p. 8)
Ante el fin del Título 42, la Secretaría de Relaciones Exteriores reitera que la protección y atención a nuestros connacionales en América del Norte es la máxima prioridad de la política exterior mexicana. Para hacerle frente a este nuevo reto hemos estado en constante diálogo con las autoridades estadunidenses que ha tomado lugar en múltiples niveles. En ese sentido, destaco algunas de las medidas que el Gobierno de México ha tomado frente a este cambio importante en las políticas fronterizas de Estados Unidos.
En primer lugar, hemos entablado un acercamiento de alto nivel con Washington en la gestión migratoria. Con este fin, la semana pasada encabecé una visita a la Casa Blanca, junto con la directora ejecutiva de la Amexcid, Laura Elena Carrillo. En la capital estadunidense dialogamos sobre las nuevas medidas de colaboración para atender las causas de raíz de este fenómeno y la necesidad de aumentar recursos que lleguen directamente a las personas. Destaca también que, gracias a las nuevas vías de movilidad en las que México ha insistido, así como a las consecuencias de cruzar la frontera de manera irregular, hemos visto una disminución de cerca del 50% del número de personas indocumentadas que llegan a nuestra frontera con EU en los últimos días, aunado a una disminución de cerca de 2 mil personas migrantes alojadas en Ciudad Juárez y 500 en el caso de Matamoros, de acuerdo a la información recabada por nuestros consulados.
Por otro lado, del 10 al 13 de mayo, el personal de la Dirección General de Protección Consular y Planeación Estratégica, encabezado por la directora general Vanessa Calva Ruiz, visitó y apoyó las actividades de los consulados de nuestro país en nuestra frontera norte. Además, las y los miembros de nuestro cuerpo consular han celebrado reuniones con autoridades migratorias mexicanas y estadunidenses con el objetivo de robustecer la respuesta humanitaria de ambos gobiernos, así como mejorar las condiciones para nuestros connacionales y el respeto a sus derechos.
La protección permanente de las y los mexicanos en el exterior se fortalece también con la expansión de nuestra red consular. Frente a una demanda conformada por más de 100 mil mexicanos en el estado, anunciamos la apertura de un nuevo consulado a nuestra extensa red de protección y atención en Oklahoma City. Antes, nuestros connacionales que residen en ese estado tenían que viajar a otras oficinas, ya que estaban cubiertos por las circunscripciones de nuestras representaciones en Little Rock, Arkansas y Kansas City. Ahora, las y los mexicanos que viven en Oklahoma contarán con un nuevo instrumento de protección encabezado por la cónsul Edurne Pineda, diplomática del Servicio Exterior Mexicano, que abrirá sus puertas en los próximos días.
Por otro lado, seguimos trabajando para la inclusión de todas las personas en nuestros servicios consulares. Esta semana, el canciller Marcelo Ebrard presentará un importante avance en la emisión de pasaportes y visas publicado ayer 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación y que abre la posibilidad de no especificar el sexo de la persona solicitante, en cuyo caso aparecerá una “X” en la casilla de sexo, como ya sucede con la matrícula consular de última generación.
Finalmente, no nos cansamos de reiterar que México es un país grande, digno y soberano. Contrario a las ignorantes declaraciones del senador John Kennedy, no somos ni seremos el traspatio de nadie. Rechazaremos cualquier intento de intervencionismo y exigimos con firmeza el respeto que nos merecemos. En particular, desde la Cancillería y de acuerdo con la posición del presidente López Obrador, celebramos nuestro buen entendimiento con el presidente Biden y su administración y reprobamos cualquier atentado en contra de este clima de cooperación. Como señaló el canciller Marcelo Ebrard, México es el principal socio y aliado de Estados Unidos y continuaremos dialogando y construyendo puentes con Washington en beneficio de las y los mexicanos en todo el mundo. (Roberto Velasco Álvarez, Excélsior, Nacional, p. 14)
Hace unos días —durante su participación en la comparecencia de la directora de la DEA, Anne Milgram—, el senador republicano John Neely Kennedy emitió una serie de declaraciones que denuestan a nuestro país. Ofensas ante las que no debemos quedarnos callados como mexicanos, así vengan de un personaje claramente ignorante y racista, pero, sobre todo, estúpido. Es cierto también que esta declaración injustificable se da en un polarizado contexto electoral de Estados Unidos, en el cual los republicanos buscan atraer las mayores simpatías ultraconservadoras a partir de una serie de iniciativas como las leyes absurdas que el gobernador Ron DeSantis quiere imponer en el estado de Florida.
