¿Y el organismo que sustituiría al INM y que encabezaría Solalinde?
En este diario le dimos a conocer el pasado viernes el tibio mea culpa del comisionado de Migración, Francisco Garduño, quien pidió perdón a los migrantes después del incendio en la estación de Ciudad Juárez donde murieron 40 extranjeros. Sin embargo, a pesar de que hay un proceso judicial en su contra don Francisco se mantiene firme en su cargo, y, por otro lado, nos hacen notar que nada se sabe del padre Alejandro Solalinde, quien encabezaría la nueva institución encargada del tema migratorio. Nos recuerdan que el sacerdote, quien es muy cercano al presidente López Obrador, dijo, después de la tragedia, que ya tenía un acuerdo con el Presidente para que se creara la “Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería (ConMéxico)”, que, anunció, sustituirá al Instituto Nacional de Migración, y que él podría encabezarlo. De eso ya casi pasaron tres meses y Garduño sigue firme en su puesto y al padre Solalinde no se le ha vuelto a ver en Palacio Nacional. (Redacción, El Universal, p. A2)
Tal como vaticinamos, desafortunadamente la xenofobia antiinmigrante se ha convertido en núcleo y emblema de las precampañas presidenciales en Estados Unidos, sobre todo entre los aspirantes republicanos y sus aliados más visibles. Al mismo tiempo, las fuerzas de ultraderecha ganan terreno en Europa, disputando ya la conducción del gobierno en España, cuyas elecciones generales fueron ayer, donde, ganen o pierdan, habrán avanzado significativamente.
Comenzando por nuestro continente, pareciera que, de cara a la renovación de los poderes federales de nuestros principales socios comerciales, el eje de la discusión fuera qué precandidato presenta el proyecto más radical para hacer más hostil la permanencia de los inmigrantes que ya viven, trabajan, consumen y pagan impuestos en ese país; también, cómo hacer más difícil, atentatorio contra los derechos humanos, la epopeya de ingresar a su territorio.
Tanto el ex presidente Trump, como el ex gobernador de Florida Ron De Santis y el vicepresidente Mike Pence buscan la candidatura, apelando fundamentalmente al sentimiento antiinmigrante de los sectores más conservadores de Estados Unidos, los segmentos poblacionales que no reconocen la enorme contribución de quienes provienen de fuera a la construcción de las bases y los pilares de una economía que, con todas sus dificultades y retos, se mantiene como la primera del mundo.
Lejos de plantear la regularización de la permanencia de quienes ya habitan, producen y estudian en ese país, o cuando menos de flexibilizar la normatividad para acceder a un estatus migratorio menos azaroso, todos ellos se comprometen a endurecer las medidas xenofóbicas.
Incluso uno, de Santis, ex gobernador de un estado con 20 por ciento de población de origen migrante, ya cuenta entre sus activos de campaña una legislación que entró en vigor el 1º de julio que, entre otras regresiones, incluye: a) la ley obliga a las empresas de ese estado a usar el programa de verificación de empleo E-Verify, para identificar a trabajadores indocumentados: las empresas de más de 25 trabajadores no pueden contratar migrantes, bajo pena de una multa; b) transportar personas sin estatus migratorio regular en ese estado es un delito, sancionado hasta con 15 años de prisión; c) no reconoce licencias de conducir emitidas por 16 estados y el Distrito de Columbia a los conductores sin estatus migratorio regular, lo que limita el acceso a los sistemas bancario, educativo y de salud, no sólo del migrante, sino de sus familias, lo que obligará a los hospitales públicos a cobrarles sus servicios; d) elimina exenciones de cuotas de matrícula para estudiantes inmigrantes indocumentados; e) incrementa los recursos públicos para trasladar a personas sin documentación migratoria a localidades que gobierna el Partido Demócrata.
Estas medidas terminarán afectando a todos, pues exacerbará la escasez de mano de obra en Florida, ya que las industrias clave, como la construcción, la atención médica y la agricultura, dependen en gran medida de los inmigrantes indocumentados. También las finanzas públicas resentirán el golpe, pues se estima que en cada ejercicio fiscal anual, los inmigrantes indocumentados en Florida pagan 1.3 mil millones en impuestos y derechos federales y 588.3 millones en estatales y locales. Como consumidores, aportan casi 100 mil millones de dólares a la economía del estado.
Del ex presidente republicano no extraña el compromiso de retomar su proyecto de construir un enorme muro en la frontera con México y reimplantar medidas derogadas por la actual administración demócrata, como separar a los niños de sus padres en los operativos de captura.
A su vez, el ex vicepresidente y precandidato presidencial Mike Pence, quien parecía el más moderado de los aspirantes, la semana pasada dijo durante una entrevista que de llegar a la Presidencia restauraría el Título 42, política migratoria activa durante la pandemia de covid-19 en la frontera con México, cuyo sentido es la expulsión fast-track de los migrantes.
