Francisco Garduño Yánez dijo que buscará transformar todas las estaciones migratorias en espacios abiertos, seguros y amigables, que las humanicen para que cobijen y tutelen los derechos de todas las personas que están confinadas ahí.
El Comisionado del Instituto Nacional de Migración comentó esto en su visita a la Estación Migratoria Las Agujas, en la Ciudad de México, para revelar un mural que fue elaborado por personal de la estación y personas en movilidad. (Redacción, El Economista, El Foro, p. 54)
Después de 40 muertes, Garduño “recapacita”
Francisco Garduño, aún titular del Instituto Nacional de Migración, presentó ayer el reacondicionamiento de la estación migratoria Las Agujas, en Iztapalapa, donde hizo un tibio mea culpa, a propósito del incendio en la estación de Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes y del que ha salido hasta ahora con proceso penal abierto, pero sin pisar la cárcel ni perder el cargo. “Tengo que recapacitar y que no se repitan los sucesos… Hay que humanizar estaciones migratorias”, dijo el funcionario. Menos mal que después de 40 muertos e incontables denuncias de maltrato y violaciones a los derechos humanos por parte de agentes de migración, don Francisco recapacita sobre su actuar y el del instituto que dirige. Vamos de gane. (Bajo Reserva, El Universal, p. A2)
Mucho se ha hablado esta semana de nuevos abusos a los que son sometidos los migrantes en su tránsito a Estados Unidos. Lamentablemente, de unos años para acá ha existido una tendencia a la criminalización y una menor protección de los derechos de este grupo en situación de vulnerabilidad. Las políticas de securitización de las fronteras y el hecho que sean los cárteles y grupos del crimen organizado los traficantes de seres humanos, han hecho que los migrantes estén expuestos a nuevos y mayores riesgos.
El Instituto Nacional de Migración reveló que hay evidencia de casos de suministro obligatorio de sustancias y medicamentos a migrantes por parte de los traficantes como un recurso salvaje e inhumano para inhibir las necesidades básicas de hombres y mujeres en movilidad.
El uso de sustancias por parte de migrantes para aguantar extensas y complicadas rutas en condiciones precarias no es un hecho novedoso ni aislado; muchas veces las dificultades del camino, las experiencias traumáticas que han vivido y la tensión emocional a la que están sometidos, los exponen a un riesgo alto de abuso y adicción. Sin embargo, el hecho de hacerlo sin su consentimiento ni conocimiento, combinándolo con sus alimentos y bebidas tiene un impacto ético legal de gran envergadura.
Preocupa el creciente número de niños, e incluso bebés, a quienes los polleros han suministrado de manera forzada drogas sedantes. Algunas de las sustancias utilizadas son el Mondalfino y el Clonazepan, con efectos tranquilizantes. Con el uso de estos medicamentos, pretenden inducir el sueño profundo de los menores, de tal forma que atraviesen los retenes dormidos y sin hacer ruido. El uso de estos componentes facilita la labor de los traficantes para que los migrantes soporten las condiciones de hacinamiento, hambre, sed y frío sin volverse una carga mayor para ellos.
Igualmente, hay reportes de violaciones sistemáticas a los derechos básicos de migrantes que buscan atravesar el Río Grande. De acuerdo con información filtrada, en el contexto de la colocación de un muro de boyas en el Río Grande y el tendido de kilómetros de alambre de púas, agentes de la policía de Texas han estado empujando y repeliendo la entrada de menores de edad que intentan atravesar. Además, les han negado el agua a solicitantes de asilo, cuando las temperaturas superan los 42°C. Estas medidas han resultado en el ahogamiento y severos daños en la salud de los migrantes. El uso político de la migración, ha polarizado las posiciones de demócratas y republicanos en EU, lo que ha afectado a las personas en movilidad.
Los abusos en contra de indocumentados en Estados Unidos apuntan a una deshumanización de esta categoría de personas. No hace mucho se denunció un elevado número de histerectomías en un centro de detención migrante en Estados Unidos, donde a varias mujeres hispanohablantes se les removió parcial o totalmente el útero, sin que estuvieran al tanto del procedimiento que les estaban realizando. Si bien estos abusos salieron a la luz durante el gobierno de Trump, ha continuado la falta de rendición de cuentas con Biden. Los hechos denunciados son violatorios de la dignidad y la libertad reproductiva de las migrantes.