Frente a estos y otros agravios resulta una verdadera pena el silencio de un amplio número de actores relevantes de la política mexicana, quienes optaron por no contestar como se merece al senador Kennedy, como tampoco a otros ataques similares. La prensa alcanzó a registrar apenas los firmes posicionamientos del canciller Marcelo Ebrard; la senadora panista Gina Cruz Blackledge; así como de la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum; entre algunos más. Si bien es innegable la existencia de diferencias legítimas entre oposición y gobierno, existen temas donde la clase política y los ciudadanos tenemos la obligación de sumarnos al Presidente de México y exigir respeto a nuestro país.
Dejando de lado los agravios del Partido Republicano por un momento, también resulta importante reconocer los errores en materia migratoria de esta administración. Basta recordar que en 2018 el gobierno de México optó por dar paso abierto a migrantes de Centro y Sudamérica en nuestra frontera sur, para lo cual asignó visas temporales de trabajo e, incluso, dejó en claro al exterior que México no tenía la obligación de ayudar a Estados Unidos en el trabajo sucio de las deportaciones.
Sin embargo, para el segundo trimestre de 2019, cuando el entonces presidente Donald Trump se encontraba en campaña por un segundo periodo al frente de la Casa Blanca, éste amenazó a México con aumentar hasta en un 25% los aranceles en todos los productos nacionales, en caso de no detener las múltiples caravanas centroamericanas. Ello motivó que la política migratoria de nuestro país diera un giro de 180 grados, con el despliegue de un alto número de efectivos militares a lo largo de la frontera sur y otros puntos estratégicos del territorio nacional.
Qué más quisiéramos que tener las condiciones propicias para poder albergar a esos miles de migrantes que intentan ingresar a nuestro territorio; pero México está imposibilitado de poderles ofrecer acceso a oportunidades de empleo, educación, salud y un ingreso decoroso, porque, para empezar, millones de mexicanos no tienen acceso a estos factores mínimos de bienestar en sus lugares de origen. Registros oficiales de Estados Unidos confirman que son cada vez más los cientos de miles de mexicanos que, en los últimos tres años, buscan migrar a ese país en búsqueda de una mejor calidad de vida.
Lo hacen porque en Estados Unidos se desarrolla una sociedad que cuenta con cierto nivel de servicios públicos y de seguridad, así como con oportunidades de trabajo bien remuneradas. Por el perfil de las actividades productivas, se ven en la necesidad de contar con la mano de obra de millones de migrantes que, por cierto, muchos de ellos son trabajadores indocumentados con sueldos inferiores a los que estipula la ley laboral estadunidense, pero que —en contraste— están muy por arriba de lo que pudieran ganar en sus países.
Si recordamos la tasa al alza de los mexicanos que se ven obligados a desplazarse al norte de nuestra frontera, dicha condición nos lleva a la necesidad urgente de fortalecer la política social. Las transferencias en efectivo, iniciadas por este gobierno federal a la población en situación de vulnerabilidad, pueden ser atractivas para quienes las reciben, pero a todas luces son insuficientes en arraigarles a su lugar de origen. De ahí que, si el próximo presidente de México no acompaña estos programas sociales con una política económica agresiva que impulse un verdadero desarrollo regional, nuestro país estará destinado a seguir expulsando a gente trabajadora y con deseo de superación a Estados Unidos. (Maximiliano Cortázar Lara, Excélsior, Nacional, p. 11)
La migración es consustancial a la humanidad. Los seres humanos nómadas poblaron continentes y fundaron civilizaciones antiguas y modernas. La agricultura los arraigó, pero nunca dejaron de migrar.
