Opinión Migración 280723
¿Qué quiere México en su política migratoria?
México es un país en movimiento. Casi una décima parte de los mexicanos viven en el exterior, la gran mayoría de ellos en los Estados Unidos. Además de eso, hay cada vez más extranjeros viviendo en México, tanto los que vienen del norte de Estados Unidos como los que llegan del sur, y un creciente número de refugiados reconocidos. Y el país está justo en la ruta más transitada del mundo para la migración irregular. Por tanto, no es sorprendente que la migración se ha vuelto un punto central en la relación de México con sus vecinos al norte y al sur, así como con los mexicanos en el exterior y sus descendientes.
La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido, en general, muy pragmática en temas de migración, buscando conciliar posturas humanitarias y de control en un esfuerzo por equilibrar sus relaciones con los gobiernos de los Estados Unidos y de los países latinoamericanos. La administración jugó un papel seminal en la Declaración de Los Angeles sobre Migración y Protección, que se originó de una propuesta del presidente López Obrador durante una de las Cumbres de Líderes de América del Norte, y luego fue escrita y adoptada por veintiún países de la región. El acuerdo busca un balance entre abrir mayores canales legales para la migración en las Américas, fortalecer sistemas de refugio, invertir en la integración de los migrantes y refugiados en sus países de acogida y coordinar medidas de ordenamiento de canales migratorios entre países vecinos. Es un paso sensato y un acuerdo que muestra que hay cada vez similitud entre los países del hemisferio en temas migratorios, ya que casi todos ya son países de emigración, tránsito e inmigración al mismo tiempo.
El gobierno mexicano también ha jugado un papel importante, si bien a veces contradictorio, en el proceso de ir ordenando la migración irregular en el hemisferio. Ha insistido con el gobierno de Estados Unidos que abra más canales legales para los migrantes, lo cual ha tenido un efecto crítico en decisiones del gobierno vecino en abrir más de medio millón de entradas legales nuevos al año, a cambio de que ese gobierno también puede regresar a nacionales de algunos países a México. En general, esto ha ido dando mayor cauce regular a la migración en el hemisferio, aún en medio de un periodo de afluencias mayores que en cualquier momento de la historia moderna.
Y al mismo tiempo, se ha ampliado el trabajo de la Comisión Mexicana de Apoyo al Refugiado (COMAR), para dar respuesta a los más de 100 mil personas que piden asilo en México cada año, aunque sin muchos cambios de presupuesto. No todos se quedan a vivir en México, pero muchos sí.
Los esfuerzos de control migratorio en la frontera sur y dentro del país han sido necesarios frente a la migración irregular, pero la capacidad institucional del Instituto Nacional para la Migración (INAMI) y de otras instituciones del Estado no ha estado al tanto del desafío, como se demostró en el incendio que costó la vida de 40 migrantes y puso al descubierto el lado oscuro de la política migratoria mexicana. No es que el control sea maligno en sí, porque todos los países toman decisiones sobre quién tiene derecho a entrar, sino que las herramientas que tiene el gobierno mexicano para este esfuerzo distan mucho de los que se necesitan para un control eficaz y humano, y no se han visto intentos de renovar las instituciones que están a cargo de estas tareas.
Al mismo tiempo, las relaciones con la diáspora mexicana se han ido fortaleciendo, aunque más por inercia que por un diseño intencional. Ha habido más de 11 millones de mexicanos en el exterior, desde ya hace muchos años, y el número seguramente ha crecido en los últimos tres años con la llegada de cientos de miles más de mexicanos a los Estados Unidos. De hecho, se ha aumentado notablemente la tasa de emigración irregular de mexicanos en este periodo, si bien no a los niveles de los años 90 y principios del siglo. Los consulados mexicanos han sido un vínculo clave con la diáspora, y cada vez efectivos, así como el Instituto para los Mexicanos en el Exterior (IME). Y hay más y más mexicanos (y sus hijos) invirtiendo en México o lanzando negocios binacionales, que construyen un lazo de facto entre comunidades.
