Cd. de México (23 mayo 2023).- Otra vez la Corte frenó un proyecto presidencial.
Por seis votos contra cinco, el máximo tribunal echó abajo el decreto que buscaba agilizar obras insignia de la 4T con permisos exprés y opacidad de información.
El voto decisivo lo dio la Ministra Margarita Ríos Farjat, quien apoyó el rechazo al acuerdo presidencial publicado en noviembre de 2021, que obligaba a las dependencias federales a expedir en “fast track”, en un máximo de cinco días, permisos de hasta 12 meses para obras prioritarias del Gobierno morenista, como el Tren Maya o la Refinería Dos Bocas.
La decisión no afecta permisos ya aprobados pues no tiene carácter retroactivo.
El Ministro Juan Luis González Alcántara fue quien presentó el proyecto para invalidar el acuerdo presidencial que fue revisado en la Corte a petición del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI). (Víctor Fuentes, Reforma, Ocho Columnas, David Vicenteño, Excélsior, P.p. Alejandro Páez Morales, La Crónica de Hoy, Ocho Columnas)
El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie en favor de la federación para llevar a cabo la construcción de los Centros de Transferencia Modal 1, 3, 4 y 6 de la línea 1 del Tren Suburbano.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) propuso decretar la expropiación de la superficie para llevar a cabo la construcción de los Centros de Transferencia Modal 1, 3, 4 y 6 del Tren Suburbano, y garantizar la conectividad al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
El DOF señala que el área corresponde a terrenos de propiedad privada ubicados en los municipios de Tultitlán, Tultepec y Nextlalpan, Estado de México, que suman una superficie de 113 mil 838 metros cuadrados.
La SICT cubrirá el monto de la indemnización en términos de la Ley a quien acrediten su legítimo derecho, dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación. (Silvia Rodríguez, Milenio, Ocho Columnas, Redacción, El Universal, P.p. Isabel González, Excélsior, Ocho Columnas, Redacción, La Crónica de Hoy, P.p.)
El decreto para lograr el control gubernamental del tramo ferroviario Medias Aguas-Coatzacoalcos pretende recuperar la concesión para la nación, lo cual dista de ser una expropiación, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. La decisión se adoptó ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con Grupo México, que cambió su postura de buscar un arreglo a exigir un pago de 9 mil 500 millones de pesos.
Desvinculó el desencuentro en torno al tren con la operación de compra de Citibanamex, en la cual Grupo México es el principal postor. No hay ningún problema en el caso del banco. No es un asunto personal, no es un pleito con Germán Larrea. Ojalá y comprendan, no sólo esta empresa, sino otros empresarios, ojalá y en un momento de sensatez piensen que un gobernante tiene que representar a todos y cuidar el interés público. Es un servidor público, no es un empleado, no es un gerente.
López Obrador subrayó que el control gubernamental y la entrada de efectivos de la Secretaría de Marina tendrán carácter temporal en función de la actitud de la empresa. Precisó que los trenes de Grupo México siguen entrando sin problema, les damos el derecho de paso, pero la vía, que es de la nación, y la presencia militar es para evitar que haya un sabotaje y se les responsabilice.
Ante las críticas contra su decisión a partir de publicar el decreto el pasado viernes, aseveró que no se trata de una expropiación. “Porque dicen: ‘Se expropió’. ¿Qué se expropia? Lo que es propiedad privada, es muy distinto recuperar una concesión que es de la nación”. (Alonso Urrutia y Emir Olivares, La Jornada, Ocho Columnas, Antonio Baranda y Claudia Guerrero, Reforma, P.p. Juan Luis ramos, El Sol de México, P.p.)
La ocupación de las vías del tren de la compañía Ferrosur, en el tramo de Coatzacoalcos y Medias Aguas, en Veracruz, fue constitucional y legal, y se trata de la cancelación de una concesión y no de una expropiación, especificó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
En conferencia expuso que su Gobierno podría tomar el control, aunque busca un acuerdo con la empresa Grupo México, encabezada por Germán Larrea, para evitar que se tomen decisiones unilaterales.
“Como ellos lo sostienen, es cierto. Dicen que nos daban la pasada. Pues si no estamos pidiendo el derecho de paso, no, es que esto, esta concesión o este tramo, sí, tiene que restituirse, es lo único.