La Biblia, el Corán y la Torá, libros sagrados de pueblos monoteístas, contienen pasajes y episodios sobre los “éxodos”, que es el término sacro para describir las grandes migraciones.
Hoy, como ayer, los pueblos se mueven por al menos tres motivos: en busca de la “tierra prometida”, ponerse a salvo de pestes y pandemias o escapar de la violencia y las guerras.
En México tenemos en este momento los tres motores activos y los tres rostros migrantes: origen, tránsito y destino.
Un referente para afrontar esta nueva realidad y evitar que nos rebase es asumir el Pacto Global Migratorio (o Pacto de Marrakech), promovido por la ONU, y diseñar políticas públicas nacionales para atender el fenómeno de manera ordenada, regular y segura. Aquí los 23 compromisos que integran este Pacto, el cual fue suscrito por México en 2016:
1.Recopilar y utilizar datos exactos y desglosados para formular políticas con base empírica.
A nadie le conviene un problemón comercial y de seguridad migratoria con Texas como el que está viviendo ahora México. La lucha del gobernador Greg Abbott contra la inmigración ilegal y las recientes acciones de su gobierno para inspeccionar al transporte de carga mexicano que cruza la frontera por la zona de Matamoros-Brownsville están empezando a poner en jaque el flujo natural que debe tener el comercio bilateral con ese estado, que llega a 231 mil millones de dólares.
Ayer, la Secretaría de Economía, de Raquel Buenrostro, elevó la barra del diferendo al solicitar diálogos con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos que encabeza Katherine Tai, a fin de que Texas suspenda dichas inspecciones. Pero no será un tema sencillo, porque Tai atiende los temas del ámbito federal, mientras que Texas está en su derecho local de utilizar sus fuerzas de seguridad para investigar qué está ocurriendo en materia migratoria.
México está levantando una bandera de alerta porque las inspecciones retrasan la carga comercial hasta 72 horas, lo cual es letal para productos perecederos.
Buenrostro está enfatizando que, en última instancia, el consumidor estadounidense es quien sufre las consecuencias de esta problemática.
Ayer, el gobernador Abbott aseguró que la política migratoria de Joe Biden es lo que está causando una inundación de migrantes. Abbott está muy confrontado con Biden por el tema, por lo que es altamente probable que las acciones de Buenrostro ante Tai caigan en oídos sordos, dado que difícilmente el gobierno demócrata federal de la Casa Blanca se pondrá a meter orden en el nivel subnacional de Texas, que actúa soberanamente.
Se podrá decir que este problema tiene origen político y de orden interno entre personajes estadounidenses con motivaciones electorales por el proceso de 2024; pero lo que es un hecho es que tampoco parece haber una interlocución muy fluida entre el Gobierno de México y el gobernador Abbott. Así, los mecanismos para que estas acciones texanas contra los tractocamiones mexicanos cesen son casi inexistentes. (Carlos Mota, El Heraldo de México, Merk-2, p. 19)
El calor sube en la frontera entre México y Estados Unidos. La migración ha generado una guerra de declaraciones entre el gobierno de México y exponentes del Partido Republicano elevando la temperatura. Sin EU “los mexicanos estarían comiendo comida para gatos”, comentó el senador Kennedy. “Es un señor ignorante, racista”, respondió el canciller Ebrard.
La tensión viene en aumento gracias a dos factores coyunturales que se suman a la ya de por sí compleja situación del sistema migratorio estadounidense, que está roto y brilla por su ineficiencia. Por un lado, el final del llamado “Título 42” de Trump, que permitía la deportación inmediata de personas con el pretexto de la pandemia, ha traído consigo un desequilibrio en la frontera por la expectativa de miles de migrantes de tener una mayor oportunidad de cruzar y pedir asilo. Por el otro, la cercanía de las elecciones en ambos lados de la frontera hace que el tema, ya de por sí espinoso y polarizante, sea tomado como bandera electorera por parte de dos partidos que brillan por sus estrategias populistas. La confrontación entre sus figuras son oro molido de cara a la movilización del electorado, quedando las personas atrapadas en medio de este cruel juego político.