Pero en México todavía falta una visión comprensiva de lo que el país quiere de la migración. Las políticas han sido más reactivas que proactivas, lo cual es muy común en todo el mundo, pero menos óptimo para México con la importancia que viene a cobrar el tema migratorio en la actualidad. ¿Qué quieren los mexicanos de la migración? Esa pregunta aún sigue sin contestarse.
Hay evidencias de que hay cada vez más necesidades en el mercado laboral mexicano que podrían beneficiarse de mano de obra extranjera, desde agricultura de exportación hasta innovación en tecnología de punta. Hay una diáspora con ansias de poder vincularse cada vez más con su país de origen. Y hay un capital político internacional que ha ganado México por sus esfuerzos alrededor de la migración El reto al futuro es como poner todo esto junto para tener una estrategia pensada y bien diseñada que puede beneficiar a México y los mexicanos en los años que viene. (Andrew Selee, El Universal, Opinión, p. A12)
Economía de la explotación
Muchas veces hemos abolido la esclavitud en el mundo, pero nunca hemos terminado con ella.
Mientras el gobernador de Texas, Greg Abbott, inventa fórmulas ofensivas e inhumanas para contener a los migrantes en el Río Bravo, y de paso colarse a la mente de los electores con vistas a la elección presidencial de su país (Reforma, 25 de julio, 2023), en el interior de Estados Unidos emerge una nueva versión de la economía de la explotación:
Lo que está sucediendo allá con niñas, niños y adolescentes migrantes confirma que la perversidad expande su imaginación con tal de seguir ejerciendo la antiquísima práctica de esclavizar a otros, privarlos de su libertad para explotarlos o convertirlos en mercancía.
La explotación de la niñez migrante en EU, sobre todo procedente de Centroamérica, y en especial de El Salvador, tiene hoy aspecto de protección y buena voluntad, pero es sólo apariencia.
Esta nueva economía de la explotación tiene su origen en buenas intenciones, porque se basa en que el gobierno estadounidense, para evitar que los menores migrantes no mexicanos pasen mucho tiempo en instalaciones oficiales, ha permitido que vivan con patrocinadores mientras pasan por los trámites de inmigración.
La paradoja consiste, como apunta The New York Times, en que esta política está codificada contra la trata de personas, pero causa precisamente lo que pretende evitar.
En recientes publicaciones, el diario da cuenta de una investigación orientada a saber qué ocurre con niñas y niños migrantes una vez que les ha sido asignado un patrocinador para que les brinde hospedaje, protección, alimentación y escolarización.
Desde luego, de las prácticas nocivas hay que sustraer a los miles de patrocinadores que hacen bien su labor. Pero trabajadores sociales cercanos a los hechos calculan que dos tercios de los niños migrantes terminan en trabajos de tiempo completo.
El NYT encontró a niños migrantes trabajadores en gran parte de EU: tejedores de 12 años en Florida y Tennessee; ayudantes de matanceros en Delaware, Mississippi y Carolina del Norte; niños que asierran tablones de madera en turnos nocturnos en Dakota del Sur y que manejan ordeñadoras en Vermont o reparten comidas en Nueva York.
Halló, asimismo, a menores de edad que cosechan café y construyen muros de piedra volcánica alrededor de residencias vacacionales en Hawái; niñas de 13 años que lavan sábanas en hoteles de Virginia; niños que zurcen las etiquetas de Made in America en Los Ángeles y alumnos de secundaria que fabrican calcetines en Alabama.
En fin, niñas y niños migrantes empacando cereales, horneando panecillos, procesando leche, deshuesando pollo o fabricando piezas de automóviles, en largas jornadas de trabajo, en algunos casos en horarios nocturnos y en otros en dobles turnos, en franca violación a las leyes de trabajo infantil.
No se trata de niños que hayan entrado al país sin ser detectados. El gobierno federal sabe que están en EU, como lo sabe de los 130 mil no acompañados que ingresaron en 2022, cantidad que representa tres veces lo registrado en 2021.
Aparentemente, el primero en fallar es el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), el organismo responsable de garantizar que sus patrocinadores los mantengan y los protejan de la trata o explotación. Al parecer está haciendo de prisa la elección de los patrocinadores. Según el testimonio de trabajadores sociales, se está privilegiando la velocidad por encima de la seguridad, lo que propicia que algunos patrocinadores se hayan hecho cargo de varios niños y no sean detectados.