“Y nosotros, buscando un acuerdo, les damos el derecho de paso, pero la vía, que es de la nación, va a regresar al dominio de la nación por seguridad nacional y por interés público, y es completamente constitucional y legal”, indicó el mandatario. (Jorge Chaparro, La Razón, P.p.)
La reciente medida de ‘ocupación’ anunciada por el gobierno mexicano en contra de Ferrosur, detonaría quejas y demandas ante los tratados internacionales en caso de tener capital extranjero, advirtieron expertos.
Jorge Molina, experto en comercio internacional, señaló que el decreto plantea importantes interrogantes en relación con los tratados internacionales de los cuales México es signatario.
El consultor aseguró que esta medida podría caer dentro del ámbito del T-MEC, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (CPTPP), y varios de los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs), lo cual tendría implicaciones tanto a nivel nacional como internacional.
Señaló que en el caso de que existan inversionistas estadounidenses y canadienses, el asunto entraría en el ámbito del T-MEC, sin importar el porcentaje de participación. (Jassiel Valdelamar, El Financiero, Ocho Columnas)
Grupo México (GMéxico), el conglomerado propiedad del empresario Germán Larrea dueña de Ferrosur, ya suma pérdidas por 46,710 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) desde el viernes pasado.
Este lunes, las acciones de la emisora cayeron 3.01%, a 77.77 pesos cada una, pero desde el viernes acumula una caída de 7.16 por ciento. Mientras que la pérdida en valor de mercado es casi cinco veces a la “indemnización” o a los 9,500 millones de pesos que Grupo México le solicitó al gobierno mexicano por el tramo ferroviario tomado por la Secretaría de Marina.
Por su parte, su filial Grupo México Transportes (GMXT), que tiene la concesión de Ferrosur, ha borrado 12,061 millones de pesos en valor de mercado en estos dos días en el mercado accionario local. Sus papeles bajaron este lunes 3.60%, a 38.53 pesos por unidad, con lo que suma una pérdida acumulada de 6.68% en el periodo citado.
Analistas consideran que las pérdidas en el valor de ambas emisoras refleja la preocupación e incertidumbre que generó la noticia, difundida el viernes, sobre la ocupación de la Secretaría de Marina de las vías férreas de Ferrosur, en el tramo Coatzacoalcos-Medias Aguas. (Judith Santiago, El Economista, Ocho Columnas)
La medición trimestral nacional de Buendía & Márquez, en exclusiva para EL UNIVERSAL, arroja que los números de aprobación presidencial se mantienen altos y sin cambios sustantivos desde hace un par de años.
La encuesta nacional, cara a cara, en vivienda, registra un respaldo a la gestión presidencial de 65%, mientras que 26% la califica de manera negativa.
La identificación ciudadana con el actual Mandatario federal también es considerable y supera por mucho a la que tiene Morena, su partido: 61% se identifica como lopezobradorista y menos de la mitad de ese porcentaje (28%) se identifica como “morenista”.
A pesar de que la palabra polarización se menciona continuamente en el discurso mediático y opositor, sólo 21% se considera antilopezobradorista, 10 puntos porcentuales por debajo de lo registrado en la encuesta de mayo 2022. (Jorge Buendía , El Universal, P.p.)
L a Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano aprobó una moción que declara persona non grata al Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, por sus “declaraciones injerencistas”, por desconocer al gobierno de Dina Boluarte y negarse a entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, que le correspondía al gobierno del país sudamericano, algo que el mandatario consideró como un “timbre de orgullo”, al venir de dicho gobierno.
Externó su rechazo a las “inaceptables declaraciones de López Obrador, que constituyen una violación del principio de no injerencia de otro Estado”.
Además, la Comisión de Relaciones Exteriores advirtió que el mandatario mexicano incumple con su obligación jurídica dentro del “acuerdo marco de la Alianza del Pacífico, al negarse a entregar a Perú la presidencia pro tempore” de ese mecanismo multilateral. La iniciativa propone además que se demande a México ante el Tribunal de La Haya, por violar el acuerdo marco de la Alianza del Pacífico. (Redacción, La Razón, P.p. Fran Ruiz, La Crónica de Hoy, P.p.)
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, habría sido víctima de espionaje con el programa Pegasus mientras investigaba presuntos abusos por parte de las Fuerzas Armadas, reveló The New York Times.