Desde el punto de vista del sistema estadounidense, bipartidista y con elecciones mayores cada dos años (legislativas – presidenciales – legislativas), la realidad es que casi todo el tiempo los políticos están en campaña o precampaña. Esto provoca que rara vez veamos un trabajo bipartidista y serio que busque atajar los temas “peligrosos” y “difíciles” desde el punto de vista electoral. Así es como no se ha tenido una reforma migratoria de calado desde el gobierno de Reagan. El sistema no funciona, todos lo saben, pero nadie está dispuesto a cargar con el costo político de tomar decisiones difíciles.
Del Partido Republicano se puede esperar una ola de insultos racistas y peticiones, con un airoso patrioterismo, de intervenciones militares al sur de la frontera. Este tono lo ha marcado Trump, con su intención de volver a la Casa Blanca. Desde la oposición es sencillo criticar los escasos resultados en un problema irresoluble bajo las presentes condiciones y cosechar los votos del enojo y el miedo. Mucho más complejo resultará encontrar su lugar en este diálogo al presidente Biden y su partido.
Biden no ha querido entrar al tema. Si bien el lento viraje demográfico que se está dando en EU hacia una nación más heterogénea hace que se vea con mejores ojos la inmigración, parece que Biden tendrá que hacer malabares entre abrir oportunidades de trabajo a los migrantes en condiciones humanitarias y demostrar una “mano dura” en el cumplimiento de la ley. Tiene las de perder. (Montserrat Salomón, La Razón, Mundo, p. 23)
La inexistente diplomacia mexicana, archivada en un cajón o atropellada por la ideología militante rechaza todo principio de derecho internacional y se niega flagrantemente a entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a Perú. Hace cuatro meses que México debiera haber entregado dicha presidencia rotativa y honoraria al país andino, pero el temperamento personal de López Obrador interviene en la imagen, el prestigio y la reputación de México a nivel internacional.
Puede muy bien no estar de acuerdo con quien preside hoy al Perú; puede disgustarle el personaje y molestarse porque la izquierda de ese país perdió el control y acusó de corrupto al anterior presidente, el señor Pedro Castillo.
Pero le corresponde a Perú y a su sistema de justicia determinar si el anterior presidente es culpable o no de lo que se le acusa.
El Presidente de México abre un flanco innecesario a la intervención extranjera en nuestro país. Así como AMLO se atreve a calificar y a determinar quién merece o no ostentar una jefatura de Estado extranjero, muy bien alguien –ya ha sucedido varias veces en Estados Unidos– puede venir a cuestionar si el actual gobierno mexicano es legítimo, si es defensor del derecho, si defiende y protege la libertad de expresión –a todas luces atropellada con el aparato propagandístico matutino– o si tiene vínculos con el narcotráfico.
Cualquiera podría decir que el gobierno de México viola la ley, atropella el derecho, pisotea a los migrantes sudamericanos y engaña a todos con la tonta y repetitiva cantaleta de “la soberanía”.
Bueno, pues Andrés Manuel López Obrador interviene y viola la soberanía del Perú al insultar a su presidenta, al agraviar a su jefa de Estado, al no otorgarle el reconocimiento que sus propias instituciones le han concedido, y peor aún, retiene la presidencia de un mecanismo global, multinacional, en contra de los estatutos y el derecho internacional.
Todo por capricho, por el berrinche ideológico.
México se distinguió alguna vez como un país de elevados perfiles diplomáticos, negociadores internacionales, estadistas que defendieron instituciones, mecanismos de paz y de diálogo regional y multinacional. (Leonardo Kourchenko, El Financiero, El Financiero, Mundo, p. 25)
San Fernando 2010-2011:
En agosto de 2010, infantes de Marina localizaron restos humanos en una finca en San Fernando, Tamaulipas. La Procuraduría del estado informó, entonces, que se trataba de 72 personas migrantes. Sin embargo, como afirmó la periodista mexicana Marcela Turati: “la masacre de migrantes, en San Fernando, Tamaulipas no terminó el 23 de agosto de 2010″. Ocho meses después, en abril de 2011, autoridades encontraron 48 fosas clandestinas con cerca de 196 personas: víctimas mexicanas y centroamericanas que transitaban por las carreteras cercanas al municipio.
