Diez estados concentran 71% de los aseguramientos que realizan los militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de vehículos aéreos, lacustres y terrestres, con los que sus tripulantes cometieron algún delito y fueron sorprendidos en flagrancia.
En los primeros cuatro años de la presente administración en estas entidades se incautaron 20 mil 787 unidades de un total a nivel nacional de 29 mil 205.
Los estados con mayor número de aseguramiento son: Guanajuato, con 3 mil 756; Sonora, con 2 mil 747; Michoacán, con 2 mil 682; Tamaulipas, con 2 mil 558; Jalisco, con 2 mil 147; Baja California, con mil 860, y Puebla, con mil 826.
Les siguen Guerrero, con mil 167; Estado de México, con mil 58, y Chihuahua con 986, de acuerdo a información proporcionada por la Sedena a EL UNIVERSAL. (Daniela Wachauf, El Universal, Ocho Columnas)
Cd. de México (25 julio 2023).- A pesar de la promesa presidencial de rescatar a Pemex y de la fuerte inyección de recursos que recibe desde el Gobierno, la petrolera se encuentra en una situación de “quiebra técnica”, con un patrimonio negativo de un billón 895 mil millones de pesos al cierre de 2022.
El año pasado, los activos de Pemex tuvieron un valor de 2 billones 406 mil millones de pesos, mientras que los pasivos representaron 4 billones 301 mil millones de pesos.
Desde 2017, hila 6 años en los que las obligaciones financieras de la empresa se han comido sus activos, según el estudio El empobrecimiento de las empresas públicas, realizado por la organización México Evalúa.
Esto significa que la deuda de la petrolera representa 1.8 veces más el valor de sus activos, lo que no permite un buen desempeño de la empresa, expone el análisis. (Diana Gante, Reforma, Ocho Columnas)
Cd. de México (25 julio 2023).- Las negociaciones entre Pemex y el sindicato petrolero están empantanadas.
En el estira y afloja de la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) 2023- 2025, las 36 Secciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) rechazaron la oferta de Pemex, declararon asambleas permanentes y sostuvieron su emplazamiento a huelga.
La revisión del CCT inició el 6 de junio pasado, sin la presencia del director de Pemex, Octavio Romero, y debe iniciar su nueva vigencia a partir del 1 de agosto.
Fernando Navarrete, presidente del Consejo General de Vigilancia del Comité Ejecutivo General del STPRM y primer vicepresidente de la Comisión Mixta revisora del CCT con Pemex, advirtió que incluso les han presentado propuestas totalmente inviables. (Benito Jiménez, Reforma, P.p.)
Oaxaca, Oax., Ante el cúmulo de inconsistencias e irregularidades en el proceso legislativo que eliminó el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca (TJAEO) y creó el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca (TJACCO), a propuesta del gobernador morenista Salomón Jara Cruz, magistrados del órgano desaparecido anunciaron que interpondrán una demanda de amparo y una controversia constitucional para dejar sin efectos la medida y ser restituidos en sus cargos.
Entre las anomalías destaca que el dictamen de dicho decreto fue entregado a los integrantes de la 65 Legislatura sólo cinco minutos antes del inicio de la sesión extraordinaria celebrada el pasado sábado. En poco más de siete minutos, los diputados avalaron la eliminación del TJAEO, cuando la ley estipula un plazo mínimo de 24 horas.
En una segunda sesión extraordinaria, celebrada sólo tres horas y media después de la anterior, Luis Alfonso Silva Romo, presidente de la Junta de Coordinación Política, presentó las ternas propuestas para ocupar cargos en la Sala Superior y las salas unitarias del TJACCO y el acuerdo fue aprobado.
Acto seguido, la diputada Miriam de los Ángeles Vásquez Ruiz, presidenta de la mesa directiva, tomó protesta a Mateo Martínez Martínez, Manuel de Jesús López López y Cruz Itzel Espinoza Rojas, como magistrados de la Sala Superior para un periodo de siete años. (Jorge A. Pérez Alfonso, La Jornada, Ocho Columnas)
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este lunes 24 de julio por la noche que tuvo una reunión con el equipo de seguridad de su homólogo estadounidense, Joe Biden, encabezado por la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall. De acuerdo con el titular del Ejecutivo Federal, se trataron temas migratorios con un enfoque en Derechos Humanos, así como el combate al tráfico de fentanilo y de armas.