De acuerdo con una investigación del diario estadounidense publicada este lunes, éste sería el primer caso de ciberespionaje hacía un miembro cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador siendo vigilado por el sistema Pegasus, en más de una década de uso de la herramienta de espionaje en el país.
“Su teléfono celular ha sido infectado varias veces, tan recientemente como el año pasado mientras dirigía una comisión de la verdad del gobierno sobre los secuestros, dando a los piratas informáticos acceso sin restricciones a toda su vida digital”, indicó el diario.
Encinas habría sido objetivo de espionaje mientras investigaba la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, así como por su postura en desacuerdo con las fuerzas armadas. (Vania Rodríguez, El Universal, P.p. Agencias, La Crónica de Hoy, P.p. EFE, Ovaciones, P.p.)
La ex colaboradora de Genaro García Luna (recientemente incorporada al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial) Sonia Vargas Terrero, en su calidad de directora general de Recursos Materiales y Servicios Generales de Infraestructura de la Policía Federal, firmó entonces un contrato por 71.6 millones de dólares, informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez. Esta operación se engloba en una trama de corrupción que se está investigando.
Gómez mostró un conjunto de contratos con la empresa Nunyay con el fin de adquirir sistemas de rastreo para dependencias de seguridad que encabezó García Luna, que ahora el gobierno federal litiga en Florida como parte de un gigantesco mecanismo de extracción de recursos públicos que ronda 700 millones de dólares, asociados a operaciones de lavado de dinero. Explicó que por ahora el juicio en Florida está detenido para desahogar un recurso de la defensa de estos ex funcionarios, que cuestionan la competencia de un tribunal en ese estado de Estados Unidos.
Al presentar los contratos, en su mayoría firmados en dólares y sin cubrir los requerimientos legales de hacer investigación de mercado, a pesar de estar relacionados con la seguridad nacional, Gómez subrayó que no se trata de que un funcionario incurrió en irregularidades en el desempeño de su gestión. Fueron personas que desviaron recursos producto de actividades ilícitas llevadas a cabo en el extranjero, pero realizadas, invertidas o lavadas, drenadas, en el estado de Florida.
Presuntos implicados
Entre los que mencionó destacan: del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Eduardo Imaz Gispert, por 253 millones de dólares, y 67 millones 200 mil pesos mexicanos; del organismo de prisiones, Eduardo Guerrero Durán, comisionado de Prevención y Readaptación Social, por 88 millones de dólares; Rodrigo Esparza Cristera, comisionado de la Policía Federal Preventiva, 69 millones 100 mil dólares; Facundo Rosas, comisionado general de la Policía Federal, 25 millones 875 mil dólares; Humberto Martínez González, director general de Apoyo Técnico de la Policía Federal, 37 millones 875 mil, y Luis Cárdenas Palomino, titular de la división de Seguridad Regional, 2 millones 500 mil dólares. (Alonso Urrutia y Emir Olivares, La Jornada, P.p.)
Cd. de México (23 mayo 2023).- Aprovechado los vacíos en la ley, los aspirantes de Morena a la Presidencia de la República se promueven rumbo a la elección de 2024 en plena impunidad.
Eventos masivos, bardas, espectaculares, mantas, propaganda utilitaria, publicaciones en redes y en otros medios con su nombre e imagen, además de la aceptación abierta de sus deseos presidenciales y hasta presentaciones de planes de gobierno han predominado en sus agendas desde hace meses.
Prácticamente no hay diferencia respecto de la campaña de un proceso constitucional y derrochan recursos sin rendir cuentas sobre su origen y destino.
Desde el 12 de junio del 2022 en Toluca, cuando la dirigencia nacional de Morena arrancó “los trabajos de organización interna” rumbo a las elecciones 2023 y 2024, el INE ha resuelto ya 79 quejas contra las llamadas “corcholatas”. (Érika Hernández, Reforma, P.p.)
“Estamos fuertes y estamos convencidos, en ese sentido, nada nos va a doblar, nada”, afirmó el ministro Alberto Pérez Dayán, quien asistió a la presentación del libro “La Defensa y Remediación de los derechos sociales”, de Isidro E. Muñoz Acevedo, Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito.
Al tomar la palabra, agregó que “el día que la Constitución cambie y diga otras cosas haremos que esas otras cosas se cumplan, pero mientras no estén, haremos que se cumplan las que están a costa de lo que sea”.
