Al concluir su gestión como secretario de Relaciones Exteriores, a Marcelo Ebrard hay que juzgarlo por los resultados, no por lo que declara.
Operador de la política exterior del Presidente tuvo una responsabilidad compartida con AMLO, tanto de los éxitos como de los fracasos, algunos de los cuales presentamos aquí como muestra.
Sí, Ebrard no estuvo de acuerdo con algunas instrucciones, pero las acató, asumió la corresponsabilidad de las decisiones al no haber renunciado en su momento.
Inmoral acuerdo migratorio: Ebrard solicitó la complicidad de Mike Pompeo a fin de que el programa Quédate en México pareciera una decisión unilateral de Estados Unidos, y así no pagar el costo político. Quédate en México causó la más grave crisis humanitaria al ser arrojados cientos de miles a la frontera mexicana, sin brindarles las condiciones básicas materiales y de seguridad, ni garantizar sus derechos humanos. Todo el peso de la carga fue para México, sin recibir ningún apoyo material de EU.
Cero aranceles: Ebrard aceptó militarizar la política migratoria a cambio de que Trump no impusiera aranceles a las exportaciones mexicanas, pero lo hizo a costa de reprimir por la fuerza a los migrantes, ante la apatía generalizada de la sociedad mexicana.
Nula cooperación de EU: en diciembre de 2018 Ebrard aseguró que EU iba destinar 6 mil millones de dólares para promover el desarrollo en el sur de México y en Centroamérica. Ni un dólar llegó a la región.
México perdió cuatro candidaturas: Organización de la Aviación Civil Internacional en 2021; Organización Mundial de Comercio, también en ese año; Organización Panamericana de la Salud y el Banco Interamericano de Desarrollo en 2022. Fallaron las gestiones de la SRE, a cargo de Ebrard.
Conflictos diplomáticos con España por la carta al Rey sobre la conquista. Con Austria por el penacho de Moctezuma. Panamá rechazó dos solicitudes de beneplácito. Perú declaró al Presidente persona non grata. ¿Y Ebrard dónde estaba?
Alianza del Pacífico: AMLO se rehusó a entregar la secretaría pro tempore a Perú. Al intervenir en asuntos políticos internos, México violó el derecho internacional y contradijo la Doctrina Estrada, hechos que reflejan la débil ascendencia de Ebrard en erróneas decisiones presidenciales.
Pendiente acuerdo con la Unión Europea. Ebrard no logró en cuatro años la firma y ratificación del Acuerdo Global ni fue a Bruselas a cabildear.
Demanda a fabricantes de armas, tema favorito de Ebrard, pues le significaría un triunfo político diplomático. Recibió un primer revés en un tribunal de Estados Unidos. Apeló y el juicio continúa.
SEM marginado. El Servicio Exterior Mexicano fue desplazado por políticos en las mejores representaciones por instrucciones de AMLO. En la SRE Ebrard se rodeó de amigos incondicionales y jóvenes inexpertos. Llenó embajadas y consulados con nombramientos políticos (Artículo 7). Pocos concursos de ingreso y de ascenso. La administración de la cancillería, en manos de incompetentes, dejaron varados menajes de casa.
Egocentrismo e improvisación, cinismo y complicidad, contradicciones y ocurrencias, junto con algunos aciertos, conforman la herencia que deja Marcelo Ebrard como secretario de Relaciones Exteriores, quien ahora pretende gobernar a México. (Agustín Gutiérrez Canet, Milenio, Política, p. 10)
Si queremos escuchar historias fantásticas de por qué el tipo de cambio se encuentra en niveles históricamente bajos, entonces hay que ponerle atención a los relatos imaginarios que se cuentan en Las mañaneras.
Podemos también atender la información que la Secretaría de Hacienda pauta en los medios para explicar la maravillosa forma en que maneja la deuda pública.
Pero si realmente queremos entender los factores de mercado que hacen que en estos momentos la relación del peso frente al dólar se mantenga en niveles no vistos en siete años, hay que ver algo más que el muy pequeño mundo del régimen y sus políticas públicas.
Incluso, factores internos, como esas finanzas públicas sanas tan cacareadas, o el atractivo de México para la relocalización de empresas establecidas en China y hasta los aumentos históricos de las remesas, que lo mismo cargan dinero que envían los migrantes que posibles operaciones de lavado de dinero, todo eso no alcanza para justificar un superpeso.
Lo que hoy tiene México que no tiene Estados Unidos y muchos mercados emergentes es un muy alto atractivo para mantener inversiones financieras con la moneda local, con un grado de inversión que no tiene amenazas de corto plazo y una liquidez de operación de la misma divisa que facilita los movimientos intercambiarios 24/7.
Lo que realmente debería de preocupar al Poder Ejecutivo es que las tasas de interés tan altas que mantiene el Banco de México, y que promete tener en esos niveles durante largo tiempo, son un lastre para el crecimiento económico.
Ya será papel del banco central mexicano defender su política monetaria y el nivel del costo del dinero como una decisión informada y autónoma en contra del principal problema actual de la economía mexicana que es la alta inflación.
Pero un peso en los niveles actuales muy cercano al piso de los 17 por dólar solo sirve para que el neoliberal despistado de las mañanas lo quiera ver como un triunfo de Gobierno.
Ya lo decía Isaac Newton, todo lo que sube tiene que bajar y es deseable que eso ocurra con el costo del dinero y que en algún momento las tasas de interés regresen en México hacia niveles más neutrales y de la mano de un nivel inflacionario que se pueda acercar a la meta del 3%.
Pero a la par de un premio menor por invertir en pesos, tiene que haber alguna corrección del tipo de cambio que, entre otras cosas, refleje el hecho de que la inflación en Estados Unidos tiene un ritmo menor de crecimiento que la inflación en México.