“Muy productiva reunión bilateral con el equipo de seguridad del presidente Biden, encabezado por la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall. Tratamos el tema migratorio con enfoque de respeto a los derechos humanos y de cooperación para el desarrollo de los pueblos, así como el combate al tráfico de fentanilo y de armas. Avanza sin problemas la política de buena vecindad”, escribió el presidente en sus redes sociales”, compartió López Obrador en su cuenta de Twitter.
¿Quiénes participaron en la reunión?
Por parte de México, la reunión contó con la presencia de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública; Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Gobernación; Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional de México; José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina; y Laura Elena Carrillo, directora de la Agencia Mexicana para la Cooperación y Desarrollo.
Mientras que en representación del gobierno de Estados Unidos estuvieron presentes Rich Verma, subsecretario de Estado de Manejo y Recursos; Lisa Monaco, fiscal general adjunta del Departamento de Justicia; y Kristie Canegallo, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional. (Luz Elena Morales, El Heraldo de México, Ocho Columnas)
Alejandro Martí, el empresario que se convirtió en un activista contra la inseguridad y la violencia en México, tras el secuestro y asesinato de su hijo Fernando Martí Haik, en 2008, falleció ayer a los 73 años.
Con el dolor y la rabia que la muerte de su hijo provocó, hace 15 años, Alejandro Martí pronunció un discurso que caló hondo, aunque no tuvo ningún efecto tangible.
Frente al entonces presidente Felipe Calderón; el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna (encarcelado en EU); el gabinete y gobernadores, en el contexto del Consejo Nacional de Seguridad, dijo:
“Señores, si piensan que la vara es muy alta, si piensan que es imposible hacerlo, si no pueden, renuncien, pero no sigan ocupando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada, que eso también es corrupción”. (Alejandro Becerril, Excélsior, Ocho Columnas, Sergio Ramírez, La Razón, P.p.)
Para Christian, ser su propio jefe es una meta que hace poco alcanzó. Por años había sido empleado en varias empresas y nunca le gustó tener jefes, así que decidió poner su propio negocio: una barbería. Sin embargo, ese sueño logrado fue eclipsado por el flagelo de la extorsión.
“Tengo una barbería, pero el año pasado llegaron dos personas a mi negocio, me sacaron la pistola y me dieron una semana para juntar cinco mil pesos como forma de protección porque, de no dárselos, me quitarían mi negocio y me matarían. Se los di una semana después, pero me cobraron tres veces más la misma cantidad hasta hace dos meses”, narró a este diario, desde Tlalnepantla, Estado de México.
El pequeño comerciante ha tenido que vender máquinas de cortar cabello para pagar las extorsiones, pero hasta el momento no ha denunciado, ya que tiene temor de que sus extorsionadores se enteren, llegue la policía y lo vean; por ello, mejor busca la manera de huir y comenzar de nuevo.
En México, la extorsión es uno de los delitos que más lacera a la población y que menos se denuncia por miedo y por el riesgo que implica para las familias perder su patrimonio o llegar a las agresiones físicas. (Jorge Butrón, La Razón, Ocho Columnas)
La aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, reveló que fue objeto de agresiones e intimidaciones por parte de morenistas durante su visita a Oaxaca, por lo que les recomendó que se tomen un té de Tila.
En respuesta a su denuncia, voces del Frente Amplio por México exigieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) medidas cautelares para que se le dé protección a la senadora panista.
En entrevista con los medios de comunicación, dijo que no existe necesidad de incurrir en ese tipo de agresiones y explicó que la situación se presentó cuando ni siquiera estaba en un evento político, sino comprando artesanías.
“Que nos respetemos. Yo realmente lo que creo es que no hay necesidad de intimidar, de violentar; yo sé que ellos gobiernan Oaxaca, yo sé que ellos son muy poderosos y yo tengo derecho a hacer este recorrido y no sólo fue esto, ayer me invitaron los artesanos y también me fueron a agredir; yo estaba comprando artesanía, no estaba haciendo promoción política, no estaba dando folletos, no estaba pidiendo nada indebido. (Magali Juárez, La Razón, P.p.)
El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral (TEPJF) están convertidos en los “grandes censores” y quisieran silenciarlo por completo.
Ayer en su conferencia mañanera, en la nueva sección “No lo digo yo”, la cual busca evadir las medidas cautelares ordenadas por el INE para que no se exprese sobre el proceso electoral de 2024, el Mandatario aseguró que ya no puede hablar de “muchas cosas”.