Ya sea que se trate de una negligencia médica o de un acto deliberado de esterilización, la falta sistemática de consentimiento informado plantea graves problemas éticos y legales que no debemos perder de vista. Las prácticas violatorias forzadas cobran una dimensión de abuso inédita. Hoy en día las personas en movilidad están en un nivel de vulnerabilidad en la que tienen que defenderse de los traficantes, criminales, autoridades y hasta de ciudadanos comunes. El panorama empeora tanto en sus lugares de origen, como en el tránsito y cuando llegan a la frontera con Estados Unidos. Esta dinámica irracional no puede continuar, la naturalización de la violencia y la violación sistemática de sus derechos humanos nos está llevando a la deshumanización y esto tiene que parar. (Eunice Rendón, El Universal, Nación, p. A9)
Quiero darle visibilidad a los logros alcanzados durante los 12 años que el PAN gobernó nuestro país. Comenzaré escribiendo sobre la política migratoria implementada a partir del año 2000 por el presidente Vicente Fox, pues mientras que en el sexenio actual los asuntos internacionales son reflejo de la tensión y conflictos ocasionados por el inquilino de Palacio, durante el primer gobierno panista se tenía como prioridad solucionar los problemas de manera conjunta y pacífica, a través del diálogo y los acuerdos.
La migración fue un tema central y se trabajó incansablemente para resolver las situaciones adversas en las que se encontraban los inmigrantes mexicanos en otros países, principalmente en el país vecino del norte. Se mantenía un diálogo abierto con autoridades estadounidenses y existía la posibilidad de abordar temas como la seguridad fronteriza y los derechos de las personas migrantes mexicanas. Se logró la adopción de la matrícula consular como documento de identificación para abrir cuentas bancarias y se dio la posibilidad de que trabajadores indocumentados solicitaran la licencia de conducir.
Se materializó el derecho de los migrantes para votar en las elecciones presidenciales y, por primera vez en la historia de México, el gobierno federal reconoció la existencia de una significativa colectividad de mexicanos en Estados Unidos, valorando la ayuda enviada a las familias por medio de las remesas. La interacción entre el gobierno y los mexicanos en el extranjero se fortaleció y se edificaron alianzas entre las comunidades mexicanas y entre éstas y los consulados.
A través del Programa de Regulación Migratoria 2001, se formalizó como no inmigrantes a los extranjeros que habitaban en el territorio nacional y que aún no contaban con documentación migratoria vigente y en regla. Se les brindó seguridad jurídica y se promovió una cultura de respeto y legalidad.
Finalmente, se protegieron de manera efectiva los derechos de las personas que regresaban a México después de vivir en el extranjero, facilitando su reintegración y mejorando sus condiciones de vida en las comunidades de origen. Definitivamente, de 2000 a 2006, el tema migratorio ocupó un lugar relevante en la agenda internacional y en las políticas internas.
Con un panorama totalmente distinto, hoy no se cuenta con una política migratoria adecuada, los derechos humanos de las personas migrantes son violados sistemáticamente por las autoridades mexicanas y su paso por nuestro país se ha convertido en una verdadera pesadilla para ellos. Como muestra tenemos el incendio en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración, en el que 40 migrantes fueron asesinados por el Estado, pues se les impidió salir de las celdas en las que se encontraban para salvar su vida. Increíble, pero cierto, que los migrantes estuvieran encerrados como si hubieran cometido algún delito. (Mariana Gómez del Campo, El Heraldo de México, Opinión, p. 18)
Mucho se ha hablado de la necesidad del divorcio institucional entre los presidentes de la República y sus respectivos partidos, pero nunca se ha hablado de la separación del partido que los llevó al poder y los gobernadores y gobernadoras.
Hay que decirlo: los gobernantes se sienten cobijados por sus respectivos órganos políticos, que en la batalla actúan como tapaderas de representantes electos y los respaldan a toda costa, aun en contra de la razón y el sentido común.
Ejemplos sobran, pero al final el meollo del asunto es la impunidad. Y es que los gobernadores y gobernadoras se sienten intocables y protegidos por una estructura partidista que está lista para movilizarse y meter el hombro a sus correligionarios, sin importar si estos son eficientes o incluso si han incurrido en algún acto ilegal.
Una manera como se puede medir la eficiencia de los gobernantes es si cumplen o no su compromiso con la seguridad. A final de cuentas, el origen del contrato social está fundamentado en la necesidad de que la ciudadanía se sienta segura y protegida por el Estado.
