El Ejército mexicano es víctima de una jugarreta política perversa para complacer a la izquierda radical, de cara a las elecciones del próximo año.
Por el caso Ayotzinapa liberan a los asesinos confesos de los normalistas y encarcelan, sin pruebas, a mandos y soldados de nuestro Ejército.
Con la cúpula militar el gobierno morenista queda muy bien al poner generales donde hay posibilidades de negocios grandes, como la Agencia Nacional de Aduanas.
Y al instituto armado se le condena al escarnio público por un crimen abominable que no cometió.
Los altos mandos felices en sus nuevos puestos, mientras se golpea a la institución.
El gobierno federal y sus fiscalías no han sido capaces de decir la verdad sobre el secuestro y asesinato de los normalistas porque les perjudica políticamente.
Y la verdad se halla en la respuesta a una pregunta a la que han hecho mutis nueve años después de los sucesos: ¿cuál fue el móvil del crimen?
El crimen ocurrió por las disputas entre dos bandas rivales del crimen organizado.
Durante la semana conocimos que se concedieron órdenes de aprehensión contra 16 militares por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Entre ellos el comandante del 41º Batallón de Infantería, coronel Rafael Hernández.
¿Quiénes los acusan? Los asesinos.
Y por acusar a militares, los integrantes del cártel criminal Guerreros Unidos obtienen su libertad.
Exonerados los asesinos, encarcelados los soldados y mandos del Ejército.
Si en realidad los comandantes de los batallones 27º y 41º, más soldados bajo su mando, mataron o secuestraron a los normalistas, tienen que ir a la cárcel y pagar por ese terrible delito.
Pero todos –hasta los integrantes de la fiscalía– sabemos que no fue así.
Y sabemos también que los autores materiales e intelectuales del secuestro y asesinato fueron los integrantes del cártel Guerreros Unidos y policías municipales de Iguala y de Cocula.
Esa es la verdad, está en el expediente.
Raymundo Riva Palacio ha trabajado a fondo el caso y reproducido partes del documento en estas páginas, así como las conversaciones de los jefes criminales interceptadas en Estados Unidos y compartidas con la justicia mexicana.
Tal vez hubo omisión de parte de mandos militares (o autoridades estatales de Guerrero), pero no son secuestradores ni asesinos como se les presenta.
El ex procurador general de la República está preso desde el año pasado bajo la acusación de tortura y desaparición forzada, también sin pruebas.
Algunos miembros de Guerreros Unidos fueron torturados por agentes de la PGR en los interrogatorios, está documentado, pero de ahí a colegir que Murillo ordenó torturarlos hay una gran distancia. Ochenta y dos años de cárcel pide la fiscalía para Murillo Karam.
Con mayor razón, entonces, tendría que estar en la cárcel el director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, por la muerte de 40 inmigrantes centro y sudamericanos, quemados vivos en una cárcel irregular en Ciudad Juárez.
Pero no se trata, en ninguno de los casos, de hacer justicia.
Se trata de reforzar, con culpables al parecer fabricados, la narrativa de que en Iguala el asesino “fue el Estado”.
Así se exonera a los criminales, que son parte del complejo lumpen político que opera para Morena en Guerrero.
Son aliados del gobierno federal.
El Cepillo, el Gil, el Chereje, José Luis Abarca, libres por el asesinato de los normalistas de Ayotzinapa. Y el coronel más suboficiales y soldados, a la cárcel sin pruebas.
Bueno, con la prueba de los dichos del Gil, es decir, del coordinador del secuestro y asesinato de los 43 normalistas.
Lástima por la justicia. Y lástima por el Ejército, aunque a algunos de sus generales los pongan donde hay negocios. (Pablo Hiriart, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 38)
Revisan tragedia en Juárez
Se instaló en el Senado de la República un Grupo Plural para dar seguimiento a los hechos trágicos en la estación migratoria de Ciudad Juárez, el 27 de marzo pasado, en la que perdieron la vida 40 migrantes y hubo 27 heridos. El grupo, se acordó, lo preside el senador morenista Rafael Espino de la Peña. (Redacción, El Heraldo de México, La 2, p. 2)
Como cada año desde 2001, este 20 de junio se conmemoró el día internacional del refugiado, fecha que busca visibilizar a las personas que se han visto obligadas a huir de sus hogares y países en búsqueda de protección debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas.
México, por su situación geográfica, cuenta con todas las caras de la migración: es un país de expulsión, tránsito, destino, retorno y desplazamiento interno. Sin embargo, como resultado de las políticas de securitización y criminalización de la migración en Estados Unidos, los patrones se han modificado y nos hemos convertido, cada vez más, en un país de destino para gran parte de los que antes solo transitaban por nuestro territorio. Actualmente, México es el tercer país con mayor número de peticiones a nivel internacional, solo por detrás de Estados Unidos y Alemania.