Indicó que si después de todo lo que sucede, bromeó a que se irá a vender tamales, “ahí les mando el menú”, ironizó.
Dijo que el libro les permitirá a todos aquellos que están vinculados todos los días con todos estos nuevos derechos de hasta dónde podemos ejercerlos sin caer en los excesos, pudiendo recuperar todo aquello que no se ha podido entregar a través de sentencias perfectamente bien motivadas, justificadas y que demuestre dentro de la posibilidad lo que se debe hacer. (Luisa García Valenzuela, El Universal, P.p.)
En votación dividida, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio efectos generales a su decisión de invalidar el acuerdo presidencial de 2021, que declaró como asuntos de seguridad nacional los proyectos estratégicos del gobierno federal. Esto significa que no tendrán validez ni para el gobierno ni para los ciudadanos. La determinación no será retroactiva ni afecta al nuevo decreto que, con un contenido similar, se publicó el jueves pasado.
Esta discusión quedó pendiente desde la semana anterior, pues los ministros no se ponían de acuerdo en si su sentencia tendría efectos sólo entre el gobierno federal y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) –que promovió la controversia– o aplicaría también para cualquier persona.
La resolución “iba dirigida a las dependencias y entidades que son parte del Ejecutivo; el acuerdo se invalida en su totalidad.
Considero que para que el tema de los efectos, dadas las particularidades del acuerdo estudiado, el hecho de que el INAI sea la otra parte de la controversia no modifica la invalidez total, señaló el ministro ponente, Juan Luis González Alcántara Carrancá. (Eduardo Murillo, La Jornada, P.p.)
El próximo jueves se cumplirán dos años de que el gobierno de Estados Unidos degradó a México a Categoría 2 en seguridad en aviación, periodo en el que las aerolíneas nacionales han registrado pérdidas millonarias y sin un panorama claro en cuanto a la fecha para recuperar el nivel, dijeron especialistas.
El 25 de mayo de 2021, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) degradó a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) a Categoría 2 por no cumplir con los estándares de seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
Al estar en Categoría 2, las aerolíneas mexicanas no han podido abrir nuevas rutas, incrementar frecuencias o usar nuevos aviones en el servicio de transporte aéreo entre México y Estados Unidos.
Con ello, las aerolíneas estadounidenses se han visto beneficiadas. En el primer trimestre del año, American Airlines alcanzó 21% de participación de mercado en los vuelos entre ambos países, seguida de United Airlines, con 15%; Delta, 13%; Volaris, 12%; Southwest Airlines, 7%; Aeroméxico, 6.6%; Alaska Airlines, 5.6%, y Viva Aerobus, con 4%, según cifras de la AFAC a marzo. Eso significa que las tres aerolíneas mexicanas que vuelan a Estados Unidos tienen sólo una participación conjunta de 22.6% de ese mercado. (Redacción, El Universal, P.p.)
En lo que va del 2023, el gobierno federal ha desembolsado más de 306 mil 254 millones de pesos para vales de combustibles de vehículos públicos o al servicio de funcionarios, de acuerdo con información del portal de Compranet.
Este monto representa poco más de 80 por ciento de todo lo que dejó de recaudar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el año pasado para evitar los gasolinazos en el país y que representó un total de 373 mil 18 millones de pesos.
Los 373 mil 18 millones de pesos se dejaron de recaudar porque se dejó de cobrar la cuota del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) que se paga en cada litro de gasolina, y también por el estímulo fiscal complementario que dejaron de pagar los proveedores el pasado 4 de marzo.
Los organismos que concentran el mayor número de vales son el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y el Conacyt. (Miguel Ángel Ensástigue, El Sol de México, Ocho Columnas)
El Gobierno federal, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), denunció que Sonia Vargas Terreros, funcionaria contratada por el Poder Judicial, participó en la trama de corrupción que urdió el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, con la firma de contratos por 71.6 millones de dólares, que son investigados por dicha área y por la Fiscalía General de la República (FGR).
El titular de la UIF, Pablo Gómez, expuso la “gran trama de corrupción” en torno a la empresa Nunvav, fundada por García Luna, y en la que presuntamente participó Sonia Vargas, actual directora de la Coordinación de Administración del Consejo de la Judicatura.