Sin embargo eso no ocurre. Al menos no en nuestro México, donde 23 gobernadores y gobernadoras de Morena están en el poder, pero se deslindan de sus principales compromisos y obligaciones con sus gobernados.
Históricamente la salida fácil ha sido echar la bolita al gobierno federal. Pero los mandatarios y mandatarias locales tienen una gran parte de la responsabilidad en la búsqueda de un país más seguro para todos y para todas.
De ellos y ellas dependen las fuerzas estatales y las fuerzas municipales, que son el primer contacto para tratar de controlar la violencia, a las cuales nunca les exigen actúen con toda la fuerza del Estado.
Sus cuerpos de seguridad en la mayoría de los casos y con contadísimas excepciones –como Querétaro, Yucatán, Puebla, Ciudad de México e Hidalgo– están rebasados o coludidos con el crimen organizado.
Sería obligación legal y moral de los partidos políticos exigirles que cumplan con todas sus obligaciones o removerlos con los mecanismos legales y constitucionales a su alcance.
Depender exclusivamente del gobierno federal y eludir su responsabilidad es una fórmula que les funciona por el simple hecho de que tienen a sus respectivos partidos de su lado, dispuestos a dar la cara por ellos y por ellas.
Lo anterior también obligaría a los partidos a establecer filtros más severos para evaluar a sus candidatos y candidatas antes de ofrecerles su plataforma para competir por un puesto de representación popular.
El presidente Andrés Manuel López Obrador marcó un hito al promover la revocación de mandato y someterse al escrutinio popular para concluir anticipadamente su Presidencia si la ciudadanía perdía la confianza en él.
En ese ejercicio llevado a cabo en abril de 2022, de 16 millones 502 mil 636 de personas que participaron, 15 millones 159 mil 323 decidieron que siguiera.
Ante la crisis de seguridad que se vive en el país, los partidos políticos deberían ser los más preocupados por tratar de mantener su credibilidad, aun si para ello tuvieran que dejar de cobijar a personajes corruptos, inexpertos e incompetentes.
El balón no sólo cae en la cancha de los partidos, sino también en los Congresos locales, que por lo general bailan al son del gobernante en turno. Ahora que Morena tiene casi el 80 por ciento del país, debería seguir el ejemplo del presidente y promover leyes de revocación de mandato a nivel local para remover a gobernantes si no cumplen con las metas y expectativas, si cometen un fraude o si están ligados a delitos que los obligarían a enfrentar a la justicia.
Mucha presión se le quitaría al Ejecutivo, al gobierno federal, a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional si los legisladores locales y todos los partidos políticos hicieran lo que les toca para exigir el divorcio a mandatarios estatales después de haberse matrimoniado con quienes los traicionan o no cumplen con sus obligaciones.
Nos dicen que en contra de la precandidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, se vienen cosas peores. Como si el acoso del que está siendo víctima en redes no fuera suficiente, nos comentan que ya se prepara una andanada con la intención de descarrilar sus aspiraciones.
El rescate del náufrago australiano Timothy Shaddock en aguas mexicanas fue de película. Y en esta épica se quiere montar el Instituto Nacional de Migración, destacando la atención al marinero perdido, después de que un buque atunero de una empresa privada lo rescatara de altamar. Lamentable, el INM, y su titular Francisco Garduño, quieran colgarse la medalla sin que hasta el momento hayan asumido la responsabilidad por la horrible muerte de 40 migrantes en la estancia migratoria de Ciudad Juárez. Mejor ejemplo de cinismo, soberbia y desfachatez no puede haber. Nos comentan que Garduño lo que busca es irse a San Lázaro en 2024 para recibir inmunidad.
Esta semana vimos horrorizados un video en el que un padre y una madre de familia intimidan y golpean a una maestra en un kínder. El hecho de por sí reprobable nos comprueba una vez más la profunda descomposición en la relación de padres y docentes, donde impera la altanería, el distanciamiento, la poca empatía, la violencia, la ignorancia y la falta de respeto. (Óscar Mario Beteta, El Financiero, Opinión, p. 32)
Un poco más de 40% de los estadounidenses considera que México es un enemigo de Estados Unidos, nos ilustra un infográfico que publica The Economist, elaborado con datos de YouGov. El porcentaje es idéntico al de los que consideran que México es un aliado de Estados Unidos. Alrededor de 15% no está seguro de lo que somos, aliados o enemigos.
