ASTERISCOS
Luego de prácticamente cinco meses del irresponsable incendio en que 40 migrantes perdieran la vida en la estación migratoria de Ciudad Juárez, y de la pobre y tardía disculpa que el intocable, miserable Francisco Garduño ofreció a los deudos, el Instituto Nacional de Migración (INM) informa que les indemnizará a éstos con hasta 3.5 millones de pesos a cada uno. Bueno… (Enrique Aranda, Excélsior, Nacional, p. 21)
Un gran pendiente en el INM
Y quien sigue en el ojo del huracán es el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez. Continúa vinculado a proceso por la muerte de 40 migrantes extranjeros en Ciudad Juárez, pese a que ayer dio a conocer que fueron repatriados los cuerpos de los fallecidos y entregó indemnizaciones por 140 millones de pesos. (Sacapuntas, El Heraldo de México, p. 2)
INM INDEMNIZA Y SIGUE VIGENTE
Y fue el Gobierno de México el que a través del Instituto Nacional de Migración, indemnizó a las familias de las 40 víctimas mortales del incendio en una estación de retención de migrantes en Ciudad Juárez ocurrido el pasado 27 de marzo. En total se dio un pago de 140 millones de pesos. Igualmente, se notificó a la empresa Camsa, que tenía a su cargo la seguridad del lugar donde ocurrió el siniestro, las causales de rescisión de su contrato y se emprendieron acciones como la suspensión temporal de 33 estancias provisionales, similares a la que se incendió, y diversos ajustes operativos y logísticos relacionados con el traslado de personas indocumentadas. Por cierto que en todo lo anterior ya no se requirió a quien a decir de algunos ya se veía al frente de algo distinto al INM de Francisco Garduño, es decir, al padre Solalinde. (Rozones, La Razón, La Dos, p. 2)
Indemnizar es insuficiente
Pagar indemnizaciones a las familias de las víctimas fatales del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez es correcto, pero el tamaño de la tragedia, 40 personas muertas, exige revisión de procesos y protocolos para evitar la repetición.
¿Hay ánimo de corrección a fondo? No es lo que parece, entre otras razones porque los responsables del INM siguen en sus puestos, como si nada.
La política migratoria y el blindaje de su frontera con México con temas centrales de las campañas políticas en Estados Unidos. Nuestro país tiene el derecho y la obligación de exigir cooperación internacional porque los norteamericanos son los beneficiarios del trabajo que realizan las autoridades mexicanas.
Las víctimas del incendio estaban en Ciudad Juárez buscando una oportunidad de pasar del otro lado del río. Murieron sin conseguirlo. Es correcto que sus familiares sean indemnizados, pero lo importante es una política migratoria humanista de México y Estados Unidos. (Pepe Grillo, La Crónica de Hoy, Columnistas, p. 3)
Respecto a los asuntos migratorios, parece que el presidente Biden no tendrá descanso en un futuro cercano. No ha podido resolver de manera satisfactoria el problema de la llegada y el paso de indocumentados a través de la frontera sur. Su intento de establecer un mecanismo para evitar que grandes concentraciones de solicitantes de asilo acamparan a lo largo de uno y otro lado de la frontera no dejó satisfecho a nadie. Para colmo, un juez federal recientemente le ordenó suspenderlo, aunque después un tribunal colegiado desechó esa orden y confirmó la decisión de Biden. Este evento es sólo un ejemplo de las tensiones que ocasiona este fenómeno.
Dichos mecanismos, en efecto, lograron atenuar la llegada de solicitantes y disipó la alta concentración en la frontera. Muchos de quienes acampaban en las ciudades fronterizas mexicanas, esperando una cita con las autoridades, optaron por regresar a sus países para cumplir con el requisito del gobierno, o de plano desistieron de su intento. Biden fue criticado por quienes exigen detener el flujo de migrantes, argumentando que la medida es insuficiente para contenerlos y, en el otro extremo, por aquellos que consideran que es represiva, inhumana y viola el derecho internacional de asilo.