A ello se debe que entre 2021 y 2022 la agencia no haya logrado establecer contacto con 86 mil de estos niños, aproximadamente un tercio de los que entraron en esos dos años.
Abundan los casos de niños y adolescentes migrantes que están endeudados con sus patrocinadores porque deben lo del coyote, el alquiler, los gastos de administración. Algunos se dan cuenta tardíamente de que no serán escolarizados: son un negocio.
El NYT concluye que los fiscales federales “sólo han presentado 30 casos relacionados con el trabajo forzado de menores migrantes no acompañados”. Sólo 30 casos en diez años. (Mauricio Farah, Reforma, Opinión, p, 12)
Duda razonable / La locura texana y la inutilidad de dos gobiernos
Está claro que desde hace mucho tiempo los republicanos odian a los migrantes o por lo menos utilizan a los migrantes mexicanos para avanzar en sus carreras políticas. Muchos de ellos lo hacen por razones ideológicas, porque así fueron formados y así lo creen. Para otros es simplemente política. Política asesina, por cierto. Política que tomó fuerza con Donald Trump en la Casa Blanca.
Pienso que en estos tiempos el peor de ellos es Greg Abbott, el gobernador de Texas. Hace unos días, el Houston Chronicle y el San Antonio Express News publicaron una nota firmada por el reportero Benjamin Wermund que decía:
“Funcionarios que trabajan para la iniciativa de seguridad fronteriza del gobernador Greg Abbott recibieron la orden de empujar a los niños pequeños y bebés lactantes de regreso al río Bravo, y se les dijo que no les den agua a los solicitantes de asilo incluso en condiciones de calor extremo, según un correo electrónico de un policía del Departamento de Seguridad Pública, que describió las acciones como ‘inhumanas’.
“El relato del 3 de julio, revisado por Hearst Newspapers, revela varios incidentes no informados anteriormente, que el policía presenció en Eagle Pass, donde el estado de Texas colocó miles de alambres de púas y desplegó un muro de boyas en el río Grande. Según el correo electrónico, una mujer embarazada que tuvo un aborto espontáneo fue encontrada a finales del mes pasado atrapada en el cable, doblada por el dolor. Una niña de cuatro años se desmayó por el agotamiento por calor después de que intentó atravesarlo y los soldados de la Guardia Nacional de Texas la empujaron. Un adolescente se rompió la pierna tratando de navegar por el agua alrededor del cable y tuvo que ser cargado por su padre. El correo electrónico, que el policía envió a un superior, sugiere que Texas ha colocado “trampas” de barriles envueltos en alambre de púas en partes del río con mucha agua y poca visibilidad. Y dice que el cable ha aumentado el riesgo de ahogamiento al obligar a los migrantes a adentrarse en tramos más profundos del río”.
Hay reportes también de que los funcionarios texanos tienen como orden no ayudar en el proceso normal de migración o asilo o impedir el trabajo de los funcionarios federales.
Frente a eso, los gobiernos de Biden y López Obrador dicen cosas: Biden va a la Corte, AMLO confunde politiquería con crueldad y Abbott sigue en lo mismo. Y el próximo año electoral solo se pondrá peor. (Carlos Puig, Milenio, Al Frente, p. 2)
Razones / Fentanilo y migración: la agenda bilateral
La reunión bi y trilateral que sostuvieron autoridades de México y Estados Unidos con sus homólogos de Canadá fue, nos decía Roberto Velasco, encargado de las relaciones con América del Norte, fructífera. Y no dudo que lo sea, lo que sucede es que la relación, sobre todo con Estados Unidos, se ha tornado tan compleja, tan permeada por los tiempos electorales de la Unión Americana (y también por los nuestros), que todo avance se torna difícil.