“Es necesario decir que las personas que he mencionado, que forman parte de las denuncias presentadas o están dentro de las denuncias presentadas ante la FGR, no son personas desconocidas para la fiscalía, están sujetas a una investigación; pero no solamente eso, sino que no se trata en este caso de cualquier ilícito o de cualquier conducta no lícita, como puede ser la que realiza cualquier servidor público en el desempeño de sus funciones, como actos indebidos que no le correspondían, etcétera, sino que estos actos están vinculados a una gran trama de corrupción, cuyo resultado económico está siendo reclamado por México”, sostuvo Pablo Gómez.
Convocado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que el viernes pasado el mandatario diera a conocer que a Sonia Vagas la contrató la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Pablo Gómez señaló que en esta trama de contratos con diversas compañías, para la adquisición de bienes y servicios, que no se cumplió, participaron también los exfuncionarios Luis Cárdenas Palomino, Facundo Rosas Rosas, Rodrigo Esparza Cristerna, Rafael Avilez y Humberto Martínez González, entre otros. (Jorge Chaparro, La Razón, P.p.)
Cd. de México (22 mayo 2023).- Una menor de 17 años falleció anoche tras ser impactada por un petardo dentro del Colegio de Bachilleres, plantel Vallejo, en la Alcaldía Gustavo A. Madero.
Los primeros reportes indican que presuntamente dos jóvenes caminaban por las afueras del plantel ubicado en Avenida 100 Metros, Colonia Industrial Vallejo, cuando lanzaron el proyectil, mismo que impactó a la estudiante, quien se disponía a salir de clases.
La menor cayó mal herida luego de que el petardo le detonó en la cara; testigos se comunicaron al número de emergencias para solicitar apoyo médico para la joven.
Al lugar se presentó una unidad del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, sin embargo, sólo fue para certificar que la joven había fallecido casi de manera inmediata. (Roberto García, Reforma, P.p.)
Ante la situación que persiste en el volcán Popocatépetl, el gobierno federal ha desplegado en la región a 7 mil 275 elementos de las fuerzas armadas para implementar labores preventivas; además, ayer el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, supervisó personalmente la zona, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Remarcó que pese a las intensas exhalaciones del volcán, el semáforo se mantiene en amarillo fase tres, lo que por el momento no implica evacuaciones.
López Obrador apuntó que incluso hay quienes sostienen que cuando hay erupciones es más tranquilizante que cuando está en silencio. De todas maneras, hay vigilancia 24 horas sobre el comportamiento del volcán.
En la mañanera de ayer en Palacio Nacional, a pregunta expresa sobre la situación en las regiones cercanas al coloso, afirmó que se está trabajando desde las primeras erupciones que se registraron. (Emir Olivares y Alonso Urrutia, La Jornada, P.p.)
Mientras que la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, y el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, convocaron a los pobladores cercanos al Popocatépetl a prepararse para evacuar ante cualquier contingencia, los habitantes señalaron que no están dispuestos a abandonar sus hogares, puesto que llevan ahí toda su vida.
Los pobladores de Santiago Xalitzintla, San Mateo Ozolco y Nealtican, cercanos a las faldas del volcán, afirmaron a La Razón que no le tienen miedo a Don Goyo.
“Llevo toda mi vida viviendo aquí y no me voy a salir. En 50 años nunca ha hecho explosión y no lo va a hacer, así que no le tenemos miedo”, dijo Ramón, habitante de Santiago Xalitzintla.
Luego del evento que encabezaron los funcionarios, acompañados por elementos militares, Ramón, junto con Francisco, quienes se encontraban en el Zócalo de la población, ironizaron que están más preocupados los de la Ciudad de México que ellos. (Magali Juárez, La Razón, P.p.)
La deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex), una de las petroleras más endeudadas a nivel mundial, absorbió 21 de cada 100 pesos que el gobierno de México destinó al servicio de la deuda pública en el primer trimestre del año, de acuerdo con la información divulgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Entre enero y marzo de este año, el costo financiero del sector público total fue de 258,296 millones de pesos, 46.3% más en comparación anual, un incremento que se explicó por el endurecimiento de la política monetaria en los últimos meses para combatir los altos niveles de inflación.
Del monto total del costo financiero, 54,579 millones de pesos correspondió al servicio de la deuda de la petrolera a cargo de Octavio Romero Oropeza, es decir, 21.1% del total. El dato es mejor al que se observó en el 2018, último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando el costo financiero de Pemex representó 38.3% del servicio total de la deuda pública.