La historia está a punto de repetirse, quizá de forma ampliada. Las noticias en las últimas semanas informan que grandes caravanas de migrantes han iniciado una marcha desde Centro y Sudamérica con destino a Estados Unidos, lo que seguramente aumentará las tensiones en los gobiernos por los que cruzará la caravana, México el principal de ellos. Por lo pronto, el gobernador de Texas, haciendo honor a su carácter xenófobo, de manera irresponsable ordenó instalar boyas flotantes a lo largo del río Bravo para detener el flujo de quienes intentan atravesar por esa vía. La medida ya ha causado la muerte de dos personas y ha sido criticada acremente por legisladores y organizaciones de derechos humanos. Por su parte, el gobierno del presidente Biden entabló una demanda en contra del gobernador texano, ya que viola el principio constitucional, el cual establece que los asuntos migratorios entre naciones corresponden exclusivamente al gobierno federal y no a los estatales.
Cabe repetir que no es un misterio la causa de las grandes migraciones; innumerables estudios la han reportado y los gobiernos de la mayoría de las naciones están conscientes de ello. Algunos gobiernos han intentado paliarlas con grandes esfuerzos, pero al final del día con poca fortuna. La corrupción, la explotación y la concentración de la riqueza, el crimen y las guerras intestinas son factores determinantes en las naciones expulsoras. Pero si se atiende de forma puntual, también hay una multitud de estudios que describen que en última instancia esos factores son el resultado histórico de la extracción de la riqueza y los recursos naturales a cambio de un pago desproporcionadamente desigual, lo que ha empobrecido a muchas naciones, obligándolas a expulsar a grandes contingentes de su población.
Los países más poderosos se han concretado a defender los intereses de su industria y comercio que frecuentemente afectan los intereses de las más pobres. En cierto momento, un grupo de naciones, conscientes del problema migratorio a nivel global, trataron de implementar medidas de fondo para atenderlo. Una de esas medidas fue aportar grandes sumas de dinero para apoyar a la precaria economía de muchos países expulsores. Sin embargo, esa medida por sí sola ha demostrado ser insuficiente.
Además, ese intento quedó solamente en una buena intención, entre otras cosas por las presiones de legisladores conservadores para coartar esas ayudas. Otra fórmula más efectiva es una política fiscal que aliente a las grandes corporaciones a situar su producción en los países de origen de los migrantes, siempre y cuando accedan a respetar la política laboral y fiscal de las naciones que les dan albergue. Para ello son necesarios una serie de factores que implican una acción más decidida de los gobiernos a los que asusta la interminable ola de migrantes. Es su responsabilidad y, por qué no decirlo, también su obligación. (Arturo Balderas Rodríguez, La Jornada, Política, p. 15)
La primera visita oficial de Alicia Bárcena a Washington fue un éxito evidente.
El tono de las actividades y declaraciones públicas de la nueva secretaria de Relaciones Exteriores fueron prácticos, positivos, llenos de elogios mutuos y menciones de cooperación en desarrollo.
En términos reales, podría decirse que Bárcena y sus anfitriones se esforzaron en presentar una cara positiva para la relación bilateral, en especial tras la reunión con el Secretario de Estado, Anthony Blinken. Hubo incluso una carta del presidente Andrés Manuel López Obrador a su colega estadounidense, Joe Biden, para agradecer su apertura en el tema migratorio.
En otras palabras, bajar de tono y pasar la relación de turbulenta a su normalidad de complicada y compleja.
Las formalidades que rodearon la visita parecieron diseñadas en especial para establecer un contraste con la belicosidad de algunos sectores englobados en la oposición republicana, que enarbolan banderas profundamente antimigrantes y hasta el uso de fuerzas militares estadounidenses para atacar a los carteles del narcotráfico en México.
La barrera de boyas instalada por el gobierno del estado de Texas en el fronterizo Río Bravo es un caso: el gobierno federal EU demandó al estatal de Texas por excederse en sus atribuciones legales. Según la secretaria Bárcena, es posible que haya noticias en las próximas semanas.
Puede ser simplemente un buen recibimiento para Bárcena, pero puede ser también un intercambio de mensajes, de partes dispuestas a ser pragmáticas. Ambas partes saben que se necesitan, en lo que se ha definido bien como una alianza estratégica: no sólo es el relativo control de flujos migratorios hacia Estados Unidos desde fuera de la región o formulaciones para unir esfuerzos contra la producción y tráfico de fentanilo.
