Es un misterio cómo o quién diseña la política migratoria mexicana, aunque formalmente hay una Unidad de Política Migratoria (UPM) y una subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración. Cabe también la posibilidad, como diría Adán Augusto López, que de eso se encargue Marcelo Ebrard y la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Esta parte del organigrama de la 4T, ciertamente, no ha funcionado, tampoco el haber dejado solo, a sus anchas y sin control, al Instituto Nacional de Migración, a cargo de Francisco Garduño, responsable de la tragedia de Ciudad Juárez.
Dado este análisis somero, se podría decir que el tema migratorio no se toma en serio en México ni ahora ni antes. Recordemos a Paloma Guillén, hermana del Sub, y al inefable Humberto Roque Villanueva, ambos subsecretarios. Tampoco funcionó darle el puesto a académicos que no tienen contactos ni experiencia política.
Es un puesto complicado que requiere de autoridad, manejo político y conocimiento profundo del tema y sus vaivenes. Hay mucha corrupción en los funcionarios y mafias de tráfico de personas que combatir.
Además, se requiere de asesores que sean verdaderos especialistas, no el amigo o compadre del subsecretario, así como de gente en el campo, de antropólogos que investiguen de manera independiente, detecten los cambios en un fenómeno dinámico y cambiante y que reporten a los que diseñan las políticas que deben atender la coyuntura.
Entonces, la primera sugerencia sería rediseñar una subsecretaria de población y migración, con personal intersecretarial de alto nivel (Segob, SRE, STPS, SSA, SEP), que Conapo se encargue de la estadística, para eso tienen personal y están capacitados y, por otra parte, que la UPM sirva de enlace con las otras secretarías y trabaje en el campo, supervisando y evaluando el comportamiento de funcionarios, analizando los flujos a nivel de campo y estadísticas, y recogiendo información actualizada.
La coordinación intersecretarial es indispensable. Por ejemplo, se podría responder, de alguna manera, a la política migratoria del gobernador de Florida, DeSantis, que está afectando seriamente a los migrantes y a la comunidad mexicana. Florida depende de miles de trabajadores temporales mexicanos para las cosechas y éstos llegan con visas H2A. Habría que negociar o imponer un veto a Florida para que no vayan a ese estado.
Una medida similar se hizo durante el Programa Bracero y se impuso un veto a Texas por su actitudes y prácticas racistas en contra de los mexicanos.
La frontera con Texas es un problema, porque es muy larga y con muchas ciudades fronterizas y maquiladoras. Un veto o restricciones al tránsito de camiones, como se hizo hace un par de años, puede crear muchos problemas. Sin embargo, a pocos kilómetros de Ciudad Juárez está la frontera con Nuevo México, que puede ser una buena alternativa para evitar Texas y descongestionar a Ciudad Juárez, pero hay que crear infraestructura y definir políticas bilaterales con Nuevo México.
Hace unos días un juez de California dictaminó que los migrantes pueden cruzar la frontera y solicitar asilo, sin tener necesariamente que inscribirse en el Instituto Nacional de Migración que coordina, para Estados Unidos, el tránsito de los solicitantes de asilo en el vecino país. Esa fue una medida unilateral de Estados Unidos, cuando se dio la crisis de los haitianos en 2016 y la que fue sumisamente aceptada por México. Es parte del trabajo sucio que hace México para ordenar los flujos de extranjeros que se quedan varados en la frontera.
El gobierno de Joe Biden va a apelar esta medida, pero si una corte superior considera legítima la decisión del juez de California, esto tendría implicaciones muy serias para México, porque se van a reactivar lo flujos y simplemente los migrantes cruzarán la frontera y pedirán asilo. ¿Qué procede en este caso?
Durante esta administración se han hecho muchas concesiones, especialmente la del Título 42 y el programa Quédate en México. Pero no se puede seguir con políticas reactivas ni que Estados Unidos diseñe o imponga su política migratoria. No es conveniente aceptar que Estados Unidos financie programas migratorios en México, hay otras vías institucionales, con organismos internacionales. Pero tampoco hay que bajar la cabeza, es un quid pro quo, una cosa por otra. ¿Qué temas fronterizos afectan a México que se podrían negociar a cambio de ciertas concesiones? Hay que tener preparada una lista.
Durante este gobierno se erosionó un principio básico de la política migratoria bilateral, de que Estados Unidos no puede deportar a extranjeros al territorio mexicano. No importa que hayan cruzado por México, sólo se puede aceptar de vuelta a mexicanos. Hay que recuperar ese punto básico de la soberanía.