“Ya ven que hay la sección de ‘No lo digo yo’…, no lo digo yo porque ya tengo que andar con cuidado, tengo que estar muy atento. Ya ahora estoy hablando hasta más despacio que de costumbre, no me vaya yo a camucar, y están así INE, Tribunal Electoral, ya quisieran silenciarnos por completo. Están convertidos en los grandes censores, ya no puedo hablar de muchas cosas”.
Especialistas y politólogos criticaron que el presidente López Obrador haga estas declaraciones, pues recordaron que cuando estuvo en la oposición el ahora Jefe del Ejecutivo federal exigía que los presidentes de la República en turno se mantuvieran al margen de los procesos electorales para garantizar la equidad de los mismos. (Pedro Villa y Caña, El Universal, P.p.)
México reclama a fabricantes y comercializadoras de armas estadunidenses una indemnización de 15 mil millones de dólares por las pérdidas que grupos criminales han causado en el país con el uso de esos productos, informó ayer Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
La delincuencia tiene acceso a esas armas por la irresponsabilidad de las empresas, dijo Celorio al final de una nueva audiencia en el juicio iniciado por el gobierno mexicano contra los armeros.
La Corte de Apelaciones del Primer Circuito en Boston escuchó este lunes los argumentos orales de la demanda mexicana, en una audiencia celebrada en esa ciudad.
En una videoconferencia, el abogado de la cancillería expuso sobre el reclamo económico: Según estimamos, el gobierno de México ha gastado cerca de 15 mil millones de dólares, arribita de 5 por ciento de su producto interno bruto, en responder a la violencia armada generada por el tráfico ilícito de armas. (Eduardo Murillo, La Jornada, P.p Enrique Sánchez, Excélsior, P.p..)
El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fueron detenidos cinco sujetos que formaban parte de una célula criminal dedicada a la venta de droga en grandes cantidades, con zona de operación en las alcaldías Iztapalapa, Iztacalco, Coyoacán, Xochimilco y Gustavo A. Madero.
El funcionario indicó que de acuerdo con las investigaciones, este grupo tenía ramificaciones en los estados de Guerrero y de Morelos, desde donde la droga era trasladada a la Ciudad de México.
En conferencia de prensa, García Harfuch dijo que la organización delictiva estaba relacionada con el trasiego de cocaína, y la detención de cinco de sus integrantes se logró gracias al despliegue de operativos que realizó la SSC en colaboración con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.
Explicó que durante cuatro cateos realizados el pasado sábado en domicilios de las alcaldías Coyoacán, Iztapalapa y Xochimilco, se aseguraron tres inmuebles, una bodega, 572 mil pesos y más de 100 mil dólares; tres armas de fuego, 16 cartuchos, 14 vehículos, una motocicleta, 16 teléfonos y 215 paquetes de cocaína. (Eunice Cruz, La Razón, P.p.)
Las quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra del sector salud aumentaron 41 por ciento en los primeros cuatro años del gobierno de la llamada Cuarta Transformación, respecto a las presentadas en el mismo periodo de la administración de Enrique Peña Nieto.
El total de quejas que las y los ciudadanos interpusieron ante la CNDH al considerar que se violaron sus derechos humanos, principalmente por parte de servidores públicos del IMSS y del ISSSTE, pasó de 14 mil 41 expedientes acumulados de 2015 a 2018 a 19 mil 898 quejas en el periodo de 2019 a 2022, es decir, durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Así se desprende de una revisión realizada por El Sol de México al Sistema nacional de alerta de violación a los derechos humanos de la CNDH, que encabeza Rosario Piedra Ibarra.
Omitir proporcionar atención médica, no suministrar medicamentos —como fármacos para el VIH—, realizar trámites médicos de manera deficiente, no implementar infraestructura para una adecuada prestación de los servicios y obstaculizar o negar las prestaciones de seguridad social a las que la población usuaria tiene derecho son, en ese orden, los principales motivos de queja ante la CNDH, según el Informe de actividades 2022 del organismo público autónomo. (Karyna Soriano | El Sol de México, Ocho Columnas)
Este grupo fue un mecanismo sin precedente en el sistema de la Organización de Estados Americanos (OEA), con facultades para una investigación del orden penal en México. Desde el inicio, según documentos militares revelados a lo largo de los trabajos, enfrentó la animadversión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que consideró que el convenio para el trabajo de los expertos no se negoció con el cuidado requerido, lo que dio pie a que el GIEI hiciera reclamos absurdos y creara controversias.