Ambas partes aceptaron responsabilidades en cuanto al trasiego de fentanilo y al contrabando de armas. Que pueda significar a futuro está por verse, pero son dos temas que simbólica y prácticamente afectan la relación.
Pero la alianza estratégica va más allá y se refiere al proceso de integración de Norteamérica como región económica, con México como principal socio comercial de Estados Unidos, parte de los procesos de producción de bienes y receptor de hasta 50 por ciento de las inversiones por nearshoring en América Latina.
Esa es en gran medida la situación de fondo. El bienestar de ambos países depende en buena parte de la situación del otro, y su vinculación con Canadá, en el acuerdo comercial México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), que será sujeto de revisión en los próximos tres años. Incluso algunas disputas comerciales se han resuelto de forma discreta.
La visita de Bárcena y las interacciones programadas para los próximos meses, lo mismo en reuniones internacionales que a niveles bilateral y regional, parecen indicar la intención de “re-normalizar” las relaciones.
Pero 2024 es un año electoral en los dos países. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Orbe, p. 29)
El fracaso de los gobiernos populistas, llamados de izquierda, ha llevado a la glorificación de autoritarismos de derecha. El mayor ejemplo de ello es el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador. El mandatario salvadoreño ha tenido un éxito inédito en controlar la violencia e inseguridad derivada de las maras, las pandillas que, nacidas en Los Ángeles y San Diego, entre jóvenes migrantes salvadoreños en las cárceles, se fueron transformando en una organización criminal trasnacional. El Salvador, que estuvo azotado durante años por la guerra civil, trascendió a una democracia bastante imperfecta, pero democracia al fin, que permitió que, luego de sucesivos fracasos de gobiernos de derecha e izquierda, accediera al poder Nayib Bukele, en el momento de mayor poder de las maras.
Bukele fue presidente municipal de San Salvador por el Frente Farabundo Martí, pero fue expulsado por el FMLN y creó una organización de centroizquierda propia, mas el tribunal electoral le impidió participar en los comicios de 2019. Se asoció entonces con una alianza de centroderecha con la que ganó en forma abrumadora las elecciones en 2019, desplazando a los dos partidos tradicionales, el FMLN y Arena.
Comenzó con un programa de seguridad contra las pandillas que, según la administración de Biden, era un acuerdo con las maras para que redujeran la violencia. Todo indica que esos acuerdos fueron reales, pero rápidamente se rompieron.
En marzo de 2022, ante una altísima ola de homicidios cometidos por las maras, dio un giro de 180 grados, y declaró el régimen de excepción, implementó una política de cero tolerancia ante el crimen, detuvo a miles de pandilleros, en muchas ocasiones sin orden judicial previa, construyó la cárcel de alta seguridad más grande de América Latina y recluyó allí a la mayoría de ellos en condiciones extremadamente duras, casi sin comunicación con el exterior, redujo sus comidas a dos por día, con obligatoriedad de trabajar durante el periodo de prisión y estableció que sus propias familias debían financiar la reclusión. Acabó con cualquier forma de propaganda de las maras, comenzando con los tatuajes e incluso destruyó todas las tumbas en que se hiciera ostentación de logotipos y mensajes de alguna forma relacionados con las maras u otra organización criminal.
El hecho es que la caída de la violencia ha sido notable, y en 2022 los índices de homicidios descendieron 57 por ciento respecto al año anterior en el que ya habían caído más de 50 por ciento respecto a 2020. Hoy son francamente menores. Las medidas implementadas han generado críticas de organismos de derechos humanos, pero Bukele los ha ignorado sistemáticamente. La semana pasada, con motivo del asesinato de Milagros Monserrat en León, Guanajuato, Bukele exhibió en un video esas imágenes, criticó la política de seguridad permisiva de López Obrador y comparó la situación de México con la que prima en términos de seguridad en su país.
Bukele ha cometido muchos errores en su gobierno, manteniendo siempre una tónica profundamente autoritaria, pero los éxitos en la seguridad pública le han dado enorme popularidad. 85 por ciento de los salvadoreños lo apoyan y 91 por ciento está de acuerdo con las duras medidas tomadas en contra de los maras y pandillas que han sido calificados por el gobierno como grupos terroristas.