El INAI y el derecho de acceso a la información:
En enero de 2022, una persona solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) toda la información a la que tuvo acceso para realizar la recomendación emitida con relación a las Fosas Clandestinas encontradas en San Fernando, en 2011. En respuesta, la CNDH proporcionó enlaces electrónicos de dos recomendaciones emitidas y la versión pública del expediente CNDH/5/2010/4688/Q. Así mismo, manifestó que se ponía a disposición una versión pública del expediente CNDH/2/2011/2817/Q, es decir, una versión que eliminaba datos personales y nombres de servidores públicos con actividades operativas del expediente. La persona solicitante recurrió al INAI, inconformándose por la clasificación de la información.
La resolución del expediente RRA 3726/22, presentado ante el Pleno del INAI por la comisionada Norma Julieta del Río Venegas, propuso modificar la respuesta de la CNDH, a efecto de conceder la entrega de la información de manera íntegra: pues se concluyó que en estos expedientes se investigan hechos relativos a violaciones graves a derechos humanos. Ello después del análisis de la trascendencia social de los hechos, al colmarse los criterios cuantitativos y cualitativos, establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para la determinación de la existencia de ese tipo de violaciones a derechos humanos. En efecto, en la resolución se advirtió que, los hechos investigados “no solo afectan a las víctimas y ofendidos de manera directa, sino que ofenden a toda la sociedad, por su importancia, gravedad y por las repercusiones que impactan a nivel nacional, como internacional”. (Blanca Lilia Ibarra Cadena, El Financiero, Economía, p. 14)
Ricos y poderosos // Buenrostro VS Abbott: migración y comercio
La secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, decidió “tomar al toro por los cuernos” para defender a los autotransportistas mexicanos y la relación comercial con Texas, que representa 231 mil millones de dólares al año.
México es el principal socio comercial de la entidad estadounidense gobernada por Greg Abbott, quién con el pretexto de evitar la migración ilegal ordenó, en días pasados, la inspección de los camiones en la frontera con México, lo que ha derivado en retrasos de, entre 8 y 27 horas, de los autotransportes mexicanos.
La ilegal inspección de los camiones está provocando pérdidas millonarias a las empresas mexicanas y estadounidenses. Abbott pertenece al ala más conservadora del partido republicano y está siguiendo exactamente la misma receta del ex presidente de EU, Donald Trump.
Hay que recordar que Trump en su momento amenazó a México con aplicar aranceles si el gobierno lopezobradorista no contenía los flujos migratorios.
Trump obtuvo lo que quería. El gobierno mexicano utilizó a la Guardia Nacional como una especie de muro de contención.Hace un año, en abril del 2022, Abbott aplicó exactamente la misma estrategia y logró obligar a los gobernadores de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua a que se comprometieran a vigilar y evitar el flujo migratorio hacia Texas.
Los gobernadores mexicanos prometieron algo que no está a su alcance, detener el tráfico ilegal de personas y drogas que se consumen en el mercado estadounidense.
Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores dijo, en aquel momento, que la decisión del gobernador Abbott de cerrar la frontera fue una extorsión, no un acuerdo en el que ambas partes decidieran algo.
Eso es parte de la historia reciente. Hoy se está registrando una reedición de la misma estrategia del gobernador texano.El pasado 8 de mayo, Abbott reanudó el mismo plan con el reinicio de las inspecciones en el puente internacional “Los Tomates”, entre Matamoros, Tamaulipas y Brownsville, Texas.
Ayer 15 de mayo, a siete días de que Abbott ordenó por segunda ocasión la inspección de camiones en la frontera con México, el gobierno lópezobradorista urgió al gobierno estadunidense retirar las inspecciones ilegales y advirtió que en los próximos días someterá el caso ante el Comité de Facilitación de Comercio del T-MEC.
Por lo pronto la Secretaría de Economía, encabezada por Raquel Buenrostro ya inició un diálogo con la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) para encontrar una solución a un problema causado por una autoridad subnacional estadunidense que no tiene atribuciones para interrumpir el tráfico de migrantes en la frontera.