Por el contrario, los investigadores se ganaron la confianza de padres y compañeros de los 43 desaparecidos.
A lo largo de los 100 meses transcurridos, sólo cuatro años han sido de trabajo efectivo, ya que al finalizar su primer año y publicar su demoledor segundo informe, el gobierno de Enrique Peña Nieto los expulsó del país. Transcurrieron cuatro años de parálisis para el caso.
A petición de las familias, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador renovó el mandato. Vino la pandemia y pasaron dos años más para que el GIEI pudiera regresar. (Blanche Petrich y Jessica Xantomila, La Jornada, P.p.)
Chilpancingo.— En las últimas semanas surgió una crisis política y de inseguridad en distintos municipios de Guerrero. Los alcaldes —y sus gobiernos— han sido el foco de esa violencia.
En varios puntos, esa violencia estuvo acompañada de mensajes —a través de cartulinas dejadas entre los cadáveres y videos— que pusieron en evidencia los presuntos vínculos entre alcaldes con organizaciones criminales.
Al respecto, el director del Centro de Defensa de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrero Hernández, dijo a EL UNIVERSAL que al permitir que el dinero del crimen organizado se infiltrara en las campañas electorales se dejó a las autoridades municipales a merced de los delincuentes.
Pactos siniestros
“¿No es muy riesgoso que la tranquilidad del estado dependa de los acuerdo de las autoridades con las organizaciones criminales?”, se le preguntó (Arturo de Dios Palma, El Universal, P.p.)
Cd. de México (25 julio 2023).- Una red de funcionarios federales y despachos de abogados es investigada por demandas laborales fraudulentas en las que se ha condenado al ISSSTE a pagar más de 3 mil millones de pesos por prestaciones ya inexistentes y cuyo valor fue inflado hasta 30 veces.
Sólo en una carpeta de investigación, la Fiscalía General de la República (FGR) detectó un caso de mil 230.3 millones de pesos, derivado de sentencias dictadas en seis juicios laborales en donde se ordenó al instituto pagar una compensación que ya no existe.
Autoridades federales han calculado que las demandas podrían alcanzar hasta 8 mil millones de pesos en su conjunto.
La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) integra más de 20 investigaciones contra funcionarios del ISSSTE, de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) y de abogados presuntamente coludidos para resolver laudos ilegales. (Abel Barajas, Reforma, P.p.)
Nueva York., El juez Brian Cogan aceptó la petición de Genaro García Luna de aplazar la audiencia para dictar su sentencia hasta el 1º de marzo de 2024 mientras su equipo de defensa recauda nueva evidencia para un posible intento de solicitar otro juicio.
En una escueta orden, el juez federal Cogan informó que después de revisar materiales presentados por los abogados defensores en apoyo de su petición de aplazar la fecha de la sentencia, la corte determina que el acusado ha mostrado buena causa para la extensión solicitada, y establece que la sentencia será dictada el 1º de marzo de 2024.
Las fechas de las llamadas mociones posjuicio –en casos criminales se establecen estas fechas para permitir que la defensa presente solicitudes en torno a la sentencia, incluyendo mociones para revertir, modificar o anular la condena– han sido cambiadas para empezar a mediados de diciembre.
La orden fue algo sorpresiva, ya que el propio Cogan primero había informado, el pasado 10 de julio, que el acusado no había mostrado causa adecuada para otorgar un aplazamiento tan extenso, pero invitó a la defensa a ofrecer materiales y mayor detalle sobre la nueva evidencia que habían recibido después de la conclusión del juicio del ex secretario de Seguridad Pública de México en febrero. Aparentemente, la defensa ofreció suficientes detalles para convencer al juez de que ameritaba tal extensión. (David Brooks, La Jornada, Contraportada)
La inflación en México continúa desacelerando el paso, aunque con riesgos latentes en los rubros de alimentos y servicios.
De la segunda quincena de junio a la primera de julio, descendió de 4.93 por ciento a 4.79 por ciento de manera anual, la menor cifra desde marzo del 2021. Se trata del quinto descenso consecutivo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
“Es importante mencionar que siguen las presiones inflacionarias, tanto al interior de la inflación subyacente, en el componente de servicios, como en la inflación no subyacente, en las frutas y verduras”, señaló Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base.
En la primera quincena de julio 2023, la #inflación general anual fue de 4.79%. El Índice Nacional de Precios al Consumidor varió 0.29% a tasa quincenal. (Redacción, La Razón, P.p. Alejandro Moscoso, El Financiero, Ocho Columnas, Belén Saldívar y Luis Benítez, El Economista, Ocho Columnas, Kara Ponce, Excélsior, P.p. Rubén Migueles, El Universal, P.p.)