Por lo pronto, ayer lo vimos. La expectativa de que la Reserva Federal de los Estados Unidos mantuviera al menos una pausa en los incrementos de la tasa de interés interbancaria en ese país llevó a la paridad a esos niveles de 17.15 pesos por dólar.
Pero tan pronto como la Fed comunicó que podría haber dos incrementos más este año, el peso perdió su nivel mínimo del día.
La pregunta es muy simple. ¿Quién tiene hoy en sus carteras esos pesos, superpesos, apreciados y con qué facilidad piensan deshacerse de ellos cuando hayan cumplido su objetivo de obtener grandes rendimientos? (Enrique Campos Suárez, 24 Horas, Negocios, p. 14)
El martes 20 de junio se cumple el primer aniversario del asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora y del laico Pedro Palma en el templo de la comunidad de Cerocahui, Chihuahua. Estos hechos cimbraron tanto a las comunidades de la Sierra Tarahumara, como al cuerpo apostólico de la Compañía de Jesús y a la Iglesia católica en general, quienes se sumaron una vez más al clamor de las miles de víctimas que la fallida estrategia de seguridad de corte militar ha acumulado durante más de 16 años.
Hoy, impermeables a las exigencias de verdad, justicia y paz ante los hechos de Cerocahui y del resto del país, las autoridades han mantenido sin modificación las estrategias de seguridad, y tampoco han instrumentado procesos integrales de pacificación y reconciliación. Administraciones anteriores con sellos políticos propios a los del PAN y el PRI, acudieron a la misma estrategia de militarización de la seguridad. En tanto que, durante el presente sexenio, se ha fortalecido el papel de las fuerzas armadas, no sólo en tareas de seguridad, sino que en otros tantos rubros de la vida pública de la nación.
En la víspera de este primer aniversario del asesinato de los jesuitas, numerosos medios de comunicación dieron a conocer un video en el que se evidencian ejecuciones extrajudiciales cometidas por elementos del Ejército en Nuevo Laredo contra civiles. Estos sucesos confirmaron otra vez que, por más que la narrativa sobre seguridad cambie de una administración federal a otra, mientras en los hechos se siga apostando por un modelo de seguridad basado en el despliegue de las fuerzas armadas y no por una política integral de Estado, difícilmente entraremos en una pacificación sostenida.
En una publicación posterior a la difusión del video, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez SJ desmentía la narrativa oficial que cataloga estos hechos como “aislados”, a través del recuento de casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas armadas sólo en este sexenio. El recuento se inicia con lo sucedido en Tepochica, Guerrero, donde un supuesto enfrentamiento del Ejército dejó 15 muertos, 14 civiles, y donde la evidencia que circuló en redes ponía en serias dudas si realmente el Ejército recibió una agresión de los civiles.
Esta situación se repitió en las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Carbó, Sinaloa, en enero de 2020; en Nuevo Laredo (72020); en La Boquilla, Chihuahua (92020); en las seis ejecuciones extrajudiciales en Nuevo Laredo (22021); en la ejecución extrajudicial de un migrante guatemalteco (32021); en la ejecución de un agente ministerial a manos de la Guardia Nacional (52021); en el caso de Ángel Yael, estudiante de la Universidad de Guanajuato asesinado por la Guardia Nacional (42022), en Irapuato, y en el caso de la niña Heidi Mariana, quien murió por disparos del Ejército en Nuevo Laredo (82022). En el presente año se tiene registro de la muerte de dos jóvenes por disparos de la Guardia Nacional en Jiménez, Chihuahua, el 1 de enero; los cinco jóvenes asesinados por el Ejército en febrero en Nuevo Laredo, y ahora las cuatro ejecuciones extrajudiciales que se observan en el ya referido video, también en Nuevo Laredo.
Por datos de transparencia, sabemos que la letalidad de las fuerzas armadas en este sexenio asciende a una alarmante cifra de cinco muertos por cada herido. Así, mientras las masacres y las ejecuciones extrajudiciales continúan como en otros sexenios, las fuerzas armadas siguen acumulando poder y siguen obstruyendo los procesos de esclarecimiento de la verdad, como en los casos Ayotzinapa o #EjércitoEspía.
Hoy, a un año de los crímenes cometidos en Cerocahui, la impunidad persiste tanto para los jesuitas asesinados como para los cientos de miles de víctimas en todos los rincones de un país cuyas instituciones han perdido no sólo el control sobre amplios territorios, sino credibilidad y legitimidad ante la ciudadanía, así como la capacidad de intermediación y regulación del conflicto social; de lo cual es muestra elocuente el pacto social propuesto a los cárteles mexicanos hace unas semanas por algunos colectivos de madres buscadoras de Tamaulipas para lograr el cese de la desaparición de personas.
La macrocriminalidad y la ingobernabilidad en varios territorios del país, entre ellos Cerocahui, son signos críticos del fracaso de la institucionalidad pública en materia de seguridad. Recordar lo sucedido hace un año es un acto de responsabilidad que busca reivindicar la memoria de las víctimas, condenar los hechos y exigir justicia para tantos mexicanos cuyas vidas han sido arrebatadas por la violencia.
Es urgente que las instituciones encargadas de la seguridad pública adopten un enfoque estructural e integral de la violencia en el país, apostando por rigurosos controles civiles para el uso de la fuerza y por un planteamiento complejo de seguridad ciudadana que privilegie la pacificación de los territorios, el debido procesamiento de tantos casos carentes de justicia, la democratización de las instituciones civiles de seguridad, así como el fortalecimiento del Estado democrático de derecho. En suma, una política integral de Estado para la pacificación de México. (Mario Patrón, La Jornada, Opinión, p. 14)