Hay temas clave en la relación. Comencemos con el tráfico de fentanilo ilegal. Es un conflicto casi irresoluble y la mejor demostración de la economía de mercado del nuevo mundo de la droga. De China ya no suele venir el fentanilo puro para su comercio ilegal, lo que vienen son precursores muy básicos para que, finalmente, aquí se combinen y se conviertan en fentanilo ilegal comercializable. Llega de muy diferentes formas, desde polvo hasta pastillas o líquido, y es muy difícil de rastrear: un kilo de fentanilo permite producir, por ejemplo, un millón de pastillas, y sus costos de producción son mínimos respecto a cualquier otra droga, lo que genera utilidades enormes.
Si China pone los precursores y México la producción final de la droga y su introducción a la Unión Americana, ese país pone millones de consumidores, muchos de ellos educados en el consumo de opiáceos originalmente legales, que encuentran en el fentanilo ilegal una droga más barata, más potente y, lamentablemente, también más letal.
Ese triángulo China-México-Estados Unidos es el que hace mover el fentanilo y cada uno de los países cumple un rol muy determinado. El problema es que la colaboración de China con Estados Unidos es simplemente nula en el tema. Si siempre había sido escasa, después de la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, la misma se canceló casi en forma completa. Y en las aduanas mexicanas, tan permeables como siempre, se puede poner más énfasis en evitar la entrada de estos productos, pero el hecho es que los traficantes le han encontrado la vuelta y, como decíamos, ya el ingreso es de una serie de precursores que permiten fabricar aquí el fentanilo y prepararlo para su comercialización. Es fácil, es rápido y es muy lucrativo.
Es verdad que, sobre todo durante este año, México ha redoblado esfuerzos en el combate al fentanilo. Velasco dice que en la reunión con Estados Unidos se mostraron estadísticas que demuestran que México incautó el 25% de todo el fentanilo ilegal que se decomisó en el mundo. Es muchísimo, pero si tomamos en cuenta que, en el mercado estadunidense y en el local, la oferta no se vio en absoluto alterada, eso quiere decir que las posibilidades de abasto son enormes.
Es ese entramado el que hace tan difícil combatir el tráfico de fentanilo ilegal. No sé hasta qué punto se puede tener avances más allá de la buena voluntad de las partes, pero lo que es indudable es que, si lo acordado se cumple, por lo menos se dificultará la producción y tráfico de una de las industrias más boyantes en el mundo de las drogas y el crimen organizado.
El otro gran tema que se trató fue la migración. Hay avances, aunque sea con costos altos: se redujo sustancialmente el número de detenidos del otro lado de la frontera desde que se quitó el título 42 en la Unión Americana. Pero esa situación, como casi todo en ese ámbito, puede ser simplemente un espejismo: cualquier evento en cualquier país expulsor puede provocar una oleada de migrantes inesperada en cualquier momento. Existe otro tema en el ámbito migratorio que no es menor: hay muchos países a los que no se puede repatriar a los migrantes que han sido rechazados por Estados Unidos, como Haití y, en buena medida, Venezuela. Pero tampoco se puede realizar un trabajo migratorio completo porque esas personas no buscan quedarse en México.
A todo esto, hay que sumarle la extrema politización del tema en el contexto de la campaña electoral de 2024, sobre todo en el Partido Republicano. Pareciera existir una competencia para ver quién se muestra más duro en el tema migratorio, entre gobernadores y precandidatos. Greg Abbott con sus boyas, sus alambres en el río Bravo, con sus medidas tan draconianas como absurdas. Mucho de ello es de simple consumo mediático: la valla en el agua del río, con todas sus consecuencias, tiene unos 350 metros de largo en una frontera de tres mil 500 kilómetros. Es una provocación ante la que México no puede quedarse callado, pero tampoco puede caer en ella, aunque parte de esos obstáculos en el río Bravo están en territorio mexicano.
Son medidas propagandísticas que terminan ocasionando, incluso, consecuencias en esos estados. Qué mejor ejemplo que las leyes antiinmigrantes del gobernador de Florida y precandidato Ron DeSantis, que han dejado ese estado con escasa mano de obra para trabajar el campo y la hotelería.
