La semana pasada fuimos testigos de varios momentos históricos en la vida democrática de México. Las elecciones para gobernadores en Coahuila y el Estado de México fueron el marco en el que se suscitaron cambios significativos, no sólo en los resultados que arrojaron las urnas (sobre todo para los mexiquenses), sino, sobre todo, en la forma de participar de nuestros paisanos que radican en el extranjero.
Para dichas elecciones, por primera vez los mexicanos que residen fuera del país pudieron emitir su voto de manera presencial en los consulados de las ciudades de Chicago, Dallas y Los Ángeles, en los Estados Unidos, así como en Montreal, Canadá. Quizás en esta prueba piloto que implementó el Instituto Nacional Electoral con vistas a las próximas elecciones presidenciales los votos cayeron a cuentagotas, pero de algo podemos estar seguros: en 2024 los migrantes podrían ser definitorios para ganar o perder la presidencia de México. La mesa está puesta y los jugadores clave podrían ser, paradójicamente, quienes viven en otras naciones con el sueño de mejorar el país que los vio nacer.
Pero, ¿cuál ha sido la evolución del voto mexicano en el extranjero? La experiencia inició en 2006, cuando, por primera vez, nuestros paisanos que radicaban en otros países pudieron participar en las elecciones presidenciales. No obstante, previo a este gran paso, ya Vicente Fox Quesada había empujado con determinación como presidente de México para que se tomara en cuenta al voto de nuestros paisanos en el exterior.
Otro momento importante fue en 2014, al concretarse una reforma electoral que contempló tres puntos muy importantes para el voto extraterritorial: una nueva forma de credencialización, votar por senadores y gobernadores, así como la posibilidad de emitir el voto en persona o de manera electrónica. Finalmente, para el 2018 eran 15 estados y la Ciudad de México los que ya consideraban en sus legislaciones locales el voto en el extranjero. Si analizamos los datos duros, en tres elecciones presidenciales se han sumado poco más de 170 mil votos de mexicanos que radican fuera de territorio nacional, siendo Estados Unidos (78.85%), Canadá (4.3%) y España (4%) los países de donde llegaron la mayoría de sufragios.
Para muchos especialistas, la experiencia del voto extraterritorial en México no ha sido fácil ni para las instituciones electorales y, mucho menos, para los votantes. Una de las principales quejas en las elecciones de 2006 y 2012 fue que se solicitaba como requisito una credencial para votar que sólo se expedía en México, lo que inhibió la intensión de votar de miles de migrantes indocumentados. Aunado a lo anterior, para inscribirse en el padrón electoral se debía contar con un comprobante de domicilio en el extranjero, algo que puso en alerta a muchos paisanos ante el temor de filtrarse datos que les pudiera costar una deportación. Además, la inscripción era por correo certificado, lo que generaba un costo que terminó por desanimar a más de uno.
Ahora bien, no olvidemos que estamos a menos de un año de que se decida el futuro político de nuestro país. El voto es un derecho humano y político que da sentido a todas las democracias del mundo. Por ende, precandidatos, “corcholatas” y todo aquel que levante la mano para disputar la silla presidencial en 2024 tendrá que ver en los migrantes a pilares fundamentales de sus estructuras de campaña.
Es por esto que la promoción del voto en el extranjero no debe limitarse al interior de los países, ya que éste es un acto de gran trascendencia que debe celebrarse, incluso, como una fiesta cívica en cada rincón donde habite un mexicano. Es labor de los estados de la República trabajar para fomentar la participación de nuestros migrantes en los procesos electorales.
Desde la Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes (Conofam) trabajamos de manera muy estrecha con la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, con la finalidad de empujar más y mejores instrumentos legales que permitan a los migrantes su participación.
A su vez, en Guanajuato, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo nos ha pedido que en la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional seamos parte de la construcción de la democracia en nuestra entidad, sin importar colores partidistas. Por eso hemos colaborado con el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para motivar a líderes migrantes a participar en mesas de trabajo que ayuden a integrarlos en las decisiones políticas del estado.
Vivimos tiempos históricos en los que no podemos ser ajenos, independientemente del lugar de residencia, al futuro de nuestras naciones de origen. Como lo he dicho en este espacio, todos tenemos a un ser querido o amigo que en estos momentos lucha en el extranjero por dar lo mejor a sus familiares. Las elecciones de 2023 fueron sólo un primer paso, pero, si así lo deciden, los millones de mexicanos que residen en el exterior podrían con su voto mejorar la historia del país al que un día prometieron volver. (Juan Hernández, El Sol de México, Análisis, p. 13)
La designación de Alicia Bárcena como Secretaria de Relaciones Exteriores de México, buena como es, deja dudas en cuanto a la relación con Estados Unidos y alguna interrogante respecto a Latinoamérica.
Ciertamente, Bárcena es más que consciente de la importancia de los vínculos con Estados Unidos, que a querer o no, trascienden lo diplomático para entrar en lo económico, lo comercial, lo social y lo familiar.
A gustar o no son dos países integrados. O según la afortunada frase de un olvidable embajador: “casados sin posibilidades de divorcio”.
No es que sea indispensable. Realmente la relación, como tal, normalmente tiende a ser administrada en México desde la Presidencia de la República, y en Washington por la Casa Blanca, aunque la profundidad y la variedad de los vínculos la hacen paralelamente inmanejable.
Es una relación compleja, difícil, con muchos factores internos incluidos en ambos lados de la frontera. Es interméstica, o sea internacional con un impacto doméstico que llega a niveles familiares.
Pero al mismo tiempo, la nueva encargada de llevar las relaciones exteriores de México parece ideal para hacerse cargo de la relación con América Latina, y muy en especial con los regímenes de la por ahora medio descompuesta Marea Rosa.
Alicia Bárcena está en la lista de miembros fundadores del Grupo de Puebla, que agrupa a políticos e intelectuales de izquierda regional, que está en el centro de la Marea Rosa, y que tiene entre sus metas la promoción de la integración latinoamericana, a comenzar ahora por el fortalecimiento de la Unión de Naciones de Sudamérica (Unasur) alrededor, de hecho, de Brasil y el liderazgo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La ambición de Brasil es legítima, pero depende también de la voluntad de los países incorporados a Unasur. Su primer reencuentro, el mes pasado en Brasilia, no fue del todo afortunado, pero la diplomacia de Itamaratí es hábil y el peso específico de Brasil en Sudamérica es muy alto.
Una de las primeras tareas de doña Alicia será probablemente asistir a la “cumbre” programada entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), un grupo al que México asignó una elevada prioridad, aunque Brasil, el Grupo de Puebla y Unasur han sido más escépticos.
Pero también es cierto que Brasil trata de jugar en un escenario mundial en proceso de reacomodo por el relativo descenso estadounidense.
México, según la visión de algunos miembros del Grupo de Puebla, tiene una realidad distinta. “Tiene una enorme frontera con Estados Unidos y lo esencial de su comercio volcado con los estadounidenses”, según la expresión de uno de ellos.
Se les pasó un punto importante: el vínculo social. De cada 100 mexicanos que viven fuera del país, más de 95 viven en Estados Unidos y su descendencia es un grupo, que no todavía un bloque, de creciente importancia social, económica y política en esa nación.
Y eso pesa. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Orbe, p. 30)