En 2014, 2,137 migrantes solicitaron el refugio en México. Desde entonces y hasta la fecha, la cifra ha aumentado de manera exponencial, especialmente desde la llegada de Trump a la presidencia en Estados Unidos. Entre 2015 y 2019, las peticiones se multiplicaron por veinte, pasando de 3,423 a 70,418. Con la llegada de Biden, el crecimiento se ha mantenido: en 2021 hubo 131, 448 solicitudes, mientras que en 2022, 118, 470. En lo que va del 2023, la tendencia va por el mismo camino y, de acuerdo con la Comisión Mexicana para el Refugio (Comar), podrían superarse las 140,000 solicitudes.
Si bien hay individuos que escogen a nuestro país como su primera opción de refugio, la mayoría solicita la protección en México por otros motivos. Muchos deciden permanecer, cansados de los riesgos que han encontrado en el trayecto y a causa de las trabas y requisitos impuestos por las autoridades estadounidenses, quienes de manera inhumana y contraviniendo los compromisos internacionales y la normativa de refugio en su legislación, requieren que los solicitantes en su territorio muestren que ya les fue negado el refugio en otro país.
Las autoridades estadounidenses calculan que hay cerca de 150 mil migrantes esperando ingresar a Estados Unidos. Por lo tanto, han decidido externalizar el control de sus fronteras a México mediante diferentes políticas, desde el conocido Permanece en México hasta el título 42, el título 8 y ahora a través de deportaciones voluntarias de personas de otros países al nuestro. Las amenazas y requisitos difíciles de cumplir son el pan de cada día para las personas en movilidad, partiendo por un sistema de citas en línea (CBP-ONE) que se satura y que pone en jaque su salud mental y la de sus familias. Asimismo, el programa de visas humanitarias (parole humanitario) no ha sido funcional, por no ir de acuerdo con la realidad del fenómeno migratorio actual. Entre otros requisitos, solicitan un pasaporte a aquellas personas que quieran aplicar, situación difícil de cumplir para muchos de los migrantes. En los últimos meses prometieron otorgar cerca de 210 mil visas humanitarias para personas de Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua, pero han brindado tan solo 79 mil.
No parece que la tendencia a la alza vaya a revertirse en los próximos años y, de continuar las políticas restrictivas de Estados Unidos, el número de solicitudes de refugio en México podría aumentar todavía más. La capacidad de las instituciones para hacer frente a los flujos migratorios está rebasada y los presupuestos son insuficientes. Sin embargo, algunos actores, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, contribuyen con el gobierno mexicano y han mostrado cómo podemos y conviene transitar de la securitización a la integración económica y social de los refugiados, con una perspectiva humana, productiva y empática. (Eunice Rendón, El Universal, Nación, p. A7)
La designación de Alicia Bárcena como nueva titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) es muy bienvenida. Es una profesional de enorme experiencia, con una red de contactos al más alto nivel en todo el mundo.
Durante sus 14 años (2008-2022) al frente de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) Alicia fue una entusiasta promotora —desde una perspectiva progresista— de temas como globalización, desarrollo y ciudadanía; la igualdad en el centro del desarrollo sostenible; y la transformación del modelo de desarrollo en uno más productivo, inclusivo y sostenible.
Sin embargo, los quince meses (julio 2023 a septiembre de 2024) en que estará en el cargo prometen ser turbulentos.
Nadie discute que es el Presidente de México quien decide y conduce la política exterior. El dilema surge cuando el encargo se sobrepone al cargo: cuando decisiones de facto se imponen por encima de la legislación, o cuando las acciones contradicen las promesas del propio gobierno. Me explico:
El decreto presidencial del 19 de septiembre de 2019 (https://rb.gy/jz0zf) pone el mando en materia migratoria en el secretario de Relaciones Exteriores, aunque por ley le corresponde a la Secretaría de Gobernación. A petición de AMLO, Bárcena como titular de CEPAL elaboró en 2019 el Plan de Desarrollo Integral (PDI) para el sureste de México, Guatemala, El Salvador y Honduras. El PDI no se proponía detener la migración, sino cambiar el estilo de desarrollo para procurar el bienestar de las poblaciones. Aun cuando su retórica indicara lo contrario, el gobierno actual ha instrumentado la contención migratoria militarizada, para complacer a Trump y luego a Biden. ¿Continuará el pragmatismo político?
La ruta a las elecciones presidenciales en Estados Unidos (5 noviembre 2024) es un campo minado. Congresistas y senadores republicanos acusarán una y otra vez a México de poner en riesgo su seguridad nacional por el fentanilo y la migración. A su vez, AMLO seguirá escribiendo a mandatarios extranjeros, con mensajes que hará públicos sin pasar por el escritorio de la canciller y que podrían contradecir las comunicaciones que discurren discretamente por los conductos protocolarios formales.
Durante su campaña AMLO escribió un libro en defensa de los derechos de los migrantes mexicanos en EU. Como presidente ha viajado a ese país cuatro veces, pero no se ha reunido con la diáspora mexicana, ni los invitó a México para hablar con ellos. Se acaba el sexenio, y las comunidades no están precisamente jubilosas de que desde Palacio Nacional les giren instrucciones para votar de tal manera en EU, o de que el gobierno mexicano se cuelgue medallas por las remesas, cuando a ellos AMLO los tiene en el abandono y el olvido.