El gobierno mexicano exige a EU suspender inspecciones a camiones de carga en frontera con Texas
También manifestó su rechazo y consideró que las revisiones constituyen una actitud “antimexicana” que entorpece el comercio.
El pasado 12 de mayo, Alejandro Encinas Nájera, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, tuvo una reunión virtual con Jayme White, representante comercial adjunto del gobierno de Estados Unidos, para abordar el asunto de las inspecciones en la frontera.
En este encuentro, el funcionario mexicano manifestó las preocupaciones que existen en el país por la imposición de esas medidas que van en contra de los “acuerdos de acceso a mercados” entre México y Estados Unidos.
En días recientes, la Concamin encabezada por José Abugaber dijo que las empresas mexicanas están registrando pérdidas millonarias y llamó al gobierno texano a alcanzar una solución a través del diálogo.
Todo apunta a que el gobierno federal busca encontrar una solución por la vía de los mecanismos institucionales previstos en el T-MEC.
No será fácil, en la medida en que en Estados Unidos se registra un escenario de competencia político-electoral y el tema migratorio es una divisa de alto valor político.Veremos qué tan efectiva resulta la estrategia de defensa de Raquel Buenrostro. (Marco A. Mares, El Economista, Empresas, p. 28)
Los tres son republicanos, los tres son ignorantes, los tres son conservadores a ultranza y, para no ensuciar las páginas de El Economista, utilizaré un acrónimo, diré que los tres son auténticos HDP.
De los tres funestos personajes es de Donald Trump de quien más sabemos por estos lares. Apenas la semana pasada un jurado federal de Manhattan falló en contra del hombre anaranjado al que halló responsable de abuso sexual y difamación en contra de la columnista E. Jean Carroll quien afirma que Trump la violó en 1996 en el interior de de una tienda departamental de lujo y luego la difamó cuando negó la acusación con el argumento de que la dama en cuestión “no era su tipo” —habrase visto tamaña insolencia—, El l jurado consideró que el empresario y expresidente de Estados Unidos, deberá pagar a E. Jean Carroll, 2 millones de dólares por la demanda de agresión y 3 millones por daños y perjuicios. En total 5 millones de dólares. Trump consideró el veredicto del juicio civil como “una vergüenza social”.
El magnate neoyorquino —verdadera vergüenza social— apoyado por los supremacistas blancos, aspira a ser el sucesor de Joe Biden; con su vieja frase: “Make America Great Again”; además pregona el indulto para aquellos que fueron enjuiciados penalmente por participar el intento de golpe de Estado del 6 de enero del 2021 y, sobre todo, reitera las medidas antimigrantes, aún más inhumanas, como la de separar a los niños de familiares migrantes que intenten cruzar la frontera.
Por su parte, Ron DeSantis, gobernador de Florida —estado donde 20% de la población es inmigrante—, pretende disputarle a Trump la postulación del Partido Republicano a la Casa Blanca, para lo cual se ha mostrado más espeso que el anaranjado al emitir una Ley antimigrantes que entrará en vigor el próximo 1 de julio. Los puntos sustanciales de la ley son los siguientes: Las empresas de más de 25 empleados no pueden contratar migrantes bajo pena de multa a los infractores. Transportar personas sin estatus migratorio en el estado es un delito con un castigo de hasta 15 años de cárcel. No reconoce licencias de conducir emitidas por 16 estados y el Distrito de Columbia a los conductores sin estatus migratorio regulado. Elimina exenciones de cuotas de matrícula para estudiantes inmigrantes indocumentados. Entre otras injustas medidas.
Lo anterior, según los empresarios de Florida, exacerbará la escasez de mano de obra en el estado, ya que las industrias claves como la construcción, la hospitalidad, la atención médica y la agricultura, dependen en gran medida de los inmigrantes indocumentados. Pero esto al gobernador, a su odio racial y a su ambición presidencial, le importan tres pepinos.