El monto destinado en los primeros tres meses del año es mayor al presupuesto aprobado a la Secretaría de Energía para todo el 2023, que es de 49,351 millones de pesos, además de ser mayor a los recursos que se esperan destinar a la función de recreación, cultura y otras manifestaciones sociales, cuyo gasto aprobado para este año es de 22,718 millones de pesos. (Belén Saldívar, El Economista, P.p.)
Aguascalientes, Ags., La ida al cine más cara de mi vida fue una tarde que se robaron el catalizador de mi vehículo, relató Jaime Jurado, propietario de una camioneta pick up Toyota Hilux, modelo 2022, quien tuvo que pagar más de 16 mil pesos para reponer el dispositivo, instalarlo y colocar un aditamento que lo proteja de los ladrones.
A finales del año pasado, explicó, acudió al complejo Cinépolis que está ubicado sobre la avenida Aguascalientes, de esa ciudad, y dejó su unidad en el estacionamiento del lugar, que se encontraba semivacío.
“Cerca de las 21:10 horas salí del cine con mi familia y cuando encendí el motor de la camioneta comenzó a escucharse un ruido muy fuerte; parecía que se iba a desarmar. Mi mujer se asustó y gritó: ‘¿qué pasó?’; me llevé las manos a la cabeza y le dije: ‘creo que nos robaron el catalizador, ya valió madres’”.
Inmediatamente constató que así había sido, apagó el vehículo y en ese momento se comunicó con su aseguradora vía telefónica para explicar lo sucedido; minutos después se puso en contacto con él un ajustador, quien, aunque fue muy amable, le aclaró que no podía ayudarlo porque el robo de autopartes no estaba incluido en su seguro, pese a que éste era de cobertura amplia. (Claudio Bañuelos, La Jornada, Contraportada)
Texcoco, Méx., El Grupo Texcoco (GT), que surgió originalmente como Grupo de Acción Política (GAP), que dirige el ex senador Higinio Martínez Miranda, se ha convertido en el organismo con mayor presencia y control en Morena en el estado de México. Por segunda ocasión, con su candidata Delfina Gómez Álvarez, tiene fuertes posibilidades de ganar la elección.
De las filas del Grupo Texcoco han surgido figuras connotadas del morenismo mexiquense: Horacio Duarte Olivares, ex titular de Agencia Nacional de Aduanas; Martha Guerrero, dirigente del Comité Directivo Estatal de Morena; Sandra Falcón Venegas, alcaldesa de Texcoco; Nazario Gutiérrez Martínez, diputado local, y Maurilio Hernández González, coordinador de la bancada legislativa morenista local, así como los ediles Elena García, Felipe Arvizu, José Miguel Gutiérrez y Armando García, de los municipios de Tultitlán, Ixtapaluca, Chalco y Valle Chalco, respectivamente.
La fortaleza del GT radica en su representatividad en Morena en el estado y su cercanía al presidente Andrés Manuel López Obrador, que tuvo su expresión máxima en la contienda interna: para elegir candidato a gobernador, los tres principales contendientes pertenecían al grupo: Martínez, Duarte y Gómez.
Su hegemonía se refleja en que de los 29 diputados locales con los que cuenta Morena en la legislatura mexiquense, 18 son del GT. Entre sus cuadros más importantes figuran los legisladores Azucena Cisneros Coss, Daniel Sibaja, Mónica Némer, Ariel Juárez y Faustino de la Cruz. Entre los alcaldes, de los 32 municipios que gobierna Morena, 25 son gente de Martínez. (Javier Salinas Cesáreo, La Jornada, Contraportada)
Tal como lo advirtió desde la semana pasada, la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) volvió a tomar las calles de la capital de Oaxaca e inició el paro de 48 horas.
Tras declarar como nulas las respuestas dadas por gobierno estatal a su pliego petitorio, el magisterio de aquella entidad acordó reactivar las acciones para presionar a que se cumplan sus exigencias.
Entre éstas, insistieron en que la Dirección General de Educación Indígena no se saque de la Secretaría de Educación Pública al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, como lo propuso el Presidente de la República en una iniciativa enviada a la Cámara de Diputados y sobre la cual, Morena ya se comprometió a modificar.