Ganó ampliamente las elecciones de 2021 y ha concentrado el poder con la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general de la República, ha reducido el tamaño del Congreso y, pese a que la Constitución lo prohíbe, ha anunciado que se presentará como candidato en los próximos comicios de 2024.
Las políticas de seguridad de Bukele han comenzado a implementarse en Honduras (donde Bukele goza de mucha popularidad), las asumió este fin de semana el gobierno ecuatoriano de Guillermo Lasso después del asesinato del candidato Fernando Villavicencio, y existe un creciente interés por la estrategia de Bukele en distintos países. La tentación es muy fuerte: acabar con la inseguridad de forma drástica garantiza sin duda popularidad, pero se olvida que Bukele lo ha hecho ejerciendo la mano dura no sólo contra los criminales, sino también contra sus adversarios políticos y traspasando los marcos legales.
Estoy convencido de que, en términos de seguridad, estrategias como la de abrazos y no balazos, que llegan al absurdo de tratar de deslindar al Cártel de Sinaloa del narcotráfico en Ecuador o de su participación en el asesinato de Villavicencio, son el mayor fracaso anunciado que puede haber en ese ámbito. La consecuencia es, como lo vivimos, el empoderamiento criminal y el debilitamiento del Estado. La contracara es Bukele: se controla la seguridad, pero se pierden derechos y se concentra el poder en una persona que a sus 42 años piensa mantenerse en el mismo por bastante tiempo, más allá de las normas constitucionales.
La aplicación estricta de la ley y romper con la impunidad es básico en una estrategia de seguridad exitosa, centralizar los esfuerzos y golpear dura y continuamente las redes criminales también, pegando en todos los niveles de las mismas y haciendo que la justicia sea efectiva, pero garantizando derechos elementales y sin perder la democracia. La estrategia de Bukele sin duda es atractiva, pero es también profundamente peligrosa. (Jorge Fernández Meléndez, Excélsior, Nacional, p. 12)
En América Latina se corre el riesgo de pensar que la mexicanización de la violencia es un fenómeno únicamente mexicano.
El asesinato la semana pasada del candidato presidencial ecuatoriano, Fernando Villavicencio, obliga a arrostrar una realidad que recorre prácticamente todo el subcontinente.
Lo que está sucediendo en nuestro país es una alerta temprana, no solo de la expansión de la violencia, sino de un implante territorial permanente de empresas muy peligrosas.
Villavicencio era el candidato más próximo del actual mandatario de Ecuador, Guillermo Lasso. Según su gobierno, sicarios del crimen organizado serían los responsables de haberle arrebatado la vida al salir de un evento de campaña.
Asesinar políticos es uno de los síntomas más frecuentes de la mexicanización de la violencia. Otro es la inversión de recursos criminales en las campañas. Una semana atrás Nicolás Petro, hijo del presidente colombiano Gustavo Petro, fue acusado penalmente por haber recibido recursos de un grupo criminal cuyo destino, supuestamente, habría sido la campaña de su padre.
La mexicanización de la violencia significa también la pugna por el gobierno del territorio para desplegar otros negocios muy lucrativos, además del narcotráfico, como la trata de migrantes o la extorsión.
Para poder funcionar, esas empresas se aseguran impunidad en sus operaciones financieras y también sumisión de las autoridades a través de la corrupción o la eliminación de quienes se oponen a sus objetivos.
Durante la última década las empresas criminales de origen mexicano se han vuelto exitosamente transnacionales. La concepción equivocada que lleva a suponer como nacional una serie de problemas que son evidentemente hemisféricos es parte del problema. Sin embargo, los gobiernos de América Latina continúan actuando de manera aislada, suponiendo con ingenuidad que se trata de asuntos que pueden resolverse dentro de sus fronteras.
Zoom: La mexicanización de la violencia es un fenómeno que habría de ser tomado con urgencia y seriedad por los países hermanos, porque nuestra tragedia se está volviendo muy rápido la suya y porque la solución requiere de una cooperación consistente. (Ricardo Raphael, Milenio, Al Frente, p. 3)