Las embajadas son una representación permanente del Estado mexicano ante el gobierno de otro país. En el actual gobierno se han usado embajadas o consulados para ‘premiar’ a gobernadores de oposición que dejaron el camino libre para la victoria de los candidatos de Morena.
La nueva canciller escribió: ‘Con enorme responsabilidad, honor y compromiso recibo su encargo para encabezar la @SRE_mx, orgullo del Estado mexicano y puntal del proyecto transformador, digno e igualitario de la 4T’ (https://rb.gy/e0hh8). En un renglón se resume su dilema: ¿representará al Estado mexicano o al proyecto político-partidista del presidente? (Carlos Heredia Zubieta, El Universal, Opinión, p. A16)
El pasado 13 de junio un barco pesquero, en el que viajaban cientos de migrantes, naufragó en el Mediterráneo. La búsqueda duró únicamente tres días y sólo Grecia envió un barco patrullero de guardacostas, un buque de la Marina y tres helicópteros. Desgraciadamente 81 personas murieron, más de 500 están desaparecidas y sólo 104 sobrevivientes fueron rescatados.
En contraste, cinco días después, cinco personas se aventuraron a realizar un viaje exploratorio al Titanic a bordo del sumergible Titán, de OceanGate Inc, el cual desapareció. La respuesta, sin embargo, fue muy distinta.
A partir de los hechos se evidencia la importancia de algunos cuerpos frente a otros. Judith Butler, en su libro Los Cuerpos que Importan, problematiza la valoración del cuerpo a partir de su materialidad (desde la construcción del género y el sexo). Llevando su teoría a los casos en cuestión, pareciera que algunos cuerpos se valoran (poniendo de lado las variables género y sexo) a partir de su capacidad de producir y se validan desde el privilegio que ostentan.
En redes sociales se disparó la discusión sobre la importancia de salvar a un grupo del otro y se lanzaron discursos de odio, disfrazados algunos de privilegio y otros de necesidad. Se justificó la importancia de un grupo de vidas frente a otro como si no hubiesen podido ser salvados ambos, como si la importancia de la vida estuviera dictada por una lógica bajo la cual el valor se clasifica en escala, implicando que no cupiesen ambos en la valía y no existieran los recursos necesarios para resolverlos.
La conversación se tornó en una valorización moral de las víctimas, en vez de ser una crítica a la incompetencia de actores responsables. Se tenían los recursos para atender ambas catástrofes, no obstante, en lugar de denunciar a los actores responsables, como gobiernos u organismos internacionales, nos dividimos en un discurso que justifica la inacción, la corrupción y la ineptitud. Se denunció de manera vulgar en lugar de veraz, porque es más barato comprar la idea de un humano enemigo, en lugar de reconocer que los verdaderos enemigos son quienes se fortalecen de la división, haciendo creer que la atención de un caso excluía al otro.
La ineficiencia de las autoridades ante la desaparición se evidencia especialmente en nuestro país. Datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas indican que en lo que va del año se han registrado 11,818 personas desaparecidas, de las cuales 45.66% no han sido localizadas y de aquellas localizadas, 5.61% fueron identificadas sin vida.
A pesar de las rampantes cifras, en la conferencia mañanera del 6 de junio, el mandatario federal destacó que, de acuerdo con cifras de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, el presupuesto destinado a la búsqueda de personas es de 97 millones 234 mil pesos, lo cual pone en tela de juicio la eficacia y coordinación para enfrentar este desgarrador fenómeno, pue se tienen los recursos.
Además, los gobiernos, como es nuestro caso de manera exacerbada, no sólo pareciera que no hacen nada al respecto ante la desaparición, sino que son responsables de ésta.
Ojalá se buscaran a los desaparecidos aquí en la tierra, con el mismo fervor que lo hicieron con aquellos privilegiados bajo el agua. La culpa no la tienen aquellos que recibieron atención tras la tragedia, sino los que nos han acostumbrado a la inacción y dividen con la importancia de los cuerpos para ocultar su ineficiencia.
La evidente prioridad de los organismos responsables de anteponer la resolución de un caso sobre otro como de mediatizar intencionalmente los casos de conveniencia evidencia la necesidad de dividir más allá de velar por la vida. Hemos replicado el discurso, etiquetando con un precio los cuerpos y justificando la inacción de las instituciones responsables bajo el argumento de recursos limitados que producen la competencia. En palabras de Butler, “las categorías nos dicen más sobre la necesidad de categorizar los cuerpos, que sobre los cuerpos mismos”, el que se haya evidenciado la brecha y la división implica que somos más veloces en señalarnos que en denunciar la incesante categorización de los cuerpos.
Todos los cuerpos importan y debe velarse por todas las vidas, observemos de manera crítica un discurso que divide en aras de justificar la ineptitud. (Marcela Vázquez Garza, Excélsior, Nacional, p. 5)