Queda siempre la duda sobre hasta dónde es eficiente la colaboración entre México y Estados Unidos, más allá de la buena voluntad de la Casa Blanca y de Palacio Nacional. Porque la Unión Americana es un Estado muy complejo, un verdadero enjambre de instituciones y agencias, muchas de ellas con su propia agenda y, en muchos casos, la colaboración está en entredicho. Alinear todos los esfuerzos binacionales desde arriba no es fácil en México, mucho menos en Estados Unidos. Si hay resultados o no en todo este proceso lo comenzaremos a ver en esta segunda mitad del año, previo a la cita electoral en los dos países. (Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, Nacional, p. 10)
Centroamérica, nuestro espejo
Centroamérica enfrenta uno de los procesos de degradación democrática, institucional y de infiltración del crimen organizado en las estructuras gubernamentales nacionales y estatales de los países que la integran. Se trata de una señal de alerta para México, porque muchos de esos procesos ya se han extendido en nuestro territorio.
Sería una ingenuidad suponer que México no ha contribuido, con su laxitud hacia el crimen organizado, a la expansión de éstos no sólo hacia los países del triángulo centroamericano, sino a Sudamérica. De ahí que los migrantes, desplazados de sus comunidades por la violencia, se vean atrapados en otra mucho mayor en su paso por territorio mexicano hacia Estados Unidos.
Pero las similitudes se replican en los estilos autoritarios de atacar sus instituciones autónomas y poderes judiciales, como los casos de Guatemala, El Salvador y remarcadamente Nicaragua. Recientemente, el Congreso del estado mexicano de Oaxaca disolvió el Tribunal de Justicia Administrativa, que resuelve los conflictos entre el gobierno y sus gobernados, para nombrar a magistrados cercanos al gobernador de Morena. Ésa es una tendencia que también levanta alertas hacia México, tanto en los ámbitos de seguridad de Estados Unidos y Canadá, como comercial.
Cristina Eguizábal, profesora de la universidad de Costa Rica y de la Flacso del mismo país, diagnostica los complejos procesos que enfrenta Centroamérica y expone que, si bien a finales del siglo XX los cinco países de la región representaban regímenes democráticos, caracterizados por la división de poderes y la independencia judicial, a partir del siglo XXI se ha experimentado un deterioro de los sistemas políticos.
Como consecuencia de ello, Nicaragua y El Salvador han dejado de estar en esa categoría y se han tornado en países en los que el Estado de derecho se ha vulnerado para generar privilegios de grupos en el poder e, incluso, para imponer, en el caso del segundo, una reelección.
Tanto en Nicaragua como en Guatemala, la persecución política y judicial a los opositores, y en el primero de los casos candidatos a la presidencia, ha llegado a grados extremos. Y otra constante es el hostigamiento a la prensa crítica, el asesinato de luchadores sociales y de ecologistas. ¿Pueden ser estos países el espejo en el cual debamos aprender a mirarnos?
Las cosas no son fáciles para el gobierno mexicano. Está demostrado que los republicanos estadunidenses no dejarán que su socio comercial se transmute en un régimen orteguista. La presencia frecuente de delegaciones de alto nivel de Estados Unidos para evaluar el combate al fentanilo no es una regularidad, sino una expresión de que el actual gobierno requiere de presión constante para hacer su parte y al ritmo de los demócratas.
Es claro que la administración Biden no aguantará por mucho las evasivas de su par mexicana, especialmente por la fuerza que los republicanos están ejerciendo y quienes, además, no confían en las Fuerzas Armadas nacionales. Si ganan la presidencia podríamos atestiguar represalias, como la propuesta del congresista Ken Calvert, presidente del subcomité de Asignaciones de Defensa, de expulsar a México del Comando Norte, para trasladarlo al Comando Sur, con lo que se haría patente que somos una amenaza para su seguridad nacional.
* En otro tema, Alejandro Martí, con quien tuve el privilegio de colaborar, es mucho más que aquella lapidaria conocida. Fue capaz de inspirar a los ciudadanos a realizar una segunda gran marcha demandando seguridad y generó la fuerza suficiente para proponer y volver realidad el Sistema Penal Adversarial, para que todos contemos con una justicia pronta y transparente. Lo logró. Nuestra cercanía me permite decirle: Alex, buen regreso a casa al lado de Fernando. Gracias, pocos espíritus como tú. (Jorge Camargo, Excélsior, Editorial, p. 12)
A ras de suelo / Fentanilo: nuestra prioridad ajena
Esta semana, durante las reuniones sostenidas entre México, Estados Unidos y Canadá sobre drogas, seguridad fronteriza y migración, el fentanilo volvió a ocupar un lugar central en la agenda. La llamada “epidemia de opioides” se ha convertido en el problema más importante para la salud de los estadounidenses: tan solo en 2022, ocasionó más de 110 mil muertes por sobredosis. 12 millones de personas consumen este tipo de drogas y 900 mil usan heroína.