“Enamigos” se titula el infográfico que publica The Economist. Nos entrega una serie de tiempo que empieza en el 2017 y tiene forma de un pez que se dibuja sobre fondo azul. En el gráfico, predominan los momentos en que “ganan” los estadounidenses que nos consideran aliados. Queda claro que hubo otro empate entre los que nos ven como aliados y los que nos consideran enemigos. Fue en 2018. Entonces era el segundo año de la presidencia de Donald Trump y había una energía antimexicana que nacía de muchos lados, entre ellos de las vísceras del ocupante principal de la Casa Blanca. México era uno de sus temas favoritos. Su disgusto era políedrico. Detestaba el déficit comercial el TLCAN, pero también la migración y, por supuesto, el tráfico de drogas. En campaña, había prometido construir un Muro. Era un proyecto, pero sobre todo un símbolo que cristalizaba esa obsesión trumpiana. Con el muro, argumentaba Trump, Estados Unidos estaría protegido de todo lo malo que nosotros representábamos para él: caos, migración ilegal, drogas, violencia y bad hombres.
¿Qué está pasando ahora, en 2023, que amerite otro empate entre los que nos ven como aliados vs los que nos ven como enemigos? Vale la pena ver con cuidado el infográfico. A mediados de 2020, se alcanzó el punto más alto en el porcentaje de los estadounidenses que nos veían como aliados, alrededor de 65%. En ese momento, menos de 25% nos veían como enemigos. Era el primer año de gobierno de Biden. La Casa Blanca había bajado las agresiones contra México y recuperaba los canales diplomáticos. La atención de todo el mundo se había desplazado hacia el Coronavirus. Los migrantes mexicanos desempeñaban algunos de los trabajos con más riesgo de contagio: enfermería, reparto a domicilio y cuidados domésticos. Muchos de ellos, hacían la tarea de los héroes.
Entre ese pico de mediados de 2020 y ahora han pasado algunas cosas. Las más relevantes son el final de la pandemia; la invasión de Rusia a Ucrania y el agravamiento de la crisis de salud pública en Estados Unidos, relacionada con las muertes provocadas por el consumo de fentanilo. La droga se ha convertido en el mayor “asesino” de estadounidenses que están en el grupo de edad entre 18 y 45 años. En 2022, un total de 109,600 personas murieron en Estados Unidos por abuso de drogas. Se estima que al menos 70% de estas muertes fueron provocadas por el fentanilo.
En todos estos años ha crecido el comercio binacional y México se ha convertido en un aliado estratégico para que Estados Unidos avance en su desacoplamiento de China. El comercio binacional era de 573,000 millones de dólares en 2018. Alcanzó los 779,000 millones de dólares en 2022.
Más de 2,000 millones de dólares diarios de intercambio comercial dan fe de la integración creciente de las economías de los dos países. Los 10 estados que se encuentran en la frontera binacional son tan fuertes económicamente que, si fueran un país, serían la cuarta economía del planeta. Es una relación relativamente joven, que tiene un gran futuro por delante. El próximo capítulo será el nearshoring, que tiene potencial para llevar a otro nivel esta relación y la integración.
¿Por qué la creciente interacción económica no produce más confianza… por qué no ayuda a reducir el porcentaje de los estadounidenses que nos consideran enemigos? En primer lugar, porque la relación entre lo económico y lo social no es mecánica, simple ni racional. En Estados Unidos, por ejemplo, la integración producen olas de proteccionismo que cuestionan las bondades de la relación económica con México. En segundo lugar, porque hay una agenda política en la que es super rentable pegarle a la Mexican Piñata. En las elecciones presidenciales de 2024, México estará en el centro. Los republicanos tienen buenas oportunidades de ganar y sus precandidatos principales están llenos de ocurrencias negativas hacia México. Con el pretexto de combatir el fentanilo, se declaran dispuestos a atacar territorio mexicano. De Santis y Trump se pelean por el palo para pegarle a la piñata.
En México, el presidente no da muestras de interesarse por cómo está cambiando el escenario en Estados Unidos. El infográfico de The Economist es brutal, pero sólo es una muestra de lo que está pasando. ¿Quién de los aspirantes a la Presidencia está mejor preparado para enfrentar las tormentas que vendrán desde Estados Unidos? (Luis Miguel González, El Economista, El Foro, p. 55)
México se ha vuelto un punto de llegada de migrantes centroamericanos, sudamericanos y del Caribe que buscan llegar a Estados Unidos y Canadá.
Un fenómeno ha llamado la atención de la doctora Margarita Aurora Vargas Canales, especialista en estudios latinoamericanos, ha sido el incremento de haitianos en Tijuana, la ciudad fronteriza ubicada en Baja California, en el norte del país.