La Cofepris decomisó casi 2 mil productos relacionados con cannabis a la tienda Paradise Shop, promovida por el expresidente de México Vicente Fox, así como por el actor Roberto Palazuelos.
Las autoridades argumentan que los productos ponen en peligro la salud de la ciudadanía, toda vez que incumplen con la regulación sanitaria.
Lo anterior fue resultado de una verificación a diversos establecimientos ubicados en la Ciudad de México, una empresa creada en Nuevo León para comercialización de productos derivados de la mariguana, tanto por comercio electrónico como por venta al público, que cuenta con tiendas en 25 estados de la República, informó la dependencia sanitaria.
Explicó que se tomaron 165 muestras de etiquetas de diferentes productos por presentar irregularidades en la información, entre ellas, como por ejemplo, que ostentan un código atribuido a la Cofepris aparentando ser un registro sanitario. (Andrés Guardiola y Patricia Reyes, Excélsior, P.p.)
Productores de maíz blanco para consumo humano de Sinaloa sólo han comercializado 862 mil toneladas con el precio de garantía de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), de una cosecha cercana a 6 millones de toneladas, según informes oficiales.
Segalmex compró hasta ahora 685 mil toneladas del grano, del millón de toneladas previsto, a productores de pequeña y mediana escala, mientras el gobierno del estado ha comprado 177 mil toneladas, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).
Los agricultores han protestado porque la industria les paga en promedio 5 mil pesos por tonelada, por abajo de los costos de producción. Informaron que fuera del esquema de precio de garantía, que es de 6 mil 695 pesos la tonelada, quedan alrededor de 4 millones de toneladas.
Esto dejará a más de 60 por ciento de los productores en la quiebra, con carteras vencidas e irán al buró de crédito. Para el próximo ciclo, muchos no tendrán capacidad de volver a sembrar, advirtió Baltazar Valdez dirigente de Campesinos Unidos de Sinaloa. (De La Redacción, La Jornada, Contraportada)
La Consar y la Amafore han ideado planes de trabajo para buscar bajar el número de cuentas asignadas. La Consar asigna los recursos de las cuentas no reconocidas de los trabajadores a la afore que haya generado mayores rendimientos.
Dentro del Sistema del Ahorro para el Retiro (SAR), el monto de las 18 millones de cuentas no reconocidas –también llamadas asignadas– por los trabajadores es de 200,000 millones de pesos, de acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore).
Si bien representa sólo 4% de los más de 5.56 billones de pesos del SAR, es mayor a los 182,493 millones de pesos que pertenecen al rubro de Ahorro Voluntario y Solidario, con corte a junio.
Los trabajadores que no han reconocido su cuenta en una administradora de fondos para el retiro (afore) sumaron 18.4 millones, al cierre del primer semestre del año. (Santiago Renteria Nolasco, El Economista, P.p.)
Madrid. Tras la histórica jornada electoral en España, todos los partidos políticos, principalmente los más votados, el derechista Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), buscaban ayer alianzas que les permitan obtener la mayoría absoluta para investir a sus respectivos candidatos.
El presidente del gobierno y líder socialista, Pedro Sánchez, argumentó ante el área Ejecutiva del PSOE que la democracia encontrará la fórmula para evitar lo que todos temen: que al no lograr formar gobierno se caiga en un bloqueo institucional que obligue a repetir las elecciones.
El sistema político español es una monarquía parlamentaria en el cual se asume que el gobierno que rija los destinos del país tiene que surgir de una mayoría en el Congreso de los Diputados. Hasta la fecha, todos los gobiernos han estado encabezados por los partidos más votados, pero en estas elecciones se abren otras posibilidades, sobre todo la más plausible: que el PSOE, a pesar de ser la segunda fuerza y tener sólo 122 diputados, forme alianza con otros cinco partidos para alcanzar la mayoría absoluta, fijada en 176 escaños.
Para ello todavía hay un largo camino de negociaciones, algunas especialmente difíciles, como las que ya se abrieron con el ex presidente catalán Carles Puigdemont, líder de Junts per Catalunya (JxCat) y residente en Bruseles desde octubre de 2017, tras la fallida declaración unilateral de independencia que derivó en procesos penales contra los principales dirigentes de aquella iniciativa. (Armando G. Tejeda, La Jornada, Contraportada)