Instalan mesa de trabajo
Al inicio de la movilización de este lunes, Yenny Pérez, líder de la Sección XXII, anunció la instalación de una mesa de trabajo entre el magisterio y el gobierno del estado, para buscar solución a dos demandas principales a nivel estatal. (Yulia Bonilla, La Razón, P.p.)
El incremento de la violencia en los primeros meses de la administración estatal que encabeza el gobernador morenista de Oaxaca, Salomón Jara Cruz –que empezó el primero de diciembre anterior– preocupa a diversos sectores, lo mismo al magisterial que a la Iglesia católica, empresarios y defensores de derechos humanos consultados por La Jornada.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de diciembre a abril pasados se perpetraron en la entidad 17 mil 941 delitos, entre los que destacan secuestros, homicidios dolosos, lesiones, feminicidios, delitos de carácter sexual y robos.
Cifras oficiales precisan que de enero a noviembre de 2022 se cometieron en total 40 mil 16 delitos, mientras entre diciembre del año anterior y abril de 2023 se consumó más de 40 por ciento de los crímenes reportados a lo largo de 11 meses.
Durante los primeros meses de 2023 se dio muerte en la región de la Mixteca a seis integrantes del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT), organización aliada a la Cuarta Transformación que ha exigido a las autoridades estatales que detengan la violencia, pues si bien al inicio de la gestión de Jara Cruz se celebraron mesas de trabajo que el gobierno del estado llamó mesas de paz, éstas fueron abandonadas luego de diversas agresiones, y la administración estatal no ha hecho esfuerzo alguno por retomarlas. (De La Redacción, La Jornada, Contraportada)
Washington. La política exterior del presidente Joe Biden hacia Cuba, Israel e Irán ha desilusionado a progresistas en este país, pero un analista que ha ayudado a promover cambios en la política exterior de Estados Unidos enfatiza que lo más notable con la llegada del demócrata centrista a la Casa Blanca es el giro en contra la doctrina neoliberal que ha imperado durante las últimas cuatro décadas en la relaciones internacionales de Washington, algo que tiene un impacto real y potencial en América Latina y otras partes del mundo.
Sí, pienso que el distanciamiento del neoliberalismo es uno de los pasos de derechos humanos más importantes e impactantes que ha dado Biden, explica Matthew Duss, experto visitante del influyente centro de análisis Carnegie Endowment y quien fue el asesor principal sobre asuntos de política exterior del senador democrático-socialista Bernie Sanders de 2017 a 2022.
En entrevista con La Jornada, Duss advierte que percibe a Biden como un político bastante conservador y señala ejemplos de eso en las decisiones del presidente en no anular las sanciones adicionales que Donald Trump impuso sobre Cuba y su falta de inversión política en la diplomacia con Irán.
Pero ve diferencias notables entre los ex presidentes Barack Obama, y por supuesto Trump, y Biden. Si uno quiere comparar positivamente a Biden con Obama, vean la relación con Lula. Obama mantuvo a Lula a distancia, explicó, recordando que Obama no invitó al presidente brasileño a la Casa Blanca cuando primero fue electo. En contraste, tan pronto que Lula ganó otra vez, Biden lo invitó a la Casa Blanca. “Biden ha entendido que si uno es serio en el apoyo a la democracia contra el autoritarismo, uno tiene que ayudar a que estos gobiernos democráticos de izquierda cumplan con sus promesas, y creo que esa es la lógica… del cambio en el tipo de temperatura hacia Lula”, comenta Duss. (Jim Cason y David Brooks, La Jornada, Contraportada)
COLUMBIA.— El senador de Carolina del Sur, Tim Scott, inició su campaña por la candidatura por el Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos.
Con esto, competirá contra el expresidente Donald Trump por la candidatura rumbo a los comicios del próximo año.
Joe Biden y la izquierda radical están atacando cada peldaño de la escalera que me ayudó a subir y ésa es la razón por la que anuncio que aspiro a la presidencia de Estados Unidos”, dijo ayer Scott frente a sus seguidores en su natal North Charleston.
El senador, de 57 años, defendió su historia de vida inspiradora a la campaña, pues se crio en medio de la pobreza y en un hogar monoparental hasta llegar a convertirse en uno de los republicanos más influyentes del país. (L. Moscuso, Excélsior, P.p.)