Este gran número de consumidores ha hecho del fentanilo un negocio muy lucrativo para los grupos del crimen organizado, quienes lo producen y transportan fácilmente. Desde 2019, los cárteles mexicanos se han convertido en uno de los principales proveedores de este opiáceo a Estados Unidos, desplazando a China quien por muchos años fue su principal abastecedor.
El fentanilo es 50 veces más potente que la heroína, 100 veces más fuerte que la morfina y mucho más económico que ambas. De ahí que los criminales la usen para cortar otras drogas, volviéndolas más accesibles, potentes, adictivas y letales. Según la DEA, un kilo de fentanilo puro que cuesta hasta 5 mil dólares, se puede mezclar para obtener hasta 24 kilos de droga, lo que equivale a una ganancia de 1.9 millones de dólares; asimismo, sirve para producir un millón de pastillas que podrían derivar en un ingreso de hasta 20 millones de dólares.
Ante esta realidad, el gobierno de Estados Unidos se encuentra en una cruzada contra el fentanilo que tiene al 5% de su población en riesgo. Hace algunos días, el secretario de Estado, Antony Blinken, convocó a 84 países a una reunión con la intención de crear una coalición para mejorar la cooperación y la lucha contra esta y otras drogas. Sin embargo, el gran ausente fue China, uno de los principales productores de los precursores indispensables para la producción de esta droga.
Como parte de la agenda bilateral con México, además de la presión para seguir aumentando el decomiso de este opiáceo, que en los últimos 3 años ya se ha incrementado en un 900%, se creó un grupo de trabajo para evitar que los traficantes usen empresas legítimamente establecidas y para fortalecer la regulación del etiquetado de carga y el traslado de precursores químicos. Adicionalmente, y de manera errónea, el gobierno mexicano ha obstaculizado los permisos para su importación, generando un desabasto de fentanilo médico en nuestro país, a pesar de que se consumen 4.6 kilos de fentanilo médico al año, frente a las aproximadamente 5 toneladas que produce el crimen organizado en ese mismo periodo de tiempo. Que quede claro: los criminales no consiguen el fentanilo de los hospitales, lo producen en laboratorios clandestinos. Esta medida únicamente ha afectado a anestesiólogos y por supuesto pacientes, pues el fentanilo tiene características con las que no cumplen otros anestésicos.
Lo que sucede hoy en Estados Unidos es una crisis de salud pública difícil de revertir, pues es el resultado de más de 15 años en los que se permitió que la población estadounidense se volviera adicta, lo que requiere de un abordaje de salud pública integral en el cual la prevención, la atención comunitaria y la reducción del daño ocupen un lugar primordial en la agenda.
Si bien parte de la solución está en la reducción de la oferta, la solución tiene que ir más allá de la presión a México y otras naciones productoras. Estados Unidos debe evitar trasladar el problema fuera de sus fronteras para enfocarse en sus causas profundas; mientras el mercado estadounidense siga requiriendo del fentanilo, los criminales en México, China o cualquier otro país que participe en la producción de esta sustancia seguirán haciéndolo.