“Estoy convencida de que la historia, no solamente de Haití, sino de los países expulsores de migrantes, explica mucho por qué sus ciudadanos quieren salir”, señala la investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM.
Aunado a la historia turbulenta de esta nación, la académica explica que el 2019 es caracterizado como el comienzo de la crisis más reciente: la población se encontraba inconforme ante el aumento de los precios en los productos básicos, la inseguridad y las acusaciones de corrupción al presidente por haber utilizado fondos de PetroCaribe para fines personales. Mientras tanto, se exacerbaron las pandillas o gangs, siendo la violencia una de las razones para huir.
Las investigaciones de los académicos refieren que casi ninguno de los migrantes haitianos contempla a México como un país de residencia definitiva.
Las investigaciones de los académicos refieren que casi ninguno de los migrantes haitianos contempla a México como un país de residencia definitiva. Diseño Bárbara Castrejón
Haití es un país sumamente resiliente, comenta Vargas; sin embargo, ha sido empobrecido y explotado por siglos. La falta de oportunidades económicas consecuentes obliga a muchos a irse.
LARGA RUTA.
Las trayectorias migratorias están determinadas por la política migratoria de los Estados Unidos debido a que, para la mayoría, la meta es llegar allá. En el año 2010, ese país abre una ventana para recibir, bajo ciertos requisitos, a haitianos por la situación humanitaria del terremoto. Empieza un éxodo que en ese entonces todavía no atraviesa por nuestro país.
La política estadounidense, sobre todo la del presidente Donald Trump, se caracterizó por la contención migratoria. Buscó frenar los flujos migratorios y limitar la llegada de nuevos residentes bajo condiciones muy específicas. Eso hace que la migración haitiana irregular aumente de forma desproporcionada.
Así, en 2016, México se convierte en un país de tránsito, pero también de residencia para muchos haitianos que son rechazados de Estados Unidos. También llegaron muchos provenientes de algunos países sudamericanos que años atrás habían representado una buena opción. Fue el caso de Brasil, que necesitaba mano de obra para construir la infraestructura del Copa Mundial de Fútbol de 2014. Cuando la situación económica y política se complicó, las condiciones para quedarse ahí se redujeron.
Tijuana, como ciudad fronteriza que nos conecta con Estados Unidos, se vuelve un punto fundamental. Completar estas largas trayectorias intercontinentales es muy difícil. En algunos casos, es una migración planeada en la que contaron con el soporte económico de sus familiares o de lo que ahorraron de su trabajo en el cono sur.
En otros casos, más frecuentes para los haitianos en los años siguientes, la urgencia no permite anticipar nada. “Salen huyendo de sus lugares de origen porque son extorsionados, tienen amenazas de muerte o sus tierras ya no producen más y no tienen de qué vivir”, enlista la investigadora.
Después de la pandemia, en cuanto se volvieron a abrir las fronteras, volvieron los flujos migratorios más altos de lo esperado. Pero ahora, hay otras trayectorias migratorias que no necesariamente pasan por atravesar toda América; hay quienes toman un vuelo de República Dominicana a México o hay quienes consideran que Canadá es una mejor opción entre nuestros vecinos del norte.
La presencia de haitianos en condición de migrantes también ya es notoria en la Ciudad de México.
Este tipo de migración, fuera del marco legal de los países destino, se caracteriza por la gran vulnerabilidad de las poblaciones desplazadas. “Muere mucha gente; otros desaparecen y sus familiares en sus países de residencia ni siquiera pueden saberlo”. Los gobiernos no tienen cifras exactas de los desaparecidos porque están en una situación irregular”, explica la académica.
INVESTIGACIÓN.
Las investigaciones de los académicos refieren que casi ninguno de los migrantes haitianos contempla a México como un país de residencia definitiva, pero sí para permanecer un periodo largo. Necesitan ganar un salario lo suficientemente bueno para vivir bien y además enviar dinero a sus familias. Si esa condición no se cumple, van a tratar de emigrar.
Investigaciones de esta profundidad son necesarias para comprender fenómenos sociales tan complejos como la migración haitiana. “Desafortunadamente hay una distancia muy grande entre lo que el gobierno mexicano decide en materia de política migratoria y lo que propone la mayoría de los académicos y las organizaciones no gubernamentales”. (Elisa Domínguez Álvarez-Icaza, La Crónica de Hoy, Academía, 23)