Peor aún, no podemos dejar de señalar que, en este mismo clima antiinmigrante, la semana pasada trascendió que la policía fronteriza de Texas tiene la orden de empujar a los niños pequeños y bebés lactantes migrantes hacia el río Bravo, además de no ofrecer agua a los solicitantes de asilo, incluso en condiciones de calor extremo, según un correo electrónico de un policía del Departamento de Seguridad Pública, citado por el portal de noticias Houston Chronicle, acciones que son parte de la operación Lone Star, la controvertida iniciativa de seguridad fronteriza del gobernador Greg Abbott, de la que forma parte el inefable muro flotante.
Mientras esto ocurre en nuestra frontera, en Europa ya gobierna una coalición de ultraderecha y antiinmigrante en Italia, ya se perfila en Francia, y en España conquista importantes espacios regionales y federales. En suma, es preciso frenar esta atmósfera hostil, abiertamente contraria a los derechos humanos, impulsada por sectores políticos de Estados Unidos y de varias partes del mundo. Es una política en la que todos pierden. Por el contrario, integrar a quienes sólo quieren aportar su talento y su fuerza de trabajo, haría ganar a todos. (José Murat, La Jornada, Opinión, p. 12)
“Creo que hemos traspasado una línea hacia lo inhumano.” Nicholas Wingate, médico y soldado del Departamento de Seguridad Pública de Texas
El 3 de julio pasado, el médico y soldado Nicholas Wingate envió un correo electrónico a sus superiores para informar lo que estaba atestiguando en el Río Grande, en el estado de Texas, frontera con México: había visto a una migrante, de 19 años, embarazada, herida por rollos de alambre, “con un dolor evidente”, y sufriendo un aborto espontáneo, así como a un padre tratando de liberar a su hijo atrapado por alambres de púas en el agua.
Relataba también que él y sus compañeros se toparon con un grupo de 120 migrantes y cuando reportaron el hecho, recibieron la orden de empujar a todos hacia el Río “para que se devolvieran a México”. Los soldados se negaron y como respuesta les ordenaron que se alejaran del lugar.
Agregaba Wingate un hecho atroz: una madre y sus dos hijos fueron vistos intentando sobrevivir en el agua. La madre y un niño fueron sacados sin vida. El segundo niño nunca fue encontrado. ¿Cuántos sucesos más de esta índole habrán sucedido que no trascendieron porque no tuvieron quien los denunciara?
Una vez divulgado por la prensa el correo electrónico, las autoridades de Texas han negado que la policía estatal o la Guardia Nacional tengan órdenes de devolver a los migrantes al río y aseguran que protegen la integridad física de quienes intentan cruzarlo.
Pero fue el propio Gregg Abott, gobernador de Texas, quien anunció que se instalaría una barrera de boyas para evitar que los migrantes crucen a nado hacia su país.
La intervención se llama Operation Lone Star, Operación Luna Solitaria, en alusión a la luna que, ciertamente sola, ondea en la bandera de Texas. Entre otras acciones, la operación consiste ahora, además de la barrera de boyas, en el despliegue de 88 millas de alambre de púas a lo largo del Río Grande.
Recuerda las operaciones Hot Line y Guardián, puestas en marcha hace 30 años. En el fondo se trata de lo mismo: empujar a los migrantes a sitios más inhóspitos y difíciles para cruzar.
La operación se lanzó en 2021 y ha incluido desde entonces diversas acciones, acompañadas de un discurso político con intenciones electorales: “Tenemos que entrarle (como héroes) porque la política de Biden es de puertas abiertas.”
Gregg Abbot ha recurrido a acciones polémicas: declarar “desastre” en 53 condados fronterizos o cercanos, para poder asignar militares a esas zonas. Allí hay más de 5 mil elementos de la Guardia Nacional, muchos de ellos enviados por gobernadores republicanos.
Asimismo, ha enviado autobuses con 16 mil migrantes a estados gobernados por demócratas: Washington, Nueva York, Chicago y Filadelfia, de acuerdo con cifras del gobierno texano.
Aunque la migración es competencia federal, las autoridades estatales arrestan a migrantes sin formalizar los cargos y retardan cuanto pueden la asignación de un abogado.
Abbott quiere ser candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos y, como Donald Trump, busca hacer de la dureza contra migrantes su plataforma política. Las aspiraciones de Abbott tienen víctimas inocentes. (Mauricio Farah, El Heraldo de México, Editorial, p. 14)
Litigio contra las armas
Día importante será este lunes para el gobierno federal. El consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio, comparecerá en Boston, Massachusetts, por la demanda contra fabricantes de armas interpuesta en Estados Unidos. En esta audiencia, México presentará ante los jueces de apelación, sus argumentos orales para demostrar que el juez de primera instancia no debió desechar la querella. (Redacción, El Heraldo de México, LA 2, p. 2)