Aunque existe el riesgo de que el consumo de fentanilo siga aumentando en nuestro país, difícilmente alcanzará las proporciones del problema de nuestros vecinos del norte, en donde la adicción a los opioides ha ido creciendo por décadas. El potencial mortífero del fentanilo debería preocuparnos solo en tanto empiecen a mezclar esa sustancia con el cristal, que sí representa un riesgo importante para nuestra sociedad, pero que no ocupa una prioridad en la agenda bilateral, es decir, en la agenda de Estados Unidos. (Eunice Rendón, El Universal, Nación, p. A7)
Bajo Reserva
Pasaportes exprés para diputados y sus familias
Nos platican que en la Cámara de Diputados, el Comité de Administración aprobó un acuerdo para que en el recinto legislativo de San Lázaro se instale una oficina de enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores para facilitar el trámite de pasaportes. El acuerdo señala que podrán aprovechar ese atajo a la molesta tramitología que enfrentan el resto de los mexicanos, los diputados, sus cónyuges y sus hijos menores de 21 años. La Cámara baja, nos detallan, podrá gastar hasta un millón 500 mil pesos para adquirir los muebles de la mencionada oficina que está próxima a instalarse. ¡A la cola! (Bajo Reserva, El Universal, p. A2)
México, el enemigo
Boyas enormes color naranja se posan formadas una junto a otra sobre el río Bravo.
En los últimos meses de la presidencia de Donald Trump, un nuevo plan para sellar la frontera entre México y Estados Unidos empezó a ganar impulso: una barrera flotante para desalentar a los migrantes de cruzar desde el sur.
La idea nunca se materializó. Pero ahora, tres años después, el gobernador de Texas, Greg Abbott, la implementó. El muro flotante ha desatado una batalla legal entre el gobierno de Biden y el gobierno del estado. México también ha hecho su queja diplomática: el 75% de las boyas están en su territorio.
La revista The Economist recuerda que, durante su gobierno, el expresidente Trump tuvo otra idea: disparar misiles a los laboratorios de droga de los cárteles de narcotráfico en México. “Nadie sabrá que somos nosotros,” dijo, según un recuento de Mark Esper, entonces Secretario de la Defensa. Quienes estaban ahí lo convencieron de no seguir esa ruta y, así, ese plan de Trump tampoco dio frutos.
Pero ahora, como con las boyas, más de uno le hace eco.
Las ideas que entonces parecían extravagantes se han convertido en lugar común. Cada vez más republicanos argumentan que el uso de la fuerza militar, o la sola amenaza de ello, puede ayudar a controlar la frontera y disminuir el tráfico de fentanilo.
El senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham, impulsó un proyecto para designar a los cárteles de la droga mexicanos como Organizaciones Terroristas. Dan Crenshaw y Mike Waltz, congresistas de Texas y Florida, respectivamente, propusieron “todo el uso necesario y adecuado de la fuerza” contra países, organizaciones y personas vinculadas al fentanilo.
Y los aspirantes a la nominación republicana también suben el tono. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, sugirió un bloqueo naval a los barcos que van a México para evitar la importación de precursores químicos del fentanilo que vienen de China. Nikki Haley, exembajadora ante la ONU, propuso enviar fuerzas especiales como una advertencia para México. Tim Scott, el otro senador de Carolina del Sur, declaró en mayo que, si es presidente, “permitirá que el mejor ejército del mundo luche contra estos terroristas”.
De acuerdo con el seguimiento de encuestas de YouGov, cada vez más votantes republicanos tienen una idea negativa de México: la mitad piensa que el país es un aliado. La otra mitad piensa que es un enemigo. Del otro lado, el 70% de los demócratas piensa que el vecino es un aliado. El desencanto republicano ha crecido, sobre todo, en el último año.
The Economist destaca tres motivos para esto. Primero, que atacar a México es una forma de atacar a Biden y sus políticas en la frontera. Segundo, la frustración por el aumento en las muertes por fentanilo, una droga que viene de México. Y tercero, la guerra en Ucrania. Muchos simpatizantes de Trump son simpatizantes de Rusia y están en contra del apoyo que Estados Unidos ha dado a Ucrania, contrario a lo que piensan la mayoría de los votantes. Denunciar a México les permite balancear y presentarse como “guardianes de su país”.
En el centro de todo están las contiendas políticas. En 2024 hay elecciones y México es, como lo ha sido antes, una piñata ideal en tiempos de campaña. (Julio Vaqueiro, EL Universal, Online)
Cartones
(Llera, Excélsior, Nacional, p. 12)
- Autor:
- Instituto Nacional de Migración
- Fecha de Publicación:
- 27/07/2023