El tema migratorio es clave en la política electoral estadunidense, por lo tanto, ya es hora de hacer política y negociar sobre ese tema. (Jorge Durand, La Jornada, Opinión, p. 16)
El éxodo migratorio en Chiapas está a nada de agravarse, toda vez que la atención a personas procedentes de varios países ya rebasó la atención de las autoridades, que con un presupuesto austero y poco personal tiene que hacer milagros para atender a miles de migrantes que piden asilo. (Redacción, La Crónica, P.p.)
La democracia en Estados Unidos es reconocida por sus sólidas instituciones lo que se refleja, entre otras muchas expresiones, en un Poder Judicial autónomo, libre de influencias indebidas, con un notable récord de honestidad en los jueces, magistrados y ministros de las diversas instancias legales, incluida en primer término, la Suprema Corte de Justicia.
Hay un respeto generalizado a los y las abogados que llegan a ese nivel después de años en la aplicación de la justicia, son sujetos a un amplísimo escrutinio por el Congreso sobre sus fallos a lo largo de su carrera previa para tratar de asegurar lo más posible, su apego al texto y al espíritu de las leyes aplicables. No digamos su intachable probidad.
Sus nominaciones son una atribución del presidente en funciones y por ende, no dejan de estar exentas de un sesgo político, pues responden a la manera en que mandatarios demócratas y republicanos conciben los valores esenciales previstos en la Constitución de su país.
El expresidente Trump tuvo la oportunidad de nominar y lograr la aprobación de tres nuevos miembros del más alto tribunal que por ser nombramientos vitalicios, estarán en la Corte por lo menos unos 30 años más, lo que marcará el rumbo de sus decisiones por varias décadas. No sólo eso, sino que además logró la aprobación de 230 jueces federales afines a sus valores e ideología.
Cito lo anterior para dar elementos de contexto en lo que se perfila como una posible crisis política y jurídica inédita en nuestro vecino del norte; podría darse el escenario en el que Trump compita para ser reelecto, al tiempo que esté siendo juzgado de, al menos, cuatro delitos: incitación a una insurrección, conspiración para emitir un falso testimonio, y defraudar a Estados Unidos y obstrucción para defraudar a Estados Unidos, obstruir el procedimiento oficial del Congreso para certificar el triunfo electoral del hoy presidente Biden.
Trump sufrió la humillación de tener que acudir a un juzgado como cualquier ciudadano imputado frente a miles de reporteros y camarógrafos que gozaron con verlo llegar al célebre edificio donde fue juzgado, entre otros, El Chapo Guzmán; el juicio lo llevará el juez Juan Merchan, de origen colombiano, conocido como “duro”, pero justo.
A ello se suma una investigación en curso sobre la presencia de documentos clasificados en una propiedad del expresidente en Florida, muchos de ellos con información de seguridad nacional, encontrados por los agentes del FBI en… ¡el baño del exmandatario!
No obstante todo lo anterior, hasta ahora no parece surgir un contendiente republicano que se oponga a la candidatura de Trump. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, parece tener esa intención que no ha formalizado, lo que dice mucho del control político que los trumpistas tienen sobre ese partido.
¿Cómo explicar que una buena parte de la sociedad estadunidense esté dispuesta a reelegir a un personaje que corrompió al sistema democrático y lo puso en riesgo al instigar una insurrección de los grupos más radicales que llegaron a tomar por la fuerza las instalaciones del Capitolio, que además tiene un comprobado récord de misoginia y racismo?
Trump ha iniciado reuniones con sus seguidores, donde les reitera las mismas ideas que le permitieron ganar la Casa Blanca, entre otras, construir un muro que cubra toda la frontera con México para evitar, en definitiva, la entrada de migrantes indocumentados.
Por otro lado, el presidente Biden sigue teniendo bajos niveles de aprobación no obstante la buena conducción de la economía y de haberse acreditado en el contexto internacional por su postura en el conflicto de Ucrania y por ende, su enfrentamiento con el presidente ruso, Vladimir Putin.
Se especula sobre su estado de salud y la viabilidad de su reelección. Este año cumplió 80 años, un poco más que Trump, con 77 años.
El año entrante tendremos elecciones presidenciales en México y en Estados Unidos. De no haber una sorpresa en el camino, Trump será el candidato republicano frente a Joe Biden, quien, por lo pronto, parece llevarle una leve ventaja.
Será interesante la primera reunión que cualquiera de ellos tenga con el hombre o mujer que sea electo en México. (Gustavo Mohar, Excélsior, Nacional, p.8)

(De la Torre, Excélsior, Nacional, p. 8)

(Rubén, El Sol de México, Análisis, p. 16)