He dejado para el último al senador de Louisiana, John Neely Kennedy —nada que ver con los Kennedy de Boston, de ser así ya el Ángel de la Guarda de la familia le hubiera ocasionado una maligna eventualidad— quien tras comparar la economía de EU con la de México se atrevió a decir: “Sin el pueblo de Estados Unidos, México, figurativamente, estaría comiendo comida para gatos en una lata y viviendo en una carpa en un traspatio”. ¡Vaya ejemplar de legislador! Ignora el territorio que su país le robó al nuestro sin el cual Estados Unidos, sería un país regular entre Canadá y el gigante México. El muy pendejo —con todo respeto— dice que el producto interno de su país, es 17 veces mayor que el nuestro, lo cual es cierto, lo que no se ha puesto a pensar el senador, eso no se le da, es ¿cuánto del producto interno de su imperialista país es generado por los 40 millones de mexicanos que ahí viven y trabajan?
Pobre Estados Unidos, tan lejos de Dios y tan cerca de estos tres chiflados.
Punto final
¿Cuántos psiquiatras se necesitan para cambiar un foco? Uno con tal que el foco quiera cambiar. (Manuel Ajenjo, El Economista, Política, p. 50)
ECONOMÍA: COSTOSO EL ANTIMEXICANISMO DE TEXAS
El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, está en campaña política y ha tomado a México como trampolín político. La bandera es evitar la migración ilegal, pero, con ello, detiene en la frontera a los transportes mexicanos de 8 a 27 horas, originando un problema serio de costos para ambas partes, Texas y México. La Secretaría de Economía, a cargo de Raquel Buenrostro, le recordó a Abbott que México es el principal socio comercial de Texas, con una relación comercial de 231 mil millones de dólares al año. Y le pidió no hacer más acciones retardatarias contra el comercio que dañan a ambas partes. Bien por Economía. (José Yuste, Excélsior, Dinero, p. 2)
(…) Las tensiones que esta posición histórica genera en muchos latinoamericanos, esa posición alienta el racismo de las derechas españolas (y de algunos sedicentes marxistas muy seguidos en las redes sociales): los neoimperiales que reivindican las hazañas colonialistas y desde una perspectiva histórica unilineal, eurocéntrica (y muy religiosa) argumentan que España liberó y civilizó a los indígenas son los mismos que piden el rechazo armado de los migrantes y que siguen sosteniendo una ridícula y anquilosada monarquía. Como dice Bernardo, tarde o temprano, los españoles tendrán que enfrentar las tensiones que genera su propia historia. Aunque las derechas –la mexicana lo ha dejado muy claro– son reacias a revisar su visión dicotómica y monocromática del pasado y el presente.
A propósito de migrantes, de racismo, de xenofobia, de inhumanidad, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena decidió, por un formalismo, desechar mi demanda contra el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, por sus declaraciones y acciones inhumanas y xenófobas que abonaron a la muerte de 40 migrantes en la noche del 27 de marzo pasado. Sus acciones y declaraciones son contrarias a los principios y valores de Morena. (Pedro Salmerón Sanguinés, La Jornada, Opinión, p. 14)
Convocan al acto #Undíasininmigrantes
El 1º de julio entrará en vigor en Florida la polémica Ley SB1718 que, entre otros puntos, niega el acceso médico a indocumentados y penaliza transportarlos. Para hacer sentir el peso económico de nuestros paisanos, convocamos al paro #Undíasininmigrantes en Florida el jueves primero de junio, cuando dejarán de laborar en las cosechas en los campos y en el ramo de servicios. El acto en México será frente a los consulados y embajada de Estados Unidos. magausa@hotmail.com
Elena Valdivia, Alianza de Migrantes Orlando; María García, Organización Binacional Migrante CDMX; Luis Sotelo, Red Migrante del Sur Tonatico, Edomex; Manuel Revueltas, Frente de Migrantes Mexicanos Chicago; David Maciel, escritor San Diego; Sergio Arau, músico Los Ángeles; Armando Bolaños, Unión Cívica Coachella Valle Imperial California y Efraín Galicia, Asociación de Poblanos Queens NY (La Jornada, Editorial, p. 6)